Las listas negras del Fisco

larazon

Imagine que, durante los años de vacas gordas, usted optó por endeudarse y que, llegadas las vacas flacas, devino incapaz de seguir atendiendo sus obligaciones financieras. ¿Le parecería correcto que su acreedor colgara carteles por toda España y contratara anuncios en la televisión exponiendo su nombre, su DNI y el importe de su deuda pendiente de pago? Apuesto a que no y, justamente por ello, el artículo 42 del reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos prohíbe semejante comportamiento. Si una persona quiere informarse sobre la situación de morosidad de otro ciudadano, debe poseer un interés comercial legítimo en ello: por ejemplo, si me estoy planteando firmar un contrato a largo plazo y necesito conocer si va a poder afrontarlo, puede que sí requiera acceder a ese tipo de información.

Desde luego, serían defendibles ordenamientos jurídicos distintos: verbigracia, uno donde todo el mundo pudiera publicitar cualquier tipo d información sobre otra persona por muy lesiva que ésta sea de su privacidad. Sin embargo, en nuestro país no sucede así… salvo en un caso: cuando es el Estado quien trafica con esa información lesiva. Así, la publicación periódica de la lista de grandes morosos con Hacienda es un caso clamoroso de ese ataque a la privacidad de determinados ciudadanos: en concreto, de prácticamente todos aquellos que adeuden más de un millón de euros al Fisco.

A este respecto, muchos considerarán que la comparativa no es pertinente: no es lo mismo ser moroso por insolvencia sobrevenida que por fraude fiscal. Pero muchísimas de las personas físicas o jurídicas que aparecen en el listado de Hacienda no son defraudadores. Los deudores de mayor cuantía son, de hecho, empresas de la construcción venidas a menos, incapaces de atender sus deudas. A su vez, también nos encontramos con ciudadanos que están pleiteando ante los tribunales contra Hacienda porque ésta les ha liquidado una deuda fiscal abusiva y no acorde a derecho: pero mientras esa deuda no se suspenda, figurarán en la lista como morosos.

En definitiva, las listas negras de Montoro efectúan un uso torcido y populista de una información privada que el Estado debería cuidar con sumo celo (como lo hace con los historiales médicos) en lugar de airearla de manera sensacionalista para imponerles a los deudores costes reputacionales adicionales a los muchos que ya padecen (sanciones, intereses de demora, embargos…). La voracidad confiscadora del Estado no conoce límites.

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7 comments

  1. Rallo,

    Soy profesional y empresario.

    Estoy harto de tener que competir en lo mío contra “free riders” fiscales amparados por intelectuales puritanos como tú.

    Ningún acreedor tiene a nadie como tú enfrente menospreciando sus derechos de crédito.

    HACIENDA TIENE QUE PUBLICAR, además de la lista de los que más deben, LA LISTA DE LOS QUE MÁS INGRESAN, como se hizo en tiempos de Franco.

    No entiendo cómo alguien que se hace llamar liberal está contra el nominalismo en las obligaciones públicas.

    Muchos Estados del mundo hacen cosas parecidas.

    Finalmente, la información que publica Hacienda está o debiera estar en el Registro Mercantil.

    ¿Tu puritanismo inmanentista antiestatalista te lleva también a estar contra el Derecho Registral y Notarial?

  2. Creo que la comparación está mal. Yo lo veo de otra manera.

    En el caso de no pagar un préstamo contraído voluntariamente, me parece correcto que el acreedor publique ese hecho. En efecto, eso ya ocurre con las listas de morosos y los historiales crediticios. Creo que en el futuro cada vez se utilizarán más mecanismos de reputación en las relaciones humanas en las que sea necesario algún grado de confianza en la otra parte.

    En el caso de no pagar impuestos, dado que éstos son involuntarios y se recaudan mediante la coacción, el publicar las listas de morosos es simplemente una escalada más en la coacción del estado. Como bien dices, la voracidad del estado no tiene límites.

  3. La crítica es al comportamiento asimétrico. A mí me encantaría la libertad de publicar las deudas privadas igualmente, aunque con una pena suficientemente disuasoria si se demuestra falso.

  4. Estoy de acuerdo con Carlos, en relaciones libres y pactos voluntarios se podría acordar como una cláusula más la publicación o no de incumplimientos contractuales.

    La diferencia con Hacienda es que no se trata de un acto voluntario, sino de una coacción violenta que no debería existir, y por tanto tampoco la publicación de su incumplimiento.

  5. ¿Quién se beneficia?
    Es posible que algunas personas logren ganar dinero por tener más negocio tras el escarnio público de sus competidores. A estos “buenos chicos” no les importa pagar impuestos porque saben que en el fondo son esclavos del Estado, al que tienen que pagar homenaje para poder tener permiso para seguir con sus negocios, y en ese precio también va incluida la protección de no tener competencia.
    El Estado es una entidad criminal, pero no actúa en solitario ni podría existir si la gente se dedicara a lo suyo.

  6. Los acreedores deberían tener derecho a hacer público el nombre de sus deudores. Estoy de acuerdo con Juan José Rández: el problema con Hacienda es que no se trata de una deuda adquirida tras un acuerdo voluntario, sino de una deuda contraída coactivamente.
    Por cierto, Juan Ramón, si me permites un pequeño comentario… Me llama la atención que utilices un artículo de la Ley Orgánica de Protección de Datos para defender tu postura. Esa ley no deja de ser una forma de intervencionismo gubernamental. En una sociedad libre, acreedores y deudores deberían ser capaces de negociar cómo van a gestionar cualquier tipo de información que decidan intercambiar sin necesidad de tales leyes impuestas por una tercera parte ajena al acuerdo voluntario.

  7. ¡Y esto sucede en al país donde muchas empresas quiebran por impagos de la Administración! ¡En un país donde la política de contención del gasto consiste en meter facturas en los cajones!

    Yo creo que están tratando de crear el caldo de cultivo adecuado para, en su momento, justificar los recortes que van a venir. Todo será por culpa de los que no pagan a Hacienda, que, como nos muestran, son legión