Una nueva financiación para Cataluña y para España

La proximidad de las elecciones plebiscitarias en Cataluña y el elevado porcentaje de votos que, según todas las encuestas, obtendrán los partidos independentistas está llevando a crecientes sectores de PP y PSOE a proponer una revisión del modelo de financiación de la todavía comunidad autónoma española. El portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, ha reclamado un sistema de financiación más justo y equitativo; y el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, propuso cederle la totalidad del IRPF al gobierno catalán.

En cierto modo, parecería que, tras años de frontal cerrazón a demoler el injusto sistema de solidaridad intergubernamental, los partidos mayoritarios estén tratando de seducir a los votantes independentistas para que opten por continuar integrando la estructura administrativa española pero con mejores condiciones fiscales.

Mas semejante oferta extemporánea no sólo constituye un insulto hacia aquellos catalanes que durante años han reivindicado un cambio en el tramposo modelo de financiación autonómico, sino también para todos los restantes españoles que son víctimas de ese mismo modelo de financiación y cuyas razonables críticas han sido desdeñadas al no haber amenazado con iniciar un proceso de secesión política. ¿Acaso ha sido necesario empujar a muchos catalanes hacia el independentismo para que el sentido común impere en el ámbito de la financiación de los distintos niveles administrativos? ¿Acaso los ciudadanos del resto de España que habitan bajo el yugo de administraciones regionales mal financiadas carecen de idéntico derecho a disfrutar de esa misma ajustada financiación por el hecho de no promover sus propios procesos secesionistas?

Al margen de que la independencia del Estado catalán termine consumándose o no, el Estado español requiere de otro modelo de financiación radicalmente distinto al actual: un modelo basado en la descentralización del gasto y de los ingresos. Ahora mismo, el gasto público en España se halla repartido entre autonomías, ayuntamientos y gobierno central, mientras que los ingresos de todos estos niveles administrativos se redistribuyen internamente (en forma de transferencias entre administraciones). Como consecuencia, no existe una estricta corresponsabilidad entre ingresos y gastos: los políticos que (mal)gastan no son los mismos que recaudan, generándose en diversas administraciones territoriales el incentivo a sobreexpandir el gasto a costa de los contribuyentes residentes en otras regiones.

El sistema es, por tanto, un completo despropósito. Dejando de lado que la descentralización de los desembolsos públicos podría y debería ser muy superior a la actual (suprimiendo buena parte de las mercantilistas funciones residuales del Ejecutivo central y transfiriendo la mayor parte de las competencias autonómicas a los ayuntamientos para acercar la provisión de los servicios públicos a los ciudadanos), lo que en todo caso habría de suceder es que cada nivel administrativo sufragara sus gastos exclusivamente a partir de tributos propios sobre los que contara con plena autonomía normativa. Solo así lograríamos corresponsabilidad fiscal y que cada nivel administrativo viviera dentro de las posibilidades fiscales de su población.

Sin embargo, PP y PSOE llevan décadas enredando con modelos de financiación autonómica que sólo consagran la hipertrofia burocrática de las regiones más pobres de España así como el creciente resentimiento de los ciudadanos sobreexpoliados de las regiones más ricas. La pobreza y la falta de competitividad no se combaten con más gasto público y más intervencionismo normativo, sino con más libertad económica: pero las burocracias y la clientela electoral de regiones como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha carecen ahora mismo de todo incentivo para adoptar tales reformas y dejar de ser regiones relativamente más pobres que el resto; no en vano, si lo hicieran dejarían de recibir las transferencias fiscales de las regiones relativamente más ricas y tales transferencias se han convertido en su modus vivienda.

Son esas burocracias y clientelas electorales sitas en las regiones pobres de España a las que PP y PSOE llevan contentando durante años parasitando fiscalmente a los ciudadanos de las regiones más ricas. El perverso objetivo de la casta política no ha sido otro que el de mantenerse en el poder comprando votos con dinero ajeno, todo lo cual ha dado alas civiles a la demanda de secesión de una parte significativa de esos “ajenos” con cuyo dinero se trafica. Con o sin los catalanes dentro del Estado español, éste nefasto modelo de financiación tiene que cambiar para todos y hacerlo de inmediato e incondicionalmente. Demasiado tiempo lo hemos soportado ya.

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5 comments

  1. Extremadura y Andalucía, pero también muchas otras que están por encima de la media española, cuya contribución es nula o directamente reciben de la “solidaridad”. Dando contrasentidos como que Valencia, comunidad por debajo del PIB per cápita medio, está contribuyendo a la solidaridad mientras Aragón está por encima de la media, pero recibe de más y Castilla y León, que recibe solidaridad teniendo un PIB per cápita superior al valenciano, llegando a superar la renta disponible bruta de las familias catalanas gracias a esa distribución.

    http://www.irla.cat/documents/balances_fiscals.pdf

    Despropósito es decir poco.

    Aún así hay regiones que intentarán defender panza arriba el sistema actual, en especial que la mayoría de la recaudación y gasto caiga en manos de la administración central, que puede gastar discrecionalmente en su región de manera más opaca.

  2. Alguien que se queja por los impuestos pero no hace nada para cambiarlos es alguien que se beneficia de los impuestos más de lo que se ve perjudicado.

    Por otra parte, los peluqueros cortan el pelo, los camareros sirven cafés, y los políticos se dedican al mercantilismo. No sería razonable pedir a un peluquero que se pusiera a hornear bollos, ni a un camarero que se pusiera a reparar aviones, ni a un político que dejara en paz a la gente. Hace falta que los políticos dejen de ser políticos. La cuestión es, ¿dónde colocamos a los políticos para que dejen de hacer daño?

    Yo los pondría a limpiar parques y playas. Las calles no, que podrían romper algo. Eso es mejor dejárselo a los expertos.

  3. Sí, sí, Andalucía recibe muchísimo, pero yo soy andaluz y financio a los españoles con menos renta que yo. Es el problema de enfocarlo todo en grupos, que luego no son homogéneos. Cuando estoy en la puerta de mi negocio viendo pasar a cientos de parados, inactivos y estudiantes de 30 años en dirección a la playa (la tengo a 100 metros), no veo a gente subvencionada por los catalanes, veo a gente subvencionada por mí.

    La clave sería hacer entender eso tan simple de que si no hay simetría entre ingresos y gastos (centralizado/descentralizado), no hay responsabilidad. Pero aplica igual a regiones que a personas.

  4. Buenas noches,
    estoy totalmente de acuerdo con Juan Ramón en cuanto a la necesidad de un cambio en el modelo de financiación territorial, también para Cataluña. No obstante estoy en desacuerdo con que ese haya sido el motivo principal de la petición de independencia de muchos catalanes. La base racista, el cultivo del odio, la falsedad histórica, el engaño masivo, la manipulación dirigente y el encubrimiento de la corrupción sí son los motivos reales de esta “espontánea” petición de independencia.

    Un saludo.

  5. Comparto el comentario de David (druizgar):
    La base racista, el cultivo del odio, la falsedad histórica, el engaño masivo, la manipulación dirigente ( ADOCTRINAMIENTO ) y el encubrimiento de la corrupción sí son los motivos reales de esta “espontánea” petición de independencia.

    Por supuesto, el desproposito de nula corresponsabilidad fiscal en la financiación del sector público existe.