Cebrián vs. Escolar

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El despido del conocido periodista Ignacio Escolar por parte de la Cadena Ser después de que su periódico, Eldiario.es, contribuyera a divulgar la noticia de que el presidente de Prisa está relacionado con los “papeles de Panamá” (a través de su ex mujer y de la petrolera Star Petroleum) ha vuelto a azuzar la polémica sobre la libertad de prensa. ¿Acaso semejantes prácticas no atentan contra la libertad de expresión y deberían ser reguladas por el Estado?

Como suele suceder con aquellos asuntos que nos desagradan profundamente, la mayoría de análisis tienden a mezclar dos cuestiones que deberían separarse radicalmente: nuestra valoración sobre las decisiones ajenas y nuestra valoración sobre si tenemos derecho a interferir coactivamente en las decisiones ajenas.

En cuanto a lo primero: ¿ha obrado correctamente Juan Luis Cebrián a la hora de despedir a Escolar? No: ni como periodista ni como presidente de una empresa de comunicación. Como periodista, debería ser consciente de que la forma de contrarrestar una información no es silenciarla —de manera, además, completamente estéril en un mundo donde internet y las redes sociales amplifican sobremanera el Efecto Streisand— sino en todo caso proporcionar nueva información que la desmienta. Un grupo de comunicación que hace gala de ejercer un periodismo independiente, imparcial, objetivo y global no puede, en coherencia, cortarle la cabeza a un colaborador por publicar una noticia que afecta a las estrategias de optimización fiscal de su presidente o de su círculo de confianza.

A su vez, como presidente de ese grupo de comunicación, tampoco parece una decisión demasiado inteligente: su cese parece más bien una caprichosa vendetta personal de Cebrián contra Escolar que una decisión estratégica en interés de los accionistas. El despido de Escolar no sólo priva a la audiencia de la Ser de un contertulio que probablemente contara con bastante tirón entre su espectro ideológico mayoritario, sino que no contribuye en nada a mejorar la imagen de marca del grupo Prisa: en el fondo y en la forma, no se atisba demasiada inteligencia empresarial en la decisión y sí bastante torpeza. Y ésa es la cuestión: Cebrián no es el dueño y señor de Prisa, sino un gestor que debería velar por los intereses de unos accionistas que no parece que se estén promoviendo mediante el cese de Escolar.

Por supuesto, los habrá que efectuarán una valoración totalmente contraria a la anterior y celebrarán la decisión de Prisa: algunos calificarán a Escolar de desleal hacia el medio que lo contrataba; otros se alegrarán de que Escolar pruebe la amarga medicina que él mismo había recetado para otros periodistas o analistas; y aun otros brindarán simplemente por cualquier hecho que perjudique al director de Eldiario.es por pura animadversión personal. Mas, por muy débiles que puedan parecernos tales argumentos —en general, debería resultar obvio que, dejando a un lado nuestras filias y fobias particulares, despedir a un periodista por destapar una información molesta no contribuye a mejorar la calidad del periodismo de un país—, resulta tan legítimo manifestarlos y defenderlos como hacerlo con los (a mi juicio más sensatos) razonamientos opuestos.

Y he ahí donde debemos conectar con la segunda parte del debate que casi siempre aparece entremezclada, a saber, si podemos dar el salto de emitir juicios de valor sobre el comportamiento de terceros a imponerles a esos terceros nuestros juicios de valor. A la postre, que las valoraciones sobre el despido de Escolar sean plurales —desde quienes lo aplauden a quienes lo deploran— sirve para mostrar, como poco, las dificultades operativas que existen a la hora de querer imponerlas regulatoriamente. ¿Bajo qué preferencias deberíamos someter a Prisa? ¿Bajo las de aquellos que se indignan contra el despido de Escolar o bajo las de aquellos que lo jalean?

Quienes defienden algún tipo de control estatal —ya sea parlamentario o con democracia directa— sobre los medios de comunicación suelen hacerlo bajo la hipótesis implícita de que esos controles estatales beneficiarán a la difusión de sus ideas: en este caso, verbigracia, impidiendo que Prisa despida a Escolar para que éste pueda continuar divulgándolas desde la Ser. Pero lo cierto es que los controles estatales son armas de doble filo: del mismo modo que en algunos momentos te pueden beneficiar, en otros te pueden perjudicar gravemente. Por ejemplo, en un país con mayoría electoral de derechas, ¿no correrían los periodistas de izquierdas el riesgo de ser excluidos democráticamente de los medios de comunicación? O, a la inversa, en un país con mayoría electoral de izquierdas, ¿no correrían idéntica suerte los periodistas de derechas? Es decir, con controles estatales/democráticos de los medios de comunicación, ¿no cabría la posibilidad de que las mayorías gobernantes hubiesen impuesto el cese de Escolar incluso antes que Cebrián y que hubiesen vetado su presencia no solo en Prisa sino en cualquier otro medio de comunicación? Por supuesto que sí: de hecho, la gestión que se efectúa de las televisiones públicas —gestión que refleja las contingentes mayorías electorales— nos proporciona indicios bastante inquietantes del sectarismo y del abuso de poder que tendería a preponderar en un medio al albur de una determinada mayoría ideológica.

Frente al arbitrario, centralizado y omnipresente control estatal de los medios de comunicación, el liberalismo siempre ha planteado la razonable alternativa de la libertad de prensa: libertad de prensa entendida como el derecho a expresarte desde cualquier plataforma de comunicación propia sin ningún tipo de coerción externa. Siendo así, la libertad de prensa no podrá garantizar que nadie gestione arbitrariamente su propia plataforma de comunicación: al contrario, la libertad de prensa consistirá en el derecho a gestionarla arbitrariamente sin dar explicaciones ni pedir permiso a nadie (el derecho a decir y a escribir lo que queramos, con o sin razón para ello). En este sentido, determinar qué tipos de mensajes se difunden —o quién los difunde— a través de tu plataforma de comunicación formará parte irrenunciable de esa libertad de prensa: que a mí me obliguen a transmitir mensajes o ideas con las que no concuerdo es una interferencia coactiva equiparable a que me prohíban transmitir los mensajes o ideas con los que sí concuerdo.

Por consiguiente, Prisa tiene todo el derecho del mundo a despedir a Ignacio Escolar, y así debe seguir siendo: que Prisa tenga el derecho a despedir a Ignacio Escolar —o a cualquier otro periodista— es algo bueno en tanto en cuanto es una exteriorización irrenunciable de la libertad de prensa… por mucho que la decisión de despedirlo pueda parecernos mala o incorrecta. Análogamente, Ignacio Escolar tiene todo el derecho del mundo a gestionar Eldiario.es como considere oportuno: puede establecer qué tipos de noticias se publican y cuáles no, a qué tipo de articulistas se contrata y cuáles no y, en definitiva, cuál es y cuál no es su línea editorial. Lo contrario —que cualquiera de nosotros pueda obligar a Ignacio Escolar a que nos incluyera como articulistas en su medio o que, habiéndonos incluido, nos mantenga indefinidamente— constituiría una vulneración de su libertad de prensa.

Justamente, la ventaja de la libertad de prensa reconocida a todas las personas es que, como cualquiera tiene derecho a convertirse en un canal de comunicación (y, en la era de internet, cualquiera tiene los medios para hacerlo), nuestro derecho a expresarnos no depende esencialmente de la arbitrariedad ajena. Si alguien no nos deja expresarnos a través de su plataforma de comunicación, podemos seguir expresándonos en nuestra propia plataforma de comunicación o en alguna de las muchas que preponderarán en una sociedad abierta. Ciertamente, una plataforma de comunicación puede disfrutar de mucha más audiencia que otra, pero las audiencias no son propiedad de nadie y, en tanto se las maltrate en un lado, bien pueden refugiarse en otro donde se les brinde un mejor trato. Sin ir más lejos, Ignacio Escolar es el director de uno de los periódicos digitales más leídos en España: una tendencia que, tras su despido, probablemente termine reforzándose a costa del mayor descrédito de Prisa.

En definitiva, la libertad de prensa no se salvaguarda sometiendo a los medios al control estatal o de las mayorías democráticas: se salvaguarda reconociendo a cada ser humano una esfera de autonomía —frental Estado y frente al resto de ciudadanos—para que se exprese como guste desde las plataformas de comunicación que a tal efecto haya constituido. Lo anterior no es incompatible —al contrario, es muy compatible— con que cada uno de nosotros podamos valorar, desde nuestras propias plataformas comunicativas, el uso que de esa libertad de prensa están efectuando otros: de hecho, esa crítica descentralizada constituye en sí misma un control social disperso que, sin vulnerar la libertad de expresión de nadie, sí lo somete a una supervisión pública frente al resto de la sociedad. En definitiva, Prisa puede despedir a Ignacio Escolar y el resto podemos aplaudir, deplorar, premiar o penalizar tal decisión. Y es bueno que así siga siendo: una cosa es el descontento que puede generarnos un comportamiento ajeno y otra es querer restringir la libertad de expresión ajena para imponer coactivamente nuestras preferencias.

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