Advertía Wilhelm Röpke en la primera página de su “Crises & Cycles” (1936) que el libro había sido escrito en medio de “la peor y más generalizada crisis económica que jamás hayan registrado los anales de la historia”; una circunstancia que ofrecía grandes ventajas al economista teórico pero que también lo sometía a algunos importantes riesgos.

Entre las ventajas, el economista alemán citaba “el dudoso privilegio” de ser un testigo directo de unos acontecimientos únicos, de poder observar de primera mano “la crisis en todas sus formas, expresiones y consecuencias”. Sin duda, si el economista teórico es capaz de abstraerse de los innúmeros dramas personales que están presentes en todas las depresiones, no puede más que analizar con excitado interés la materialización de los complejísimos fenómenos que constituyen su objeto de estudio, investigación y reflexión. Se trata de una sensación esquizofrénica en la que, por un lado, la persona deplora la desgracia de convivir con las penurias económicas y el científico social disfruta la inmensa suerte de experimentar en su propia carne una de esas crisis de las que sólo hay una cada siglo.

Entre los inconvenientes, Röpke destacaba la dificultad de desarrollar una teoría económica completa sobre los ciclos económicos justo en un momento en el que millares de datos se van acumulando unos encima de otros a la espera de tiempos más tranquilos durante los que puedan ser analizados e incorporados eficazmente al corpus teórico de nuestra ciencia: “cuando los datos se van pisando los talones, no es el momento de destilar y embotellar el buen vino del conocimiento económico, es más bien el momento de dejarlo fermentar”.

Ciertamente, el analista económico puede sentirse en medio de una crisis superado por la rapidez y variedad de los hechos que tiene que enjuiciar y explicar, especialmente cuando la depresión cobra un carácter global y atañe a multitud de países sobre los que podía tener muy poca o ninguna información previa. Lo mismo cabe decir del economista teórico que conforma sus modelos a partir de la simple inducción o que, simplemente, quiera buscar inspiración en los hechos para orientar el desarrollo de los suyos. Para ambos existe un exceso de información, de entre la cual es complicado discriminar la realmente importante y que, en todo caso, resulta casi imposible de procesar con rapidez y rigor; la disyuntiva es clara: o análisis veloces e insustanciales o reflexiones sosegadas y precisas.

Ante semejantes caveats, podría parecer pretencioso, audaz o directamente suicida haber emprendido un proyecto como la presente tesis doctoral justo en medio de lo que la gran mayoría de economistas ha denominado la Gran Recesión y otros, no sin gran parte de razón, la Segunda Gran Depresión. Al fin y al cabo, nuestro propósito con este trabajo –escrito entre 2009 y 2010– es, por una parte, reformular algunos aspectos de la teoría de los ciclos económicos a la luz de los nuevos retos que planteaba la crisis y, por otro, utilizar ese marco teórico para analizar los acontecimientos que hasta ese momento habíamos sufrido.

No me cabe duda de que Röpke estaba en lo cierto cuando en 1936 mostraba ese exceso de celo y cautela ante la posibilidad de periclitar preventivamente una teoría de los ciclos económicos que en ese momento todavía estaba gateando. Al cabo, el primer intento serio de sistematizar una teoría científica de los ciclos lo había protagonizado el economista austriaco Ludwig von Mises en 1912 –apenas 25 años antes– con su “Teoría del dinero y el crédito”. Un lapso temporal demasiado reducido como para que el debate científico hubiese proporcionado los suficientes frutos intelectuales.

Además, por si la precocidad de Mises no bastara para hacer buenas las advertencias de Röpke, su libro había sido traducido por primera vez al inglés en 1934 y, sobre todo, sólo recogía un esbozo muy básico de lo que más adelante sus discípulos, y los discípulos de sus discípulos, irían elaborando. Sólo en los veinte años que median entre 1912 y 1932 ya encontramos tres obras claves que refinan, amplían, enmiendan y robustecen de manera muy considerable la teoría de Mises: “La teoría monetaria y el ciclo económico” (1929) y “Precios y Producción (1931) de Friedrich Hayek, y “The Stock Market, Credit, and Capital Formation” (1931) de Fritz Machlup.

En estas circunstancias, era normal y necesario, pues, que Röpke propusiera dejar fermentar durante un tiempo todas las distintas, pero conexas, teorías del ciclo a la espera de obtener el mejor vino posible. Por desgracia, este prometedor programa de investigación iniciado por Mises se vio súbitamente interrumpido y desplazado por el huracán que supuso dentro de la historia del pensamiento económico la irrupción de John Maynard Keynes de la mano de su “Teoría General del empleo, el interés y el dinero” en 1936. La práctica totalidad de la profesión económica fue cautivada por unas, en apariencia, novedosas y revolucionarias ideas del inglés que exudaban un casi absoluto desconocimiento de los rasgos esenciales de la teoría miseana.

Por este motivo, el progreso de lo que podríamos llamar “la teoría austriaca del ciclo económico” sufrió, a partir de 1936, una considerable atrofia académica. La inmensa mayoría de economistas se dedicaron a construir sobre un páramo que poco a poco fue abandonándose y sustituyéndose por otras teorías que en gran medida implicaban regresar al estado de conocimiento sobre los ciclos económicos, no ya anterior a Keynes, sino sobre todo anterior a Mises: una nueva teoría clásica que a la postre negaba la existencia de algún fenómeno que mereciera recibir el nombre de ciclo económico.

Mas, pese a la innegable marginalidad a la que fue relegada la Escuela Austriaca a partir de 1936, durante los últimos 75 años hemos contado con brillantes economistas que han acelerado el proceso de fermentación del vino de la teoría de los ciclos económicos. A destacar, Gottfried von Haberler con su “Prosperity and Depression” (1937), Ludwig Lachmann con su “Capital and its Structure” (1956), Murray Rothbard con su “Man, Economy, & State” (1962), Israel Kirzner con “Essays on Capital and Interest: an Austrian Perspective” (1974), y más recientemente Jesús Huerta de Soto con “Dinero, crédito bancario y ciclos económicos” (1998).

Por tanto, a diferencia de lo que sucedía en 1936, en la actualidad ya contamos con un rico bagaje teórico para examinar la realidad. Con ello no quiero significar, por supuesto, que ya contemos con una teoría definitiva, completa e inmejorable de los ciclos económicos –y, de hecho, a lo largo de la presente tesis trataremos de realizar alguna contribución a la misma– sino que el grado de madurez científica de nuestras herramientas teóricas actuales no tiene parangón con el de los tiempos de Röpke. Lo que el economista alemán reputaba una losa casi insuperable, hoy podemos considerarlo como una carga bastante más llevadera.

El formidable desarrollo científico previo nos permite, pues, no vernos tan abrumados por la marabunta de informaciones propia de todas las crisis y construir sobre un terreno más firme. Si durante la Gran Depresión podía ser loable y beneficioso, pero a la vez precipitado, teorizar en exceso sobre los ciclos, durante la Gran Recesión constituye un imperativo profesional de primer orden, por cuanto coloca al científico social en un pabellón envidiable para contrastar su teoría, pulirla y abrir nuevos horizontes dentro del paradigma económico recibido. No en vano, aun cuando pueda sostenerse que la realidad observable no permite falsar las teorías económicas (Mises 1957), es innegable que sí pone a prueba su capacidad explicativa y, por tanto, fuerza al científico social a revisar y reformular sus puntos más débiles o desatendidos.

En este sentido, la teoría austriaca del ciclo económico de raíz miseana, tal como se halla formalizada en su versión canónica más depurada (Huerta de Soto 1998), permite afrontar con solvencia la tarea de explicar la práctica totalidad de los fenómenos acaecidos durante la Gran Recesión, tanto en su gestación entre los años 2001 y 2006, como en su estallido a partir de 2007. Sin embargo, la crisis inevitablemente ha revelado la necesidad de ahondar en ciertos temas que, habida cuenta del muy limitado y parcial conocimiento de espacio y tiempo que padece todo ser humano, no habían recibido la necesaria atención por parte de los grandes economistas de la Escuela Austriaca.

Así, por ejemplo, se ha hecho necesario teorizar sobre los procesos de expansión crediticia más allá del negocio bancario tradicional (en especial, mediante el endeudamiento a muy corto plazo en permanente renovación), analizar la sostenibilidad de nuevos instrumentos financieros (como la titulización) y, sobre todo, reflexionar sobre las diferencias entre el dinero como bien presente seleccionado por el mercado y el dinero como medio de pago fiduciario privilegiado por el Estado.

Para ello, me he permitido complementar la teoría austriaca del ciclo económico ortodoxa con las valiosísimas aportaciones de un disperso grupo de economistas a los que podríamos calificar de “teóricos de la liquidez”, debido a que han centrado su producción intelectual a desarrollar una teoría del dinero y de la banca que gira en torno al concepto de liquidez. Explícita o implícitamente, todos estos economistas se han visto enormemente influidos por el seminal artículo de Carl Menger –a la sazón, fundador de la Escuela Austriaca– titulado El origen del dinero, donde por primera vez se ofrece una definición científica de liquidez y, más importante, se insiste en la necesidad de edificar toda la teoría del dinero sobre tal concepto.

Podemos incluir en este grupo a economistas tan variados como Benjamin Anderson, Melchior Palyi, Charles Rist, Heinrich Rittershausen, Jacques Rueff, Harry Scherman, Felix Somary, Vernon Orval Watts, Henry Parker Willis y Hartley Withers. De entre todos, sobresalen dos economistas que, además de conocer a la perfección la teoría austriaca del ciclo económico, han fusionado las inconexas aportaciones de los teóricos de la liquidez y que, en gran medida, me han servido de inspiración para realizar mi propia integración de esta corriente dentro de la teoría austriaca: el húngaro Antal Fekete y el español José Ignacio del Castillo.

En realidad, dado que tanto la Escuela Austriaca como los teóricos de la liquidez comparten un tronco común –la obra de Carl Menger–, el encaje ha sido bastante natural. De hecho, bien podríamos considerar a los teóricos de la liquidez como unos teóricos de la Escuela Austriaca muy asistemáticos que trataron de realizar sus aportaciones de manera aislada y que, por consiguiente, no fueron incorporados adecuadamente al acervo de pensamiento mayoritario. Por suerte, las exigencias de innovación teórica que ha planteado la Gran Recesión han hecho aconsejable rescatar sus mejores ideas, reforzando el corpus teórico austriaco de tal manera que pueda hacer frente a todas o casi todas las cuestiones que emergen con la crisis.

En este sentido, la teoría austriaca del ciclo económico –complementada con las aportaciones de los teóricos de la liquidez– ofrece una perspectiva científica única para describir y comprender la organización de un sistema productivo y sus fluctuaciones periódicas. Sus tres rasgos fundamentales que, de manera conjunta, la distinguen del resto de corrientes económicas son:

• Una teoría del dinero basada en la liquidez de las mercancías que facilita la comprensión de los procesos de monetización y desmonetización de los bienes económicos con el objetivo de hacer posible la coordinación interespacial e intertemporalmente de los agentes económicos.
• Una teoría real del interés –entendido como la prima de valor de los bienes presentes sobre los bienes futuros– que permite comprender cómo los agentes, al disponer de un valor actual para los lejos e inciertos bienes futuros, colaboran tomando decisiones de producción que son intertemporalmente consistentes con las necesidades de los consumidores.
• Una teoría del capital que, desde el punto de vista individual, se fija en las relaciones entre la liquidez del activo y del pasivo de cada agente económico y, desde un punto de vista social, remarca el proceso de estructuración de los activos en forma de bienes de capital heterogéneos, específicos, complementarios y difícilmente convertibles a través de los cuales se ejecuta la cooperación intertemporal de los agentes.

Estos tres puntos de partida –que serán objeto de un desarrollo mucho más intenso en los tres primeros capítulos de la parte teórica de la tesis– serán los cimientos sobre los que construir el resto del andamiaje de la teoría del ciclo: los bancos y su capacidad para expandir el crédito de manera insostenible (capítulo 4), los efectos distorsionadores de esta expansión crediticia sobre la organización económica  (capítulo 5) y el origen y la influencia del dinero fiduciario sobre el proceso de creación crediticia y de manipulación de la estructura productiva (capítulo 6).

Al final de esta primera parte de la tesis, comprobaremos que los ciclos económicos son una consecuencia directa del abuso del crédito por parte del sistema bancario como herramienta para controlar más bienes presentes (a costa de bienes futuros) que aquellos a cuya disposición otros agentes han renunciado previamente (ahorro). Y, así, una vez pergeñada la teoría del ciclo, procederemos a aplicarla en la tercera sección a los acontecimientos que han rodeado a la Gran Recesión. Antes, como intermedio y punto de unión entre ambas partes, efectuaremos un breve análisis sobre el papel de los productos de financiación estructurada –en particular, los ABS, ABCP, CDO y CDS– a la hora de expandir el crédito y potenciar la iliquidez de los agentes, lo que nos permitirá comprender sus efectos sobre los ciclos en general y sobre este último en particular.

En última instancia, pues, las notas novedosas de esta tesis serán, por un lado, la aplicación por vez primera de la teoría austriaca del ciclo a los acontecimientos de la Gran Recesión y, por otro, el enriquecimiento de este marco analítico merced a la incorporación al mismo de las contribuciones de los teóricos de la liquidez.

Salvo por el esfuerzo integrador –que en sí mismo constituye un valor–, sin embargo, la primera sección de la tesis presentará escasas innovaciones teóricas con respecto a toda la diseminada literatura existente. Aun así, existen dos excepciones que sí me gustaría destacar en esta introducción por constituir, hasta donde me alcanza, sendas novedades teóricas con una relevancia potencialmente muy grande. Ninguna de las dos ha sido por entero una idea original mía, pero sí creo haberlas desarrollado y puesto en valor lo suficiente como para que adquieran una entidad propia frente a sus dos fuentes originales.

La primera de ellas –que bebe de Jacques Rueff y de Antal Fekete– está contenida en el epígrafe 3.9 del apartado teórico y permite comprender cuáles son las consecuencias reales de un incremento en la demanda de dinero más allá del incremento de su poder adquisitivo. En efecto, cuanto más aumenta la demanda de dinero, más rentable deviene trasladar factores productivos a fabricarlo, lo que en un sistema de patrón oro puede hacerse por dos vías: o trasladando a los factores a las minas o produciendo bienes de consumo altamente demandados contra los que puedan girarse letras de cambio que hagan a las veces de dinero.

En otras palabras, a diferencia de lo que ha sostenido el pensamiento keynesiano, la demanda de dinero –el atesoramiento– no es una demanda estéril que cortocircuite el poder adquisitivo y la coordinación social. Al contrario, el atesoramiento constituye una señal esencial del sistema económico que lo empuja, vía mayor poder adquisitivo del dinero o vía menor tipo de descuento, a concentrar transitoriamente los recursos en actividades fácilmente reconvertibles, desde las que los factores puedan dirigirse con rapidez a satisfacer las necesidades futuras de los tenedores de los saldos líquidos. Quien atesora demanda al sistema económico que convierta parte de sus factores productivos en reservas para prevenir los peligros de un incierto futuro.

La otra aportación teórica relevante –que, de nuevo, viene inspirada por los escritos de Antal Fekete– está contenida en el epígrafe 5.3 y se refiere a la influencia de las políticas monetarias expansivas en los momentos en los que la demanda privada de crédito se ha agotado por entero ante la insostenible iliquidez de los agentes. En tal caso, la respuesta tradicional keynesiana ha insistido en la necesidad de que la autoridad monetaria trate –probablemente sin éxito debido a la trampa de la liquidez– de forzar una reducción de los tipos de interés del dinero por debajo de la eficiencia marginal del capital con tal de incentivar el gasto privado en inversión. La respuesta de la Escuela Austriaca ante tal política venía siendo doble: o bien no serviría para nada por la extenuación de la demanda de crédito, o bien sólo retrasaría y agravaría la necesidad de un reajuste ulterior.

Sin embargo, lo cierto es que las repercusiones de las políticas monetarias expansivas una vez agotada la demanda privada de crédito son todavía más nefastas que éstas. Los tipos de interés artificialmente bajos impulsados por los bancos centrales incrementan el valor liquidativo de las deudas a tipo fijo y elimina las cargas de intereses en las deudas a tipo variable. En el primer caso, el acreedor pierde todo incentivo a aceptar que su deudor le cancele anticipadamente sus obligaciones salvo entregándole en el presente el importe nominal de todos los pagos de intereses futuros; en el segundo, el deudor pierde todo incentivo a cancelar anticipadamente sus obligaciones con el acreedor salvo que este acepte recuperar menos capital del que adelantó. En ambos casos, el reajuste de los balances privados y de la estructura productiva se estanca hasta que las malas inversiones que acreedores y deudores sufragaron se deprecien por entero.

Tras la lectura del documento, espero haber ayudado marginalmente, tanto al economista teórico como al economista aplicado, a mejorar su comprensión de los ciclos económicos y, en especial, de la Gran Recesión, mostrando el enorme peligro que supone intervenir en el sistema monetario y financiero para lograr una oferta de crédito infinitamente elástica y desligada de las decisiones económicas individuales de carácter real que toman los distintos agentes económicos.

La mayoría de los rotativos atribuía la crisis islandesa a la desregulación financiera y al retroceso del Estado. En sus cabezas, Islandia aparecía como un caso flagrante de libre mercado fracasado. Y no, desde luego, porque el tamaño de su sector público fuera diminuto o se hubiera reducido entre 2001 y 2007; más bien al contrario: justo antes de desatarse la crisis, la presión fiscal islandesa era la novena más alta de la OCDE (41,1% del PIB), por encima de la de países como Alemania o España y al nivel de otros tan socialdemócratas como Francia o Finlandia.

No: si numerosos economistas y periodistas se lanzaron a la piscina de la identificación de Islandia con el mercado libre fue por dos motivos. El primero, relativamente disculpable, es que Islandia concluyó la privatización de su sistema bancario en 2003, y ya se sabe que cualquier país que privatice alguna de sus industrias –especialmente si es la que causa problemas– merece el sambenito de potencia ultraliberal. El segundo, sin embargo, no deja de ser un reflejo de la impotencia que muchos intervencionistas sintieron ante la crisis islandesa: cuando quebraron los bancos de la isla, en octubre de 2008, el Estado se planteó rescatarlos, pero se dio cuenta de que le resultaba del todo imposible, porque las deudas de la banca eran once veces superiores al PIB del país, y para más inri la mayor parte de las mismas eran en moneda extranjera.

Para los amamantados en el mito de la omnipotencia estatal, semejante fiasco, semejante ducha de agua fría, obviamente sólo podía significar que algún tipo de perversa influencia estaba teniendo el ultracapitalismo. Lo que debería haber sido un choque de bruces con la realidad se convirtió en una coartada para seguir creyendo en las bondades del Estado, sólo limitadas por la rapiña de los mercados libres.

El problema, sin embargo, es que nada de todo esto nos ayuda demasiado a esclarecer la realidad y a comprender qué sucedió en ese país europeo. Analizando con un poco de detalle la situación, podemos comprobar que el caso de Islandia no supone ninguna excepción con respecto al del resto de economías: sus bancos se endeudaron masivamente a corto plazo para invertir a largo. En concreto, en algunos momentos de 2008 debían a 3 meses 500.000 millones de coronas islandesas más del dinero que tendrían disponible en ese mismo plazo; una cantidad que equivalía a más del 33% del PIB del país.

Las razones que incitaron a los bancos a emprender esa insostenible estrategia financiera las he expuesto de manera extensa en muchos otros artículos, así que me limitaré a sintetizarlas: los tipos de interés a largo plazo son bastante superiores a los tipos a corto, de modo que pueden lograrse cuantiosas ganancias tomando prestado al tipo bajo e invirtiendo al alto. Claro que esta estrategia, por rentable que sea, no deja de estar condenada al fracaso: si los pasivos de los bancos vencen mucho antes que sus activos, más pronto que tarde se encontrarán en una situación de iliquidez, antesala de la suspensión de pagos. Que esto último no se produzca se debe simplemente a las permanentes intervenciones de los bancos centrales en los mercados interbancarios tendentes a refinanciar y sostener a los bancos con mayores problemas de iliquidez; es decir: sólo gracias a la manipulación que ejercen los bancos centrales sobre el dinero fiduciario de curso legal, que emiten en régimen de monopolio, los bancos privados pueden seguir endeudándose a corto e invirtiendo a largo, por mucho más tiempo del que sobrevivirían en un mercado libre.

Aun así, los bancos centrales no pueden retrasar indefinidamente el colapso de esta estrategia, ya que el problema subyacente es que se está invirtiendo a través del crédito mucho más de lo que se ha ahorrado, con el resultado de que la estructura productiva de la economía se distorsiona –con demasiada inversión demasiado alejada del consumo final–, y debe terminar reajustándose en forma de crisis económica.

En este sentido, pues, los bancos islandeses no fueron una rara avis. Si acaso, la nota más distintiva hay que buscarla en el hecho de que se endeudaran a corto en moneda extranjera para invertir a largo en moneda nacional. Dado que durante la primera década del siglo XXI los tipos de interés han estado mucho más bajos en Estados Unidos o en la zona del euro que en Islandia, los bancos islandeses emitieron enormes cantidades de deuda a corto plazo en moneda extranjera, que luego convertían en coronas islandesas (el indicador de la masa monetaria, M1, se multiplicó por 5,5 entre 2002 y 2007 frente a un incremento bastante más moderado del 16% en EEUU), y las prestaban a los ciudadanos islandeses. Es una práctica similar a la de los inversores que en España contrataron una hipoteca multidivisa tratando de aprovechar los menores tipos de interés hipotecarios de los sistemas monetarios extranjeros.

Para que nos hagamos una idea: casi el 70% de la deuda de los bancos islandeses había sido concertada en moneda extranjera, especialmente euros, dólares, libras y coronas noruegas. Parte de esa deuda se había vuelto a prestar a extranjeros (los bancos islandeses actuaban en este caso como simples intermediarios financieros internacionales), pero otra porción muy significativa (unos 2,5 billones de coronas islandesas, casi dos veces el PIB de la isla) había ido dirigida a préstamos internos.

Esta enorme expansión del crédito se canalizó especialmente a la minería de aluminio y al sector de la construcción, y tuvo su reflejo en el saldo exterior de Islandia. Dado que los bancos habían concedido a los islandeses mucho más poder de compra del que los islandeses habían producido y ahorrado, las importaciones se dispararon: si en 2003 el déficit exterior era del 0%, en 2006 llegó a situarse en el 30% del PIB.

Todo este entramado –que a medio plazo implicaba un desembolso brutal en divisas extranjeras, de las que carecía el sistema bancario– podría haberse sostenido mal que bien si el banco central islandés hubiera tenido cantidades apreciables de reservas de divisa extranjera para hacer frente a tales pagos. Básicamente, podría haber intercambiado las coronas islandesas que tenían los bancos privados por los euros y los dólares que necesitaban. Sin embargo, la cantidad de divisas extranjeras que suelen hacer falta para este tipo de operaciones son de tal magnitud, que los bancos centrales suelen mostrarse impotentes a la hora de la verdad. Para tomar alguna referencia: antes de sus respectivas crisis monetarias –en 1994 y 2001–, la deuda externa de México era 12 veces superior a sus reservas de divisas extranjeras, y la de Argentina 5; pues bien, la islandesa era, en octubre de 2008, 32 veces superior a las reservas de divisas del banco central, lo que claramente indicaba una fuerte incapacidad para atender los pagos extranjeros, especialmente los concentrados en los vencimientos más inmediatos.

Lo curioso es que casi nadie se percatara de los enormes desequilibrios que presentaba la economía. Para los bancos islandeses, ese volumen de deudas extranjeras significaba que si en algún momento los mercados interbancarios internacionales se les cerraban, no podrían acudir al banco central islandés para refinanciarse, salvo por el importe de sus escuálidas reservas de divisas (aquél puede crear coronas islandesas, pero no dólares o euros). Pero parece que ninguno vio venir los problemas. De hecho, leyendo sus informes anuales uno tiene la impresión de que incluso se mostraban seguros de que contaban con sobradas divisas extranjeras como para atender todos los pagos futuros.

La fuente de esa ilusoria confianza eran uno de esos productos de ingeniería financiera que se desarrollaron a raíz del abandono del patrón oro: los swaps de divisas. Un swap de divisas no es más que un intercambio de los flujos de caja futuros que recibirán los implicados en sus respectivas monedas. Imagine que un empresario español vende su mercancía a Estados Unidos y que, por tanto, cobra en dólares pero que, al mismo tiempo, paga su hipoteca en España en euros; e imagine también que en Estados Unidos hay un empresario en una posición análoga: vende a España y cobra en euros pero paga su hipoteca en dólares. Si los dos empresarios se quedan de brazos cruzados, se enfrentarán al muy temido riesgo de cambio, esto es, a la posibilidad de que, por ejemplo, el dólar se deprecie muchísimo y, por seguir con el ejemplo de arriba, el empresario español vea dispararse el coste real de su deuda en euros (como debe convertir sus ingresos en dólares en euros para pagar la hipoteca, si el dólar se deprecia necesitará muchos más dólares que antes). Así pues, a ambos sujetos les interesa eliminar ese riesgo concertando un swap: el empresario español se compromete a entregar cada año una parte de sus beneficios en dólares al empresario estadounidense, a cambio de que éste le entregue una parte de sus beneficios anuales en euros (por ejemplo, 100.000 euros a cambio de 130.000 dólares). El tipo de cambio se cierra en ese momento (1 euro por 1,3 dólares), y ya pueden olvidarse de la cotización internacional de las divisas.

Los bancos islandeses suscribieron multitud de swaps de divisas para tener cubiertas todas sus posiciones. Lo que no llegaron a comprender fue que el descalce de plazos, haberse endeudado muy a corto plazo e invertido a largo, arramblaba con la asistencia que pudieran prestarles los swaps. Si estás muy endeudado a corto en moneda extranjera, puede que llegue un momento en el que necesites de inmediato cantidades enormes de esa moneda extranjera, mientras que los swaps sólo te proporcionan cada año una pequeña suma: la porción de la inversión a largo plazo que se recupera anualmente. Dicho de otra manera: si un banco ha pedido prestados 100.000 yenes para conceder una hipoteca de 100.000 euros, con un swap podrá convertir cada año en yenes la letra anual que pague su deudor (por ejemplo, 10.000 euros), pero no de repente la totalidad de la hipoteca.

Así pues, mientras los bancos centrales extranjeros seguían expandiendo masivamente el crédito (entre 2002 y 2005), los bancos islandeses no tenían demasiados problemas para renovar sus deudas a corto plazo en moneda extranjera. Simplemente tenían que acudir a los mercados interbancarios y pedir una refinanciación de sus créditos. No obstante, cuando a partir de 2006 el grifo del interbancario comienza a cerrarse, Islandia empieza a experimentar graves dificultades en forma de inflación y depreciación de la corona. Sin embargo, las fuertes subidas de los tipos de interés (del 9 al 12,75%) dictadas por el banco central consiguen frenar el proceso inflacionario y postergarlo; hasta que la crisis de liquidez se manifiesta en toda su intensidad: agosto de 2007.

A partir de esa fecha, para atender a sus pagos en divisa extrajera, a los bancos islandeses no les queda más remedio que pedir prestadas coronas al banco central e intercambiarlas por euros, dólares y demás monedas, lo cual provocará una intensísima depreciación de la corona, hasta el punto de que en marzo de 2008 ésta había perdido el 30% de su valor con respecto al euro.

El banco central islandés continúa aumentando los tipos de interés hasta llegar al 15% en septiembre de 2008, tanto para limitar las peticiones de crédito de los bancos como, sobre todo, para conseguir que los extranjeros conviertan sus monedas en coronas y las depositen al 15% en la isla. Además, en ese período también logra que el banco central de Noruega le conceda un crédito extraordinario para poder refinanciar las deudas nominadas en coronas noruegas. Los esfuerzos no son del todo en vano, porque aunque la inflación sigue escalando hasta el 14%, la depreciación de la corona islandesa se detiene.

Sin embargo, este encaje de bolillos salta por los aires cuando quiebra Lehman Brothers y el pánico se extiende por todos los mercados financieros del mundo. A partir de ese momento, el crédito se restringe de manera muy considerable y los tres grandes bancos islandeses –el Glitnir, el Landsbanki y el Kaupthing– entran en quiebra, a raíz de lo cual pasan a ser controlados por el Estado. Si hubieran dispuesto de créditos a corto plazo, habrían podido hacer frente a sus obligaciones a corto, o, en caso de que hubieran tenido sus deudas a corto en moneda nacional, el banco central podría haber refinanciado sus operaciones durante un tiempo. Pero como no era ninguno de esos casos, se veían forzados a vender sus activos a largo plazo en moneda nacional para acudir con las resultas a los mercados internacionales de divisas para obtener moneda extranjera a un precio cada vez más alto (ya que necesitaban comprar grandes cantidades de moneda extrajera de manera inminente, y además la expectativa era que la corona se siguiera depreciando). Con lo cual sus activos sufrían un doble recorte: el descuento derivado de vender en grandes cantidades activos a largo plazo y el descuento derivado de convertir apresuradamente el dinero de esa venta en moneda extranjera. Ese doble recorte daba lugar, necesariamente, a su bancarrota.

Como es lógico, esas quiebras generalizaron la desconfianza en la corona islandesa (ya que nadie quiere poseer depósitos en un banco quebrado), y su depreciación se hizo aún más intensa: en un sólo mes pierde el 60% de su valor; con lo cual la sociedad islandesa se ve sumida de súbito en una autarquía de facto ante la imposibilidad de seguir importando: incluso hubo problemas de abastecimiento de comida.

Por su parte, el mercado bursátil islandés, cuyo valor dependía en tres cuartas partes de los tres grandes bancos, se derrumbará después de haber estado cerrado más de una semana: el 15 de octubre pasa de 3.004 puntos a apenas 678 (lejos quedaba su máximo histórico de 9.000, en 2007). Todos los que habían invertido allí perdieron, pues, sus ahorros.

Ante la gravedad de la situación, el Fondo Monetario Internacional interviene proporcionando una línea de crédito extraordinaria por importe de 2.100 millones de dólares, que sin ser demasiado con respecto al monto total (alrededor del 3% de la deuda externa islandesa), sí permitía hacer frente a los compromisos de pago en divisa extranjera a corto plazo y, por tanto, estabilizar el valor de la corona.

Desde entonces, la economía está en bancarrota técnica; pero sigue funcionando gracias al crédito exterior que le van proporcionando los países, al estilo de un deudor moroso al que se le va aplazando la hora del pago.

La mejor manera de comprender el caso de Islandia es, pues, que nos imaginemos el país como un gran banco que se endeudaba a corto plazo y prestaba a largo sin que tuviera, autónomamente, la posibilidad de refinanciar su deuda a corto (como habría sucedido durante un tiempo si su deuda hubiese estado nominada en coronas islandesas). Con semejante imagen en la cabeza, más de uno pensará que, efectivamente, el caso de Islandia es un fallo del libre mercado, ya que nadie obligó al banco “Islandia S. A.” a asumir estrategias financieras tan descabelladas e insostenibles. Lo cual, claro, sería cierto… si pensáramos que el sistema financiero y monetario actual tiene algo de libre.

En realidad, si uno abandona la ceguera monetarista, la crisis de Islandia es todo un ejemplo de qué le puede suceder a un país en un sistema de dinero fiduciario nacional. Islandia simplemente se sumó a la expansión crediticia que llevaron a cabo los bancos centrales extranjeros –principalmente, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo–, bajo la absurda hipótesis de que esas inyecciones continuas de liquidez que presionaban artificialmente a la baja los tipos de interés se mantendrían de por vida.

Nada de esto podría haber ocurrido –o al menos no durante un plazo tan prolongado, que fue lo que volvió dramática la situación en Islandia– en un sistema monetario de patrón oro. En ese marco, los bancos centrales no tienen la capacidad de crear dinero fiduciario nacional para refinanciar las deudas a corto plazo de sus bancos, con lo cual a éstos no les resulta posible expandir el crédito sin respaldo previo de ahorro.

Por consiguiente, en un sistema de patrón oro Islandia no podría haberse endeudado masivamente a corto plazo ni en moneda nacional (oro) ni en moneda extranjera (oro), con lo cual no se habría producido la hipertrofia bancaria, que copó el mercado bursátil, ni los bancos (que hubieran sido más pequeños… y solventes) habrían quebrado. Además, el valor de la corona islandesa, al estar respaldado por el oro, no habría fluctuado lo más mínimo con respecto al de otras divisas (también respaldadas por el oro; con lo cual los tipos de cambio no variarían, serían fijos) y la sociedad islandesa no se habría visto desprovista de importaciones.

Por mucho que les pese a ciertos economistas adoradores del papel moneda, éste tiene bien poco que ver con el libre mercado, ya que es fruto de una imposición estatal (monopolio de emisión más curso forzoso) destinada a privilegiar a los bancos privados y a su insostenible estrategia de descalce de plazos. Y por el mismo motivo, los fallidos swaps de divisas no son un instrumento espontáneo de los mercados libres, sino un mecanismo para tratar de paliar, muy parcialmente, los problemas que genera el abandono del patrón oro.

Sí, los bancos islandeses actuaron libremente, pero sólo dentro de un marco impuesto por el Estado que genera los perversos incentivos para que estas cosas sucedan de manera regular (ciclos económicos). Echar la culpa del colapso islandés al libre mercado sería tanto como decir que la culpa de que un preso que no ha recibido alimento alguno durante semanas es del propio preso porque era libre para deambular por su celda… y aun así no hizo nada para evitar la inanición.

Todo precioso: la imagen del pequeño empresario que con esfuerzo y dedicación dirige una compañía cuasi familiar en medio de un océano de pequeños empresarios que con esfuerzo y dedicación dirigen sus compañías familiares. Un mundo a todas luces irreal pero que parece apetecible y deseable; salvo por un problemilla: como ya han advertido economistas tan notables como Hayek, Kirzner o Huerta de Soto, en ese escenario de competencia perfecta nadie está… compitiendo. ¿Dónde queda acaso la competencia real, ese proceso de rivalidad por el que las empresas luchan entre sí, cuando todos los empresarios están predestinados a vender la misma mercancía al mismo precio?

La respuesta es que en ninguna parte. En la competencia perfecta nadie compite, y como consecuencia todos los capitalistas se convierten en pasivos rentistas que tienen por único mérito el sentarse sobre una montaña de billetes destinados a ser reinvertidos en modelos de negocio que en nada se diferencian unos de otros.

En este modelo ideal, pues, no caben los Warren Buffet, los Steve Jobs, los Sam Walton, los Bill Gates, los Amancio Ortega o los Page y Brin, esas personas que han elevado nuestra calidad de vida hasta cotas que nunca hubiéramos podido imaginar. La competencia perfecta es un modelo demasiado estrecho como para dar cabida a la genialidad, a la eficiencia, a la excelencia, a la innovación constante, a la diferenciación, a las ventajas logísticas, a la reducción persistente de costes, a la retención de clientes mediante la fidelización de los mismos, a la integración de modelos empresariales en busca de sinergias; o, por decirlo más llanamente, a la competencia…

La competencia perfecta parece ser el ideal hacia el que ha de tender el mercado, aun a costa de destruir a las empresas punteras. Así, cuando la economía real se desvía un ápice de ese distópico mundo de competencia perfecta, se encienden todas las luces de alarma y se acaba conduciendo a alguna (gran) compañía a pasar por la trituradora del Tribunal de Defensa de la Competencia. De hecho, toda estrategia empresarial que de alguna forma altere el estado ideal de la competencia, es decir, toda estrategia empresarial que busque, simplemente, la competencia, es considerada automáticamente una práctica monopolística que da lugar a resultadossubóptimos, o sea, que provocará que los precios sean más altos y que haya menos productos en el mercado.

La publicidad, el cuidado de la marca, las mejoras en los productos, las fusiones empresariales, las franquicias, etc., serían ejemplos de maquiavélicas tretas que abocan al mercado al temido “monopolio único” que ya predijera Marx. Se impone, pues, el control y la vigilancia. Pero lo cierto es que no quiero ni imaginarme en qué penosas condiciones viviríamos si las empresas no se publicitaran (¿estaríamos al tanto de la existencia de otros teléfonos móviles que aquellos que se produjeran al lado de nuestra casa?), o no se identificaran con una marca (¿cómo distinguiríamos a las buenas de las malas compañías?), o no diferenciaran sus productos (¿acaso los gustos de los consumidores son idénticos?), o no se fusionaran o compraran las unas a las otras (¿las empresas redundantes sólo deben salir del mercado con dolorosas quiebras que expulsen a todos sus trabajadores y directivos del sector?), o no se franquiciaran (¿un MacDonald’s vendiendo ordenadores personales y otro limusinas?); en cambio, muchos parecen estar dispuestos a censurar este tipo de prácticas antes de plantearse siquiera qué función desempeñan. Sin embargo, otros pocos se muestran más abiertos a aceptar la existencia de un proceso de competencia empresarial demasiado complejo como para encasillarlo en un esquema simplista y empiezan a aceptar que esas prácticas monopolistas tal vez sean instrumentos esenciales para la coordinación entre consumidores y empresarios, y que, por tanto, en su ausencia la cantidad producida de bienes no sería mayor, sino más bien inexistente.

Por fortuna, la publicidad, las marcas y las fusiones ya no son universalmente vistas como malas, pues se entiende que tienden a reforzar y no a restringir la auténtica competencia. Sin embargo, hay una práctica empresarial cuya buena prensa no se ha incrementado lo más mínimo y que, de hecho, sigue siendo vista como una treta cortoplacista por la cual las grandes empresas logran explotar a los consumidores; una práctica de la que se cree no puede salir nada bueno y que está en la raíz de la desaparición de muchos pequeños comerciantes honrados que no pueden competir con los grandes. Me refiero a la política de los precios predatorios.

La política de precios predatorios consiste en colocar el precio de un producto por debajo de su coste con la esperanza de acaparar el mercado y eliminar así a todos los competidores; para, acto seguido, imponer unos precios elevadísimos a unos consumidores carentes ya de alternativas. En definitiva: con los precios predatorios se atrae a los consumidores a una trampa segura de la que no podrán salir.

Ciertamente, muchas personas piensan que las políticas de precios predatorios son algo relativamente habitual en el mundo de la gran empresa. Al fin y al cabo, sólo ellas disponen del músculo financiero suficiente como para aguantar durante largos períodos de tiempo unos precios de venta inferiores a los de coste; en cambio, las pequeñas compañías apenas tienen la opción de aguantar unos meses de malas ventas. Un motivo más, pues, por el que esa jungla que es el capitalismo sea férreamente regulada y sometida a controles estatales.

Claro que toda persona que apele a las estrategias empresariales de precios predatorios para justificar el intervencionismo estatal se encontrará, de entrada, con un problema: no existen experiencias históricas de políticas exitosas de precios predatorios. No hay constancia empírica de empresa alguna que haya conseguido imponer precios altísimos tras seguir una agresiva estrategia de precios bajos.

Tal es el divorcio entre teoría y realidad, que el Premio Nobel George Stigler llegó a decir que le parecía vergonzoso que los economistas profesionales se siguieran tomando en serio las políticas de precios predatorios.

Vergonzoso o no, la teoría que nos han legado los defensores del artificio de la competencia perfecta parece razonable. ¿Quién puede negar que a las grandes empresas les interesa convertirse en monopolios tras eliminar a toda la competencia con una política de precios artificialmente bajos? El sentido común parece conducirnos a acusar a las grandes corporaciones de querer y poder dominar el mundo. Mucho me temo, sin embargo, que no es tan sencillo. Si la experiencia se da de tortas con la teoría, quizá sea porque la teoría no esté demasiado bien construida: tal vez, por ejemplo, existan obstáculos insalvables para que una gran empresa logre eliminar de manera permanente a sus competidores vendiendo por debajo del coste.

Empecemos por lo básico. El beneficio de una empresa es el resultado de multiplicar sus ventas por el margen de ganancia unitario, esto es, de multiplicar el número de unidades vendidas por lo que se gana al vender cada unidad. A su vez, este margen de ganancia unitario es el resultado de restar al precio de venta los costes medios de fabricar cada unidad. Así:

Beneficio = (Precio – Coste) x Ventas

La estrategia de precios predatorios consistiría precisamente en que el precio fuera inferior al coste –lo que arrojaría durante un tiempo ciertas pérdidas– para, una vez quebrada toda la competencia, colocar el precio muy por encima del coste y amasar enormes beneficios.

Como decía, suele pensarse –erróneamente– que son las grandes empresas las que tienen mayor cintura para acometer esta estrategia, por su capacidad para soportar pérdidas durante largo tiempo. Sin embargo, conviene fijarse en la fórmula anterior: una gran empresa vende muchas unidades de un producto, de modo que si reduce su precio por debajo del coste, las pérdidas que soportará serán enormes. Imaginemos dos empresas que ofrecen un precio de 10 euros por un producto que les cuesta producir 5. La primera vende anualmente 100.000 unidades, mientras que la segunda apenas llega a las 1.000. Si, como se piensa generalmente, fuera la empresa grande la que llevara a cabo una política de precios predatorios –dejándolo en 2 euros, por ejemplo– para eliminar a la pequeña, tendría que soportar unas pérdidas anuales de 300.000 euros; en cambio, si fuera esta última la que se decidiese por tal práctica, tendría unas pérdidas de apenas 3.000 euros.

En otras palabras: pese a la percepción mayoritaria, las empresas grandes están peor situadas que las pequeñas para colocar sus precios por debajo de los costes, ya que pierden dinero sobre un número mucho mayor de unidades. ¿De verdad nos creemos que un tigre se lanzará al abismo para cazar cualquier mosca que ande por ahí revoloteando? Si una empresa ya tiene un tamaño considerable, tenderá a desentenderse de las pequeñas –al menos mientras no crea que constituyen una amenaza potencial–, y desde luego no recurrirá a vender a pérdida millones y millones de unidades con el objetivo de sacarlas del mercado. Sería tanto como decir que Amazon vigilará si resurge una librería en algún barrio de Madrid y se preparará para, si efectivamente resurge, hundirla a base de vender en todo el mundo sus libros por debajo de coste. Mal negocio.

Es cierto que las grandes empresas cuentan con más recursos para amortiguar las pérdidas, pero eso no quita para que la cantidad de capital que necesiten movilizar a fin de practicar elpredatorismo sea mucho mayor que la que habrían de movilizar las pequeñas. Un banco puede fácilmente conceder un crédito a una compañía para que soporte durante un tiempo pérdidas de 3.000 euros, pero lo tendrá mucho más complicado para otorgar un crédito cien veces mayor (aun cuando la solvencia de la empresa grande sea superior a la de la pequeña).

Así las cosas, lo habitual será más bien que sean las empresas pequeñas las que inicien una política de precios predatorios para ir introduciéndose poco a poco en el mercado. Las campañas de lanzamiento –en las que una empresa rebaja el precio de su producto para que los consumidores lo vayan conociendo– están a la orden del día, y lo están obviamente en empresas que se introducen en un nuevo sector y cuya cuota de mercado es, al comienzo, del 0%.

Pero tampoco pensemos que todo el monte es orégano para las empresas pequeñas. Otro de los grandes problemas que tienen las políticas de precios predatorios es que, al rebajar exageradamente los precios, el número de consumidores que demandan la mercancía se dispara. Y pese a que algunos economistas crean que una mayor demanda genera automáticamente la oferta necesaria para satisfacerla, lo cierto es que esto no siempre es posible. La estructura productiva de una compañía, grande o pequeña, está adaptada para producir una determinada cantidad de productos. Si el número de sus clientes se dispara, la mercancía se agotará antes de que todos ellos puedan adquirirla al precio artificialmente bajo. Las pequeñas empresas no podrán, pues, penetrar demasiado en el mercado con políticas de precios predatorios, simplemente porque no tendrán capacidad para satisfacer toda la demanda.

Por esto, las políticas de precios predatorios tienen costes para una compañía muy superiores a los que hemos calculado. Primero, porque en el cálculo anterior hemos supuesto que las ventas se mantenían constantes cuando el precio bajaba de 5 a 2, pero obviamente hay que tener presente que aumentarán, y con ellas lo harán las pérdidas. Imaginemos que la gran empresa ve aumentar sus ventas de 100.000 a 200.000: las pérdidas se incrementarán de 300.000 a 600.000. Y, en segundo lugar y sobre todo, porque si una empresa quiere comenzar una estrategia de precios predatorios, deberá contar en todo momento con un excedente de capacidad productiva del que poder echar mano para abastecer a los demandantes. Ese excedente de capacidad productiva tiene un coste, pues parte de la maquinaria y de las instalaciones de la compañía permanecerán ociosas cuando la empresa supuestamente se convierta en monopólica, recorte la producción y suba el precio.

Claro que hasta que llegue el momento monopolístico puede pasar mucho tiempo. El hecho de que un competidor cierre sus instalaciones no significa que la gran empresa se haya librado definitivamente de él, pues siempre puede volver a poner en funcionamiento sus máquinas cuando aquélla incremente sus precios para explotar a los consumidores. Para eliminar definitivamente la amenaza de los competidores, las grandes empresas deberían mantener sus precios por debajo de sus costes el tiempo suficiente como para que las demás compañías pierdan por completo – y no sólo de manera temporal– la capacidad de producir la mercancía objeto del predatorismo.

Por supuesto, la gran empresa también tiene la opción de adquirir a todas las pequeñas compañías en lugar de tratar de destruirlas vendiendo por debajo de coste. Pero en este supuesto debería pagar precios crecientes por las mismas (el fondo de comercio de esas compañías, esto es, su capacidad para generar beneficios, hace que sus precios sean superiores a lo que cuestan por separado los activos que las componen). Así, ya sea desgastando a los rivales o comprándolos, la gran empresa se verá abocada a subir significativamente los precios durante un largo período de tiempo; no ya para obtener beneficios extraordinarios en el futuro, sino para recuperar las pérdidas pasadas. Sea como fuere, y aquí radica la clave del asunto, si en el mercado existe libertad de entrada, habrá una fuerte tendencia a que esa gran compañía que se ve impulsada a vender a altos precios se enfrente a nuevos competidores con costes más reducidos, que le irán arrebatando cuota de mercado…

Por tanto, la práctica de precios predatorios arrojaría en las grandes empresas unas pérdidas iniciales tan descomunales (margen de ganancia negativo hasta que los competidores desaparezcan por entero del mercado, o sobreprecio por adquirir los activos de la competencia, más el coste de oportunidad de tener un exceso de capacidad que no se empleará más adelante) que para compensarlas deberían fijar unos precios de venta futuros tan elevados que supondrían todo un reclamo para la entrada de nuevos competidores, quienes vendieran a precios más ajustados a sus costes. Competidores que, para más inri, la gran empresa no podría eliminar, ya que en algún momento deberá empezar a compensar sus pérdidas dejando de vender por debajo de coste.

Además de todos estos problemas, existe otro importante obstáculo para aquellos empresarios que quieran incurrir en la práctica de precios predatorios, y que ilustra perfectamente el caso de Herbert Dow.

Tal y como suele explicar el historiador Thomas Woods, a finales del s. XIX Dow era propietario de una exitosa empresa química en Estados Unidos. Buena parte de su éxito se debía a su propio esfuerzo, que le llevaba en ocasiones a trabajar 18 horas diarias y a dormir en la propia sede de la empresa. Dow fue capaz de extraer bromo de la salmuera utilizando un método muy barato, por lo que pudo abastecer los mercados estadounidense y europeo a precios muy competitivos. Al expandirse por Estados Unidos no encontró resistencias importantes, pero en Europa dio con el cártel alemán del ramo, que le lanzó la siguiente amenaza: “Si osas entrar en nuestro mercado, iremos a Estados Unidos a vender el bromo a precios ridículamente bajos para arruinarte”.

Dow no se amilanó, y comenzó a vender bromo en Inglaterra a 36 céntimos la libra, bastante por debajo de los 49 del cártel alemán. Al poco tiempo, éste cumplió con su amenaza y empezó a inundar el mercado estadounidense con enormes cantidades de bromo a un precio muy por debajo de sus costes: 15 céntimos la libra. El cártel esperaba que de este modo Dow se sometiera a sus exigencias. Sin embargo, lo que hizo fue empezar a vender en Europa a un precio extraordinariamente barato: 27 céntimos la libra, incluso por debajo de sus costes. Obviamente, el cártel no podía competir con esos precios, pues debía compensar las pérdidas que sufría en Estados Unidos con los beneficios extraordinarios que debería haber cosechado en el Viejo Continente.

Muchos pensaron que se trataría simplemente de una guerra de desgaste: si tanto el cártel alemán como Dow estaban vendiendo por debajo de coste, todo era cuestión de esperar a ver quién desaparecía antes del mapa. En un momento de desesperación, allá por 1908, el cártel alemán incluso llegó a vender el bromo a poco más de 10 céntimos la libra, pero Dow se mantuvo firme: cuanto más barato vendían los alemanes en Estados Unidos, más barato lograba vender él en Europa.

Finalmente se descubrió el pastel: Dow estaba dando instrucciones a sus agentes para que compraran todo el bromo que el cártel alemán vendía por debajo de coste en Estados Unidos con el objetivo de revenderlo con ganancias en Europa. El cártel germano estaba cavando su propia tumba. Al final llegaron a este acuerdo: Dow vendería en Estados Unidos, el cártel en Alemania y en el resto del mundo competirían.

Moraleja de esta instructiva historia: siempre que sea posible revender un producto, habrá importantes incentivos a que los productores y los intermediarios adquieran tanta cantidad de él como puedan a precios inferiores al coste para posteriormente revenderlo en el mercado: es una forma indirecta de producir a muy bajo coste… gracias a los tejemanejes de quienes pergeñan políticas de precios predatorios.

***

Llegados a este punto, podemos decir sin temor a equivocarnos que si en la práctica no se conocen experiencias exitosas de precios predatorios, en términos teóricos se trata de una estrategia monopolística sin consistencia alguna. Es el concepto cortoplacista y estático de la competencia, propio de ciertos modelos neoclásicos, lo que hace que nos olvidemos de los distintos procesos de coordinación empresarial que, a largo plazo, permiten incrementar la producción y reducir los precios… en contra de quienes ven y vaticinan monopolios por todas partes.

Lo de vender por debajo de costes sólo tiene sentido como parte de una campaña de lanzamiento de una empresa pequeña; y siempre que se controlen los riesgos de incurrir en una guerra de precios, dado que se podría correr el peligro de, en lugar de eliminar la competencia, volverla mucho más dura. Si alguna gran empresa decidiera iniciar una de esas campañas, el resultado final será sólo uno: durante un tiempo los consumidores habrían conseguido adquirir bienes extraordinariamente baratos a costa de hacerle perder mucho dinero. Lo demás es puro sesgo antimercado procesado por una teoría económica bastante deficiente.

Habitualmente podemos escuchar al lobby agrario protestar por los infladísimos márgenes de beneficio que obtienen los intermediarios, al adquirir sus productos a unos precios misérrimos y revendérselos carísimos al consumidor. Así, por ejemplo, la Coordinadora Estatal de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) no vacila en declarar: “Las cadenas de intermediarios suelen obtener, sin apenas asumir riesgos, un margen de beneficio que a menudo supera el 450%”, y Eladio Aniorte, presidente de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Alicante, subió el envite al afirmar recientemente que en ocasiones esos márgenes alcanzan “el 6.000%”. Ahí es nada.

El argumento que pretende inferirse de estos escandalosos datos es doble: por un lado, que los intermediarios incrementan los precios que pagan los consumidores; por otro, que los campesinos están siendo explotados por una mafia de intermediarios que les abona unos precios mucho menores a lo que podrían y deberían obtener para mantener las explotaciones agrarias a flote. Estas soflamas vienen en parte avaladas por las instituciones públicas, que disponen de todo un Observatorio dedicado a estudiar los precios de origen que reciben los productores y los precios de destino que pagan los consumidores, y en cuyas publicaciones pueden encontrarse, en efecto, cifras tan escandalosas como ésta: los plátanos, en origen, cuestan 12 céntimos el kilo; en destino, 1,83 euros.

Pese al aparente consenso de quejas y datos en torno a la innecesaria y maléfica labor que realizan los intermediarios, me sorprende que incluso parte de quienes se consideran liberales, al reconocer las fundamentales contribuciones de la economía de libre mercado, hayan comprado esta mercancía averiada. Y digo “mercancía averiada” porque es un razonamiento que se opone a la teoría económica más elemental sobre la formación de los precios, que debería estar al alcance de todo científico social.

A la vista del predicamento que ha logrado la propaganda que el lobby agrario difunde diariamente sobre su deplorable situación, conviene aclarar qué sostiene esta teoría económica tan básica, para luego tratar de arrojar algo de luz sobre esta polémica.

Márgenes, márgenes, márgenes

Toda la teoría de los precios gira en torno a márgenes que intentan arbitrar todos los agentes económicos. Es imposible entender realmente cómo se forman los precios si no empleamos la herramienta de los márgenes.

¿Y qué es un margen? Simplemente, un diferencial entre dos valores. En este sentido, arbitrar un margen consiste en aproximar esos dos valores, reduciendo así su diferencial. ¿Cómo? A través de unas operaciones muy sencillas que están a la orden del día: comprar, vender, dejar de comprar y dejar de vender.

Básicamente, existen tres márgenes importantes, que los agentes económicos intentan explotar. El primero es el margen de los consumidores, que consiste en el diferencial entre la utilidad que obtenemos por un producto y el precio que pagamos por él (al que llamaremos precio pedido o asked price). Siempre que la utilidad de un bien sea superior al precio pedido, el consumidor seguirá comprando, y al hacerlo hará subir el precio y bajar la utilidad (ya que las unidades adicionales de un producto las valoramos menos que las anteriores), con lo que el margen del consumidor se irá reduciendo.

El segundo margen es el de los productores, formado por el diferencial entre el precio al que pueden vender un producto (al que llamaremos precio ofrecido o bid price) y su coste medio de producción. Siempre que el precio ofrecido sea superior al coste medio de producción, el productor seguirá vendiendo unidades adicionales del bien, lo que hará que su precio caiga (para vender más hay que bajar el precio) y que sus costes suban, lo que acabará por reducir su margen.

El precio pedido que paga el consumidor y el precio ofrecido que recibe el productor no coinciden. Y no lo hacen, simplemente, porque no todos los consumidores y no todos los productores están en el mismo sitio y en el mismo momento a la hora de realizar sus transacciones. Si queremos comprar, hemos de encontrar a un vendedor que esté dispuesto a vendernos la mercancía en ese momento; y si la queremos vender, hemos de encontrar a un consumidor que la quiera adquirir en ese preciso instante.

En cierta medida, pues, el consumidor que quiere comprar (incluso puede estar desesperado por hacerlo) ha de ajustarse al precio que le piden los productores que tiene más a mano (precio pedido). Así, un consumidor madrileño tendría que conformarse con los precios que le pidieran los productores locales que consiguiera localizar si se marchara al campo a hacer la cesta de la compra; precios que podrían alcanzar cuantías muy considerables, habida cuenta de la estrechez de la competencia. Pero no podría ni siquiera soñar con acceder a productos gallegos o murcianos, y mucho menos a los chinos.

De la misma manera, el productor que quiere vender (incluso puede estar desesperado por hacerlo) ha de ajustarse al precio que le ofrecen los consumidores que tiene más cercanos (precio ofrecido). Imagine a un productor madrileño visitando a las familias que le quedan más cerca de su explotación con su tráiler de mercancías, que ofrecería como si se tratase de un vendedor ambulante de enciclopedias. Dado que su capacidad para viajar con toda su mercancía a cuestas no sería muy grande, tendría que vender (malvender) su producción a los precios que las pocas familias que visitara estuvieran dispuestas a pagarle. Obviamente, debería olvidarse de vender a Estados Unidos o a Japón, a menos que dispusiera de un jet privado y asumiera los elevadísimos costes de transporte.

Las circunstancias particulares de cada consumidor y productor determinan, por tanto, una enorme variedad de precios pedidos y ofrecidos para un mismo producto. Y de aquí surge el tercer margen que pueden explotar los agentes económicos: los diferenciales entre precio pedido y precio ofrecido.

Si los compradores abonan por sus compras a la desesperada precios pedidos muy altos y los productores reciben por sus malas ventas precios ofrecidos muy bajos, parece claro que existe una importante oportunidad de ganancia para aquellos agentes que se dediquen a comprar mercancía a los productores (precios ofrecidos bajos) para vendérsela más adelante a los consumidores (precios pedidos altos). Estos agentes especializados en este tipo de transacciones son, precisamente, los intermediarios, o, tal y como se los conoce en la jerga financiera, los market makers (creadores de mercado).

Los intermediarios se dedican a comprar su mercancía a unos productores muy dispersos en el espacio y a acumularla durante el tiempo que consideren adecuado para ir vendiéndosela a unos consumidores también muy dispersos. La actividad del intermediario consiste, precisamente, en eso: concentrar la mercancía dispersa, clasificarla, ordenarla por calidades, acumularla y desacumularla, según sus expectativas sobre las necesidades de los consumidores, y distribuirla por los distintos puntos de venta. Se trata de una actividad muy compleja, en la que claramente es esencial conocer bien el mercado: sus participantes, sus productos y sus circunstancias. El riesgo en el que incurre el intermediario es el de no poder vender a buenos precios y lo suficientemente rápido toda la mercancía que ha comprado: pensemos que no compra para sí, sino para otros, y si su juicio empresarial sobre qué quieren esos otros yerra, tendrá que malvender sus enormes inventarios.

Lo importante, sin embargo, es que nos fijemos en cuál es la influencia del intermediario sobre los precios que pagan los consumidores (precio pedido) y los que reciben los productores (precio ofrecido). El intermediario incrementa la demanda total a la que se enfrentan los productores, de modo que aumenta el precio ofrecido; pero como también aumenta la oferta total de que disponen los consumidores, igualmente reduce el precio pedido. Así pues, gracias a los intermediarios, los productores reciben precios más altos y los consumidores pagan precios más bajos: justo lo contrario que establece el razonamiento más extendido en la calle, según el cual los productores reciben precios menores y los consumidores abonan precios mayores por culpa de los intermediarios.

De hecho, nada impide a los productores tratar de saltarse a los intermediarios y vender directamente a los consumidores si es que creen que por esa vía lograrán precios más elevados y un mayor volumen de ventas. El problema suele estar en que, como apuntábamos antes, tanto el precio ofrecido como el volumen de las operaciones que pueden lograr en una relación directa con el consumidor suelen ser mucho más bajos que los que pueden conseguir de los intermediarios.

Además, este simple esquema de arbitraje de precios nos sirve para mostrar la errónea idea de que el precio pedido que pagan los consumidores depende de la suma de los costes de productores e intermediarios (de lo que se sigue que a mayor número de intermediarios, mayores costes y mayores precios). En realidad, el consumidor es soberano en el mercado y es quien determina toda la estructura de precios y costes.

Si la utilidad de algunos consumidores cae por debajo del precio pedido de un producto, dejarán de comprarlo y pasarán a adquirir otro. Esto a su vez provocará que los intermediarios no puedan dar salida a todo su inventario si no venden a unos precios pedidos inferiores a los ofrecidos que pagaron en su momento a los productores. Por ello, si los productores quisieran vender en lo sucesivo, todas sus mercancías deberían reducir los precios ofrecidos; y aquellos productores cuyos costes medios quedaran por debajo de los nuevos precios ofrecidos deberían abandonar el sector y trasladarse a otro (que sería, justamente, el del producto que pasaron a adquirir los consumidores). Finalmente, a través de esta sangría de productores, los costes medios se reducirían hasta igualarse con los nuevos precios ofrecidos.

Por consiguiente, vemos que en el fondo es el precio que están dispuestos a pagar los consumidores lo que determina los costes, y no al revés, como se suele asumir: no importa cuántos intermediarios haya, pues su tarea no consiste en incrementar los costes, sino en arbitrar los márgenes pagando más a los productores y cobrando menos a los consumidores. Los márgenes no surgen porque haya intermediarios: más bien hay intermediarios porque existen los márgenes, y sólo mientras sigan existiendo.

Sopa inglesa: mark-ups, margins y ROA

Pese a haber analizado cómo se forman los precios en una economía de libre mercado y pese a haber llegado ya a conclusiones radicalmente opuestas a las que postula la sabiduría convencional, todavía no podemos analizar en propiedad la verosimilitud de las denuncias del lobby agrario.

Y es que, antes que nada, nos encontramos con un problema de nomenclatura que, en cambio, no padecen los ingleses. El inglés distingue acertadamente entre margin y mark-up. En español, sin embargo, sólo tenemos una palabra para reflejar estas dos realidades: margen. Cuando los agricultores se quejan del margen de los intermediarios se refieren al mark-up inglés, esto es, a cuánto mayor es el precio en destino que el precio en origen. Si, como veíamos antes, se acusa a los intermediarios de disfrutar de un margen del 6.000%, esto viene a significar que el precio en destino aproximadamente se multiplica por 60. El mark-up sería, pues, del 6.000%. El margin, en cambio, nos indica qué porcentaje de los ingresos se apropian como beneficio los intermediarios. En otras palabras, si yo vendo mi mercancía por 10.000 euros, ¿qué parte me queda limpia en ganancias? A diferencia del mark-up, el margin nunca puede ser, por motivos obvios, superior al 100%.

Problema con el margin: es bastante arbitrario. Los beneficios que obtengamos dependerán de los costes que consideremos. Así, según qué costes metamos en el cómputo, nos encontraremos con dos tipos de margin: el de beneficios bruto y el de beneficios neto. El margen de beneficios bruto sólo contabiliza el coste de la mercancía que vendemos. De este modo, con un mark-up de 6.000%, nuestro margen de beneficio bruto sería de aproximadamente el 98%. Ahora bien, un margen de beneficio bruto tan elevado ni siquiera nos asegura que el empresario esté ganando dinero, ya que el margen bruto no contabiliza otros costes, como los de personal, las amortizaciones, los financieros o los fiscales.

Imaginemos un intermediario que cada año compre 1.000 tomates a 1 céntimo la unidad y luego los venda por 61 céntimos la unidad. Su mark-up será, efectivamente, del 6.000%, y su margen bruto, del 98%. Ahora bien, supongamos que para realizar esta operación necesita incurrir en unos gastos anuales de 59.000 euros. ¿Saben cuál sería su margen de beneficios neto? Tan sólo el 1,6%. ¿Considerarían que alguien que apenas gana el 1,6% de todo lo que ingresa es un gran explotador?

Bueno, antes de contestar que no de manera apresurada, conviene que tengamos presente que el 1,6% de una cantidad muy grande sigue siendo una cantidad muy grande. Si un empresario tiene una cifra de negocios (ventas) de 100.000 millones de euros (y hay empresas que tienen ingresos tan abultados, por ejemplo General Electric) y se queda con el 1,6%, sigue ganando la cuantiosa suma de 1.600 millones de euros. Tomemos el caso de Wal-Mart, el minorista más importante del mundo: su cifra de negocio a cierre de 2008 fue de 400.000 millones de euros, y su margen de beneficio neto fue del 3,3%, de modo que ganó 13.400 millones de dólares. Sin duda, una gran cifra, que muchos agricultores podrían considerar de justicia que ingresara en sus bolsillos. Sin embargo, no habría que confundirse por los grandes números.

Para saber realmente si los beneficios que obtiene una empresa son realmente extraordinarios hay que mirar su tasa de rentabilidad sobre activos (en inglés, ROA). Por ejemplo, ¿creerían que 13.400 millones al año es mucho dinero si para lograrlos tuviéramos que inmovilizar 1 billón de dólares durante 20 años? Pues no deberían, ya que su tasa de rentabilidad apenas sería del 1,3%, es decir, bastante menos de lo que pagan muchos bancos por un depósito. En la medida en que el capital es un factor escaso, parece lógico que deba recibir algún tipo de remuneración, y esa remuneración es el ROA.

Los beneficios netos, por consiguiente, deben ponerse en relación con el capital que tenemos que inmovilizar para lograrlos. En caso contrario, las cifras no son realmente significativas: hay sectores que necesitan mucho capital, por lo que es lógico que obtengan grandes beneficios (pensemos en la industria aeronáutica o en los astilleros), y otros que emplean muy poco capital, de ahí que les baste con beneficios menores para repartir a sus poco comprometidos accionistas (por ejemplo, un vendedor ambulante). En el caso de Wal-Mart, en 2008 sus beneficios fueron de unos 13.400 millones de dólares, y para lograrlos tuvo que inmovilizar 163.000 millones de dólares, lo que nos lleva a un ROA del 8,2%; una rentabilidad aceptable que demuestra lo eficiente que sigue siendo esa compañía 40 años después de su creación.

En definitiva: la mejor medida para conocer la rentabilidad real de una empresa es su ROA, ya que pone en relación todos los elementos de la actividad económica. Como segundo mejor indicador, podemos quedarnos con el margen de beneficio neto. El margen bruto y el mark-up no indican absolutamente nada.

Los márgenes del campo español

Ahora sí que podemos ponernos a analizar si es cierto que los intermediarios españoles se quedan con unos escandalosos márgenes que deberían redistribuirse entre los productores (a través de mayores precios ofrecidos) y los consumidores (a través de menores precios pedidos). Ya hemos visto que los márgenes de los que habla el lobby agrario son mark-ups, lo que resulta de todo punto irrelevante para conocer la sostenibilidad y rentabilidad de un negocio. Más bien, tendremos que analizar cuál es el ROA y el margen de beneficio neto de los intermediarios que intervienen en el campo español.

Básicamente, la cadena de intermediaros es así: el agricultor vende al mayorista, el mayorista distribuye al minorista y el minorista vende al consumidor final. Los mayoristas más importantes son los mercados de abastos, como Mercamadrid o Mercabarna; y los minoristas son los supermercados, los hipermercados y las pequeñas tiendas especializadas.

Si los enormes mark-ups que denuncia el campo al reclamar precios más justos proporcionan a los intermediarios unos beneficios tan extraordinarios, deberíamos ser capaces de localizarlos en unos elevados márgenes de beneficio neto y, sobre todo, en unos altísimos ROA. Pero ¿dicen eso realmente los datos?

Cuentas de 2008 (en millones de euros)

Con las cuentas de 2008 en la mano, vemos que los márgenes de beneficio de los minoristas (Mercadona, Eroski, Carrofour y El Corte Inglés) apenas superan el 2%; algunos, por ejemplo Eroski, pierden dinero. Los mayoristas (Mercamadrid y Mercabarna) presentan mayores márgenes de beneficio (33 y 12%), pero en todo caso no demasiado escandalosos, sobre todo cuando los ponemos en relación con el capital que emplean. Y es que, cuando tomamos el ROA, el auténtico baremo de rentabilidad de un negocio, vemos que ninguno está por encima del 7,5%, y que los de algunos, como Carrefour y El Corte Inglés, son muy moderados (2,4 y 2,2%).

¿Es mucho un ROA del 7,5%? Teniendo en cuenta que la rentabilidad nominal media de la bolsa estadounidense a lo largo del s. XX fue del 10%, se trata de una cifra bastante normalita, nada sobresaliente. De hecho, a finales de 2009 aproximadamente un tercio de todas las empresas cotizadas en Estados Unidos tenían un ROA superior al 7,5%.

En definitiva, las rentabilidades de los intermediarios españoles son normales tirando a bajas, y los beneficios extraordinarios no aparecen por ningún lado, al contrario de lo que denuncian los agricultores.

Conclusión

La demonización de los intermediarios es una estrategia bastante extendida en el campo español para tratar de excusar la ineficiencia del propio sector. Desde hace años resulta bastante evidente que en España sobran agricultores, lo que se traduce en un exceso de producción y en unos bajos precios de venta. No se trata de que los intermediarios les paguen menos de lo que deberían, en esencia porque no pueden pagarles mucho más.

En vista de los escasos márgenes y de las escasas tasas de rentabilidad de nuestros intermediarios, no hay posibilidad alguna de subir significativamente los precios ofrecidos que reciben los agricultores. Precios ofrecidos más altos darían lugar a la progresiva quiebra y descapitalización de nuestros intermediarios, lo que a medio plazo significaría un menor volumen de transacciones, precios ofrecidos más bajos y precios pedidos más altos.

Tampoco parece posible que nuestros intermediarios suban los precios que piden a los consumidores para, a su vez, pagar precios más altos a los agricultores. Ya hemos visto que los precios no dependen de los costes, sino al revés, y que por tanto no se puede subir de manera sostenida el precio pedido por encima de la utilidad del producto.

El campo, por tanto, necesita una reconversión urgente, que no ha de pasar por rapiñar a los intermediarios. Los márgenes que están tratando de arbitrar –entre el precio ofrecido y los costes medios de la agricultura– hace tiempo que se estrecharon y que deberían haber dejado de ser explotados. Están realizando actividades que no satisfacen las necesidades de los consumidores.

No se trata de que los agricultores queden fuera de la sociedad, sino de que algunos de ellos desempeñen otras funciones, en aquellas actividades cuyos márgenes sean positivos. Por desgracia, parece que la estrategia que han adoptado pasa por proclamar que parte de los márgenes de los intermediarios les pertenece y, a través de tan injustificados llantos, obtener todo tipo de prebendas. Al menos se nota que han entendido el funcionamiento de sistemas políticos intervencionistas como el español.