Los déficits autonómicos diferenciados que Montoro impulsó y Rajoy bendijo son la inevitable culminación no sólo de la muy imprudente despreocupación presupuestaria del Gobierno, sino, sobre todo, de un disparatado esquema de financiación territorial vigente desde hace demasiado tiempo en España.

¡Sabido es que nuestras autonomías sólo son autónomas a la hora de gastar pero no a la hora de corresponsabilizarse tributariamente de ese gasto. La mayoría de sus ingresos no proceden de los ciudadanos destinatarios de sus desembolsos, sino de las transferencias que les realiza el Ejecutivo según los criterios establecidos en el multirreformado modelo de financiación autonómica.

Así, partiendo de una muy mal entendida solidaridad interterritorial, las autonomías se han venido rigiendo por el perverso principio de «yo gasto, otros pagan», lo que en última instancia ha resultado en el alocado incremento de su gasto estructural durante las épocas de ficticia bonanza (cuando los providentes «otros» tenían la bolsa llena para repartir) y en un déficit presupuestario crónico durante los años de duro regreso a la realidad (cuando los arruinados «otros» se descubren con los bolsillos agujereados). En suma, la tragedia de los comunes en pleno funcionamiento: socializamos ingresos pero particularizamos los despilfarros.

Conociendo las insuperables carencias de este siniestro esquema, uno hubiese deseado su completa demolición antes de tomar cualquier decisión presupuestaria. Sujetando los gastos de cada autonomía a los ingresos que pudiese cosechar entre sus ciudadanos, no sólo se habría estimulado una muy sana competencia fiscal, no sólo se habría puesto de manifiesto qué administraciones territoriales estaban más exageradamente sobredimensionadas y requerían de una mayor poda, sino que se hubiese podido dejar quebrar a aquellas más insolventes. El Gobierno del PP, sin embargo, optó por huir hacia adelante: por impedir que las autonomías más manirrotas y desequilibradas suspendieran pagos por la vía de socializar las emisiones de su deuda a través del Fondo de Liquidez Autonómico. El paso final de este infausto proceso sólo podía ser, ahora, el de permitir ajustes desacompasados en los ritmos de reducción de su déficit, esto es, el paso definitivo para consolidar la indisciplina subvencionada.

Un trágico calco del fracasado mecanismo de ajuste implementado desde Bruselas para la periferia europea que, por desgracia, todo apunta a que cosechará idénticos pésimos resultados.

España padeció tres burbujas: la financiera, la productiva y la estatal. Las dos primeras nos legaron un sector privado desestructurado y tremendamente endeudado; la segunda, un Estado mastodóntico. Nuestra recuperación requería en 2007, y sigue requiriendo, que esos tres desequilibrios se solventasen: que el sector privado se desapalancara, que mutara su modelo productivo y que las AAPP se redimensionen a un tamaño que no ponga en riesgo su solvencia.

La misión del Gobierno no era diseñar la economía española del futuro, sino únicamente bajar impuestos, bajar el gasto y liberalizar todos los hiperregulados sectores económicos para que familias y empresas tuviesen más fácil levantar la cabeza y readaptarse a los nuevos tiempos. No se trataba, en suma, de que Rajoy nos sacara del agujero con una inexistente varita mágica, sino tan sólo de que no nos hundiera más. Pero, situándose a la izquierda del programa electoral de Izquierda Unida, optó por traspasarle su vergonzoso agujero presupuestario a un debilitado sector privado en plena reconversión.

Así, lejos de bajar impuestos, los ha subido en más de 30 ocasiones; lejos de recortar el gasto con valentía, lo ha mantenido en cotas disparatadamente altas; lejos de reconducir el déficit hacia el equilibrio, ha llegado a presentar unas cuentas manipuladas a Bruselas; lejos de mantener a raya el endeudamiento, ha sido el Ejecutivo de toda nuestra historia que más lo ha incrementado en un año. Fiasco sin atenuantes con una causa bien tasada: la incontrolable alergia que siente este liberticida PP a adelgazar el Estado.

No se deje engañar: ése, y no otro, es el único motivo por el que Rajoy ha machado inclementemente a la sociedad española con sus salvajes gabelas. Aun cuando nos creyéramos la propaganda popular de que ha sido Montoro y no Draghi quien ha evitado nuestro rescate, lo cierto es que España en ningún caso necesitaba situar su IRPF a los niveles más elevados del mundo: le bastaba con minorar su gigantesco déficit.

Y a menos que nuestro presidente haya olvidado las más elementales nociones contables, el déficit se puede reducir o bien subiendo impuestos o bien recortando los gastos. Dicho de un modo más directo: el déficit del Estado podía achicarse o bien recortando los gastos del Estado o bien recortando los gastos de familias y empresas. Que Rajoy optara por trasladarles la factura del multidespilfarro público a los mermados ciudadanos que le votaron para que hiciera todo lo contrario no fue un desideologizado imperativo económico sino un antieconómico imperativo de la ideología intervencionista y anti libre mercado de este Gobierno.

Para comprobarlo, basta con echarle un ojo a los datos de Contabilidad Nacional. Las innumerables subidas de impuestos del PP apenas permitieron incrementar la recaudación de 2012 en 2.300 millones de euros. Por ponerlo en perspectiva, la mitad de una paga extra a los empleados públicos.

Bien, admitamos que, sin los rejonazos tributarios de 2012, los ingresos, en lugar de subir, habrían caído y estimemos muy generosamente el efecto recaudatorio bruto en 20.000 millones de euros. Esa cifra apenas representaba menos del 5% del gasto total de las Administraciones Públicas en 2011. ¿Acaso el docto, correoso, diligente, responsable y confiable Rajoy está sugiriendo su incapacidad para recortar los desembolsos públicos un 5% más de la nimiedad en que ya lo hizo?

No. Lo que están sugiriendo es algo mucho más simple: su desaforado apego a un sector público sobredimensionado. Por eso Cospedal bate ahora palmas al celebrar que la renegociación del déficit con Bruselas nos ahorrará ajustes de 18.000 millones de euros: lo único que buscan es consolidar el mega Estado parido por la burbuja inmobiliaria aun a costa de fustigar con más tributos y con más deuda a todos los españoles.

Nuestra recuperación no pasa por agravar nuestros desequilibrios de partida, sino por ponerles fin. Y para ello necesitamos un sector privado mucho más vigoroso y libre y un sector público mucho más pequeño. Justo lo contrario de lo que nos ofrece el PP. Es hora, pues, de que la muy necesaria austeridad la sufra el Estado. Es hora de bajar los impuestos ya.

¿Cree sostenible que España pueda seguir con más de un 25% de paro hasta, al menos, 2015, como prevé el Gobierno?

Financieramente es una situación muy difícil de sostener: altas tasas de paro significan crecimiento estancado, deterioro de la productividad, ingresos fiscales menguantes y gastos crecientes; un cóctel que por fuerza terminará desatando la desconfianza de nuestros acreedores a menos que el BCE mantenga abierta la irresponsable puerta de la monetización de deuda. Pero si financieramente ya es complicado, socialmente se antoja casi imposible: el desánimo y el enfado sólo van a seguir creciendo.

¿Cree correctas las medidas del Ejecutivo para prorrogar la subida del IVA, elevar algunos impuestos especiales y el de Sociedades?

No, son un desastre absoluto. Supone radicalizar la peor de las decisiones que ha tomado este Gobierno: desangrar tributariamente a un sector privado ya muy debilitado. Como no se quiere adelgazar nuestro hipertrofiado sector público, se opta por seguir empobreciendo al privado. El error es más que evidente: el Estado vive de la riqueza que generan familias y empresas; matar la gallina de los huevos de oro para darnos un último festín es una política extremadamente cortoplacista, liberticida y enemiga de la recuperación.

¿Cree adoptado el ritmo de reducción del déficit y de aumento del endeudamiento previsto por el Gobierno?

No, ni mucho menos, pero es la consecuencia lógica de los prejuicios antiliberales del PP: se niegan a recortar seriamente el gasto y lo fían todo a la subida de impuestos. Pero ésta es una estrategia condenada a fracasar. La solución era otra: bajar el gasto, bajar impuestos y eliminar el déficit. El PP, y antes el PSOE, han optado por mantener el gasto, subir impuestos y consolidar el déficit. Por eso nuestra situación financiera está muy lejos de haberse saneado.

¿Qué medidas echa usted en falta para mejorar la situación del paro y, por extensión, de la economía?

Las medidas deben ir orientadas a reestructurar nuestro aparato productivo y nuestras finanzas. El reajuste requiere de tres elementos: tiempo, ahorro y libertad. El Gobierno no puede hacer nada por acelerar ese proceso, pero sí puede retrasarlo mucho, tal como han estado haciendo Zapatero y Rajoy. Hemos perdido seis años y hemos avanzado muy poco. Es hora de comenzar a rebajar el gasto público de verdad (ahorro público), de bajar impuestos (ahorro privado) y de liberalizar completamente todos los sectores de la economía, incluyendo el energético, el laboral o el educativo.

Pregunta (John Müller).- ¿Qué decisión del Gobierno ha sido la más acertada?

Respuesta (Juan Ramón Rallo).- Con matices, porque se quedó corta, la reforma laboral.

P.- ¿ Y cuál la más equivocada?

R.- De manera destacada las subidas de impuestos.

P.- ¿El Gobierno debe pedir rescate para mejorar la financiación?

R.- El Gobierno debe liberalizar la economía y acabar con el déficit reduciendo el gasto público; para hacer eso, el rescate del BCE ni es necesario ni es suficiente.

P.- ¿Se ha desarrollado una estrategia adecuada en la UE?

R.- No, se ha desarrollado una bravucona estrategia frentista contra nuestros acreedores y prestamistas, llegando incluso a amagar con la ruptura del euro.

P.- ¿La reforma financiera está bien encauzada?

R.- Aunque es verdad que la solvencia de los bancos está mejorando, todavía falta bastante y, sobre todo, esa mejora se ha producido a costa de deteriorar la del sector público con la socialización de pérdidas que supone el rescate a la banca. En lugar de un bail-out deberíamos haber recurrido a un bail-in: concentrar las pérdidas en los acreedores forzándoles a recapitalizar los bancos.

P.- ¿Ha estado bien diseñada la política fiscal? ¿Qué cambiaría?

R.- No, ha estado fatal diseñada: su propósito ha sido consolidar un Estado hipertrofiado a costa de exprimir al sector privado vía impuestos. En lugar de aumentar los impuestos para mantener o incluso incrementar el gasto público, hemos de reducirlo para bajar impuestos.

P.- ¿Se cumplirán las predicciones del Gobierno para 2013?

R.- El problema no es si se cumplen o no, sino que el Estado ha diseñado unos presupuestos que, cumpliéndose sus predicciones, no nos permitiría alcanzar el objetivo de déficit del 4,5% para 2013. Ha sido una claudicación total que ilustra la nula voluntad de resolver los problemas.

P.- ¿La reforma laboral ha sido un avance o un retroceso?

R.- Un notable aunque insuficiente avance: necesitábamos mayores liberalizaciones.

P.- ¿Acierta Rajoy cuando dice que otra política «no es posible»?

R.- Dentro de las coordenadas socialdemócratas que maneja Rajoy, no es posible. Pero saliendo de ellas, desde luego que sí: una política liberal, basada en un Estado más pequeño y en un sector privado más libre, que es la que nos permitiría salir con rapidez y fortaleza de la crisis.

P.- ¿Cuáles son los vectores que sacarán a España de la crisis?

R.- Una reducción del endeudamiento que permita un incremento de la inversión privada que transforme nuestro modelo productivo y lo oriente hacia la exportación.

P.- ¿Qué reformas son imprescindibles en España?

R.- Básicamente cuatro: no socialización de las pérdidas de la banca, reducción del gasto público del orden de 130.000 millones, mejora de la fiscalidad del ahorro y la inversión, y liberalización de todos los mercados.

Apuntaba nuestro ministro de Hacienda el pasado lunes que España necesita generar mucho más ahorro para impulsar su recuperación. Y, verdaderamente, los dos problemas esenciales que padece nuestra economía –un sector productivo desestructurado y una acumulación insostenible de deuda pública y privada– sólo pueden solventarse si el país ahorra de un modo mucho más intenso: el ahorro es la materia prima indispensable tanto para financiar la nueva inversión que metamorfosee nuestra ladrillera economía cuanto el rápido desapalancamiento de familias y empresas que permita mejorar su solvencia.

Uno esperaría que este adecuado diagnóstico de Montoro tamizara toda la política económica de su Gobierno o, al menos, de su departamento ministerial. Pero lo cierto es que, hasta la fecha, el Ejecutivo popular se ha caracterizado por su radical ofensiva contra todas las manifestaciones que imaginar podamos del ahorro: aumento de la tributación de las rentas del capital, eliminación de la deducción por compra de vivienda, saqueo tributario de las empresas con las continuadas revisiones del Impuesto de Sociedades, prórroga del Impuesto sobre el Patrimonio y, de manera más reciente, integración de las plusvalías generadas a corto plazo dentro de la base general del IRPF.

Merced a la última de estas medidas, quienes a partir de 2013 compren y vendan con ganancia unas acciones o unos bonos en menos de 12 meses pasarán de tributar al ya elevadísimo tipo máximo del 27% hasta uno del 52%; profunda estocada tributaria que justamente fue criticada el pasado miércoles por el Instituto Juan de Mariana con la publicación de su reciente informe “Un nuevo ataque del Gobierno al ahorro”. Escrito por el fiscalista Adrià Pérez Martí, el estudio se dirige a desmontar los diversos argumentos aducidos hasta la fecha por el Ejecutivo, y más en concreto por el reconvertido amigo de los ahorradores Cristóbal Montoro, para justificar este nuevo rejonazo contra los contribuyentes que, según las estimaciones del propio Gobierno, apenas reportará unos magros ingresos adicionales de 90 millones de euros: el 0,09% de nuestro déficit de 2011.

De acuerdo con los próceres populares, la medida es positiva en primer término por cuanto nos devuelve al régimen anterior a la reforma de Solbes de 2006 que consolidaba en una misma base las plusvalías a corto y a largo plazo. Engañosa afirmación la de los populares que olvida que, por aquel entonces, las plusvalías a largo plazo tributaban a un tipo único del 15% (y no a uno progresivo de hasta el 27%, como acaece ahora) y las plusvalías a corto se integraban en una base general cuyo tipo máximo era del 45% (y no del 52%).

Así, siendo falso que volvamos al sistema previo a 2006, todavía lo es más otra de las razones que nos ofrecen: que esta reforma nos acerca a los sistemas tributarios europeos y, en particular, al alemán. En realidad, la inmensa mayoría del Continente o no diferencia entre plusvalías generadas a corto y a largo plazo o, de hacerlo, tal distinción tiene como único propósito bonificar el ahorro a largo plazo… no castigar con saña los rendimientos cortoplacistas. Sin ir más lejos, Alemania modificó en 2009 su sistema fiscal para hacer tributar ambas plusvalías al 25%: la historia es justo la inversa a la ucrónica narrativa gubernamental.

Por último, la ocurrencia de que penalizando a los avariciosos especuladores se consigue potenciar en algo la sana inversión a largo plazo no pasa de típico chascarrillo indignado. Como cualquier economista mínimamente cercano a la realidad sabe, basta comparar las muy superiores facilidades de financiación que poseen las empresas cotizadas en bolsa (un casino tomado por los especuladores) frente a las compañías no cotizadas (las que no participan del diario envite especulativo en los parqués) para comprobarlo: son precisamente los especuladores quienes facilitan la entrada masiva de capital a largo plazo en las empresas al proporcionarles en todo momento a los ahorradores un precio de mercado al que comprar o vender sus participaciones. Expulsemos a los especuladores del templo, como pretende Montoro, y la fluida Bolsa se parecerá cada vez más al quieto, ilíquido y lentísimo mercado inmobiliario.

El sablazo fiscal, en suma, sólo sirve para mermar los incentivos de españoles y de extranjeros para ahorrar e invertir en nuestro país. ¿Cómo casa esta nociva consecuencia con las iniciales declaraciones del ministro de Hacienda donde prometía proteger e impulsar el ahorro nacional? Pues de ninguna manera. No intenten cuadrar el esquizofrénico círculo. Tan sólo recuerden que Montoro fue la misma persona que justificó la subida del IRPF en preferencia sobre el IVA bajo el argumento de que  el Gobierno haría todo lo posible para no perjudicar todavía más al consumo, es decir, para fomentar el no ahorro. Así de simple: no hay más cera que la que arde.

A los inversores en deuda griega no debería haberles cogido por sorpresa que los gobiernos pueden quebrar: no ya porque el país haya entrado en bancarrota cinco veces en los últimos 200 años, sino porque desde 1980 sus gobernantes han sido incapaces de equilibrar sus presupuestos un solo año y han disparado el endeudamiento público desde un manejable 22% del PIB a un insostenible 160%.

En 2010, semejante Himalaya de deuda –y las mentiras contables asociadas al mismo– terminó aplastando a sus irresponsables mandatarios, cerrándoles todo acceso a los mercados financieros y, por consiguiente, toda posibilidad de continuar sufragando su mastodóntico sector público. Aquel fue el momento en el que el país debería haber demostrado si tenía el más mínimo interés en cambiar de rumbo: si realmente aspiraban a adelgazar el Estado, privatizar sus 300.000 millones de activos públicos, reducir su brutal endeudamiento y continuar dentro del euro o, en cambio, optaban por continuar trampeando, engañando al personal, descuadrando sus cuentas y, en última instancia, por impagar sus deudas y salir del euro.

Los preclaros líderes europeos no tuvieron a bien que Grecia se buscara por sí misma las habichuelas en mayo de 2010. En su lugar, le extendieron al país un préstamo de 110.000 millones de euros que sólo ha servido para que sus políticos siguieran dilapidando durante dos años más el dinero ajeno y para que los torpes acreedores de Atenas pudieran cobrar con puntualidad sus créditos.

Ahora, fracasado ese primer rescate, Merkel, Sarkozy y toda su comparsa intentan darles una segunda oportunidad, lo que en términos crematísticos se traduce en entregarles 130.000 millones de euros más y en condonarles deudas por importe de casi 120.000 millones. Y todo para que en el más optimista de los escenarios, Grecia llegue a 2020 con un gravosísimo endeudamiento del 120% del PIB. O dicho de otro modo, si todo sale según lo previsto, habremos tirado diez años y cientos de miles de millones de euros por la borda.

Me temo que archiconstatada la renuencia griega a apretarse el cinturón y liberalizar su economía –llevan dos años prometiendo mucho sin aplicar nada–, no hay alternativa real a permitir que el país suspenda pagos  con todo lo que ello implica de disciplinante ejemplo para sus pares periféricos: su más que probable salida del euro y un colosal retroceso en su nivel de vida. Repetir las políticas de 2010 sólo nos conducirá a revivir sus mismos errores: retrasar y engordar el problema griego a costa del bolsillo de los contribuyentes europeos.

Dos años y medio después de que la banca mundial fuera rescatada por nuestros generosos Estados, el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, solicitó este miércoles una “recapitalización urgente” de las entidades financieras del Viejo Continente que podría requerir de nuevas inyecciones de dinero público: las estimaciones más optimistas hablan de al menos 200.000 millones de euros más, algo así como cinco veces el gasto anual en Educación del Reino de España.

Ciertamente, ésta parece la historia de nunca acabar: la voracidad insaciable de una banca que parasita a unos Estados tan escuálidos que ya ni siquiera pueden pagarles los medicamentos a sus ancianos. Es cuando menos lógico que la ciudadanía muestre su malestar y se pregunte a qué viene esto de que los contribuyentes rescaten sin fin a los bancos. Y la conclusión parece inapelable: el capitalismo es un sistema inviable que engulle todo lo que tiene a su alrededor, incluidos los Estados que se empeñan en reflotarlo.

Sucede, sin embargo, que la historia es algo más compleja. En principio, las entidades de crédito deberían ser empresas como las demás. ¿Que tienen problemas de liquidez? Pues que incrementen los tipos de interés para captar más depósitos. ¿Que acumulan pérdidas ingentes? Pues que se declaren en concurso de acreedores y procedan a reestructurarse. Con todo, en la práctica, ninguna de estas dos opciones se considera políticamente realista debido a que las cuentas corrientes de un país, su sistema de cobros y pagos, se encuentra inmovilizado en las inversiones basura de la banca. Si caen éstas, se derrumba aquél; e imagínese el desastre que supondría quedarnos sin la infraestructura necesaria para pagar el pan o el recibo de la luz (recuerde: Argentina).

Pero esa estrecha compenetración entre las inversiones de la banca y nuestras cuentas corrientes no es el resultado natural del neoliberalismo salvaje, sino más bien de las prebendas con las que nuestros políticos han agraciado al sistema financiero durante las últimas décadas. Es bien sencillo: nuestras cuentas corrientes son pasivos a muy corto plazo de los bancos (éstos se encuentren obligados a darnos en cualquier momento todos los euros que nos adeuden) que han sido invertidos en activos a largo plazo o de alto riesgo (en hipotecas, préstamos empresariales, deuda soberana, etc.). Debido a los bajos tipos de interés que abonan por los depósitos y a los altos tipos que cobran por los préstamos, se trata de una estrategia muy rentable para los bancos, pero también tan peligrosa como para llevarles a la suspensión de pagos inmediata: mal asunto invertir a 30 años el dinero que pueden tener que devolver en apenas unas horas.

¿Cómo es posible, entonces, que los bancos sean capaces  de perseverar en esta peligrosa táctica y de colocar al sistema de cobros y pagos de un país a los pies de los caballos de las hipotecas subprime o de los bonos basura griegos? Pues porque los Estados les montaron hace tiempo una ventanilla exclusiva donde podían refinanciarse siempre que lo desearan: esos monopolios públicos llamados bancos centrales que día a día les están inyectando “liquidez” a tipos artificialmente baratos. Y no, si los distintos Estados han bendecido con esta regalía a la banca no ha sido porque nuestros políticos sean títeres de las plutocracias financieras internacionales, sino por un simple do ut des: yo te protejo para que tú financies mis déficits de la manera más asequible posible.

No se trata, en suma, de que los rescates de la banca estén rapiñando los fondos que necesitan los Estados de Bienestar europeos; más bien, la mayoría de esos dispendiosos Estados de Bienestar sólo han podido financiarse hasta la fecha merced al crédito barato que les proporcionaba el sistema financiero (ya fuera comprando su deuda o disparando sus ingresos recalentando la actividad en el sector privado). Así, los principales interesados en conservar el actual modelo de banca, tapando todos sus agujeros y refinanciando todos sus pasivos, son unos Estados necesitados de que la orgía de deuda no termine. No quieren una banca más libre y más responsable que no medre sobre su estructural iliquidez, sino una banca atada y bien atada que siga haciendo exactamente lo mismo que hasta ahora pero teledirigida por nuestros gobernantes. Por eso, en lugar de suprimir sus distorsionadores privilegios, los mantienen a cambio de anunciar una mayor regulación que no ataca, ni mucho menos, los auténticos problemas de fondo.

Decía Winston Churchill que una nación que intenta prosperar subiendo impuestos es como un hombre con los pies dentro de un cubo tratando de levantarse tirando del asa. La analogía no puede ser más exacta para el caso de la periferia europea. Al cabo, la crisis de deuda ha empujado a sus gobernantes a aprobar en estampida unos planes de austeridad que en gran medida pasan por eso que tanto les agrada a los socialistas de todos los partidos: subir impuestos.

Grecia, Portugal e Italia han incrementado el IVA y han aprobado un populista impuesto solidario sobre los ricos. Aquí, PP y PSOE se resisten a anunciar nuevos sangrados fiscales por mera cautela electoral: no queda bonito pedirles al voto a los ciudadanos mientras se les amenaza con quitarles la cartera.

Pero lo cierto es que todo intento de reconducir la crisis mediante la trasquiladura impositiva será en vano. Basta con ojear las cifras de déficit exterior para caerse del guindo: los PIIGS gastan entre cinco y 10 puntos de su PIB por encima de lo que producen. Esa brecha, ese continuo importar más de lo que exportan, es lo que los especuladores sin escrúpulos nos financian día a día.

¿Cómo solventamos un problema de déficit exterior subiéndo los tributos a los de dentro? Si el Estado recauda más y reduce su dependencia del exterior, el sector privado ingresará menos y la verá incrementada. La única solución pasa por que todos reduzcamos gastos. ¿Queda alguien en España por hacerlo? Echemos cuentas. En 2007, el sector privado pedía prestados al extranjero 114.000 millones de euros; en 2010, ahorró 2.000 millones. Por su parte, en 2007 el sector público ahorraba frente al exterior cerca de 22.000 millones de euros; en 2010 se endeudó en 22.000.

Las familias y las empresas ya se han apretado el cinturón. Quien sigue gastando sin control es el Estado. Machacar más a nuestra debilitada economía con nuevos impuestos -especialmente si atacan al muy castigado ahorro interno- sólo prolongaría unos meses la agonía de nuestra hipertrofiada e insostenible maquinaria estatal, pero a costa de matar a familias y empresas. Lo que necesitamos es tapar los agujeros del cubo, no seguir tirando del asa.

Este martes se cumple medio año desde que el alemán Axel Weber, aquel halcón de la ortodoxia que se postulaba como próximo presidente del BCE, anunció que las palomas inflacionistas de la Eurozona le habían cortado la cabeza por censurar públicamente las compras de bonos griegos que durante meses había venido realizando el banco emisor. Ya defenestrado, a las pocas semanas conocimos que el italiano Mario Draghi -firme partidario de monetizar la deuda helena, tal vez como anticipo a la monetización de los bonos de su propio país- fue coronado, por suicida aclamación, próximo presidente de la entidad.

La postura del alemán, contraria a la compra de bonos griegos, no era un irracional exceso de celo, sino simple y pura diligencia. Al cabo, Weber pensaba como un banquero prudente -no hay que prestar dinero a quien no te lo puede devolver-, mientras que Trichet y Draghi lo hacían como dos acomodaticios políticos -hay que prestar sin ton ni son a la espera de que los problemas escampen-. Por eso, se terminaron monetizando los bonos de un país como Grecia, que acumulaba deuda pública equivalente al 150% del PIB. Préstamos subprime lo llamaron en EEUU; «salvar al euro», se le denominó por estos pagos.

Meses después, en mayo, llegó la debacle definitiva de Atenas con la misma sorpresa con la que habíamos recibido la primavera. Mientras los políticos europeos se debatían entre dejarla caer o reflotarla temporalmente a costa del contribuyente alemán, el BCE intercedió con su absolutamente imparcial opinión: «No se puede dejar caer a Grecia porque hemos comprado tanta deuda pública de este país que, si suspendiera pagos, nosotros mismos nos iríamos al hoyo». Y así los alemanes, de la mano de esa dama de hojalata en la que se ha convertido Angela Merkel, tuvieron que tragar y sufragar un rescate que, al final, de nada servirá salvo para desplumarlos todavía más. Y es que la mayoría de los griegos continúan prefiriendo la suspensión de pagos a los sacrificios necesarios para honrar sus deudas, y frente a eso no hay auxilio ni refinanciación que valga.

Las ruinosas prácticas con Grecia de ayer se repiten hoy con España e Italia: el BCE redobla el tamaño de su envite y pone en riesgo no ya su patrimonio, sino el de la Eurozona entera. Es cierto que merced a la imprudencia que supone monetizar la deuda de Zapatero y Berlusconi hemos ganado algo de tiempo, pero que nadie se duerma en los laureles; lo difícil llegará en los próximos meses: si no aprobamos reformas económicas y planes de austeridad tan enérgicos como los que habríamos necesitado el pasado viernes para calmar a los mercados, tan pronto como el BCE deje de comprarnos nuestros bonos regresarán las tensiones con más fuerza que antes.

Y ese momento, no nos engañemos, terminará llegando, pues el balance de nuestro banco emisor no puede llenarse indefinidamente de basura (si lo hiciera, le daríamos la bienvenida a esa bichaalemana que se conoce como hiperinflación). Nuestra viabilidad económica y financiera no depende de que continúen dándonos cuerda, sino de que en algún momento seamos capaces de devolver por nosotros mismos los cientos de miles de millones que se nos han prestado.

Por desgracia, la monetización de deuda por parte del BCE sólo contribuye a añadir más deuda a nuestro ya abultadísimo endeudamiento y a aparcar las duras reformas que requerimos para recuperar nuestro crédito exterior.

He ahí la paradoja: si necesitamos que el BCE nos compre la deuda es porque el mercado no nos la acepta por seguir al borde de la suspensión de pagos; si, en cambio, nuestra deuda sale de las franjas de riesgo, ya no requeriremos la asistencia privilegiada del BCE para colocar nuestras emisiones. Por consiguiente, si el banco emisor continúa rescatándonos y acumulando alocadamente deuda periférica, más riesgos estará asumiendo y más complicada se volverá su supervivencia y la del euro.

Ante una eventual suspensión de pagos de España e Italia, como la acontecida en Grecia el pasado mes de mayo, la Eurozona -léase Alemania- sólo tendría dos alternativas: o recapitalizar al BCE recomprándole los bonos impagados o dejar quebrar al banco emisor y finiquitar la aventura del euro. ¿Digo dos alternativas? En realidad sólo habría una, pues ni siquiera Alemania podría digerir tamaño agujero financiero.

Si el BCE continúa monetizando bonos españoles e italianos, el futuro de la moneda única quedará inexorablemente ligado a la solvencia de España e Italia. Demasiada responsabilidad para las jerarquías políticas de dos países que, hasta la fecha, se han caracterizado por su falta de coraje, indecisión, oportunismo y demagogia. A la postre, el euro se ha convertido no en un sólido y fiable marco capaz de disciplinar el despilfarro inflacionista de la periferia europea, sino en un antinatural pastiche de la peseta, la lira y la dracma que sólo sirve para vampirizar la austera acumulación de riqueza alemana.