Circula por internet la conveniente leyenda de que Milton Friedmanrefutó empíricamente la teoría austriaca del ciclo económico al demostrar que no existía relación alguna entre las reducciones de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal y las crisis económicas. Como es sabido, Mises y Hayek (entre otros) pretendieron explicar la recurrencia de períodos de auge y depresión aduciendo que el sistema bancario (no necesariamente la banca central) conseguía reducir de manera artificial los tipos de interés, incentivando con ello un período de malas inversiones generalizadas (boom) que inexorablemente conduciría a su colapso y posterior reajuste (depresión). Por tanto, si Friedman verdaderamente hubiese demostrado la ausencia de correlación entre reducciones de los tipos de interés y las crisis, debería uno plantearse si la teoría austriaca adolece, en efecto, de alguna falla interna. Pero ¿es así? ¿De verdad Friedman enterró la teoría miseana y hayekiana de las depresiones?

Pues no. De entrada, Friedman en ningún momento estudió la correlación entre reducciones de los tipos de interés y crisis económicas; pero, además, aunque lo hubiese hecho, probablemente se habría visto forzado a reconocer que sí existe una fuerte vinculación entre ambos fenómenos.

Lo que, en cambio, analizó Friedman en 1964 y en 1993 fue otro asunto distinto: ¿existe correlación entre la intensidad de un período de expansión económica y la intensidad del subsiguiente período de recesión? Y la conclusión que alcanzó fue que no, que la duración e intensidad de las depresiones era básicamente aleatoria: en algún momento, y por algún motivo, la economía encallaba y lo hacía con variables niveles de gravedad. El de Chicago, sin embargo, sí encontró una relación entre la intensidad de esas aleatorias recesiones y el brío de la recuperación subsiguiente: crisis medianas eran seguidas por recuperaciones medianas y crisis vigorosas por recuperaciones igualmente vigorosas. Era, pues, como si la economía se situara normalmente sobre su tendencia de crecimiento a largo plazo y, de vez en cuando, se fuera descolgando en forma de crisis transitorias: es lo que Friedman denominó su Plucking model.

A juicio del de Chicago, el hecho de que no hubiese relación entre la expansión económica previa y la recesión posterior sembraba “serias dudas sobre la veracidad de aquellas teorías que consideran que la causa de las depresiones profundas se debe a los excesos cometidos durante la expansión previa (el ciclo económico de Mises, como claro ejemplo)”. Pero ¿realmente la teoría austriaca es incompatible con las observaciones empíricas que realiza Friedman? Me temo que, para desgracia de quienes se escudan en el de Chicago, no.

Primero porque, como el propio Friedman reconocía en sus artículos, existe un obstáculo muy considerable para llegar a tal desenlace: ¿cómo definimos el período de expansión al que vinculamos el período de depresión subsiguiente? La opción más sencilla es la que adoptó el de Chicago: tomar como expansión el período inmediatamente posterior a la última recesión. Mas esta elección tiene un problema: ¿qué sucede si buena parte de la magnitud de las crisis se debe a las distorsiones acumuladas e insuficientemente depuradas durante las anteriores crisis? Por ejemplo, gran parte de la intensidad de la crisis actual se puede explicar no sólo por las malas inversiones y el sobreendeudamiento que se acumuló entre 2001 (última recesión) y 2008, también por los desequilibrios gestados con anterioridad a 2001: no olvidemos que en esa fecha Alan Greenspan consiguió reinflar la burbuja crediticia antes de que una recesión que apenas duró nueve meses consiguiera purgar todos los errores acumulados. Sólo por esto los resultados de Friedman, como él mismo admitía, deberían ser puestos en cuarentena.

Pero, en segundo lugar, existe una dificultad todavía mayor para considerar que el de Chicago efectivamente refutó a los de Viena: básicamente, que no es incompatible con la teoría austriaca. Ninguna economía puede operar en cada momento por encima del nivel que se deriva del pleno uso de sus recursos: cuando todos los factores estás ocupados, crecer todavía más es muy complicado. La cuestión, por tanto, es si la utilización plena que se realiza de esos recursos es sostenible o no (es decir, si esos factores están fabricando riqueza o, en cambio, se insertan en malos planes de negocio). Y de eso justamente trata la teoría austriaca del ciclo económico: pronosticar que la manipulación de los tipos de interés provocará no un exceso de inversiones en general, sino de malas inversiones (el perfil temporal y de riesgo de los planes de negocio será incompatible con las preferencias y necesidades de los ahorradores). Mises y Hayek no afirmaron que, durante los booms, la economía fuera a crecer por encima de su potencial (algo harto complicado), sino que crecería de manera insana y, en consecuencia, estaría condenada a pinchar. De nuevo, por consiguiente, las observaciones de Friedman no contradijeron en nada la teoría austriaca.

En definitiva, aunque pueda resultar muy cómodo apelar a la autoridad de Friedman para echar por tierra las ricas conclusiones alcanzadas por autores de la talla de Hayek o Mises a cuenta de los ciclos económicos, me temo que no sirve: no sólo plantea la cuestión de manera errónea, sino que llega a conclusiones plenamente compatibles con la teoría austriaca. Será menester, pues, buscar mejores argumentos.

En 1998, cuando Hugo Chávez llegó al poder, la renta per cápita venezolana era de 1.809 bolívares; en 2012, cerró en 2.024 bolívares equivalentes (eliminando el efecto de la inflación). Así pues, la era Chávez, ese paradigma del socialismo del s. XXI, se ha saldado con un crecimiento de la renta real por ciudadano del 0,8% anual. Durante ese mismo período, otras economías menos glamurosamente bolivarianas han crecido entre tres y cuatro veces más: Chile lo ha hecho al 2,8%, Colombia al 2,2%, Perú al 3,6% y Uruguay al 2,3%. Si efectuamos la comparativa en dólares internacionales, Venezuela tenía en 1998 una renta per cápita similar a la chilena y a la uruguaya, al tiempo que casi duplicaba la peruana y la colombiana; hoy, la renta chilena es un 50% superior a la venezolana y la uruguaya la supera en un 20%, mientras que la peruana y la colombiana sólo se hallan ya un 20% por debajo. Acaso alguien crea que medir los logros de estos países por tan crematísticas magnitudes resulta parcial e injusto, pero lo cierto es que la mejora de todos los restantes indicadores sociales (pobreza, alfabetización, esperanza de vida, mortandad infantil, salubridad, etc.) que obviamente han tenido lugar se retrotraen en el fondo a tan singular hecho: sus ciudadanos son más ricos y, como son más ricos, viven mejor en sus muy variadas facetas.

Sucede, sin embargo, que el crecimiento de Venezuela, a diferencia de los otros cuatro países, se ha producido a lomos del pelotazo petrolero, es decir, de los muy extraordinarios ingresos derivados de sus exportaciones de crudo. Merced al estallido de los precios del oro negro (que se han multiplicado por más de diez desde 1998), los ingresos netos del país a cuenta de su exportación se dispararon durante los gobiernos de Chávez hasta cotas jamás vistas. En 2006, por ejemplo, equivalían al 40% del PIB, lo que hubiese permitido repartir un cheque de 4.500 dólares internacionales a cada venezolano. Un notable empujoncito del que no han disfrutado ni Chile, ni Perú, ni Uruguay (Colombia, en cambio, cuenta con unos ingresos netos por crudo inferiores al 8% del PIB). Difícil, pues, que creciendo América Latina a las mayores tasas del último medio siglo y contando con unas regalías petroleras propias de un emirato árabe, el nivel de vida de los venezolanos no haya experimentado una cierta mejora en estos catorce años a pesar de las disparatadas y bravuconas intervenciones del neosocialista régimen populista bolivariano.

Mas el verdadero fracaso de la política económica chavista no debería medirse por los diferenciales de renta per cápita con sus vecinos, sino por cómo el hiperintervencionista modelo bolivariano ha socavado las bases de la prosperidad futura de los venezolanos. Lejos de tratar de capitalizar las superlativas rentas petroleras en agrandar el patrimonio privado de los ciudadanos, Chávez optó por crear un Estado asistencial de cuyas dádivas dependiera el precario bienestar de esos ciudadanos: no buscó propietarios sino siervos de la gleba. Así, mientras que en estos catorce años el peso del sector público se ha mantenido estable en Chile (23% del PIB), Colombia (28%), Perú (19%) y Uruguay (33%), en Venezuela ha pasado del 28% del PIB en 1998 al 44% en 2012: o dicho de otro modo, mientras que el más acelerado crecimiento de la renta per cápita de los países no bolivarianos se ha quedado en los bolsillos y patrimonios de sus familias y empresas, en la república chavista casi la mitad de esa renta la ha terminado manejando el Estado. En este sentido, su tridente confiscatorio con el que ha fustigado a los venezolanos en aras de un Gobierno gigantesco han sido las nacionalizaciones (el famoso exprópiese), los elevados impuestos (la presión fiscal ha aumentado un 50% con respecto a 1998) y la absolutamente disparatada inflación (el IPC ha aumentado un 2.000% y el bolívar ha perdido más del 75% de su valor frente al dólar).

A diferencia de Chile o Perú, Venezuela no ha visto cómo su clase media se agrandaba y enriquecía, logrando así una mayor autonomía personal y financiera. Por el contrario, lo único que ha engordado Chávez ha sido un todopoderoso Estado cuyo propósito esencial era evitar la promoción social y económica de sus ciudadanos dentro del mercado para perpetuar su poder merced a sus redes clientelares dentro del Estado. En el fondo, pues, el socialismo del s. XXI no se diferencia tanto del socialismo del s. XX: ambos ambicionan construir un Estado que lo cope todo sobre los cimientos de la rapiña universal de una población pauperizada y dependiente de las migajas que éste tenga a bien repartirles.

A estas alturas, por consiguiente, el auténtico cambio económico necesita Venezuela tras la muerte de Chávez no es tanto que el país crezca unas décimas más que Perú o Colombia, sino que los frutos de esa expansiva creación de riqueza redunden en una sociedad más libre y más autónoma de un Estado con orwelliana vocación fagocitadora. Desde 1998, las rentas del petróleo y el saqueo de la acosada clase media se han dirigido en esencia a reforzar sus estructuras de control económico y social, en erigir una autocracia del petrobolívar y del exprópiese. Ojalá que, tras década y media, las cosas comiencen a cambiar y Venezuela cambie de rumbo para terminar convirtiéndose en otro Chile (o en otra Suiza, Nueva Zelanda o Singapur) y no en otra Cuba.

Mariano Rajoy lleva varias semanas implorando a Bruselas un rescate total de la economía española por la puerta de atrás. El presidente del Gobierno está presionando para que se mutualicen de un modo u otro las deudas de todos los europeos: mediante una nueva ronda de monetización de deuda por parte del Banco Central Europeo, la emisión de eurobonos o la constitución de una unión bancaria europea.

¿Cuál es el objetivo? Que el contribuyente alemán pague nuestros pasivos. Desplumados los españoles, tras la salvaje subida del IRPF y del Impuesto de Sociedades –y está al caer la del IVA–, Rajoy apunta a los teutones como próximos paganos del sobredimensionado Estado español.

De momento, Merkel se ha resistido, en parte, a ceder la hacienda de sus ciudadanos para fines tan espurios: si bien ha aceptado la creación de dos fondos de rescate y una más que pródiga monetización de deuda por parte del BCE, la canciller alemana todavía se opone a una socialización permanente de las deudas. Todavía.

No olvidemos que Merkel es, al fin y a la postre, una política más, que desde luego está interesada en acaparar todo el poder posible a costa del sector privado. Si hasta la fecha no ha utilizado el dinero del contribuyente alemán para comprar Grecia, España o Portugal es sólo por la fiera oposición de sus votantes. Pero tras las próximas elecciones alemanas, las gane o las pierda ante un SPD aún más socialdemócrata, no es improbable que se den pasos hacia una mayor “integración política” europea. De hecho, el Consejo Europeo de los próximos días 28 y 29 bien podríamos tener por consecuencia un nuevo impulso hacia la mutualización de los pasivos europeos.

Al fin y al cabo, los políticos alemanes tienen el dinero que los manirrotos mandatarios periféricos necesitan, y éstos tienen un poder sobre sus territorios que cualquier gobernante, también los del norte de Europa, ambiciona. De ahí que haya espacio para un acuerdo que beneficie a unos y otros: dinero a cambio de soberanía.

Rajoy, desde luego, está entusiasmado con ello. Antes que recortar el gasto y meterse en líos, el presidente del Gobierno está dispuesto a ceder soberanía a los mandatarios extranjeros. No otra cosa supondrían los eurobonos: socialización de deudas a cambio de una mayor centralización del poder en Bruselas. Doble infamia, pues, la de Rajoy: negarse en redondo a meter en cintura el sobredimensionado Estado español e hincar la rodilla y rendir pleitesía a todo aquel que venga con una chequera a tapar las desvergüenzas de nuestra casta política.

No se trata tanto del etéreo concepto de soberanía nacional: lo realmente preocupante es, por un lado, la creciente centralización del poder en instancias monopolísticas cada vez más alejadas del ciudadano y, por otro, el cercenamiento de la sana competencia fiscal, con el lacerante resultado de una mayor carga tributaria sobre todos los ciudadanos europeos.

En definitiva, cada paso que damos hacia esquemas de socialización de deuda, por mucho que sea celebrado con alborozo por políticos, periodistas y economistas de cámara, nos aleja más de la libertad económica y política. Tengámoslo claro: cuanto más presiona Rajoy a Merkel, más aprieta la soga en torno a nuestro cuello. Al menos, no lo celebremos como corderos camino del matadero.

Con La economía en una lección, Henry Hazlitt fue capaz de pergeñar un exitoso best-seller de divulgación económica que ha servido como introducción a la materia para numerosos profesionales. Años después, algunos hemos intentado actualizar y, en la medida de nuestras posibilidades, mejorar el gran libro del estadounidense.

¿Hay alguna manera rápida, sencilla y ligera de aprender los fundamentos más básicos de la ciencia económica? Ciertamente, La acción humana no cumple el requisito. Los libros de divulgación económica… alguno, quizá; pero aun así no captan la atención de quienes no dedican mucho tiempo a la lectura, especialmente a la de no ficción.

Ese tipo de gente, y también quienes quieran adentrarse en el mundo de la economía de la manera más básica y asequible, disfrutará de este librito que ha escrito Félix Moreno e ilustrado Isabel Sánchez Bella, de título impagable:Economía para rubias. A lo largo de apenas 54 páginas repletas de viñetas y dibujos, Moreno y Sánchez Bella van explicando y desarrollando prácticamente todos los temas económicos básicos: la subjetividad del valor, el coste de oportunidad, el capital, el dinero, los precios, la competencia, el cálculo económico…

El lector puede ir complementando el estudio de los breves y claros textos explicativos con las ilustraciones protagonizadas por la simpática rubia Meri, a quien acompañaremos en algunas escenas de su vida cotidiana. Un día nuestra amiga se plantea montar un tenderete para vender zumo de naranja, por lo que deberá pensar en el precio que espera recibir, el precio que deberá pagar por la mercancía y el tiempo que le llevará sacar adelante el negocio. Sólo así podrá tomar decisiones económicamente correctas.

Aunque no lo haya explicitado hasta el momento, este pequeño libro electrónico se basa en la mejor bibliografía austriaca que podamos imaginar: Los Principios de economía política de Menger, Capital e interés de Böhm-Bawerk, La acción humana de Mises, Precios y producción de Hayek, El hombre, la Economía y el Estado de Rothbard, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos de Huerta de Soto…

Si tiene ganas de adentrarse en el mundo de la economía pero no tiene la menor idea, éste podría ser un buen punto de partida, para familiarizarse con las ideas esenciales de la mano de una simpática y jovial rubia.

FÉLIX MORENO e ISABEL SÁNCHEZ BELLA: ECONOMÍA PARA RUBIAS.

La respuesta política a la crisis se ha basado en acudir al rescate de los dependientes de un crédito artificialmente barato y abundante. Si los bancos quebraban, se socializaban sus deudas; si ciertos trabajadores y ciertas empresas quedaban súbitamente inactivos, se aprobaba un plan de despilfarro público (tramposamente denominado “de estímulo”) para proporcionarles, con cargo al endeudamiento estatal, ingresos durante unos meses más; cuando la propia solvencia de los Estados se ponía en duda, otros Estados más solventes acudían a refinanciarlos.

Parece que nadie quiere asumir que la burbuja se ha desinflado y que alguien distinto del contribuyente ha de cargar con las milmillonarias pérdidas.

Esta política, sin embargo, tiene un error conceptual de base: si el Estado impide que se materialicen las pérdidas y, en cambio, sigue inyectando fondos a una mayoría de deudores para que perseveren en las antieconómicas actividades que desarrollaban durante la burbuja, el país no hace sino acaparar más deuda a cambio de… seguir destruyendo riqueza.

La salida a la crisis no es sencilla. No hay soluciones mágicas e instantáneas, pero sí existen remedios para los desequilibrios de fondo… y parches que no harán sino perpetuarlos. La piramización de la deuda es un parche con el que se gana cada vez menos tiempo, acaso porque hemos sobrepasado los umbrales de saturación de deuda y los agentes económicos son conscientes de que los países al borde de la suspensión de pagos sólo pueden hacer una cosa para tratar de sobrevivir: dejar de endeudarse y comenzar a reducir sus pasivos.

En suma, el rescate europeo a la banca española nace del error de no entender que la economía española no puede absorber más deuda y que, por el contrario, lo que necesita con urgencia es una considerable reducción de sus obligaciones. Por eso la concesión de un préstamo de 100.000 millones de euros al Gobierno por parte del Eurogrupo para recapitalizar el sistema financiero no debe ser considerada un éxito que salvará a nuestra economía, sino como una manera perversa de redistribuir las pérdidas derivadas de las malas inversiones gestadas durante el boom crediticio.

El Ejecutivo del PP ha logrado financiación para acometer una operación que se nos vende como provechosa –prestar a nuestros bancos infracapitalizados para sanearlos y luego recuperar los créditos con suculentos intereses– pero que, mire usted por dónde, ningún agente privado está dispuesto a acometer. Si tal inversión resulta fallida –y en buena medida lo será–, los que cargarán con el coste de devolución del préstamo de 100.000 millones (más los correspondientes intereses) serán los contribuyentes españoles. Así pues, la deuda pública de nuestro país, ya en niveles peligrosamente altos, habida cuenta de la endeblez de nuestra economía y del tremendo déficit, se elevará en 10 puntos del PIB: sanearemos nuestras entidades financieras y condenaremos a la insolvencia al sector público (y de rebote al financiero, pues si aquél cayera, también lo harían inevitablemente los bancos). Todo ello sin un plan de ajuste adicional para una consolidación presupuestaria creíble –no los faroles de austeridad lanzados hasta la fecha–. ¿Cómo no va a cundir la desconfianza en nuestra deuda?

Traspasar el agujero financiero de una parte de la economía a otra no mejora en absoluto la solvencia general del Reino. De ahí que el auténtico remedio sea otro: la capitalización de la deuda bancaria, tal como ha propuesto el Instituto Juan de Mariana. Esta vía de salvamento de entidades financieras no sólo tendría un coste cero para el contribuyente, sino que –aun más importante– las deudas del conjunto de la economía se reducirían y las pérdidas habrían de asumirlas sus responsables últimos (que se verían forzados a modificar y readaptar su comportamiento).

Mientras no reduzcamos la deuda, asignemos las pérdidas y modifiquemos las pautas de comportamiento que seguimos durante la burbuja, la economía no sólo no mejorará, sino que se irá hundiendo peligrosamente en la insolvencia. Gran parte del sector privado ya ha hecho su ajuste: su problema es, justamente, que los sectores público y financiero no han hecho lo propio –al contrario, han acumulado nuevos desequilibrios–, y tamaña distorsión les está impidiendo salir adelante. El capital y la inversión huyen de España justamente porque no entienden cómo vamos a saldar un endeudamiento improductivo que no deja de crecer. Y encima optamos por endeudarnos todavía más. Así, no es extraño que fracasemos.

El capitalismo se basa en el razonable principio de que quien usa adecuadamente sus recursos para satisfacer las necesidades ajenas gana, y quien los dilapida o no los utiliza de la mejor manera pierde. Si este principio se modifica, las pautas de actuación de los agentes cambian de la peor manera posible.

Sin embargo, en circunstancias excepcionales la estricta aplicación de ese principio puede provocar quebrantos mayores de los que pretende evitar. No son circunstancias habituales, ni mucho menos naturales, sino que normalmente tienen su origen en la continuada interferencia del Estado, que tiende a dejar que los desequilibrios económicos se acumulen hasta que se transforman en una auténtica bomba de relojería.

Es lo que sucede en el ámbito de la banca (y en muchos otros, como el sistema de reparto de la Seguridad Social). Abandonado el patrón oro y promovida la iliquidez de los bancos hasta límites del todo inalcanzables bajo el referido sistema, el sistema de cobros y pagos ha quedado absolutamentecolonizado por los pasivos de una banca cuyo colateral está conformado esencialmente por préstamos a muy largo plazo. Si el valor de esos activos se viene abajo, también se desplomarán los medios de pago, lo que impedirá que los agentes económicos efectúen las transacciones más básicas y cotidianas. En suma, una quiebra bancaria generalizada alteraría fundamentalmente los patrones de especialización de la economía, lo que en la práctica se traduciría en el colapso de la producción y del nivel de vida de la gente. Por eso las quiebras bancarias son tan dañinas en sociedades que se manejan con dinero fiduciario y donde la banca práctica un exagerado descalce de plazos.

¿Significa esto que, como han repetido prácticamente todos los políticos a izquierda y derecha, no hay alternativa a la bancarrota de los bancos que la nacionalización de los mismos? ¿Significa esto que en la banca debe primar la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas? ¿Significa esto, en definitiva, que, cuando de bancos se trata, no queda otra que dejar de lado los principios básicos del libre mercado?

No, existen otras posibilidades de las que incluso han comenzado a hablar el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea y que en gran medida reproducen los mecanismos que imperarían, precisamente, en un mercado libre.

Un banco está quebrado cuando su pasivo es superior a su activo. Si, como consecuencia del impago de los préstamos que ha concedido, el activo cae a 90 um mientras el pasivo se mantiene en 100 um, ese banco tendrá un déficit de fondos propios de 10 um. Generalmente, en ese punto la entidad entraría en concurso de acreedores, vendería sus activos al mejor postor y con lo obtenido trataría de saldar sus deudas. Dada la iliquidez de las inversiones, el resultado de esta operación suele ser es de pérdidas abismales para los acreedores y de una descomposición del sistema de pagos. Pero existe una alternativa que normalmente requiere del visto bueno de los acreedores: si, por ejemplo, la entidad transformara un 20% de sus pasivos en capital social, volvería a ser solvente. Su activo ascendería a 90 um, sus deudas a 80 y sus fondos propios a 10.

Así pues, una solución para evitar la quiebra consistiría en canjear forzosamente parte de los créditos de alto riesgo y a más largo plazo de los acreedores por fondos propios de la entidad. Gracias a ello, ésta se recapitalizaría reduciendo su endeudamiento, los contribuyentes no pagarían los platos rotos por los malos gestores y la compañía seguiría en manos privadas, con lo que se evita la perniciosa politización de la misma. Es verdad que el canje forzoso de deuda por acciones puede ser una herramienta poco respetuosa con la propiedad privada de los acreedores, pero no es menos cierto que 1) menos responsables del desaguisado son los contribuyentes, y sería injusto saquearlos para que aquéllos no perdieran; 2) si esos acreedores no experimentaran pérdida alguna se estaría aprovechando del eventual rescate público de la banca, privilegio que fue el que inicialmente les permitió desentenderse analizar de manera adecada la entidad.

Los canjes forzosos de deuda por acciones permitirían rescatar a la banca española sin necesidad de que nuestro Estado se endeudara de una manera que nos abocara a la insolvencia. Hoy mismo, el Instituto Juan de Mariana ha publicado una nota de prensa en la que informa de que existen alternativas para hacer aflorar los 23.500 millones de euros que el Gobierno pretende inyectar en Bankia. Para ello bastaría con convertir en acciones el 100% de las deudas subordinadas (aquellas que se pagan en último lugar, y cuyos tenedores por tanto asumen casi tantos riesgos como los accionistas), el 10% de las deudas que vencen entre 2014 y 2017 y el 30% de las deudas que lo hacen entre 2017 y 2050.

Tan sólo con este pequeño canje de deuda por acciones, que ni siquiera afectaría a los impositores o a los tenedores de pagarés, Bankia accedería al mismo capital que el que pretende inyectarle el Gobierno del PP a costa de todos los contribuyentes y de la propia solvencia del Reino de España.

Definitivamente, puede que no exista alternativa a la recapitalización de Bankia y del conjunto del sistema financiero español, pero sí la hay a que esa recapitalización deba consistir en hipotecar el presente y el futuro de la economía española.

Los contratos son instrumentos para crear, intercambiar, modular o extinguir derechos sobre bienes o sobre acciones. En la medida en que todo derecho para una de las partes tiene su contrapartida en una obligación para la otra, es decir, en la medida en que las disposiciones contractuales afectan a la libertad y a la propiedad de sus firmantes, es importante que los contratos sean fruto del consenso y de la libre voluntad de las partes.

Que un individuo pudiese imponer a otro unilateralmente sus condiciones contractuales sería tanto como convalidar su explotación. Sólo cuando el consentimiento es libre para ambas partes cabe concluir que un determinado contrato resulta beneficioso para las dos.

Ahora bien, por mucho que en general se entienda la necesidad de que todos los contratos nazcan de la libre aceptación, suele comprenderse bastante peor que la elaboración de los mismos ha de ser igualmente fruto de la voluntad de las partes. Con la excusa de que uno de los firmantes suele estar en una posición de debilidad frente al otro, el Estado se entromete en los contratos privados y redacta buena parte de sus provisiones. Al final, sí, cada parte es libre de aceptar, o no, unos contratos que en su mayor parte han sido escritos por el legislador, pero ambas se encuentran maniatadas a la hora de darle un contenido distinto y más pegado a sus circunstancias particulares.

En España eran casos paradigmáticos de esta fiebre reguladora y controladora los contratos laborales y los de arrendamiento. Prácticamente todas las circunstancias mollares de estos acuerdos se hallaban sustraídas a la voluntad de las partes, que se tenían que contentar con aceptarlos en su totalidad (es decir, con lo que les gustara y con lo que no) o rechazarlos. Sí, formalmente se mantenía el libre consentimiento, pero en la práctica se reducía a su mínima expresión.

Habría sido de esperar que, tan pronto como alcanzara el poder, un partido liberal modificara ambas normas no para alterar las cláusulas de todos los contratos en una dirección o en otra, sino para dar el protagonismo a las partes, esto es, para permitir que éstas fijasen todo el contenido sin absurdas imposiciones del legislador. Mas en España no ha llegado al poder un partido liberal, sino uno que gusta de llamarse centrista y de aplicar políticas un pelín menos estatistas que las de los autodenominados socialistas. Así, la reforma laboral promovida por el PP el pasado mes de febrero se quedó en un mero puedo y no quiero: mantuvo el esquema regulatorio controlado por políticos, jueces y sindicalistas en perjuicio de las partes, pero abrió un poquito la mano. Nada, por desgracia, de devolver a cada trabajador y a cada empresario la potestad para negociar todos los detalles de un contrato.

Tres cuartos de lo mismo acaeció el pasado viernes con la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, uno de los principales lastres para el desarrollo de un mercado de alquileres moderno en España. Dicha normativa, aprobada por el PSOE en 1994, se entrometía en aspectos tan esenciales como la duración mínima de los contratos (cinco años de prórroga forzosa, más otros tres de prórroga tácita), la actualización de las rentas o las condiciones de extinción. El resultado era una oferta de inmuebles absolutamente atrofiada debido a la sobreprotección coercitiva del inquilino, en perjuicio del desprotegido propietario: quien alquilaba un inmueble en España debía plantearse hacerlo por un mínimo de cinco años, con unos precios congelados y todo el riesgo de cargar una poco perseguida morosidad sobre sus espaldas.

Eran, en suma, unas condiciones no demasiado atractivas para los inversores, que llevaban al propietario a cubrir sus riesgos elevando el precio del alquiler o, directamente, no ofertando su propiedad (lo que también contribuía a elevar el precio). Lo que el demagogo legislador de turno vendía como una medida de protección del inquilino se transformaba al final en un caro pack de servicios que el Estado obligaba a adquirir al inquilino.

Imaginen que propietario e inquilino se sientan a negociar y el primero ofrece al segundo dos contratos: uno ultrarreforzado, que garantizaría al inquilino la permanencia en la vivienda durante cinco años, y otro con pocas garantías, que permitiría al arrendador echar al arrendatario en cualquier momento, siempre y cuando avisara con dos meses de antelación. El propietariovende el primer tipo de contrato a cambio de una renta mensual de 700 euros, y el segundo por 500. Claramente, todos entenderíamos que el sobreprecio del primero se debería a las prestaciones y cautelas adicionales que incluye. Pues bien, la regulación del alquiler equivale a obligar al arrendatario a comprar el contrato caro y ultrarreforzado, aun cuando pudiese preferir el más barato e inseguro.

Hay que entender, en definitiva, que el disfrute de todo derecho por parte de una persona conlleva una exigencia de contraprestación que recae sobre otra persona, a la que ese derecho le supone una obligación. ¿Por qué no permitir que ambas pacten el contrato específico que mejor encaje en sus necesidades y preferencias particulares? Eso es, repito, lo que habría hecho un partido liberal, que no el Partido Popular.

Así, el Gobierno, en lugar de convertir toda la Ley de Arrendamientos Urbanos en dispositiva (que quepa pacto en contra), ha liberalizado algunos aspectos (la actualización de la renta queda al libre acuerdo entre las partes) y hecho algo menos lesivos otros (por ejemplo, se reduce la prórroga mínima del alquiler de cinco a tres años). Además, según ha afirmado la ministra de Fomento, se tiene la intención de agilizar los desahucios por cuestión de morosidad, para aportar seguridad a los propietarios.

Al tiempo que mejoraba insuficientemente unas secciones de la normativa, empeoraba otras: por ejemplo, ya no será necesario el pacto para que el arrendador (o sus familiares) tenga el derecho de desalojar al inquilino con un mes de preaviso, en caso de que desee ocupar la vivienda; también en ausencia de pacto, el arrendatario tendrá derecho a rescindir unilateralmente el contrato con un mes de preaviso y sin indemnizar al arrendador. Es decir, el PP introduce a través de la legislación presuntos derechos para las partes que les pueden salir muy caros: los propietarios con una familia amplia lo tendrán más complicado para alquilar, en la medida en que el inquilino correrá con el riesgo de ser expulsado en cualquier momento (por lo que deberán rebajar la renta mensual que exigen con respecto a arrendadores sin familia), y todos los inquilinos deberán abonar una renta más elevada para compensar a todos los arrendadores por el riesgo de suspensión anticipada del contrato.

¿No sería más sencillo, libre y eficaz para todos que, si una parte quiere adquirir un determinado derecho (a costa de generar una obligación a la otra), lo pague voluntariamente y no coactivamente? Pues no, los del PP siguen en gran medida controlados por el chip estatista y las propuestas razonables que aplican en unos asuntos (dejar que las partes negocien la renta del alquiler) brillan por su ausencia en otros (permitir que negocien el resto de prestaciones).

En suma, se trata de una oportunidad perdida para liberalizar de verdad y en profundidad nuestro mercado de alquileres (hacer de la Ley de Arrendamientos Urbanos una norma dispositiva y no imperativa). En muchos sentidos, la reforma del PP supone una sustancial mejora –sobre todo si es cierto que se agilizan los desahucios por morosidad– con respecto a la anterior, pero es una mejora que se queda corta y que se ve empañada por nuevas intervenciones que muestran la mentalidad estatista y poco amigable con la libertad de sus impulsores.

Esta reforma es la que cabría esperar de un partido socialista moderno que entiende mínimamente cómo funciona una economía de mercado y que no tiene intención de destruirla, sino de rapiñar sus expansivos frutos, pero no es, desde luego, la de un partido al que se le suele atribuir, con suma injusticia e imprecisión, convicciones liberales. Se trata, pues, de un ejemplo más del tipo de liberalizaciones que acomete el PP de Rajoy, consistentes en relajar un poquito las asfixiantes regulaciones a fin de que el atropellado ciudadano levante la cabeza… mientras se le siguen lloviendo palos por todas partes. Devolver a ese sufrido ciudadano sus auténticos derechos –la libertad para negociar irrestrictamente los contratos en que participa– parece que ni siquiera se lo han planteado.

Así las cosas, siempre que algún burócrata europeo incide en la necesidad de que nuestras economías crezcan –ya sea Van Rompuy, Draghi, Hollande o incluso, recientemente, Merkel–, enseguida se sugiere que semejante individuo está presionando a Bruselas para que cambie de estrategia.

En realidad, sin embargo, la estrategia de austeridad no es ni mucho menos incompatible con la de crecimiento, sino, por el contrario, absolutamente complementaria. A la postre, política de crecimiento es que los mercados sean más libres para que los potenciales emprendedores no encuentren cortapisas a la hora de acometer sus planes de negocio. Lo que necesita Europa es justamente eso: que los proyectos rentables del sector privado no se vean artificialmente constreñidos por absurdas regulaciones o por programas de endeudamiento públicos que erosionan la solvencia de toda la comunidad.

El problema es que muchos analistas, imbuidos de antieconomía keynesiana, inmediatamente equiparan políticas de crecimiento con políticas de estímulofiscal. En tal caso, sí, pedir que Europa no se centre en la austeridad y persiga políticas de crecimiento supondría una manifiesta contradicción: se estaría buscando reducir el déficit… y aumentarlo.

Claro que sólo aquellos que consideren que cualquier aumento del gasto, y en concreto del público, alumbra un saludable y beneficioso crecimiento económico podrán afirmar sin ruborizarse que la política de crecimiento que necesita Europa es una que pase por aumentar aún más el gasto público. No: si los países de la periferia de Europa se encuentran contra las cuerdas es porque cada vez se confía menos en su solvencia: sus enormes deudas aparecen impagables por parte de un aparato productivo necesitado de numerosos ajustes para ver mejorada su competitividad, y la inversión nacional y extranjera huye despavorida para refugiarse en prados más seguros.

Como muestra, dos botones: sólo en el primer trimestre de 2012, los extranjeros han enajenado más de 60.000 millones de euros en deuda española; situación que se repite, corregida y aumentada, en el sector privado, donde desde hace meses se registra una fuga de financiación que nos habría llevado directos a la suspensión de pagos de no ser por las líneas de liquidez que tan generosa como imprudentemente ha abierto el Banco Central Europeo a la banca española (a finales de febrero, el Eurosistema, a través del BCE, extendía un crédito a la banca española de más de 200.000 millones de euros). Desde luego, mientras este pánico nacional –análogo a un pánico bancario– no se supere, España no tiene la menor esperanza de recuperarse.

La cuestión, pues, es por qué nadie, ni dentro ni fuera, se fía de España y de la periferia europea; por qué nadie quiere invertir en crear nuevas empresas o en participaciones de las ya existentes. Los habrá suficientemente ingenuos como para pensar que la tragedia que nos aflige es una dinámica que se alimenta a sí misma: si nadie gasta –tampoco el Estado, como consecuencia de las devastadoras políticas de austeridad–, las oportunidades de inversión decaen y el capital tendrá que salir a buscarlas fuera.

El problema de tan simplista diagnóstico es que no explica por qué la inversión no permanece o entra en la periferia no ya para satisfacer el languideciente gasto interno de ésta, sino para producir y exportar hacia otras partes del mundo donde el gasto se muestre más pujante. Y la respuesta es sencilla: primero, porque a corto plazo no somos, ni siquiera exportando, lo suficientemente productivos como para mantener nuestro desproporcionado nivel de gasto total y hacer frente a todas nuestras deudas (públicas y privadas); segundo, y derivado de lo anterior, porque la suspensión de pagos de la periferia muy probablemente acarrearía su salida del euro y, por tanto, una devaluación de entre el 30% y el 40% de todos los activos en ella situados. Así que ahora mismo no se trata del destino ideal para invertir a largo plazo o tener los ahorros de toda una vida.

¿Qué hacer? La salida a la crisis no era, desde luego, sencilla. En primer lugar, se trataba de que nos apretáramos el cinturón para que el capital se quedara, siguiera creciendo por medio del ahorro anual de parte de nuestras rentas (incluyendo los beneficios empresariales) y contribuyera a sanear la parte más sana del tejido productivo, así como a levantar nuevas empresas en los sectores más dinámicos (por ejemplo, la exportación). En segundo lugar –o, más bien, primero bis–, había que liberalizar la economía, para que los inversores lo tuvieran lo más fácil posible a la hora de encontrar oportunidades de ganancia. Es decir, austeridad más liberalización/crecimiento: ¿incompatibilidad entre ambos empeños? Ninguna.

Apostar por políticas de crecimiento asentadas en un aumento del gasto público financiado con deuda es una equivocación por dos razones fundamentales: 1) porque el sector público desconoce cuáles son las múltiples y diversas inversiones que en estos momentos necesita nuestra economía y 2) porque tales inversiones se están sufragando mediante la adición de nueva deuda a una economía apalancada en exceso y al borde de la suspensión de pagos. Es decir, dilapidaremos el escaso ahorro que vamos generando en proyectos improductivos, todo lo cual sólo nos empujará un poquito más hacia el abismo.

Tras varios años de políticas fiscales tremendamente expansivas (en España, el déficit público se ha reducido menos de 3 puntos desde 2009), los hay que todavía reclaman que sigamos perseverando en semejante locura. No es seguro que a estas alturas tengamos otra salida que el impago; lo que sí es seguro es que eso no es excusa para desistir de hacer las cosas bien… o para seguir haciéndolas mal y empobrecernos aún más. Políticas de crecimiento, sí; políticas de engorde mórbido, no.

Hoy, claro está, tal debate ha pasado a mejor vida; más que nada porque, como bien supo comprender Margaret Thatcher, el socialismo necesita que haya riqueza para poder rapiñar, mantenerse y expandirse. Con la despensa no ya vacía sino desfondada, mensajes así podrían resultar atractivo e incluso integrar planes de acción política (v. el programa de gobierno social-comunista en Andalucía), pero no tienen viso alguno de materializarse… al menos en España. En sociedades donde el intervencionismo hipertrofiado todavía no ha arruinado a la ciudadanía, el debate no sólo sigue vivo, sino que, si por dinero fuera, algo así podría llegar a implantarse.

Esta semana pasada, el boletín federal de Suiza publicó una propuesta para establecer un subsidio universal de 2.000 euros, algo que, a juicio de sus promotores, tendría como efecto beneficioso el que, “sin la necesidad de ganar dinero para comer, se daría oportunidad a todo el mundo para dedicarse a lo que quiere”.

Muchos liberales se apresuran a rechazar este tipo de propuestas con el incompleto argumento de que todo el mundo dejaría de trabajar, cuando en realidad no hace falta ir tan lejos. De hecho, la idea de que cada vez más personas puedan vivir sin trabajar –o dedicando su tiempo libre a actividades cuyo propósito no sea obtener un ingreso monetario­– no es tan descabellada como podría parecer: simplemente es necesario orientar los incentivos de la manera adecuada. Tal como sucede en ocasiones, la izquierda podría estar señalando un objetivo social deseable (que la educación y la sanidad de calidad se extiendan a todo el mundo, que se perciban unas pensiones lo más altas posible, que el medioambiente no se degrade extraordinariamente, que podamos prosperar sin trabajar) y apostar por los medios inadecuados (la coacción estatal). Procedamos, pues, a clarificar el asunto.

Los problemas de la renta básica estatal

El problema de la renta básica estatal es que consiste en una mera redistribución de la riqueza. Sus perceptores no se sienten necesariamente empujados a producir los bienes y servicios más valorados por el resto de las personas, aunque sí desean consumirlos. Como es obvio, sólo puede consumirse aquello que previamente ha sido producido, de modo que si cada uno de los productores se dedicara a fabricar lo que a él individualmente le apetece en lugar de lo que los demás individuos demandan, la calidad de los bienes por redistribuir se iría deteriorando y el sistema colapsaría, en medio de una pauperización generalizada.

Supongamos que, gracias a la renta básica estatal, todos los agricultores, escasamente realizados por la dura actividad que supone labrar el campo, deciden dedicarse a actividades más recreativas y satisfactorias como, verbigracia, prestar servicios sociales a la comunidad. ¿Cuál sería la consecuencia? Pues que la sociedad tendría una absoluta carestía de alimentos, al tiempo que registraría un excedente en la oferta de servicios sociales.

Dicho de otro modo: no se trata tanto de que los perceptores de la renta básica no trabajen, o de que no trabajen en actividades valiosas y meritorias, sino de que no tendrían por qué dedicar sus esfuerzos a fabricar aquellos bienes y servicios más urgentemente necesitados por todos. ¿Y por qué? Pues porque los salarios perderían gran parte de su función de transmisores de información sobre hacia dónde tendría que dirigirse la mano de obra (menos hacia los servicios sociales y más hacia la agricultura). Vamos, que el problema de la renta básica estatal no es que fomente la vagancia, sino que destruye gran parte del orden y de la coordinación existente en la división del trabajo (a mayor renta básica estatal, mayor será la magnitud de la destrucción).

Sí, todos los ciudadanos percibirían una renta, pero no podrían comprar aquello que desearan. La renta básica pública se basa simple y llanamente en que el Estado arrebata parte de su riqueza a quienes la generan para entregársela a quienes dejan de generarla. Claramente se trata de una carrera hacia la miseria (en especial, si el importe de la renta básica es muy alto, como en principio desearían sus impulsores). Imagínese en una isla desierta, tratando de alcanzar un coco y, derrengando, deja de trepar a la palmera y se dice: “Voy a suponer que ya dispongo del coco, para que no me vea compelido a tomarlo”. Evidentemente, puede engañarse pensando que ya tiene el coco, pero el caso es que no lo tiene.

La alternativa: una renta de propietarios

¿Significa todo esto que el ser humano está condenado a ganarse el pan con el sudor de su frente? No necesariamente. Existe una alternativa que, lejos de destruir la división del trabajo, permite potenciarla: convertirse en rentista.

El rentista es una persona que ha acumulado suficientes activos como para vivir de las rentas que éstos generan. Su situación es bastante parecida a la que desean para todo el mundo los partidarios de la renta básica estatal; pero hay una sustancial diferencia: los ingresos del rentista proceden de la producción y venta de bienes y servicios demandados por los consumidores.

El rentista, pues, no se sale de la división coordinada del trabajo, sino que se inserta en ella. Mientras unas rentas básicas estatales muy altas abocan la sociedad al empobrecimiento generalizado, las que disfruta el rentista son la consecuencia del enriquecimiento de la sociedad.

El rentista puede vivir sin trabajar o dedicando su tiempo a actividades no remuneradas, sí, pero puede hacerlo porque sustituye su oferta de mano de obra por una mayor oferta de bienes de capital. Si la renta básica estatal desvincula el consumo de la producción (uno tiene derecho a gastar aunque no haya aportado nada), la renta privada sólo desvincula el consumo del trabajo (pero sigue ligando el consumo con la producción derivada de bienes de capital). El rentista no rapiña la riqueza que generan otros, sino que consume la que él mismo genera para el mercado: no participa en un juego de suma cero, sino en uno de suma positiva.

En definitiva, el camino hacia la prosperidad de la comunidad no pasa por instaurar sistemas estatales de redistribución de la renta, sino por promover la transición a la sociedad de propietarios. Es decir, antes de crear pasivos universales para una sociedad es imprescindible crear activos suficientes con que pagarlos: en caso contrario, como sabe cualquier contable, lo que se produce es una descapitalización masiva.

Por tanto, sí, avancemos hacia la sociedad de propietarios, para que la gente pueda percibir rentas periódicas desvinculadas de su trabajo. Mas para ello no necesitamos más Estado, sino menos; en concreto, necesitamos una tributación mucho menos confiscatoria, que permita la acumulación privada de capital.

Hasta la fecha, la Escuela Austriaca carecía de un manual de Introducción a la Economía que contuviera y estructurara la mayoría de sus ricas aportaciones de acuerdo con los planes de estudio vigentes. Muchos han sido quienes a lo largo de los últimos años ha demandado que algún economista con ganas, tiempo y conocimientos emprendiera esta fundamental tarea para transmitir y difundir, en un formato agradable y convalidable al de otros manuales, las en ocasiones complejas teorías de Mises, Rothbard o Hayek.

Afortunadamente, ese indudable vacío ya queda cubierto de manera exitosa con esta obra de Jordi Franch Parella, supervisada por Jesús Huerta de Soto y publicada por Unión Editorial. A lo largo de 16 unidades temáticas, trufadas de imágenes en color, cuadros-resumen, actividades y ejercicios de repaso, el doctor Franch Parella expone los principales temas que debe conocer todo aquel que desee introducirse en el apasionante mundo de la ciencia económica: los distintos agentes que intervienen en un sistema productivo, la organización interna de las empresas, la interacción de consumidores y productores en el mercado, la rivalidad competitiva entre las compañías, la determinación de los precios de los bienes de consumo y de los factores productivos, la existencia o no de fallos del mercado, los principales problemas macroeconómicos –como las crisis, la inflación o el desempleo–, el papel que desempeñan los bancos, el comercio internacional o los fundamentos del crecimiento y el desarrollo a largo plazo.

Aunque personalmente sigo prefiriendo que la visión y el aprendizaje general de la Economía se obtenga a través de tratados exhaustivos que muestren a través únicamente del texto argumentativo las muy diversas interrelaciones del sistema económico, no parece haber incompatibilidad alguna ­­­­–más bien, bastantes complementariedades– entre los tratados clásicos al uso y este libro de profesor Franch Parella. Es más, puede que en muchos casos la llama del interés por la ciencia económica no llegue a prender con fuerza a menos que la carta de presentación sea un manual como éste.

Pero, más allá de la utilidad que la obra posea para despertar el interés y fortalecer el conocimiento sobre la economía austriaca para el público general, su otra gran ventaja es que, como hemos indicado, cumple con las directrices y requisitos básicos para superar de manera exitosa la prueba de Selectividad, de modo que puede emplearse en todos aquellos institutos de enseñanza superior que así lo deseen. El doctor Franch Parella posee una dilatada experiencia docente no sólo en la enseñanza universitaria, sino también en la preuniversitaria, esto es, en bachillerato y los ciclos formativos. Es por ello que este libro se ha redactado pensando en la labor que deben desempeñar en el día a día tanto el profesor como el alumno.

Confiemos, pues, en que este texto se convierta en una herramienta de trabajo habitual de todos aquellos profesores y estudiantes de bachillerato (o incluso, en cierto modo, de primer curso de universidad) que deseen ofrecer y recibir una visión de la economía más realista y ligada al empresario. Nuestra libertad y nuestra prosperidad sin duda lo agradecerían enormemente en el largo plazo.

JORDI FRANCH PARELLA: ECONOMÍA. Unión Editorial (Madrid), 2012, 400 páginas.

A ambos grupos se les suele denominar en la jerga económica insiders y outsiders: los que están dentro y los que están fuera del mercado laboral. Y, obviamente, los de dentro y los de fuera tienen en muchas ocasiones intereses contrapuestos: los de dentro se quieren quedar donde están, para lo cual promueven la instauración de unas muy elevadas barreras de salida, y los de fuera quieren entrar, para lo cual deberían desear que esas barreras de salida (que también son de entrada) fueran lo más bajas posibles.

Inevitablemente, cuando tienes a una parte de la población muy protegida, la otra se encontrará muy desprotegida: las empresas necesitan dotarse de cierta flexibilidad para reajustarse ante cambios previstos o imprevistos del contexto económico. Si el 70% de la plantilla es intocable (no solo no se la puede despedir, tampoco puede ser objeto de cambios de puesto, ubicación, horario, salario, etc.), el otro 30% deberá ser completamente flexible, es decir, no podrá acceder a trabajo alguno salvo de manera intermitente y precaria (esto es, a través de unos contratos temporales que, como en España, para más inri, no pueden encadenarse más de dos años, so pena de transformarse en indefinidos, tienen inexorablemente fecha de caducidad).

Las cifras del mercado laboral español son tan sumamente escandalosas que deberían mover a una pausada reflexión a todo el mundo. Desde finales de 2006 (año en el que todavía crecíamos a ritmos engañosamente altos) hasta finales de 2011 (en crisis y recesión), el número de personas ocupadas se ha reducido en 2,2 millones: el empleo entre los trabajadores temporales cayó en 1,85 millones, el empleo entre los autónomos se redujo en 0,56 millones y la ocupación indefinida aumentó en más de 200.000 personas. Peor todavía: entre 2006 y 2011, el empleo entre los menores de 25 años (casi todos ellos en régimen de contratos temporales) descendió un 52%, mientras que el de los mayores de 25 (la mayoría de los cuales se rige por contratos indefinidos) apenas cayó un 6% (de hecho, la ocupación entre los mayores de 55 aumentó un 10%).

Evidentemente, si el paro se ha cebado de manera desproporcionada con los contratos temporales y con los jóvenes no ha sido por casualidad, sino a causa de la sobreprotección de los contratos indefinidos de los insiders. Dicho de otro modo: a los outsiders les hubiera interesado que la indemnización por despido de los contratos indefinidos no fuera tan elevada, pues de ese modo el desempleo se habría distribuido de manera mucho más equitativa entre unos y otros. ¿Intereses comunes de la clase trabajadora? En absoluto.

No obstante, la retórica sindicalista y socialista, heredera del marxismo cañí, ha conseguido hacer creer a muchos trabajadores que ese conflicto de intereses no existe, que todos se encuentran unidos contra la oligarquía patronal y contra el reaccionario gobierno del PP. A modo de opio para los parados, los sindicatos intentan convencernos reiteradamente de que el abaratamiento del despido contemplado en la reforma laboral del PP perjudica a la clase trabajadora toda, cuando evidentemente sólo perjudica a los insiders, que tendrán que competir con menos ventaja con los outsiders. No es ésta una reforma orientada a favorecer a los trabajadores, sino a los parados que aspiran a dejar de estarlo.

En realidad, ni siquiera perjudica a todos los insiders, sino sólo a aquellos cuya relación salario/productividad sea exageradamente desproporcionada con respecto al salario/productividad de los outsiders. A la postre, el empresario no tiene el menor incentivo para sustituir a insiders de eficacia probada por outsiders de fiabilidad incierta… a menos que el salario que perciben los primeros sea muy superior al que están dispuestos a percibir los segundos por igual trabajo.

De todas formas, conviene aclarar que la reforma del PP ni mucho menos acaba por entero con esta extrema dualidad laboral entre indefinidos y temporales: tan sólo se limita a moderarla rebajando un poco el despido. Pero una indemnización máxima de 180 días de salario sigue siendo lo suficientemente elevada como para que no se produzca un intercambio masivo entre insiders caros e ineficientes por outsiders baratos y eficientes.

Al final, la verdadera solución a este problema habría consistido en desregular por entero la indemnización por despido, de modo que ésta fuera consensuada entre empresario y trabajador. Uno y otro serían prudentes a la hora de pactar indemnizaciones desproporcionadas y desligadas del auténtico valor que genera el trabajador: el empresario, porque asumir una indemnización muy alta equivaldría a pagar muy carpo un posible error; el trabajador, porque comprobaría cómo las elevadas indemnizaciones equivalen, en realidad, a un seguro que él mismo estaría abonando al empresario a partir de su sueldo, cuyas primas tendería a moderar.

Pero, por supuesto, nada de esto se le pasó por la cabeza al PP, cuyas credenciales liberales se han demostrado inexistentes. Claro que los sindicatos ni siquiera tragan con una reforma manifiestamente parcial e insuficiente; acaso porque sepan que su privilegiada posición en la sociedad española depende de que mantengan su actitud frentista y populista ante cualquier intento de mejora y liberalización del mercado laboral.

Ya que nos ha tocado comulgar con las ruedas de molino de la huelga general, tengamos al menos claro qué intereses de clase defienden en la práctica estas subvencionadas centrales sindicales: no los de la clase trabajadora, sino los de la clase trabajadora más ineficiente y cara para la economía española. Vamos, la de aquella cuyo paradigma de funcionamiento es, justamente, el liberado sindical.

Cuando no se quiere someter a dieta al Leviatán, se condena a pasar hambre a sus súbditos: primero fue el IRPF, y ahora, a pocos días de que se celebran las andaluzas y se abra el melón de las mil y una fórmulas recaudatorias, parece que se avecina otro rejonazo por la vía del Impuesto de Sociedades y del copago sanitario.

Dado el escaso respeto que en amplios sectores se siente hacia la propiedad privada ajena, es dudoso que el incremento del Impuesto de Sociedades genere demasiada controversia; cuestión distinta es el copago sanitario, que, en la medida en que afecta a nuestros muy particulares bolsillos, es posible que despierte airadas protestas entre quienes se proclaman centinelas del Estado de Bienestar.

Las razones más manidas para oponerse al copago son fundamentalmente dos: una considera inaceptable que el derecho a la sanidad deje de ser gratuito; otra, algo más informada sobre los hechos, critica que no sea más que un nuevo tributo que añadir a las ya insufribles y múltiples exacciones fiscales que padecemos.

Sobre la primera objeción no hay demasiado que comentar: la sanidad pública, por mucho que lo repitan cuales mal instruidos papagayos nuestros políticos, no es gratuita. Su coste, soportado entre todos los contribuyentes, asciende a más de 70.000 millones de euros anuales, alrededor de 1.500 euros anuales por español (o, en una unidad familiar típica de padres con dos hijos, 6.000 euros por hogar). Predicar la gratuidad en estas condiciones no deja de ser una obscena manipulación para olvidar que el ogro filantrópico del Estado no da nada a la sociedad que previamente no le haya arrebatado: no nos regala la sanidad, sino que nos la cobra coercitivamente.

En realidad, los políticos deberían decir que la sanidad pública es gratuita para sus consumidores, quienes, en cuanto a tales, no han de abonar precio alguno, pero sí como paganos contribuyentes. Es precisamente esta circunstancia lo que conduce a los otros detractores del copago a criticarlo: si ya estamos pagando la sanidad vía impuestos, ¿por qué motivo hemos de financiarla también de esta otra manera? Incluso han renombrado “repago” al copago: no se cofinancian los servicios sanitarios, sino que se duplica el desembolso.

En un escenario ideal, el copago debería tender a sustituir los impuestos: se reemplaza un pago desvinculado del uso por otro ligado estrechamente al mismo, de modo que las necesidades de la demanda tiendan a alinearse mucho más con las posibilidades de la oferta. Y dado que parte de la financiación del sistema sanitario pasaría a efectuarse vía copago, las distintas figuras tributarias que proporcionan ingresos al Estado deberían reducirse de manera correspondiente.

Por desgracia, este escenario ideal para los defensores del copago tiene dos problemas:

1) Los incentivos del Estado le llevan a gastar más en la medida en que recaude más. Si el copago incrementa sus ingresos, es cuando menos improbable que rebaje el IRPF o el IVA: los políticos procederán, más bien, a dilapidar más dinero en otras intervenciones.

2) Ahora mismo, la sanidad, al igual que todos los otros desembolsos públicos, se encuentra infrafinanciada: la recaudación tributaria no llega a cubrir todos los gastos gubernamentales, de manera que el copago no iría de la mano de rebaja fiscal alguna.

Precisamente por esto último no es buena idea lo de hablar de repago. Es verdad que los políticos nos han prometido, entre muchos otros servicios estatales, una sanidad pública, universal, de calidad y gratuita a cambio de los impuestos que actualmente sufrimos, pero lo cierto es que la recaudación no cubre, ni de lejos, el coste de la sanidad y del resto de prestaciones públicas. En caso de instaurarse el copago no pagaríamos dos veces por lo mismo, sino que nos aproximaríamos a abonar la factura íntegra de la sanidad pública y del resto de partidas presupuestarias.

Los detractores del copago afirman que lo lógico sería racionalizar los demás gastos del Estado, de modo que se priorice lo realmente importante: sanidad y educación. Sin embargo, no queda claro por qué el gasto público en sanidad (que representa alrededor de un sexto del presupuesto total de las administraciones públicas españolas, y que inevitablemente seguirá creciendo conforme envejezca la población) resulta tan intocable, cuando tenemos que finiquitar un déficit que asciende a más de 90.000 millones de euros (algo más de un quinto del gasto total); sobre todo si, como afirman los defensores del copago, su propósito principal no es tanto recaudar como disuadir del uso abusivo y oneroso de los servicios sanitarios.

Parece lógico que se contribuya a moderar la demanda extraordinaria de los mismos imponiéndoles un coste; pero tampoco creamos que el copago pondrá, ni mucho menos, punto final a los problemas de sostenibilidad del sistema público, y ello por varias razones:

1ª) Una parte de la demanda puede ser bastante sensible al precio (consultas generales), pero el resto (operaciones, medicamentos, cuidados intensivos, etc.) es claramente muy inelástica: por mucho que se imponga el copago, apenas habrá disuasión. Todo apunta a que la reducción de gasto público será extremadamente limitada, sobre todo si no va acompañada de un recorte de personal (si hay menos consultas, debería haber menos médicos de familia).

2ª) En España ya existe un copago de facto por niveles de renta. Aquellos que quieren recibir unos servicios básicos de mayor calidad contratan un seguro privado (cuyas instalaciones contribuyen a evitar el colapso de la sanidad pública), de manera que la efectividad disuasoria del copago dependerá de que sea muy gravoso para las personas con menos ingresos, algo que la clase política es muy dudoso que acepte.

3ª) Los defensores del copago suelen repetir que todos los países europeos, salvo España, Reino Unido y Grecia, lo aplican. No parece que éste sea un argumento de peso, pues prácticamente todos los países europeos tienen sistemas sanitarios públicos más costosos que los de esos tres países. El gasto público sanitario ronda el 7% del PIB en España, mientras que en Francia y Dinamarca asciende al 9%; en Alemania, al 8,5%; en Bélgica, al 8%; en Suecia, al 7,8%, y en Italia al 7,4%. Es posible que sin copago el gasto público de estos países se hubiese disparado todavía más, pero en cualquier caso no parece que el remedio haya obrado milagros.

Si nuestros políticos apuestan por subir la tributación en lugar de por reducir el gasto, lo más sensato sería que aumentaran las tasas y que establecieran copagos diversos, no sólo en sanidad, también en educación y en justicia. Antes que subir los impuestos generales a todos los españoles, lo más razonable y menos lesivo sería que quienes usasen los servicios públicos del Estado cargasen con parte de su coste. Ahora bien, el copago sanitario dista de ser la solución al enorme déficit de nuestras administraciones públicas.

Nuestros políticos deberían concentrarse en gastar menos y no en recaudar más. Lo deseable sería que esa merma en el gasto no fuera de la mano de una merma en la calidad del servicio, pero para ello habría que aumentar la eficiencia del sistema público, algo que, al no estar éste sometido a la competencia y a la disciplina del mercado, se antoja imposible. Es lo que tienen los servicios estatales: que cuando se les acaba el dinero que rapiñan al prójimo se derrumban como un castillo de naipes.

La Escuela Austriaca y la llamada “inversión en valor” (value investing) tienen numerosos puntos en común, aunque no siempre han sido puestos de manifiesto.

Los inversores en valor tratan de encontrar y adquirir acciones que, debido a incertidumbres varias y fluctuaciones cíclicas, estén subvaloradas con respecto al precio que previsiblemente exhibirán en el futuro. En cuanto a los economistas austriacos, tratan de comprender cuáles son las incertidumbres y las fluctuaciones cíclicas más comunes tanto en las distintas fases de desarrollo y de un producto como en las diferentes etapas de auge y depresión económica que experimenta una sociedad.

Las sinergias son más que evidentes, pero, pese a ello, los puntos de encuentro entre ambas escuelas han sido más bien escasos. Por un lado, los grandes economistas austriacos, como Mises, Hayek o Rothbard, observaban con respeto y admiración los mercados financieros, pero nunca se interesaron demasiado por su concreto funcionamiento interno, y eso que la génesis de su escuela se encuentra en el parqué bursátil: y es que el gran economista marginalista Carl Menger fue capaz de refinar su revolucionaria teoría del valor y de los precios gracias a su desempeño como corresponsal bursátil del diario Wiener Zeitung. En realidad, sólo los economistas austriacos Ludwig Lachmann y Fritz Machlup hicieron esfuerzos por comprender con profundidad estos mercados, pero ni siquiera ellos se encargaron de teorizar sobre las distintas estrategias exitosas de inversión.

Por lo que hace a los grandes inversores en valor (como Benjamin Graham, Warren Buffett, Seth Klarman o Martin Whitman), o bien no se han interesado por el estudio en detalle de la teoría económica o bien, si lo han hecho, no se han acercado, salvo superficialmente, a la Escuela Austriaca: han preferido, en cambio, otras más discutibles, como la Postkeynesiana.

Así las cosas, no ha habido lugar para un a buen seguro fructífero enriquecimiento mutuo… Bueno, sí lo ha habido. Por fortuna, en este punto España representa una provechosa excepción.

En nuestro país, algunos de los principales teóricos de la Escuela Austriaca han mostrado un gran interés por el value investing (sólo es necesario leer en las páginas de este periódicolos brillantes comentarios bursátiles de Raquel Merino). Además, el españolBestinver, uno de los mejores fondos de inversión en valor de todo el mundo, lleva años combinando de manera consistente y exitosa las enseñanzas del value investing y de la Escuela Austriaca. Desde 1993, su rentabilidad media anual es del 16%.

Y ahora nace el Centro de Estudios Superiores OMMA (Online de Madrid Manuel Ayau), impulsado por entidades como el español Instituto Juan de Mariana y la guatemalteca Universidad Francisco Marroquín.

Cada año, esta nueva escuela de negocios iniciará al menos un Máster enValue Investing y Teoría del Ciclo. Si usted está interesado en conocer en profundidad ambas disciplinas, sin duda tiene aquí una opción muy interesante. Este articulista figura en su equipo de profesores, en concreto, como docente de las materias Historia de las Doctrinas Monetarias (donde se diseccionarán los diversos pretextos que a lo largo de la historia se han brindado para justificar el inflacionismo) y Análisis de Coyuntura (donde daremos las claves para comprender en qué etapa del ciclo económico nos hallamos en cada momento y su previsible evolución futura).

Las referencias son difícilmente mejorables. Francisco García Paramés, director de Bestinver, ha manifestado que este máster “ayuda a entender cómo funciona realmente la economía y cómo invertir de la manera correcta: una combinación única”; Jesús Huerta de Soto lo ha alabado como una manera de compatibilizar “el análisis teórico con su aplicación práctica a los mercados financieros en una coyuntura que hace más necesario que nunca el enfoque de la Escuela Austriaca de Economía”; y Álvaro Vargas Llosa ha llegado a afirmar:

Siento tanta envidia de los estudiantes que se apuntarán a este máster, donde aprenderán a entender quiénes son los verdaderos responsables de las crisis periódicas del sistema capitalista y cómo invertir sin confundir valor y precio, que estoy a punto de dejarlo todo y matricularme de inmediato.

Los cursos del centro OMMA tienen una característica que los diferencia de casi todos los demás y que facilitará en mucho la participación de quienes no residan en Madrid: son online-presenciales. Gracias a la más moderna tecnología, los alumnos podrán encontrarse tranquilamente en sus casas y no sólo ver cómo el profesor imparte el temario, sino participar activamente en cada clase, planteando preguntas o participando en los debates que puedan abrirse.

En definitiva: sin duda, los liberales nos encontramos de enhorabuena: no sólo nace un centro de estudios de impronta indudablemente liberal, sino que además podremos aprender las claves para invertir con éxito y lograr unas rentabilidades sostenidas por encima de las de mercado en cada momento de la coyuntura económica. Un más que merecido homenaje, dicho sea de paso, a ese gran empresario, inversor y promotor de la educación superior liberal que fue don Manuel Ayau.

Los liberales han lanzado fundamentalmente tres críticas a la reforma laboral del Gobierno: 1) se queda corta, 2) contiene algunos elementos perversos y 3) interfiere en los contratos libremente pactados entre las partes.

No tengo nada que objetar a las dos primeras críticas, que suscribo totalmente. Cuestión aparte es la tercera: ¿realmente se están violando unos contratos voluntariamente suscritos entre las partes por el hecho de que la indemnización por despido se rebaje de 45 a 33 días por año trabajado (o incluso a 20 días)?

La pregunta podrá parecer insustancial a muchos, pero ilustra perfectamente las deficiencias y limitaciones de nuestro compulsivo derecho laboral. Al fin y al cabo, si las relaciones laborales se hubiesen mantenido dentro del ámbito civil, empresario y trabajador podrían haber acordado en el contrato no sólo la cuantía de la indemnización por despido, también las causas del mismo y las cláusulas de revisión del propio contrato.

Lo anterior tendría perfecto sentido para ambas partes:

– Tanto empresario como trabajador pueden querer asegurarse una relación estable a largo plazo, y penalizar la rescisión unilateral de la misma.

– Es dudoso que cualquiera de las dos partes quiera cerrarse definitivamente las puertas a la rescisión del contrato

– Más allá de las causas generales que permitan rescindir unilateralmente el contrato sin indemnización, también tendría sentido que se incluyeran provisiones que permitieran, en circunstancias excepcionales, incumplir algunas disposiciones contractuales (por ejemplo, en caso de grave crisis económica).

Por supuesto, podrían suscribirse otros contratos que no incluyeran causa justa alguna que permitiera su rescisión o una modificación unilateral, pero es dudoso que proliferaran, pues resultarían tan gravosos para la parte perjudicada que deberían compensarse desproporcionadamente en el momento de acordar la remuneración: si se protegiera excesivamente el trabajador, el empresario no estaría dispuesto a abonar un salario elevado; y si se protegiera excesivamente al empresario, el trabajador exigiría una remuneración muy alta.

Huelga decir que en España no hemos tenido nada parecido a un marco de relaciones laborales libres. Más bien, nuestro muy intervencionista derecho laboral ha impuesto a todas las partes unas condiciones contractuales generales idénticas. Así, si el trabajador rescindía el contrato, no había de indemnizar en modo alguno al empresario, pero si era éste quien lo hacía, debía abonar a aquél una compensación de 20 o 45 días por año trabajado (según las causas concurrentes). Es verdad que las partes siempre podían no someterse a esas gravosas normas simplemente no formalizando la relación laboral, por lo que si llegaban a un acuerdo era porque ambos consideraban que el contrato les beneficiabaincluso a pesar de la normativa laboral.

Todo esto dista de ser suficiente para proclamar que la reforma laboral aprobada por el PP implica una liberticida mutación retroactiva de unos contratos voluntariamente suscritos. A la postre, si los contratos hubiesen sido realmente libres, a buen seguro habrían incluido una cláusula para revisar, entre otras disposiciones, el coste del despido en caso de grave crisis económica; el que estos contratos reglados por el Estado no la contuvieran no significa que empresarios y trabajadores no estuviesen dispuestos a incorporarla, sino simplemente que estaba prohibido hacerlo y que, por tanto, confiaban –sobre todo el empresario– en que, ante ciertas circunstancias excepcionales –como la crisis actual–, los políticos que las impusieron terminarían modificándolas.

O dicho de otro modo: las partes sabían –y bajo ese presupuesto llegaron a un acuerdo– que las condiciones contractuales impuestas por el derecho laboral –sobre las que, por tanto, las partes no pueden disponer– podían ser sometidas a revisión por los propios políticos que crearon ese marco estatista. En la perversa lógica de su gestación, el derecho laboral estatalizado lleva la penitencia de su sujeción parcial a la arbitrariedad política. Impedir a las partes por mandato legal que revisen ciertas provisiones contractuales y remitirlas a la legislación positiva significa que esas provisiones quedan indirectamente supeditadas al marco legal vigente, esto es, a lo que el político decida. ¿Que eso genera inseguridad jurídica? Sí, como también la crearía el que las condiciones pactadas en esos contratos no pudieran revisarse bajo ningún supuesto (ni siquiera por reforma legal).

A mí, desde luego, no me agrada tamaña discrecionalidad e incertidumbre. Y, precisamente por ello, la verdadera solución no pasa por continuar fijando centralizadamente esas condiciones contractuales, sino por permitir que cada contrato se rija por las suyas propias. Sólo en ese caso dispondríamos de contratos realmente completos y eficaces que combinasen una cierta seguridad para las partes con la indispensable flexibilidad en casos excepcionales. Mientras tanto, tendremos que contentarnos con que los políticos sigan jugueteando con nuestras relaciones laborales: en ocasiones para impedir que se modifiquen, cuando la lógica económica y los intereses de las partes claman por hacerlo, y en otras mutándolas cuando no resulte del interés de nadie.

¿En qué momento estamos ahora? Pues ustedes mismos, pero con más de cinco millones de parados –la mayoría de ellos producto de la extinción de contratos temporales–, creo que si de algo no podremos acusar a nuestras relaciones laborales es de ser demasiado flexibles.

Desde que en mayo de 2010 se aprobara el primer plan de salvamento para Grecia, el dinero de todos los europeos no ha dejado de fluir irresponsablemente hacia allá; a cambio, los griegos han incumplido sistemáticamente sus promesas de reformas y austeridad.

Los contribuyentes europeos hemos prestado a la oligarquía política griega, para que mantenga su cortijo en funcionamiento, unos 110.000 millones de euros en concepto de rescate, y otros 50.000 millones mediante la monetización de deuda del BCE. En total, 160.000 millones (de un monstruoso endeudamiento público total de 360.000 millones) que no han servido más que para rescatar a los bancos europeos que imprudentemente invirtieron en deuda basura griega y para evitar la merecida bancarrota del país heleno.

Ahora, tras dilapidar esa formidable cantidad de dinero, Atenas nos solicita una ayuda adicional de 130.000 millones de euros y una quita del 50% sobre la deuda que se encuentra en manos privadas. Al final de la jornada, pues, más del 90% de la deuda pública griega habrá sido refinanciada por los contribuyentes europeos. ¿Y a cambio de qué? De vacuas y parciales promesas de cambio que ni son creíbles ni, en caso de que se cumplieran, alcanzarían para que el Estado griego devolviera todo lo que tomó prestado. Promesas que, pese a su insuficiencia y parquedad, han provocado que una parte de los griegos se haya lanzado a incendiar la calle.

Lo cierto es que el Estado griego necesitaría de una enérgica cura adelgazamiento para evitar la bancarrota. Precisa reducir su tamaño y aliviarse de competencias. Poder, podría hacerlo, o al menos intentarlo: recordemos que su patrimonio se cuantifica en unos 300.000 millones de euros, y que le bastaría con regresar a los niveles de gasto no financiero de 2003 para alcanzar al equilibrio presupuestario. Pero todo apunta a que, aunque la casta política quisiera –que no quiere–, los intentos reformistas fracasarían por la frontal oposición de una sociedad que ha mamado socialismo y estatismo durante décadas.

Así las cosas, si el Estado –y por tanto el sistema bancario– griego no quiere ser salvado, no debemos seguir empeñados en hacerlo nosotros. Todo euro adicional que se preste a los politicastros griegos será un euro arrebatado a unos contribuyentes europeos –incluidos los españoles– ya muy esquilmados por sus respectivos Gobiernos… y un euro dilapidado en el fomento de las malas artes griegas y en salvar la papeleta a quienes torpemente les prestaron dinero.

Ahora bien, no se trata de expulsar a Grecia del euro: ni podemos hacerlo ni, aunque pudiéramos, debiéramos hacerlo. Si quiere seguir utilizando la moneda común, que lo haga: en nada nos perjudicaría. Eso sí, si escoge seguir dentro del euro, debería olvidarse de recibir préstamos en condiciones privilegiadas de sus socios comunitarios y del BCE. Dicho de otro modo: si quiere seguir dentro del euro, que siga, pero que se busque ella sola la financiación entre los ahorradores privados; entre aquellos individuos que, atendiendo a la credibilidad que les merezcan los gobernantes griegos, crean que acabarán recuperando el dinero que les presten. A lo que no hay derecho es a que se fuerce a todos los contribuyentes europeos a acometer esa muy especulativa inversión de altísimo riesgo: quienes confíen en Atenas, o quieran regalarle su dinero, que actúen en consecuencia; pero los demás no tienen por qué verse obligados a rendir sus ahorros a la oligarquía griega o a sus torpes acreedores.

Es tan sencillo como esto. Si nadie quiere prestar su dinero a los políticos y a los bancos griegos, pues nada, que se declaren en bancarrota y asuman las consecuencias: o bien una enorme deflación (dentro del euro) o bien una monstruosa inflación (fuera). Dicho de otro modo: si nadie les refinancia las deudas y no pueden pintar los billetes, entonces los bancos y el Gobierno griegos caerán, los medios de pago se contraerán y los precios tendrán que reducirse a una fracción de los actuales (si no, todo el tejido empresarial griego desaparecerá). Si, en cambio, los políticos griegos optan, como es previsible, por salir del euro, recapitalizar la banca local y sufragar los gastos gubernamentales imprimiendo billetes, los precios se dispararán, los salarios reales se hundirán y los ahorradores en activos no indexables (los cuentacorrentistas, por ejemplo) serán completamente expoliados.

Es cierto que ambas opciones implican un atraco a mano armada contra una parte de la ciudadanía griega que no tiene prácticamente responsabilidad alguna en todas las socialistadas que sus mandatarios han perpetrado y siguen perpetrando. Pero no es menos cierto que, primero, los ciudadanos europeos tienen aún menos culpa del desastre y, segundo, que la excesivamente generosa asistencia financiera prestada por Europa desde mayo de 2010 ha concedido casi dos años de plazo para que aquéllos sacaran su capital del país, cosa que, por cierto, muchos han hecho.

Procedamos, pues, a obrar rectamente y suspendamos los planes de salvamento para Grecia. Que decreten una quita entonces, no del 50, sino del 80 o del 90%, y que los imprudentes acreedores extranjeros y los irresponsables deudores griegos apechuguen con las consecuencias. Sería un borrón y cuenta nueva que tendría tres efectos beneficiosos: 1) pondría punto final al saqueo del contribuyente europeo, 2) castigaría a los inversores que se equivocaron al prestar a Grecia (o a aquellos que no han colocado sus títulos de deuda al plan de rescate) y 3) mostraría a los demás países europeos cuáles serían las consecuencias del despilfarro desenfrenado.

No, no piensen que permitir la bancarrota griega llevaría consigo la impunidad de los irresponsables: con una hipotética depreciación del dracma de hasta un 80% y el consecuente estallido inflacionista, en el pecado llevarían la penitencia.

Si 2009 fue el año en que los Gobiernos trataron de suplir con ingentes programas de gasto público el crédito privado que acababa de desaparecer y 2010 el año en que los Gobiernos empezaron a ver al lobo de la deuda las orejas de la suspensión de pagos, 2011 ha sido el año en que los Gobiernos trataron de convencer a todos los ahorradores de que implantarían cuantos planes de ajuste fueran necesarios para salvaguardar su solvencia.

El mercado de capitales dio con la puerta en las narices a países manirrotos, marginales y de tamaño controlable como Grecia, Irlanda o Portugal. Conforme se iban sucediendo los meses, cada vez iba siendo más evidente que el tiempo se les agotaba a economías más importantes, como las de España, Italia, Bélgica e incluso Francia. El contagio era inevitable, pues la exposición del sistema bancario europeo, y particularmente del francés, a las deudas española e italiana superaba con mucho las pérdidas que era capaz de absorber… y que los distintos Estados eran capaces de tapar.

No era momento, pues, de andarse con bromas: había que proceder con urgencia a sanear las finanzas públicas y a liberalizar el sector privado para impulsar la creación de riqueza. Y, claro, la gravedad de la coyuntura, junto al discurso profrugalidad de nuestros políticos, ha llevado a pensar a la multitud que, en efecto, en 2011 nuestros mandatarios comenzaron a apretarse el cinturón. ¿Qué otra alternativa tenían? Pues la que han tomado: seguir mangoneando como siempre. En 2011 los Estados de la Eurozona –todos– han gastado más dinero del que se fundieron en 2007, el último año de las falsas vacas gordas, con los erarios a rebosar.

¿Austeridad? El único que de verdad está siendo austero en la presente crisis es el sector privado, que, allá donde le han dejado, no ha tenido más remedio que redimensionarse y cuadrar sus cuentas. Los Estados, sin embargo, han continuado exhibiendo un comportamiento marcadamente irresponsable, que han tratado de camuflar monetizando deuda (como ha sucedido en EEUU y Reino Unido) o prometiendo en solemnes y repetidas cumbres que ya han aprendido la lección y que, esta vez sí, dejarán de gastar más de lo que ingresan.

Así pues, por mucho que se haya querido ligar la recaída en la recesión a partir de la segunda mitad del año a los programas de austeridad pública, semejante argumento carece de toda base. No sólo no ha habido austeridad alguna (el gasto se ha recortado en unos rubros… y se ha incrementado en otros), es que los auténticos problemas de la economía mundial tienen que ver con la enorme incertidumbre sobre la solvencia a largo plazo de nuestras economías. Si no hay un crecimiento sostenible (que no se logra, desde luego, inflando transitoriamente ciertas partidas de gasto) acompañado de un aumento del ahorro nacional (también, aunque no sólo, en el sector público), corremos el riesgo cierto de un derrumbe del sistema bancario, que a su vez podría llevarse por delante parte del sistema monetario internacional.

Mientras esas incógnitas no se despejen –y durante este año no han hecho más que complicarse– no habrá posibilidad de que nos recuperemos. Europa continuará al borde de la implosión y el resto del mundo, si no sabe qué será de Europa –pieza clave en el comercio, en la división del trabajo y en las inversiones internacionales–, tampoco podrá avanzar sobre terreno demasiado firme. Para algunos, la solución pasa no por hacer los deberes y actuar de manera diligente, sino por huir un poco más hacia adelante, a la espera de toparnos con el abismo; es decir, por monetizar deuda.

Pero, a este respecto, recordemos la situación en la que estábamos a comienzos de 2011: tras la intensa monetización de deuda de la Reserva Federal de mediados de 2010 (Quantitative Easing 2), empezamos el año con el precio de las materias primas desbocado, de ahí queéstas fueran vistas cada vez más como una amenaza mayor para el crecimiento mundial. La razón del encarecimiento no era casual: durante la década pasada se gestó un cuello de botella en la provisión decommodities que hace que, cuando el nivel agregado de gasto aumenta significativamente, los precios de las mismas se disparen y la economía se resienta. Pasó hasta mediados de 2008 (justo antes de la quiebra de Lehman Brothers) y volvió a suceder a principios de 2011, cuando la situación parecía (falsamente) estabilizada merced a unos cuantiosísimos volúmenes de gasto estatal. Pero no podemos hacer pasar un camello por el ojo de una aguja, y si tratamos de mantener el gasto total de nuestras economías en unos niveles artificialmente altos gracias a la deuda monetizada por los bancos privados o por el banco central (y desligados, por tanto, de la producción de bienes y servicios que debería dar lugar a esos gastos), la inflación de materias primas volverá a manifestarse y a ahogarnos: justo lo que ha acaecido, el gasto privado ha vuelto a hundirse para contrarrestar el cuello de botella.

En definitiva, ni monetizar deuda es la solución a los problemas de solvencia del Estado –la monetización sólo pospone el problema del ajuste a cambio de una distorsionadora inflación interna y externa–, ni asumir compromisos que no vayan acompañados de hechos sirve para calmar a unos ahorradores que han perdido toda su confianza en la clase gobernante. El problema en estos momentos, pues, sigue siendo muy parecido –aunque se han hecho avances– al que teníamos cuando estalló la crisis, pero empeorado por toda la montaña de deuda pública que los Estados han colocado a unos bancos extremamente debilitados por el desastre inmobiliario anterior y que han utilizado para tratar de estabilizar el insostenible nivel de gasto agregado de la época burbujil. Justo lo contrario a lo que interesadamente se nos ha vendido desde numerosos medios de comunicación.

Por ello, 2011 ha sido el año de la palabrería y el de la mascarada antiausteridad, en un sistema financiero que ha vuelto a resquebrajarse por la irresponsabilidad fiscal de los Estados. Todo apunta a que 2012 será, por necesidad, el año de los hechos: para bien o para mal.

Consciente de que las depresiones suelen ser el caldo de cultivo ideal para la gestación de este tipo de extremismos liberticidas, tal vez deba detenerme un instante a analizar su tramposa exposición.

El diagnóstico

Para Cayo Lara, nuestras dificultades actuales proceden de afrontar una crisis mal entendida con un instrumental neoliberal que sólo contribuye a empeorar nuestros problemas subyacentes. ¿Por qué hemos entendido mal la crisis? Porque, en contra de lo que se predica, ésta no procede de haber vivido por encima de nuestras posibilidades –los salarios reales, señala el comunista, han caído un 8% entre 1996 y 2008–, sino de una dañina especulación financiera que ha hundido la actividad económica. ¿Y por qué el instrumental empleado no es el idóneo? Porque si la crisis no procede de haber gastado demasiado, la austeridad predicada por el sector público –según él, reducciones de gastos y privatizaciones de servicios estatales– no puede ser la solución.

Los recortes, prosigue, son injustos –cargan la crisis sobre quienes no la han causado: los trabajadores– e inútiles –nos abocan a un círculo vicioso de menor consumo y mayor paro que sólo agrava la crisis, como queda demostrado con el aumento del desempleo en 200.000 personas en octubre y noviembre–, pues la prima de riesgo que nos exigen los mercados no ha parado de subir desde que los hemos implantado: “Los mercados nos siguen castigando porque son insaciables y su única función es especular y seguir desangrando a los países y a las personas”. Además, el déficit de las Administraciones Públicas no se ha generado en su mayor parte porque hayan aumentado los gastos, sino porque se han desplomado los ingresos: ¿cuál es entonces el motivo de insistir en podar el Estado, cuando debería ponerse el énfasis en volver a aumentar la recaudación?

La narrativa del comunista tiene ciertas ventajas para aquellos que continúan con su mentalidad instalada en la época de la burbuja: “No, no somos más pobres; en realidad es que algunos facinerosos nos han quitado el dinero del que antes disfrutábamos y lo están utilizando para especular contra nuestro país, obligándonos a pagar unos ingentes intereses por nuestra deuda, que se detraen del gasto social”. Pero la narrativa está equivocada de cabo a rabo e incluso tiene escasa inconsistencia interna.

Para empezar, ¿los salarios reales son el único indicador para saber si vivimos o no por encima de nuestras posibilidades? Pues uno pensaría que no, y que, de hecho, son un muy mal indicador. Si una persona ve caer su sueldo de 20.000 a 15.000 euros y, en cambio, asume unas deudas de un millón de euros, ¿acaso diríamos que no está viviendo por encima de sus posibilidades? ¡Al contrario!: cuanto menor sea su salario y mayor su endeudamiento, más irresponsablemente estará viviendo. ¿Niega Cayo Lara que el sector privado en España se encuentre hiperendeudado? No, lo que pasa que sólo recurre a este dato cuando le interesa: por ejemplo, para recordar que el problema de nuestro país no es la deuda pública sino la deuda privada. Mas si la deuda privada es un problema (y lo es, suponemos, porque es mayor a aquella que familias, empresas y bancos pueden amortizar), no puede afirmarse al mismo tiempo que los españoles en su conjunto no han vivido por encima de sus posibilidades. De hecho, sólo es necesario acudir al dato del déficit exterior entre 2003 y 2007: el país pidió prestado por año hasta el 10% de su PIB, el mayor déficit exterior del mundo junto con el de EEUU; o dicho de otro modo, los españoles disfrutábamos cada año de hasta un 10% más de la renta que producíamos. ¿Eso no es vivir por encima de nuestras posibilidades?

Claro que uno podría argumentar que no fueron los trabajadores ni el sector público quienes vivieron por encima de sus posibilidades, sino las empresas y los bancos. Los trabajadores vieron sus salarios reales reducirse; el sector público incluso produjo ligeros superávits en 2006 y 2007.

¿Tiene sentido el razonamiento? No demasiado: el crédito hipotecario, dirigido fundamentalmente, a las familias pasó de 235.000 millones a comienzos de 2003 a 618.000 millones a principios de 2008: es decir, se multiplicó por 2,5 en apenas cinco años. Cuando una persona duplica su endeudamiento en sólo cinco años sin que su renta se incremente de manera apreciable, ¿está viviendo más imprudentemente que antes o no? Que sí, que tal vez la culpa no resida en las familias sino en los bancos, que las engañaron para adquirir unas viviendas encarecidas artificialmente por la especulación; pero lo cierto es que, con culpa o sin ella, una parte muy importante de la sociedad vivió por encima de sus posibilidades.

¿Y qué decir del Estado? Es verdad que incluso logró durante en un par de años un parco superávit, pero lo consiguió simple y llanamente porque los políticos no eran capaces de gastar todo el dinero que les estaba entrando a espuertas como consecuencia de la distorsionadora burbuja inmobiliaria. Acierta en parte Cayo Lara cuando dice que el déficit actual se debe también al desplome de ingresos (si bien es más importante el efecto del aumento de los gastos; entre 2007 y 2010 los gastos aumentaron en 65.000 millones de euros y los ingresos cayeron en 53.000 millones), pero no extrae las pertinentes conclusiones: los ingresos se han venido abajo porque la actividad que generaba la porción extraordinaria de los mismos dependía de un endeudamiento interno insostenible, que colapsó en 2007. Por eso el Estado también vivió por encima de sus posibilidades: porque consolidó una serie de gastos a partir de un volumen de ingresos tan vaporoso como la falsa prosperidad de la burbuja.

Si una familia recibe este año una herencia de 100.000 euros y decide incrementar permanentemente su consumo en 100.000 euros anuales, ¿acaso no vive por encima de sus posibilidades? Evidentemente: confunde un ingreso extraordinario con uno ordinario y asienta una partida enorme de gastos, a los que no podrá hacer frente en el futuro.

Para nuestra desgracia, fue el conjunto de la economía nacional el que vivió por encima de sus posibilidades. O, más bien, el que hundió sus posibilidades de vivir como lo venía haciendo. El drama no es que los salarios reales cayeran un 8% entre 1996 y 2008, el drama es que entre 1996 y 2008 la economía española creó, merced a endeudarse sobremanera con el extranjero, ocho millones de puestos de trabajo, de los cuales casi la mitad dependían directa o indirectamente del hipertrofiado sector de la construcción. En circunstancias normales habríamos aprovechado nuestra masiva inversión basada en la deuda para vender bienes y servicios a nuestros acreedores extranjeros y proceder, así, a devolverles el dinero que nos prestaron. ¿Pero qué bienes les vamos a vender, si nos empeñamos en fabricar carísimas viviendas que nadie demandaba en realidad? Ese es nuestro drama: una estructura productiva descompuesta que debe reorganizarse y una montaña de deuda que debe pagarse. Y hasta que lo logremos, lamentablemente seremos más pobres. Por eso necesitamos austeridad pública y liberalización privada: para que la economía se reajuste.

¿Acaso la austeridad no está hundiendo la economía? Pues no: el Estado sigue gastando un 17% más que en 2007; austeridad, poca. ¿Pero no habría que estimular la economía con mayores déficits públicos? Como si eso arreglara algo: cuando Zapatero comenzó a sacar tímidamente la tijera, el número de parados había aumentado de 2,1 a 4,6 millones (en junio de 2010). Ahora tenemos 4,9 millones, según la EPA.

Y, por cierto, todo este desastre no es culpa ni de la especulación, ni de la desregulación, ni del neoliberalismo ni de ninguno de esos fantasmas que tanto entusiasman a Cayo Lara; son, más bien, responsabilidad directa de nuestro endiablado, privilegiado e intervenido sistema financiero. Pero esta discusión nos llevaría demasiado lejos.

Las recetas

Con tan torcido diagnóstico, no cabía esperar lógicamente que Lara acertara en su recetario, pero aun así conviene que comentemos algunos de sus puntos más destacados. Para empezar, el comunista reconoce que es necesario cambiar el modelo productivo. Sólo hay un problema: ¡no quiere que sean los millones de empresarios de este país los que descubran hacia dónde debe ser el cambio! Entonces, ¿deberá escogerlo él? Es de suponer. ¿Y qué propone exactamente? Pues eso ya no lo especifica. Sólo tiene claro que el objetivo de ese nuevo modelo productivo ha de ser “la creación de empleo y el desarrollo sostenible”. ¿Mande? ¿El objetivo de trabajar –de organizar la producción– es trabajar y conservar el medio ambiente?

En tal caso, cualquier trabajo que transforme poco el entorno le sirve a Izquierda Unida. No sé, ¿tal vez cavar agujeros y volverlos a tapar? Si todo consiste en mantener a la gente ocupada en algo y no dañar el medio ambiente, ¿acaso no podemos colocar a los 20 millones de españoles en activo en tan próspero empeño? Ah, que si todos nos dedicáramos a esa inutilidad nos moriríamos de hambre, careceríamos de vestido, no habríamos entrado en la era de la información, etc. Pues entonces es que no se trata de trabajar para trabajar, sino de trabajar para producir aquello que más urgentemente necesitamos y más altamente valoramos. ¿Y eso qué es? Pues ni lo sé yo ni, por supuesto, lo sabe Cayo Lara. Semejante tarea corresponde a millones de empresarios que día a día recopilan y readaptan información sobre el terreno para servir a los consumidores. A diferencia de lo que afirma el comunista, el cambio de modelo productivo o es capitalista o se queda en mera farsa constructivista que nos aboca a todos a la miseria.

Claro que si de cambiar el modelo productivo a través del mercado se trata, lo que menos necesitaremos serán más impuestos, más regulaciones y más intervenciones dirigistas. Pues Cayo Lara propone todo ello: aunque se llena la boca de apoyar a las pymes, lo que sugiere en la práctica es subir el salario mínimo (se ve que más de cinco millones de parados le saben a poco), aumentar el impuesto de sociedades y forzar la utilización de las carísimas energías renovables. Costes y más costes para las empresas. ¿Cómo confeccionar en semejante entorno hostil planes de negocio competitivos y generadores de valor? Pues de ninguna manera. No olvidemos que el comunismo de IU no aspira a una sociedad de propietarios autónomos, sino de individuos controlados y teledirigidos por el Estado. También, claro, en el caso de las pymes. A lo mejor por eso no sólo se niega a reducir un volumen de empleo público claramente sobredimensionado (sólo desde 2007 ha aumentado en 300.000 personas), sino que incluso propone seguir incrementándolo: ¡Papá Estado, sálvanos! Eso sí, si el sector privado no produce, ¿quién paga la fiesta?

Y aquí la respuesta de Cayo Lara es doble. Por un lado, “que paguen los que más ganan y más tienen”; de hecho, el delirio llega al extremo de proponer un “salario máximo”, que a buen seguro se articularía como un tipo marginal del 100% en el IRPF a partir de cierta cuantía. O, dicho de otra manera, hay que perseguir a quienes más riqueza generan, a quienes están en la buena dirección para cambiar el modelo productivo de nuestra economía, a quienes financian con su dinero buenos proyectos empresariales o incluso el despilfarro estatal. Las quejas contra el vilipendiado fraude fiscal son sólo trampas retóricas para esquilmar todavía más a aquellas ovejas que no defraudan (aunque probablemente les gustara). Las estimaciones sobre los impuestos que se dejen de recaudar son sólo eso: estimaciones. Mientras no se consiga aumentar efectivamente la recaudación, el gasto público debería reducirse hasta cuadrar las cuentas públicas; si no, pasará como en Grecia: que llevan dos años tratando de financiar su elefantiásico Estado socialista con su lucha contra el fraude fiscal… y la recaudación ha terminado por menguar.

Sólo una duda más: si uno de sus argumentos estrella es que los recortes provocan que los españoles no consuman y esa restricción del gasto dispara el desempleo, ¿consumirán más o menos los españoles si les subimos de manera salvaje los impuestos? ¿Invertirán más o menos las empresas –y crearán más o menos empleo– si reducimos la rentabilidad de los recursos que inmovilicen? En esta sede rogaría una aclaración: si IU está a favor de reducir el déficit subiendo impuestos, entonces no debería poner el grito en el cielo si el sector privado gasta menos; y si propugna que el sector público acometa políticas expansivas del gasto, entonces no debería promover subidas de impuestos. ¿Será que todo se confecciona para llegar a la misma conclusión, a saber, que el Estado debe crecer?

Por otro lado, Cayo Lara espera obtener los recursos de la estatalización del sistema financiero. Por eso reclama no sólo el regreso a la banca pública (¿y qué otra cosa eran las cajas de ahorros?), sino una “democratización del Banco Central Europeo”, es decir, una monetización masiva de deuda pública. Dicho de otro modo: los comunistas no pretenden acabar con la especulación financiera y la destructiva exuberancia crediticia; pretenden canalizarlas para abaratar las emisiones de deuda pública dirigidas a financiar los desproporcionados gastos estatales. Lo que molesta no es que el país se haya hiperendeudado durante una década, sino que esa deuda la haya concentrado el sector privado en lugar del público.

En definitiva, el modelo de IU no es la España del ladrillo, sino la Grecia del quebrado Estado mastodóntico (pero con acceso, eso sí, a la imprenta del BCE). Realmente descorazonador. No tanto porque Cayo Lara tenga posibilidades reales de aplicar su programa de gobierno, sino porque sus injustas y contraproducentes ideas sí podrían llegar a cuajar entre la izquierda. Y la izquierda irresponsable y manirrota, por desgracia, seguiría contando.

Desde luego, en parte la situación es así: si el PP no deja de gastar desde la Administración mucho más de lo que ingresa, y si no elimina todas las regulaciones que impiden al sector privado reajustarse, entonces, en efecto, nos vamos al hoyo. Mas no deberíamos permitir que el árbol del poder absoluto popular nos impidiera ver el bosque de nuestra economía y nuestro régimen político.

El PP tiene cuatro años por delante para aplicar las reformas, y cuatro años son mucho tiempo. No, ciertamente, para quienes analizan la solvencia de nuestra deuda a diez años… En ocasiones se suele acusar a los especuladores de cortoplacistas o de impulsivos por los vertiginosos movimientos de la prima de riesgo, pero tengamos presente que esa prima de riesgo se computa a diez años vista y que, por tanto, muchos de quienes la determinan están pensando a largo plazo.

Y la izquierda, para nuestra desgracia, sigue poseyendo una significativa influencia sobre la solvencia a largo plazo de nuestro país: visto lo visto (el PP apenas ha cosechado 550.000 votos de los más de cuatro millones que ha perdido el PSOE), no es para nada descabellado pensar que en una legislatura –o en dos– los socialistas podrían regresar al poder. ¿Y entonces qué? ¿Darían marcha atrás en todas las medidas de austeridad y de liberalización que, tal vez, implanten los populares? ¿O por el contrario las mantendrían, con algunos parches intervencionistas propios del socialismo?

Ninguna sociedad puede ser de fiar si pende de un solo hilo.

Ahora mismo, en el parlamento tenemos una amalgama de grupos de extrema izquierda cuyas ideas liberticidas y totalitarias producen desazón a cualquier persona con dos dedos de frente. El único consuelo es que son absolutamente irrelevantes, aunque en el caso de Izquierda Unida –un partido que ha propuesto nacionalizar una parte del Ibex 35– esa irrelevancia viene por el número de escaños que ha obtenido y no por el número de votos, que supera ampliamente el millón y medio, lo cual sugiere que una parte de la sociedad española está dispuesta no sólo a suicidarse, sino a suicidarnos a todos.

La auténtica incógnita, la que cuenta de verdad en un país como el nuestro, en que la filiación política guarda inquietantes paralelismos con la filiación futbolística, es qué tipo de PSOE emergerá del congreso de febrero: si decide echarse al monte o, como ha reclamado él mismo durante años al PP, opta por arrimar el hombro. Y aquí el problema es que la carta populista sería probablemente lo que mejor resultado le daría, aunque hundiera al país; en cambio, la carta de la responsabilidad, la del plegarse a la fuerza de los hechos, no sólo le rendiría un magro provecho electoral, sino que, al jugarla, probablemente facilitaría el engorde a la izquierda aún más extrema.

No parece haber soluciones sencillas, básicamente porque una porción muy importante de la sociedad española sigue anclada ideológicamente en la lucha de clases y no sentiría el menor reparo en destruir la división del trabajo y decretar la omnipotencia gubernamental con tal de arramblar con una pequeña parte de los escombros. No se ha hecho la menor pedagogía política cuando tocaba y ahora podría ser demasiado tarde. Digo “podría” porque cabe consolarse pensando que CiU, pese a efectuar recortes tremendamente impopulares, parece haber logrado que la ciudadanía entienda la necesidad de los mismos.

El PP debería ser consciente de que tan importante como las reformas será el que la ciudadanía entienda y acepte la necesidad de emprenderlas. En caso contrario, en cuatro años podemos tener a una izquierda todavía más irresponsable, manirrota y radicalizada de vuelta en el poder. Todo lo contrario de lo que a buen seguro desea el pequeño o gran inversor, nacional o extranjero, que duda si prestar dinero a nuestros políticos o mantenerlo bien alejado de sus zarpas.

Para salir de la crisis necesitamos reformas, aceptación social para esas reformas y una izquierda que no desee tumbarlas o que, deseándolo, no posea la menor posibilidad de hacerlo. Por desgracia, ahora mismo ni siquiera estoy seguro de si cumpliremos alguna de esas condiciones.

824.494 millones de euros: ésa es la cifra de deuda pública italiana que posee el resto del mundo. No conozco ningún desglose de qué países poseen todo esa montaña de activos tóxicos, pero sí es sabido que la banca francesa –fondos de inversión y de pensiones al margen– está expuesta, al menos, a algo más de 100.000 millones. Por su parte, el conservador sistema financiero italiano ha adquirido alrededor de 855.000 millones de euros, cifra muy superior a los 383.000 millones con los que cuenta para absorber pérdidas. Pero lo peor llega cuando tenemos en cuenta que los vencimientos de esa deuda pública para el año que viene ascienden a 325.000 millones, a lo que habría que sumar otros 75.000 para financiar el déficit de 2012.

Las cifras no son alentadoras, especialmente si tenemos en cuenta que Italia acaba de cruzar el punto de no retorno en cuanto a su financiación en el mercado. Y lo ha cruzado no porque hoy sus tipos de interés hayan superado el 7%, sino porque, como estuvimos avisando desde los micrófonos de esRadio, el pasado viernes su prima se incrementó por encima de los 450 pb, momento a partir del cual era cuestión de días que la cámara de compensación inglesa LCH. Clearnet elevara las garantías que debían aportar todos aquellos que adquirieran la deuda italiana a crédito (algo que encarece de manera muy notable su adquisición). Eso es justo lo que ha hecho hoy y justo lo que ha catapultado el coste de sus pasivos gubernamentales.

Lo que vaya a suceder a partir de ahora es incierto. España también se aproxima cada vez más al tenebroso límite de los 450 puntos básicos, Francia puede verse aplastada como un bocadillo por la insolvencia de España e Italia y el coste de un eventual rescate de la Eurozona resulta cada vez menos asumible para Alemania. Tal como están las cosas, y conociendo a nuestros manirrotos políticos, veo cinco posibles salidas, a cada cual peor.

Primero, puesta en marcha inmediata del Fondo Europeo de Rescate con participación muy intensa del FMI (es decir, de EEUU y China). Segundo, aprobación de los eurobonos, lo que significa que las emisiones de los países insolventes quedan avaladas por las de los países que todavía guardan algo de crédito. Tercera, monetización masiva de deuda por parte del Banco Central Europeo, lo que equivaldría a diluir el valor de la divisa para aliviar transitoriamente a los deudores en dificultades. Cuarta, ruptura del euro en dos monedas: un euro fuerte –en el que estarían Alemania, Holanda, Finlandia, Austria, Luxemburgo y tal vez Francia– y un euro débil que incluyera a todos los periféricos –y tal vez Francia– que se devaluara entre un 30% o 40% con respecto al euro fuerte. Y quinta, suspensión de pagos desordenada de países y regreso a las divisas nacionales con sus correspondientes devaluaciones.

Las salidas no son incompatibles y creo, de hecho, que terminaremos pasando por todas ellas. Mas ninguna resulta demasiado reconfortante en la medida en que todas implican, en mayor o menos medida, meter la mano en el bolsillo ajeno: la refinanciación de la deuda periférica por parte del FMI o de la UE no nos saca de la situación de insolvencia, sino que sólo aplaza su resolución transfiriéndoles nuestra indisciplina a los países menos enfermos; por su lado, la monetización masiva de deuda por el BCE o las devaluaciones son formas de impago que descapitalizan a los países acreedores como si de una quita parcial se trataran.

Cualquier cosa, empero, antes que adoptar las medidas cabalmente correctas: liberalizar la economía y desmontar el monstruoso Estado de Bienestar, esto es, permitir que el sector privado genere riqueza y que puede ahorrarla para amortizar la deuda, absorber las pérdidas y reestructurar la economía. Llevamos tres años gobernados por el keynesianismo fiscalmente irresponsable. Ahora, con Italia contra las cuerdas, con casi dos billones de deuda pública con riesgo de ser impagados, hemos de tomar una decisión rápida: o medidas urgentes y muy profundas de austeridad y liberalización, o impago (ruptura del euro y devaluación) o seguir dándole a la cuerda del endeudamiento (vía UE, FMI y BCE). A saber, hay que elegir entre hacer lo adecuado, hundirnos en la miseria o huir hacia adelante unos pocos meses más poniendo en riesgo no ya a la banca europea, sino al propio euro.

Pregunta sencilla: si los políticos europeos han sido lo suficientemente insensatos como para permitir que la solvencia de sus países se pudriera hasta este punto, ¿qué camino creen que tomarán a partir de ahora?

Un popular argumento keynesiano al uso reza que reducir salarios en plena crisis no contribuye a incrementar el empleo. Sí, es verdad que a los empresarios les sale más a cuenta contratar, pero la reducciones salariales empujan a la baja la demanda de sus productos, dado que los trabajadores también gastarán menos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaba de publicar su informe anual, donde defiende que la idea de que la moderación salarial crea empleo es un mito. El nada parcial organismo sostiene que los salarios constituyen “el principal soporte del consumo privado y, por tanto, de los beneficios empresariales”. “En este contexto, unos salarios más elevados pueden estimular la demanda y compensar otras partidas de crecimiento”.

Resultaría un tanto cansino volver a explicar por qué los beneficios empresariales no proceden en su mayor parte del consumo sino del ahorro, así que me centraré en un tema en apariencia contraintuitivo: la rebaja de ciertos salarios no sólo puede no reducir el gasto en consumo, sino que incluso puede incrementarlo. La clave está en comprender que los salarios no son herramientas para controlar el gasto total de la economía, sino precios particulares que determinan qué, cómo y cuánto ha de producirse. Los mejores salarios no son los altos ni los bajos, sino los que permiten alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos al trabajador y al empresario y maximizar la cantidad de mercancías producidas.

Los salarios demasiado bajos reducirán la cantidad de horas que los individuos están dispuestos a trabajar, mientras que los salarios demasiado altos minorarán la cantidad de empleados que los empresarios desean contratar. Por consiguiente, tanto los salarios artificialmente altos como los artificialmente bajos impiden llegar a acuerdos óptimos entre las partes y obstaculizan la maximización de la producción. La idea de que los salarios altos son positivos para los trabajadores y los salarios bajos benefician a los empresarios es errónea, por cuanto los salarios excesivamente elevados incrementarán el paro (con claros perjuicios para los trabajadores desempleados) y los excesivamente bajos dejarán a muchos empresarios con las ganas de contratar a unos trabajadores que ya no estarán disponibles.

Si nos fijamos, pues, la contratación será máxima cuando los salarios los fije el mercado –esto es, cuando los salarios se aproximen a la productividad marginal de los trabajadores– y decrecerá tanto si se los eleva como si se los reduce de manera sustancial con respecto a ese nivel. De ahí que los liberales no deseemos una rebaja salarial generalizada para la economía española: al contrario, lo que necesitamos es flexibilidad salarial para que aquellos sueldos que deban bajar lo hagan y para que aquellos que deban subir, suban.

En el caso de España, admite escasa discusión que, liberalizando el mercado laboral, muchos salarios –negociados durante los tiempos felices de la burbuja– deberían minorarse para lograr emplear a los cinco millones de parados. Y, claro, en tal supuesto los temores de la OIT y demás keynesianos sí cobran cierto sentido: una rebaja salarial muy extendida provocaría reducciones en el consumo que reducirían los beneficios de los empresarios.

Craso error. Para demandar bienes y servicios del mercado hay que ofrecer previamente bienes y servicios al mercado; a saber, antes de comprar, hay que vender (es de la venta de donde obtenemos los ingresos para comprar). Es cierto que durante un tiempo los agentes pueden endeudarse para comprar sin haber vendido, pero a España esa opción ya se le acabó hace meses; de hecho, cada día oímos los lamentos de casi todas las empresas de que “no hay crédito”, lo que viene a significar que se nos ha cerrado el grifo de comprar transitoriamente sin pagar. En definitiva, la demanda de nuestras empresas ya depende en su práctica totalidad de que los españoles obtengamos los ingresos necesarios para luego demandar bienes y servicios del mercado, esto es, de que los españoles produzcamos y vendamos nuestras mercancías antes de comprar otras.

Y, en este sentido, recordemos lo que hemos afirmado antes: la contratación de trabajadores –y por tanto la producción de bienes y servicios– es máxima cuando los salarios son fijados por el mercado a unos niveles que no son ni demasiado altos ni demasiado bajos. Es ese incremento en nuestra oferta –en particular, en nuestra oferta para el mercado exterior– lo que permitiría a los españoles obtener los ingresos necesarios para gastar y adquirir bienes y servicios. Al cabo, lo que no tiene el menor sentido es que los keynesianos aborrezcan las reducciones de sueldos porque hunden la demanda agregada pero al mismo tiempo prefieran unos niveles salariales que condenan a cinco millones de personas al desempleo (es decir, a recibir unos salarios iguales a cero que hunden por entero su gasto). Y no, abonar generosas prestaciones de paro no es una alternativa al ajuste de los salarios, no sólo por cuanto desestabilizan la economía, sino porque, como decíamos, a España ya se le ha agotado el crédito y los subsidios se pagan, ahora mismo, emitiendo deuda.

Sucede, pues, que cuando políticos y sindicatos imponen unos salarios artificialmente altos e impiden a una parte de los trabajadores obtener unos ingresos que luego puedan gastar en el mercado, están reduciendo no sólo la oferta agregada de esa economía (la producción total), también la demanda agregada (el gasto total). O dicho de otra manera, el que unos salarios se mantengan artificialmente altos provoca que la demanda de ciertas industrias sea prácticamente inexistente y, por tanto, que los salarios que puedan abonarse en esa industria tan poco rentable sean muy bajos.

En suma, dejemos de manipular los salarios con el propósito de controlar el volumen de demanda agregada. Su cometido no es ése, sino el de permitir una adecuada coordinación entre todos los agentes económicos. Y, obviamente, manteniendo los niveles salariales propios de la burbuja inmobiliaria no lograremos que nuestra economía se recomponga. Al contrario, continuaremos maniatados al tiempo que nuestro aparato productivo (y nuestras posibilidades de gasto) no deja de deteriorarse.

No creo equivocarme si digo que la obra que con más impaciencia estaban esperando los liberales hispanohablantes desde hace tantos años es el mejor libro del muy prolífico Murray Rothbard: Man, Economy, and State.

Recuerdo que, cuando era estudiante universitario, yo mismo consideraba incomprensible que esta magnífica obra, imprescindible para introducirse en las interioridades de la ciencia económica, no se hallara disponible en español. Por fortuna, este problema ya ha sido subsanado; una vez más, el mérito hay que anotárselo a la gente de Unión Editorial.

¿Cómo describir en pocas palabras este inmenso y exquisito libro? Pues como un manual universitario que traduce al lenguaje corriente la mayor parte de La acción humana de Ludwig von Mises, el tratado con el que muchos nos convertimos realmente en economistas. De hecho, el objetivo original del estadounidense fue publicar una especie de guía de estudio de La acción humana; pero se puso a escribir… y le salió un tratado económico completo. Por fortuna para todos, añadiría yo, pues Rothbard, con su implacable lógica, va formulando de una manera mucho más comprensible y sistemática los razonamientos que apenas 13 años antes había puesto negro sobre blanco su maestro Mises.

El tratado está compuesto por 12 capítulos, que cubren prácticamente todos los aspectos fundamentales de la Economía: las implicaciones básicas de la acción humana (fines, medios, tiempo, valor, utilidad, riesgo), las ventajas de la división del trabajo, la formación de los precios, de los costes, de las rentas, de los beneficios y de los tipos de interés; la organización del aparato productivo desde un punto de vista agregado, la competencia y los monopolios; los determinantes de la demanda y la oferta de dinero y los efectos perversos del intervencionismo.

Este primer volumen recoge los siete primeros capítulos, los dedicados a analizar y estudiar cómo a partir de las acciones humanas individuales (determinadas según la utilidad esperada de cada agente) pasamos a una complejísima estructura productiva, caracterizada por la interrelación y la coordinación de múltiples y cambiantes planes empresariales. El lector que se acerque a estas páginas comprenderá por qué es la utilidad de los consumidores lo que, a través del sistema de precios, determina los planes empresariales de un mercado no adulterado por el intervencionismo. Dicho de otra forma: el lector será capaz de entender cómo las acciones descentralizadas de cada individuo conforman una red de precios que permite la coordinación espontánea, continuada y mutuamente beneficiosa de millones de personas. Quedan para el siguiente volumen, de próxima aparición, los temas en que Rothbard muestra su mayor brillantez… y sus mayores carencias: pienso en su teoría de la competencia y en su teoría del dinero, respectivamente.

Cualquier estudioso de la Economía que desee acercarse a esta bella disciplina con rigor y profundidad debería leerse no sólo La acción humana de Mises, también –insisto– El hombre, la economía y el Estado. El primero es rico en detalles y erudición, pero flaquea en punto a claridad; y si el segundo es accesible, sistemático y riguroso, no puede decirse lo mismo en punto a originalidad y frescura. Se trata de obras que se complementan a la perfección; de hecho, sólo se termina de entender del todo uno cuando se ha leído el otro. No escoja, pues, entre Mises y Rothbard. Si realmente quiere dotarse de una poderosa herramienta de análisis económico, quédese con ambos. Sea como fuere, si fuera usted lego en la materia y gustara más de los modernos manuales universitarios que de los clásicos tratados decimonónicos, empiece por Rothbard y luego pásese a Mises.

En definitiva: si tiene dudas o alberga alguna reserva en relación con el funcionamiento de un mercado libre, lea El hombre, la economía y el Estado: disfrutará y aprenderá con un libro muy bien escrito, muy argumentado y muy didáctico. En momentos como los actuales, buena falta nos hace a la inmensa mayoría de los europeos.

MURRAY N. ROTHBARD: EL HOMBRE, LA ECONOMÍA Y EL ESTADO (vol. I). Unión Editorial (Madrid), 527 páginas. Prólogo de ALBERTO BENEGAS LYNCH (h). Traducción de Norberto R. Sedaca.

Esta vez, Paul Krugman tiene algo de razón: prohibir el descalce de plazos de la banca –esa peligrosa estrategia consistente en endeudarse a corto para prestar a largo– no es algo ni mucho menos fácil de lograr.

Ron Paul y sus partidarios simplifican un poco la cuestión cuando defienden enterrar la reserva fraccionaria. Ésta, en general, sólo es un tipo de descalce de plazos: los bancos crean depósitos a la vista (deuda a muy corto plazo) cuando conceden hipotecas y otros créditos a largo. De ahí que, censurada esa práctica, probablemente se desarrollarían otras con idéntico propósito: por ejemplo, como ya hicieran los bancos de inversión estadounidenses durante la gestación de la presente crisis, captar capital a muy corto plazo con operaciones repo para luego adquirir titulizaciones hipotecarias a largo.

Y es que la iliquidez bancaria beneficia en un principio a casi todas las partes. Los bancos incrementan muy notablemente su volumen de operaciones y ven ampliado su margen de intermediación (pagan bajos tipos de interés a corto y cobran elevados tipos a largo); asimismo, los clientes del banco disfrutan de acceso a financiación más barata al tiempo que obtienen unos medios de pago que en apariencia son líquidos (los depósitos a la vista). Los problemas llegan para todos ellos con el paso del tiempo: dado que los bancos han prestado fondos a un mayor plazo del que los ahorradores están dispuestos a esperar para disponer de ellos, gran parte de las inversiones efectuadas con cargo a ese crédito artificialmente elevado dejan de ser rentables y comienzan a impagarse. Es decir, los deudores del banco se dan cuenta de que dilapidaron el capital que pidieron prestado; los bancos descubren un brutal agujero que, debido a su enorme apalancamiento, bien puede arrastrarlos a la bancarrota, y los acreedores de la entidad se quedan sin cobrar el dinero que ésta les había prometido (de modo que sus depósitos a la vista sufren una quita, revelando que su liquidez era sólo ficticia).

Existe, pues, un problema de consistencia entre el corto y el largo plazo. Vamos, pan para hoy y hambre para mañana: los agentes, todos ellos, son demasiado miopes para comprender las consecuencias últimas de sus decisiones, de forma que, por mucho que el Estado les prohíba una de las vías mediante las que degradar su liquidez, explorarán y encontrarán otras. Al final, la idea de que el control y la supervisión estatal es capaz de terminar con todas ellas es sólo un espejismo que sólo podría rozarse si el Gobierno tuviera un control casi absoluto sobre los mercados financieros. En esto, sólo en esto, estoy de acuerdo con Krugman.

Pero la historia no termina aquí. Que el Estado no pueda impedir que los agentes (deudores, acreedores y bancos) degraden masivamente su liquidez –y que ello degenere en forma de ciclos económicos– no significa que debamos contentarnos estoicamente con sufrir crisis tan devastadoras como la actual. Y frente a ello existen dos alternativas: la ingenua y liberticida de regular algunos aspectos menores del modelo de banca actual, salvaguardando sus privilegios, y la sensata y liberal de terminar con esos privilegios, que son los estimulan y sobredimensionan sus imprudentes prácticas.

Así, justo después de reprocharle a Ron Paul su falta de realismo por querer prohibir algo que no puede prohibirse, Krugman defiende regular la banca al tiempo que se le concede toda esa serie de privilegios que ponen en jaque al sistema:

Si existen ciertos beneficios dentro del régimen regulatorio –seguro de garantía de depósitos, prestamista de última instancia…–, existe al menos la posibilidad de control todo este sistema. Si intentas prohibir a los bancos que hagan banca, todo el sistema bancario tendrá lugar fuera de la regulación, volviéndolo mucho más vulnerable frente a las crisis.

Palo y zanahoria: a cambio de aceptar unas poquitas regulaciones que en nada os impiden degradar masivamente vuestra liquidez, os concedo acceso a toda una serie de privilegios que todavía exacerban más vuestras posibilidades de degradarla. Porque sí, podemos exigir a los bancos unos mayores requisitos de capital y liquidez, pero los problemas subyacentes subsistirán: a saber, la intrínseca insostenibilidad de un masivo proceso de endeudamiento a corto plazo e inversión a largo por parte de todo el sistema económico. Lo que no puede mantenerse sin degenerar en profundas crisis económicas es que la inmensa mayoría de agentes prometan proporcionar bienes económicos (endeudamiento a corto) mucho antes de cuando van a fabricarlos (inversión a largo).

La solución es más sencilla: dejemos que sean los agentes quienes asuman las consecuencias negativas de sus acciones, sin redes, asistencias y ayudas estatales varias. Démosles libertad para que degraden su liquidez, pero exijámosles también que paguen por su imprudencia. Si una entidad se endeuda a corto e invierte a largo y, al cabo de una semana, es incapaz de refinanciar los vencimientos de sus pasivos, que suspenda pagos y que sus acreedores experimenten pérdidas por haber confiado en un banco tan irresponsable. Lo que no tiene ningún sentido es lo que sucede ahora: que primero se exima a los bancos de que abonen sus promesas en oro y que, después, el banco central pueda refinanciar ilimitadamente las obligaciones a corto de los bancos privados que son pagaderas en un dinero que ese banco central puede imprimir a placer en régimen de monopolio. Y, encima, si aun así los bancos privados quiebran, son rescatados con el dinero de todos los contribuyentes.

Al final, en vez de corregir los problemas tan pronto como aparecen, disciplinando con ello al resto de agentes para que no emulen tan torpe estrategia, huimos hacia adelante: la iliquidez se acumula más y más, gracias a los préstamos de última instancia de los bancos centrales y a las perspectivas de rescate por el sector público, hasta que todo estalla por los aires una vez los desajustes en la economía real derivados de esa descoordinación entre ahorradores e inversores se vuelve insoportable.

En definitiva, lo que resulta absurdo y demagogo es la postura de Krugman: mucho denunciar los abusos de la banca, hasta el punto de apoyar a los okupas de Wall Street, para luego, a la hora de la verdad, convertirse en un siervo absoluto de sus intereses más cuestionables y distorsionadores. Nada de que sorprenderse, claro, pues Krugman, como buen keynesiano que es, adora el inflacionismo crediticio, esto es, la facultad de la banca de abstraerse de la realidad para financiar a nulos tipos de interés cualquier volumen de deuda privada y, sobre todo, pública. No olvidemos que fue uno de los principales defensores de la burbuja inmobiliaria que nos ha conducido a la depresión actual. Pero sus nada casuales contradicciones, dobles varas de medir e hipocresías sí sirven para ilustrar, una vez más, con quién nos jugamos los cuartos: no quieren menos exuberancia financiera, sino una exuberancia financiera más controlada por el Gobierno, y la Academia, que barra para casa, esto es, para el Estado. La figura del tonto útil no es algo novedoso.

La semana pasada, el gran inversor Edouard Carmignac decidió colocar un anuncio a toda página en algunos de los principales periódicos europeos (Financial Times, El País, Le Figaro y Le Monde) donde podía leerse: “Hasta la vista, Trichet; ¡desde luego, no te añoraremos!“.

Aprovechando los últimos días de Trichet al frente del Banco Central Europeo (BCE), Carmignac mostró por enésima vez su desacuerdo con la gestión de aquél en estos últimos años.

Sin duda, hay sólidas razones para lanzarse al cuello del banquero francés: entre 2004 y 2006 los tipos de interés de ese monopolio estatal llamado BCE se colocaron a niveles artificialmente bajos para impulsar el salvaje proceso de expansión crediticia de los bancos privados que terminó degenerando en la crisis actual. En estos momentos, en los que se reparten culpas sin más criterio que el ideológico –que si la desregulación, que si los especuladores, que si la codicia, que si la amoralidad occidental…–, conviene recordar lo fundamental: el ciclo económico de ficticio auge y cruenta depresión lo causaron los bancos centrales al promover un crecimiento del crédito barato que no guardaba relación alguna con el ahorro real.

Si Trichet hubiese sido responsable y diligente, en lugar de reducir los tipos durante la primera mitad de la década, favoreciendo la explosión de la deuda pública y privada en toda la Eurozona, los habría aumentado de manera implacable (aun asumiendo la enorme apreciación del euro que ello hubiese conllevado). Pero ya se sabe, esos eran tiempos en los que quienes hoy se rasgan las vestiduras por la burbuja, por el ladrillo y por el sobreendeudamiento proclamaban que los bajos tipos de interés eran la única vía para reanimar la economía (ironías de la vida, lo mismo que hacen hoy: exigir que los bancos centrales bajen tipos y moneticen deuda pública en cantidades ilimitadas sin considerar el creciente riesgo de suspensión de pagos y de colapso del sistema monetario que ello acarrea). Las subidas de tipos eran, como lo son hoy, antisociales y reaccionarias, de modo que Trichet, aunque hubiese querido, probablemente no hubiese podido comportarse como le era exigible.

Mas lo que Carmignac y otros reprochan a Trichet no es su gestión del auge artificial, sino de la subsiguiente y consecuente crisis. Por un lado, muchos consideran incoherente que el francés subiera los tipos de interés a mediados de 2008 para rebajarlos al 1% apenas unos meses después. Por otro, les habría gustado que Trichet monetizara deuda pública periférica de manera mucho más agresiva de la que lo ha hecho. Vamos, lo que habrían deseado es un sosias de Bernanke. Pero se equivocan. Afortunadamente, desde 2007, Trichet, tutelado hasta principios de este año por el alemán Axel Weber, trató de minimizar los disparates que cometía y sigue cometiendo su par estadounidense.

En 2007 y 2008 la política monetaria correcta era la que no relajara todavía más un crédito que ya había distorsionado sobremanera las economías. Tocaba entrar –sí– en recesión para comenzar a amortizar la deuda y reajustar la estructura productiva. Por eso Trichet no sólo no bajó los tipos, sino que los subió marginalmente. Bernanke, en cambio, optó por retrasar al máximo ese inexorable y muy saludable proceso de saneamiento: decidió bajar los tipos para que los bancos pudiesen refinanciarse de manera muy asequible en lugar de proceder a liquidar sus malas inversiones. Pero ello sólo contribuyó a agravar de manera muy notable los desajustes de fondo: el precio de las materias primas se disparó desde mediados de 2007 a mediados de 2008. Lo que consiguió Bernanke fue redistribuir parte de las pérdidas: desde quienes estaban muy endeudados a corto plazo y deberían haber refinanciado sus pasivos a tipos de interés más elevados hacia quienes usaban de manera muy intensiva las materias primas. Nada de ello evitó la crisis y Lehman Brothers terminó quebrando: con independencia de lo que Bernanke pudiera hacer al respecto.

Tras la bancarrota del banco de inversión estadounidense, el sistema financiero colapsó y el mercado interbancario se cerró. Los bancos privados ya no se fiaban en absoluto entre sí y pasaron a prestar sus saldos excedentarios de caja a sus respectos bancos centrales; estos, inundados de liquidez, procedieron a hacer aquello que sí se espera que hagan: actuar como intermediarios financieros en momentos de pánico. Tanto Trichet como Bernanke se comportaron con relativo acierto a finales de 2008: dado que nadaban en liquidez, establecieron líneas de crédito a corto plazo a bajos tipos de interés para los bancos. Probablemente las cosas se hubiesen podido hacer mejor, pero no se cometieron las suficientes barbaridades como para que merezca la pena criticarlos.

A partir de ahí comenzaron los disparates. Bernanke inauguró las dos rondas de Quantitative Easing: compró 2,1 billones en deuda pública y privada con la esperanza de rebajar los tipos de interés y estimular una nueva ronda de endeudamiento. Vano y contraproducente intento que sólo ha sido capaz de rematar con una nefasta Operación Twist.

Por su lado, Trichet, supervisado por Weber, intentó contener esos dislates monetarios: la oposición de la institución a monetizar deuda pública y bancaria en grandes cantidades ha sido una de las señas de identidad de la política del BCE frente a la de la Fed. Es cierto que esa postura aparentemente firme lo ha sido más de boquilla que de obra: desde 2008 el BCE ha monetizado más de medio billón de euros en deuda bancaria y en deuda pública periférica de alto riesgo; y, sobre todo, lo ha hecho desde el pasado mes de febrero, cuando el serio y solvente halcón Axel Weber dimitió y dejó a sus aires a la paloma Trichet. Pero aun en ese momento la influencia del Bundesbank siguió gozando de cierto peso, por lo que el banquero central francés se cuidó mucho de desmelenarse por completo: para que nos entendamos, el BCE no ha abierto ninguna barra libre a la monetización de deuda periférica, y las únicas compras las ha efectuado más por presiones políticas que por convicción económica (a diferencia de lo que sucede con Bernanke, principal instigador de las flexibilizaciones cuantitativas).

Pero Trichet se va y el futuro del BCE puede ser bastante diferente al pasado. No tanto por la figura de Trichet, que a la postre ha sido un títere algo revoltoso del Bundesbank, sino porque la marcha de Trichet parece coincidir con una mutación del BCE: cada vez los consejeros alemanes tienen un menor peso (el último en dimitir fue su economista jefe, Jürgen Stark) y, en cambio, los intereses inflacionistas de los periféricos van cobrando más fuerza. No es dato anecdótico que el próximo presidente del BCE vaya a ser el gobernador del Banco de Italia –el país más interesado en que el BCE monetice tanta deuda pública como puedan digerir los tenedores de euros– y exvicepresidente de Goldman Sachs Europa –el banco que durante una década contribuyó a manipular el déficit de Grecia–. O que Trichet se haya despedido del cargo preparando una ronda de liquidez ilimitada para los bancos a cuenta de la previsible suspensión de pagos helena.

Pintan bastos para el futuro del euro. Trichet se va, y con él es muy probable que concluyan cuatro años de gestión monetaria bastante decente en tiempos de crisis; una gestión motivada en lo fundamental por la ortodoxia económica del Bundesbank y no por los intereses inflacionistas de los políticos europeos. Veremos si Draghi se atreve a hacer aquello para lo que se le ha nombrado: ser el Bernanke europeo. O, más bien, veremos si los alemanes le consienten que termine de enterrar lo que queda de su viejo marco.

Mi apuesta: al final se impondrá la carta inflacionista –monetización generalizada de deuda pública periférica– como manera de diluir la insolvencia de una España y una Italia que se negarán a optar por la austeridad. Y eso, a medio y largo plazo, sólo significará que Alemania será la primera interesada no en expulsarnos del euro, sino en expulsarse a sí misma.

Alessio Rastani se ha convertido en el sueño húmedo de todo progresista liberticida que se precie, un Emmanuel Goldstein adaptado a los tiempos modernos. No porque diga la verdad, pues solo la cuenta a medias, sino porque su deslenguada arrogancia juvenil encaja como un guante en la descripción que a la izquierda le encanta hacer de esas altas esferas que a modo de plutocracia comunista se imaginan dirigen el capitalismo.

Han llegado a decir que es la personificación de “los mercados”, esa etérea fuerza interesada en perpetuar la crisis en contra de los ímprobos esfuerzos de los Gobiernos por solventarla; justo el típico maniqueísmo de buenos contra malos, de fuertes contra débiles, de opulentos contra menesterosos que algunos necesitaban para jugar la carta populista.

Aunque lo cierto es que Rastani se lo ha ganado a pulso. “A mí no me preocupa la crisis; si veo una oportunidad de hacer dinero, voy a por ella”; “La crisis es un sueño hecho realidad para aquellos que quieren hacer dinero”; “Yo me voy a la cama cada noche soñando con otra recesión, con otro momento como éste”; “Los líderes políticos no gobiernan el mundo: Goldman Sachs gobierna el mundo”. Mas no nos quedemos con la primera impresión, diseccionemos un poco sus palabras para detectar las vanidosas mentiras, las crudas verdades y los incómodos paralelismos.

Vanidosas mentiras

La imagen del ejecutivo agresivo o del especulador comeniños –en definitiva, la renovada estampa del explotador capitalista dickensiano con sombrero de copa y puro habano– sirve perfectamente a los propósitos de la izquierda: es la personificación del mal y, para más inri, del mal improductivo. Como es evidente que esos tiburones no pueden generar riqueza alguna –¿cómo podrían, esos desalmados?–, su patrimonio personal ha de proceder necesariamente de la explotación y el engaño; por eso el Estado está del todo legitimado para arrebatárselo vía impuestos y para regular con severidad sus actividades.

Pero la riqueza no sea crea expoliando a los demás, sino ahorrando e invirtiendo con visión largoplacista. Nuestra renta puede proceder de las más diversas ocupaciones, pero para que la podamos convertir en un patrimonio duradero necesitamos ser frugales y mirar a largo plazo: uno se enriquece en la medida en que sea capaz de crear o financiar planes de negocio que generen un elevado valor para los consumidores.

En una gran encuesta realizada hace una década a millonarios estadounidenses (con un patrimonio neto superior a un millón de dólares),Thomas Stanley descubrió que el 32% eran propietarios de empresas; el 16%, directivos; el 10%, abogados; el 9%, médicos; el restante 33% eran contables, ingenieros, arquitectos, maestros, profesores universitarios… Sólo el 8% recibieron como herencia más del 50% de su patrimonio, prácticamente ninguno se había comprado un coche de más de 41.000 dólares ni un anillo de compromiso de más de 1.500, y las cualidades que, a su juicio, más contribuyeron a su éxito fueron (por este orden) la honestidad, la disciplina, el buen trato a los demás, tener una pareja comprensiva, trabajar más duro que el resto y amar su puesto de trabajo. Una imagen sin duda muy distinta a la de nuevo rico malcriado que ofrece Rastani y a la que tanto le encanta recurrir a la izquierda.

Todo lo cual no significa que un tipo (aparentemente) sin escrúpulos como Rastani no pueda enriquecerse en un mercado libre; ni siquiera que no pueda enriquecerse mientras los ahorros del resto de la sociedad se están evaporando. Rastani es un trader independiente, y su cometido es asignar precios a los distintos activos coherentes con la realidad económica subyacente; una actividad esencial dentro de nuestras economías, pues sirve para indicar qué negocios deben expandirse y cuáles contraerse. En una crisis, el pánico de la inmensa mayoría de ahorradores genera una distorsión masiva en los precios de los activos; corresponde a los tradersmás habilidosos reconstruir todo ese desaguisado comprando lo que está relativamente barato y vendiendo lo relativamente caro. Pero lo anterior no significa que a todos o a la inmensa mayoría de los capitalistas –de los ahorradores– les vengan bien las crisis para enriquecerse a costa del resto de la población: que algunos prosperen en medio de la debacle no quita paraque la mayor parte de ellos se empobrezca significativamente. Fíjese tan sólo en el hundimiento bursátil o en las quiebras de empresas desde 2007 y descubrirá por qué al capitalismo lo que le viene bien es la prosperidad y el enriquecimiento de la mayor cantidad de personas posible.

Por fortuna, la riqueza que obtenga Rastani de sus operaciones no dependerá de su maldad, sino de su habilidad y pericia a la hora de ejecutar su labor: ajustar los precios. Fíjese que no habla de que él y sus compinches estén provocando una crisis, sino que espera (sueña) que ésta llegue. Una de las grandezas del capitalismo es que las buenas o malas intenciones del resto de personas resultan irrelevantes, pues no pueden usar la fuerza contra nosotros: lo único que cuenta es la habilidad de cada uno a la hora de canalizar o invertir capital de manera acertada. Puede que muchos se nieguen a admitir que un tipo con la planta de Rastani pueda hacer algo bueno por los demás, sobre todo cuando él mismo admite que su única obsesión es ganar dinero y no solventar la crisis. Pero sí, puede hacerlo, sean cuales sean sus intenciones (¿cuál sería, si no, la alternativa? ¿Mandarlo a un campo de trabajos forzosos? ¿Reeducarlo bajo el dogma de la buena ciudadanía?), al igual que también puede fracasar y arruinarse. Ni mucho menos sería el primer inversor que se pone el mundo por montera y termina perdiendo hasta la camisa. Sin ir más lejos, Rastani confía en la deuda pública y rechaza de plano las acciones; puede acertar o puede fracasar, pero desde luego su estrategia financiera no es ganadora en cualquier contexto: las subidas de tipos, la inflación, los impagos o las devaluaciones bien podrían erosionar gran parte de su capital.

La arrogancia es una característica común a muchos traders, sobre todo entre quienes especulan a más corto plazo: tras conseguir una serie de operaciones exitosas, confían en que el mercado siempre se moverá en la dirección que anticipan. Pero el mercado no lo manejan ellos… ni nadie: ni lostraders como Rastani, ni Goldman Sachs ni, tampoco, los Gobiernos. Porque el mercado no es nadie en concreto, sino miles de millones de personas y empresas que toman decisiones diariamente. Rastani (o Goldman) ganará si es capaz de anticipar las decisiones de esos miles de millones de personas y empresas, pero no podrá determinarlas.

Unos pocos datos bastarán para aclararlo. A finales de 2007 el volumen de activos que manejaba Lehman Brothers era de 700.000 millones de dólares, mientras que el de Godman Sachs, esa entidad que presuntamente dirige el mundo, según Rastani, era de 1,1 billones; un año después, el primero quebró y el segundo tuvo que recibir asistencia del Gobierno para sostenerse. Hoy, en 2011, Goldman Sachs es tan poderoso que su peso se ha reducido y maneja un volumen de activos inferior al billón de dólares; mientras, la Reserva Federal, ese monopolio estatal sobre la creación de dólares, controla 3 billones de activos. Y ello por no hablar del Gobierno estadounidense, que cada año gasta 3,5 billones de dólares (Goldman apenas gasta anualmente 35.000 millones, 100 veces menos) y tiene la capacidad de regular y usar la fuerza contra tipos como Rastani o contra empresas como Goldman Sachs. ¿Quién cree que posee más peso específico en nuestras economías? ¿Goldman Sachs o un Gobierno que gasta 100 veces más, que posee el poder de regularlo o incluso de nacionalizarlo y que cuenta con un banco monopolístico (la Reserva Federal) que puede imprimirle tanto dinero como desee?

Que Rastani se crea sus historietas sobre cómo funciona el capitalismo no significa que tenga razón. La arrogancia es un rasgo presente en muchos seres humanos, traders y no traders. También estamos habituados a escuchar a deportistas, políticos, periodistas, intelectuales o artistas fanfarrones que se creen el centro del universo, y no por ello les concedemos el placer de creernos sus cuentos a pies juntillas.

Crudas verdades

Pero no todo en el discurso de Rastani merece una descalificación de plano. Sus palabras serán impopulares y despiadadas, pero contienen ciertas advertencias que conviene tener muy en cuenta: los Gobiernos, pese a todo su poder, no han conseguido sacarnos de la crisis; es del todo posible que se repita un crash como el de 2008; si la gente se duerme en los laureles y hace caso a sus políticos, puede perder gran parte de sus ahorros; en algunas economías los ciudadanos deberían volverse más prudentes y buscar valores-refugio para sus patrimonios; las crisis son, pese a todo, una oportunidad para quien consiga invertir su dinero de manera correcta; lostraders ni operan, ni pueden operar ni deben operar tratando de solventar toda la crisis mundial: su objetivo es mucho más concreto y humilde, a saber, corregir los desajustes de precios que se encuentren delante de sus narices.

Lo que Rastani está transmitiendo a la gente es que debe ser un poco más escéptica a la hora de confiar ciegamente en las palabras de sus mandatarios y en las de los grandes gestores de fondos, pues podría ser que en unos años vieran enormemente mermados sus ahorros como consecuencia del empobrecimiento derivado de una crisis que todavía no se ha resuelto. Sin duda, la arrogancia de Rastani es muy molesta, pero también lo es su sinceridad en torno a la coyuntura económica: no se crean a nadie que les venda humo, tampoco a sus gobernantes.

Recuerden, si no, las palabras del jefe del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker: “Cuando las cosas se ponen feas, tienes que mentir”. Cada vez que nuestros políticos les animan a comprar pisos sabiendo que van a seguir cayendo, cada vez que les estimulan a adquirir deuda pública sabiendo que van a terminar impagándola, cada vez que les animan a mantener sus ahorros dentro del país y del sistema bancario nacional sabiendo que pueden volatilizarse, se están comportando infinitamente peor que Rastani.

Incómodos paralelismos

Al cabo, Rastani podrá ser un tipo detestable; tan detestable que la izquierda lo ha puesto como un ejemplo de sinceridad acerca de cómo funcionan los mercados. Pero sólo es un operador más, con una influencia marginal, dentro de todos esos mercados (de hecho, a buen seguro, su mayor influencia en nuestras vidas la haya tenido a cuenta de su breve entrevista en la BBC). Los Gobiernos, en cambio, son unos agentes infinitamente más poderosos a los que, sin embargo, la izquierda no suele criticar salvo por su vinculación con los grandes conglomerados financieros y empresariales. No le molesta el exceso o los abusos de poder, sino que ese exceso o abuso de poder beneficie en parte a las grandes empresas.

No voy a negar ahora una infame interrelación entre Gobierno y banca que vengo denunciando desde hace años: el sistema financiero actual tiene muy poco que ver con un mercado verdaderamente libre. Pero sí hay una diferencia crucial entre Rastani y los Gobiernos: el primero invierte su propio dinero y el de la gente que confía en él; los segundos se apropian y gastan nuestro dinero sin contar con nuestro beneplácito. ¿Acaso es más censurable un señor sin escrúpulos que no puede ejercer la violencia sobre los demás que otro tipo de señor sin escrúpulos (el político) que sí puede hacerlo? ¿O es que la izquierda es tan ingenua como para pensar que nuestros mandatarios son ángeles hechos hombres que, a diferencia de Rastani, no se mueven ni por el dinero, ni por el poder ni por las ansias de control? O, todavía peor, ¿será que nuestra izquierda prefiere las mentiras de nuestros insinceros políticos a las de un trader irrelevante?

Pues, insisto, quienes han colocado nuestras economías contra las cuerdas han sido nuestros políticos: primero por montar un sistema financiero dirigido a generar burbujas y a expandir el crédito muy por encima de las disponibilidades reales de ahorro, y segundo por gastar y endeudarse de manera descontrolada, colocando las finanzas públicas al borde del abismo.

Las palabras de Rastani pueden revolver a muchos el estómago, y en parte es comprensible que así lo hagan. Lo que no es comprensible es la relativa indiferencia con la que se recibieron, por ejemplo, las palabras de Juncker u otras declaraciones infinitamente más crueles y desvergonzadas, como éstas de Zapatero: “El mejor destino es el de un supervisor de nubes acostado en una hamaca”. Que esto lo pueda decir sin demasiada contestación ni escándalo social un señor que acaba de arruinar no a unos pocos clientes ingenuos que le confiaran voluntariamente su dinero, sino a todo un país de más de 45 millones de personas, demuestra a las claras la enorme hipocresía de una parte de nuestra izquierda. Lo único que les interesa es el aprovechamiento ideológico y partidista de las declaraciones de un absoluto desconocido; la auténtica pauperización a gran escala provocada por un tipo como Zapatero –y por sus pares en el resto del mundo–, con tan pocos escrúpulos como Rastani pero con mejor sonrisa y bastante menos honestidad, les importa poco o nada. Al contrario, incluso la siguen reivindicando en sus peores rasgos como un modelo.

Fijémonos menos en el deslenguado Rastani y más en ese meteorito depresivo en que se han convertido nuestros Estados, que amenaza con impactarnos en la cabeza. Nos irá mucho mejor.

Siendo rigurosos, no es cierto que Zapatero haya adelantado las elecciones cuatro meses. Al contrario, las ha retrasado tres años y medio. Porque sí, un candidato que ganó los comicios de 2008 con un programa dirigido no a combatir la mayor crisis de nuestra historia, sino a seguir gestionando, a imagen y semejanza de la anterior legislatura, los envenenados frutos de la burbuja inmobiliaria, debería haber cesado de inmediato, elaborado otro programa más despegado de los Mundos de Yupi y convocado de nuevo a los españoles a las urnas.

Pero no, está visto que lo mismo da que un partido prometa el pleno empleo cuando su misión debería haber consistido en evitar el pleno desempleo o que augure que superaremos en renta per cápita a Alemania cuando su cometido iba a ser el de convertirse en los palanganeros de nuestros acreedores teutones.

El resultado de esta legislatura agónica, de esta continua batalla contra lo evidente, de este pegarse de tortas contra el sentido común, de esta apoteosis del común sinsentido de la izquierda, es de sobras conocido. Con cinco millones de parados y unas finanzas públicas y privadas al borde de la suspensión de pagos, huelga explicarle a nadie cómo está el país. Si acaso, ahora mismo, toca repetir qué necesitamos para minimizar los destrozos. Lo mismo que muchos pedíamos ya en 2007 y seguimos reclamando cuatro años después: menos gasto público, menos impuestos y menos regulaciones.

Todo lo opuesto, por cierto, de lo que nos ha ofrecido ZP. Porque, en contra de la indignada retórica populista, los mercados no han doblegado a Zapatero; más bien, de la mano de Merkel y Trichet, han continuado prestándole respiración asistida. Señores, en esta legislatura los mercados le han prestado al cesante más de 350.000 millones de euros para que continuara haciendo de las suyas: es decir, para que continuara despilfarrando nuestro dinero, para que siguiera sin cargarse la negociación colectiva, para que no interrumpiera las amplísimas subvenciones a las muy ineficientes renovables o para que no dejara de torpedear la iniciativa empresarial con toda suerte de absurdos obstáculos burocráticos. ¿Les parece eso una ofensiva en toda regla de los mercados? ¿O más bien una completa bajada de pantalones a la espera de que escampe el temporal?

Bueno, pues ya está. En tres meses se habrá acabado lo que nunca debió empezar. Ahora sólo falta que Rajoy no desee zapatear y que Rubalcaba, de la mano de unos dormitados indignados que en breve despertarán, no apueste por convertir la calle española en el tumulto griego. Quizá demasiada represión de sus instintos primarios, de los suyos y de los nuestros. Al cabo, Zapatero sólo era la exteriorización, ahora estratégicamente repudiada, de una parte muy significativa de la sociedad española. Y, por desgracia, no parece que esa parte haya aprendido la lección. Más bien, todo lo contrario.

El crédito no se da, se reconoce. La solvencia es una requisito previo para obtener crédito, no una consecuencia de haberlo obtenido; es decir, lo que otorga el crédito no es la recepción del dinero adeudado sino la capacidad de usarlo con acierto para generar suficientes bienes futuros.

A muchos países de Europa se les acabó el crédito hace tiempo. Habiendo acumulado un volumen de deuda desproporcionado, y habiéndose negado en redondo a reequilibrar sus cuentas, liquidar las propiedades públicas y liberalizar la economía, el único camino que les aguardaba era el del default.

El caso más incuestionable, y con el que primero que saltó la liebre, fue el deGrecia, que presentaba un desfase presupuestario anual de más del 10% del PIB pese a que acumulaba deudas de alrededor del 150% del PIB. Nadie en sus cabales, observando la pasividad de sus políticos y la furia socialista de su población, podía esperar que Grecia cumpliera con lo prometido. Por eso se dispararon los tipos de interés. Pero lo mismo podríamos decir de la hiperbancarizada Irlanda, del esclerótico Portugal o de ese barco a la deriva que es España.

El caso es que sólo había dos alternativas razonables: que esos países trataran de recuperar rápidamente el crédito, para que el dinero siguiera llegando con puntualidad y en buenas condiciones, o, simple y llanamente,que decretaran la suspensión de pagos. Pero el Continente quiso optar por una tercera vía: que parchearan un poquito su situación financiera aprobando planes de ajuste muy insuficientes y luego llegara mamá Eurozona a rescatarlos.

Pero ¿qué es un rescate? Pues, simplemente, un plan por el que se extiende crédito a unas personas, entidades o países que carecen de él. Si los periféricos padecen, a falta de enormes reformas, de una insolvencia estructural, prestarles dinero en unas condiciones a las que nadie más querría prestárselo no solventará sus problemas; al contrario, los trasladará a una instancia superior, en concreto, a aquella que les haya girado los cheques.

El plan de rescate de Grecia –que a su vez constituye el germen de los planes de rescate del resto de los países periféricos– aprobado el pasado jueves adolece exactamente de las mismas limitaciones. La Eurozona ha decidido pegar un patadón hacia arriba al balón, esperando que mientras tanto se aligere la presión ofensiva de la mafia especuladora. Su error está en pensar que la insolvencia de los periféricos tiene causas externas, cuando todas ellas son internas: no generan, ni hay expectativa de que generen, el volumen de riqueza necesario para que puedan pagar toda su deuda pública y privada. Por eso los de fuera no quieren prestarles, incluso adoptan estrategias para que su engañosa pose de países comprometidos con sus acreedores se venga abajo lo antes posible, como la de vender al descubierto sus bonos.

Así, la Eurozona ha decidido utilizar el crédito que todavía tienen los Estados más robustos (Alemania, Holanda, Luxemburgo, Finlandia, Austria y, en menor medida, Francia) para pedir prestados a los inversores 109.000 millones de euros con el objetivo de, a su vez, prestárselos a Grecia. De este modo, Grecia puede beneficiarse de la solvencia de sus socios para endeudarse a un mayor plazo (hasta 30 años) y a tipos de interés muchísimo más bajos que los que debería pagar por sí sola (del 15-20% al 3-4%). A su vez, con tal de mejorar ligeramente la capacidad de repago de Grecia, los paganinis obligan a Atenas a continuar en la senda de reformas… y a algunos de sus acreedores a comerse parte del agujero financiero heleno; Grecia ve así aligerados sus pasivos pendientes de pago (la famosa participación voluntaria de los bancos de hasta 135.000 millones de euros).

Pero este plan, en contra de lo que pronosticaban todos los políticos, no ha logrado amainar el temporal. ¿Por qué? Pues porque el problema no es Grecia, ni siquiera Portugal o Irlanda. El auténtico problema que puede socavar el crédito de la parte de la Eurozona que todavía se encuentra sana es que se pretenda aplicar la misma receta a España, Italia o incluso Bélgica. Para que nos hagamos una idea: sólo la deuda pública de Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia y Bélgica (dejemos de lado la deuda privada, especialmente la de los bancos de todos estos países) asciende a 3 billones de euros, mientras que el PIB de las economías más solventes (Alemania, Holanda, Luxemburgo, Finlandia, Austria y, con cautelas, Francia) apenas llega a los 5 billones. No cambia mucho la cosa si, en lugar de computar toda la deuda pública, tenemos solamente en cuenta la que aquellos países necesitan colocar y refinanciar de aquí a 2013: 1,5 billones de euros.

Es decir, la Eurozona más fuerte simplemente no tiene estómago suficiente para digerir un volumen de obligaciones que asciende al 30% de su PIB a corto plazo y al 60% a medio y largo plazo. Especialmente, insisto, si tenemos en cuenta que sólo estamos hablando de la deuda pública. ¿Qué pasará con unos bancos que siguen requiriendo de cientos de millones de capital y a los que, para más inri, se les quiere hacer copartícipes de las quitas de algunos de esos Estados? Cada vez una carga más pesada recae sobre menos hombros.

Debería resultar evidente que la dilución del crédito de todos los países de la Eurozona no es la receta más inteligente, ni con eurobonos ni con megaplanes de rescate europeos. Tirar dinero bueno sobre dinero malo no sirve sino para corromper el primero sin purificar el segundo. El crédito debe reconstituirse voluntariamente desde dentro o coactivamente desde fuera: si los periféricos no pueden y no quieren pagar, que los países acreedores los intervengan temporalmente y les apliquen las reformas necesarias para minimizar los quebrantos. Lo que no tiene ningún sentido es que alarguemos la agonía pensando que sin hacer nada dentro y recibiendo dinero de fuera podremos salir del hoyo. Desde 2008, los malévolos especuladores han venido financiando y dando cuerda a los países periféricos, y el resultado está a la vista: la casa sigue sin barrer. Nada va a cambiar si, en lugar de los malévolos especuladores, quienes nos prestan el dinero son los menos exigentes Estados centroeuropeos. La pelota de deuda sólo se hará más grande y el batacazo final, más devastador.

La presente crisis de deuda está dando aire a opiniones para todos los gustos, desde las más sensatas a las más estrafalarias.

Entre las opiniones estrafalarias encontramos no sólo las de los palmeros del Gobierno, más que dispuestos a seguir apoyando al socialismo manirroto –a ver si algún día cae alguna carterita ministerial o, cuando menos, alguna regalía–; también están ahí las de aquellos que no tienen una filiación política clara pero que, por obra y gracia de la prima de riesgo, ven peligrar su modo de vida y no dejan de repetir tonterías.

Sin entrar en demasiados detalles, no está de más que refutemos algunas majaderías y dejemos algunas cosas claras.

– “Es un ataque coordinado de los mercados”

Que no… No seamos cazurros. Los mercados no atacan, se defienden de nuestra insolvencia. El pánico que estamos padeciendo está del todo justificado por el estado de nuestra economía. La banca francesa y la alemana están hasta arriba de deuda periférica: nada desean menos que una subida de los tipos de interés, cuyo único efecto sería reducir aún más el valor de mercado de sus activos.

Aquí no hay lobos con ganas de comerse a sí mismos. Lo que sucede es, simple y llanamente, que debemos una billonada no sólo a corto plazo, también a 10 o 30 años vista. ¿Alguien en su sano juicio puede asegurar que no tendremos el menor problema financiero en las próximas tres décadas? Yo, desde luego, no lo haría, y entiendo perfectamente que los inversores quieran cubrirse frente a unas pérdidas cada vez más probables. Es cierto que en algún momento puede reconducirse la situación, pero con un 20% de la mano obra viviendo del crédito extranjero recomendaría, como mínimo, la moderación del optimismo patrio.

– “España no está tan mal: su deuda pública está por debajo de la media”

Sí; y su deuda privada está muy por encima… Para empezar, nuestra deuda exterior neta se sitúa en torno al 100% del PIB. Es decir, para saldar nuestros pasivos externos tendríamos que pasarnos un año sin comprar un solo bien de consumo o de capital y regalárselos –todos– a nuestros acreedores extranjeros.

Es cierto que podemos ir repagando poco a poco, año a año, nuestra deuda, pero para ello es necesario que exportemos más de lo que importamos, y no lo estamos haciendo. De momento, seguimos acumulando cada año déficits exteriores del 5% del PIB, algo así como la mitad del gasto anual en pensiones. Las cosas pueden cambiar, sí, pero a corto plazo no lo harán, pues no hemos procedido a adaptarnos a la producción de otros bienes, y eso lleva su tiempo (a menos que optemos por la alternativa sucia de salirnos del euro y devaluar para que nuestros acreedores se queden con cara de tontos). Es decir, nuestra deuda exterior seguirá subiendo y nuestro margen para repagar, cayendo.

Esas terroríficas cifras sólo se refieren a nuestros pasivos exteriores; si miramos los totales, nos vamos a más del 350% del PIB. Muchos economistas creen que los únicos relevantes son los exteriores, pues los internos “nos los debemos a nosotros mismos”. Craso error. Del mismo modo que sería catastrófico para un país que su producción interna de alimentos se interrumpiera (aun cuando no vendiera al extranjero), también lo sería que impagara selectivamente a sus acreedores internos. Los ahorros arduamente acumulados de familias y empresas se evaporarían en un instante, en un proceso de expropiación encubierta. La desestructuración económica sería de tal calibre, que nuestra producción interna –y nuestro nivel de vida– sufriría una caída en picado.

– “Esto se arreglaría con una actuación conjunta europea”

No sé muy bien qué significa eso, salvo que Zapatero no quiere tomar las medidas que debe para afianzar la credibilidad del país. Se me ocurre que lo más inmediato sería crear un eurobono, que permitiera a España seguir viviendo por encima de sus posibilidades; pero no con cargo a su pobre y deteriorado crédito, sino al del contribuyente alemán. A España le vendría de lujo, claro: comprar sin pagar. Lo que no tengo tan claro es que los teutones aceptasen pagar tal fiestorro. En todo caso, espero que no lo hagan.

Si descartamos el eurobono, sólo se me ocurren tres alternativas, muy predicadas estos días: la prohibición conjunta de las ventas al descubierto, la creación de una agencia europea de rating y la monetización de la deuda periférica por parte del BCE.

– “Esto se arreglaría prohibiendo las ventas al descubierto”

Las ventas al descubierto no tienen prácticamente nada que ver con lo que estamos viviendo. Es cierto que quienes venden unos títulos de deuda que no poseen están contribuyendo a reducir el precio de los mismos, pero si los fundamentos de la economía fueran buenos… esos títulos encontrarían rápidamente compradores. El hecho de que nadie los esté comprando en suficiente cantidad como para estabilizar los tipos de interés sólo indica que la perspectiva negativa tiene mucho más peso que la positiva. Por tanto, los inversores bajistas sólo están contribuyendo a acelerar que los precios se coloquen allí donde la percepción mayoritaria de los prestamistas considera que deberían estar.

En Italia se han prohibido las ventas al descubierto sobre las acciones de los bancos locales, pero eso no ha impedido que sus cotizaciones hayan caído más de un 10%.

– “Esto se arreglaría creando una agencia pública de rating“

Las agencias de rating ya muestran una enorme complicidad con los Estados.No por casualidad son éstos quienes, al convertirlas en un oligopolio privado, les proporcionaron las fuentes de su negocio. Dicho de otra manera: si por algo se caracterizan estas agencias de calificación es por tender a inflar el rating de las deudas soberanas (en el caso de España, la pérfida Moody’s lleva tiempo dándonos un trato de favor en contra de las percepciones del mercado). Entiendo que muchas personas puedan creer que las notas que emiten están manipuladas o equivocadas, pero nadie les obliga a hacerles caso. Si quieren comprar deuda recién degradada y que por tanto cotice a un precio ventajoso, pueden hacerlo sin restricciones. Los bancos y demás instituciones financieras, en cambio, están obligados por regulaciones como Basilea II a poseer un patrimonio neto acorde con el riesgo de sus activos, y el riesgo de esos activos se equipara con la calificación otorgada por las agencias de rating.

La solución sería bastante sencilla: abrir a la competencia el mercado de las agencias de calificación y que el Estado deje de regular a las instituciones financieras. Así, estas agencias se convertirían en meras y prescindibles consultorías o casas de análisis. Pero no, el socialismo no puede aflojar las hiperregulaciones que padecemos, de modo que ha de dar una vuelta de tuerca a las intervenciones: si no nos gustan las notas que nos dan, creemos nuestra propia agencia de calificación para engañarnos a nosotros mismos. El mal estudiante poniéndose la nota del examen; ver para creer.

En cualquier caso, si creáramos una agencia de calificación pública, su credibilidad sería tan baja –en tanto en cuanto su pecado original sería el nacer única y exclusivamente para inflar las notas según la conveniencia de los políticos–, que nadie le haría el más mínimo caso. Ya sabemos cómo se las gastan los políticos en momentos de tribulación: no paran de mentir. El Principio Juncker en toda su esencia: “Cuando las cosas se ponen serias, tienes que mentir”. Pues, ea, agencia de rating pública al canto.

Los únicos beneficiados, por cierto, serían los bancos, cuyos activos siempre tendrían, especialmente en momentos de dificultades, una nota de Triple A. Tanto tiempo diciendo que tenemos que obligarles a estar adecuadamente capitalizados para luego permitirles que se engañen y que nos engañen.

– “Esto se arreglaría si el Banco Central Europeo comprara toda la deuda de los periféricos”

La última ocurrencia es la que este martes puso en práctica Trichet: comprar/monetizar deuda periférica. La operación tiene numerosos riesgos y escasas virtudes. Empecemos por las (pocas) virtudes: los Piigs reciben respiración asistida, la presión sobre sus tipos de interés se relaja y pueden seguir vendiendo deuda a través de la dilución del valor del euro. Ahora bien, ¿para qué les regalamos el tiempo? No parece que para que terminen de ejecutar sus planes de ajuste, sino más bien para todo lo contrario: para que los gobiernos puedan seguir acumulando déficits hasta el próximo estallido de los tipos de interés. Es decir, su principal virtud, a la luz de la actitud de nuestros políticos, es también uno de sus principales defectos.

Pero tal vez no el principal. El BCE está prestando a tipos de interés artificialmente bajos a unos países que no encuentran financiación en el mercado salvo a tasas disparatadas. Es decir, el BCE, que debería ser la institución más líquida del sistema financiero, se está llenando de basura. Luego pasa lo que pasa: por ejemplo, que tiene 70.000 millones de deuda griega y que se tendrá que comer una quita de entre el 30% y el 50%, lo que puede que le aboque a una previsible quiebra.

Esto de monetizar deuda no es más que una huida hacia delante; una huida que, sin embargo, y en contra de lo que se dice, no supone doblegar a los especuladores, sino todo lo contrario. Es cierto que quienes hayan vendido al descubierto pueden verse forzados a cubrir sus posiciones con pérdidas. Pero también es verdad que quienes se han negado a comprar deuda soberana a la espera de que sus tipos de interés aumentaran –y por tanto han sido cooperadores necesarios de los vendedores al descubierto– han recibido un inmerecido premio. Al cabo, cuando el BCE ha monetizado deuda, los tipos de interés han vuelto a caer, de modo que los especuladores que han esperado a comprar la deuda en su punto más alto habrán obtenido una importante tajada. Así es normal que pase lo que pase: si sabemos que las subidas de tipos están capadas por arriba, sólo es necesario dejar que los tipos se disparen… a la espera de que el BCE empiece a monetizarlo todo.

Conclusión

Dejémonos de zarandajas. El problema de fondo no es que nos odien los pérfidos alemanes o los malvados franceses, sino que debemos muchísimo dinero y que tenemos una tasa de paro del 20%. Sí, del 20%. Un quinto de nuestra población laboral vive del crédito extranjero. ¿Qué perspectiva hay de que esto cambie? De momento, ninguna, y si añadimos a la ecuación que Grecia va a quebrar (y por tanto a descapitalizar a nuestros prestamistas), que Portugal e Irlanda podrían seguir el mismo camino, que no se conoce el volumen real de nuestra deuda pública y que Italia también se tambalea, ¿a alguien le extraña que estemos como estamos?

No echemos más balones fuera y asumamos nuestras culpas: el país no puede seguir así. Si la izquierda prefiere la quiebra a renunciar a sus dogmas (necesitamos menos gasto, menos impuestos y menos regulaciones), que lo diga a las claras, pero al menos que no insulte a quienes nos siguen prestando. ¿Se imaginan que una familia morosa vaya a incendiar la sucursal bancaria, a ver si así ve mejorada su credibilidad ante el director de la oficina y consiente en renovarle el crédito? Vaya papelón que estamos haciendo como país, por culpa de nuestros ignorantes políticos, de sus iluminados defensores y de sus apesebrados comunicadores.

Hablar de Carlos Rodríguez Braun es hablar de claridad, sencillez y, sobre todo, libertad. Quienes no lo hayan leído –si es que queda alguien así– pensarán que tan extraña combinación no puede darse.

La izquierda es tan ducha en el manejo del lenguaje con fines propagandísticos como torpe el liberalismo a la hora de divulgar sus ideas. Ha habido, sin embargo, dos notables excepciones, que los liberales hemos exprimido con profusión para tener algún predicamento más allá del aula universitaria. Una es Frédéric Bastiat, ese genio francés del s. XIX que puso de manifiesto que la mayoría de los sofismas económicos que pretenden negar que el libre mercado tiende a la armonía de intereses descansa en la extendida falacia de prestar atención sólo a lo que se ve e ignorar lo que no se ve. La otra excepción es el estadounidense Henry Hazlitt, autor del que probablemente sea el libro de divulgación económica más exitoso de la historia: La economía en una lección.

Pues bien, en España, por fortuna, también disfrutamos de uno de esos maestros de la divulgación capaces de resumir en unas pocas líneas al alcance de todo el mundo los complejos razonamientos económicos diseñados exclusivamente para el sacerdocio universitario: Carlos Rodríguez Braun. Y, por suerte, algunos de sus mejores textos, de los más mordaces e incisivos, de los que mejor retratan el intervencionismo estatal –el auténtico pensamiento único, como a él le gusta llamarlo–, han sido publicados domingo tras domingo en Libertad Digital, en la célebre columna Tontería económica.

Este que hoy reseño es el segundo volumen recopilatorio de esas breves y jugosas columnas. E insisto en lo de breves, pues uno, algo dado al vicio de extender sus artículos en varias páginas más allá de lo necesario, no puede más que maravillarse de la capacidad de síntesis de CRB, que le permite, tras el índice y el prólogo, meter en 175 páginas… ¡176 artículos!

A lo largo de estos breves pero intensos artículos, CRB no deja títere con cabeza; o mejor, no deja sofisma en su sitio. En estas columnas lo de menos es el tonto de turno que propaga las falacias más comunes de nuestra sociedad, y lo de más son las tonterías. De ahí que el profesor no distinga entre amigos o enemigos, sino entre buenos y malos razonamientos; estos últimos son, claro, sus enemigos, que lo son también –y no por casualidad– de la libertad.

El lector interesado en combatir sus prejuicios contra la libertad encontrará en estos textos el arma perfecta. Y es que quizá la claridad del profesor Braun provenga no ya de su prosa fina, amena y cercana, sino de su solidísimo fondo, de donde emerge su insobornable defensa de la libertad. Y digo “insobornable” no ya por considerar la absurda posibilidad de que Rodríguez Braun se convierta en una especie de sicario intelectual a sueldo de liberticidas, sino porque, a diferencia de la mayoría de liberales, no deja que los fines del liberalismo se confundan con sus medios, por golosos y sugerentes que éstos sean.

El profesor Braun no defiende la libertad económica como medio para alcanzar la prosperidad, sino como fin en sí mismo. La libertad sería buena aunque no fuera eficiente, pues al menos permitiría elegir a cada cual entre ser libre o servil. Quizá, en los extraños tiempos que corren, algunos le tachen de doctrinario o de fanático por anteponer la defensa de la libertad a cualquier otra consideración. Otros, en cambio, le agradecemos que no se venda y que no nos venda al político que más prometa y mejor pague.

La mayor tontería económica sería pensar que saldríamos beneficiados de que otros mercadearan y dispusieran a su antojo de nuestras libertades. Los casi 200 artículos del profesor Braun le servirán para comprender no sólo por qué es una milonga, sino también por qué es una milonga a la que ni siquiera deberíamos haber prestado atención. A la postre, el único aspecto positivo de soportar tanta tontería económica en nuestras vidas es que han estimulado a Carlos Rodríguez Braun a actualizar los Sofismas económicos de Bastiat para darnos una segunda Economía en una lección.

CARLOS RODRÍGUEZ BRAUN: TONTERÍAS ECONÓMICAS II. LID (Madrid), 2011, 205 páginas.

El Debate sobre el Estado de la Nación no ha dado para mucho, en esencia porque lo único que merecería nuestra atención, el anuncio de la dimisión de Zapatero y la consecuente convocatoria de elecciones anticipadas, no se ha producido. Después de tres desastrosos años, en los que ha abocado el país a la quiebra, no iba ZP a tomar la opción de salida menos indigna.

Por desgracia, el todavía presidente del Gobierno nos ha golpeado desde el hemiciclo con esos otros mensajes tan propios de la izquierda, de la que él, no lo olvidemos, ha formado y sigue formado parte. Ha dicho Zapatero que estamos experimentado una peligrosísima “hiperglobalización” de las finanzas mundiales, lo que, en última instancia, es el meollo de la crisis actual. La falta de una gobernanza de alcance planetario –es decir, de un Hiperestado que actúe a modo de policía para imponer tributos y reglamentaciones globales–, unido a la bravuconería de los tiburones capitalistas, explicaría la génesis de los préstamos de alto riesgo y de las burbujas internacionales.

El maniqueísmo es evidente: dado que los mercados deben estar sometidos a los Estados, si los primeros adquieren una naturaleza internacional, los segundos deberán engordar en igual medida para mantenerlos bajo control. Frente a un mercado grande, necesitamos un contrapeso público igualmente poderoso. La crisis actual lo demostraría.

La treta estatista es sobradamente conocida y se resume en esos dos sustantivos que componen el título de la imprescindible obra de Robert Higgs: Crisis y Leviatán. El Leviatán está especializado en provocar crisis, y las crisis constituyen el revulsivo para que el intervencionismo, el Leviatán, se expanda. El caso que nos ocupa no es distinto.

Los fenómenos económicos que Zapatero asocia con esa hiperglobalización –el crecimiento desproporcionado de los mercados financieros, del crédito y de los instrumentos derivados– son más bien una consecuencia de la injerencia estatista en los mercados financieros para obstaculizar el desarrollo libre y sano de la globalización. Al fin y al cabo, si en las últimas décadas el crédito ha podido explotar en cantidad y en baja calidad ha sido porque los bancos centrales abandonaron la disciplina que les imponía el oro, y gracias a ello pudieron sustentar y refinanciar a unos bancos privados acostumbrados a prestar a largo plazo más dinero del que reciben a igual plazo. Asimismo, si en las últimas décadas se han multiplicado los instrumentos de cobertura contra el riesgo cambiario y de tipos de interés –los infames derivados– ha sido porque, con el abandono el patrón oro, los tipos de cambio dejaron de ser fijos y los tipos de interés pasaron a depender no de la disponibilidad real de ahorro, sino del fluctuante crédito que el sistema bancario inyectara al mercado.

¿Por qué los Estados decidieron desprenderse del oro? No precisamente para dar alas a la globalización de los capitales, sino más bien para saltarse la disciplina que éstos les imponían. Fue el nacionalismo monetario y crediticio –las ansias de los políticos por gastar más de lo que los ahorradores internos y extranjeros les querían prestar– lo que motivó el abandono del oro: el deseo socialista de disponer de una política monetaria propia para poder recurrir a la inflación de la moneda nacional con el fin de sufragar el expansionismo de un sector público insostenible. El oro era el símbolo de la globalización, la divisa que unificaba los intercambios internacionales y que permitía invertir en el extranjero a largo plazo sin miedo a devaluaciones competitivas de ningún tipo.

Pero se lo cargaron. Y se lo cargaron para inflar el crédito público y privado hasta unos límites jamás soñados, aun a costa de desestabilizar la globalización. Y ahora los hijos y nietos ideológicos de quienes destruyeron en nombre del estatismo el único sistema monetario verdaderamente global que ha conocido la humanidad salen a la palestra criticando una hiperglobalización e hiperfinanciarización que juzgan excesiva y que atribuyen no al asesinato del oro, sino al insuficiente tamaño del Estado.

Dejen de insultarnos y de tomarnos el pelo: lo que necesitamos es una auténtica globalización, basada en un sistema financiero y monetario sano, alejado del maridaje entre la banca y el Estado. Pero eso no significa más sino menos Estado, mucho menos Estado. Más que nada porque, sin la inflación nacionalista del crédito, se acabó el chollo de obtener crédito sin pedirlo prestado. Y, por tanto, se acabó el gastar más de lo que se ingresa. Hiperglobalización sí, pero de verdad. No el fraude intervencionista actual.

Se quejan los indignados de que nos quedemos en las malas formas de la Marcha sobre Madrid y desatendamos su fondo; a saber, su conocida oposición a eso que han venido a llamar el Pacto del Euro, trasunto de aquel universalmente vituperado –algunas veces con razón– Consenso de Washington. Es lógico: cuando tomas las principales ciudades de un país y asaltas sus parlamentos, lo normal es que el foco de atención se mueva ligeramente. Pero bueno, atendamos su petición y fijémonos en lo que juran que es la sustancia de su movimiento.

No seré yo quien defienda el Pacto del Euro, más que nada porque eso de que los contribuyentes alemanes y franceses sigan recapitalizando a su banca tratando de evitar que los manirrotos Estados periféricos quiebren, no me parece ni moral ni económicamente acertado. La solución de verdad pasaría, por un lado, por una desamortización de todos los bienes que todavía acaparan esos Estados manirrotos para reducir drásticamente su endeudamiento (ahí está el caso de Grecia, que acumula activos por valor de 300.000 millones de euros, para una deuda de 350.000) y, por otro, por una reducción enérgica de su presupuesto con tal de eliminar su déficit.

Pero los indignados, que de querer –eso decían para quien quiso creerlos– regenerar la democracia española han pasado a pretender rediseñar los balances de todos los Estados y bancos del planeta, no proponen nada de todo esto; al contrario, el nuevo programa económico de Democracia Real YA se reduce a exigirle a Europa que nos sigan dando el dinero de sus contribuyentes a fondo perdido con tal de que la fiesta no se acabe. Que no otra cosa es su rechazo al Pacto del Euro: “denos dinero pero no nos exijan ningún compromiso verosímil para que se lo devolvamos”. Ni reducciones de gasto ni liberalización de la economía. Nada. Las cosas deben quedarse como están, y si a Zapatero se le ha acabado el dinero, que apoquinen Merkel y Sarkozy (es decir, los sufridos contribuyentes teutones y galos).

Porque si no aceptan ni recortes en el gasto público, ni aumentos de ciertos impuestos como el IVA o Sociedades (en esto, vaya, sí coincidimos), ni una reforma del mercado laboral que se cargue los convenios colectivos para permitir que vuelvan a surgir oportunidades de negocio, ¿cómo pretenden que salgamos de ésta? Sí, de ésta, porque por si alguien no se ha dado cuenta, estamos al borde de la suspensión de pagos.

Recapitulo por si hay algún despistado indignado: los países periféricos, Grecia y España entre ellos, tienen un déficit público de alrededor del 10% del PIB. Eso significa que los impuestos que abonan sus ciudadanos no dan para cubrir los desproporcionados gastos de sus Estados niñera y metomentodo. De ahí que sean los ahorradores extranjeros –esos especuladores canallas que tan poco les gustan– los que nos estén prestado su dinero para que sigamos gastando por encima de nuestras posibilidades. Pero ojo, si nos lo prestan es para que se lo devolvamos algún día –normal, ¿no?–, y para devolvérselo tenemos que abandonar el déficit y amasar un cierto superávit. Mas, ¿cómo generar un superávit si, siguiendo las propuestas de los indignados, el Estado no puede ni reducir gastos, ni aumentar impuestos ni liberalizar la economía?

Mal asunto, sin duda. Entre otras cosas porque si los ahorradores internacionales se convencen de que no vamos a poder pagarles –idea a la que los indignados están contribuyendo notablemente–, dejarán de prestarnos ese 10% del PIB que actualmente nos están prestando. ¿Y qué significaría eso? Pues que ya podemos olvidarnos de tímidos y progresivos ajustes en el gasto público: de golpe y porrazo, habrá que meterle un tajo del 25% a nuestro gasto público (que a eso equivale el 10% del PIB que se nos está prestando). ¿Se lo imaginan? Pues eso es lo que conseguiremos haciéndoles caso a los indignados.

Y es que, al cabo, puestos a indignarse, ¿no sería más razonable hacerlo contra los políticos y el sistema económico –Estados enormes, un muy intervenido sistema financiero y relaciones laborales tomadas por los sindicatos– que nos han abocado a esta desesperada situación? Parece que no: lo que les indigna no es que hayamos malvivido una década de prestado, sino que ahora toque darnos un baño de realismo y comenzar a pagar nuestras deudas.

Seamos políticamente incorrectos y ganémonos unos cuantos enemigos. ¿Deben los contribuyentes europeos compensar a los agricultores españoles por las pérdidas millonarias que han padecido a cuenta de las injustas acusaciones de una política alemana? “No”, responderé, por mucho que algunos piensen que estoy tirando piedras contra nuestros agricultores o contra nuestro país.

¿Cuál es la base del argumento que justifica que los contribuyentes de toda Europa, unos personas que ni han pinchado ni han cortado en la gestación de esas pérdidas de los agricultores españoles, tengan, en última instancia, que pagar los destrozos causados por un tercero –una tercera, en este caso–? Como es obvio, la defensa de la indemnización no puede ser tan simple como propugnar que todo aquel individuo que experimente pérdidas reciba una compensación pública, pues en tal caso los errores empresariales se verían perpetuados a costa de los aciertos.

Tampoco resulta muy razonable argumentar que, como ha sido un político el responsable de las pérdidas, debe ser el sistema quien se encargue del resarcimiento. El sistema carece de recursos propios, de modo que los paganinis al final serían los contribuyentes. Ni siquiera resultaría razonable que fueran los contribuyentes alemanes quienes sufragaran las indemnizaciones, pues la pifia fue de una consejera de Hamburgo a la que ni mucho menos todos los teutones han votado. ¡Ay si los españoles tuviéramos que responder por las declaraciones de nuestros Montilla, Camps, Carod-Rovira, Ibarretxe! Si acaso, cabría defender que los votantes de la susodicha se hicieran cargo de las pérdidas, aunque tal propósito se topa con la inexistencia de listas públicas que liguen al elector con su representante.

Así pues, la única justificación que cabría buscar para la indemnización pública es la de que los Estados, a modo de seguros sociales, deben hacerse cargo de los quebrantos que no sean responsabilidad directa de los damnificados: sequías, inundaciones, terremotos, incendios y, también, políticos bocazas.

El problema de este razonamiento ­–que podría encontrar sus fundamentos en las teorías de autores tan liberales como Hayek­– es múltiple. El más inmediato es que la línea divisoria entre pérdidas que son responsabilidad directa del damnificado y pérdidas que no lo son es bastante difusa: una persona que adquiere un inmueble en Tokio, ¿tiene que cargar con los desperfectos que provoque en éste un terremoto? Un empresario que decide fabricar muebles en plena burbuja inmobiliaria, ¿es responsable de su infortunio una vez se agote el crédito artificial? Un agricultor que opta por seguir siéndolo en unos países tan sumamente politizados como los de la Zona Euro, ¿es responsable de los perjuicios que los políticos le causen?

Probablemente haya sobrados motivos para decir que no. Se como fuere, el argumento es reversible. Si las personas no son responsables de las pérdidas que escapan a su control directo, ¿deberían lucrarse con los beneficios extraordinarios que no dependan de sus decisiones empresariales? La única respuesta coherente es no.

Tengamos presente que este supuesto es muy amplio: ¿qué debería suceder si una escasez sobrevenida de pepinos chinos (el 75% del total mundial) eleva el precio de los pepinos españoles y, consecuentemente, genera suculentas ganancias a los productores  de estos últimos? ¿Qué decisiónpolítica habría que adoptar en caso de que una nueva dieta basada en el pepino elevara exponencialmente la demanda del mismo? ¿Habría que forzar a los agricultores españoles a que devolvieran a la comunidad sus beneficios extraordinarios? Me parecería una aberración. Sea como fuere, no es coherente defender que las pérdidas derivadas de las fobias irracionales se socialicen y las ganancias ocasionadas por filias alocadas no.

Por encima de todo, creo que existe un motivo fundamental para rechazar el argumento de que el Estado se convierta en una suerte de Gran Asegurador. El mercado es lo suficientemente flexible como para permitir el desarrollo de instrumentos que permitan a las empresas y a los particulares protegerse de todas estas contingencias: ahí están, por ejemplo, los seguros agrarios o los contratos de futuros. El hecho de que no se hayan extendido a un ámbito económico concreto (como los pepinos españoles) no justifica que haya que prescindir del mercado. En ocasiones, para que el uso de herramientas así comience a extenderse es necesario que aparezcan circunstancias nuevas que, a su vez, provoquen nuevas respuestas empresariales. La rareza, la falta de recurrencia de las contingencias trabaja en contra de la emergencia de una infraestructura protectora. De todas formas, la intervención pública redistribuidora sobra: bien porque frena el desarrollo empresarial, bien porque son los propios agricultores quienes, en última instancia, deciden prescindir del aseguramiento de sus productos.

Por mucho que nos molesten la ligereza teutona y las pérdidas que ésta ha ocasionado a los agricultores españoles, me temo que la respuesta no debería pasar por expoliar a unos inocentes (los contribuyentes europeos), sino, en todo caso, por exigir daños y perjuicios a la consejera hamburguesa. Los agricultores no tendrán la menor responsabilidad en lo ocurrido, pero qué decir de los contribuyentes, y sería tremendamente injusto hacerles pagar los platos rotos.

Sabido es que los mercados no entienden de democracia; al menos, de la democracia política. Podrá la mayoría del pueblo haber aupado al poder a la personificación peruana del sida o del cáncer, que ellos van a su bola. Los capitalistas son tan malvados, tan avariciosos y tan individualistas que no les gusta que les roben. Acaso por ello resulten tan antipáticos a la progresía, siempre presta a exigir sacrificios (ajenos) en nombre de la patria, la clase obrera o la misma Gaia.

Ningún mejor termómetro del estado de ánimo de los inversores nacionales y extranjeros que la evolución del mercado bursátil; tal vez, el logro más democratizador (en su mejor sentido) de la economía que nos haya ofrecido jamás el capitalismo. Al cabo, con apenas cuatro chavos, uno puede comprar acciones y convertirse en propietario de una parte de alguna de las miles de empresas de un país, o venderlas y desentenderse del proyecto empresarial. Una libertad que, para nuestra desgracia y la de los peruanos, jamás nos ofrecerá un sistema político estatal: quien no ha votado a Humala no sólo se ve forzado a padecer sus previsibles dislates y abusos de poder, sino que, más importante, no puede mandarlo a freír espárragos tan pronto como se haya cansado de él.

Será por eso, por combinar en dosis perfectas democracia y libertad, por lo que la izquierda detesta la bolsa; ya se sabe, ese casino de especuladores donde se practica el golpismo económico contra el muy soberano pueblo. Ahí está, véanlo si no, la intolerable afrenta de la bolsa limeño contra el Estado de Derecho peruano: el mercado de valores ha recibido al presidente Humala con una caída del 8% antes de que fuera cerrado. Prueba irrefutable de que existe una conspiración internacional, encabezada muy probablemente por la CIA, el Mossad o una joint venture de ambos, para destronar el filonazi bolivariano.

Nada que ver, claro, con que Humala haya prometido nacionalizar las llamadas “actividades estratégicas” del país. Cajón de sastre de la discrecionalidad presidencial para robar a los ahorradores peruanos y foráneos tanto como le plazca. O nada que ver con su ideología marcadamente chavista y liberticida que no parece la más adecuada para generar un marco institucional estable y favorable a la acumulación privada de riqueza. Incomprensible, pues, que los inversores no quieran permanecer en semejante tierra de la abundancia, en ese sueño americano redivivo.

Mas, he ahí la gran ventaja del capitalismo popular. Si usted confía en Humala, en su programa económico y en su perfil reformista, lo tiene fácil para combatir tamaño golpismo bursátil: compre, compre acciones peruanas; incluso apalánquese para acaparar tantas como pueda. Ahora mismo se las están regalando: hay tantos orates que quieren vender que han tenido que cerrar el mercado. ¿Qué mejor ocasión para ir de rebajas? ¿Qué mejor ocasión para darle un voto de confianza al presidente electo y, de paso, obtener suculentas ganancias?

Puede que quienes de momento tenemos pensado mantener nuestros ahorros fuera del Perú nos estemos equivocando y resulte que este aprendiz de Chávez termine convirtiéndose en un Lula cualquiera de la vida. Pero en tal caso, el Perú ganará y quienes inviertan ahora ganarán. De momento, empero, me temo que con estos comicios el Perú ha perdido y que los capitalistas que huyen en desbandada del país sólo están tratando de minimizar los destrozos. Pérfido capitalismo que les da una cierta salida en lugar de mantenerlos encerrados a cal y canto en la prisión gubernamental. Así no hay quien robe a gusto.

Sabido es que los mercados no entienden de democracia; al menos, de la democracia política. Podrá la mayoría del pueblo haber aupado al poder a la personificación peruana del sida o del cáncer, que ellos van a su bola. Los capitalistas son tan malvados, tan avariciosos y tan individualistas que no les gusta que les roben. Acaso por ello resulten tan antipáticos a la progresía, siempre presta a exigir sacrificios (ajenos) en nombre de la patria, la clase obrera o la misma Gaia.

Ningún mejor termómetro del estado de ánimo de los inversores nacionales y extranjeros que la evolución del mercado bursátil; tal vez, el logro más democratizador (en su mejor sentido) de la economía que nos haya ofrecido jamás el capitalismo. Al cabo, con apenas cuatro chavos, uno puede comprar acciones y convertirse en propietario de una parte de alguna de las miles de empresas de un país, o venderlas y desentenderse del proyecto empresarial. Una libertad que, para nuestra desgracia y la de los peruanos, jamás nos ofrecerá un sistema político estatal: quien no ha votado a Humala no sólo se ve forzado a padecer sus previsibles dislates y abusos de poder, sino que, más importante, no puede mandarlo a freír espárragos tan pronto como se haya cansado de él.

Será por eso, por combinar en dosis perfectas democracia y libertad, por lo que la izquierda detesta la bolsa; ya se sabe, ese casino de especuladores donde se practica el golpismo económico contra el muy soberano pueblo. Ahí está, véanlo si no, la intolerable afrenta de la bolsa andina contra el Estado de Derecho peruano: el mercado de valores ha recibido al presidente Humala con una caída del 8%. Prueba irrefutable de que existe una conspiración internacional, encabezada muy probablemente por la CIA, el Mossad o una joint venture de ambos, para destronar el filonazi bolivariano.

Nada que ver, claro, con que Humala haya prometido nacionalizar las llamadas “actividades estratégicas” del país. Cajón de sastre de la discrecionalidad presidencial para robar a los ahorradores peruanos y foráneos tanto como le plazca. O nada que ver con su ideología marcadamente chavista y liberticida que no parece la más adecuada para generar un marco institucional estable y favorable a la acumulación privada de riqueza. Incomprensible, pues, que los inversores no quieran permanecer en semejante tierra de la abundancia, en ese sueño americano redivivo.

Mas, he ahí la gran ventaja del capitalismo popular. Si usted confía en Humala, en su programa económico y en su perfil reformista, lo tiene fácil para combatir tamaño golpismo bursátil: compre, compre acciones peruanas; incluso apalánquese para acaparar tantas como pueda. Ahora mismo se las están regalando: hay tantos orates que quieren vender que han tenido que cerrar el mercado. ¿Qué mejor ocasión para ir de rebajas? ¿Qué mejor ocasión para darle un voto de confianza al presidente electo y, de paso, obtener suculentas ganancias?

Puede que quienes de momento tenemos pensado mantener nuestros ahorros fuera del Perú nos estemos equivocando y resulte que este aprendiz de Chávez termine convirtiéndose en un Lula cualquiera de la vida. Pero en tal caso, el Perú ganará y quienes inviertan ahora ganarán. De momento, empero, me temo que con estos comicios el Perú ha perdido y que los capitalistas que huyen en desbandada del país sólo están tratando de minimizar los destrozos. Pérfido capitalismo que les da una cierta salida en lugar de mantenerlos encerrados a cal y canto en la prisión gubernamental. Así no hay quien robe a gusto.

Este lunes, el ínclito Paul Krugman volvía a la carga contra la desnortada política económica europea: “La austeridad no ha funcionado”, clamaba. Según el de Princeton, transcurrido más de un año desde que los distintos países de la periferia europea, incluido el español, comenzaran a aplicar los planes de austeridad exigidos por Bruselas y por los mercados, de nada ha servido: el paro sigue aumentando, el crecimiento continúa deteriorándose y todo parece indicar que todas esas economías están abocadas a quiebra. ¿A qué venía entonces ajustar el presupuesto? ¿Dónde están los tan cacareados efectos benéficos de semejantes tijeretazos?

Bueno, en primer lugar convendría no inventarse las cosas. Ha habido tijeretazos, cierto, pero han tenido un carácter meramente cosmético en unas economías azotadas por un gasto público desbocado. Las turbolibertarias políticas de austeridad contra las que predica Krugman han conseguido, tachán tachán, que el déficit de Grecia pase del 15,3 al 9,5%, el de España del 11,1 al 9,2%, el de Portugal del 9,3 al 9,1% y el de Irlanda del 14,3 al 32% (ah, que aquí no se ha reducido). Sin duda, que estos países tengan un déficit equivalente a algo así como un tercio de su gasto público habitual es todo un logro de los partidarios de la austeridad: el santo temor al déficit hecho presupuesto.

En segundo lugar, convendría no hablar de promesas que jamás se han hecho. Quienes hemos defendido los programas de austeridad –pero los de verdad, no estas filfas– nunca pronosticamos que iban a tener efectos expansivos (en especial, si la rebaja del gasto no iba acompañada de una reducción de impuestos). Quizá algún propagandista a lo Krugman pero de signo contrario sí lo hiciera, aunque me cuesta creer que haya gente tan corta de miras. Lo que dijimos –y yo me ratifico en ello– es que el fin del déficit era una de las condiciones básicas para evitar la quiebra y comenzar con el lento proceso de reajuste, que ni mucho menos implica crecer a velocidad de crucero o volver a generar empleo en grandes cantidades de manera inmediata.

Sea como fuere, el argumento del Nobel me resulta ridículo. En su opinión, ¿qué deberíamos haber hecho los países de la periferia europea? Por lo visto, seguir gastando a menos llenas. ¿Con qué propósito? Ah, sí, para estimular nuestras economías. Pero ¿cómo? ¿Como las estimulamos en 2009, el año en que más cayó el PIB y más empleo se destruyó? ¿El año de los despilfarros que nos abocaron meses después a la bancarrota?

A veces me cuesta seguir el argumento krugmanita. Su propuesta para salir de la crisis de la deuda pasa por… ¡más deuda! Evitemos el impago endeudándonos mucho más. Bueno, no conozco empresa alguna que haya triunfado jamás con semejante estrategia, pero sí muchas que han entrado en concurso de acreedores.

En cualquier caso, como los países de la periferia no hemos hecho caso a Mr. Krugman, éste nos muestra el único camino que tenemos por delante: el de las quitas voluntarias. Es imposible que todos o varios de los PIGS consigan atender su deuda, de modo que han de comenzar a reestructurarla. Estoy de acuerdo, salvo por un pequeño matiz que se le escapa al Nobel: sus políticas nos hubiesen abocado mucho antes a esta situación, y con mucha mayor deuda a nuestras espaldas. ¿A qué viene sugerir que la bancarrota es el castigo que nos merecemos por haber sido austeros? La bancarrota es lo que irremediablemente le espera a todo aquel que gasta siempre más de lo que ingresa, y el plan de Krugman no hacía otra cosa que agravar nuestros penosos desequilibrios.

Empero, hay otro punto que me parece todavía más escandaloso en la argumentación del Nobel. ¿Cómo puede simultáneamente criticar que los países periféricos seamos austeros y aconsejarnos que procedamos a reestructurar nuestra deuda? Quiere que nos endeudemos más y al tiempo que impaguemos los pasivos que venimos arrastrando. ¿Tiene esto algún sentido? Sí, lo que pretende es que no paguemos a nuestros acreedores para que… podamos seguir endeudándonos descuadrando nuestras cuentas.

¿Se dan cuenta del absurdo? Una familia que ha vivido décadas por encima de sus posibilidades merced al crédito bancario se planta un día en su sucursal y proclama: “Hasta luego, Lucas, con tu pan te lo comas”… justo después de acudir a otro banco para que corra con su dispendioso modo de vida. ¡La cara de cemento armado, oiga!

Estos economistas del sota-caballo-rey keynesiano a veces hacen el ridículo más espantoso: como los pocos remedios contra la crisis que les ha dado papacito Keynes en La Teoría General y que resultan aplicables ahora mismo son más gasto público y menores tipos de interés, si no funcionan… habrá que perseverar en ellos: puede que hayamos incurrido en los mayores déficits de nuestra historia y que los tipos de interés se encuentren al nivel más bajo que podamos recordar: no importa. Nada de reajustar la economía, eso es para hombres sin carácter: la solución pasa por impulsar la demanda; y cuando se nos acaba el crédito… pues dejamos de pagar a nuestros acreedores y pedimos prestado en otro lado.

Al final resultará que el estallido de la crisis no se produjo cuando los deudores subprime dejaron de pagar sus hipotecas, sino cuando los avariciosos bancos, mientras iban acumulando agujeros en su balance, se negaron a extender nuevos créditos a quienes entraban en default para poder seguir gastando. Cómo no habremos caído antes…

¿Somos mercancías de políticos y banqueros? En gran medida sí: no puede ser de otro modo cuando los políticos manejan el 50% de nuestra riqueza –y regulan la otra mitad– y cuando los bancos gozan de privilegios concedidos por los Estados para no quebrar o para manipular a su arbitrio el volumen de crédito. Ahora bien, pese a todo, seguimos disfrutando de un amplio nivel de autonomía personal.

¿Es la crisis responsabilidad de políticos y banqueros? En gran medida sí: las entidades financieras, empujadas por los bancos centrales, expandieron de manera insostenible el crédito, distorsionando la economía hacia el ladrillo. Finiquitado el crédito artificial, nuestras estructuras productivas tenían que recomponerse, pero los Estados frenaron ese proceso: rescates bancarios indiscriminados, gasto público a tutiplén, subidas de impuestos y conservación de las rigideces de los mercados. Ahora bien, pese a todo, muchos ciudadanos también son en parte responsables: unos, por sumarse entusiastas a la orgía crediticia y a la burbuja inmobiliaria; otros, por encumbrar a esos nefastos políticos.

¿Hay motivos para estar indignados y protestar? Sí, todos los anteriores, pero ni uno más.

¿Está Democracia Real YA protestando por los motivos correctos? No, porque parte de dos premisas erróneas: una, que nuestro hipertrofiado Estado sólo es un problema porque no lo manejan asambleariamente ellos; dos, que los banqueros han causado la crisis porque los políticos les han dejado excesivos espacios de libertad.

¿Son las propuestas de Democracia Real YA acertadas? No, porque son el corolario lógico de sus dos erróneas premisas anteriores: quieren más, no menos política; quieren menos, no más mercado. Eso sí, quieren una política y un mercado pastoreados por “el pueblo”, como si el pueblo no pudiera ser dictatorial o como si no hubiese hábiles políticos populistas capaces de pastorear al pueblo. Es decir, quieren menos libertades individuales y más “derechos” para gestionar desde arriba el dinero ajeno: más servidumbre.

¿Pueden los liberales reconducir a Democracia Real YA hacia posiciones más sensatas? Es dudoso. Para que haya un acuerdo entre liberales, presuntos apolíticos e izquierdistas es necesario un programa muy de mínimos que no le chirríe a nadie, de modo que Democracia Real YA tendría que retirar casi todas sus propuestas actuales. Es decir, o tendríamos un programa repleto de inconcretas naderías o la izquierda debería tolerar que los liberales la censuraran ideológicamente. Algunos liberales bienintencionados lo están intentando, pero es muy dudoso que la izquierda esté dispuesta a renunciar a su programa de máximos… salvo como coartada para engordar el movimiento y más tarde instrumentalizarlo para sus liberticidas propósitos.

Aun existiendo acuerdo de mínimos, ¿serviría de algo? Probablemente no. Las revoluciones populares sólo socavan regímenes cuando la gente corta o amenaza con cortar cabezas. No veo a Democracia Real YA en esa tesitura, de modo que, como mucho, podrán aspirar a influir sobre los partidos y sobre sus programas electorales. Es decir, justo aquello de lo que reniegan: convertirse en un caladero de votos dentro del corrupto y partitocrático sistema actual (del que ya podemos imaginar quiénes se beneficiarían).

¿Qué puede esperarse de un movimiento que parte de premisas falsas, lanza propuestas erróneas, está copado por la izquierda y sólo aspira a mostrar su indignación para influir en la política? Personalmente, no mucho; aunque bien podría equivocarme. El escenario más probable es que siga siendo lo que es: una festiva fuente de consignas anticapitalistas que no induzca a cambio alguno salvo a peor. Si evolucionara hacia otra cosa más heterogénea de verdad, el movimiento se quedaría en una cacerolada antipolítica sin alternativa consensuada al sistema actual; en un “que se vayan todos y que venga ya veremos quién”. El pasto ideal de populistas que saben muy bien cómo comprar a unas masas deseosas de ser compradas con más gasto público y con más impuestos a los ricos… aun cuando nos vayamos a la ruina.

¿Qué deberíamos hacer los liberales? Lo primero –por frustrante que sea– no confiar en revoluciones que no sepamos que podemos ganar, o aun peor, en revoluciones que sepamos que vamos a perder. Que exista una oportunidad de cambiar las cosas no significa que exista una oportunidad de cambiarlas a mejor. Antes de lograr que los políticos dejen de intervenir en nuestras vidas, necesitamos de una enorme masa crítica que hoy no existe; más bien existe una enorme masa crítica de sentido inverso. Esto no es, ni puede ser por ahora, el Tea Party; en todo caso se convertirá en Argentina. Lo segundo –por cansino que sea– continuar haciendo pedagogía de máximos aun cuando sólo obtengamos pequeños cambios en la buena dirección. Pragmatismo frente a romanticismo y evolución frente a revolución. Si ya hay motivos para ser cautelosos ante románticas revoluciones liberales que pretendan hacer tabla rasa, no digamos ya ante amagos de revolución organizados desde la izquierda.

Carecer de propuestas no es lo mismo que tener unas que sean pésimas. A nadie se le podrá criticar por falta de ideas acerca de cómo reformar el mundo (de hecho, muy probablemente nos iría mejor a todos si tales reformistas se prodigaran menos), pero, como es obvio, sí habrá que censurar a quienes transmitan ideas contraproducentes para nuestras libertades y nuestro bienestar.

Se ha extendido el mito de que la plataforma ‘Democracia Real YA’ era un grupo heterogéneo de ciudadanos sin un perfil ideológico claro que salía a la calle a protestar sin nada específico que ofrecer. No es cierto. Basta con acudir a su página web para encontrarnos con una serie de casi 40 propuestas mucho más concretas que la mayoría de las que integran los programas electorales de nuestros partidos políticos. Entonces, ¿a qué viene el discurso de que no proponen nada? Pues, básicamente, a que son un movimiento de izquierda extrema al que hay que tratar con algodones: la izquierda más moderada pretende disculparlos tachándolos de ciudadanos bienintencionados pero ingenuos y la derecha más acomplejada prefiere descalificarlos como populacho sin nada que ofrecer en lugar de entrar en el debate de las ideas y demostrar su inanidad.

Y es que resulta curioso cómo un movimiento que clama no ser “mercancías en manos de políticos y banqueros” hace todo lo posible para convertirse en tales. Será que el lema de la plataforma, lejos de una repulsa, constituye un desiderátum; un suspiro por lo que podría ser pero no es. Al cabo, ¿qué otra conclusión cabe extraer de una masa que reclama que los políticos añadan nuevas trabas al mercado de trabajo para dificultar más la contratación; o que propugna que los gobernantes nos suban todavía más los impuestos para poder disponer discrecionalmente –léase, despilfarrar– de una porción aun mayor de nuestros recursos; o que defiende la nacionalización de la banca y que, por tanto, los agujeros que ésta genere a las órdenes de los políticos y de sus clientes sean cubiertos, siempre y sin excepción, por unos esclavizados contribuyentes? Justamente quieren convertirnos en títeres de una clase política a la que, lejos de recortarle sus poderes, se los incrementa de manera exponencial: más intervención sobre las relaciones laborales, más recaudación tributaria para gastar a placer y, por si fuera poco, control total sobre unos bancos que, como las cajas, pasarían a estar dirigidos por sus subalternos.

¿La alternativa real a la depresiva situación actual? Devolverle el control a cada ciudadano sobre su dinero para que lo gaste o ahorre en lo que prefiere; permitirle firmar los contratos, laborales, mercantiles o civiles, que considere oportunos con las provisiones que repute adecuadas; y eliminar, de verdad, los privilegios de la banca: a saber, fin del monopolio de los bancos centrales, libertad de elección de moneda, supresión de los fondos de garantía de depósitos y aplicación estrica, sí, de la legislación concursal a los bancos para que no sean rescatados por la puerta de atrás de su nacionalización total o parcial.

Es cierto que las ideas de ‘Democracia Real YA’ no resisten un análisis de más de cinco segundos, pero no por ello habrá que negar su existencia: de hecho, lo mismo sucede con nuestra clase política y con la mayoría de los autodenominados intelectuales. No ocultemos sus propuestas, saquémoslas a la luz y expliquemos cuáles son sus consecuencias: más desempleo, más impuestos, más déficit y más bancos (públicos) quebrados que rescatar. Quieren regenerar la política, pero no para incrementar la exigua esfera de libertad de los individuos a costa de la reglamentación estatal, sino para terminar de convertirlos en las mulas de carga de la casta gobernante. Sorpresa: la nueva izquierda no es otra cosa que la izquierda de toda la vida.

Esta semana se cumple un año de aquel tragicómico momento en que Zapatero anunció recortes para todos los colectivos a los que previamente había mimado: funcionarios, pensionistas y dependientes. Fue una decisión de urgencia para afrontar una coyuntura en la que los inversores internacionales habían decidido, tirando de sentido común, negarnos el pan y la sal.

Cosas de los perversos especuladores: como el muy progresista Gobierno de Zapatero había incurrido en 2009 en un déficit del 11% del PIB y no había perspectiva de que su preclara majestad tuviese intención de reducirlo por propia voluntad, nos obligaron a apretarnos el cinturón. ¿Cómo? Pues por la muy represiva vía de amenazarnos con no prestarnos el dinero que necesitábamos para mantener nuestros desbocados niveles de gasto.

Los habrá que, hipnotizados por el mantra socialista, hubieran preferido que no nos prestaran antes que ceder a las exigencias de los prestatarios y recortar el sacrosanto gasto social. Pobrecitos. El 11% del PIB equivale a más del 25% del gasto público anual. ¿Se imaginan qué habría sucedido en caso de que no hubiéramos seguido recibiendo dinero? Pues, por ejemplo, que a los funcionarios les habrían recortado el salario no en un 5%, sino en un 30 o un 40%; por no hablar de la interrupción de numerosos servicios que el Estado habría sido incapaz de seguir financiando…

Cosas de la opresiva dictadura de los mercados. Ya sabe: para la progresía, que unos señores decidan no seguir prestándonos su dinero es una intolerable coacción, y que los gobiernos nos saqueen es lo propio y solidario.

Sea como fuere, transcurridos doce meses del tijeretazo que posibilitó que hubiera ahorradores dispuestos a seguir prestándonos dinero, ¿cómo hemos aprovechado esa tregua que nos dieron? Pues muy mal: el déficit público sigue enquistado en el 9% del PIB –algo así como todo lo que recaudamos por IRPF e IVA en 2010–, y la reforma laboral de verdad –esa que necesita España, y no el camelo que nos vendió Corbacho con la colaboración de los sindicatos y su huelga de pacotilla– sigue durmiendo el sueño de los justos, motivo por el cual el paro ha aumentado en medio millón de personas.

Este año de gracia que nos han dado los mercados ha sido desaprovechado groseramente por el Gobierno. Puede que, atendiendo a la pasividad gubernamental, muchos no sean conscientes de la gravedad de la situación, pero lo cierto es que si algo hemos hecho en el último año ha sido empeorar. Así lo certifica, por ejemplo, el movimiento de nuestra prima de riesgo, que pese al recorte y a las promesas de rescate alemán sigue tan alta como hace doce meses.

España es como una familia de cuatro miembros. Hasta 2007, los padres sustentaban al hijo y al abuelo, y se habían ido endeudando con el banco para pegarse algún caprichito –como alargar inútilmente la escolarización del hijo, subir la asignación mensual al abuelo o remodelar por completo la vivienda– en una cantidad equivalente a un año entero de sus ingresos conjuntos. Pero hete aquí que uno de los cónyuges se quedó en el paro, por lo que, para mantener el mismo nivel de gasto, debieron endeudarse todavía más… y a tipos de interés crecientes. Para más inri, el poco dinero que la familia tenía ahorrado para amortizar sus deudas podría esfumarse –por lo menos, un 20 o un 30%– con una hipotética quiebra de su banco. A todo esto, el valor de la vivienda, con la que garantizan la deuda, se ha desmoronado en torno a un 50%.

Dicho de otro modo: nuestra familia no sólo tiene que restringir enormemente su nivel de gasto –pues ya antes de que le azotara el paro gastaba más de lo que ingresaba–, sino que el saldo real de sus deudas, tanto medidas en relación a sus ingresos anuales como en relación a sus activos, se ha duplicado.

Negro panorama, ¿no? Sin duda. Pero añadamos algún supuesto más a nuestro ejemplo, para acercarlo un poco más a la realidad española. Imaginen que es el padre el que conserva el empleo y que, por un lado, impide a su esposa trabajar –a menos que perciba un salario muy por encima de sus posibilidades– y, por otro, y agobiado por los acreedores, decide minorar sus gastos recortando la asignación que entrega a su mujer, a su padre y a su hijo, y que parte del ahorro que consigue así lo dilapida en alcohol, lupanares varios, automóviles eléctricos de lujo y vacaciones solidarias a dictarrepúblicas bananeras.

Pues en esas estamos. Ha pasado un año y seguimos con las mismas monsergas. La minicredibilidad que ganamos metiendo el tijeretazo a funcionarios y pensionistas –tijeretazo en gran medida imprescindible en aquella complicadísima situación– la hemos dilapidado por amagar y no dar en la reforma laboral, la austeridad presupuestaria y la reestructuración del sistema bancario. Pronto esos especuladores sitos en Zúrich volverán a ponerse nerviosos y a dejar de prestarnos su dinero. Entonces ¿qué diremos? ¿Que hay una conspiración planetaria contra un país con un 21% de paro, que sigue gastando mucho más de lo que ingresa y tiene su sistema bancario medio quebrado? Igual sí, oiga.

No deja de ser una de las tragedias de nuestro sistema político, en el que el Estado lo absorbe todo y apenas deja recoveco alguno para el mercado, que un gobernante tan nefasto como ZP pueda marcharse sin más, apenas con unas lágrimas en los ojos mientras deja al país destrozado.

Se me dirá que este no es el momento de realizar tales reflexiones, que bien podría regocijarme de que, al menos, no estará otros cuatro años y que sólo busco hacer leña del árbol caído. Mas ha sido Zapatero el que ha convertido en astillas a nuestra sociedad. No sería grandeza olvidar ahora, sino una traicionera desmemoria.

Apenas las cifras de desempleo y de déficit público servirán para resumir, en el aspecto económico, su misérrima legislatura: en 2012, Zapatero se irá habiendo incrementado la deuda pública de cada español en casi 5.000 euros per cápita (más de 300.000 millones de euros, ahí es nada) y habiendo condenado a más de tres millones de esos endeudadísimos ciudadanos al más estructural de los desempleos.

Alfa y omega: Zapatero empezó su primera legislatura como orgulloso ignorante en economía y gobernó espoleando la mayor burbuja inmobiliaria de nuestra historia, gastando y gastando las plusvalías tributarias de los millones de casas hoy invendidas en varias zarandajas de esas etiquetadas sociales, ecologistas o autonomistas como medio para justificar un inmisericorde expolio ciudadano. Durante la segunda legislatura simplemente permitió que, colapsado el ladrillo, su antiliberal ideología nos asestara la mortal puntilla: ni austeridad presupuestaria ni liberalización de los mercados.

“La salida de la crisis será social o no será” y obviamente no ha sido. En su currículum sólo resta una bancarrota nacional que únicamente la gracia de nuestra acreedora Merkel ha permitido salvar hasta el momento. Esa lapidaria declaración de intenciones, por sectaria, por suicida, por arrogante, por desnortada, por ignorante y por infamante debería descalificar todo su desgobierno económico y perseguirlo durante el resto de su vida. Pero no lo hará: sólo los españoles –11 millones de los cuales lo votaron, no lo olvidemos– serán perseguidos a latigazos por sus repercusiones. Lo peor de ZP no serán sus dos legislaturas, sino su legado: se va, pero nos deja una hipoteca a punto de entrar en default.

Adiós y ahora a esperar al próximo Zapatero. Del PSOE o del PP.

Los hay que han visto en la advertencia de Trichet de que tal vez subirá los tipos de interés en abril un soberano despropósito. “La economía española renqueante y Trichet encareciéndonos el coste de la deuda; ¿por qué no aprenderá de su cuate, el inflacionista Bernanke?”. Aseguran que ante una inflación de costes como la que vivimos –los precios suben porque el petróleo y otras materias primas se encarecen–, aumentar los tipos de interés no servirá de nada. Al cabo, restringir el acceso al endeudamiento encareciéndolo sólo sería de utilidad si la inflación fuera consecuencia de que ese endeudamiento creciera (recalentando entonces la demanda), pero hoy nadie está obteniendo nuevos créditos a pesar de estar los tipos de interés al 1%, ¿a qué viene subirlos aun más?

Reconozco que, como en 2008, Trichet tiene poco margen de maniobra combatiendo una inflación que, en gran medida, le viene de fuera. Si acaso, el único freno al encarecimiento del petróleo vendrá vía revalorización del euro frente al dólar: si este se aprecia aun más, el barril nos costará menos. Algo que, sin embargo, puede convertirse en una alegría pasajera si los mayores tipos de interés abocan al impago a países como España y Portugal y, por tanto, la cotización del euro se hunde.

Podría parecer entonces que los monetaristas-inflacionistas están en lo cierto y que Trichet está combatiendo moscas a cañonazos. El problema es que Trichet, dentro de sus parcas posibilidades, está apuntando hacia la dirección adecuada: la subida de tipos de interés. Quien está obrando de mala manera y está conduciendo a la economía mundial a una situación límite no es Trichet, sino Bernanke. Suya, y de su política monetaria extraordinariamente expansiva, es la responsabilidad de que las materias primas estén subiendo y de que, por tanto, se esté extendiendo una inflación a escala internacional.

El proceso es el siguiente: al bajar los tipos de interés y monetizar casi todo aquello que fuera monetizable, Bernanke no sólo ha permitido financiar el derrochador y billonario déficit de Obama, sino que además ha permitido, por un lado, que la economía de Estados Unidos no se reconvirtiera en la dirección de ahorrar o producir más materias primas y, por otro, que China y el resto de países que le venden mercancías sigan hiperdesarrollándose a costa del endeudamiento de los estadounidenses (que no otra cosa significa que Estados Unidos mantenga un déficit exterior merced a las laxas facilidades internas de endeudamiento).

Desde la crisis de 2008, el dogma monetarista ha consistido en afirmar que, a diferencia de lo que sosteníamos los austriacos, las economías mundiales no necesitaban reajustarse a gran escala. Todo se trataba de un problema de expectativas que habían llevado a los agentes a atesorar masivamente dinero y a que las economías operaran por debajo de su potencial. La respuesta, pues, debía ser incrementar la cantidad de dinero por parte de los bancos centrales para que la gente siguiera gastando como antes, permitiendo una rápida recolocación de los recursos ociosos.

Mas hete aquí que cuando lo han hecho, la economía mundial efectivamente se ha estabilizado y ha comenzado a remontar el vuelo, pero… se ha topado de bruces con la realidad de unas estructuras productivas que para funcionar necesitan consumir más materias primas de las que ahora estamos capacitados para producir. Es decir, hemos vuelto a mediados de 2008, antes del estallido de la crisis, pero con un volumen de deuda pública infinitamente mayor.

Cualquier persona que sostenga la disparatada teoría de que el problema que padecemos es esencialmente monetario y no real, debería plantearse estas tres simples preguntas:

1. ¿Alguien creía que podíamos recuperarnos manteniendo casi intacta la estructura productiva de 2007-comienzos de 2008 sin que el precio de las materias primas se disparara?
2. ¿Alguien cree que esa estructura productiva de 2007 es viable con los elevadísimos precios actuales de las materias primas?
3. Si ambas respuestas son negativas, entonces ¿no estamos ante una crisis real que hay que corregir por el lado de la oferta? ¿A qué viene cebar sin ton ni son la demanda como si el problema estuviera ahí?

En definitiva, la respuesta monetarista ha sido una calamidad. Frenar la caída ha significado frenar el reajuste, de modo que hemos terminado estrellándonos contra el mismo cuello de botella que ya estranguló el crecimiento mundial en 2008. Bernanke jamás debería haber acomodado tanto como lo hizo las necesidades de unos deudores que o debían reducir su consumo de materias primas o incrementar su producción de las mismas, y que gracias a la expansión crediticia del Helicóptero Ben han podido no hacer ni lo uno ni lo otro.

Nuestras iras deberían dirigirse, pues, no contra Trichet, quien tímidamente está haciendo lo correcto, sino contra Bernanke y los monetaristas, quienes desde un comienzo no comprendieron de qué iba esta película y, tras el fracaso de los planes de estímulo keynesiano que ellos mismos ayudaron a sufragar, tomaron el relevo a la hora de estrecharnos, aún más, la soga alrededor del cuello.

Tras cuatro años glorificando la necesidad de que el Estado gastase y se endeudase tanto como pudiese para sostener la actividad productiva, llega ahora Zapatero y nos dice que la clave para nuestra recuperación pasa por el ahorro de petróleo. Albricias, ¿desde cuándo el ahorro es bueno para una economía? ¿Acaso el menor consumo de gasolina no redundará en menores ingresos para las gasolineras y, por tanto, en más desempleo, menos consumo y mayor recesión? ¿No desatará el Gobierno una espiral contractiva del gasto y de la actividad por forzar a los españoles a que restrinjan su consumo?

Tal debería ser, sin duda, la implicación lógica de quienes así razonaban para defender el Plan E, el 2000 E y tantos otros dispendios destinados a “estimular” la economía. Quizá objeten que la diferencia está en que el petróleo que compramos no es conquense, sino libio; pero imagino que nadie de ellos imaginó que se podía recalentar la actividad interna de España sin recalentar indirectamente la demanda de petróleo. Al cabo, más crecimiento y más producción van de la mano con una mayor cantidad de desplazamientos por carretera –que se lo digan a la flota de camiones españoles– y, por tanto, más consumo de gasolina.

Lo cierto es que la recuperación española pasa, por un lado, por levantar un sector exportador que nos permita sufragar nuestras importaciones de petróleo mediante la venta de mercancías al extranjero y, por otro, por ajustar nuestro consumo interno de energía a otras fuentes más baratas que el petróleo, como el gas natural, el carbón o el uranio. Y para alumbrar tal reajuste necesitamos ahorro: ahorro para sufragar la inversión en las nuevas empresas exportadoras que deben crearse y ahorro para financiar la reconversión energética. Lo que desde luego no necesitamos es que todo ese escasísimo ahorro de que disponemos sea despilfarrado en innecesarios cambios de aceras o en subvencionar fuentes de energía aun más caras que el propio petróleo.

De ahí que se me antoje una incoherencia suprema que los mismos que defienden los despilfarros públicos como medio para reanimar la demanda interna propugnen ahora la coactiva austeridad privada como remedio para volver a enfriarla. O lo uno o lo otro, pero no parece de recibo afirmar un día que podemos salir de la crisis simplemente tirando de gasto público y dilapidando el ahorro que necesita el sector privado para, al siguiente, sostener que la economía privada está tan desatada que consume demasiado petróleo, razón por la cual hay que imponerle que ahorre más. Bueno, sí, sí puede sostenerse: si eres un palanganero del poder político, obsesionado con justificar todo lo que venga del Estado y con criticar todo lo que emerja del mercado, te metes por fuerza en bretes de esta guisa.

Mi opinión, la de un vulgar economista sin píldoras políticas que dorar, es bastante más simple: necesitamos con urgencia más ahorro, empezando por el sector público, quien sigue en su conjunto endeudándose a un ritmo de 100.000 millones de euros anuales. También requerimos de más ahorro privado, pero éste se terminará imponiendo tan pronto como el Estado deje de sostener artificialmente ciertas demandas privadas y los actuales perceptores de rentas estatales tengan que apretarse el cinturón en un contexto de crecientes precios del petróleo.

Lo que estamos haciendo ahora –inflar con el endeudamiento público el poder adquisitivo de una parte de la población y forzarla luego a que se apriete el cinturón selectivamente– es un disparate de corte soviético. Tal vez por eso cuente con el cómplice aplauso de tantos intelectuales de salón.

Conocido es el gusto de nuestros socialistas por la planificación central. Así las cosas, desde que Marx alumbrara aquello del socialismo científico, siempre han pensado que un comité de sabios podía dirigir de manera exitosa los destinos de millones de personas: un despotismo muy poco ilustrativo que desconocía las limitaciones de su propia razón.

Nada de lo anunciado hoy por Rubalcaba es algo que no hubiesen podido decidir consumidores, productores o intermediarios de acuerdo con su conocimiento particular del mercado: los conductores que quisieran ahorrar costumbre podían conducir a 110 km./h; los que consideraran el transporte por carretera demasiado caro con respecto al ferroviario, podían optar por este último; y las petroleras y los fabricantes de automóviles que consideraran que el biodiesel era el futuro, podían ofrecer sus compuestos y sus vehículos adaptados a tal proyección.

Pero el Gobierno ha decidido dar un empujoncito intervencionista que, como de costumbre, puede tener efectos inesperados. Primero, apostar por que los muy subvencionados biocombustibles son el futuro energético de la automoción es sólo eso: una apuesta que a la larga puede salirnos muy cara. Otros opinan que la solución pasa por el gas natural o incluso por un coche eléctrico que se abastezca de centrales de carbón y nucleares. Simplemente no sabemos qué alternativa es mejor, por cuanto ni siquiera conocemos cuáles van a ser los precios de las distintas materias primas –es decir, sus escaseces e importancias relativas– dentro de un mes; no digamos, pues, dentro de un año o de una década. Si ahora nos adentramos hacia una dirección que resulta ser la incorrecta, ¿quién pagará los platos rotos cuando haya que cambiar toda la vajilla?

Además, al subvencionar los biocombustibles y obligar a los productores y distribuidores de gasoil a adquirirlo, sólo estamos cebando aun más una demanda artificial que está contribuyendo, en parte, a encarecer el ya de por sí disparado precio de los alimentos. ¿Cuál será el siguiente paso de Rubalcaba? ¿Establecer controles de precios a los alimentos que más se encarezcan?

Segundo, ¿es malo que el precio del petróleo se dispare? Sólo si su aumento se debe al recalentamiento de la economía vía actividades improductivas (como los planes E de Zapatero/Rubalcaba o los “estímulos” monetario à la Bernanke). En el resto de casos, si el petróleo sube porque los agentes económicos desean hacer un uso más intensivo del mismo, la escalada de precios servirá paras diversos fines: a) distribuirlo hacia aquellos más urgentes, b) incentivar el ahorro energético, c) promover la búsqueda de alternativas más baratas.

Con todo, estos dos últimos puntos dependen críticamente de que los agentes económicos consideren que el petróleo se mantendrá elevado durante un horizonte temporal lo suficientemente prolongado. No basta con que el petróleo esté alto un par de meses o unos años; muchos proyectos de investigación, de transición y de explotación de energías alternativas requieren, para ser rentables, que el barril se mantenga estructuralmente encarecido; lo cual es muy probable, pero semejante predicción también está sometida a errores fatales, como error fatal fue para muchos el período desde mediados de 2008 a mediados de 2010 y como error fatal podría ser tratar de saber con certeza qué pasará con el petróleo tras las revueltas en el mundo árabe.

Si el Gobierno arbitra mecanismos para rebajar artificialmente el precio del petróleo –ahorro energético vía parches absurdos como el de limitar la velocidad– sólo estaremos retrasando la investigación y la transición hacia nuevos motores y hacia nuevas centrales eléctricas. De nuevo: con los precios no se juega; son uno de los principales mecanismos de comunicación a la hora de indicar dónde deben concentrarse los recursos. Si los españoles quieren ahorrar energía, que la ahorren; si no, que paguen sus sobreprecios (y renuncien, por tanto, a otros bienes y servicios que podrían adquirir ahorrando energía), financiando así una parte del cambio de modelo energético que en algún momento necesitaremos (aunque aún ignoramos qué modelo en concreto, algo que sólo puede descubrir, vía prueba y error, el propio mercado).

Claro que el problema de fondo de todo este asunto es que el mercado energético en España, y en casi todo el mundo, no se distingue demasiado de uno soviético. Por eso tiene que salir Rubalcaba con su plan quinquenal; por eso se confía más en unos burócratas que son en gran medida responsables del desaguisado productivo en que está sumida España que en el conocimiento disperso y descentralizado de millones de personas. Marx antes que Hayek. De esos polvos vienen estos lodos.