¿Prohibir las puertas giratorias?

economista

Una de las propuestas estrella contra la corrupción del candidato de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, es la de prohibir las puertas giratorias: a saber, impedir que ningún alto cargo del gobierno pueda —una vez concluya su actividad política— integrar el consejo de administración de una empresa que se halló bajo su potestad regulatoria.

Ciertamente, las puertas giratorias son un caso de corrupción en diferido: las empresas, en lugar de pagar mordidas al contado para que los gobernantes aprueben normas a su medida, les prometen un cómodo y buen remunerado puesto en sus consejos de administración. “Se privilegia hoy a ciertas empresas, se cobra mañana de las empresas por haberlas privilegiado”.

Los costes derivados de tal relación amorosa entre políticos y corporaciones no son en absoluto despreciables: un reciente estudio de los economistas García-Santana y Pijoan-Mas ha descubierto que buena parte del deterioro de la productividad de la economía española durante los últimos quince años se ha debido a esas infames relaciones clientelares entre las empresas y el Estado, hasta el punto de que nuestro PIB es —como poco— un 4% inferior del que podría haber sido en ausencia de tales élites extractivas. Por consiguiente, sí, las puertas giratorias —y todo el corporativismo parasitario que se construye a su alrededor— son un problema muy importante que debe ser atajado lo antes posible.

Sin embargo, la solución planteada por Iglesias a la lacra de las puertas giratorias dista de ser la adecuada: no resuelve el problema de fondo y, mucho peor, genera otros problemas acaso más importantes.

En cuanto a la inutilidad de la prohibición, conviene tener presente que las formas de burlar semejante restricción son abundantísimas: desde contratar a familiares para los consejos de administración al establecimiento de relaciones comerciales entre empresas pantalla (por ejemplo, un político crea una empresa que “vende” informes de consultoría a la corporación que ha privilegiado durante su etapa de gobierno o, todavía más indirectamente, a una sociedad participada por la corporación privilegiada). La única manera de que la prohibición fuera realmente efectiva sería inhabilitar a un ex político y a todo su entorno a desarrollar cualquier actividad profesional en el sector privado: algo que desincentivaría la entrada en política de cualquier persona mínimamente cualificada.

Y esto nos conduce al segundo gran problema de prohibir las puertas giratorias: imponer costes artificiales a ciudadanos bien formados que no quieren convertir la política en su única profesión vital. No todo político que, a su salida del cargo, pasa a integrar la plantilla de una empresa tiene que hacerlo debido a haberle concedido favores regulatorios. Algunos de ellos pueden, simplemente, regresar al mismo sector privado del que procedían antes de participar durante algunos años en política. Prohibir las puertas giratorias conduciría, en última instancia, a que sólo pudieran dedicarse a la política los empleados públicos: ésa puerta giratoria —del gobierno a la administración y de la administración al gobierno— es de hecho la única que nadie plantea restringir pese a ser la más extendida de todas (todo el gobierno del PP son registradores de la propiedad, abogados del Estado o técnicos comerciales del Estado; mientras que la plana mayor de Podemos son ex profesores de universidad).

Entonces, ¿cuál es la solución a la lacra de las puertas giratorias? Vaciarlas de contenido. Si una gran empresa soborna a un político es porque éste posee un enorme poder para otorgarle privilegios a través del BOE. Si, en cambio, nuestros mandatarios fueran despojados de esa potestad, perderían todo su atractivo para cualquier empresa. ¿Por qué no hay ex dirigentes del Partido Animalista, de la Falange o del Partido Carlista en los Consejos de Administración de las grandes compañías? Porque carecen de poder para entregarles prebendas o para asignarles castigos. Ese poder que, por el contrario, sí poseen los partidos gobernantes es el que debemos suprimir: si los políticos se quedan sin competencias para entrometerse en la vida de los españoles —sin competencias para repartir subvenciones, asignar inflados contratos públicos, otorgar licencias, regular las condiciones de prestación de servicios privados, etc.—, perderán todo su valor para las empresas. En cambio, si retienen tales competencias, seguirán siendo valiosos y terminarán encontrando mecanismos para monetizar ese valor.

Sí, acabemos con las puertas giratorias: no prohibiéndolas —medida totalmente ineficaz para ello— sino erradicando con los incentivos perversos que las motivan.

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8 comments

  1. Esa idea está muy bien. Pero también hay otra posibilidad: el parlamento negativo. Una cámara legislativo que solo tenga la capacidad de revocar leyes (y de enmendar el BOE inmediatamente).

    Es mejor quitar el poder del BOE de cuajo, pero quizás contrarrestarlo sea una idea más aceptable por el electorado.

    1. Pero es que volvemos a lo mismo. La corrupción invadiría ese parlamento también. En vez de comprar leyes comprar derrogaciones.

      1. Con la cantidad de leyes absurdas que hay deberíamos pagar a los empresarios para que convencieran a los políticos para que las derogaran. Si logramos que paguen los empresarios de su bolsillo, tanto mejor.

  2. Sólo tengo una explicación para lo que acabo de leer: el rigor intelectual y, sobre todo, el respeto a los lectores deben de estar perdidos en una puerta giratoria, dando vueltas y vueltas sin poder dar con la salida. Aunque no se puede negar que estas reflexiones sobre el problema de las puertas giratorias tienen su lógica. Más o menos la misma que la de amputarse una mano porque se nos ha infectado una uña de la misma, o cortarle la cabeza a quien tenga jaqueca, o suprimir la propiedad privada porque hay robos. Quitémosles el poder a los políticos, vaciemos de contenido su mandato popular y así no se meterán en los líos en los que se meten. O, puestos a ir a por todas, que los nombren los presidentes de las empresas (de las más grandes, que si no, es un lío), según se vayan organizando las fuerzas del mercado, que ellas sabrán qué es lo mejor para todos. Qué molesto es esto de la democracia, la verdad, con lo bien que se vive sin el incordio de los votos.

  3. Bueno, una gangrena solía exigir amputación (no sé si se ha avanzado en esto, yo lo sé por las novelas de piratas).

    Yo soy muy partidario del sarcasmo y la ironía como herramienta de comunicación pero también me gustan el rigor intelectual, como al Sr. González, y los matices.

    Así que,

    Controlemos el gran poder que tienen los políticos con el desarrollo de Organismos de Control REALMENTE Independientes.

    Resucitemos a Montesquieu.

    Exijamos que el mandato popular se cumpla aunque solo sea fiscalizando la actividad política y confrontándola con los programas.

    Los presidentes de las grandes o pequeñas empresas que se ocupen de lo suyo. Fuera financiación pública de las organizaciones sindicales de trabajadores o empresarios.

    La democracia, como todo, tiene grados de calidad y las ciudadanías, también.

    A los futbolistas británicos que se tiran fingiendo penalties les abuchea su propia afición, aquí si te paga una universidad pública y no vas a trabajar pues…eso.

    Pero todo esto lo podemos matizar, sin duda, y mejorar.

    Anímese Sr. González.

  4. Así da gusto. Y si ha leído novelas de piratas, sin duda que ha de tener criterio político. Según el artículo, el garfio de algún capitán bien podría ocupar el sitio que ahora tiene la mano visible de lo público.

    Gracias por los ánimos, que por muy bien que se esté de ellos porque haya razones para el optimismo, nunca sobran.

    Que pase una feliz tarde de sábado, profesor Sucundúm.

  5. Buenos días, podría por favor darme acceso al documento que menciona de García-Santana y Pijoan-Mas? No lo encuentro en ningún sitio.
    gracias.