De manera un tanto simplificada podría decirse que hay dos grandes teorías a propósito de los ciclos económicos: las teorías de la producción y las teorías del gasto. Las primeras sostienen que las crisis son el resultado de la acumulación de errores y desajustes en los patrones productivos y financieros de una economía;  las segundas, que las crisis son consecuencia de una súbita insuficiencia del gasto agregado. Partiendo de tal diagnóstico, es obvio que las primeras apuntarán como receta contra las depresiones el favorecer un pronto reajuste de las diferentes estructuras empresariales, mientras que las segundas defenderán incrementos indiscriminados del gasto.

No es momento para tratar en profundidad los múltiples errores de esta última visión, la keynesiana: baste apuntar que los aumentos sanos del gasto son una consecuencia del previo incremento sostenible de la producción y no su causa. Tratar de maximizar el gasto en medio de una estructura económica que no ha efectuado la transición hacia patrones saludables es tanto como querer crear una nueva burbuja que sustituya a la anterior. No se deprima: acaso se sienta deprimido al escuchar que no existen remedios mágicos contra las crisis, que es algo más complicado que multiplicar los ceros del presupuesto nacional. Pero mire el lado positivo: tampoco hay mal que cien años dure; una vez completemos nuestro saneamiento interno, volveremos a generar riqueza.

Visto desde esta perspectiva, 2013 será el sexto año de crisis, y re reajuste interno, en España. Para muchos, nuestra situación no ha hecho más que empeorar desde entonces, alejando cada vez más cualquier perspectiva de recuperación. Y, sin duda, son numerosos los capítulos en los que hemos ido a peor –muy en particular, todos aquellos relacionados directa o indirectamente con la actividad del sector público–, pero también hay algunos que muestran cómo varios de los desequilibrios sedimentados entre 2001 y 2007 se han empezado a corregir: el precio de la vivienda nueva ha caído un 25% desde máximos, familias y empresas han reducido su endeudamiento en más de 180.000 millones de euros (un 7% del total), los costes laborales se han congelado de facto desde 2010, el sector financiero –excluyendo el rescate estatal, lo que merece una negativa mención aparte– se ha recapitalizado en más de 100.000 millones de euros desde 2008 y, sobre todo, parte de nuestra industria parece que está encontrando nuevos mercados en el exterior, lo que ha permitido que las exportaciones de 2012 sean un 20% mayores que las de 2007 (si bien en algunos mercados tan importantes como Australia, Brasil, el Magreb, Canadá, Japón, China, Suiza o Turquía han crecido más de un 80%) y que, a su vez, desde mediados de este año hayamos pasado a convertirnos en ahorradores netos frente al resto del mundo (lo que implica que estamos amortizando nuestra deuda exterior). Son procesos todos ellos que avanzan en la dirección correcta, que previsiblemente se consolidarán durante este ejercicio y que, una vez culminen, nos traerán la tan ansiada recuperación.

La cuestión se encuentra precisamente en el lapso de tiempo que tomará culminar este proceso: tras seis años, todavía estamos lejos de haberlos concluido, especialmente porque el omnipresente intervencionismo del sector público se ha dedicado a torpedearlo. Al cabo, la tarea del Estado en esta crisis debería haber sido la de facilitar que se completaran los reajustes productivos y financieros imprescindibles dentro del  sector privado y, para ello, nada tan sencillo como liberalizar la economía y reducir los impuestos al sector privado sin endeudarlo por la puerta de atrás (esto es, sin acumular nueva deuda pública). Así lo ha hecho, de un modo insuficiente pero no mal orientado, con la parcial liberalización del mercado de trabajo a través de la reforma laboral, la cual ha permitido que empresarios y empleados mantengan a raya los costes salariales y alcancen una mayor eficiencia organizativa.

A eso, a remover obstáculos y a no crearlos, es a lo que debería haberse circunscrito la actividad estatal en estos últimos años y, también, en 2012. Sin embargo, tanto el Gobierno del PP, como antes el de ZP, han optado por trasladar parte de las dificultades del Estado y del sistema financiero sobre los ya fatigados hombros del sector privado, todo lo cual sólo ha contribuido a ralentizar y dificultar enormemente su saneamiento. Recordemos: 27 subidas de impuestos en 2012 (muchas de ellas sobre el ahorro y los beneficios empresariales);  incertidumbre sobre la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y de nuestra permanencia en el euro a cuenta de una deuda pública superior al 80% del PIB y un déficit por encima del 7%; rescate de la banca a costa del contribuyente y creación de un banco malo que prolongará la liquidación de los activos tóxicos (y el correspondiente ajuste de precios) durante quince años; contrarreforma del sector eléctrico, consolidando una estructura de costes regulatorios infladísima debido al apoyo político a energías ineficientes y caras.

En lugar de proceder a pinchar la burbuja financiera y estatal concentrando los costes de esos pinchazos en las propias administraciones y en los propios bancos, se ha procedido a socializar pérdidas mediante los recurrentes rescates y subidas de impuestos. Dos innecesarios errores que han lastrado lo que podría haber sido –tal como sucedió en los países bálticos a partir de 2009– una recuperación más sólida y rápida. Sólo cabe plantearse, con una pizca de verdaderamente justificada indignación, qué evolución habría seguido nuestro sector empresarial, y muy en particular nuestro aquel orientado hacia el exterior, si en lugar de subir impuestos los hubiésemos reducido, si en lugar de generar incertidumbres sobre la solvencia del país las hubiésemos despejado por entero recortando todos los gastos, si en lugar de consolidar un encarecimiento de la factura eléctrica de más del 100% desde el año 2002 hubiésemos atajado los costes regulatorios, o si en lugar de frenar la caída del precio de la vivienda reteniendo miles de millones de euros en activos fuera del mercado los hubiésemos liquidado con decisión. Es decir, si en lugar de apalear por todos los costados a un sector productivo en proceso de reestructuración, hubiésemos optado por desbrozarle el camino de impuestos y regulaciones.

Los habrá que sugieran que bajando el gasto, la caída de nuestro PIB hubiese sido más acusada. Probablemente sean los mismos que hace siete años negaban la existencia de la burbuja inmobiliaria y la consideraban parte integral de nuestro (in)sano crecimiento del PIB. Pero, sea como fuere, démonos cuenta de que la parte más robusta y esperanzadora de nuestro crecimiento económico –las exportaciones– no depende de que en el interior gastemos más o menos (de hecho, en todo caso, un mayor gasto interior empeora nuestra capacidad exportadora). Si España quiere recuperar este 2013 parte de la solvencia dilapidada entre 2009 y 2012, no le quedará más remedio que seguir fomentando su sector exportador a costa de adelgazar su voraz sector público: generar mucho más ahorro interno para, por un lado, sanear las finanzas de las empresas más sobreendeudadas y, por otro, invertir en ampliar la capacidad productiva de aquellas industrias que sí tienen mercado allende nuestras fronteras.

El camino a seguir para salir de la crisis admite pocas dudas y, en parte, es aquel que el sector privado está tratando de encarrilar desde hace seis años. El problema sigue siendo que el Gobierno no ceja en su intento de apoderarse de la nueva riqueza que todavía con debilidad comienza a generar una parte de la economía para así afianzar un sector público que se hipertrofió absolutamente durante los felices años de la burbuja inmobiliaria. Sin una radical rectificación en esta sede resultará muy complicado que la todavía muy endeudada  y descompuesta España salga adelante. No basta con que haya brotes verdes; lo esencial es que éstos arraiguen y crezcan con fuerza, de ahí que las prisas del sector público por segarlos y devorarlos sean, tanto ayer como hoy, nuestra mayor amenaza.

Constituye un principio financiero fundamental que ningún agente económico puede gastar sistemáticamente más de lo que ingresa, esto es, que ningún agente puede endeudarse sin fin. Llega algún momento en el que hay que comenzar a gastar menos de lo que se ingresa para disponer de un margen con el que amortizar las deudas pasadas más sus correspondientes intereses. Nótese, en este sentido, que los intereses –los gastos financieros–son un desembolso más al que tendrá que hacer frente aquel sujeto que, habiendo frenado su sed de apalancamiento, opte por buscar un equilibrio entre sus entradas y sus salidas de caja.

La economía española comenzó a perder su capacidad para gastar muchísimo más de lo que producía allá por el año 2008. Después de la borrachera crediticia e inmobiliaria, tocaba comenzar a hacer frente a la enorme deuda acumulada hasta entonces. Familias y empresas comprendieron adecuadamente el mensaje: desde comienzos de 2009, estos agentes privados han reducido su endeudamiento en unos 170.000 millones de euros; proeza que sólo se ha visto empañada por el lamentable comportamiento de un sector público que, paralelamente, ha aumentado su endeudamiento en casi 400.000 millones. Consecuencia: el endeudamiento no financiero total de España, que ya se encontraba en niveles de saturación en 2008, ha seguido creciendo desde entonces en varios cientos de miles de millones más, abocando a nuestro país a una situación crítica cercana a la suspensión de pagos.

Tras la catástrofe del zapaterismo, los inversores esperaban que el Gobierno de Rajoy pusiera fin a esta herida casi mortal por la que se estaba desangrando el país mediante la restructuración del sobredimensionado tamaño de nuestra administración pública hasta unos niveles sostenibles con sus nuevos ingresos. Semejante transformación debería haberse materializado en unos Presupuestos Generales del Estado para 2012 verdaderamente austeros, donde todas las partidas –incluyendo la remuneración de los empleados público y las transferencias sociales– fueran susceptibles de un recorte que permitiera, no ya cumplir el objetivo de déficit para el año en curso, sino mejorarlo para así poder minorar nuestras necesidades de emisión de deuda y obtener mejores condiciones de financiación en los mercados.

No cabe duda de que, a estas alturas de la película, el Gobierno del PP ha pagado un coste político similar al que se habría derivado de meter verdaderamente la tijera en todas las partidas de las cuentas públicas (también en las anteriores, pero no sólo en las anteriores). Y, sin embargo, en los presupuestos aprobados para 2012 no hubo ninguna reducción del gasto total: si en 2011 el gasto total presupuestado (entre Estado central y Seguridad Social) era de 316.000 millones de euros, en los de 2012 apenas se reducía a 312.000 millones de euros. Macrorrecortazo del 1,2% que obviamente no tranquilizó –más bien al contrario– a los inversores que esperaban ver un cambio de actitud y que sólo hallaban más de lo mismo: conservar una superestructura estatal insostenible a costa de cargar las tintas sobre un debilitado sector privado al que se esquilmaba con muchos más impuestos.

Tan inútiles y tan poco creíbles se reputaban tales cuentas públicas, que a los pocos días de salir aprobadas la prima de riesgo comenzó a dispararse en una imparable escalada que el Gobierno de Rajoy trató de contener mediante extemporáneos anuncios de nuevas subidas de impuestos (como la del IVA) y mediantes algunos de los recortes del gasto (como la eliminación de una paga extra a los empleados públicos) que habrían resultado el mínimo exigible en los presupuestos elaborados apenas unos meses antes. Sólo el anuncio de que Draghi podría empezar a monetizar deuda ha conseguido, de momento, generar una miniburbuja en nuestra deuda que, mientras tanto, permite al Ejecutivo colocarla a tipos de interés algo más razonables. Ínterin de gracia que Rajoy podría haber aprovechado para, al menos, intentar recuperar su credibilidad. ¿Cómo? Pues presentando unos presupuestos para 2013 que lograran aquello que deberían haber conseguido los de 2012: adelgazar lo suficiente la administración como para volverla sostenible de acuerdo con los niveles de ingresos actuales. Pero, por desgracia, las cuentas de 2013 son, si cabe, un fiasco todavía mayor que las del año en curso: los gastos totales para el próximo ejercicio aumentan hasta los casi 320.000 millones de euros, rebasando no sólo el nivel previsto para 2012 sino también el de 2011.

En otras palabras, lejos de reducir el gasto anual en de la administración central y de la Seguridad Social en unos 90.000 millones de euros (las autonomías debería recortar otros 45.000 millones) para lograr atajar el déficit, el Gobierno lo incrementa en 8.000 millones. Acaso las cifras de recortes necesarios les parezcan muy gruesas, pero recordemos que España padece un déficit anual de 100.000 millones de euros y que toda reducción de gastos implica, al menos a corto plazo, el aumento de otros gastos (desempleo, por ejemplo) y la caída de algunos ingresos (como el IRPF de los empleados públicos despedidos), de ahí que se necesite un margen extra de, al menos, 35.000 millones para contar con garantías de éxito.

El Gobierno justifica tamaño despropósito argumentando que el repunte del gasto se debe a la explosiva evolución de los intereses de la deuda (que pasan de 28.000 millones a 38.000 millones), como si ello nos eximiera de tener que pagarlos. Lo que les importa a nuestros acreedores es la evolución del gasto total y éste, lejos de reducirse en casi 100.000 millones, sigue aumentando. Pero es que, además, incluso excluyendo el pago de intereses, el gasto presupuestado total apenas cae un 0,7% con respecto al año pasado. Y ello a costa de infravalorar muchas de las partidas merced a previsiones macroeconómicas poco realistas (por ejemplo, el gasto previsto en desempleo disminuye en 3.000 millones). ¿Son esos los intensos y audaces recortes que necesita una economía que ya no puede financiarse en los mercados? Obviamente no, de ahí que estos no sean, ni muchísimo menos, los presupuestos que necesita España.

Sucede que las promesas de monetización de deuda realizadas por Draghi y la consecuente rebaja en la prima de riesgo han vuelto a relajar a unos políticos que, como los españoles, parece que siguen sin comprender la auténtica naturaleza de nuestras dificultades presentes. Montoro, Nadal o Rajoy insisten en que el problema presupuestario de España es que los ingresos han caído sobremanera con respecto al año 2007, de modo que sólo necesitamos resistir y esperar a que la crisis escampe para que el déficit desaparezca. Pero no: el nivel de ingresos del año 2007 era un nivel propio de una burbuja inmobiliaria que, afortunadamente, ya hemos abandonado. Mientras no demostremos a los inversores nacionales y extranjeros que España no necesita de un milagro para evitar la suspensión de pagos sino que es capaz de autofinanciar su sector público con sus actuales niveles de recaudación, el capital no volverá a inmovilizarse en nuestro país y, por tanto, el crecimiento no regresará y la crisis no escampará.

El Gobierno debe proceder de inmediato a pinchar la burbuja del sector público que está pisoteando cualquier expectativa de recuperación. No podemos seguir costeando, con una economía privada debilitada y sometida a una enorme incertidumbre sobre nuestro futuro (ni siquiera sabemos si a cinco años vista seguiremos en el euro), un sector público sustancialmente más abultado que el que teníamos durante el falso apogeo de la burbuja inmobiliaria. Hasta el momento, PP y PSOE sólo han huido hacia adelante, parcheando los agujeros conforme han ido surgiendo para tratar que los inversores internacionales nos siguieran extendiendo crédito y así poder costear una gigantesca e insostenible maquinaria estatal. Pero, por muchos parches que pongamos de más, no evitaremos el hundimiento del peso muerto que supone nuestra Administración. Lo malo es que ese peso muerto está arrastrando con él al sector privado: es hora de desprendernos de los grilletes estatales que nos impiden al sector privado levantar cabeza. Esos grilletes que estos nada austeros presupuestos sólo han contribuido a redoblar.

El inmovilismo de los Gobiernos españoles durante los últimos cuatro años ha enquistado y agrandado los dos problemas básicos de nuestra economía: el desajuste real (nuestro descompuesto aparato productivo) y el desajuste financiero (nuestro excesivo endeudamiento público y privado). Así lo han entendido en los últimos meses la gran mayoría de inversores, quienes han optado por huir en manada de los activos españoles, encareciendo nuestros costes de financiación. En julio nuestro país ha vivido momentos auténticamente límites que parecían apuntar a su inminente suspensión de pagos. En estos momentos, la situación dista mucho de haberse estabilizado y, de hecho, es muy improbable que el país pueda continuar en su estado actual durante muchas semanas más. Dicho de otro modo, a muy probablemente nuestro futuro pasará por alguno de estos cuatro escenarios.

Rescate exterior

Si atendemos a las declaraciones de los distintos políticos del Continente, se trata de la opción más probable a corto plazo y que, de hecho, ya ha sido aprobada para la banca española. La duda parece estar en si se tratará de un rescate acompañado de intervención (compra de deuda por los fondos de rescate) o no (adquisición de deuda por el BCE). Los Gobiernos de España e Italia llevan meses implorando un rescate que les deje las manos libres y, obviamente, nuestros potenciales prestamistas –nuestros acreedores del norte de Europa– son reacios no sólo a comprometer más fondos a unas esclerotizadas economías periféricas sino, sobre todo, a hacerlo sin contrapartidas que faciliten su devolución.

Precisamente, esta es la piedra de toque del rescate exterior: su única utilidad consiste en proporcionar tiempo a las economías rescatadas para que completen su desapalancamiento y la transformación de su aparato productivo. El problema es que ni siquiera una estricta intervención asegura que, una vez garantizado el paragua del crédito barato, los países rescatados acometan todos los ajustes y reformas necesarios. Al contrario, como nos ha mostrado el caso griego, una vez los gobernantes obtienen la financiación barata que necesitan, lo normal es que se relejen y se nieguen a promover medidas impopulares, especialmente en ausencia de un indicador exógeno que, como la prima de riesgo, acredite la extrema gravedad de la situación económica.

En tal caso, el rescate sólo serviría para prolongar nuestra agonía y para multiplicar todavía más el quebranto para nuestros acreedores, incluyendo la posible descapitalización de sus respectivos sistemas bancarios y del mismísimo BCE.

Quita de deuda

Otro desenlace para nuestra crisis sería que España optara por aplicar ya mismo una quita a su deuda, tanto pública como privada. Los deudores españoles, ya sean administraciones públicas, empresas o bancos repudiarían parcialmente sus pasivos o se declararían en concurso de acreedores para restructurar un monto de obligaciones financieras que reconocerían como inasumible.

Los problemas de esta estrategia se encuentran tanto para los acreedores como para los deudores. Los primeros experimentarían pérdidas extraordinarias –aunque menores que si optaran por un rescate que terminara fracasando– y los segundos verían restringido su acceso a los mercados de capitales durante varios lustros, sobre todo si los acreedores perciben que la quita ha sido una decisión arbitraria, caprichosa e innecesaria de los políticos nacionales.

En el sector privado, la quita –o variantes de la misma, como la capitalización de deuda– es indudablemente una opción preferible a la mucho peor alternativa de los rescates estatales de compañías insolventes: si un modelo de negocio no es viable, hay que proceder a restructurarlo o liquidarlo. En cambio, los repudios soberanos de deuda suelen ser muy mal digeridos por los mercados, en tanto en cuanto son conscientes de que, siempre, la quita sobre la deuda pública era evitable con los pertinentes ajustes presupuestarios que los políticos se negaron a aprobar.

Además, la quita tiene el defecto de que sólo solucionaría, y parcialmente, una de nuestras lacras –la acumulación de deuda– al tiempo que empeoraría la otra. Por un lado, la interrupción de los flujos externos de financiación a buen seguro agravaría las necesidades de reajuste de muchas compañías que, pese a ser solventes, se verían privadas del capital que necesitan para seguir operando en su forma actual. Por otro, si el Gobierno de España redujera su deuda viva en un 30% o 40% sin atajar su enorme déficit primario de casi el 7% del PIB –suponiendo que pueda seguir financiándolo en los mercados internos–, en cuatro o cinco años el efecto saludable de la quita sobre las finanzas públicas se habría diluido por entero.

¿Cuál sería el punto de repudiar nuestra deuda por no querer reducir nuestro déficit para terminar viéndonos empujados a recortarlo?

Salida del euro y devaluación

Si bien la quita de deuda pública dentro del euro no tendría demasiado sentido, su repudio instrumentado a través de una salida del euro y de una devaluación de la moneda sí podría convertirse en una alternativa atractiva para nuestra irresponsable y manirrota clase política.

Un regreso a una peseta devaluada entre un 30% y 40% equivaldría a una quita por ese mismo monto para nuestros acreedores externos. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, nuestros gobernantes podrían continuar financiando sus enormes déficits monetizando las nuevas emisiones de deuda en el Banco de España, todo lo cual castigaría a los ciudadanos con una creciente inflación y devaluación de su nueva divisa.

Además, frente al rescate externo con intervención y a la quita de deuda dentro del euro, la devaluación proporciona no sólo una solución (chapucera) a nuestros problemas financieros sino que también un remedio (aún más chapucero) para nuestros problemas reales: en la medida en que la depreciación abarataría en el exterior no sólo los bienes y servicios españoles sino también sus factores productivos, la demanda y la inversión extranjera se reavivarían, fomentando la especialización de España en modelos de negocio de muy bajo valor añadido pero muy intensivos en el factor trabajo.

Dicho con más claridad: la carta de la devaluación nos permitiría salir de la crisis a cambio de expoliar a los acreedores externos, robar a los ciudadanos con un persistente impuesto inflacionista, acrecentar el poder de los políticos nacionales devolviéndoles las llaves de la imprenta y empobrecer al país a largo plazo al empujarle a especializarse en actividades poco productivas. Un desastre absoluto, sí, pero al menos el empleo y el PIB irían mejorando poco a poco, a diferencia de lo que nos sucedería con los dos anteriores escenarios si la clase política se cierra en banda a aprobar nuevos y más intensos recortes y reformas. De ahí que, dada la maquiavélica lógica de los políticos, la opción más trágicamente realista para nuestro futuro sea regresar a la peseta.

Austeridad y reformas

La solución óptima para salir de nuestra crisis pasa por atajar nuestros problemas reales y financieros facilitando la creación de riqueza: a saber, por aprobar reducciones intensas del gasto público –en especial de aquel más claramente improductivo– para, a su vez, disponer de margen para reducir impuestos, y por liberalizar totalmente la economía para facilitar la ejecución de cualquier modelo de negocio viable. En suma, necesitamos seguir una política económica similar a la que han acometido los países bálticos desde 2008 y que les ha permitido volver a crecer a tasas anuales que incluso superan el 6%.

El problema de España es que toda nuestra clase política ya ha perdido su credibilidad tanto ante sus propios ciudadanos cuanto ante los inversores extranjeros. El PP disfrutó de unos primeros meses para sacar adelante una auténtica agenda reformista que relanzara al país, pero los dilapidó con salvajes subidas de impuestos, cosméticas reducciones del gasto, tímidas liberalizaciones de los mercados, mentiras reiteradas, descoordinación permanente y cuitas intestinas.

A estas alturas de la película, resultará extremadamente complicado que cualquier nuevo anuncio de reformas y de austeridad no vaya acompañado de desestabilizantes protestas internas y de indiferencia exterior. Mas, por difícil que resulte recuperar el crédito perdido, el Ejecutivo del PP tiene la obligación moral de inmolarse intentándolo y de conseguir alejar el fantasma de la devaluación. Dudo seriamente de que lo haga, pero en su mano está que ciudadanos e inversores tan escépticos como yo volvamos a confiar en que España podrá pagar sus deudas y en que será capaz de permanecer dentro de la moneda única.

Hace 80 años se libró un apasionante debate intelectual entre dos pesos pesados de la Economía: el austriaco Friedrich Hayek y el inglés John Maynard Keynes. Por resumirlo mucho, el primero sostenía que las crisis económicas eran resultado de las distorsiones financieras y reales ocasionadas por una orgía crediticia previa que tenía su origen en el imprudente y privilegiado comportamiento de la banca; el segundo, que las crisis se desataban porque los inversores entraban en pánico, se deprimían estúpidamente y el gasto agregado de la economía se hundía por debajo del nivel que habría garantizado el pleno empleo de los recursos.

Y, como es obvio, de semejante disparidad de diagnósticos se seguían distintos planes de choque contra la depresión: Hayek defendía la liquidación de las malas inversiones reales y financieras coadyuvada por una liberalización de los mercados que, vía flexibilidad de precios, permitiera recolocar rápidamente los factores productivos, así como un incremento del ahorro público y privado que facilitara la recapitalización de los agentes económicos y la implementación de nuevos planes empresariales; Keynes, por su lado, pensaba que la insuficiencia de gasto era un problema exclusivo de la demanda, lo que le llevaba a justificar la mayor de las rigideces por el lado de la oferta con tal de evitar incertidumbres adicionales entre los agentes, la rebaja a mínimos de los tipos de interés para tratar de estimular una nueva ronda de endeudamiento familiar y empresarial, y un muy notable incremento del gasto público que supliera las restantes deficiencias en el volumen de desembolsos privados.

Hayek ganó el debate de los años 30 en los journals académicos –de hecho, Keynes huyó en desbandada ante la contundencia de los argumentos del austriaco–, pero lo perdió de manera clamorosa en los boletines oficiales de los gobiernos. Simplemente, la lógica del intervencionismo político clamaba por “hacer algo” en unas economías que se estaban descomponiendo en medio de un intervencionismo interno y externo que si bien ya era feroz a principios de los 30, muchos todavía consideraban insuficiente y mojigato. Había que hacer más, mucho más: los Estados debían desplegar políticas proactivas en todos los campos concebibles por muy contradictorias y contraproducentes que éstas fueran. Y así se hizo y así se padeció: la crisis que comenzó en 1929 no empezó a superarse de verdad hasta 1946.

Diríase que algo deberíamos haber aprendido de tan nefasta experiencia. Pero no. La historia, para desgracia nuestra, vuelve a repetirse: los hechos validan las teorías de Hayek pero los políticos, y muchos economistas cortesanos, embisten contra la realidad recitando letanías keynesianas. Y ya que ellos tienen la sartén del poder estatal por el mango, al menos habrá levantar acta de que nosotros tenemos la razón de nuestro lado. Vencerán pero no convencerán, o al menos no a todos. El más elemental análisis de lo acaecido debería probar de manera aplastante que, de nuevo, no fue Keynes sino Hayek quien acertó de pleno.

¿Expansión crediticia insostenible o injustificables bandazos pesimistas?

Si hiciéramos caso a Keynes, la etapa depresiva que comenzó en 2007 para el conjunto de la economía mundial debería ser fruto de una arbitrariedad: los ahorradores, después de años de desatado optimismo, cayeron presa de un inexplicable pesimismo en torno al futuro que los llevó a dejar de invertir, desatando un progresivo hundimiento del gasto en la economía. En cambio, para Hayek, la crisis es la etapa que necesariamente sigue a un auge insostenible previo, edificado sobre la laxitud de un crédito bancario insuficientemente financiado por ahorro real y demasiado por el crédito inflacionista de los bancos centrales: las semillas de depresión se plantaron en las múltiples distorsiones acumuladas durante la etapa expansiva.

Pues bien, ¿cuál de las dos descripciones se ajusta de manera más fidedigna a lo que sucedió? Creo que todos, salvo los más partidarios entusiastas de los festines crediticios, podremos coincidir en que las teorías del austriaco se acercan mucho más a la realidad. No se trata de negar, por supuesto, que, como pensaba Keynes, las crisis no vengan marcadas por un generalizado pesimismo inversor, sino más bien que ese generalizado pesimismo sea la causa última de nuestros problemas.

¿O es que acaso alguien puede defender seriamente que la economía española no acumulaba distorsiones mil cuando iniciaba anualmente la construcción de 800.000 viviendas –más que la suma de las que comenzaban Alemania, Francia e Inglaterra juntas– o cuando al crédito hipotecario y promotor crecía a tasas de más del 15% al año no gracias al mayor ahorro interno o externo, sino a una expansión imprudente de la financiación bancaria? ¿Realmente pensamos que la inversión en todos estos faraónicos, torpes y burbujísticos proyectos –y aquellos otros que vivían de las rentas por éstos generadas– era sostenible, es decir, que en algún momento serían lo suficientemente rentables como para autosufragarse? Yo diría que no: nuestra economía, al igual que la estadounidense, la inglesa, la lusa, la irlandesa y tantas otras en el mundo, tenían que atravesar por un duro y profundo proceso de reestructuración, tanto financiera como real. Las malas inversiones cada vez eran más generalizadas y la enormidad de la deuda con la que eran financiadas resultaba cada vez más impagable.

Qué menos que, al abandonar la borrachera, los inversores se mostraran un tanto más pesimistas como consecuencia del negro panorama que se les abría por delante. Pero nadie yerre: el pesimismo no era una causa sino una consecuencia del inexorable ajuste que debíamos atravesar. Si hubiésemos mantenido a nuestros ahorradores sedados en un nirvana de irracional y suicida optimismo, lo único que habríamos tenido habría sido mucho más ladrillo y endeudamiento hasta un colapso final tremendamente más duro.

¿Austeridad o prodigalidad?

Inmersos en esa etapa de reajuste real y financiero llamada crisis, ¿qué cabe pensar que necesitábamos para acelerar el proceso? ¿Más ahorro público y privado para poder amortizar anticipadamente nuestra deuda, tapar agujeros e implementar nuevos planes de negocio o un incremento del gasto público que sostuviera la demanda artificial de constructores y promotores y que fuera de la mano de sucesivas rebajas de los tipos de interés dirigidas a incentivar que los agentes privados continuaran endeudándose sin fin? ¿Una mayor flexibilidad de los mercados para que los factores productivos pudiesen abandonar con rapidez los sectores hipertrofiados reincorporándose a los nuevos sectores que debían emerger o una mayor rigidez que los apuntalara allí donde ya no eran necesarios? ¿Más Hayek o más Keynes?

Todos coincidiremos en que una crisis de deuda y de malas inversiones generalizadas no puede despacharse con más deuda y más malas inversiones generalizadas. Era menester atravesar una etapa de reajuste para volver a generar riqueza sobre bases sólidas. Pero no, el camino adoptado por nuestros gobernantes ha sido el de frenar tanto como les ha sido posible el proceso de desapalancamiento y reestructuración del sector privado. Se han endeudado y han promovido que nos endeudemos para que la carísima bacanal que se vino abajo en 2008 durara un poquito más. Y en parte lo han conseguido, pero al carísimo precio de la insolvencia nacional: una continua huida hacia adelante que ya se ha topado con el precipicio. Acaso alguno crea que los problemas han comenzado para nuestras economías cuando han implementado políticas de austeridad: mas no se confunda, el Estado español gastará en 2011 un 13% más que en 2007, en pleno pico de la burbuja, y sólo un 3% menos que en 2009, el ejercicio con el mayor presupuesto de nuestra historia.

Ocho décadas después del debate entre Hayek y Keynes la historia lamentablemente se repite: Hayek tiene razón en el diagnóstico y en las recetas, pero la marabunta intervencionista consigue convencernos de lo contrario y arrastrarnos hacia la perdición. Ojalá algún día aprendamos de nuestros errores y dejemos de pensar, como hacía Keynes, que la producción de riqueza consiste en algo tan simplón como gastar compulsivamente en cualesquiera bienes de consumo o de inversión que se nos pongan por delante.  No es eso, no es eso.