Ciertamente, el año que hoy despedimos no ha sido el mejor para la libertad en España: tras 27 subidas de impuestos, varias decenas de miles de millones de euros dirigidos a “sanear” a la banca y la promesa de un rescate en ciernes por parte del BCE que permita a nuestros liberticidas mandatarios consolidar su torcido rumbo, a cualquiera se le atragantan las uvas pensando en lo que nos deparará 2013. Acaso por ello, sin embargo, sea éste un buen momento para reivindicar la labor de un cada vez más imprescindible sector privado. En medio de este ocaso de esos dioses que nunca pasaron de aprendices de brujo, de este creciente desengaño hacia la falta arrogancia de pretender solventar los complejos problemas sociales con las torpes y coactivas herramientas del poder político y de este expansivo hartazgo por la cada vez más indisimulada voracidad de nuestras administraciones, familias, empresas y asociaciones varias deben no sólo de protegerse del pesado pie visible del Estado, sino también cobrar un mayor protagonismo en la articulación de nuestras sociedades.

Desde su creación hace más de siete años, el Instituto Juan de Mariana ha tenido una clara vocación de defensa y promoción de esos dos pilares de toda sociedad libre que nuestros gobernantes no cesan de querer socavar: la propiedad privada y los contratos voluntarios. Si hace siete años, cuando algunos todavía proclamaban ingenua y erróneamente que habíamos llegado al fin de la historia con el triunfo definitivo de la globalización capitalista, el Instituto resultaba enormemente necesario para impulsar una agenda realmente liberal, hoy, cuando lo que constatamos es que continuamos con la misma historia de siempre –la voraz fagocitación del mercado por un mórbido Leviatán desatado a cuenta de esa oportuna crisis gestada por la propia intervención estatal–, todavía lo es más.

Más de siete años, no obstante, dan para mucho, no ya en cuanto a actividades realizadas sino también en materia de organización interna. En este sentido, 2012 ha sido un ejercicio de cambios dentro del Instituto Juan de Mariana: su presidente y fundador, quien desde la constitución había llevado las riendas, Gabriel Calzada, se mudó a Guatemala para, durante este año que ahora entra, asumir el cargo de rector de ese faro de intelectualidad y libertad, no sólo para América Latina sino para todo Occidente, que es la Universidad Francisco Marroquín. Ha tocado, pues, reestructurar la dirección y el equipo del Instituto para tratar de mantener y, en la medida de lo posible ampliar, ese rol oxigenante que este think tank liberal juega dentro del viciado debate político español.

Por un lado, desde mediados de 2012 he tenido la satisfacción de incorporarme como director de este apasionante proyecto. Por otro, Raquel Merino, que ya ocupaba la vicepresidencia con Gabriel, continúa en su cargo, lo que nos permite seguir contando con su valiosa experiencia y profesionalidad, elementos esenciales para explicar el éxito del Instituto durante los últimos años. Y finalmente, la dirección se ha visto enormemente reforzada con la reciente entrada de dos personas que están desempeñando un extraordinario trabajo: en septiembre, se incorporó Luis Alberto Iglesias como director de Comunicación, y tan sólo un mes después lo hizo Inés Calzada como coordinadora de Proyectos. A los tres me gustaría felicitarles por el trabajo realizado y animarles a seguir por esta senda en 2013.

Al fin y al cabo, este año que está a punto de expirar no ha sido precisamente parco en actividades: Cena de la Libertad con entrega del premio a D. Mario Vargas Llosa; quinto Congreso de Economía Austriaca con unos niveles de asistencia especialmente elevados; séptima Universidad de Verano en Lanzarote con más de 60 alumnos; reanudación desde septiembre de nuestras conferencias semanales, con doce ponencias retransmitidas en su mayor parte vía streaming; centenares de artículos en prensa y de apariciones en medios de comunicación por parte de nuestros miembros; dos informes contra la asfixiante fiscalidad española; un manifiesto y una campaña (estoesunatraco.es) contra estas subidas impositivas y las mentiras con que fueron concebidas; el relanzamiento del Observatorio de Coyuntura Económica a manos de Ángel Martín Oro; una nueva edición de Liberacción, nuestra feria de libros liberales; la coorganización del I Congreso ‘Economía y libertad’ con la Universidad Católica de Ávila; o la coproducción, con Amagi Films, del afamado documental sobre la crisis ‘Fraude’. Pero habida cuenta de la delicada coyuntura por la que atraviesa la libertad en España, parece que en los próximos meses habrá que redoblar esfuerzos y hacer mucho más. A este respecto, permítanme sugerirles que estén atentos desde el primer día a las varias sorpresas que ya les tenemos preparadas.

Tal nivel de actividades, con todo, sería imposible sin la esencial contribución de nuestros miembros y benefactores, así como de nuestro equipo de colaboradores y voluntarios. A todos ellos me gustaría mostrarles el más sincero agradecimiento del Instituto Juan de Mariana por su imponderable contribución a la defensa de la libertad, así como aprovechar la ocasión para desearles un feliz y próspero 2013… a pesar del gobierno.

La segunda hipótesis en la que se sustenta la teoría cuantitativa es que la velocidad de circulación del dinero (V) es constante e independiente del resto de variables, quedando determinada por factores institucionales. Que la velocidad sea independiente es un requisito teórico para poder relacionar las variaciones de la cantidad de dinero (M) con las de los precios (P); que sea constante es una conveniencia empírica que ahorra trabajo a los economistas a la hora de recolectar datos y “demostrar” la fuerte relación entre oferta monetaria y precios. Como en las restantes relaciones entre variables, en este caso parece que se parte de una conclusión preconcebida (la teoría cuantitativa es cierta) para, a partir de ella, desplegar las hipótesis necesarias que la hagan verosímil; pero, como en los otros casos, constituye un error económico mayúsculo.

Recordemos que la velocidad del dinero no es más que la inversa de la demanda de dinero (esto es, la inversa del tiempo medio que los agentes atesoran una determinada cantidad de dinero). Por tanto, en lugar de pensar en términos de velocidad –las más de las veces un concepto poco intuitivo– podemos simplemente razonar en términos de atesoramiento de dinero.

Para empezar, debemos reconocer que el atesoramiento sí está en parte determinado por factores institucionales y consuetudinarios. Cuanto más desarrollado se encuentre el sistema de pagos de un país  y cuanto menos habituados estén los agentes a abonar sus operaciones en efectivo, menos tiempo permanecerá cada unidad monetaria dentro de los saldos de caja de un individuo. Así, por ejemplo, una economía muy bancarizada donde el medio preferente de pago sean los cheques o las tarjetas de débito, lo habitual será que se produzcan un número de transacciones mucho mayor que en una economía donde todos los pagos se produzcan al contado y que, en consecuencia, la velocidad de circulación del dinero también sea mayor.

Ahora bien, que la velocidad del dinero esté en parte determinada por factores institucionales no significa ni que esté sólo determinada por factores institucionales ni que esté mayormente determinada por factores institucionales ni que sea independiente del resto de variables de la ecuación cuantitativa. Al contrario de lo que los cuantitativistas se ven forzados a suponer para no abandonar su insostenible teoría cuantitativa, el resto de variables sí ejercen una enorme influencia sobre la misma.

Empecemos por el lado derecho de la ecuación: el precio y la cantidad de bienes (P*Q). Hasta cierto punto, el atesoramiento presente viene determinado por el poder adquisitivo futuro del dinero (por cuántos bienes podrán adquirirse con una unidad monetaria): si el agente espera que los precios futuros caigan, incrementará su atesoramiento –esto es, se pondrá largo en dinero y corto en mercancías–; si en cambio espera que los precios futuros aumenten, reducirá su atesoramiento –esto es, se pondrá corto en dinero y largo en mercancías–.

No se trata, por supuesto, de una relación ni absolutamente rígida ni tenebrosamente apocalíptica como muchas veces nos quieren hacer creer los keynesianos a cuenta de Japón (“nadie consume porque todos esperan que caigan los precios”). Primero, porque el mero acto de atesorar o desatesorar dinero adelanta la caída o el aumento de precios esperado, de modo que la tendencia a atesorar o desatesorar dinero sólo continuará si las expectativas bajistas o alcistas se mantienen. Segundo, porque otra forma de ponerse largos en dinero futuro es invirtiendo el dinero presente en proyectos que venzan en el momento en que se desea disponer del dinero. Y tercero, porque aun cuando el dinero permaneciera atesorado, se desatarían otras fuerzas –como la caída del tipo de descuento– que permitirían reorientar la estructura productiva de la economía sin irresolubles quebrantos. Pero, por poco rígida o apocalíptica que sea la relación entre la velocidad del dinero y su poder adquisitivo, es indudable que ésta existe y que debe ser tenida en cuenta.

Más significativa, con todo, es la relación entre M y V. Fijémonos en que ambas variables son necesarias para explicar cuánto dinero se está utilizando con el propósito de adquirir bienes (Q): M es la oferta monetaria, entendida como el stock de medios de pago, y V es la (inversa de la) demanda monetaria, entendida como la parte del stock de dinero que se está utilizando para efectuar pagos. V nos informa de qué porcentaje o múltiplo de los medios de pago se destinan en un momento dado para alcanzar bienes. Parece claro, pues, que difícilmente podrán estas dos variables ser independientes cuando V necesita nutrirse de M, esto es, cuando la constitución de los saldos deseados de tesorería se realizará a partir de una oferta monetaria determinada. Así por ejemplo, si en ciertos contextos como el actual los agentes atesoran todos los medios de pago que el banco central pone a su disposición –esto es, si deciden no hacer uso de los medios de pago que el banco central pone a su disposición–, M aumentará a la vez que V disminuirá: habrá más oferta de dinero pero ésta será completamente reabsorbida por la demanda. El cuantitativismo es demasiado simple al presuponer que todo aumento en la cantidad de dinero dará lugar a un incremento proporcional en la circulación de dinero: en ocasiones un aumento de M generará un incremento más que proporcional de V (inflaciones o hiperinflaciones) y en otras una reducción (deflaciones).

De este modo, por visualizar las relaciones entre M y V en un horizonte temporal más prolongado, tengamos en cuenta que cuando aumenta la oferta monetaria en sentido amplio –esto es, el dinero (M’) y las promesas a entregar dinero (M’’)– merced a la emisión de promesas de pago (M’’) garantizadas por bienes de consumo futuros (Q que todavía no resulta consumible en el presente), el nuevo crédito presionará al alza los precios de todos los bienes presentes (P), lo que incentivará por los motivos ya apuntados un desatesoramiento de dinero (aumento de V) que hasta cierto punto se realimentará con el aumento esperado de precios. Conforme M’’ siga aumentando, llegará un momento en el que los agentes comenzarán a darse cuenta de que la calidad de esas promesas de pago se ha ido deteriorando en la medida en que no pueden satisfacerse todas (los bienes necesarios para saldarlas no existen en el presente), por lo que procederán a ponerse cortos en las promesas de pago (M’’) y largos en dinero (M’); es decir, comenzarán a liquidar las promesas de pago de peor calidad y a atesorar dinero (reducción de V). Este atesoramiento de dinero unido a la hipertrofia de las promesas de entregar dinero generará una cadena de impagos en estas últimas (contracción de M’’), lo que a su vez dará lugar a una caída de precios (reducción de P) y ésta, a su vez, reforzará el atesoramiento de dinero (reducción V) hasta que la calidad de las promesas de pago se estabilice y los precios relativos de los bienes se hayan ajustado a la baja.

Vemos, por consiguiente, que lejos de ser variables independientes, M, P y Q influyen decisivamente sobre V y V influye decisivamente sobre M, P y Q. El problema es que relajar la hipótesis de esta independencia socavaría la teoría cuantitativa: si un aumento de M puede dar lugar a una caída a corto o a largo plazo de V, o si un aumento de P puede realimentarse con aumentos de V, parece claro que no podrá establecerse una relación unívoca entre P y M: M podrá aumentar sin que lo haga P y P podrá aumentar sin que lo haga M.

Y esto es completamente cierto. Una burbuja consiste, simplemente, en que el valor del activo se desvía de lo justificado según sus fundamentales. ¿Y cuáles son sus fundamentales? Pues básicamente el valor actual de los futuros flujos de caja libres que ese activo genere.

Por supuesto, los agentes del mercado pueden dar a los activos valoraciones del todo absurdas y, de hecho, esas valoraciones absurdas pueden realimentarse. Por ejemplo, si yo sé que Pedro está dispuesto a pagar 30 euros por una acción de Terra, yo puedo estar dispuesto a comprarla por 25 (para vendérsela a Pedro por 30), aun cuando crea que es un precio absurdo, muy desviado de sus fundamentales. Y si Pedro y yo compramos a precios inflados, otros agentes pueden creer que esa tendencia va a proseguir, comprando ellos, a su vez, a precios superiores a 30 e incitando a que otros hagan lo mismo.

Las burbujas, al final, son esquemas de compra piramidal de activos (o esquemas Ponzi, a la sazón el mismo en el que se basa el sistema público de pensiones). Cada sujeto compra sucesivamente un activo esperando que otro se subrogue en su posición pagando un precio más alto. Al final, claro, hay un último comprador que ya no encuentra un nuevo comprador para el activo inflado y se come las pérdidas: ha pagado 1000 por un activo que vale 10. El éxito para ganar en una burbuja consiste en no ser el último que vendas.

Sin embargo, hay una diferencia esencial en si la burbuja se financia sin expansión crediticia (es decir, con ahorro real) a si lo hace con expansión crediticia. En el primer caso, cada comprador adquiere el activo con su propio ahorro (o con el ahorro real que ha pedido prestado a otro), de modo que la burbuja simplemente actúa como un mecanismo redistribuidor de la renta. Las pérdidas que experimenta el último comprador son iguales a la suma de las ganancias que han obtenido los compradores anteriores. La burbuja es un juego de suma cero: de hecho, es unjuego de apuestas. Consiste en pujar por que otros jugadores seguirán pujando. Nada más, ni hay creación ni destrucción de riqueza para el conjunto de la sociedad.

Las burbujas con expansión crediticia, sin embargo, se desarrollan de un modo distinto. En primer lugar, la expansión crediticia altera los valores fundamentales de los activos. Hemos dicho que el valor fundamental de un activo es el de descontar sus flujos futuros de caja libres. La reducción en los tipos de interés que promueve la expansión crediticia (arbitraje de tipos por el sistema bancario + monetización de activos ilíquidos por parte del banco central) por un lado eleva la cuantía de los flujos de caja esperados (el aumento simultáneo de consumo e inversión eleva las rentas que perciben los agentes y, por tanto, lo rendimientos esperados de todos los activos) y, por otro, reduce el tipo de interés que se aplica a su descuento (de modo que el valor presente de las rentas futuras aumenta). Dicho de otra manera, promueve un mal cálculo de los agentes y que auténticas burbujas especulativas se camuflen bajo la imagen de inversiones conservadoras (“la vivienda aun está barata, no hay nada más seguro que invertir en ella”). Y, por esta vía, distorsiona la estructura productiva (hace que el capital se destine a financiar inversiones que sólo son rentables por su valor inflado).

Y, en segundo lugar, permite que las burbujas no se financien con cargo al ahorro, sino a la expansión crediticia. Esta última consiste, básicamente, en utilizar los saldos monetarios y el ahorro bruto (donde se incluyen las cuotas de amortización del capital actual) para invertir a largo plazo o en activos muy arriesgados (como una burbuja). De esta manera, las burbujas no sólo ganan en intensidad (participan muchos más fondos en las pujas) y en duración (el ahorro real tiene un límite natural mucho más breve que crédito expandido), sino en potencial destructivo.

Las pujas sucesivas pueden estar simplemente respaldadas por el propio valor inflado del activo (por ejemplo, me hipoteco para comprar una casa que sigue subiendo de valor hasta el punto en que me rehipoteco sobre el valor incrementado para adquirir otra casa) y las pérdidas del comprador final pueden extenderse al resto de los agentes, ya que el impago de uno no sólo erosiona el ahorro del resto, sino que destruye su liquidez y su capital acumulado (al no poder amortizarlo).

La estructura productiva queda descompuesta ya que se han destruido formas de capital para crear otras que sólo eran adecuadas por su valor burbujeante. Una vez los valores de los activos vuelven a los fundamentales (pero no a los fundamentales que imperaban antes de la expansión crediticia, sino a unos peores, habida cuenta de la distorsión que se ha producido en la estructura productiva) se revela la destrucción neta de riqueza que se ha producido en la sociedad.

Así pues, la expansión crediticia tiende a generar burbujas, pero sobre todo tiende a amplificarlas y a modificar sus consecuencias (de juego de suma cero a juego destructivo).

La peor parte, sin embargo, sucede cuando el respaldo del dinero (es decir, del depósito de valor) depende de los activos sobre los que se practica una burbuja con expansión crediticia. En estos casos, la destrucción del valor de los activos (deflación) es previa a la destrucción del valor de las monedas (hiperinflación), a menos que haya una estabilización entre tanto.

Por tanto, tenemos tres escenarios:  a) Un sistema de patrón oro sin arbitraje de plazos: aquí sólo son posibles las burbujas basadas en el ahorro real con resultado de suma cero. b) Un sistema de patrón oro con arbitraje de plazos (s. XIX): aquí son posibles las burbujas destructivas, pero la moneda no tiene por qué sucumbir a la merma de valor de los activos. c) Un sistema de dinero fiduciario con arbitraje de plazos: Aquí son posibles las burbujas destructivas, tanto para los activos como para la moneda.

Desde 1973 estamos en este tercer escenario.

Estos primitivistas desconocen por entero el papel del consumo en el sistema económico, ya que precisamente el capitalismo se basa en la acumulación de capital y por tanto en la necesidad de ahorrar (restringir el consumo) para invertir e incrementar nuestra riqueza.

Con todo, la parcialidad de sus críticas resulta aun más llamativa que su ignorancia económica. Si tanto les molesta el excesivo consumo de la sociedad, uno esperaría que una parte sustancial de sus críticas estuvieran dirigidas hacia uno de sus principales promotores: el Estado. Sin embargo, esta estructura compulsiva sólo recibe halagos y vergonzantes pleitesías por parte de estos enemigos de la soberanía del consumidor.

Baste esta lista no exhaustiva de intervenciones nunca criticadas por los supuestos anticonsumistas y que aun así contribuyen enormemente a incrementar el consumo de los individuos:

1. La inflación: La continua pérdida de valor del dinero incentiva a que los individuos lo gasten cuanto antes. La inflación dificulta el ahorro y el atesoramiento de la riqueza en dinero, de ahí que convenga desprenderse de él cuanto antes. El Estado es culpable de la secular inflación debido a la instauración del dinero fiduciario y del continuo incremento de la masa monetaria no respaldada.
2. Reducciones del tipo de interés: Aunque la inflación sea su consecuencia más vistosa, las reducciones artificiales del tipo de interés promovidas por el Banco Central también permiten un incremento de la inversión por encima del ahorro real de la economía, esto es, un incremento del gasto en inversión sin que disminuya el gasto en consumo. Suponen por ello un consumo neto del capital acumulado sin que los individuos sean conscientes de ello.
3. Déficit público: El déficit público supone una captación de ahorro privado por parte del gobierno para emplearlo en gastos corrientes o en inversiones que no generan el flujo de ingresos necesario para amortizarlas; en otras palabras, son inversiones cuya rentabilidad se desconoce y que, por tanto, su mantenimiento se salda a través de ahorros que no son repuestos.
4. Propiedad colectiva: Todos aquellos bienes (como el agua) cuya privatización impide el Estado están sujetos a la famosa “tragedia de los comunes”, es decir, un consumo del valor del bien por encima de los fondos dedicados a amortizarlo. Ante la inexistencia de un derecho de propiedad, los distintos usuarios no destinarán sus ahorros a preservar un bien que otros usarán más adelante sin que él pueda impedirlo. Cada usuario exprimirá al máximo el bien sin tratar de conservarlo.
5. Pensiones públicas: Las pensiones públicas están basadas actualmente en un sistema de redistribución intergeneracional, por el cual los jóvenes trabajadores pagan su pensión a los jubilados. Dado que estos jóvenes trabajadores tienen una predisposición a ahorrar parte de su renta para el futuro y los jubilados tienen una tendencia a consumir durante sus últimos años de vida su renta disponible y acumulada, el sistema público de pensiones propicia el consumismo.
6. Subsidio de desempleo: Cuando una persona pierde su empleo debería reducir su consumo o seguir consumiendo con cargo a sus ahorros previos. Los subsidios de desempleo permiten al individuo carecer de cualquier tipo de ahorro (esto es, consumir la totalidad de la renta mensual percibida) y aun así seguir consumiendo cuando es despedido.
7. Subvenciones: Hay multitud de individuos y asociaciones (sindicatos, partidos políticos, cineastas…) que son incapaces de generar riqueza pero que, aun así, perciben una renta gracias a la gracia estatal. Obviamente, en estos casos el consumo es mucho mayor al que podían alcanzar sin subvención.
8. Renta básica: La renta básica consiste en un derecho universal a percibir una retribución incondicional por el Estado. Se habilita a todos los individuos a consumir aun cuando no produzcan ni hayan ahorrado previamente de un modo similar, pero más generalizado, al de las subvenciones.
9. Impuesto sobre sucesiones: El impuesto sobre sucesiones disminuye la riqueza que percibirán los herederos, de modo que los propietarios actuales tienden a reducir y dilapidar sus patrimonios en mayor medida. Dado que no pueden transmitirlo íntegramente a sus sucesores, el consumo presente se vuelve más intenso.
10. Impuesto de sociedades: El impuesto sobre sociedades grava los beneficios de la empresa y, por tanto, disminuye el montante de ahorro empresarial que podría haberse reinvertido. Dado que no se permite su capitalización, las compañías tienen una tendencia muy clara a incrementar todos los gastos deducibles (como el salario de los directivos, las cenas de empresa, los regalos de Navidad…) para disminuir la base imponible (los beneficios) y reducir la cuota efectivamente pagada.
11. Gravamen de las plusvalías: La tributación de las plusvalías es un caso claro de doble imposición, ya que el incremento del valor bursátil de la empresa proviene de la capitalización de unos beneficios que ya han sido gravados por el impuesto de sociedades. Aparte de esta duplicación del atraco, el impuesto sobre plusvalías disminuye la rentabilidad de la inversión y, por tanto, convierte el ahorro en una opción menos atractiva.

Además existen dos diferencias esenciales entre el consumo privado y el consumo estimulado por el Estado: la voluntariedad y la auténtica sostenibilidad. Por un lado, el consumo privado es de carácter voluntario y pacífico, todas las partes de la transacción salen mutuamente beneficiadas; el consumo estatal se basa en la redistribución coactiva, el pillaje y la violencia. Por otro, las empresas destinan una porción de sus beneficios a amortizar sus estructuras productivas: un consumo por encima de ese mínimo capaz de regenerar los insumos empleados supone la depreciación progresiva de la compañía y su expulsión del mercado. En el caso del consumo inducido por el Estado la amortización ni siquiera es posible ya que el individuo que se ha de beneficiar de los servicios de la estructura productiva (o del montante de ahorros) no es el mismo encargado de amortizarla.

Casualmente ninguno de los autoproclamados enemigos del consumismo ha dedicado ni un segundo en criticar alguna de las intervenciones económicas que incentivan esta “plaga de nuestro tiempo”. Parece más bien que el consumismo sea sólo una excusa vistosa para reclamar que el Estado cercene nuestra libertad de elección y estrangule el capitalismo.

Consuman y ahorren cuanto quieran durante estas fechas: un deseo que va mucho más allá de lo que les permite el Estado y de lo que los tontos útiles del auténtico consumismo insostenible están dispuestos a tolerar.