Por la libre competencia de planes de estudios

Hace unos días, 42 asociaciones de estudiantes de Ciencias Económicas de 19 países publicaron un manifiesto en el que llamaron a revisar el contenido de sus planes de estudio. A su juicio, la actual crisis económica también pone de relieve una crisis de la enseñanza universitaria de esta disciplina y llaman a un mayor pluralismo intelectual dentro de las aulas: lejos de tomar partido por alguna corriente de pensamiento determinada, su propósito es abrir la Economía tanto internamente (incorporando escuelas de pensamiento hoy ausentes y tan variadas como la clásica, la postkeynesiana, la institucionalista, la ecológica, la feminista, la marxista o la austriaca) como externamente (convirtiendo la Economía en una materia mucho más interdisciplinar, de modo que incluya muchos más conocimientos políticos, sociológicos, antropológicos o históricos que en la actualidad). Este grupo de asociaciones de estudiantes cuenta con el apoyo de economistas heterodoxos tan renombrados como James Galbraith, Paul Davidson, Steve Keen o el celebérrimo Thomas Piketty.

Personalmente, algunas de las propuestas de este lobby de estudiantes me parecen acertadas: la Economía que a mí me gustaría haber estudiado habría sido mucho más interdisciplinar y con un mayor peso de enfoques alternativos al dominante (paradigmáticamente, aunque no en exclusiva, la Escuela Austriaca). Ahora bien, el problema de fondo de este planteamiento es confundir las preferencias personales con las preferencias generales y, sobre todo, las preferencias generales con la ciencia: que a mí me gustara centrar mi estudio en algunos campos ni significa que todos los demás también prefieran, a su vez, centrarlos en esos campos ni, sobre todo, que el enfoque que se dé a esos campos de estudio merezca el calificativo de científico.

Sucede que, por definición, la ciencia no es democrática. El contenido de una ciencia necesariamente se va construyendo (y reconstruyendo) sobre consensos de especialistas, esto es, de grupos reducidos de estudiosos de una determinada materia que logran ciertos acuerdos provisionales sobre el alcance de nuestro conocimiento. En ciencia, el voto de un profano no vale, ni puede valer, lo mismo que el voto de un experto: a la hora de determinar cómo construir un puente, curar una enfermedad, describir la evolución biológica o explicar las causas económicas de la Gran Depresión, no puede ser igual de válida de opinión de quien se ha especializado en tales campos que la de aquellos que lo ignoran todo sobre los mismos. De ahí que los consensos alcanzados por grupos de especialistas en una materia posean una mayor presunción de veracidad que el consenso de opiniones de los legos.

Lo anterior, por supuesto, no implica que los consensos deban imponerse coactivamente ni, tampoco, que sean definitivos e infalibles: al contrario, los especialistas son ante todo seres humanos y, por tanto, pueden padecer de los mismos sesgos cognitivos que cualquier otro ser humano. En algunos casos, de hecho, esos sesgos pueden presentarse en una modalidad incluso más acusada que en el hombre corriente: los científicos ponen continuamente en juego su prestigio, su estatus e incluso su nivel socioeconómico (es decir, la honestidad científica puede entrar en conflicto con sus intereses personales); asimismo, la inmensa mayoría de los científicos se limita a efectuar aportaciones graduales dentro de un consenso ya establecido, sin llegar a cuestionar si el núcleo duro de las ideas de ese consenso es realmente sólido o puede ser sustancialmente mejorado (es decir, ciertos errores pueden arrastrarse durante mucho tiempo dentro del consenso). No existen soluciones perfectas que blinden a la ciencia de todos estos problemas, más allá de la honestidad intelectual, el uso escrupuloso del método científico en sentido amplio y, también, la competencia intelectual no sólo entre hipótesis científicas dentro de un mismo consenso, sino incluso entre paradigmas científicos que se salgan del consenso.

De ahí que la pluralidad científica entre especialistas sea útil y necesaria, especialmente para falsar continuamente el conjunto de ideas asentado, reforzando así su verosimilitud (si el intento de contradicción fracasa) o sustituyéndolas (si el intento de contradicción triunfa). La dificultad, claro está, estriba en que existe una línea roja muy delgada entre críticas científicas desde fuera del paradigma dominante y críticas absurdas y acientíficas emitidas por profanos con ropaje de especialistas. Y, de nuevo, no contamos con un filtro objetivo que nos permita discriminar entre unas y otras: el consenso tenderá a rechazar por sistema toda crítica como acientífica e irrelevante, y si bien en muchas ocasiones podrá tener razón, en otras simplemente estará blindando sus propias carencias internas frente a la competencia externa.

Así las cosas, el único proceso que a largo plazo tiende a arrojar resultados satisfactorios es la libre competencia científica. Al igual que en el mercado de bienes y servicios la libre competencia tiende a proporcionar los productos deseados por los consumidores, en el mercado de las ideas la libre competencia tiende a proporcionar ideas progresivamente superiores a las anteriores (si bien el mercado de bienes y servicios cuenta con muchos más mecanismos de realimentación que le permiten cortocircuitar mucho antes los errores que en el mercado de las ideas). Y, como sabemos, uno de los requisitos de un marco de libre competencia es que ningún agente económico ostente privilegios, basados en la violencia en lugar de en la persuasión, sobre otros agentes económicos: aplicando este principio al caso del mercado de las ideas, el Estado no debería privilegiar –o debería hacerlo en la menor medida posible– a ningún grupo de especialistas por amplio que pueda parecer el consenso que gira en torno a sus ideas. Es más, justamente porque la ciencia no es democrática, no parece ni siquiera compatible con los ideales de una sociedad democrática el que el Estado subcontrate en ciertas áreas el ejercicio de su imperium a una dictadura de filósofos.

En este sentido, el anterior manifiesto en favor de la pluralidad dentro de las aulas de Economía confunde la libre competencia científica con la planificación estatal del resultado de esa competencia (al igual, por cierto, que los Tribunales de Defensa de la Competencia confunden la libre competencia con el troceamiento de las empresas exitosas con tal de evitar su poder de mercado). Lo que las agrupaciones de estudiantes parecen estar reclamando no es libertad científica, sino que el Estado reparta el juego (el tiempo de enseñanza dentro de las aulas) entre un mayor número de escuelas económicas. Pero la cuestión de fondo sigue siendo la misma: ¿por qué todas las escuelas han de contar con el mismo tiempo? ¿Por qué hemos de asumir a priori que todas son igual de válidas e igual de acertadas (cuando, evidentemente, no pueden serlo, ya que muchas de ellas defienden tesis incompatibles)? El manifiesto de estos estudiantes es, en el fondo, una apelación a la involución científica, a un repliegue oscurantista donde se asume, como punto de partida, que no podemos mejorar nuestro conocimiento sobre el mundo y que, por tanto, debemos atascarnos en repetir todas las ideas conocidas, por equivocadas que puedan parecernos.

De la humildad y honestidad epistemológica que debe caracterizar el actuar de todo científico no se colige la necesidad de un igualitarismo pluralista impuesto por el Estado: lo que se colige, por el contrario, es la necesidad de libertad y competencia científica. También, por cierto, en las aulas universitarias: el Estado debería minimizar toda su injerencia en la creación de nuevas universidades y, por supuesto, en la competencia entre los títulos y programas de esas universidades. Si alguien desea crear una facultad de Economía de contenido marxista donde se aspire a alcanzar un saber universal e interdisciplinar para terminar descifrando las leyes de la historia, debería ser no sólo muy libre de hacerlo sino que, además, sus títulos no deberían contar ni con un mayor ni menor aval estatal que todos los restantes (salvo, acaso, para la contratación del personal estatal, lo que por definición constituye una decisión discrecional del propio Estado): deberían ser los propios científicos y los propios estudiantes quienes juzgaran la utilidad de tales titulaciones frente a otras que, por ejemplo, se encuadren dentro del paradigma dominante y exhiban un carácter mucho más especializado (verbigracia: finanzas cuantitativas donde se excluya cualquier contenido sobre Historia, Sociología o incluso Teoría Económica).

En suma: frente a una dictadura más o menos plural de filósofos, libre competencia científica y educativa. Ése sería el único manifiesto que realmente podría suscribir.

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6 comments

  1. Con la Educación pasa lo mismo que con todo lo demás: tenemos una sociedad miedosa, que busca enloquecidamente seguridades.

    Los profesores quieren estabilidad laboral: “a mí no me vengas con ideas raras, tú dime qué tengo que hacer para que me contraten, y lo haré”.
    Y los alumnos, igual: “a mí no me vengas con autodidactimos ni ideas raras, tú dime qué entra en el examen, y lo estudio”.

    Tenemos un sistema educativo burocratizado -a imagen de todo lo demás, como dije antes-, lo cual está muy bien para las últimas 5 ó 6 décadas, cuando el dinero barato llovía del cielo y las cosas funcionaban solas. No está mal que las personas sean robots si el sistema funciona solo. Pero ahora resulta que todo se cae a pedazos y los robots no sabemos pensar.

    ¡Ooooh, qué penita! ¡Yo, también robot, ni siquiera soy capaz de soñar con un JessicaBiel-droid. ¡Cachis…!

  2. Muy interesante y bien visto ese igualitarismo en el ámbito científico. Los tentáculos del Estado tan implacables como sutiles. La doctrina positivista nos clama que una teoría gana validez en cuanto mayor es el número de gente que se adscribe a ella; por ejemplo no es raro oír “la postura ha ganado consenso en la comunidad científica” como si fuera una cuestión de número y no de tener razón.

    “El consenso, encuentra un camino a través de opiniones e intereses en conflicto. El consenso se consigue cuando el resultado de la discusión deja a acada uno con la sensación de que ha tenido que renunciar a bastantes cosas de las que quería. El proceso de la ciencia es muy diferente. El político consumado es un negociador, un conciliador, que es capaz de encontrar un acuerdo donde parecía no existir acuerdo alguno. El científico consumado es un ser original, un extremista, que perturba los patrones de conocimeinto establecidos. La buena ciencia implica un debate perpetuo, siempre abierto, en el que cada objeción es aireada y las disensiones se acentúan y clarifican, no se suavizan (…) La ciencia es una cuestión de evidencia, no de lo que la mayoría de los científicos piensan (…). Usar los logros de la ciencia para afirmar la autoridad de los científicos socava el proceso mismo de la ciencia”.

  3. Popper diferencia con toda claridad, entre libertad de cátedra, como condición básica para que compitan pluralidad de paradigmas, de la a priori valoración igualitaria de las mismas. Ni la ciencia es democrática (las certezas científicas no son resultados de consensos, sino de demostraciones); ni el relativismo teórico puede convertirse en excusa para a priori tratar a todas las teorías como paradigmas científicos.

    En lo que a la ciencia económica se refiere, el socialismo, en la medida que se ha ido haciendo con los resortes de la educación pública, ha ido imponiendo sus dogmas teóricos del mainstream keynesiano, dejando al resto de las escuelas teóricas totalmente marginadas, cuando no absolutamente invisibilizadas (como es el caso de la Escuela de Economía Austriaca).

    Dado el fracaso del keynesianismo, y denunciado por las demás teorías económicas su dogmatismo teórico en el ámbito de la educación universitaria, ahora pretende hacernos creer desde su relativismo, que todas las teorías tienen igual monto de certeza/error.

    Para los socialistas todo lo que no coincide con sus dogmas no es ciencia… y como sus dogmas económicos se han demostrado persistentemente refutados por los resultados, en vez de reconocer su error, ahora pretenden que todas las demás teorías económicas son relativas en su valor científico.

    Pero como bien expone Rallo en su artículo, con ello no pretende abrir en el ámbito universitario la puerta a la libertad de cátedra (pues si todas las teorías científicas son de igual valor, la libertad de cátedra es indiferente); sino que con la excusa de que en lo futuros planes de estudio estén representadas todas las teorías económicas, con ello seguir legitimando el control estatal de la educación pública.

    La libertad de cátedra no consiste en que se estudien todas las teorías, sino que la sociedad en general y las universidades en particular, tengan plena libertad para implantar sus planes y objetivos de investigación al margen de todo plan de estudio estatista, que es distinto. Cada uno que estudie la teoría que quiera e investigue con ella, más tarde los resultados serán o no refutados. Eso es ciencia, lo demás es ideología.

    …pero eso nunca lo permitirá el socialismo, pues implicaría renunciar a su objetivo adoctrinador de las sociedades.

    Esa es la diferencia entre las sociedades cerradas (las socialistas de educación estatista) y las sociedades abiertas (que funcionan con políticas educativas auténticamente libres).

    Fernando Nogales

  4. Cuidado con el polilogismo impreso en un pensamiento que impida aportar argumentos perfectamente válidos a alguien no especialista. Podríamos acabar como nazis y marxistas impidiendo aportar argumentos u opinar a quien no conviene que opine

  5. Para que haya pluralidad en la enseñanza, hay que establecer unas bases para ello. El señor Rallo peca de ingenuo cuando dice que al dar total libertad a las universidades se va a cubrir todo el abanico de enseñanzas relativas a uan materia. Lo que va a ocurrir es que se cubran las enseñanzas que le sean útil al que costea los estudios, lo cual no es bueno. Las Universidad nunca han sido centros formadores de futuros trabajadores, sino centros de adquisición de conocimientos. Y para que un tipo que vaya a la Universidad tenga un conocimiento profundo de una materia, tiene que ver todos los puntos de vista al respecto. La única manera que hay de conseguir eso es a través de la legislación.

    En resumidas cuentas, no se puede dejar al libre albeldría una cosa en dodne busques pluralidad si hay intereses económicos de por medio. Guste o no guste, los intereses económicos pervierten todo lo que tocan y se tiene que legislar para evitar que exista esa perversión.

    Fernando,

    Eso de que las teorías económicas más “socialistas” no hayan funcionado… depende del prisma desde donde lo observes. Viendo las consecuencias de las politicas liberales que se aplicaron como consecuencia de la revolución industrial, me da miedo pensar en un modelo 100% liberal.

    Por otro lado, la libertad de cátedra es un concepto que no tiene nada que ver con el uso que le das. la razón de ser de esta es evitar que un poder imponga a un profesor explicar algo de una manera “incorrecta” (creo que se sobre entiende a que se refiere). El que se estudien todas las teorias o no, depende de los tios que elaboran los planes de estudios en dodne no hay libertad de cátedra alguna.

    Por cierto… también hay “adoctrinamiento” por parte de sectores conservadores.

  6. Chuche

    NO funciona ningún tipo de enseñanza que se base en el ‘elitismo’ estatal y en ‘listones’ a los que muchos no llegan, porque al final habría familias de escasa renta gastándose el dinero en educación y los que avanzaran solo querrían aspirar al funcionariado y esto no se puede mantener sin el ‘sector privado’.

    El ‘adoctrinamiento’ suele ser por parte del poder sea conservador o no.

    En un colegio privado en el que tu sabes a lo que te metes no puedes denominarlo adoctrinamiento.
    Sino, hasta el instituto juan de mariana sería ‘adoctrinador’.