La inflación, un mal remedio contra la depresión

El pensamiento inflacionista ha tenido desde hace siglos una fuerte raigambre en Occidente; a las subidas generalizadas de precios y al incremento en la cantidad de dinero se les han atribuido todo tipo de bondades sobre el desarrollo económico que han servido de justificación a los gobernantes para envilecer la moneda y obtener financiación barata. La monetización de deuda pública constituye uno de los últimos refinamientos de este proceso: el Estado obtiene financiación artificialmente barata a riesgo de generar inflación, pero, según se nos dice, esa inflación es justo lo que necesitamos para sanear e impulsar una economía en recesión. ¿Pero acaso es cierto? ¿Qué ventajas tiene la inflación sobre la actividad productiva?

Lo más intuitivo es que la inflación incrementa los precios de venta de los distintos bienes y servicios, y a mayores precios, mayores beneficios, y a mayores beneficios, mayor producción y empleo. Sin embargo, lo que realmente mueve los beneficios empresariales no son los precios finales de venta, sino los márgenes entre los precios y los costes. Si la inflación incrementa ambas variables, las ganancias no aumentarán, y tampoco lo hará la producción y el empleo.

Podría pensarse que, en tal caso, lo único que hace falta para garantizar el éxito de una política inflacionista es establecer un control generalizado sobre los costes de producción, impidiendo que suban o, al menos, que suban demasiado. Pero semejante control de costes es problemático por dos razones. Primero, porque gran parte de los costes de unos empresarios no son otra cosa que los precios de venta de otros empresarios (por ejemplo, el precio de venta de gasolina es el coste de los transportistas): ¿cómo promover una subida general de los precios sin que a su vez aumentan parte significativa de los costes? Y segundo, porque controlar los costes en general impide que los precios realicen su función fundamental: revelar las escaseces relativas de los distintos bienes y factores productivos (¿qué productos debemos economizar y cuáles debemos usar de manera más intensiva?).

Al fin y al cabo, si de lo que se trata es de que los precios de venta se incrementen en relación con los costes de producción (para aumentar el margen de ganancias), ¿acaso no puede alcanzarse el mismo resultado rebajando los costes de producción con respecto a los precios de venta? Es decir, ¿no puede acaso lograrse con una rebaja de costes lo mismo que con una inflación de precios? Pues obviamente sí, pero con una importante ventaja con respecto a la inflación: las rebajas de costes se concentran allí donde unos determinados factores han dejado de generar valor, señalando que parte de esos factores deben recolocarse en otras partes de la economía; por el contrario, los incrementos de precios derivados de una política inflacionista acaecen en primer lugar allí donde el Gobierno decide arbitrariamente aumentar su contraproducente gasto público (y, más adelante, se van extendiendo poco a poco por toda la economía), apuntalando los factores en líneas productivas que deberían abandonar.

Imaginemos, verbigracia, que los salarios –y otros costes– en el sector de la construcción deben reducirse de manera muy significativa con respecto a sus precios de venta. ¿Tendría sentido que, para evitar ese ajuste, el Gobierno monetizara deuda en el banco central y utilizara el nuevo dinero para comprar viviendas a precios inflados, de manera que, más tarde, los precios del resto de la economía fueran incrementándose conforme los promotores inmobiliarios gastaran el nuevo dinero recién recibido del Gobierno? Lo único que lograríamos así sería una redistribución arbitraria de la renta: los promotores inmobiliarios cosecharían unas ganancias extraordinarias no justificadas por el valor de su producción y los factores productivos vinculados a la construcción no perderían tanto poder adquisitivo por la inflación como el que deberían haber perdido por la rebaja nominal de sus remuneraciones (ni tampoco habría razones para recolocarlos en otros planes de negocio). En otras palabras, el resto de factores productivos no vinculados a la construcción perderán más poder adquisitivo como consecuencia de la inflación del que habrían perdido en su ausencia (pues en su caso no era necesario ajustar a la baja sus remuneraciones) para que aquellos que han dejado de generarlo en la construcción no lo pierdan tanto y no necesiten recolocarse.

En la práctica, empero, los problemas no se circunscriben a arbitrarias redistribuciones de la renta: si la necesidad de reajuste de precios relativos es muy amplia –como sucede, por ejemplo, durante las crisis económicas–, es imposible que alguien (incluido el Gobierno) conozca todos los reajustes entre precios y costes que necesita una economía (entre otras cosas, porque la necesidad de muchos cambios se va descubriendo conforme se van modificando algunos precios). Con lo cual, ¿de qué estamos hablando en verdad? Pues de que el Gobierno monetice masivamente deuda pública para despilfarrar los recursos en boberías, provocando con ello un alza general pero desigual y casi aleatoria entre los diferentes precios y costes que ni mucho menos tiene por qué asegurar un alza sostenida en la producción y el empleo (apuntalando o incluso expandiendo modelos de negocio ineficientes). Es más, en la medida en que existan recursos especialmente escasos –por ejemplo, materias primas–, la política inflacionista sólo contribuirá a provocar alzas sobreproporcionales en sus precios, estrangulando de este modo incluso a los proyectos empresariales que eran rentables antes de desatar la misma.

Pese a ello, las reducciones de precios suelen tener bastante mala prensa. ¿Y por qué? Pues porque, por un lado, suele decirse que la deflación mina la confianza empresarial y, por otro, que también asfixia la situación financiera de los deudores.

En cuanto a lo primero, si los precios (y los costes) caen, se piensa que se extenderá la expectativa de que seguirán haciéndolo en el futuro, de modo que consumidores y empresarios pospondrán sus decisiones de consumir e invertir. Pero lo que en realidad da lugar a esas expectativas no es que los precios y costes caigan, sino que no hayan caído lo suficiente. Si consumidores y empresarios saben que el ajuste no ha concluido, pospondrán sus decisiones de compra e inversión hasta que lo haya hecho. El problema, claro, es que la magnitud de ese ajuste puede ir agravándose con el paso del tiempo: si precios y costes se reducen de manera parsimoniosa y exigua, la actividad seguirá marchitándose (más desempleados, quiebras empresariales, impagos crediticios…) en lugar de relanzarse, de modo que cada vez se hará necesaria una mayor reducción de precios y costes. Pero eso sólo significa que las críticas no deberían dirigirse contra la deflación en general, sino contra la insuficiente deflación (es decir, contra todos los obstáculos gubernamentales a que los precios y las estructuras productivas se ajusten lo más rápidamente posible).

Por lo que se refiere a lo segundo, es verdad que las minoraciones de precios (y rentas) agravan la situación de muchos deudores que pueden verse forzados así a impagar sus obligaciones; y también es verdad que los aumentos de precios (y de rentas) mejoran la situación de los deudores. Pero no olvidemos que, por los mismos motivos, la inflación también deteriora la posición patrimonial de los acreedores de un modo similar a un impago de las deudas: si uno tiene derecho a cobrar 1.000 um igual le da recibir sólo 500 um que 1.000 um cuyo poder adquisitivo se haya depreciado a la mitad. Eso sí, también aquí existe una importante diferencia: el acreedor que sufre una quita la padece por equivocarse y no haber prestado su dinero de manera prudente; el acreedor que ve erosionado su poder adquisitivo por la inflación lo sufre aunque su deudor sea perfectamente solvente y, por tanto, aunque su comportamiento haya sido diligente.

¿Por qué es preferible entonces beneficiar al deudor que al acreedor? Puede pensarse que, como casi todos somos deudores, la inflación es preferible. Mas, en realidad, lo que sí somos casi todos es acreedores del sistema bancario (las cuentas corrientes son créditos de la ciudadanía contra los bancos). De hecho, la única razón para preferir la inflación a la deflación en materia de deudas es para evitar una quiebra generalizada del sistema bancario –junto con el Gobierno, el mayor deudor de una sociedad– que, al contraer los medios de pago, provocaría un círculo de deflación-endeudamiento. Pero semejante objetivo puede alcanzarse igualmente convirtiendo parte de los pasivos de la banca en fondos propios.

En definitiva, la inflación no sólo no es necesaria para lograr la recuperación, sino que incluso puede ser muy contraproducente: envía señales distorsionadas a los agentes económicos, castiga a los empresarios y ahorradores que han acertado, retrasa los reajustes de la estructura productiva y agrava las carestías relativas de recursos. Si algunos siguen asociando erróneamente la inflación con la prosperidad sólo es porque las economías suelen crecer de manera artificial e insostenible (boom económico burbujil) cuando el crédito de la banca al sector privado aumenta con fuerza, y cuando ello sucede los precios también tienden a subir. Pero la monetización de deuda pública, que también provoca inflación, ni siquiera estimula la economía de manera apreciable. Difícilmente, pues, puede encontrar justificación.

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6 comments

  1. ¡Ajá! Pero, si tienes que hacer una devaluación interna bajando los salarios, ¿y lo práctico que es poder dar una tasa de inflación oficial del 5% cuando la real es del 8%? Una bajadita de salarios reales del 3%, al tiempo que abres los telediarios proclamando que los trabajadores no pierden poder adquisitivo contigo en el gobierno.

    Los sindicatos aplauden y se ponen la medalla de lo que se ha conseguido gracias a ellos. Los políticos se dan palmaditas en el hombro los unos a los otros. Los periodistas glosan las excelencias de las conquistas sociales y los derechos adquiridos. La gente asiente orgullosa de vivir en este modelo social bondadoso, mientras engulle otra albóndiga y espera por los deportes. Las abuelas lloran emocionadas…

    ¡Si hasta yo me estoy convenciendo a mí mismo mientras escribo esto…!

  2. Rebajar los costes de produccion,cuando el 70% de los trabajadores gana una media de 800 euros recortar aqui no parece sensato.Esto son menos de 22.000 euros al año, que creo, que es el minimo para declarar a hacienda. El coste de la energia tambien podria reducirse.Creo que ya han anunciado que no va a subir la luz en enero,noticia que han recibido con gran alborozo los belenistas,pero subvencionar espejos y molinillos tiene su precio.Y el gas y el petroleo tambien.Siempre queda el recurso del carbon, que tan generosamente regalan los reyes de oriente,pero contamina tanto…
    ¿Recortar impuestos?¿y hechar a suertes quien se recorta; el gobierno central,el europeo,el regional,el provincial,el …Eso no secontempla ni en el dia de los inocentes.
    En la construccion los costes salariales no han sido la causa del aumento de los precios.Es cierto que un peon podia ganar 2.000 euros al mes.Pero ¿por cuantas horas de trabajo?.Para mi ha sido el precio del suelo lo que mas ha influido,ese comprar y vender varias veces el suelo antes de construir;y como no, los beneficios que se asignaban los constructores y promotores.
    La construccion solo se tendria que poner como ejemplo de la indiferencia,de las tragaderas del pais
    La inflacion no es la misma en todos los paises,y creo que solo se emplea para que se coma parte de la deuda,olvidando que tambien mordera a muchos deudores.
    Tambien dice que hay recursos especialmente escasos.¿a dejado de ser infinito el universo o a subido el precio del cobre en marte?

  3. Don Juan Ramón,
    le escucho a través de Esradio y ultimamente no me gusta mucho lo que oigo, ud defiende contínuamente que hay que subir el precio de la electricidad, sin ninguna otra consideración adicional, salvo el tema de las subenciones a las renovables… por otro lado cuestiona la existencia de un salario mínimo interprofesional por considerarlo antiliberal. Pues bien, primero hay que meter mano a las empresas eléctricas, en un mercado COMPLETAMENTE INTRERVENIDO, y otros parecidos… telefonía…, y luego ya iremos liberalizando lo demás, lo que no es justo es empezar a liberalizar por abajo. ¿Cuanto ganaron los accionistas de Endesa cuando las acciones subieron de 20 a 40 cuando la opa de EON?, ¿Se descontó esa ganancia de la deuda? Porque toda esa operación no fue el mercado el que la provocó. Yo estoy a favor de primero resestudiar el tema del déficid de tarifa, exigiendo mejores costes de producción a las empresas (si no saben que las vendan a los chinos!), segundo paga más el que más gasta porque esto es un bien de primera necesidad y no es justo que una familia pueda derrochar la electricidad con AACC en verano, calefacción para ir en manga corta por casa en invierno, mientras otras familias con el mismo número de miembros tienen que pagar en el último momento la factura pidiendo el dinero a amigos y familiares, y eso intentando apretarse el cinturón al máximo. Salvo, que pensemos que está bien que mientras unos tienen de todo otros acabarán con velas como en el siglo pasado.

  4. El problema es que las eléctricas han ido incrementando sus costes de producción cuando el Gobierno les ha ordenado cómo tenían que producir electricidad (vía renovables), y eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. Las inversiones (malas inversiones) están ahí y por desgracia nos van a acompañar durante mucho tiempo.

    La cuestión es si reconocer la realidad o no hacerlo. Lo primero pasa por subir de luz a su coste real, de modo que, como sugieres, “pague más quien más gaste”; lo segundo, por no hacerlo, para que el conjunto de los contribuyentes sigan subvencionando a quienes más gastan sin pagar por ello.

  5. Yo coincido en alguna cosa con el espíritu de lo que creo que quiere decir Petompo. De hecho, había contado algo sobre esto en una entrada que hice en este mismo blog, donde hablaba de que la ideología del español medio es la Ley del Embudo, es decir, ahora me conviene el liberalismo, ahora me conviene el socialismo.

    Es decir: es cierto que hay que pagar la electricidad por lo que cuesta, pero ¿cuánto cuesta? Porque en el precio de la electricidad hay mucho coste de subvenciones a energías verdes y al carbón. Y lo mismo para la última entrada de Juan en “Hayek, Keynes y la crisis”: a mí me parece bien que se elimine el salario mínimo por todo lo que dice Rallo, pero entonces se elimina todo: bajás médicas, permisos de maternidad, colegiaciones, indemnizaciones por despido, convenios colectivos… Lo que no puede ser es que se liberalice para unos trabajadores y les digamos: tenéis que competir, que la vida es muy dura… pero contra gente que está totalmente blindada. Y si no queréis, traemos inmigrantes para que hagan esos trabajos, pero no traemos, por ejemplo, medio millón de dentistas chinos que cobren 10€ el empaste, en vez de 50. Tampoco podemos decirle a los jóvenes que no se acomoden en casa de sus padres, que se vayan a otra ciudad a buscar trabajo, si van a cobrar 500€ (o trabajar gratis, que se están formando). Entonces, tendrán que vivir con sus padres, a la fuerza.

    O todos moros, o todos cristianos. Claro, que, como digo siempre, eso significa fastidiar a 17 millones de trabajadores por el bien de 5 millones de parados. ¿Dónde están los votos? ¿En 17 millones o en 5? Ahora, que cuando seamos 12 millones de trabajadores (no os riáis, los que había hace 35 años y hace tan solo 15) y 10 de parados… ya hablaremos. Si es que por entonces se pude hablar y no estaremos ya a tortas.