Un mercado laboral fascio-socialista

Con cinco millones de parados, parecería que el mercado laboral español necesitaba algún tipo de reforma. Algo huele a podrido en nuestra economía cuando exhibimos una desoladora tasa de paro del 21%, mientras que Grecia, un país en quiebra e inmerso en una continua huelga general, tiene una del 16%, y Portugal, otra economía esclerotizada que ha sido intervenida por la UE, apenas alcanza el 12%. Pero el Gobierno de José Luis, que es el de Alfredo y que es, a la postre, el que ha dejado España hecha un solar, ha vuelto a enrocarse en su obstinación izquierdista. Primero negaron la crisis y ahora niegan la imperiosa necesidad de adoptar reformas; entre ellas, de manera muy especial, la de la negociación colectiva.

Nuestro modelo actual de relaciones laborales proviene del corporativismo mussoliniano tan en boga durante los años veinte y que encontró cobijo en nuestro país en los comités paritarios que integraban la Organización Corporativa Nacional durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Su modelo, grosso modo, era idéntico al de ahora: los sindicatos y las patronales decidían centralizadamente cuáles eran los salarios y las condiciones laborales por las que en cada sector o territorio debían regirse todos los trabajadores y todos los empresarios.

Las distorsiones que este modelo añadía, y sigue añadiendo, a la economía son enormes, pues desvincula la negociación laboral del ámbito concreto donde tiene que aplicarse. No por casualidad, pues, la flexibilidad de nuestro mercado laboral ocupa el puesto 119 de 139 del ranking del Foro Económico Mundial, por detrás de países como Moldavia, Pakistán o Etiopía. La negociación colectiva fracasa por los mismos motivos por los que fracasó el socialismo: ninguna mente, tampoco las ilustres de Méndez y Toxo, es capaz de adquirir y procesar la suficiente información sobre las cambiantes y particulares circunstancias que atañen a millones de personas como para planificar adecuadamente sus vidas.

Es cierto que en época de bonanza económica, sobre todo si viene artificialmente impulsada por una orgía de crédito barato, esas enormes ineficiencias y distorsiones pueden camuflarse bajo la alfombra de alguna que otra burbuja inmobiliaria: la riqueza que aparentemente se crea con el crédito es mayor que la que realmente se destruye con la negociación colectiva. Los problemas comienzan cuando se pretende atravesar con esta camisa de fuerza una crisis que requiere de tanta flexibilidad como sea posible. En tal caso, a la riqueza que se destruye por la propia dinámica de la depresión se le añade la que marchita por la propia inercia de este modelo fascistoide de relaciones laborales. Imagínense: hoy mismo, gracias a la ultraactividad –prórroga automática– de los convenios colectivos, casi todas las empresas de este país siguen rigiéndose por las condiciones de trabajo que, en cada ámbito, se pactaron en tiempos de la burbuja inmobiliaria.

¿Tiene algún sentido que, cuando alrededor de una cuarta parte de nuestra economía se ha desmoronado en los últimos tres años, sigan vigentes unos salarios y una organización laboral que se acordó cuando creíamos vivir en la superabundancia, en la Champions League de la economía mundial? No, obviamente no lo tiene, y quien afirme lo contrario es que confunde sus deseos con la realidad. Pues la realidad es que somos más pobres –mucho más pobres– de lo que pensábamos en 2007. Por supuesto, a todos nos molesta que nuestra sociedad se haya empobrecido, sobre todo cuando esa pauperización no es, en la mayoría de los casos, responsabilidad directa de quienes la sufren, sino de unos políticos que tomaron todas las decisiones opuestas a las que deberían haber adoptado. Pero sería absurdo que, con tal de no afrontar la realidad, optáramos por convertirnos en unos voluntariosos ciegos, en unos cobardes inmaduros que se niegan a crecer.

Más que nada porque mientras conservemos la negociación colectiva, mientras les sigamos dando todo el poder a unos sindicatos que no representan más que al 15% de los trabajadores de este país –en gran parte liberados– o a unas patronales que apenas tienen contacto con los retos diarios de las decenas de miles de nuestras empresas, el paro no comenzará a reducirse de manera significativa. Los caprichos fascio-socialistas de preservar un anacrónico y liberticida sistema de relaciones laborales están condenando a millones de personas al desempleo endémico y a miles de empresas a su progresiva desaparición.

Nada ha hecho el PSOE para librarnos de esta lacra, en esencia porque, junto a las élites sindicales, es el principal defensor de semejante despropósito. Es sólo un exabrupto su reciente reforma de la negociación colectiva, en la medida en que mantiene la ultraactividad, no exime a las pymes de aplicar los convenios sectoriales, condena a las grandes empresas a someterse subsidiariamente a estos últimos y refuerza el poder de las comisiones paritarias controladas por los sindicatos. Acaso la última burla macabra de un Ejecutivo que, por fin, después de cuatro años arruinando a España, ya ha entrado en tiempo de descuento.

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