Comparativa de los programas de empleo para el 26J

larazon

Uno de los mayores dramas a los que sigue enfrentándose la economía española es, sin duda, el del paro y el del empleo precario. España es una de las economías del mundo desarrollado con una tasa de paro más elevada (del 21% a finales del primer trimestre de 2016) y con una tasa de temporalidad más alta (el 25% de todos los puestos de trabajo son temporales). No se trata de un problema novedoo: la tasa de paro media desde 1980 ha sido del 17% y la temporalidad ha llegado a alcanzar el 35% incluso cuando crecíamos burbujísticamente en el año 2005.

La reforma del año 2012 supuso un paso en la buena dirección: por un lado, contribuyó a reducir la brecha entre contratos indefinidos y temporales; por otro, aumentó la flexibilidad interna de las empresas para que, ante una turbulencia económica, se minimizara la destrucción de empleo. Sin embargo, la reforma de 2012 se quedó corta: la dualidad entre modalidades contractuales sigue viniendo impuesta por ley; a su vez, empresarios y trabajadores continúan sometiéndose a unos convenios colectivos negociados por patronales y sindicatos en su nombre pero sin su consentimiento.

Por desgracia, las principales formaciones políticas del país no apuestan por concluir la reforma inacabada, es decir, por avanzar hacia un mercado más libre. Más bien al contrario: muchas de ellas abogan directamente por erradicarla para regresar al nefasto régimen laboral previo a 2012.

Así, Unidos Podemos es el partido que con más rotundidad apuesta por encorsetar las relaciones laborales de los españoles. Primero, aboga por encarecer y dificultar el despido. Segundo, pretende otorgar primacía a los convenios colectivos sectoriales por encima de los convenios negociados internamente en cada empresa. Tercero, incrementará la presencia de los sindicatos en las pymes con menos de diez trabajadores. Y cuarto, aumentará el salario mínimo interprofesional hasta los 950 euros mensuales en catorce pagas. En definitiva: más rigideces y costes empresariales que sólo contribuirán a frenar la creación de empleo o, incluso, a destruir parte de los puestos de trabajo existentes.

Por lo que respecta al PSOE, sus promesas son hasta cierto punto bastante parecidas a las de Unidos Podemos: reforzar la negociación colectiva de carácter sectorial, elevar el salario mínimo y promover la reinserción laboral mediante contrataciones públicas temporales. Afortunadamente, y a diferencia de Unidos Podemos, los socialistas no pretenden en principio encarecer el coste del despido ni controlar las empresas mediante una mayor infiltración sindical.

Ciudadanos es probablemente el partido que mejor perfilada y orientada tiene su propuesta de reforma laboral, por muy insuficiente que ésta siga siendo. Primero, la formación naranja apadrina la creación de un nuevo tipo de contrato con indemnización creciente: de este modo, los trabajadores fijos y temporales comparten de entrada las mismas condiciones contractuales, las cuales van mejorando conforme aumenten su permanencia en la empresa. Segundo, los de Rivera también proponen la llamada “mochila austriaca”: una indemnización por despido por la que va cotizándose mes a mes para que, llegado el momento del reajuste empresarial, la compañía no sufra sobrecostes extraordinarios derivados del despido. Tercero, Ciudadanos también pretende implantar un ‘cheque formativo’ que quede en manos del desempleado, para que sea éste —y no la administración pública— quien escoja cómo y dónde reciclarse formativamente.

A su vez, el Partido Popular no propugna ningún cambio relevante con respecto al marco de relaciones laborales actual. Su única propuesta para acelerar la creación de empleo pasa por incrementar las bonificaciones sociales y fiscales: eximir del primer año de IRPF a quienes encuentren su primer empleo; eximir de dos años de IRPF a los parados de larga duración que monten un negocio; y eximir de cotización a los primeros 500 euros de los nuevos contratos indefinidos. Los de Rajoy, pues, no ofrecen nada verdaderamente novedoso con respecto al statu quo: dado que España está creando medio millón de nuevos empleos anuales, la tentación de cruzarse de brazos parece haber sido demasiado fuerte.

Por último, conviene remarcar que todas las formaciones políticas han alcanzado una especie de consenso silencioso para machacar a los autónomos durante la siguiente legislatura. Tanto Unidos Podemos, como PSOE, PP o Ciudadanos defienden la necesidad de que los profesionales autónomos coticen por sus ingresos reales, impidiéndoles escoger su base de cotización como venía sucediendo hasta la fecha. Se estima que este sablazo “social” penalizará al 80% de los autónomos. Todo vale por saciar la voracidad tributaria del Estado.

En términos generales, pues, ningún partido se muestra dispuesto a tomar el toro por los cuernos: a saber, liberalizar el mercado laboral para maximizar la creación de empleo de calidad. En el mejor de los casos, se apuesta por mantener la situación actual; en el peor, por revertirla para regresar al marco de relaciones laborales previo a 2012. El mismo marco que ha condenado a España a ser el país con más paro y mayor temporalidad de todo el mundo desarrollado.

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