1. No. Las crisis son períodos en los que el sector privado se encuentra extremadamente debilitado por hallarse en una etapa en la que necesita reconvertirse y reorganizarse. En este contexto, incrementar los impuestos a unas muy frágiles familias y empresas es como lanzar a un anoréxico a una piscina llena de sanguijuelas. En muchos casos, puede suponer la puntilla que arrastre a la sociedad a una depresión.
2. No. Si las familias y las empresas no sólo tienen que cambiar sus patrones de producción sino que, además, se encuentran hiperendeudadas, subir los impuestos supone prolongar su asfixia y abocar a muchas de ellas a la suspensión de pagos.
3. No. Las subidas de impuestos son especialmente negativas cuando se dirigen a atacar el ahorro y la generación de beneficios. Para que una economía salga de la crisis es necesario que los agentes económicos inviertan y reduzcan su endeudamiento, lo que depende esencialmente de que ahorren más. Penalizar el ahorro y la inversión implica condenar esa economía al estancamiento o a una recuperación mucho más lenta y mucho menos intensa de lo que habría podido lograr sin el expolio estatal.
4. No. Es verdad que los déficits públicos son muy distorsionadores debido a los recursos que dilapidan y porque pueden arrastrar al Estado a la suspensión de pagos, pero siempre existe una alternativa superior tanto al déficit como a las subidas de impuestos: reducciones muy intensas del gasto público. Si se suben impuestos y no se baja el gasto, lo único que conseguimos es convalidar desembolsos estatales inflados e ineficientes que no contribuyen a generar riqueza sino a rapiñarla. La tarea del Estado en una crisis no consiste en crecer a costa del mercado, sino en encogerse para, bajando los impuestos, dejarle espacio y oxígeno donde desarrollarse.

Durante los últimos meses hemos venido escuchando el falaz argumento de que el problema de España es fundamentalmente el alto coste al que nos estamos financiando en los mercados. Sorprende, sí, escuchar algo así en un país con seis millones de parados, un sistema bancario en su mayor parte quebrado, un aparato productivo descompuesto y un sector público vorazmente recaudador. Pero sí, al parecer, y según reza esta conveniente tergiversación popular, el problema de España es que una cohorte de especuladores facinerosos está obsesionada con hundir el país exigiéndonos unos tipos de interés desorbitados para prestarnos dinero.

Problema de este razonamiento: el tipo de interés medio que abonan el conjunto de las Administraciones Públicas todavía es más bajo que el de 2007 y de 2008. De hecho, si en estos momentos se nos condonaran todos los intereses de nuestra deuda, el déficit seguiría anclado en torno al 6% del PIB: un descuadre absolutamente insostenible que, sumado a los despropósitos anteriormente reseñados, explican la explosiva desconfianza con la que nos miran los inversores en los últimos meses.

Acaso no podría ser de otro modo: es absurdo pensar que los inversores nacionales y extranjeros rechazan diariamente el negociazo que en buena lid supondría meter su dinero en un activo que, como la deuda pública española, abona unos intereses del 7% anual y que se nos dice que es absolutamente seguro. Algo falla en tan primario razonamiento: si los malvados inversores sólo buscan lucrarse, ¿cómo renunciar a tan jugosa inversión?

Pues porque, como decíamos, la inversión no es ni mucho menos tan jugosa atendiendo a los riesgos objetivos del país. Mas, siendo así las cosas, ¿por qué el Gobierno insiste en que nuestro mayor problema son los tipos de interés de la deuda? Pues porque sus propósitos inmediatos no son solventar los desequilibrios a largo plazo que padece el país –sobredosis de regulaciones e hipertrofia del sector público–, sino seguir gastando muchísimo más de lo que se ingresa, para lo cual se vuelve necesario esterilizar el claro mensaje que la prima de riesgo nos transmite: si el país continúa avanzando por ese camino de despilfarro, va derechito a la suspensión de pagos.

Por eso Rajoy y los suyos se obstinan día tras día en desacreditar la prima de riesgo y en reclamar que el BCE nos compre deuda a tipos falseadamente reducidos, y por eso el rescate de la economía española no tiene, ni mucho menos, por qué solventar nuestros problemas de fondo. Si nuestros políticos continúan anteponiendo a la necesidad de las reformas su obsesión por no renunciar a su poder, a sus prebendas, a sus mamandurrias y a sus niveles desbocados de gasto, entonces el rescate de España será tan exitoso, y por idénticos motivos, como ha podido serlo el griego.

Probablemente por ello, los alemanes, que son quienes han de poner el grueso del dinero para rescatarnos, todavía no hayan dado su plácet y, probablemente también por ello, Mariano Rajoy se resiste como gato panza arriba a pinchar la burbuja del sector público. Nuestros acreedores no se fían de nosotros y empiezan a avistar billonarias pérdidas en el horizonte: Hans Werner Sinn, el economista más influyente de Alemania, advierte del agujero que supone España y ya ha comenzado a plantear abiertamente que no puede seguir en el euro. Todo un éxito de gestión de PP y PSOE. Habría, empero, que corregir a Sinn: España sí puede permanecer en el euro, pero cada vez está menos claro si será capaz de lograrlo con una clase política y una base ciudadana tan adicta al estatismo.

La morosidad crediticia se ha disparado en junio hasta un nuevo récord histórico, el 9,4% del total, apenas unas décimas por encima de la anterior plusmarca del 9,15% alcanzada en febrero de 1994. Acaso podría pensarse que, en ese supuesto, tan mal no debemos estar; cándido juicio que olvida que el volumen total de créditos es ahora seis veces superior al de 1994. De ahí que la morosidad entonces fuera de apenas 24.000 millones de euros (el 5,8% del PIB) y ahora ascienda a más de 164.000 millones (el 16% del PIB).

El agujero, en un 60% concentrado en el ladrillo, amenaza con llevarse por delante al sector financiero, no ya porque de momento cuente con provisiones que sólo cubren el 88% de esos activos tóxicos, sino sobre todo porque, incluso esas históricamente altas cifras, son muy inferiores a las reales: no esperen menos de 300.000 millones de pérdidas para la banca. De ahí que ni siquiera el rescate de 100.000 millones de euros prometido por Bruselas vaya a servir para recapitalizarla por entero.

Acaba de ser nombrado director del Instituto Juan de Mariana. Pero, ¿qué es exactamente el Instituto Juan de Mariana?

El Instituto Juan de Mariana es un think tank cuyo propósito básico es estudiar y divulgar los ideales del liberalismo, tanto en política como en economía. Desconfiamos profundamente de los políticos y de los Estados gigantescos, pues pensamos que es la sociedad la que, a través de sus individuos y asociaciones, debe llevar la voz cantante dentro de un marco institucional en el que se respete la propiedad privada y los contratos voluntarios.

Recientemente, acabamos de celebrar nuestra VII Universidad de Verano en Lanzarote y la verdad es que ha sido todo un éxito del que estamos muy satisfechos. Animo a todo aquel que quiera conocernos a que se acerque a nuestra sede de Madrid.

¿Cuáles han sido los errores de Rajoy?

El error fundamental ha sido querer convertirse en un digno sucesor de Zapatero, a saber, en un socialdemócrata al que se le ha acabado el dinero y que, en lugar de adelgazar enormemente el sector público para permitir una expansión de la economía privada, ha optado por machacar a impuestos a un cada vez más raquítico sector privado para minimizar los imprescindibles recortes sobre un hipertrofiado y sobredimensionado sector público.

Supongo que será una cuestión de prioridades: Rajoy, como político que es, opta por maximizar su poder y el de los suyos a costa de aquellos que sí generan riqueza para una sociedad: familias y empresarios.

El panorama económico pinta muy negro para España, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

La situación actual de España es fruto de tres burbujas que fueron gestándose de manera sucesiva. La primera fue la burbuja financiera, creada por el sistema bancario europeo bajo la dirección de ese monopolio público que es el banco central. La burbuja financiera rebajó artificialmente los tipos de interés en la economía, propiciando un sobreendeudamiento de familias y empresas para adquirir y construir viviendas, lo que generó la burbuja inmobiliaria: la economía española fue escorándose cada vez más hacia el ladrillo, concentrando en ese burbujístico sector gran parte de su capacidad productiva.

Y, por último, los ingresos fiscales extraordinarios a que dio lugar la burbuja inmobiliaria engendraron laburbuja del sector público: los políticos comenzaron a gastar sin freno toda esa milmillonaria recaudación tributaria extraordinaria y no recurrente, consolidando un nivel de gastos que años después se mostraría insostenible. Hoy las tres burbujas han pinchado, pero tanto banqueros, como promotores y políticos tratan de trasladarles al resto de ciudadanos y empresas eficientes el coste de sus errores. Por eso España se encamina al abismo.

Se echa la culpa de la depresión económica al capitalismo, ¿hay algo de cierto en ello?

Es narrativa estatista y liberticida en su máxima expresión. El origen de todo está en la burbuja financiera y las finanzas es uno de los sectores más intervenidos, privilegiados y protegidos por el poder político. Fíjese que la moneda la emite un monopolio estatal como es el banco central. Además, ese monopolio tiene prácticamente las manos libres para imprimir cuanto desee: antes el dinero era convertible en oro y eso ponía límites al expansionismo monetario; ahora no existe ninguna restricción.

Fueron los bancos centrales quienes, a base de darle a la manivela del crédito barato, manipularon a la baja los tipos de interés a partir de 2002, y generaron, a través de sus correas de transmisión que son los bancos privados, una de las mayores burbujas productivas de la historia de la humanidad. Y, para más inri, cuando quebraron los bancos que transmitieron ese torrente de crédito barato de los bancos centrales, los Estados acudieron al rescate para evitar que probaran su amarga medicina.

¿Qué libre mercado existe aquí? Ni libre competencia en la emisión de moneda, ni asunción de las pérdidas provocadas. Esto no es capitalismo, es socialismo para ricos.

La prima por encima de los 600 puntos, el mercado a punto de cerrarse, todos pidiendo que intervenga el BCE, ¿estamos ya en la recta final antes de la suspensión de pagos?

La situación es sin duda inmanejable tal como estamos ahora mismo. El Gobierno ha consumido toda su credibilidad y nada de lo que haga garantiza que se vaya a reconducir la situación. Probablemente sólo existan tres salidas: o una intervención exterior; o una monetización masiva del BCE; o una salida del euro. Ninguna de las tres es positiva, pero las dos últimas serían especialmente nefastas, por cuanto darían más cuerda a nuestra casta política para que siguieran endeudándonos, despilfarrando a manos llenas y saqueándonos a impuestos.

La solución real pasa por una transformación de nuestro modelo de Estado que lo someta a una profunda liposucción y por una apertura total de los mercados. ¿Se quiere hacer? No: entonces sólo nos queda dolor por delante.

Si terminamos quebrando y saliendo el euro, ¿qué nos espera a los españoles?

Terminar de convertirnos en Argentina. En el menos malo de los casos, una devaluación del 40% de nuestra divisa, una elevada inflación, un incremento sustancial del poder político y del gasto público y una progresiva reactivación de la economía a partir de sectores de nulo valor añadido y de salarios de miseria. Sería renunciar por al menos 20 años a transformarnos en un país serio, donde se acumulara capital de manera sana, creciéramos sosteniblemente y fuéramos mejorando en términos reales nuestro nivel de vida.

Vamos, sería renunciar por dos décadas a convertirnos en una Alemania, Austria o Suiza. Probablemente, viendo las ideas e intereses de nuestra casta política y de gran parte de nuestra ciudadanía no quede otro remedio, pero no dejaría de ser algo del todo lamentable y criticable.

¿Si usted fuese presidente qué reformas abordaría antes de fin de año?

Lo primero es someter a un electroshock al paciente: demostrar a todos los inversores nacionales y extranjeros que no vamos a suspender pagos y que, por tanto, pueden confiar en invertir tranquilamente en España sin riesgos de salida del euro y devaluación.

Para ello habría que reducir el número de empleados públicos, recortar transferencias sociales, eliminar todas las subvenciones, controlar el gasto en subsidios de desempleo y privatizar todas las empresas y activos públicos. Asimismo, sería necesario que el rescate a la banca español no recaiga sobre los hombros de los contribuyentes sino sobre los hombros de los acreedores de la banca (lo que se conoce como bail-in o capitalización de deuda).

Una vez logrado esto, ya sería el momento de comenzar con las reformas estructurales: una auténtica liberalización del mercado laboral, energético e inmobiliario, una progresiva apertura al mercado del sistema educativo, una supresión de todas las barreras a la empresarialidad, una rebaja general de impuestos, sobre todo de aquellos que afectan al ahorro y una privatización de toda la red de transportes. En suma, se trata de convertir a este país en un destino muy atractivo para la inversión nacional y extranjera: justo lo contrario de lo que es ahora mismo.

Entre 2001 y 2007 se fueron gestando en España no una sino tres burbujas: la burbuja financiera, la burbuja inmobiliaria y la burbuja estatal. La burbuja financiera –la enorme expansión crediticia que llevaron a cabo los bancos gracias a la manipulación de los tipos de interés que efectuó ese monopolio público llamado Banco Central Europeo– engendró la burbuja inmobiliaria y, a su vez, la burbuja inmobiliaria, en tanto en cuanto dio lugar a un hinchazón de la actividad que disparó los ingresos tributarios, dio lugar a la burbuja estatal.

Puede que por burbuja financiera e inmobiliaria todos entiendan perfectamente a qué nos referimos. Pero, ¿qué es la burbuja estatal? La burbuja estatal consiste en haber creado una estructura del sector público mucho más inflada y sobredimensionada de la que la economía privada puede sufragar. Y es que durante los años ilusoriamente felices de la burbuja inmobiliaria, la recaudación fiscal aumentó casi un 70%, lo que llevó a los políticos a comprometer unos niveles absurdamente elevados de gastos que nos fueron imposibles de mantener cuando esta pinchó.

Son muchos los estatistas que argumentan que nuestro sector público fue extremadamente austero durante los años del boom económico porque incluso acumuló un cierto superávit durante tres ejercicios consecutivos. Mas tal aserto es simplemente fruto de una tergiversación cortoplacista de los hechos. Imaginen que a un tipo le toca un millón de euros en la lotería y ese mismo año asume una hipoteca con una letra anual de 900.000 euros. ¿Diríamos que esa persona ha sido prudente y austera por el hecho de que, durante el primer año, exhibiese un superávit de ingresos sobre gastos de 100.000 euros? No, diríamos que esa persona se ha suicidado financieramente.

Pues lo mismo le sucedió a nuestro Estado: pese aque la gran mayoría de sus ingresos eran extraordinarios y no recurrentes, sus gastos se inflaron con la idea de no reducirlos jamás. De hecho, si algo sucedió durante la crisis es que, si bien la recaudación derivada de la burbuja inmobiliaria desapareció en gran parte, los gastos totales del Estado continuaron creciendo. Fue así como, en un par de años, pasamos de un superávit del 2% del PIB a un déficit superior al 11%. Es decir, en dos años el Estado pasó de ahorrar 20.000 millones de euros a endeudarse por más de 110.000 millones: ¡para que luego digan que necesitamos todavía más planes de “estímulo” de la demanda!

No, lo que necesitamos es pinchar la última de las burbujas que ni siquiera hemos comenzado a pinchar: la estatal. Fruto del enorme desequilibrio entre ingresos posburbuja y gastos burbujísticos, los ahorradores temen razonadamente que nuestro país pueda entrar en suspensión de pagos, lo que les está llevando a huir en desbandada hacia el extranjero (por eso, por ejemplo, Alemania o Francia han llegado a pagar tipos de interés negativos por su deuda a corto plazo).

Hasta la fecha, sin embargo, tanto Zapatero como Rajoy intentaron mantener el Estado sobredimensionado fruto de la burbuja inmobiliaria mediante un saqueo más sistemático y desacomplejado de las haciendas de todos los españoles. Sin ir más lejos, en apenas unos meses Rajoy elevó los tipos de nuestro IRPF hasta los niveles más altos de Europa, suprimió la mayoría de beneficios fiscales dentro del Impuesto de Sociedades y, ahora, ha incrementado el IVA hasta el 10% (tipo reducido) y 21% (tipo general). Se trata, pues, de exprimir mucho más al ciudadano para que los políticos puedan seguir gastando a manos llenas, tal como lo hacían durante la insostenible etapa del boom artificial.

Sin embargo, este miércoles pudo empezar a cambiar algo desde el Congreso. Por primera vez desde su llegada al Gobierno, Rajoy ha recortado gastos de verdad (no como los demagogos y falsos recortes precedentes que no hacían más que bajar los desembolsos en un lado para aumentarlos en otro). No es mucho –tirando muy por lo alto, apenas 20.000 o 25.000 millones al año, frente a un déficit total que supera los 90.000 millones– pero podría ser un primer paso. Eso sí, dada la decepcionante trayectoria acreditada por Rajoy hasta el momento, también podría quedarse en el último paso, la última concesión, que está dispuesto a dar el PP en aras de la consolidación fiscal, de un modo muy parecido a lo que sucedió con el tijeretazo de ZP. Si así fuera, a España no le quedaría probablemente otro remedio que suspender pagos.

Sucede, pues, que si Rajoy no opta por pinchar de manera controlada pero veloz la burbuja estatal –por recortar muchos más gastos con más intensidad– esta terminará explotando de manera caótica y se nos llevará a todos por delante. El tiempo corre en nuestra contra y de momento el Gobierno sólo ha sabido subir sangrantemente los impuestos y rebajar tímidamente algunos gastos. Esperemos que, después de la sesión del miércoles, haya un cambio de estrategia. Es la última oportunidad que tendremos.

El resultado de las elecciones griegas no ha templado, ni mucho menos, los ánimos de los mercados financieros con respecto a la situación económica de España y, en general, de la periferia europea. Tampoco había motivos para que lo hiciera: por desgracia, los problemas de la Eurozona van mucho más allá de Grecia, Portugal o Irlanda: se concentran, fundamentalmente, en esos gigantes con pies de barro de cuya solvencia todos han comenzado a desconfiar. A saber: España, Italia y, cada vez más, Francia.

Mientras todos estos países, comenzando por el nuestro, no acrediten su capacidad para estabilizar sus finanzas públicas y para crear la suficiente riqueza que les permita amortizar su deuda privada a largo plazo, la desconfianza en la solvencia de todas estas economías subsistirá y, por tanto, también las dudas sobre la supervivencia misma del euro.
¿Y cómo podemos demostrar estos dos extremos ante los inversores nacionales y extranjeros? ¿Cómo probar que nuestro déficit público no está enquistado en unos niveles estructuralmente insostenibles y que nuestro sector privado sí es capaz de fabricar la suficiente riqueza como para continuar haciendo frente a toda su deuda?

Lo primero sería aprobar un plan creíble, serio y omnicomprensivo para reducir el gasto público en alrededor de 70.000 u 80.000 millones de euros. Aunque puede parecer mucho dinero, apenas supone un 15% del gasto público total de España. ¿Se imaginan una empresa al borde de la bancarrota que se reconociera incapaz de minorar apenas un 15% sus gastos operativos? Probablemente nos convenciéramos de que tal empresa ya está condenada y que no tiene redención posible. Pues lo mismo pasa con las Administraciones públicas españolas: si en los momentos de pánico y desconfianza generalizadas son incapaces de atajar un 15% los gastos, ¿cómo confiar en su viabilidad?

Lo segundo pasa, por un lado, por facilitar el ajuste productivo del sector privado, es decir, que en este país se pueda volver a generar riqueza sin que las múltiples regulaciones e impuestos asfixien al sector privado; por otro, por reestructurar parte de la excesiva deuda privada –fundamentalmente la del sector bancario– para que sea factible que pueda devolverse. En definitiva, se trata de liberalizar toda la economía y de convertir parte de la deuda de los bancos en acciones para así evitar un gravosísimo rescate a expensas del contribuyente.

Desafortunadamente, ninguno de los países europeos, tampoco España, están cogiendo el toro por los cuernos. Como si esperaran que la tempestad acabara por sí sola, todos ellos se están limitando a parchear el sistema, subiendo unos impuestos por aquí, bajando mínimamente algunos gastos por allá, abriendo la mano regulatoria en algunos mercados concretos y metiendo caprichosamente dinero del contribuyente en los bancos.

Nadie, ni Hollande ni Monti ni Rajoy, se está planteando que el modelo europeo, ese basado en el endeudamiento reiterado de todos los agentes económicos –familias, empresas, bancos y Gobiernos– para vivir de continuo por encima de nuestras posibilidades, ha muerto y que tenemos que proceder a rectificar: es decir, que debemos avanzar hacia economías muchísimo más libres y con Estados infinitamente más pequeños que los actuales.

Mas, como persisten en sus errores, como siguen obsesionados con no meterse en líos y minimizar las reformas, nadie confía en nuestra capacidad para cumplir nuestros compromisos y crecer a largo plazo. Estos días se está hablando mucho de que todas nuestras dificultades se solventarían si el Banco Central Europeo adquiriera nuestra deuda, pero, al margen de tratarse de una ilegalidad, semejante receta no solventaría ninguno de los problemas de fondo: nuestras economías seguirían esclerotizadas e hiperendeudadas. Es sencillo de entender: que a una empresa insolvente le concedan créditos blandos no contribuye a sacarla del concurso de acreedores; tan sólo difiere el momento en que vencen sus pasivos.

Pero lo que necesitamos no es que nos den más tiempo para seguir como hasta ahora, sino proceder a cambiar en profundidad nuestras ruinosas costumbres: hemos de pasar del vicio del sobreendeudamiento a la virtud del ahorro y del desastre de la hiperregulación al aliento de la libertad y de los impuestos bajos.

Las políticas zapateriles, con las que que con enorme cortedad de miras está prosiguiendo en lo fundamental Mariano Rajoy, sólo nos han conducido a una situación de colapso. Si no las revertimos, terminaremos suspendiendo pagos y saliendo del euro. Los inversores ya se están preparando para el colapso y simplemente optan por dejarnos de prestar o por sacar el dinero del país. Comprobando la suicida pasividad de la clase política europea, no me sorprende en absoluto.

El euro fue, y es, una gran idea. Una magnífica idea. Sobre todo cuando se lo compara con su alternativa: una red de divisas nacionales que la camarilla política de turno sería capaz de devaluar a su antojo para financiar todos sus múltiples despilfarros. Sin el euro, los políticos no nos subirían directamente los impuestos, pero sí lo harían, y con todavía más saña que ahora, por la puerta de atrás: al controlar la política monetaria, imprimirían sin cesar pesetas, liras o dracmas con las que sufragar sus déficits, trasladándonos a todos los ciudadanos su gigantesco coste vía inflación.

El euro no genera problemas, sólo los pone de manifiesto. Si tenemos dificultades para refinanciar nuestra deuda no es porque exista el euro, sino porque ningún ahorrador privado se fía de nosotros lo suficiente como para extendernos crédito. Estar fuera del euro no cambiaría los problemas de fondo, tan sólo facilitaría que los políticos pudieran obligarnos a todos a comprar su deuda basura depreciando la divisa que empleamos.

Obviamente, para que nuestros políticos puedan formar parte de un club tan selecto –un club en el que no pueden atracar a sus ciudadanos salvo subiéndoles los impuestos con luces y taquígrafos– es necesario que modifiquen copernicanamente sus muy malas costumbres: que cuadren sus presupuestos para evitar suspender pagos, que dejen de subsidiar la economía privada y que, en cambio, pasen a desregularla para que comience a generar riqueza. Un sacrificio que se está comprobando excesivo para la casta política española y que, evidentemente, ha desbordado por entero a la manirrota, irresponsable, cortoplacista y socialista kakistocracia griega.

El resultado de las recientes elecciones fue lo suficientemente significativo como para darnos cuenta de que la sociedad helena ha sido narcotizada durante demasiado tiempo por un megaEstado niñera que se había venido financiado con cargo a un crédito artificialmente barato que, por fortuna, ya ha concluido en todo el mundo. Ahora toca desenganchar a los ciudadanos griegos de su adicción a la droga del despilfarro vía deuda, pero al parecer su síndrome de abstinencia está siendo tal que han optado por alzar con una abundante representación política a lo peorcito de cualquier sociedad: la extrema izquierda comunista y la extrema izquierda neonazi. Los comunistas de Syriza y del KKE y los nazis de Amanecer Dorado copan un tercio de todo el Parlamento, lo que imposibilita la adopción de cualquier agenda política sensata y lo que convierte al país en un entorno institucional muy poco atractivo para la inversión nacional y extranjera.

Así las cosas, es normal que se plantee como un escenario muy verosímil el que Grecia acabe saliendo del euro. Desde hace dos años, el Gobierno del país sólo ha sido capaz de financiar sus colosales déficits públicos –resultado del nulo interés de sus dirigentes por atajar el gasto– gracias a los planes de rescate de la troika, es decir, gracias a los préstamos blandos que el BCE, el FMI y la Comisión Europea le seguían ofertando después de que todos los inversores privados dejaran de hacerlo. A cambio de tales prebendas –que convertían a todos los contribuyentes europeos en partícipes forzosos de un hedge fund de alto riesgo que invertía en deuda basura helena–, los políticos griegos se comprometieron a adoptar una serie de reformas (algunas disparatadas) para garantizar que, a largo plazo, terminarían devolviendo el dinero que se les prestaba.

Pero claro, si con el Pasok y Nueva Democracia en el poder (dos partidos que se habían cansado de prometer unas medidas cuya implementación sólo sabían postergar) ya resultaba altamente improbable que esa agenda de reformas se materializara, con comunistas y neonazis semejante objetivo parece del todo imposible. Y sin reformas, no hay dinero, sin dinero Grecia está abocada a suspender pagos y suspendiendo pagos la tentación política para salir del euro resulta demasiado irresistible.

Ante esta eventualidad, que acarrearía una depreciación del dracma que podría alcanzar el 80% y que por tanto saquearía el patrimonio de los ahorradores helenos, España debería estar preparándose con inteligencia. Nuestro Gobierno insiste en que ha adoptado todas las reformas necesarias para que nuestra deuda vuelva a ser creíble, pero aquellos que tienen que confiar en ella no lo hacen, señal de que ni los planes de ajuste presupuestario, ni de saneamiento financiero, ni de reformas estructurales son todo lo serias y contundentes como nuestra crítica situación necesita.

Es urgente que España se desmarque de Grecia, esto es, que los inversores no nos metan en idéntico saco de países quebrados y candidatos a abandonar el euro. En caso contrario, el alud financiero que se desatará con la bancarrota Grecia terminará por sepultarnos.

En materia laboral, tales temores se materializan en la cada vez más difundida idea de que existe un excedente de mano de obra en España que será incapaz de encontrar ocupación en el mercado de trabajo. Por decirlo en pocas palabras: en este mundo nuestro, gustan de decir los sindicatos, sobra gente, por lo que deberíamos proceder a redistribuir entre todos el escaso trabajo (verbigracia, reduciendo la jornada laboral).

Tales miedos, empero, no son nada nuevos: los mercantilistas entre los siglos XVI y XVIII ya se mostraban espantados ante un exceso de producción interna que jamás podría venderse y que dejaría en el paro a miles de personas; Malthus y Sismondi en el s. XIX también lanzaron serias advertencias de que el gasto en consumo podía ser crónicamente insuficiente para emplear a todos los trabajadores; Marx, años más tarde, acuñó el descriptivo término del “ejército industrial de reserva” para referirse a las masas depauperadas e inocupables que tendía a generar el capitalismo; y Keynes, durante los años 30 del siglo pasado, pretendió haber demostrado que un mercado libre podía alcanzar el equilibrio condenando al desempleo a una parte importante de sus trabajadores.

Pero una vez tras otra quienes buscaban inocularnos el miedo al fin del trabajo se equivocaron. El capitalismo siguió generando riqueza y el empleo siguió abundando allí donde los mercados no estaban asfixiantemente regulados. ¿Será la actual crisis una excepción? No, por una razón económica muy sencilla: el trabajo no es un fin sino un medio para satisfacer nuestras necesidades. En la medida en que los seres humanos no tengan cubiertos todos sus propósitos vitales, seguirá siendo menester trabajar para fabricar aquellos bienes y servicios que necesitan.

En este sentido, el capitalismo es sólo una manera de organizar eficiente y pacíficamente todas las relaciones humanas –incluidas las laborales–, de modo que cada uno pueda dedicarse a producir no todo aquello que necesita para sí mismo, sino aquello en lo que es más eficiente y que resulte de mayor valor para los demás. Es decir, aunque todos necesitemos comida, no hace falta que todos la produzcamos, sino que basta con que algunas personas se especialicen en elaborarla y procedan a intercambiarla por las otras mercancías que, con mayor pericia, fabriquen el resto.

El problema de la crisis actual no es que el trabajo se haya acabado, pues sin duda alguna todavía subsisten en todos los ámbitos –alimentación, tecnología, salud, formación, ocio, etc.– muchas necesidades humanas que no han sido satisfechas y que podrían serlo incrementando su producción mediante el trabajo. El problema de la crisis actual es que esa adecuada y proporcionada división del trabajo propia del capitalismo ha sido distorsionada y adulterada durante toda una década como consecuencia de las artificiales expansiones del crédito gestadas por el monopolio público de la banca central… y ahora toca arreglar el entuerto.

Véase un ejemplo: en el año 2007 había más de dos millones y medio de personas trabajando en la construcción que probablemente deberían haber estado ocupadas en otras industrias como las orientadas a la exportación. Hoy toca trasladarlas de un lado a otro, mas todavía carecemos de un tejido exportador lo suficientemente amplio como para reabsorber a esos varios millones de personas. Toca, pues, levantarlo, para lo cual necesitamos enormes volúmenes de ahorro con los que financiar tamañas inversiones privadas.

Si alguien piensa que, en cambio, el problema del desempleo se solucionaría “eliminando” a seis millones de españoles, sólo tiene que acudir a las estadísticas de paro de 1994: pese a que en España había siete millones menos de personas, la tasa de desempleo era calcada a la actual. No es, pues, que las ocupaciones laborales se hayan agotado para siempre y que sobren personas en un mundo superpoblado. Al revés, cuanta más gente seamos, más podremos enriquecernos profundizando en la mutuamente beneficiosa división del trabajo. Para ello sólo necesitamos reorganizar nuestro aparato productivo, a saber, sólo necesitamos tiempo, ahorro y libertad. Todo lo contrario, por cierto, de lo que con tanta pasión como desacierto predica la izquierda sindicalista durante estos días. No escuchemos sus cantos de sirena pues, en tal caso, terminaremos estrellándonos contra las rocas de su obstinación liberticida.

Pero, y he ahí su error, los mercados en ningún caso le habían extendido un cheque en blanco a Rajoy. Su disposición a seguir prestándonos sus ahorros en términos asequibles tenía unos límites muy acotados: el Gobierno debía acometer con urgencia todas las reformas necesarias para asegurarles que seremos capaces de devolverles su dinero sin ningún género de dudas.  Y hasta ahora no lo ha hecho.

En las últimas semanas, el Ejecutivo del PP ha encadenado una serie de errores no sólo de comunicación sino también de contenido que han asustado a cuantos se preocupan mínimamente por la economía española: primero, lejos de proponerse alcanzar el objetivo de déficit del 4,4% comprometido para este año, Rajoy lo elevó unilateralmente hasta el 5,3%; segundo, la mayor parte del ajuste presupuestario pasa, no por una intensa reducción del gasto, sino por un salvaje aumento de los impuestos a las personas físicas y a las empresas que hacen temer un hundimiento de la actividad económica; tercero, ese mismo presupuesto se basa en unas expectativas del todo irreales tanto en la evolución de los ingresos como de los gastos; y cuarto, las autonomías, pese a estar en su mayor parte regidas por el PP, siguen del todo descontroladas en materia de despilfarros.

Tan pronto como los mercados se han convencido de que el Gabinete de Rajoy no ha llegado al poder para transformar sino para parchear el modelo de Estado español, su flujo de créditos se ha restringido y el dinero ha comenzado a huir del país: tanto la prima de riesgo como el Ibex 35 se ubican en los peores niveles del peor zapaterismo.

Si el Gobierno no rectifica urgentemente, si no anuncia unos recortes realmente profundos en el gasto de todas las Administraciones Públicas, una reversión de las subidas de impuestos y una liberalización sin ambages de todos los sectores de la economía, España corre el muy serio riesgo de ser rescatada o, incluso, de suspender pagos, salirse del euro y ver devaluar su neopeseta en cerca de un 50%. La hora de promesas y parabienes terminó: ha llegado el momento de los hechos constatables.

Y si el “derecho” de huelga ya supone una más que discutible prebenda estatista, el derecho a participar en una “huelga general” constituye un completo despropósito. A la postre, la huelga es un instrumento ideado para ejercer presión negociadora sobre un empresario concreto: lo que buscan los empleados huelguistas de una compañía es mejorar sus condiciones laborales y, para ello, adoptan la criticable pose del perro del Hortelano (ni trabajan ni dejan trabajar), infligiéndole a su patrón importantes pérdidas diarias. Pero, ¿contra quién se convoca una huelga general? No, desde luego, contra un empresario en particular, sino más bien contra un Gobierno cuya política económica los sindicatos estiman lesiva para los intereses de una inexistente y vaporosa “clase trabajadora”.

Dicho de otro modo, las huelgas generales son siempre huelgas políticas, por mucho que se camuflen de huelgas económicas: su propósito es el de doblegar la voluntad de un Ejecutivo –e incluso, en ocasiones, para derrocarlo– y no la de un empresario o grupo e empresarios. Incomprensiblemente, empero, nuestro ordenamiento jurídico prohíbe las huelgas políticas al tiempo que autoriza las huelgas generales: a saber, una persona que no acuda a su puesto de trabajo para protestar contra el copago sanitario puede ser despedido de manera procedente, pero si, en cambio, lo hace para protestar contra una reforma laboral, tiene su cargo blindado.

Se entenderá, pues, que uno no sienta demasiado aprecio hacia ninguna huelga general: no lo hice con el paripé que CCOO y UGT le montaron al moribundo Ejecutivo de Zapatero y tampoco lo hago ahora con esa ofensiva reaccionaria que ambas centrales sindicales han iniciado contra el Gobierno del PP a cuenta de su tímida e insuficiente reforma laboral. A la postre, el instrumental socialista y cuasi-revolucionario que constituye una huelga general supone un atentado contra los dos fundamentos de toda sociedad libre –la propiedad privada y el respeto a los contratos–, de modo que, aun cuando simpatizara con sus vindicaciones de fondo, me parecería una vía equivocada e inaceptable para defenderlas.

Pero, además, en el caso de la huelga del próximo 29 de marzo ni siquiera puedo coincidir con sus presuntos motivos de fondo. Los cambios que ha introducido el PP a nuestro mercado de trabajo podrán quedarse a mitad de camino, pero avanzan en la dirección adecuada. No es la reforma que yo hubiese suscrito, pero sí es una reforma que en lo sustancial mejora apreciablemente el marco de relaciones laborales de España: modera (aunque no elimina) su extrema dualidad y lo libera, en parte, de ese rígido y fascistoide corsé que representaba la negociación colectiva.

La huelga, por consiguiente, no busca detener la degradación de nuestra legislación laboral, sino bloquear cualquier atisbo de mejora. Los sindicatos funcionariales de CCOO y UGT no pretenden defender ni los derechos ni los heterogéneos (e incluso contrapuestos) intereses de “los trabajadores”, sino chantajear al Ejecutivo con una amenaza muy clara: si no conservas nuestros cienmillonarios privilegios, haremos arder la calle. Los trabajadores no son más que su arma arrojadiza para helenizar España, para tratar de buscar réditos económicos  a “la paz social”.

No debemos caer en su trampa populista. Es cierto que España se encuentra en una situación crítica, es cierto que el actual Gobierno ha tomado medidas que –como la subida de impuestos– sólo nos alejan de la recuperación y es cierto, incluso, que la reforma laboral tiene aspectos muy mejorables, pero respaldando esta huelga no sólo respaldaríamos un instrumento liberticida, sino que lo haríamos para promover unas ideas que se encuentran en las antípodas de las que necesitamos: las del socialismo extremo, manirroto y ultraintervencionista.

Si acaso, la huelga general debería servirle al Gobierno de básico recordatorio: por mucho que temple gaitas con la izquierda, terminará saliendo a la calle para desalojarlo del poder. Si queda algo de sensatez liberal en el cráneo de algún ministro, sería hora de que aprendieran de una vez la lección: dejen de contemporizar con la izquierda y presten un poco más de atención a las auténticas necesidades de España. Gobiernen de una vez: sin complejos ni medias tintas.

El mercado laboral español necesitaba de una profunda apertura que lo liberara de las cadenas del marxistoide derecho laboral y lo devolviera al ámbito civil de la libre negociación entre las partes. Suele pensarse que la legislación laboral española ya era tremendamente flexible por cuanto ha permitido despedir a 2,6 millones de personas desde 2007. Pero tengamos presente que de esos 2,6 millones, el 50% se ha debido a la destrucción de empleo temporal (el resto, a partes iguales, ha sido paro de indefinidos y autónomos) y que, mientras esta espeluznante explosión del paro tenía lugar, los costes laborales de nuestro país empezaron a crecer a ritmos muy superiores a los tiempos de la burbuja inmobiliaria, situándose en máximos históricos.

En otras palabras, por un lado, los elevados costes del despido provocaron que el desempleo se cebara especialmente con los empleados temporales, aun cuando éstos fueran más eficientes y menos costosos que algunos de los trabajadores indefinidos ultraprotegidos por la legislación laboral (es lo que se conoce como “dualidad”); por otro, nuestro corporativista sistema de negociación colectiva, por el cual los sindicatos y la patronal terminaban determinando el grueso de las condiciones laborales de todos los españoles, provocaba una casi absoluta desvinculación entre la realidad económica subyacente y las condiciones laborales.

Dos graves taras que podrían haberse solventado de raíz si el Gobierno hubiese permitido que cada empresario (o asociación voluntaria de empresarios) y cada trabajador (o asociación voluntaria de trabajadores) negociaran y pactaran libremente la totalidad de las cláusulas de un contrato de trabajo (incluyendo el coste del despido o los salarios). Semejante reforma habría facilitado que las empresas pudiesen adaptar sus gastos (mediante reducciones transitorias de jornada y salario) a la evolución de sus ingresos sin necesidad de recurrir a las primeras de cambio al siempre lesivo despido de una parte sustancial de sus plantillas (en concreto, a aquella con contratos temporales).

El PP no ha aprobado, ni lejanamente, una reforma laboral tan revolucionaria como ésta, pero es justo reconocer que la suya sí contiene diversas provisiones acertadas.

Por un lado, aunque formalmente el despido improcedente se abarate de 45 a 33 días por año trabajado (y de 42 a 24 mensualidades como máximo), la realidad es que el Gobierno ha expandido sustancialmente la casuística en la que puede recurrirse al despido por causas objetivas (20 días por año trabajado con 12 mensualidades máximas): las reducciones de ingresos durante nueve meses o la simple previsión de pérdidas permitirán a los empresarios desprenderse de los trabajadores menos productivos (a cambio de un máximo de 240 días de salario) en lugar de recurrir a la válvula de escape de masacrar a los temporales.

Aun así, este intento de reducir la dualidad del mercado de trabajo no es ni mucho menos perfecto. Primero, porque los contratos temporales siguen teniendo una indemnización igual a cero (más barata que 20 días por año trabajado) y, segundo, porque los muy politizados juzgados de lo social siguen teniendo la última palabra para determinar la naturaleza del despido (aunque al eliminar en gran parte los costosísimos salarios de tramitación, este inconveniente se modera). Algunos economistas han propuesto un contrato único con indemnización creciente, pero lo óptimo habría sido un contrato libre donde las partes negociaran tanto su indemnización como las causas de su extinción.

Por otro lado, la negociación colectiva sí ha recibido una dura estocada: los convenios de empresa (negociados con los representantes de los trabajadores de cada compañía) prevalecerán sobre los sectoriales (que a su vez expirarán dos años después de su denuncia); y en los caso de pymes sin convenio de empresa, pese a no optarse por la solución preferible de sacarlas a todas ellas del convenio aplicable de ámbito superior, se ha pretendido darles bastantes más facilidades para descolgarse de los mismos y negociar directamente con sus empleados. Además, casi todas las condiciones laborales que mejoren las de convenio (incluyendo salarios y horarios) podrán ser modificadas por el empresario en caso de dificultades económicas.

En conjunto, pues, la reforma laboral se queda corta, mas avanza en la buena dirección. No desmonta del todo nuestro muy intervencionista mercado laboral, se olvida de aspectos esenciales como la financiación de los sindicatos, las costosas políticas activas de empleo o las gravosas cotizaciones a la Seguridad Social, y añade nuevas y farragosas regulaciones (como las horas de formación), pero mejora apreciablemente la nefasta situación anterior. La incógnita, claro, es si esta acertada pero timorata liberalización servirá para reconducir la situación de más de cinco millones de parados. En 2008 habría sido una magnífica noticia; ahora, necesitábamos una mayor audacia política.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento del que se dotaron en 1997 los países de la Unión Europea para no descuadrar sus finanzas públicas no era un mal acuerdo: que nadie tuviese permitido incurrir en un déficit anual superior al 3% del PIB y que el endeudamiento total de las administraciones no pudiese superar el 60% del PIB eran dos restricciones más que suficientes para mantener incólume la calidad de los pasivos estatales.

No cabe achacar el sobreendeudamiento de Europa, pues, ni a la ignorancia ni a la falta de compromisos de sus gobernantes, sino más bien a esa dolosa indisciplina que les lleva, extasiados, a gastar mucho más de lo que ingresan. Nuestros políticos eran plenamente conscientes de que debían equilibrar sus presupuestos, pero no lo hicieron: desde 1998, sólo Finlandia, Luxemburgo y Estonia han cumplido los términos del pacto; los restantes 14 países, incluidos Francia y Alemania, mostraron una peligrosa adicción al endeudamiento público que sólo la actual crisis financiera ha sido capaz de contener.

Así las cosas, en sí misma la cumbre europea del pasado viernes no modifica nada sustancial dentro de la arquitectura de la UE. Sí, es cierto que Alemania ha logrado imponer un control algo más estricto de las cuentas públicas nacionales acompañado esta vez de sanciones casi automáticas, pero lo que faltaba ayer en Europa no son parabienes y zalameras palabras, sino voluntad y resolución política para atajar sus estructurales desequilibrios presupuestarios. Y esto último es muy probable que siga faltando a día de hoy.

Pero que hayamos avanzado muy poquito no significa que la pantomima del viernes no vaya a servir como excusa para desplegar todo un arsenal de desastrosas intervenciones económicas sobre nuestras vidas. En concreto, Alemania está convencida –o dice estarlo– de que ha salido victoriosa de la cumbre y de que una nueva Unión Europea –más disciplinada, más responsable, más fiscalizada y más germanófila– acaba de nacer. A efectos prácticos es como si Merkel hubiese trazado una línea en el suelo y hubiese dicho: “Si queréis estar conmigo, estos son los requisitos que tenéis que cumplir; si no lo hacéis, ya sabéis dónde está la puerta”.

A cambio de esta presunta sumisión de la manirrota Europa a la sensatez teutona, el Gobierno alemán parece haber aceptado el rescate de esos países problemáticos pero con buena voluntad. Así se desprende de los otros puntos acordados el viernes: por un lado, los bancos centrales europeos extenderán un préstamo de 200.000 millones de euros al FMI para que éste, a su vez, se lo preste a Italia o España; por otro, se ha adelantado la entrada en funcionamiento del fondo de rescate permanente para que conviva durante unos meses con el fondo de rescate temporal y así entre ambos dispongan de 750.000 millones.

Dado que hasta el momento los políticos europeos sólo han desembolsado el 8% de todo este dineral, ¿alguien ha pensado de dónde sacarán el resto? ¿Acaso cabe imaginar que acudirán a unos mercados cerrados a cal y canto para emitir cerca de 900.000 millones de euros? Obviamente no. A lo que vamos es a una masiva monetización de deuda pública por parte del Banco Central Europeo y de sus sucursales nacionales. Ya lo dijo hace unas semanas Mario Draghi, presidente del BCE, delante del Parlamento Europeo: “Si hay pacto fiscal, habrá nuevas medidas de apoyo monetario”. Y ha habido pacto fiscal… al menos sobre el papel.

El mayor de los tabús impuestos por el Bundesbank a la moneda única –no instrumentar al banco central para prestar irresponsablemente a países insolventes– parece estar desmoronándose. Así al menos lo han interpretado los mercados –en parte compuestos por los mismos bancos asfixiados que recibirán la ayuda del BCE–, eufóricos tras conocer las líneas maestras del acuerdo. El mensaje de Merkel ante sus desconcertados votantes será claro: “Debemos ser generosos con unos hijos pródigos que han decidido volver arrepentidos a casa, esto es, a los mismos compromisos de Maastricht que incumplieron durante casi dos décadas”. Ayuda transitoria a cambio de reformas profundas e incondicionales. Empero, también podría suceder que fuéramos camino de institucionalizar todo lo contrario: ayuda definitiva a los incumplidores a cambio de que jamás cambien. Una ayuda que no nos sacaría de la crisis mas sí convertiría al euro en una moneda de chirigota.

Fue Horacio quien dijo aquello de que “Grecia vencida conquistó a su fiero vencedor”, refiriéndose a la invasión de la cultura helena sobre las rudas costumbres de sus conquistadores romanos. Veremos si a partir del viernes no sucede lo mismo entre Alemania y la periferia europea: aquella cree habernos conquistado institucionalmente, pero bien podría suceder que nuestra cultura política del despilfarro, de la inflación y de la devaluación termine corrompiéndoles hasta el tuétano. Nada necesitaríamos menos en estos momentos.

La siguiente entrevista conjunta a Carlos Rodríguez Braun y Juan Ramón Rallo fue publicada en La Gaceta el domingo 4 de diciembre de 2011 a modo de presentación del libro ‘El liberalismo no es pecado‘.

-¿El liberalismo no es pecado?

-Ni siquiera venial.

-Y lo de “No codiciarás…”
-La codicia no tiene que ver con el liberalismo.

-¡Venga ya!
-La codicia fue espoleada por el intervencionismo.

-Explíquense.
-¿A qué cree que se dedican los bancos centrales?

-¿Es más libre un Estado jacobino o 17 mini-Españas?
-La Administración, cuanto más pequeña y próxima al ciudadano, mejor.

-¿Lehman Brothers fue la caída del Muro del capitalismo?
-Ningún país capitalista ha levantado un muro para que su población no huyera.

-¿Y el Muro del keynesianismo caerá?
-Cuando se termine el dinero y el crédito de los demás.

-¿Rajoy es liberal?
-Esperemos que, sin serlo, se comporte como tal.

-¿Qué tiene Esperanza que no tenga Rajoy?
-Más de un principio liberal.

-¿La escabechina de Mas es el aperitivo de Rajoy?
-Después de un empacho conviene moderar la gula.

-¿Cómo va a crear empleo Rajoy a tijeretazo limpio?
-El empleo lo crean los empresarios.

-¿Reforma laboral o carnicería?
-Despido libre no es gratis, sino consensuado.

-No me anden con eufemismos.
-Lo que tenemos ahora sí son los efectos de la carnicería colectivista.

-Bajar impuestos ¿es la panacea?
-Bajar impuestos sólo es que te dejan de robar.

-¿Cómo frenar a Leviatán?
-¿Le suena lo de la limitación constitucional del déficit?

-¿Hay bienestar fuera del Estado?
-No sé es si hay bienestar para el Estado fuera del Estado de bienestar.

-¿Hay que matar al padre-Estado?
-Los políticos deben dejar de creerse nuestros padres y muchos ciudadanos deben dejar de verse como sus hijos.

-¿Es más matón el tabaco o el Estado que lo prohíbe?
-El Estado, y no sólo por prohibirlo.

-Pero ¿fumar no mata y hasta produce impotencia?
-¿Cuántas matanzas y esterilizaciones tiene el Estado sobre sus espaldas?

-Euro-calipsis ¿now?
-Sí, si confiamos en que los causantes del desastre nos saquen las castañas del fuego avivando la hoguera.

-La urna se convierte en Egipto en una soga para suicidarse…
-Sí, porque puede haber democracia sin Estado de derecho.

- Se refiere a Venezuela.
-Y también a España. Vamos camino de ello.

-La economía en cinco lecciones. ¿Pretenden dárselas a los ministros?
-La arrogancia del político merece un baño de humildad.

-¿A quién pondrían en Economía?
-A quien quisiera clausurarlo.

-¿Y qué tal un ama de casa? Son grandes administradoras.
-Lo son porque se limitan a administrar su vida y la de sus familiares.

-En eso deberían imitarlas los políticos.
-Las sociedades son demasiado complejas para que se puedan dirigir desde arriba.

-¿Y qué proponen? ¿ La anarquía?
-No. Propiedad privada y contratos.

Las siguientes reflexiones forman parte de la sección Cara a Cara de La Gaceta.

1. Sí, los gobernantes de Grecia e Italia, elegidos democráticamente, han gastado durante 30 años mucho más de lo que ingresaban. Finalmente, sus pasivos han sobrepasado el volumen que cabía considerar sostenible, por lo que sus acreedores sólo se han mostrado dispuestos a refinanciar las deudas si se les convence de que tienen la intención de devolverles el dinero. Berlusconi y Papandreu dilapidaron su credibilidad: su propia inepcia les ha derrocado, no los mercados.

2. Aun así, los cambios de Gobierno están lejos de constituir una auténtica intervención económica, como sucede con las empresas privadas concursadas. Si los Estados heleno e italiano se niegan a pagar sus deudas, lo razonable sería que sus acreedores los forzaran a liquidar todos sus activos públicos y a ajustar sus gastos hasta alcanzar el superávit.

3. Las preferencias de los votantes suelen ser inconsistentes, así que es complicado conocer cuáles son sus verdaderos deseos: los electores pueden oponerse a las reducciones de gastos y al tiempo rechazar las funestas consecuencias de un impago de la deuda.

4. Tampoco hay que pontificar la democracia: esclavizar a los ciudadanos con cientos de miles de millones de deudas fue una decisión tomada por gobernantes elegidos de manera democrática, pero también fue una decisión absolutamente liberticida para los ciudadanos.

Decía Merkel allá por 2010 que ampliar el Fondo de Rescate europeo hasta el billón de euros no serviría de nada salvo para ganar tiempo. Pues bien, semejante inútil reforma, destinada únicamente a prolongar durante unas horas más la estancia de nuestros mandatarios en el País de Nunca Jamás –ese terruño donde nadie, ni ellos ni Peter Pan, desea madurar y asumir responsabilidades– conforma uno de los puntos básicos del acuerdo adoptado este miércoles en la cumbre para “salvar al euro”.

Así las cosas, los líderes europeos han pactado, primero, incrementar el tamaño del Fondo de Rescate para adquirir o avalar hasta cerca de un billón de deuda pública periférica, fundamentalmente italiana y española. Segundo, obligar a los principales bancos de la Eurozona a que se recapitalicen en los 100.000 millones (26.000 para los españoles). Y tercero, aplicarles un “quita voluntaria” del 50% a los acreedores privados de Grecia, de forma que la deuda total del país quede tan sólo en el 120% del PIB.

Con semejantes medidas, a cada cual más inservible y contraproducente, se nos asegura que se pretende salvar una moneda única que si está en peligro es sólo por la torpeza y la mala fe de esos mismos líderes europeos. Al cabo, ¿cuáles son los problemas del euro salvo que unos países, los periféricos, se niegan a salir de la franja de riesgo de la insolvencia ajustando de verdad sus presupuestos y liberalizando sus economías? Recuerden: Grecia tiene una deuda del 150% del PIB y un déficit anual de entre el 7% y el 10%; Italia soporta una deuda del 120% del PIB y un déficit del 5%; Portugal acumula unos pasivos del 105% del PIB y un déficit del 6%; y España acopia unas obligaciones financieras del 70% del PIB, con un déficit del 6%, unas perspectivas de crecimiento nulo y una tasa de paro del 22% de la población activa.

Es decir, el problema de la Eurozona es que los deudores se niegan a realizar todos los esfuerzos necesarios para devolverles el dinero a sus acreedores: básicamente los bancos franceses y alemanes; es decir, los ahorradores franceses y alemanes que depositaron su dinero en sus entidades y que éstas malversaron prestándoselas a Gobiernos manirrotos que hoy amenazan con no pagar. Y llegados a este punto sólo quedan dos opciones realistas: una, que esos Gobiernos irresponsables se esfuercen de verdad en amortizar sus deudas (tomando todas las medidas de saneamiento del sector público y de flexibilización del privado que sean necesarias); dos, reconocer que esos Gobiernos irresponsables no tienen ninguna intención de pagar, que repudien total o parcialmente su deuda, que se atengan a las consecuencias de unos mercados internacionales cerrados a cal y canto, y que sus acreedores asuman las milmillonarias pérdidas.

Todo lo demás es tan sólo teatro. Una farsa deliberadamente representada para ocultar que los problemas estructurales de nuestras economías siguen ahí sin resolverse: continuamos sin poder pagar y nuestra solvencia no ha mejorado ni un ápice por el hecho de que el Fondo de Rescate vaya a avalar o refinanciar nuestra deuda. Ni siquiera se ha resuelto el problema griego, pues si la economía italiana, en mucha mejor forma y con bastante menos déficit que la griega, es incapaz de soportar la carga de una deuda del 120% del PIB, mucho menos lo será la helena.

En definitiva, desconfíen de los numerosos parabienes que estos días recorren toda Europa. Sólo hemos comprado tiempo a un coste carísimo: justo lo mismo que hemos venido haciendo con contumaz miopía desde el estallido de la crisis en 2007. ¿Recuerdan cuando se nos dijo que los problemas europeos estaban acotados en Grecia y que el primer plan de salvamento –aquel apenas cifrado en préstamos de 30.000 millones y sin asumir quita alguna– ya suponía la solución definitiva? ¿O cuándo se nos juró que la crisis de deuda terminaba en Irlanda? ¿O cuando rescatamos a Portugal y se nos juró que España estaba hecha de otra pasta? ¿O cuando en julio volvimos a salvar a Grecia, prometiendo que esta vez sí era la definitiva? ¿O cuando en agosto el Banco Central Europeo empezó a monetizar deuda pública española e italiana para devolver la confianza a los mercados?

Pues exactamente lo mismo sucede ahora. Los Estados periféricos siguen en riesgo de no poder pagar; los Estados centrales no pueden rescatarlos de verdad; y los sistemas bancarios de toda la Eurozona, por mucho que se vayan a recapitalizar en 100.000 millones de euros, no disponen de suficiente estómago como para absorber el impago. Si queremos salvar al euro, la solución no la hallaremos en cumbres como esta que sólo entregan más dinero a los deudores pródigos para que sigan sin cambiar absolutamente nada, poniendo en jaque a la moneda única. Lo que necesitamos, desde 2007, es rigor presupuestario y apertura de los mercados; sólo eso. Y ni una cosa ni la otra han salido de la cumbre de este miércoles.

Haríamos muy mal si pensáramos que los males económicos de España se solucionan automáticamente desalojando a Zapatero de La Moncloa: sustituir a un gobernante denostado y desprestigiado internacionalmente por otro con perfil neutro podrá aliviar algo nuestro descrédito como nación, pero no solventará ni mucho menos los verdaderos problemas subyacentes.
Si Rajoy quiere enderezar nuestra economía deberá aprobar medidas radicales que molestarán al establishment y a la izquierda caviar, pero que son indispensables; unas medidas que deben dirigirse a solucionar nuestros problemas productivos y financieros tanto para el corto y el largo plazo, esto es, no sólo para retrasar la suspensión de pagos durante 24 meses más, sino para evitarla por entero y, sobre todo, para convertirnos en una economía confiable en la que el inversor nacional y extranjero puedan generar riqueza sin que políticos, sindicatos y grupos de presión se lo impidan o se la arrebaten.

Por un lado, para lograr el reajuste de nuestro aparato productivo, necesitamos, primero, que los contratos laborales regresen al ámbito de negociación individual entre empresario y trabajador, sin que los sindicatos o la patronal puedan intervenir salvo como representantes voluntarios; esta abolición de esa fascistada llamada negociación colectiva también debería afectar a las relaciones laborales vigentes, permitiendo renegociar sin indemnización todos los contratos actuales para adaptarlos a la nueva realidad posburbuja –una medida bastante menos cruel y barata que reducir el coste del despido para, a través del cese laboral, proceder a su ulterior renegociación–. Segundo, debemos rebajar la factura eléctrica y para ello hay que suprimir las primas a las nuevas centrales renovables, revisar a la baja las ya comprometidas y prolongar la vida de todas las centrales nucleares seguras. Tercero, liberalización total del sector empresarial: eliminar los obstáculos burocráticos a la hora de constituir nuevas empresas así como las limitaciones sobre a qué pueden dedicarse –por ejemplo, suprimiendo la ley de horarios comerciales, la ley del suelo, la ley antitabaco…). Y cuarto, permitir que aquellos sectores que deban quebrar, como el de la construcción, quiebren y saquen a la venta todo el stock de viviendas y de bienes de capital que retienen sin uso alguno.

Por otro lado, para conseguir el reajuste financiero hay que promover el ahorro empresarial, familiar y estatal. Las Administraciones Públicas deben regresar a los niveles de gasto anteriores a la burbuja (2002-2003). Ello implicará desprenderse de numeroso personal público –sobre todo autonómico–, eliminar todas las subvenciones, privatizar todas las empresas públicas e instaurar el copago en la sanidad y en la educación no obligatoria. Con este tijeretazo al gasto, lograríamos no sólo acabar con el déficit, sino amasar un cierto superávit con el que poder reducir de manera muy considerable la tributación sobre el ahorro, tanto en el IRPF como en el Impuesto de Sociedades: los gravámenes sobre dividendos, plusvalías y beneficios no deberían superar en ningún caso el 10%. De este modo, no sólo alimentaríamos el ahorro interno, sino que importaríamos capitales desde el extranjero, lo que permitiría recapitalizar a nuestro tejido empresarial –y bancario– y contratar a gran parte de los cinco millones de parados.

Sin todo este paquete de reformas, la economía española lo tendrá muy complicado para levantar cabeza en muchos años: mientras no despejemos los temores de suspensión de pagos, nuestra permanencia en el euro será cuestionada y mientras se cuestione, los incentivos a ahorrar e invertir en España serán minúsculos.

Pero, a largo plazo, las reformas necesarias son mucho más ambiciosas. En particular: necesitamos privatizar tramos enteros de nuestro mal llamado “Estado del Bienestar”, sobre todo la enseñanza universitaria –que no debe acompasarse a las necesidades de políticos y pedagogos, sino de empresas y estudiantes– y un sistema de pensiones cuya subsistencia, por cuestiones de demografía, depende de que cada 15 o 20 años se le meta un recorte muy considerable a las prestaciones. A su vez, hemos de instaurar un auténtico Estado de Derecho para convertir a nuestro país en un reducto seguro en el que invertir: necesitamos una Administración pequeña, pero muy eficiente, y con una auténtica separación de poderes tutelada por tribunales independientes; es decir, menos leyes y más contratos privados.

En definitiva, tenemos que parecernos más a Chile y menos a Argentina. A buen seguro, los socialistas de todos los partidos le dirán que no necesitamos nada de esto, que todo se arreglará subiendo un poquito los impuestos al tabaco. No les crea: en 2008 también negaron la misma existencia de la crisis y nos prometieron el pleno empleo. La duda no es si necesitamos con urgencia todo este paquete de reformas –que lo necesitamos–, sino si Mariano Rajoy se atreverá a aplicarlas y si una parte muy importante de la sociedad española será lo suficientemente responsable como para digerirlas. No soy demasiado optimista al respecto.

Grecia se encuentra en estos instantes al borde de la quiebra por dos razones que, para nuestra desgracia, el Gobierno socialista de España ha venido reproduciendo durante esta legislatura. Una es haber gastado durante muchos años por encima de sus posibilidades, echando mano de la deuda pública hasta unos extremos que la volvían literalmente impagable. El segundo es incumplir las condiciones que le impuso la Unión Europea para aceptar su rescate.

Así las cosas, los socialistas de izquierdas y de derechas que gobernaron el país heleno durante décadas cargaron a las espaldas de sus ciudadanos unos volúmenes mastodónticos de deuda pública que han llegado al 150% del PIB. Como es lógico, llegó un momento en el que los inversores extranjeros se asustaron, desconfiaron de la solvencia del país y dejaron de refinanciarle la deuda. Es lo que tiene: los ahorradores prestan su dinero con la esperanza de que les sea devuelto, y Grecia no inspiraba ninguna confianza a este respecto.

Fue en esos momentos de quiebra técnica cuando llegó la Unión Europea con su famoso plan de rescate: Bruselas prometía proporcionarle a Grecia los fondos que necesitaba… siempre que esta asumiera el compromiso de ir reduciendo su abultado déficit. Dicho de otro modo, la Unión Europea le proporcionaba al país periférico una cierta respiración asistida para que este aprovechara el tiempo para reordenar sus finanzas. Lo lógico habría sido combinar enérgicos tijeretazos al gasto público con enormes privatizaciones de su cartera de activos: recordemos que Grecia adeuda alrededor de 350.000 millones de euros pero posee un patrimonio valorado en 300.000 millones. ¿Por qué no liquidarlos todos, dejarlos en las mucho más eficientes y legítimas manos privadas y proceder a amortizar gran parte de la deuda viva?

Pero no. Grecia prefirió incumplir su palabra, adormecida en el muy cómodo rescate de sus socios comunitarios. Así las cosas, en agosto ya había prácticamente rebasado el objetivo de déficit que Bruselas le fijó para todo el año, de modo que la UE optó por congelarle los fondos que el Estado griego necesitaba para seguir pagando las nóminas y las pensiones; unos fondos que permanecerán en el congelador hasta que el país demuestre inequívocamente que quiere reconducir su presupuesto a través de todos los planes de ajuste que sean necesarios para ello. Y aquí no valen medias tintas: o toma decisiones drásticas o se acabó la fiesta, pues los mercados hace tiempo que dejaron de prestarle a unos tipos de interés que fueran asumibles (ayer los intereses a un año alcanzaron el 108%, lo que demuestra que nadie confía en su habilidad para amortizar sus pasivos). El problema de Grecia es que el tiempo se le acaba: en octubre, si alguna parte no ha dado su brazo a torcer, se quedará sin tesorería y deberá suspender pagos.

No sería la peor de las soluciones posibles; tal vez, acaso, la segunda mejor después de que Grecia implementara los planes de ajuste necesarios. Una quiebra castigaría a los prestamistas que se equivocaron financiando ese parque temático socialista y disciplinaría al resto de deudores que, como España, están a verlas venir con Grecia, que no se toman en absoluto en serio el riesgo de una quiebra y confían en engañar a Bruselas y a los mercados para que la fiesta estatista dure un poquito más.

No convendría, sin embargo, que miráramos estos dramáticos acontecimientos con lejanía, como si no fueran con nosotros. No sólo porque si Grecia quiebra, la refinanciación de nuestra deuda se encarecerá de manera muy sustancial –más que nada porque quienes ahora mismo nos financian son bancos franceses y alemanes, que recibirían un durísimo golpe con la quita griega–, sino porque los paralelismos entre ambas economías resultan, cuando menos, inquietantes.

Los Estados de ambos países siguen viviendo muy por encima de sus posibilidades y, lo que es peor, Bruselas ya asume que España no cumplirá con su compromiso de déficit para 2011 y 2012. Es cierto que nuestra deuda pública es menos de la mitad de la griega, pero nuestra deuda privada es muy superior y, en todo caso, si el crédito se corta en seco, se cortará para todos, especialmente para los menos solventes: es decir, para nosotros.

Y, por si lo anterior fuera poco, el partido socialista de Grecia sólo ha atinado a combatir su déficit implantando un ruinoso tributo sobre las propiedades inmobiliarias que únicamente terminará por ahuyentar el poco capital nacional y extranjero que desee permanecer en el país. Por su parte, el partido socialista español pretende asimismo aprobar un impuesto sobre el patrimonio que tampoco contribuirá –ni mucho menos– a reducir el déficit y sí a castigar irracionalmente el ahorro de los españoles, justo lo que ahora necesitamos con urgencia. ¿Por qué no privatizar propiedades estatales en lugar de expropiar las privadas? La perversa lógica del intervencionismo socialista.
Puede que algunos confíen en que los eurobonos acudirán triunfantes al rescate, pero éstos no solventan los problemas de fondo: a saber, que a toda la Eurozona se le acaba el tiempo… y el crédito.

Es difícil, probablemente imposible, calcular exactamente la riqueza que Zapatero, sus colaboradores y sus economistas cortesanos han contribuido a destruir. Para nuestra desgracia, la influencia de los Estados modernos sobre nuestras vidas es demasiado poderosa como para que podamos siquiera comprender todas las pauperizadoras derivadas de sus intervenciones. Sin embargo, sí hay dos elementos cuyas pérdidas podemos cuantificar grosso modo: el desproporcionado incremento del gasto público y la tercermundista legislación laboral.
Bajo el palio del keynesianismo, esa doctrina estatólatra que aconseja a los gobernantes despilfarrar los recursos justo cuando más escasos se vuelven, el Gobierno de Zapatero ha conseguido arrastrar a las Administraciones Públicas a una situación cercana a la insolvencia. Desde 2003 a 2010, el gasto público español se disparó desde 300.000 millones de euros anuales a 477.000; esto es, se expandió más de un 50%. Por el contrario, por aquello de que las comparaciones son odiosas, el gasto público alemán apenas aumentó desde los 1,05 billones de euros a los 1,16 billones; es decir, apenas un 10%.

Los habrá que piensen que la distinta evolución del sector público español y germano responde a la dispar incidencia de la crisis. Ya se sabe: los alemanes, que son muy eficientes, apenas han padecido las inclemencias de la recesión y del desempleo, por lo que no les ha sido necesario incrementar demasiado el gasto. Parece lógico y comprensible, pero la intuición es errónea: el grueso del aumento del gasto público en España se vivió durante la primera legislatura de Zapatero, durante la borrachera crediticia que llenaba las arcas del Estado de impuestos vinculados muy estrechamente con la burbuja.

Desde 2003 a 2007, el gasto anual aumentó en 112.000 millones de euros, casi un 40%. En cambio, entre 2007 y 2010 lo hizo en 65.000, un 15%. ¿Qué pasó, por el contrario, en Alemania? Desde 2003 a 2007, el gasto anual se congeló –no creció ni siquiera un 1%– y fue entre 2007 y 2010 cuando se expandió tímidamente en un 10%. En otras palabras, no ha sido la crisis, sino el fanático intervencionismo estatista del PSOE –y de los correspondientes virreyes autonómicos a los que Zapatero no quiso poner límites– el que ha engordado hasta límites insostenibles el tamaño del Estado.

Para que nos hagamos una idea de la ruina que ha supuesto el zapaterismo: si, como hizo Alemania, no hubiésemos incrementado el gasto público entre 2003 y 2007, hoy tendríamos un superávit de 14.000 millones de euros –el 1,3% del PIB–, aun cuando se hubiese prestado la misma protección social que se ha prestado durante la crisis. Repito, por si alguien cree que ha leído mal: si entre 2003 y 2007 hubiésemos congelado el tamaño del Estado como hizo Alemania, hoy tendríamos un superávit del 1,3% del PIB en lugar de un déficit del 9%.

Pero no nos detengamos en el despilfarro público, pues los destrozos del zapaterismo no terminan aquí. ¿Está siendo nuestra crisis peor que la de Alemania? Sin duda, pues acumulamos muchos más desajustes como consecuencia de la enorme burbuja inmobiliaria. Sin embargo, y siempre que nos creamos las estadísticas oficiales, entre 2007 y 2010 Alemania no ha crecido mucho más que España: un 2,7% para la primera, un 1% para la segunda. En cambio, ¿qué ha pasado con la tasa de paro? Alemania la ha visto caer del 8,3% al 6,8% y España la ha visto estallar del 8,2% al 20%. Vale, de acuerdo, no tiene sentido que nos comparemos con el gigante teutón. Tomemos como referencia al resto de países intervenidos dentro de la Eurozona: Grecia, Irlanda y Portugal. En términos nominales, la catastrófica economía helena creció un 1,3% entre 2007 y 2010 y su tasa de paro aumentó del 8,3% al 12,5%. Irlanda sufrió una caída del PIB del 10% y su tasa de desempleo se incrementó del 4,5% al 13,6%. Y Portugal se expandió un 2,3% y su tasa de paro subió del 8,1% al 11%.

Dicho de otra manera, el peor de todos estos países intervenidos, Irlanda, tiene una tasa de 6,5 puntos menor que la nuestra… y eso que su PIB se desplomó un 20%. ¿Dónde está el problema en nuestra economía? No, el gran coco tampoco es la crisis, sino una legislación laboral controlada por los sindicatos que bloquea la creación de cualquier puesto de trabajo. Zapatero debería habérsela cargado de raíz ya en 2007, en cuyo caso nuestra tasa de paro no debería haber sido superior a la irlandesa. Siete puntos menos de paro se habrían traducido en muchos menos subsidios de desempleo; en concreto, unos 12.000 millones menos al año.

Echemos cuentas: entre 2007 y 2011 habremos gastado cada año 112.000 millones más de lo necesario por la hipertrofia del Estado y 12.000 millones más en concepto de subsidios de desempleo derivados de nuestra socialista legislación laboral. En total, medio billón de euros que Zapatero, y unas autonomías y sindicatos a los que no se atrevió a poner coto, han tirado por el desagüe en apenas una legislatura. La mitad del PIB de España. La ruina absoluta. El resultado de dos malas tardes de economía.

Imagine que acaba de comprarse un coche nuevecito por 50.000 euros y que, desatendiendo las más elementales normas de prudencia y circulación, marcha por una carretera secundaria a 200 kilómetros por hora y saltándose todas las señales de tráfico. Al final, claro, se estrella contra algún muro y su coche queda reducido a chatarra. Usted, por fortuna, sale ileso del accidente y, desencantado con el poco gratificante estado de su vehículo, decide vendérselo al mejor postor, pero este, vaya por dónde, no está dispuesto a ofrecerle más de 500 euros, pues la chatarra es lo que tiene, que no vale demasiado. Iracundo, comienza a desfilar por los medios de comunicación, indignado por ser víctima de un ataque especulativo de los mercados: acababa de comprar el coche por 50.000 euros y, apenas unas horas después, los mercados sólo le ofrecen una centésima parte. ¡Habrase visto semejante descaro!

La historieta podrá parecerle ridícula, pero para nuestra desgracia no se diferencia demasiado de la actitud quejicosa que está adoptando la inmensa mayoría de políticos frente a la crisis de deuda que nos atenaza. Ante la disyuntiva de revisar si, tal vez, en estos tres largos años de crisis han hecho algo mal o, en cambio, vaciar su cargador dialéctico y normativo contra quienes nos prestan su dinero, nuestros gobernantes han optado por lo segundo. Al parecer, que la economía española deba a nuestros acreedores internacionales el 100% del PIB, que el Estado continúe acumulando déficits públicos superiores a los 70.000 millones de euros, que nuestro sistema financiero no esté, por decirlo suavemente, en su mejor momento, que nuestro aparato productivo se encuentre tan desestructurado como para ser incapaz de emplear a una de cada cinco personas y que, pese al hundimiento de la demanda interna, sigamos importando 40.000 millones de euros más de lo que exportamos, todo eso debe ser pecata minuta.

Claro que lo más grave no son nuestros problemas económicos; torres más altas han caído y de agujeros más profundos se ha salido. Lo realmente desconcertante es que, mientras el país avanza con paso firme hacia la bancarrota por no querer solventar ni uno solo de los problemas anteriores, nuestra clase política siga enrocada en pronosticar la Sexta Venida de los brotes verdes y en demonizar a quienes, pese al chaparrón, continúan prestándonos su dinero. Cortinas de humo que, para más inri, sólo tienen un único y nocivo objetivo: no tomar ninguna de las medidas que la economía española necesita para recuperarse; a saber, intensos recortes en el gasto público y liberalización completa de la economía, sobre todo en el ámbito laboral.

El problema no es ni de los mercados ni de los especuladores, quienes sólo realizan una evaluación de la calidad de deuda y actúan en consecuencia comprándola o vendiéndola. El problema reside en unos políticos que no han aprendido ni una sola de las lecciones que, a un altísimo precio, nos ha brindado la crisis: en lugar de combatir con austeridad una crisis derivada del exceso de endeudamiento, han seguido gastando y endeudándose sin control; en lugar de favorecer la recolocación de los factores productivos y el reajuste de precios dentro de una economía escorada en exceso hacia el ladrillo, han preferido conservar toda la maraña de leyes, reglamentos, órdenes, decretos, códigos, directivas, tratados, convenios, bandos y mil regulaciones varias que lo imposibilitan; en lugar de reclamar un poco de ortodoxia monetaria a un banco central cuyos bajísimos tipos de interés fueron los principales detonantes de la burbuja inmobiliaria, han persistido en exigirle a Trichet que mantenga los tipos a niveles artificialmente bajos y que, por si fuera poco, monetice tanta deuda española como tengamos a bien emitir. Pero ya sabe: la culpa de todos nuestros problemas es de algún tipo de conspiración internacional dirigida a hundir al glorioso zapaterismo gobernante.

Unas sugerencias, señores socialistas (de todos los partidos): déjense de víctimas propiciatorias, asuman de una vez su responsabilidad en la gestación y posterior agravamiento de la crisis, entierren sus caducos dogmas ideológicos, olvídense de sus intereses electorales y, sobre todo, rectifiquen. Si quieren que los mercados, los especuladores, los gnomos de Zúrich y la sinarquía internacional dejen de atacarnos, lo tienen bien sencillo: hagan todo lo posible por devolver el dinero que hoy se les está prestando a millonadas y que ustedes sólo se han dedicado a dilapidar. Apriétense el cinturón y hagan las reformas pendientes (que son todas) y, entonces, si es que todavía no han estrellado el coche contra un muro, nuestra economía comenzará a mejorar y los de fuera volverán a confiar en nosotros como lo habían hecho hasta hace dos años.

Pero bueno, ¿quién quiere rigor económico cuando se puede disponer de demagogia política a raudales? Mejor huir hacia adelante, prohibir parte de la actividad de los especuladores y colocarle nuestra cada vez más tóxica deuda al Banco Central Europeo que encauzar la recuperación de España. A ver si así el castillo de naipes aguanta hasta las generales; luego, ya veremos.

Decía Margaret Thatcher que el socialismo termina tan pronto como se acaba el dinero. La ex primera ministra no iba desencaminada en su afirmación, pero olvidó que, una vez se ha acabado el dinero, la bacanal socialista puede continuar durante unos años merced al crédito. Eso es justamente lo que ha sucedido con Grecia.

El país quiso convertirse en un parque temático socialista, pero carecía del dinero necesario para ello. Durante la primera mitad de los noventa, los gastos públicos superaron en alrededor de un 50% sus ingresos fiscales, lo que se tradujo en enormes déficits presupuestarios: para que nos hagamos una idea, entre 1990 y 1995, la deuda pública helena se multiplicó por tres, hasta alcanzar el 100% del PIB. Y, aun así, sus políticos todavía estaban ansiosos por gastar más dinero.

Sin embargo, en la segunda mitad de los noventa, Grecia tuvo que guardar las formas y realizar grandes esfuerzos para lograr su entrada en el euro. La mayor parte de ese trabajo lo ejecutaron sus mandatarios entre bambalinas, no apretándose el cinturón, sino maquillando con brocha gorda sus estadísticas de déficit e inflación. Nada de gastar menos: la clave para acceder a la moneda única consistía en mentir y aparentar que ya se gastaba menos.

La falsa disciplina desapareció una vez entraron en el euro. El despilfarro público prosiguió, pero esta vez catalizado por el torrente de crédito barato con que el Banco Central Europeo inundó el mercado a partir de 2002. Así las cosas, los tipos de interés de la deuda pública griega se dividieron por siete: desde el 24,5% a principios de los noventa a apenas el 3,3% en 2005. Y, gracias a ello, los políticos helenos pudieron duplicar el déficit y el gasto público a lo largo de la década del 2000. No es de extrañar; entre otras excentricidades, los salarios de los empleados públicos llegaron a triplicar los del sector privado, y camareros, peluqueros o músicos podían jubilarse a los 55 (las mujeres a los 50) debido a la peligrosidad de su profesión.

Al tiempo que el dinero se dilapidaba, el Estado griego se mostraba tremendamente ineficiente a la hora de recaudar impuestos. El caso más conocido ha sido el de los médicos helenos, dos tercios de los cuales declararon una renta inferior a los 12.000 euros anuales. Pero, más allá del dato anecdótico, se estima que la economía informal griega podría duplicar el tamaño de la economía informal del resto de Europa. Con todo, esto no significa que la presión fiscal del país fuera ni mucho menos reducida: un 40% del PIB pasaba por las manos del Estado, el porcentaje más alto en las últimas tres décadas.

Todo este entramado estatista, sin embargo, saltó por los aires en dos actos. El primero, la crisis económica que comenzó en 2007. El segundo, el cambio de Gobierno griego en 2009 y la posterior revisión de las cifras de déficit: el nuevo Ejecutivo de Papandreou se encontró con que el déficit público de 2009 no era del 3,7%, como había anunciado el anterior Gobierno de Kostas Karamanlis gracias a la excelente labor de maquillaje del banco estadounidense Goldman Sachs, sino del 12,5%. A partir de ahí, los tipos de interés de la deuda pública explotaron desde el 5% al 11%.

Con una deuda pública que supera el 150% del PIB, con un déficit presupuestario de más del 10% del PIB y con unos pagos anuales de intereses que ya representan el 15% de los ingresos fiscales, parecía claro que Grecia necesitaba de algún tipo de plan de ajuste drástico que le permitiera equilibrar sus cuentas y devolver el dinero que durante tanto tiempo y con tanta alegría se le había prestado. En caso contrario, ¿quién iba a ser tan suicida como para seguir extendiéndole crédito a la espera del improbable momento futuro en que generara un superávit?

A este propósito respondía el programa aprobado por el Parlamento griego del pasado miércoles 29 de junio, que entre otras medidas reducía el salario de los funcionarios un 15%, elevaba la edad de jubilación a las 65 años, cerraba 2.000 escuelas, incrementaba el IVA al 23%, creaba un nuevo impuesto de solidaridad sobre la renta familiar, etc.

No cabe duda de que la mayoría de reducciones del gasto eran imprescindibles para adelgazar un Estado hipertrofiado que ha matado económica y mentalmente a los griegos. El problema es que, incluso con semejante plan, es posible que el país no evite la bancarrota, en la medida en que el sector público seguirá sumido en el déficit. El ajuste necesario era mucho mayor y, sobre todo, pasaba por un programa de privatizaciones infinitamente más ambicioso: no olvidemos que el Estado griego cuenta con 300.000 millones de euros en activos (empresas públicas, suelo, edificios, acciones, oro…) con cuya venta podría amortizar la práctica totalidad de su deuda pública.

Claro que es dudoso que semejante plan pudiese haber salido adelante: tan asentada está la mentalidad socialista entre la mayoría de los helenos que, incluso después de los ajustes, el gasto público continuará copando la mitad del PIB del país. Tomemos nota: el socialismo, el de izquierdas y el de derechas, ha arruinado a Grecia. Que no nos pase lo mismo a nosotros.

Con cinco millones de parados, parecería que el mercado laboral español necesitaba algún tipo de reforma. Algo huele a podrido en nuestra economía cuando exhibimos una desoladora tasa de paro del 21%, mientras que Grecia, un país en quiebra e inmerso en una continua huelga general, tiene una del 16%, y Portugal, otra economía esclerotizada que ha sido intervenida por la UE, apenas alcanza el 12%. Pero el Gobierno de José Luis, que es el de Alfredo y que es, a la postre, el que ha dejado España hecha un solar, ha vuelto a enrocarse en su obstinación izquierdista. Primero negaron la crisis y ahora niegan la imperiosa necesidad de adoptar reformas; entre ellas, de manera muy especial, la de la negociación colectiva.

Nuestro modelo actual de relaciones laborales proviene del corporativismo mussoliniano tan en boga durante los años veinte y que encontró cobijo en nuestro país en los comités paritarios que integraban la Organización Corporativa Nacional durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Su modelo, grosso modo, era idéntico al de ahora: los sindicatos y las patronales decidían centralizadamente cuáles eran los salarios y las condiciones laborales por las que en cada sector o territorio debían regirse todos los trabajadores y todos los empresarios.

Las distorsiones que este modelo añadía, y sigue añadiendo, a la economía son enormes, pues desvincula la negociación laboral del ámbito concreto donde tiene que aplicarse. No por casualidad, pues, la flexibilidad de nuestro mercado laboral ocupa el puesto 119 de 139 del ranking del Foro Económico Mundial, por detrás de países como Moldavia, Pakistán o Etiopía. La negociación colectiva fracasa por los mismos motivos por los que fracasó el socialismo: ninguna mente, tampoco las ilustres de Méndez y Toxo, es capaz de adquirir y procesar la suficiente información sobre las cambiantes y particulares circunstancias que atañen a millones de personas como para planificar adecuadamente sus vidas.

Es cierto que en época de bonanza económica, sobre todo si viene artificialmente impulsada por una orgía de crédito barato, esas enormes ineficiencias y distorsiones pueden camuflarse bajo la alfombra de alguna que otra burbuja inmobiliaria: la riqueza que aparentemente se crea con el crédito es mayor que la que realmente se destruye con la negociación colectiva. Los problemas comienzan cuando se pretende atravesar con esta camisa de fuerza una crisis que requiere de tanta flexibilidad como sea posible. En tal caso, a la riqueza que se destruye por la propia dinámica de la depresión se le añade la que marchita por la propia inercia de este modelo fascistoide de relaciones laborales. Imagínense: hoy mismo, gracias a la ultraactividad –prórroga automática– de los convenios colectivos, casi todas las empresas de este país siguen rigiéndose por las condiciones de trabajo que, en cada ámbito, se pactaron en tiempos de la burbuja inmobiliaria.

¿Tiene algún sentido que, cuando alrededor de una cuarta parte de nuestra economía se ha desmoronado en los últimos tres años, sigan vigentes unos salarios y una organización laboral que se acordó cuando creíamos vivir en la superabundancia, en la Champions League de la economía mundial? No, obviamente no lo tiene, y quien afirme lo contrario es que confunde sus deseos con la realidad. Pues la realidad es que somos más pobres –mucho más pobres– de lo que pensábamos en 2007. Por supuesto, a todos nos molesta que nuestra sociedad se haya empobrecido, sobre todo cuando esa pauperización no es, en la mayoría de los casos, responsabilidad directa de quienes la sufren, sino de unos políticos que tomaron todas las decisiones opuestas a las que deberían haber adoptado. Pero sería absurdo que, con tal de no afrontar la realidad, optáramos por convertirnos en unos voluntariosos ciegos, en unos cobardes inmaduros que se niegan a crecer.

Más que nada porque mientras conservemos la negociación colectiva, mientras les sigamos dando todo el poder a unos sindicatos que no representan más que al 15% de los trabajadores de este país –en gran parte liberados– o a unas patronales que apenas tienen contacto con los retos diarios de las decenas de miles de nuestras empresas, el paro no comenzará a reducirse de manera significativa. Los caprichos fascio-socialistas de preservar un anacrónico y liberticida sistema de relaciones laborales están condenando a millones de personas al desempleo endémico y a miles de empresas a su progresiva desaparición.

Nada ha hecho el PSOE para librarnos de esta lacra, en esencia porque, junto a las élites sindicales, es el principal defensor de semejante despropósito. Es sólo un exabrupto su reciente reforma de la negociación colectiva, en la medida en que mantiene la ultraactividad, no exime a las pymes de aplicar los convenios sectoriales, condena a las grandes empresas a someterse subsidiariamente a estos últimos y refuerza el poder de las comisiones paritarias controladas por los sindicatos. Acaso la última burla macabra de un Ejecutivo que, por fin, después de cuatro años arruinando a España, ya ha entrado en tiempo de descuento.

En la medianoche del sábado 14 de mayo, una encargada de la limpieza de 32 años, madre de dos hijos, entró en la habitación 2.806 del lujoso hotel Sofitel, en Manhattan, para realizar su trabajo. A ello se estaba dedicando cuando, de repente, el ex director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn (DSK), salió desnudo del baño, la asaltó por la espalda, comenzó a sobarle todas las partes de su cuerpo y la obligó a practicarle sexo oral.

Estos son al menos los hechos por los que el socialista DSK fue detenido el pasado domingo por el FBI. A falta de que se confirmen, al menos suenan verosímiles: DSK, desde sus tiempos como ministro de Economía francés a finales de los noventa, siempre ha tenido fama de mujeriego y obseso sexual. En 2007, nada más tomar posesión de su cargo en el FMI, la periodista Tristane Banon le acusó de haber intentado violarla en 2002 y, a mediados de 2008, una investigación interna demostró que DSK acababa de tener un affaire con una de sus empleadas, Piroska Nagy, motivo por el cual tuvo que publicar una carta pidiendo públicamente perdón.

Los cargos actuales son lo suficientemente graves como para que mancillen al conjunto de una institución que las izquierdas, muy inteligentemente, han conseguido vincular en el imaginario colectivo con el (neo)liberalismo. Y digo muy inteligentemente porque las políticas del FMI han cosechado fracasos y odios a partes iguales allí donde se han aplicado precisamente por no tener nada que ver con el liberalismo. Y, pese a ello, parece que ahora llueve sobre mojado para los defensores del libre mercado: no sólo debemos argar con la responsabilidad de una institución a la que se acusa con fundamento de arruinar a sociedades enteras, sino que, además, descubrimos que esa misma institución ha estado dirigida durante estos últimos cuatro años por un degenerado y presunto criminal.

Sin embargo, no deberíamos tragarnos con tanta rapidez la propaganda antiliberal. Al fin y al cabo, el FMI no es más que una megaburocracia internacional, que dirigió un socialista, plagada de funcionarios, sufragada coactivamente por los contribuyentes de casi 200 naciones, que hace décadas perdió su razón de ser y que, pese a ello, se ha estado dedicando a imponer desnortadas, contraproducentes y liberticidas políticas económicas a los países en crisis.

Recordemos que el FMI fue creado en 1947 para garantizar la estabilidad de los tipos de cambio en Bretton Woods. Dentro de este sistema monetario, todas las divisas europeas estaban ligadas al dólar mediante tipos de cambio fijos y el billete verde estaba a su vez vinculado al oro. La tarea del FMI consistía en que, si algún país acumulaba un déficit exterior excesivo, se le prestaba dinero durante 18 meses para que intentara regresar al equilibrio sin necesidad de devaluar.

Los dos padres intelectuales del Fondo fueron John Maynard Keynes –economista estatista e intervencionista donde los haya habido– y, sobre todo, Harry Dexter White, quien a la sazón fue su primer director gerente y posteriormente se descubrió que trabajaba como espía de la Unión Soviética. Tal vez así se entienda mejor que tanto Bretton Woods como el FMI eran dos artilugios socialistas diametralmente opuestos a los principios del liberalismo clásico: no se constituyeron para reforzar el patrón oro, sino para burlar la disciplina antiinflacionista que este imponía a Gobiernos y bancos centrales.

De hecho, fue la excesiva impresión de dólares por parte de EE UU para financiar su aventurismo militar en Vietnam y la hipertrofia de su Estado de bienestar (la Great Society de Lyndon Johnson) la que dio pronto al traste con Bretton Woods: había muchos más billetes que oro, de modo que Richard Nixon optó por anunciar en 1971 que el país dejaba de cumplir con sus obligaciones exteriores. Muerto Bretton Woods, los tipos de cambio entre divisas se convirtieron en flotantes y el FMI debería haberse disuelto. Pues, ¿cuál era el cometido de una institución destinada a velar por la viabilidad de un sistema que ya había desaparecido?

Realmente ninguno, pero a la postre el Fondo era un caramelo demasiado sabroso para todos los políticos arribistas que deseaban contar con una infraestructura internacional ya asentada con la que intervenir económicamente allí donde desearan. De este modo, el FMI mutó: su misión ya no era velar por el extinto Bretton Woods, sino por una vaga “estabilidad económica global”.

La izquierda lo ha demonizado desde entonces como un instrumento en manos de la plutocracia internacional para hacer avanzar la agenda (neo)liberal. Pero nada más lejos de la realidad: de entrada, los países que forman parte del FMI tienen prohibido regresar al patrón oro para estabilizar sus divisas; y, de salida, dos de sus recetas preferidas para atajar las crisis son –como ya han descubierto Portugal, Grecia o Irlanda– las sangrantes subidas de impuestos y las brutales devaluaciones monetarias. Ya se sabe, liberalismo salvaje en estado puro.

No estaría de más que aprovecháramos el delictuoso escándalo de DSK para reformar el desacreditado FMI de la mejor forma que podríamos hacerlo: cerrándolo.

1 Alemania no va a seguir ‘comiéndose los agujeros’. Todo el voluntarista pensamiento de que la suspensión de pagos de Portugal no terminará afectando a España (y al resto de la zona del euro) se asienta en el cada vez menos probable escenario de que el contribuyente alemán continuará comiéndose los agujeros generados por los ineficientes y despilfarradores países de la periferia europea. Y es que los denominados PIGS, lejos de cuadrar sus cuentas tras ser intervenidos, siguen gastando mucho más de lo que ingresan, por lo que no parece probable que ni siquiera los sacrificados teutones vayan a sostenerlos (a sostenernos) indefinidamente.

2 Puede ser que el rescate a Portugal no se haga efectivo. Así las cosas, a medio plazo no es descartable que el compromiso de rescatar a Portugal por parte de la UE se incumpla, eventualidad que, adeudándonos los lusos cerca de 80.000 millones de euros, debería de preocuparnos en algo.

3 ¿Y si no quieren reflotarnos? Por las mismas razones, tampoco es descartable que la actual predisposición de rescatar a España en caso de necesidad se vaya diluyendo conforme se encarezca el coste de hacerlo con Grecia, Irlanda y Portugal. La mera incertidumbre de que no puedan o no quieran reflotarnos ya basta para afectar a nuestra economía.

4 Nos parecemos mucho a Portugal. Por último, España va pareciéndose cada vez más a Portugal: una economía estancada, con paro creciente, sin perspectivas de crecimiento y que se endeuda a gran escala tan sólo para mantener su mediocre nivel de vida. El simple paralelismo ya debería disparar todas las alarmas.

Muchos serán quienes tendrán la tentación de dividir la gestión económica de Zapatero en dos grandes etapas que, grosso modo, coincidirán temporalmente con sus dos legislaturas: los primeros cuatro años podríamos reputarlos como una etapa de razonable prosperidad y creación de empleo, mientras que la siguiente legislatura bien merecería ser calificada de desastre sin paliativos en todos los frentes que imaginar se puedan.

Sin embargo, distinción tan tajante no le haría justicia al carácter profundamente oportunista que ha definido a nuestro presidente del Gobierno desde el primer momento y, por tanto, a su (anti)política económica. No es cierto que haya una discontinuidad entre las dos legislaturas: al contrario, durante la segunda sólo se recogió la catastrófica cosecha que con esmero se sembró durante la primera. Al cabo, sólo los ciegos ideológicos pensarán que una burbuja puede explotar si no se la ha inflado previamente. Y ese es precisamente el quid del asunto: es cierto que durante la primera legislatura de Zapatero el empleo aumentó en 3,5 millones de personas y que el PIB, en términos nominales, creció más de un 30%. Pero también es cierto que de esos 3,5 millones de empleos casi 600.000 (el 17% del total) procedían directamente de la construcción y que la aportación de esta última al PIB se incrementó en más de un 60%. Es decir, la aparente prosperidad que según muchos vivimos durante la primera legislatura era sólo un espejismo contra el que nos hemos terminado estrellando.

No en vano, durante esos años el crédito que el sector financiero otorgó a actividades relacionadas con el ladrillo pasó de 420.000 millones de euros a más de un billón: esto es, se incrementó la friolera de un 160%. A nadie le sorprenderá, pues, que el precio de la vivienda se disparara durante esa brillante primera legislatura en más de un 50%. Por no hablar del importantísimo deterioro que experimentó la competitividad de nuestras empresas, cada vez más focalizadas en edificar ciudades fantasma para consumo interno que en vender productos de calidad a los mercados internacionales: si a finales de 2003 apenas nos endeudábamos con el extranjero en 27.000 millones al año (el 3,5% de nuestro PIB), al cierre de 2007 lo hicimos en 105.000 millones (el 10%).

Nadie que no fuera o muy tonto o muy malvado podía ver en este desaguisado de economía ningún atisbo de racionalidad. Estaba claro que nuestro país, con relativa independencia de qué ocurriera en otras partes del globo, se encontraba condenado a experimentar una crisis profunda que le sirviera para purgar todas las malas inversiones acometidas.

¿Y qué hizo sin embargo el Gobierno de Zapatero durante estos años de auge artificial? Pues justo lo contrario de lo que cabía esperar: no preparó el futuro, sino que nos lo hipotecó. El oportunista inmobiliario que moraba en La Moncloa confundió el aumento transitorio de la recaudación tributaria –dependiente por entero de la burbuja del ladrillo– con un incremento permanente, de modo que comenzó a gastar a manos llenas, consolidando un crecimiento del despilfarro estatal que hoy se ha convertido en uno de nuestros mayores lastres: en apenas cuatro años, el gasto público se hipertrofió en 112.000 millones; cifra muy aproximada a la que en la actualidad exhibe ese déficit de las Administraciones públicas que amenaza con abocar al país a la suspensión de pagos. Dicho de otro modo, si Zapatero no se hubiese aprovechado de la burbuja inmobiliaria para expandir de manera insostenible el tamaño del Estado, aún hoy, pese a la crisis internacional y al desmoronamiento del ladrillo, tendríamos un cierto superávit. El resto, su segunda legislatura, no es más que el inexorable resultado de la primera: conclusa la orgía crediticia, nuestro rigidísimo mercado laboral ha catapultado la tasa de paro desde el 8% al 21% de la población activa (más de tres millones de empleos destruidos en poco más de tres años) y el desequilibrio de las cuentas públicas ha degenerado desde un exiguo superávit de 20.000 millones (basado en la recaudación burbujística) a un déficit de más de 100.000 millones. Apocalipsis ante el cual nuestro contemporizador presidente apenas ha movido un dedo salvo por mandato berlinés.

ZP, en el aspecto económico, bien merece pasar a la historia como el oportunista de la burbuja: gobernó cabalgando sobre ella y ha muerto políticamente tan pronto como esta pinchó. La ausencia completa de ideas consistentes y la improvisación permanente ante un entorno que nunca entendió es lo que tienen: según por dónde sople el viento puedes llegar tanto al pleno empleo como al pleno desempleo. Para desgracia de los españoles, con Zapatero los vientos no sólo no nos fueron propicios, sino que él mismo se ha encargado de incendiar el barco.

Él se va, pero nos deja algo mucho peor: su ruinosa herencia.

Todo empezó con que Irlanda no era Grecia, siguió con que Portugal no era Irlanda y ahora nos toca oír la cantinela de que España no es Portugal. Bueno, tal vez, pero ignoro qué hay de tranquilizador en ese mensaje; a la postre, tanto Grecia como Irlanda y Portugal han seguido el mismo camino: bancarrota seguida de rescate bruselense. ¿Importaba algo que no fueran lo mismo? No. Entonces, ¿por qué pensar que España está a salvo del desastre? Mas antes de escrutar el futuro, mejor empezamos echándole una mirada al pasado.

Por mucho que los socialistas de todos los partidos se empeñen en que la crisis actual se ha debido al turbocapitalismo desrregulado, la realidad es que la depresión ha sido provocada por un torrente de crédito artificialmente abaratado que los bancos centrales –monopolios estatales de la emisión de dinero– introdujeron a machamartillo en el mercado. En Europa padecimos lo nuestro con el Banco Central Europeo (BCE): el mismo Trichet que hoy amenaza con subir los tipos de interés no tuvo ningún remordimiento en colocarlos al 2% entre 2003 y 2006 para que la gente se sobreendeudara.

Esta orgía de crédito se distribuyó de manera desigual por los distintos barrios nacionales. A nosotros nos tocó una de las peores partes: la burbuja del ladrillo que absorbió (y dilapidó) en zarandajas seseñeras varias la mayor parte de nuestras fuerzas productivas; despropósito financiado todo él merced a una milmillonaria (y parcialmente impagable) deuda de familias y promotores que ahora amenaza con la quiebra de nuestros bancos y cajas.

Grecia, por su parte, aprovechó el endeudamiento barato del BCE para construir su propio parque temático socialista. El Estado heleno, ni corto ni perezoso a la hora de gastar el dinero de los bisnietos de sus contribuyentes, aprovechó para incurrir en escalofriantes déficits anuales de entre el 5% y el 7% del PIB. Y eso que los hombros de los sufridos griegos ya cargaban por aquel entonces con una deuda pública del 100% del PIB.

Por lo que respecta a Irlanda, el país aprovechó el barato e insostenible crédito del BCE no sólo para sufragar una burbuja inmobiliaria un tanto más chica que la española, sino también para construir una megalómana industria bancaria cuyas deudas llegaron a ser ocho veces mayores a su PIB. Irrescatable, claro: quebró la banca y quebró el Estado.

Y con esas llegamos a nuestro vecino Portugal. Lo tragicómico de su economía es que no usó el crédito barato para pegar ningún pelozato: ni las constructoras ni el Estado ni los bancos medraron significativamente a costa de la inflación crediticia del BCE. Al contrario, Portugal aprovechó los años del boom económico para evitar su muy necesaria reestructuración. Sin lujos, sin incienso, sin grandes proyectos faraónicos: sólo quiso conservar un poquito más su mediocre pero insostenible nivel de vida sin realizar las reformas liberalizadoras que necesitaba para volver a generar riqueza.

Fíjense: entre 2002 y 2007, el PIB luso apenas creció un 6% (el español, el irlandés o el griego lo hicieron, sobre pies de barro eso sí, un 22%, un 37% y un 27% respectivamente), el paro se duplicó del 4% al 8% (el español se redujo del 11% al 8%, el griego del 11% al 8% y el irlandés se mantuvo en el 4%) y la recaudación tributaria aumentó un 35% (en Grecia un 50% y en España e Irlanda un 70%).

Es decir, la burbuja crediticia internacional le permitió a Portugal vivir de prestado durante un lustro entero. Familias, empresas y Estado, todos ellos, debían ajustar transitoriamente sus estándares de vida para, como sí hizo Alemania durante esos años, recomponer su tejido productivo. No había otra: desde que muere lo viejo hasta que nace lo nuevo ha de pasar un tiempo durante el que hay que apretarse el cinturón. Pero Portugal, muy en especial una clase política tan mediocre como la nuestra, no quiso transitar ese camino, así que cuando se les acabó el crédito barato, todo el chiringuito se vino abajo.

Pues bien, ¿es España Portugal? Por supuesto no son idénticos, pero sí guardan ciertos rasgos en común. De hecho, el drama de nuestro país es que constituye un explosivo cóctel de Grecia, Irlanda y Portugal.
Nada más estallar la crisis nos parecíamos mucho a Irlanda: un sistema bancario hipertrofiado y volcado en una aún más hipertrofiada construcción. A los pocos meses, a estos síntomas irlandeses les añadimos otros importados de Grecia: las cuentas públicas, que hasta aquel momento no eran desastrosas, fueron emitiendo más y más deuda, lo que ha ido acrecentando las dudas sobre nuestra solvencia. Y ahora, a los tres años de comenzar la crisis, sin un solo reajuste hecho y con el paro casi al 25%, nos vamos pareciendo a Portugal: una economía que vive de prestado, que se niega a cambiar y que va degenerando poco a poco hasta el colapso.

El drama es ese; la esperanza, que las soluciones son muy claras: privatización sin medias tintas de la banca para combatir el mal irlandés, austeridad presupuestaria draconiana contra el mal griego y liberalización de los mercados para vencer el mal portugués. ¿Se atreverá alguien a coger el toro por los cuernos?

La Seguridad Social es un fraude. No cabe calificarlo de otra manera. Su lógica financiera se basa en un esquema, el piramidal, que está prohibido en el sector privado. Fíjense si no en ese desdichado Bernard Madoff: la única responsabilidad que cabe atribuirle a semejante estafador condenado a 150 años de cárcel es la de haber copiado la organización de nuestras pensiones públicas de reparto. Con una dignificante diferencia con respecto a ellas: Madoff no obligaba a ninguno de sus inversores a meter dinero en su fondo. Los engañó, sí, y ahí está el fraude, pero no les arrebató coactivamente su dinero como sí hacen nuestros políticos.

Aunque debiera ser público y notorio, mucha gente todavía ignora que el Estado les quita a los trabajadores alrededor de un 30% de su sueldo bruto para abonar las pensiones de los jubilados actuales. Es decir, si su sueldo bruto es de 21.000 euros –salario medio en España–, el Estado le está detrayendo cada año unos 6.000 euros para cubrir los gastos de la Seguridad Social –usted debería cobrar alrededor de 27.000 euros anuales–.

Y, pese a la cuantía del atraco, el Estado es incapaz de ofrecer unas pensiones mínimamente dignas. De hecho, el funcionamiento de la Seguridad Social es tan perverso que estamos condenados a tener que trabajar más para cobrar cada vez menos: si los trabajadores actuales pagan, no su propia pensión futura, sino la muy presente pensión de los jubilados actuales, parece claro que el sistema está abocado al colapso. A menos que tengamos una población o una productividad exponencialmente crecientes, en algún momento –cuando la pirámide demográfica se invierta y el peso de la abundante base de jubilados aplaste el delgadísimo vértice de trabajadores– dejarán de poder pagarse pensiones como las actuales.

El caso no se diferencia mucho del de una cola para el cine en la que quien está al frente le dice a quien tiene detrás: “Págame tú mi entrada y, a cambio, que a ti te la pague quien se encuentra detrás de ti”. No hace falta ser muy avispado para descubrir que este proceso sólo podría seguir hasta que llegáramos al individuo que se encuentra al final de la cola, quien, para su desgracia, pagaría la entrada del de delante, pero no tendría a nadie que le abonara la suya. Pues bien, los privilegiados que con 25 años se estén incorporando hoy al mercado laboral son esos últimos de la cola. En 2050 España tendrá alrededor de 16 millones de pensionistas: un monto que será casi idéntico al de trabajadores en activo. Así las cosas, o habrá que bajar las pensiones o alargar la edad de jubilación o rapiñar todavía más los salarios de los obreros.

Algo en este sentido está haciendo ya el Gobierno socialista; cercado por la inapelable realidad de las tendencias demográficas, no ha tenido otro remedio que aprobar su particular pensionazo, el cual, por muy sangrante e intolerable que nos parezca, no será suficiente para cuadrar las cuentas de aquí a 2050. Prepárense, pues, para nuevos y más intensos recortes: tal es la naturaleza pauperizadora del sistema público de pensiones.

Frente a tal despropósito, otros países tuvieron algo más de vista y no se dejaron hipnotizar por la siempre empobrecedora retórica socialista. Tal es el caso de Chile, que en 1980 emprendió una valiente y exitosa privatización de su sistema de pensiones. De este modo, en el país andino no son los trabajadores actuales quienes pagan la pensión de los jubilados actuales, sino que cada persona va acumulando sus ahorros en un fondo que invierte en diferentes activos según las preferencias, el perfil y las necesidades del trabajador.

El sistema es perfectamente sostenible en el tiempo –cada persona se sustenta a sí mismo y a su familia– y, además, resulta tremendamente beneficioso para la economía nacional. Pero, sobre todo, sus resultados son asombrosos: a largo plazo, la Bolsa dista mucho de ser un casino de especuladores; más bien proporciona unos rendimientos muy altos y regulares. ¿Sabe cuál ha sido la rentabilidad de la Bolsa española desde 1980? El 10% anual. ¿Y la de la Bolsa chilena desde 1980? El 10% anual. ¿Y la de la Bolsa estadounidense en los últimos 200 años? El 10% anual.
Si en España pudiéramos invertir las cotizaciones medias a la Seguridad Social –6.000 euros anuales– al 10% durante 30 años, los españoles podríamos jubilarnos con un patrimonio de un millón de euros que, sin demasiadas complicaciones, permitiría abonar unas pensiones de al menos 3.500 euros mensuales. Todo ello sin hacer ningún esfuerzo adicional al que ya estamos haciendo ahora, pues las cotizaciones a la Seguridad Social no llegan a pasar por nuestras manos. Ese es el auténtico fraude de las pensiones públicas: habernos impedido disfrutar de una jubilación de oro para condenarnos a una de miseria. ¿La responsabilidad de todo esto? Obviamente del PP y del PSOE, dos formaciones políticas impregnadas del pensamiento único socialista que no se atrevieron en el momento adecuado, hace dos décadas, a privatizar –sí, a privatizar– la Seguridad Social. Ahora todos los españoles debemos pagar su negligencia culpable.

Si bien la muy deteriorada situación de nuestro sistema financiero se debe al excesivo endeudamiento de la economía, derivado este a su vez de los tipos de interés artificialmente bajos que durante tantos años impuso ese monopolio público llamado Banco Central Europeo, sí es cierto que dentro de lo malo, lo peor son nuestras cajas de ahorros.

¿Casualidad? No mucha. A diferencia de los bancos –que tampoco es que sean un paradigma de empresas sin privilegios sometidas al libre mercado–, las cajas carecen de propietarios preocupados por conservar y rentabilizar su capital. Debido a ello, sus órganos de gobierno, lejos de ser elegidos por personas que arriesgan su propio dinero, se encuentran sometidos a los distintos grupos de intereses que rodean a la entidad –políticos, sindicatos y clientes–, y lejos de perseguir la creación de valor para sus accionistas, se concentran en emplear los recursos de la caja para el latrocinio personal, convenientemente camuflado tras la palabrería de innobles “objetivos benéfico-sociales”.

En definitiva, hasta la fecha el hecho diferencial de las cajas con respecto a los bancos era simple y llanamente el de ser los instrumentos financieros con los que los sindicatos y los caciques políticos regionales y municipales de turno daban rienda suelta a unos ruinosos caprichos que las entidades privadas, salvo por error, extorsión o soborno, jamás hubiesen sufragado. Estaban diseñadas para prestar sin control a todos aquellos sujetos a quienes los bancos, incluso en medio de la mayor orgía financiera de las últimas décadas, les denegaban el crédito. Por decirlo de una manera sencilla: las cajas llevaban en su ADN el ser unas productoras a gran escala de activos basura.
Proyectos faraónicos como el aeropuerto de Ciudad Real al margen, la magnitud de su alocada gestión puede observarse en apenas unos datos: entre 2001 y 2010, los préstamos de las cajas relacionados con el ladrillo –hipotecas y préstamos a constructores y promotores– pasaron de 130.000 a casi 600.000 millones de euros; asimismo, los créditos a nuestras muy dispendiosas y cada vez más insolventes Administraciones públicas se incrementaron desde 50.000 a 100.000 millones de euros. En otras palabras: los políticos, no contentos con arrebatarnos cada año la mitad de nuestras rentas merced a sus depredadores impuestos, coparon las cajas para manipular a su antojo un descomunal volumen de crédito equivalente al 70% de nuestro PIB.

Si lo anterior no le preocupa –y debería–, tenga en cuenta que el patrimonio neto con el que a día de hoy cuentan las cajas para hacer frente a las pérdidas derivadas de ese Himalaya de créditos basura apenas alcanza los 100.000 millones de euros. Es decir, todas ellas quebrarían si, como es probable, fueran incapaces de recuperar más del 15% de esos 700.000 millones de euros que dirigieron a sufragar la construcción de viviendas con unos precios inflados más de un 40% y los despilfarros de unos Gobiernos regionales que se han quedado sin ingresos. Tal es la magnitud del disparate en el que nos han metido de cabeza unos políticos codiciosos y sin escrúpulos gracias a los perversos incentivos generados por un sistema carente de los más elementales contrapesos de una economía libre de mercado.

Llegados a este punto, debería resultar evidente que no existen soluciones mágicas y que la única cuestión es cómo repartimos el milmillonario agujero de estas entidades. La vía racional y liberal pasaría en una privatización completa y sin condiciones de las cajas más solventes –o menos insolventes–, y por la reestructuración del pasivo, con posibilidad de ulterior liquidación, de aquellas otras que no reciban puja alguna de los mercados. De este modo podríamos discriminar el grano de la paja y proceder a enajenar a precios reales todos aquellos activos que, como las viviendas, se hallan retenidos y atascados en sus balances.

El Gobierno y la oposición, sin embargo, han optado por hacerle pagar al contribuyente sus platos rotos. Así lo manifestó Salgado hace unos días cuando advirtió a las cajas que o captaban capital privado o procederían a ser nacionalizadas: es decir, a menos que las cajas se privaticen y algunos cándidos inversores decidan deglutir sus agujeros, el Gobierno tomará el control e insuflará, a través del FROB –Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria–, tanto dinero como haga falta para evitar su bancarrota –olvídense, pues, de que se proceda a liquidar su stock de cientos de miles de viviendas vacías–.

En resumen: el PP y el PSOE –o sus compinches los nacionalistas y los sindicatos– han llevado a la ruina a estas entidades y luego el Gobierno central les carga el muerto a los contribuyentes… para que sigan durante un largo tiempo bajo el dominio del PP y del PSOE, según quien ocupe La Moncloa. Y descuiden: si en algún momento llegaran a reprivatizarse las cajas nacionalizadas, ya pueden imaginar que se articularán todas las tretas para que, directa o indirectamente, ambos partidos las sigan controlando. Demasiado poder, demasiado dinero y demasiados intereses creados como para que nuestros abnegados gobernantes renuncien a ellas.

¿Qué cambió en 2008 para que, de vivir un milagro económico sin precedentes, pasáramos a ser una de las principales amenazas para la recuperación internacional? Bueno, en realidad no cambió nada. La prosperidad experimentada a partir de 2002 no era tal; se trataba sólo un espejismo, fruto del masivo endeudamiento de las familias y empresas españolas que dio lugar a una burbuja de precios en numerosos sectores productivos como el ladrillo. Decía San Agustín que “lo hinchado parece grande pero no está sano”. A la economía española le ocurrió justamente eso: se hinchó de manera insostenible durante cinco años hasta que regresamos forzosamente a la realidad conforme nuestro castillo de naipes se derrumbaba.

Por tanto, ningún arcano debería suponer el brusco cambio desde el ficticio auge a la sombría depresión. Como una familia que vivía de prestado –que adquiría segundas y terceras viviendas, renovaba sus automóviles y daba la vuelta al mundo–, gastamos más de lo que teníamos y cuando se nos agotó el crédito, nos despeñamos. Es lo sucede con las deudas: que algún día hay que pagarlas, y en ese momento de nada sirve huir hacia adelante y falsificar nuestras cuentas.

Ahora bien, por muy imprudentes que pudiéramos ser los españoles, nuestra irreflexión por sí sola no permite explicar cómo pudimos acumular tantas deudas; cómo nuestros prestamistas fueron tan miopes de seguir extendiéndonos crédito sin límite para sufragar nuestros dispendios. No en vano, tenga en cuenta el lector que si nadie incrementa su ahorro para aumentar su oferta de crédito y, al mismo tiempo, todo el mundo comienza a demandar ese escaso crédito de manera compulsiva, su precio, el tipo de interés, debería de dispararse y limitar el endeudamiento.

Sin embargo, nada de esto acaeció en nuestro país. Entre 2002 y 2006 el crédito bancario se multiplicó casi por tres, pese a lo cual el Euribor comenzó 2002 en el 4% y terminó 2006 en el 4%, manteniéndose entretanto por debajo del 3%. Cáspita, nuestro ahorro por los suelos, nuestro endeudamiento por las nubes y, empero, nuestros tipos de interés atados al 4%.

No se vaya a creer que milagrosamente las leyes de la oferta y la demanda entraron en suspenso para España; tan extraño fenómeno también se repitió en EEUU, Irlanda, Inglaterra, Grecia, Portugal, Islandia, Hungría, Letonia y cuantos otros países que hoy cargan con el pesadísimo yugo de la pasada orgía crediticia. La explicación de por qué los tipos de interés no repuntaron para contener el insaciable apetito de deuda de Occidente se resume en dos palabras: bancos centrales.

Los bancos centrales son los monopolios legales de la emisión de dinero. Los privilegios que les han sido concedidos por nuestros gobernantes les permiten manipular a su antojo la oferta de crédito y desvincularla de la realidad; en contra del más elemental sentido común, disfrutan de la prebenda de prestar un dinero que no han ahorrado con anterioridad: simplemente lo crean ex novo.

Eso fue justamente lo que nos sucedió. A partir de 2002, los principales bancos centrales del planeta –la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra– inundaron los mercados financieros con enormes cantidades de crédito de nueva creación que redujeron artificialmente los tipos de interés hasta mínimos históricos y estimularon el imprudente endeudamiento de toda la sociedad.

Sobre esa burbuja de crédito se construyó la burbuja inmobiliaria y sobre ésta la burbuja del empleo, la del crecimiento económico y la del superávit público. Pinchada la primera una vez los agentes no podían permitirse un apalancamiento mayor, todas las demás fueron viniéndose abajo una tras otra: los precios de la vivienda dejaron de inflarse, los trabajadores dependientes directa o indirectamente de la construcción perdieron sus empleos y la recaudación tributaria derivada de la insana hinchazón de la actividad se esfumó. No se crea, pues, a todos aquellos propagandistas que, embebidos del ideario socialista, repiten que la crisis es una consecuencia del libre mercado: los causantes últimos de esta gravísima crisis son los bancos centrales, monopolios públicos que nada tienen que ver con el libre mercado.

A los españoles sólo nos faltó que el desgobierno socialista de Zapatero desplegara toda su artillería ultraintervencionista para terminar de hundirnos en la miseria. Los banqueros centrales gestaron la recesión y los políticos se encargaron de prolongarla. Como ve, el libre mercado en su máximo esplendor.

Hasta 2008, la falsa burbuja de prosperidad en la que vivía inmersa la economía española todavía permitía sufragar semejantes despilfarros. El Estado cabalgaba sobre unos ingresos inflados por el ladrillo y, por mucho que dilapidara nuestra burbujeante riqueza, continuábamos creciendo sin un límite aparente. Sin embargo, con el estallido de la crisis y el enorme déficit presupuestario que ha pasado a exhibir España, la fiesta se ha terminado para todos; también para el sector público, aun cuando nuestros políticos sólo lo admitan por lo bajini tras cada achuchón de los inversores internacionales. Ahora, de hecho, sería un buen momento para hacer semejante acto de constricción.
Hasta el momento han surgido algunas sugerentes propuestas como la del presidente de Mango y del Instituto de Empresa Familiar, Isak Andic, destinada a ligar los salarios de los funcionarios a su productividad. Es un primer paso para comenzar a desburocratizar la Administración y someterla a algunos de los mecanismos de gestión más propios de las compañías privadas. Nuestro sector público requiere de una perspectiva mucho más empresarial que lo enfoque hacia sus clientes –la totalidad de los contribuyentes– y no hacia las correspondientes élites políticas; y una de las herramientas que permitiría lograrlo sería ligar los salarios de los empleados públicos a la eficiencia –rapidez y calidad del servicio– con la que realicen sus tareas.

El Gobierno español, tan presto siempre a suscribir las recomendaciones inteligentes como a inaplicarlas un segundo después, ha asegurado, por boca del ministro del ramo, Manuel Chaves, que ve con buenos ojos la propuesta. Sin embargo, los sindicatos y su portavoz dentro del Ejecutivo, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, no han tardado nada en mostrar su oposición a una idea que incluso han calificado de “provocación”. Una vez más, parece que la medida se aprobará durante las calendas griegas, justo en la misma fecha en la que se piensa ajustar el gasto público, liberalizar el mercado de trabajo y concluir la privatización de las cajas de ahorros.
Ahora bien, más allá de la inteligente propuesta de desburocratización y de la negativa gubernamental a ejecutar cualquier idea sensata, debemos ser conscientes de que los problemas que conlleva nuestro sector público no se solucionan en lo fundamental buscando que sea más eficiente. Ni siquiera se remediarían poniendo coto a esa lacra del nepotismo que ha terminado por corromper el tuétano de todas nuestras Administraciones hasta convertirlas en un mero apéndice de las familias de nuestros mandamases políticos, de las sus subalternos y de las de los subalternos de sus subalternos.

Por un lado, la eficiencia de una Administración Pública sólo puede calcularse comparando su desempeño con el de otra Administración Pública; o dicho de otra manera, si todas son catastróficas, la menos desastrosa se llevará los honores por muy nociva o innecesaria que sea su actividad. Por otro, que nuestro sector público esté infestado de enchufados no significa que todos ellos deban ser sustituidos por otros individuos seleccionados bajo los tradicionales principios de igualdad, mérito y capacidad; también cabe la posibilidad de que los puestos directamente desaparezcan.

Al cabo, el problema de fondo del sector público español es el de haber secuestrado partes enteras de nuestra economía que deberían de regirse, no ya por mecanismos de gestión similares a los del mercado, sino por el propio mercado. Sólo así podremos determinar qué partes del Estado son necesarias, cuáles excedentarias y cuáles deben reorganizarse por entero; es decir, sólo así podremos dar un uso económico a nuestros escasísimos recursos materiales. Es sencillamente inadmisible e –lo que es peor– insostenible que en los últimos 35 años el número de funcionarios haya aumentado más de tres veces de lo que lo ha hecho el número de trabajadores en el sector privado; faltan empresas y sobra burocracia.

La reforma del sector público es, pues, imprescindible y pasa, primero, por podarlo; segundo por podarlo; tercero por podarlo y, finalmente, hecho lo anterior, por revertir todo el nepotismo y toda la insufrible burocratización en torno a los cuales ha medrado. El Estado debe reducirse tanto como sea posible y sus funciones deben ser desempeñadas sólo por personas con acreditada valía y formación dirigidas por criterios de gestión con una visión mucho más empresarial. Toca adelgazarlo y profesionalizarlo; pero, repito, sobre todo adelgazarlo. Sólo así lograremos modernizar nuestra Administración y racionalizar sus insostenibles costes actuales.