Apenas cuatro cifras bastan para ilustrar la gran distorsión que para nuestra economía supone la dualidad del mercado de trabajo derivada de una legislación laboral muy intervencionista: en el primer trimestre de 2006, en plena burbuja inmobiliaria, el número de ocupados con contrato indefinido en España era de 10.593.000, mientras que en el tercer trimestre de 2013, en lo más profundo de nuestra crisis, era de 10.601.000. Por el contrario, el número de contratos temporales en los tres primeros meses de 2006 alcanzaba los 5.295.000, mientras que en 2013 han caído hasta los 3.010.000. Claramente, pues, existe un fortísimo sesgo a despedir al trabajador temporal antes que al que tiene un contrato indefinido.

El motivo es claro: los costes del despido son en un caso desproporcionadamente más elevados que en el otro, de manera que los platos rotos siempre los acaba pagando el mismo. Recordemos que antes de la reforma laboral, la indemnización por despido era de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, mientras que la del temporal era de 12 días por año. Las diferencias son abismales. Supongamos que en una empresa hay dos trabajadores: uno lleva 30 años en la empresa con un sueldo de 2.000 euros y se ha vuelto muy poco productivo; el otro, que apenas lleva medio año, percibe 1.000 euros mensuales y está muy motivado para realizar sus tareas. Si vienen mal dadas y el empresario ha de prescindir de uno de los dos, lo lógico sería que optara por el primero: su salario es el doble y su productividad muy inferior. Sin embargo, las leyes laborales prácticamente determinaban que tendría que prescindir del segundo: la indemnización del trabajador indefinido era de 84.000 euros mientras que la del temporal apenas ascendía a 200 euros.

No es necesario insistir en los muy notables perjuicios que esta práctica supone para una economía –merma interna de la productividad y salarios artificialmente elevados que abocan a muchas empresas a la quiebra– ni en la relación que ello guarda con el elevadísimo desempleo juvenil –la mayoría de trabajadores con contrato temporal son jóvenes–. Sólo es necesario apuntar que la reforma laboral, pese a reducir los costes del despido, no ha puesto fin a tal distorsión: primero, porque la modificación en el caso de los despidos improcedentes no era retroactiva (de modo que las obligaciones de indemnización devengadas hasta 2012 siguen tal cual) y segundo porque la pretendida generalización del uso del despido por causas económicas (con 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades) está siendo abortada por muchos juzgados de lo social. El resultado es que desde marzo de 2012 a marzo de 2013, la ocupación indefinida ha caído en 385.000 personas (un 3,5% del total), mientras que la temporal lo ha hecho en 414.000 (un 12%); el sesgo sigue siendo evidente.

Posibles soluciones

Ante esta situación existen diversas soluciones. La primera esprohibir todos los contratos temporales, de manera que el conjunto de los ocupados deban someterse a idénticas indemnizaciones por despido. Esta medida, sin embargo, no soluciona el problema de fondo: los indefinidos con más tiempo dentro de la empresa serán mucho más caros de despedir que los recién llegados. Y, además, genera otros problemas, como volver el mercado laboral todavía más rígido de lo que ya es: si una empresa tiene una necesidad transitoria de un trabajador temporal, contratarlo y despedirlo le saldrá aproximadamente un 10% más caro (por cada mes trabajado, el empleado tiene derecho a cobrar casi tres días en concepto de indemnización).

La segunda posibilidad es la de generalizar un contrato único con indemnización creciente. Todos los contratos comienzan siendo indefinidos pero con indemnizaciones muy reducidas que van aumentando conforme pasan los años. Esta fórmula tiene la ventaja, frente a la anterior, de que las bajas indemnizaciones iniciales no perjudican la contratación que sólo tiene un carácter puramente temporal. Sin embargo, tampoco solventa el problema de la dualidad: aquellas personas que permanezcan mucho tiempo en la empresa siguen siendo mucho más costosos de despedir que los recién llegados. De hecho, dentro del marco del contrato único, la dualidad sólo puede solventarse con una de estas dos fórmulas: o rebajando de manera muy considerable el coste del despido (hasta volverlo asumible para el empresario) o con el famoso modelo austriaco (el empresario va provisionando mes a mes para el eventual despido de trabajadores, de manera que, llegado el caso, no le supone ningún gasto adicional).

Hay, sin embargo, una tercera posibilidad: el contrato libre. Los contratos son ley privada entre partes: su función es la de regular las circunstancias particulares buscando acuerdos que sean mutuamente beneficiosos. La unicidad va en contra del espíritu de los contratos, pues estos no aspiran a ser universales y homogéneos (para eso está la ley) sino específicos y muy variados. Cada elemento de un contrato es susceptible de ser negociado y adaptado a las necesidades de las partes. También su indemnización en caso de rescisión unilateral.

En este sentido, la ventaja de un contrato libre es que cada trabajador visualiza mucho más claramente el coste de las distintas prestaciones alternativas que está demandando –más indemnización por despido puede implicar un menor salario o una mayor jornada laboral– y elige en consecuencia entre ellas. A su vez, el empresario hace lo propio: puede incluir excepciones que protejan la situación de la empresa en casos de crisis profunda, negociar indemnizaciones distintas según el perfil del trabajador (aquellos que sepa que jamás querrá despedir podrá prometerles altas indemnizaciones; a aquellos otros sobre los que tenga serias dudas, no) y proponer la flexibilización de otras cláusulas contractuales (cambios de salario, horarios, vacaciones, etc.) ante ciertos casos críticos con tal de evitar el despido.

Ciertamente, el contrato libre, al igual que el único, no evitaría todos los casos de dualidad –pues aquellos que hubiesen negociado un contrato muy reforzado contra el despido seguirían estando protegidos–, pero sí se la reconfiguraría de un modo significativo: la protección contra el despido en tiempos de crisis tendría un precio que en tiempos de bonanza pagarían (mediante menores salarios) quienes se quisieran beneficiar de ella. La casuística sería mucho más amplia, variada y, sobre todo, adaptativa que el modelo actual de universalización por la fuerza de una solución única y no matizable para todos.

En suma, un contrato libre no acabaría con toda la dualidad pero sí la volvería en gran medida irrelevante: el despido sería sólo la última salida tras una serie de ajustes previos mucho más flexibles, y en todo caso, la extinción de la relación laboral se efectuaría según los heterogéneos términos que cada empleado y empresario pactaron como mutuamente provechosos. Lo cierto es que el único contrato que necesitamos no es el único, sino el libre.

En momentos de recesión suele afirmarse que la política monetaria tiene que ser “expansiva”, entendiendo como tal que el banco central extienda a la banca privada cantidades ingentes de crédito a tipos de interés irrisorios; de este modo se espera que, a su vez, la banca privada haga lo propio con familias y empresas para que éstas puedan gastar a conciencia, reanimando así la economía. La semana pasada ya tuvimos ocasión de exponer las principales carencias de este buenista argumentario: en medio de una depresión deflacionista como la española, es harto dudoso que, primero, se consiga incentivar endeudamiento adicional alguno entre familias o empresas (pero no por estar en una trampa de la liquidez); y, segundo, aun cuando se lograra, las consecuencias a medio plazo serían desastrosas: promover el sobreendeudamiento a largo plazo para acometer proyectos de bajísimo rendimiento sólo nos arrastraría a una situación muy parecida a la actual.

Con estos antecedentes, no es de extrañar que todos aquellos que no deseamos una salida en falso de la crisis, sino una corrección en profundidad de los muchos desequilibrios estructurales que arrastra, nos opongamos a este tipo de políticas monetarias expansivas: simplemente, la misión del banco central no es la de combatir un exceso de deuda de mala calidad acicateando la acumulación de nueva deuda de pésima calidad. Ahora bien, existe otra posible acepción de política monetaria expansiva a la que no deberían ser especialmente adversos los partidarios de una economía saneada y que, además, podría resultar harto beneficiosa para la recuperación.

La función tradicional del banco central

Los grandes teóricos decimonónicos de la banca central –por ejemplo, Henry Thornton o Walter Bagehot– coincidían en la necesidad de que ésta contribuyera a atajar los pánicos financieros garantizando a los agentes solventes el acceso a la liquidez. Su propósito no era el de reinflar ninguna burbuja ni el de promover ninguna nueva ronda de sobreendeudamientos especulativos, sino el de estabilizar la situación financiera para que los reajustes de fondo siguieran su curso evitando entrar mientras tanto en lo que, con posterioridad, se conoció como “contracción secundaria”: básicamente, que la incertidumbre sobre las posibilidades de acceso a la liquidez no fueran de tal calado que provocaran una completa parálisis de casi toda actividad comercial.

Bagehot, por ejemplo, defendía que un banco central, en momentos de pánico, debía proporcionar financiación ilimitada a los agentes económicos bajo dos condiciones: a) tipos de interés más elevados que los del mercado, b) colaterales de buena calidad que no acarrearan riesgos de pérdida para el instituto emisor (por lo general, crédito comercial a corto plazo). Nótese que, como decíamos, el objetivo de Bagehot no era el de inducir a los agentes a que volvieran a endeudarse masivamente a largo plazo para así relanzar el gasto agregado. No: el inglés se limitaba a reclamar que no se viera interrumpido el acceso a la liquidez a los agentes solventes, aun a costa de penalizar ese acceso garantizado con elevados tipos de interés. La cuestión, pues, no era subvencionar y promover el endeudamiento, sino evitar que un pánico se llevara por delante todo un sistema que, como el crediticio, depende en gran parte de la confianza de sus partícipes.

En este sentido, el Banco Central Europeo debería estar comportándose según estas directrices tradicionales de la banca central: oferta potencial de crédito ilimitado a tipos de interés por encima de los del mercado para aquellas deudas comerciales a corto plazo sobre cuyo repago no existan dudas. Dentro de esos límites, la actuación del banco central no conlleva ni tensiones inflacionistas, ni la acumulación de nueva deuda mala. El banco central se limita a adelantar un cobro que terminará por producirse pero que, en el ínterin, podría abocar a la iliquidez (y a la correspondiente reestructuración) a un acreedor que no puede esperar a cobrar y que tampoco puede descontar ese efecto comercial en los bancos privados. Dicho de otro modo: el banco central no financia las inversiones a largo plazo de los agentes económicos (eso es necesario hacerlo con ahorro a largo plazo), sino que sólo asegura el correcto funcionamiento de un sistema de cobros y pagos cuyo control último, no en vano, él mismo monopoliza.

Fijémonos cuán distinta sería la actuación de un banco central que se sometiera a estas directrices frente a la desastrosa gestión de los bancos centrales actuales: por un lado, el instituto emisor se limitaría a descontar papel comercial a corto plazo (en lugar de refinanciar a un sistema bancario altamente ilíquido o de monetizar las emisiones de deuda pública a largo plazo); por otro, los beneficiarios de su crédito no serían políticos y banqueros manirrotos, sino empresarios solventes que, por culpa de esos políticos y banqueros manirrotos, han perdido temporalmente su acceso al mercado; y, por último, gracias a la exigencia de altos tipos de interés, el banco central sería un verdadero prestamista de última instancia focalizado en evitar un pánico financiero, y no un azuzador de primera instancia a la hora de promover sobreendeudamientos masivos entre los agentes.

Los planes del BCE

En España, por ejemplo, el riesgo de que el país abandone el euro, así como las malas perspectivas generales de la economía y la infracapitalización de nuestros bancos, muchas pymes se ven abocadas a la suspensión de pagos por la simple imposibilidad de adelantar el cobro de sus créditos comerciales: esto es, por su iliquidez y no insolvencia. Es verdad que toda economía tiene capacidad de readaptarse a cambios súbitos y estructurales de la liquidez de sus agentes (por ejemplo, si yo cobro más tarde mis facturas, puedo tratar también de forzar un pago más tardío de las mías), pero el proceso suele ser traumático: muchas empresas mueren en el intento y, además, la iliquidez tiene hasta cierto punto un efecto autoagravante (todos los agentes intentan construir sus posiciones de liquidez a costa de degradar las del resto). De ahí que sería muy positivo que el Banco Central Europeo, como parece estar estudiando, sí abriese un programa de descuento de papel comercial de calidad del que se pudiesen beneficiar las pymes españolas solventes: crédito ilimitado para su circulante (que no para su financiación de nuevas inversiones) a altos tipos de interés para que, mientras tanto, puedan completar su muy necesaria reestructuración productiva y financiera de fondo.

En el fondo, lo que todo ello acredita es una corrupción absoluta de los propósitos de una política monetaria expansiva: lejos de extender crédito sólo contra activos a corto plazo de calidad (despreocupándose a priori de la cantidad) se obceca en monitorizar, con tipos de interés artificialmente bajos, una explosión de la cantidad de endeudamiento a largo plazo (despreocupándose a priori de su calidad). Lo que importa no es “la cantidad” de medios de pago sino la calidad de las deudas que los hayan alumbrado.

No digo que esta propuesta de política monetaria expansiva centra en la cantidad de los activos comerciales sea ajena de riesgos: discriminar entre compañías deudores solventes e insolventes no es tan sencillo como podría parecer a priori, y más para un banco sito en Frankfurt con nulos conocimientos de la realidad local de nuestras pymes. Sin embargo, no sólo existen márgenes de seguridad que podría, y debería, imponer el BCE para blindarse del riesgo de pérdida, sino que, en el fondo, se trata de una provechosa actividad empresarial que, como todas, lleva asociado su inexorable margen de riesgo (de ahí que resultara preferible que el banco central no fuera un monopolio estatal, sino compañías privadas en competencia). Lo que desde luego no tiene ningún sentido es cómo se está comportando ahora el Banco Central Europeo: favoreciendo indirectamente el sobreendeudamiento del sector público a costa de asumir altísimos riesgos para lograr nulas ventajas en el conjunto de la economía. Esperemos, pues, que el BCE comience a preocuparse más por asegurar la posibilidad del cobro adelantado las deudas sanas y mucho menos por incentivar la creación de nuevas deudas insanas.

Acostumbrados como estamos a escuchar que, si la economía embarranca, los gobiernos tienen que empujar del carro gastando más en lo que sea y que los bancos centrales tienen que tirar de él reduciendo los tipos de interés, uno entiende el regocijo que sienten muchos ante la noticia de que el BCE ha minorado sus tipos de interés un cuarto de punto hasta dejarlos en el 0,5%. Déjenme darles un baño de realismo: los tipos de interés del Banco Central de Japón llevan en el 0% desde 1999, con los magníficos resultados que todos pueden observar. Quizá convenga, antes de comenzar a tirar cohetes, explicar someramente el proceso por el que los tipos de interés del BCE podrían llegar a influir el gasto empresarial o familiar.

Los únicos beneficiarios: gobiernos y bancos

Primero, el endeudamiento privado de un país sólo puede aumentar si familias o empresas quieren endeudarse. Los empresarios comparan el tipo de interés al que pueden financiarse (ya sea a través de los bancos o del mercado de bonos) con la rentabilidad que esperan obtener invirtiendo ese capital, y si la rentabilidad corregida por el riesgo supera ese tipo de interés, entonces asumen la deuda e invierten. Las familias, por otro lado, comparan la utilidad (o el ahorro monetario) que derivan de adelantar su consumo futuro y, si esta es mayor que el tipo de interés al que pueden endeudarse, toman el crédito. Ahora bien, y precisamente por todo lo anterior, si la rentabilidad de las inversiones o la utilidad de adelantar el consumo futuro son nulas o muy inferiores al tipo de interés, no habrá nuevo gasto basado en deuda. Lección inicial: es la demanda de crédito la que mueve todos los procesos de endeudamiento. “Se puede llevar al caballo al río (ofrecer buenas condiciones crediticias), pero no se le puede obligar a beber (forzar a que tome el crédito)”.

Segundo, el tipo de interés al que pueden endeudarse familias y empresas no es, ni mucho menos, el tipo de interés que fija el BCE, sino el tipo que les ofrecen los bancos privados o los mercados de capitales. El tipo que establece un banco central es aquel al que pueden refinanciarse a corto plazo los bancos privados, pero éstos no tienen por qué transformar ese tipo al que se endeudan a corto plazo por el tipo al que ofrecen crédito a largo plazo a familias y empresas. En ocasiones, el diferencial entre ambos es muy estrecho, de modo que la transmisión de la “política monetaria” es bastante inmediata. En otras ocasiones, como la actual, el diferencial es muy amplio debido a que la debilitada posición financiera del banco y, sobre todo, el alto riesgo que implica para la banca extenderle crédito a un sector privado en plena depresión, de manera que las bajadas de tipos del BCE apenas tienen repercusión alguna sobre las tasas ofrecidas por los bancos a los agentes privados. Lección segunda: si la banca se niega a cometer la imprudencia de endeudarse a corto plazo con el BCE y prestar a largo plazo, la política monetaria del banco central a la hora de promover tipos más bajos para familias y empresas será estéril.

En España, ahora mismo, ambas restricciones se hallan plenamente operativas: ni familias y empresas encuentran abundantísimas oportunidades de ganancia como para cargar con nueva deuda sus ya saturadas espaldas, ni los todavía infracapitalizados bancos patrios tienen capacidad o voluntad de prestar a un sector privado español que sigue siendo de alto riesgo. La reducción de tipos del BCE y la promesa de una provisión ilimitada de crédito para entidades financieras hasta al menos 2014 sólo servirán, por consiguiente, para beneficiar a aquellos dos agentes a los que siempre ha privilegiado un banco central: entidades financieras y gobiernos. Las primeras verán rebajar sus costes financieros (ensanchando su cuenta de resultados con cargo al envilecimiento de la moneda europea) y los segundos experimentarán una cierta moderación de sus tipos de interés (pues los bancos privados sí están, por lo general, dispuestos a seguir extendiéndoles crédito a las condiciones algo más favorables del momento). En la medida en que, además, los Estados se tomen está relajación monetaria como un impulso a perpetuar sus desequilibrios presupuestarios (esto es, en la medida en que los gobiernos busquen endeudarse a un ritmo todavía mayor que el actual), el euro tenderá a depreciarse frente al resto de divisas, de manera que ya podemos afirmar que Draghi nos mete de lleno en la pauperizadora guerra de divisas global.

Por una nueva burbuja

Los habrá, claro, que juzguen necesario que el BCE, en lugar de prestar a los bancos para que estos, a su vez, lo hagan a familias y empresas, extienda crédito directamente al sector privado al 0,5%. De este modo, dirán, se salvará el segundo escollo para que la política monetaria del banco central funcione: la renuencia a de la banca privada a trasladar esas laxas condiciones a sus préstamos empresariales o al consumo. Lástima que el asunto no sea ni mucho menos tan sencillo. ¿Puede el BCE discriminar entre los millones de familias y empresas solventes y los millones insolventes? ¿O en cambio se propone que preste a todas ellas sin preocuparse por la morosidad? ¿Acaso no supone ello volver al modelo de las subprime, los ninja, las preferentes y demás calamidades (presta y no a quién)? ¿Socializamos las milmillonarias derivadas de esta imposible diligente gestión del BCE entre todos los europeos?

Es más, si el BCE ofreciera financiación ilimitada a familias y empresas al 0,75%, ¿qué tipo de economía creen ustedes que estaríamos alumbrando? Si familias y empresas tomaran ese crédito abaratado, comenzarían a endeudarse mucho más de lo que ya lo están para ejecutar proyectos de bajísimo rendimiento. Planes de negocio con rentabilidades de apenas el 1% o el 1,5% serían aceptados e implementados. A medio plazo, viviríamos un boom crediticio artificial (una nueva burbuja de prosperidad ficticia asentada en el endeudamiento); a largo plazo, sentaríamos las bases para padecer una economía hiperapalancada y de bajísimo rendimiento: una economía moribunda y zombificada.

Pero tranquilos: nada de lo anterior pasará porque ya ha sucedido. Ya tenemos una economía hiperapalancada y de bajísimo rendimiento debido a las reducciones artificiales de tipos que propició el BCE a partir de 2002. No hay margen para reinventarnos en ese desastre.  Lo llamativo, con todo, es que los mismos que aplaudieron entonces sigan jaleando al BCE ahora para que suceda exactamente lo mismo que hace una década. Ni aprendemos ni, lo que es peor, queremos aprender.

Es difícil hallar calificativos para el desastre económico que suponen las cifras de desempleo. No ya sólo por el drama vital de (cada vez más) millones de personas en paro, sino por cómo va a terminar hipotecando el futuro de nuestro país en forma de trabajadores escasamente productivos debido a su nula experiencia laboral previa o a su progresiva pérdida de aptitudes por verse incapacitados a desplegarlas en su campo profesional. No es, desde luego, algo novedoso, pues el país lleva desde 2010 con una tasa de paro por encima del 20%, pero sí es una lacra que no ha dejado de empeorar desde entonces y, sobre todo, que se está convirtiendo en una plaga endémica.

Incertidumbre y Estado

Pero las altísimas cifras de paro que estamos padeciendo conllevan un problema añadido que termina por complicar definitivamente la cuestión y por arrastrarnos a un círculo vicioso de difícil salida. El elevado desempleo estructural es una de las fuentes de mayor incertidumbre personal que puede padecer un individuo y la incertidumbre (sobre todo en sociedades hiperestatalizadas como la nuestra, donde los ciudadanos apenas gozan de medianos patrimonios que les permitan resistir tan aciagos momentos) suele ir asociada a intensas peticiones de una mayor intervención estatal dirigida a aplacarla.

En una depresión deflacionaria como la actual, esa intervención tiende a ir dirigida o a impulsar planes expansivos del gasto que permitan colocar a los desempleados “en lo que sea” o a imponer todo tipo de rigidices y restricciones en los mercados para impedir cambios en las condiciones laborales de aquellos “privilegiados” que mantienen su empleo. Y si nada de lo anterior puede incrementarse de manera masiva, la presión social suele ir orientada a, al menos, conservar las intervenciones existentes.

España se encuentra precisamente en este último caso. El país se halla cerca de la bancarrota financiera y social, pero las reformas y los ajustes imprescindibles para salir adelante todavía están pendientes de aprobación: el déficit sigue superando los 70.000 millones de euros, el empleo público aún requiere de un ajuste adicional de unas 400.000 personas, la dualidad del mercado de trabajo permanece casi intacta, no se ha roto ni uno solo de los múltiples oligopolios sectoriales de los que viven muchísimos profesionales, las fraudulentas pensiones públicas que han devenido la única fuente de ingresos en muchas familias son absolutamente insostenibles, etc.

Se mire por donde se mire, el país no es viable en su forma actual, pero el drama del desempleo es de tal magnitud que pocos son los dispuestos a beber el amargo trago de las reformas y de los ajustes necesarios para volver a crear riqueza saneando los destrozos de la triple burbuja que padecimos. Y el primero que no quiere y que lleva resistiéndose a hacerlo desde el primer día es nuestro socialdemócrata Gobierno rajoyesco: las salvajes subidas de impuestos que hemos padecido y que han laminado a millares de empresas fueron una forma de minimizar “el impacto social” de los recortes, redistribuyendo sus costes; y las reformas aprobadas han tenido un carácter meramente cosmético (con la muy parcial, y en sí misma insuficiente, excepción de la reforma laboral), pensadas más para satisfacer a la burocracia bruselense que a las empresas españolas.

Asistencia en lugar de creación de riqueza

Lejos de tratar de alcanzar una economía que genere riqueza de un modo autosuficiente, el Gobierno y una parte muy importante de la sociedad están intentando conservar un insostenible Estado asistencial que reduzca los rigores de la crisis. El objetivo ambicionado, por consiguiente, no es sacar adelante toda una batería de reformas que permitan corregir los desequilibrios que, seis años después de estallar la crisis, todavía seguimos arrastrando, sino contentar a nuestros acreedores dándonos una capa de maquillaje para que así nos sigan prestando fondos y podamos seguir tirando unos cuantos meses más.

Pero, ¿hasta cuándo? Porque eso es justamente lo que no queda muy claro. El Gobierno parece confiar en una recuperación a lo largo de la segunda mitad de legislatura, de modo que no habría motivo para enemistarse más con los ciudadanos promoviendo medidas impopulares. Y muchos de esos ciudadanos sólo se preocupan –como es lógico– de su suerte individual: hay que postergar cualquier reforma y ajuste que pueda afectarles de lleno hasta, como mínimo, que encuentren un trabajo. El problema es que ni unos ni otros parecen darse cuenta de que las reformas y los ajustes en profundidad son precondición para que ambas cosas puedan suceder, lo cual nos lleva a que los razonables miedos y el menos razonable apego al Estado que suscita el desempleo tiende a dificultar las reformas necesarias y, por tanto, a autoperpetuarse.

En cualquier otro ámbito de nuestras vidas somos conscientes de que los giros copernicanos suelen resultar más necesarios y apropiados a la hora de enfrentar situaciones personales o profesionales desesperadas. Y es de sentido común: cuando algo te va muy mal es porque algo estás haciendo muy mal y, por tanto, cuando has de afrontar cambios más radicales. En política, sin embargo, nuestros gobernantes y gobernados toman la crisis no como el síntoma inequívoco de que no podemos perseverar en las equivocaciones que nos han conducido hasta el desastre (sobreendeudamiento, economía anticompetitiva, hipertrofia financiera, Estado niñera…) sino como justificación de que hemos de evitar corregirlos o, incluso, de que conviene catalizarlos para minimizar las dañinas consecuencias de la crisis. Pero, por ese camino, los daños no sólo no se minimizan, sino que se convierten en estructurales hasta que el sistema revienta y, entonces, los cambios se imponen por la fuerza de los hechos.

Por desgracia para España, hace tiempo que renunciamos a volvernos una economía generadora de riqueza y nos obsesionamos con conservar un Estado asistencial que nos permita resistir la crisis sin fracturas sociales. He ahí el resultado de preferir un estancamiento cohesionado a una recuperación dolorosa: al final, nos hemos quedado con un estancamiento doloroso del que cada vez cuesta más salir. Cerramos marzo con 6,2 millones de parados: 6,2 millones de parados que nadie tomará como la mejor razón para liberalizar verdaderamente el país y achicar su infinanciable Estado, sino para todo lo contrario. Esa es nuestra paralizante tragedia.

Hace unos diez días, una comisión de Hacienda del Parlamento alemán acudió a España para indagar acerca de la situación de nuestro país. Una de las diversas entrevistas la concertaron con un servidor en la sede del Instituto Juan de Mariana: eran seis personas, un representante de cada partido y el presidente de la comisión, que me inquirieron por cuál había sido el proceso que había conducido a que la economía española terminara hecha unos zorros.

Mi explicación, desarrollada en mi libro Una alternativa liberal para salir de la crisis, es bien sencilla: desde el año 2001, España ha padecido tres burbujas, la financiera, la productiva y la estatal. No se trata de tres burbujas que se hayan dado todas a la vez por simple casualidad o por fatalidades del destino, sino que cada una de ellas ha ido generando a la siguiente.

La burbuja financiera se originó por culpa de nuestro privilegiado sistema financiero, capaz de expandir y abaratar artificialmente su provisión de crédito merced a la asistencia continuada que le proporciona un monopolio público: el Banco Central Europeo. Los tipos de interés en la zona euro se desplomaron a mínimos históricos, lo que alimentó el sobreendeudamiento de familias y empresas españolas con cargo a la financiación de unos bancos españoles que, a su vez, vivían enchufados a la provisión de crédito de los bancos alemanes y franceses (que a su vez se nutrían de las facilidades de financiación del BCE). El siniestro resultado: en siete años, los pasivos financieros de nuestras familias y empresas se triplicaron.

Fue así, justamente, cómo se desató la burbuja productiva. El crédito barato comenzó a inundar la economía, especialmente por el coladero de la industria del ladrillo. Las hipotecas y los préstamos a promotores dispararon la actividad y el empleo en la construcción, lo que a su vez propulsó el consumo y la inversión (a crédito) en el resto de sectores. El PIB pasó a crecer con una fuerza jamás soñada e incluso nuestros políticos pronosticaban que en un par de añitos íbamos a estar a la vanguardia europea en materia de renta per cápita. La inflación, derivada de la artificial demanda crediticia, se dejó sentir con fuerza, especialmente en los activos inmobiliarios y bursátiles, pero también terminó trasladándose a los precios de nuestras mercancías y a sus costes salariales (que, en términos nominales, aumentaron prácticamente el doble que en el centro de Europa), en merma clara de nuestra competitividad (por mucho que entonces no lo notáramos tanto, debido a que el resto del mundo también vivía sumergido en la falsa prosperidad de la burbuja crediticia).

La infundada euforia del sector privado terminó, cómo no, trasladándose al sector público: entre 2001 y 2007, los ingresos de las Administraciones Públicas se expandieron en 175.000 millones de euros, lo que les permitió incrementar el gasto público en 150.000 millones de euros sin despeinarse e incluso alardeando de una inexistente austeridad; inexistente, claro, porque se gastaba a manos llenas con cargo a la participación impositiva en un insostenible sobreendeudamiento privado. En Grecia, dado que familias y empresas no se endeudaron con fuerza, el sector público tuvo que emitir grandes cantidades de pasivos para poder aumentar masivamente sus desembolsos; en España, nuestros mandatarios se ahorraron el emitir deuda porque el sector privado lo hacía en su lugar, limitándose ellos a rapiñar una porción de esos pasivos. Ahí tenemos, pues, la burbuja estatal, resultado de la financiera y la productiva.

La solución no aplicada

Obviamente, una vez pinchó la burbuja financiera (la era del crédito artificialmente barato y abundante) también lo hizo la productiva/inmobiliaria y, a su vez, la estatal. En 2008 tocaba, pues, proceder a sanear los destrozos derivados de estas tres burbujas: el hiperendeudamiento privado que, por la senda de los impagos, amenazaba con tumbar y descapitalizar a la banca española; un modelo productivo inane e incapaz de generar riqueza sin recurrir a pelotazos crediticios, y una estructura estatal sobredimensionada e infinanciable por un sector privado moribundo. ¿Cómo hacerlo? Desde luego, no agravando ninguno de los desequilibrios que debían solventarse.

La burbuja financiera debería haberse saneado no socializando las pérdidas hacia los contribuyentes, sino aplicando un bail-in sobre sus acreedores (incluyendo las cajas alemanas), esto es, trasladándoles las pérdidas a quienes sufragaron esta burbuja. La burbuja estatal debería haberse saneado con una reducción de 135.000 millones de euros anuales en el gasto público, y no por la vía de machacar a impuestos a unas familias y empresas que ya arrastraban (y siguen arrastrando) sus propios problemas. Y, por último, la burbuja productiva debió sanearse fomentando el ahorro, liberalizando la economía y, en suma, permitiendo que los empresarios invirtieran en un entorno jurídico y financiero estable para edificar nuevas industrias donde pudiesen obtener alta rentabilidad; y no con absurdos planes “de estímulo” dirigidos a colocar a unos miles de personas a “hacer cualquier cosa”. Como ven, PSOE y PP han hecho lo contrario de lo que debíamos: tocaba bajar impuestos, reducir gasto, eliminar el déficit, no socializar pérdidas y liberalizar la economía, y hemos subido impuestos, mantenido el gasto a niveles de la burbuja estatal, maquillado el déficit, socializado pérdidas y conservado el grueso de nuestros millares de regulaciones varias. Hemos perdido cinco años durante los cuales la situación de la economía real se ha deteriorado al tiempo que hemos acumulado mucha más deuda pública que cada día nos asfixia más. De ahí, por tanto, que no sea demasiado optimista acerca de nuestro futuro.

Resulta curioso que, de toda esta narrativa, el parlamentario socialista se sorprendiera, con razón, por el colosal aumento del gasto público entre 2001 y 2007 (a este respecto, les recordé que si lo hubiésemos congelado durante esas fechas, tal como hizo Alemania, hoy tendríamos equilibrio presupuestario) y que, a su vez, el representante de Los Verdes mostrara su oposición a que nuestros bancos españoles fueran rescatados con dinero de los contribuyentes cuando existía la razonable alternativa de un bail-insobre los acreedores privados (entre los que se encontraban sus cajas). Es decir, y por mucho que la corrección teutona no lo explicitara en tales términos, la izquierda alemana se extrañaba de que la “derecha” española fuera tan abiertamente antiliberal y anticapitalista como para subir los impuestos a niveles nórdicos en lugar de meter en vereda el gasto estatal o como para malversar el dinero de los contribuyentes reflotando a entidades quebradas cuando podrían haberse concentrado las pérdidas en sus acreedores.

Desconozco qué impresión conjunta se llevaron los parlamentarios germanos de sus distintas visitas a España. Sabido es que Cristóbal Montoro, ministro poco aficionado a la verdad, intentó venderles la burra pocos días después de que descubriéramos sus enjuagues con el déficit. Confío en que no mordieran el anzuelo: al menos, que no nos aplaudan desde fuera mientras nuestros politicastros nos conducen hacia el colapso.

En Economía se suele hablar de “velo monetario” para referirse al enmascaramiento de las transacciones reales que favorece el uso del dinero: en el fondo, como ya supo ver Say, todo intercambio se realiza entre mercancías, siendo el dinero sólo uno de los instrumentos que facilita y acelera esas transacciones reales. El velo monetario ha sido, en ocasiones, usado perversamente para encubrir redistribuciones arbitrarias de la producción aduciendo que sólo afectaban al valor de la moneda (por ejemplo, cuando se recurre a la inflación para reducir los salarios reales o para minorar el ahorro de los ciudadanos).

Jubileo

A día de hoy, sin embargo, existe otro que se está empleando con mucha más demagogia por parte de las distintas corrientes populistas: el velo bancario. Dado que padecemos una crisis provocada por el torrente de endeudamiento barato alentado por el ‘hiperprivilegiado’ sistema bancario, es lógico que buena parte de las soluciones con mayor arraigo ciudadano sea la de no pagar las deudas. Pocas cosas se antojan más sencillas que un jubileo de la deuda. Sólo hay un inconveniente: toda deuda tiene dos partes, la del deudor y ‘la del acreedor’. Las deudas (o los créditos) son la manifestación de intercambios incompletos: una parte le ha entregado bienes a la otra (acreedor), pero esa otra todavía no ha cumplido con su parte del intercambio (deudor). Un ‘simpa’ de deudas implica que el acreedor se quedará sin la contraprestación que le prometió el deudor: él habrá entregado sus bienes, pero no habrá recibido los comprometidos a cambio. Sería algo así como ir a comprar al supermercado sin pagar.

Dado que nuestra sociedad aún no ha llegado a un punto de involución social de no retorno, esto es, dado que el ciudadano medio sigue entendiendo la necesidad de que los contratos voluntariamente suscritos se cumplan, todavía existe una razonable y generalizada oposición a que las deudas dejen de pagarse sin más; sobre todo cuando deudor y acreedor no sólo están claramente identificados, sino que, en distintos momentos de nuestra vida, cualquiera de nosotros podría ser ese deudor o ese acreedor ideales. Así, por ejemplo, los españoles siguen entendiendo la necesidad de que, en una compraventa, el comprador pague el precio y el vendedor entregue el bien; de que, en un contrato de arrendamiento, el arrendatario pague la renta mensual y el arrendador no le perturbe en su uso y disfrute del inmueble; de que, en un contrato de aseguramiento, el asegurado abone con puntualidad sus primas y el asegurador se haga cargo de la indemnización cuando acaezca el siniestro; de que, en un contrato laboral, el empleado acuda a su puesto de trabajo y el empleador le remunere con el salario, etc. No caben demasiadas dudas de que la población española no apoyaría un default generalizado en ninguna de estas deudas por parte de ninguno de los agentes.

Sin embargo, sí parece que está ganando crecientes apoyos la idea de que los ciudadanos deberían dejar de pagar sus deudas con los bancos. Al cabo, las entidades crediticias son las ‘culpables’ de la crisis y, por tanto, son ellas las que deben cargar con los costes que de ella se deriven. La propuesta no parece tener más damnificados que los propios bancos y, por tanto, resulta del todo punto incomprensible que los políticos españoles se nieguen a aprobarla, salvo por el hecho de que se hallen vendidos a los intereses oligárquicos de esas entidades financieras.

El velo bancario

Sin descartar esta última hipótesis, déjenme proceder a levantar el ya mencionado velo bancario: los bancos no son más que unas carcasas casi vacías que actúan como intermediarios financieros entre sus deudores (hipotecados, empresas que recibieron créditos del banco, consumidores que recurren a comprar con tarjeta, etc.) y sus acreedores (bonistas subordinados, bonistas senior ydepositantes). Es verdad que, además, hay que incluir a los propietarios del banco (a los accionistas) en la ecuación, pero justamente en nuestras ‘súper apalancadas’ entidades financieras, la porción del banco representada por sus dueños en minúscula.

Sé que cuesta bastante de digerir, especialmente viendo el muy acaudalado nivel de vida que exhiben ciertos banqueros patrios, que los dueños de las entidades poseen una participación minúscula en el conjunto de su capital. Pero no habría que dejarse llevar por impresiones visuales a la hora de ponderar la naturaleza financiera de los bancos. Por ejemplo, vayámonos al Banco Santander: a finales de 2012, esta entidad tenía un activo (básicamente, unos créditos concedidos) de 1,27 billones de euros; ese activo sólo había sido financiado en 0,084 billones (84.000 millones de euros, equivalente al 6,7% de su activo) por sus accionistas, mientras que el resto (1,18 billones) procedía de los acreedores del banco (depósitos, préstamos de otros bancos y bonos). En otras palabras, si el Santander experimentara impagos y pérdidas superiores al 6,7% de su activo, serían los acreedores quienes comenzarían a pagar el pato (en realidad, con bastante menos, pues un banco no puede operar sin fondos propios). Como ven, pocos jubileos se pueden permitir.

Por supuesto, uno puede pensar que los depositantes serían los últimos en perder (y es cierto), pero no olvidemos que los bonistas tampoco representan necesariamente a esa vaporosa oligarquía milmillonaria que ha causado la crisis. En España, los primerosbonistas que han asumido las pérdidas de las cajas (derivadas de los impagos de sus créditos) han sido los tenedores de participaciones preferentes: en su mayoría, personas de clase media que han perdido los ahorros de toda una vida. Además, muchos ciudadanos nacionales y extranjeros tienen su patrimonio en fondos de pensiones o de inversión, que pueden estar a su vez invertidos en bonos de la banca. Por no hablar de que practicar quitas a los préstamos del interbancario, sólo traslada el agujero a los acreedores de otras entidades nacionales y extranjeras.

Con Chipre, de hecho, hemos descubierto que cuando los deudores de los bancos dejan de pagar (en este caso, el manirroto e ‘hiperendeudado’ gobierno griego) las pérdidas terminan trasladándose eventualmente a los acreedores de los bancos,incluyendo los depositantes. Es en este sentido en el que hemos de plantear el debate: los jubileos masivos de los deudores los soportarán los acreedores, y esos acreedores no son ricos multimillonarios malosos (que bien cortos de miras serían si tuvieran el grueso de su patrimonio en los bancos) sino ciudadanos de a pie que sí están invertidos en bancos. Los impagos de ayer son la ruina de los pequeños accionistas o preferentistas de hoy, y los impagos de hoy serían las quitas de los depositantes de mañana. La única alternativa a que los acreedores de los bancos sufran las pérdidas derivadas de los impagos de sus créditos sería que el contribuyente corriera con la factura del agujero, a saber, la muy vilipendiada (con razón) socialización de pérdidas.

Personalmente, he defendido sin ambages el bail-in, es decir, que las pérdidas de los bancos las asuman íntegramente sus acreedores. No soy en absoluto contrario a que éstos, incluyendo en última instancia los depositantes, asuman pérdidas una vez los accionistas lo hayan perdido todo. Tampoco veo absurdo que se estandarice un procedimiento concursal para familias insolventes. Lo único que digo es que no se puede estar en misa y repicando: uno no puede estar a favor de los impagos (“no debemos, no pagamos”) y, simultáneamente, en contra de las quitas (“las preferentes y lo de Chipre son un robo”) y de la socialización de pérdidas (“el contribuyente no tiene que soportar las pérdidas de los bancos”). Si los deudores dejan de pagar, alguien tendrá que sufrir las pérdidas y terminarán siendo los depositantes. Basta con levantar el velo bancario para descubrirlo.

Se acostumbraron nuestros políticos a gastar a lomos de la recaudación fiscal extraordinaria que proporcionaba la burbuja inmobiliaria (el gasto público per cápita en 2007 era un 60% superior al del año 2001) y cuando se detuvo el sobreendeudamiento privado promovido por nuestro privilegiado sistema financierocomenzaron los problemas: incapaces de meter en vereda nuestro también ‘burbujístico’ sector público, el déficit y el endeudamiento estatales se han disparado sin tregua. Desde comienzos de 2008, nuestros manirrotos gobernantes han emitido más de 500.000 millones de euros en ‘nueva’ deuda pública: tocamos a más de 10.000 euros por español (o casi 30.000 euros por persona ocupada). Una factura que, pese a esa intensísima austeridad que supuestamente estamos aplicando, sigue creciendo sin parar.

Así, con tal de acreditar que, pese a las apariencias, no vamos a caer en la suspensión de pagos, nuestro Gobierno socialista (ora Zapatero, ora Rajoy) acordó con Bruselas un calendario para reducir el déficit hasta dejarlo en el 3% este 2013. Obvia decir que, tras las múltiples renegociaciones, el objetivo del ejercicio en curso ya no es el 3%, sino el 4,5%. Pero lo más grave del asunto es que, con renegociaciones o sin ellas, España no ha cumplido ni un solo año desde 2008 su compromiso de déficit. Ni uno. 2008 y 2009 debieron cerrar en el 3% y alcanzamos el 4,1% y el 11,2%; en 2010 nos comprometimos a bajar al 9% y terminamos en el 9,3%; en 2011 concluimos en el 9% debiendo haberlo hecho en el 6%; y en 2012, pese al maquillaje ‘montoriano’ y a la exclusión de las ayudas bancaria, nos quedamos en el 7% cuando lo debimos hacer en el 6,3%.

También incumpliremos en 2013

¿Será 2013 distinto? En absoluto: el Gobierno cocinó unos Presupuestos Generales del Estado para el año en curso que no sólo incrementaban el gasto, sino que contenían una previsión de crecimiento (y, por tanto, de ingresos y de gastos) absolutamente irreal. Fuimos muchos los que advertimos contra tan irresponsable práctica: no tanto porque seamos capaces de predecir el futuro, sino por un criterio de elemental prudencia. Si queríamos cumplir el déficit con garantías, no podíamos ponernos en uno de los mejores escenarios posibles, sino en uno de los peores: se llama margen de seguridad. ¿Cómo creen que elaboró una familia española sus presupuestos para 2013? ¿Asumiendo que las cosas pasarían a marcharle fantásticamente o poniéndose en un escenario más bien conservador tirando a pesimista? Pues así mismo debería haberse comportado el PP: haciendo los deberes necesarios para cuadrar las cuentas aun en el caso de que la situación económica se deteriorara a pasos agigantados.

Montoro, sin embargo, prefirió optar por recurrir a esa ‘zapaterina’ treta consistente en falsear los presupuestos para ahorrarse rebajar el gasto. Tal como él mismo reconocía entre llantos desconsolados ante aquellos periodistas y economistas que quisieran escucharle, su previsión de crecimiento estaba cocinada para evitarse tener que recortar su reverenciado gasto público. El ministro de Hacienda, así como el resto del Gobierno, llevan en su ADN la obsesión por mantener un Estado hipertrofiado, y a tal propósito subordinan toda su errática labor de gobierno… aun cuando para ello hipotequen, como ya lo hiciera Zapatero, el futuro del país. Y ahora, cuando ya el propio mendaz Ejecutivo popular reconoce que la recesión será mucho mayor de lo que nos vendieron, descubrimos que el déficit de 2013 también está condenado a serlo.

Lo estamos viendo ya: en apenas dos meses, el déficit de la Administración central del Estado –dejemos de lado Seguridad Social, autonomías y ayuntamientos– asciende al 2,22%, cuando el objetivo para el conjunto del año de todas las administraciones públicas es el 4,5%. Dicho de otra manera, sólo en dos meses y sólo con las cuentas del Gobierno central, ya hemos llegado al ecuador de todo este año en materia de desfase de ingresos y gastos. Y ello pese a la brutal rapiña fiscal a la que sigue sometiendo este liberticida gobierno a los españoles; mas de poco les está sirviendo machacar a un debilitado sector privado para mantener su endiosado ‘hiperEstado’: la recaudación se le está hundiendo (IRPF cae un 3,5% y Sociedades un 12%), dejando bien claro que nos han engañado pretendiendo solventar este problema aumentando los ingresos y reduciendo los gastos. Un auténtico desastre.

En definitiva, no hemos cumplido el déficit ni un solo año y, pese a ello, el autocomplaciente Mariano Rajoy se pavonea por Europa exigiendo una renegociación de los objetivo de déficit debido a que España “ha demostrado ser un país cumplidor”. Somos tan cumplidores que no sólo no hemos cumplido jamás sino que exigimos nuestro derecho natural a incumplir porque, aunque nos lo denieguen, tampoco vamos a mover un dedo en esforzarnos en cumplir recortando los gastos. La parodia nacional de un déficit fuera de control. Pero lo peor de todo es que, según parece, la suicida Europa está decidida a darnos más tiempo, a ver si en un par de añitos superamos ampliamente el 100% de deuda sobre PIB y o nos despeñamos por el default o nos consolidamos como infierno fiscal por las décadas de las décadas. Todo, menos meterle seriamente mano al gasto público.

En 1998 Venezuela era el cuarto país más rico de América Latina por renta per cápita; en 2012, había descendido a la séptima posición pese al pelotazo petrolero que vivió el país y al muy favorable entorno regional. El legado de estos catorce años de aplicación del socialismo del s. XXI se ha saldado con un exiguo crecimiento de la renta media real del 0,8% anual, unas cuatro veces menos que países no bolivarianos como Chile, Colombia, Perú o Uruguay.

Los hay que, aun así, han intentado poner en valor la herencia económica chavista apelando a los grandes logros sociales cosechados por el régimen, como si las mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos no fueran consecuencia directa del enriquecimiento de esos ciudadanos, es decir, del crecimiento económico. Si Venezuela prosperó bajo el gobierno de Chávez (y lo hizo, aunque mucho menos que sus vecinos), entonces inexorablemente  nos toparemos con diversos indicadores que mostrarán una cierta mejoría y que los palmeros de turno interpretarán de manera descontextualizada como una reivindicación de la poco razonable y muy liberticida política económica del régimen bolivariano.

Sería como tratar de defender la labor partitocrática y el pelotazo burbujístico de PP y PSOE por el hecho de que entre 1998 y 2012 muchos indicadores de nuestro bienestar hayan mejorado. De nuevo, como tantas otras veces en Economía, nos topamos con el célebre problema de “lo que se ve y lo que no se ve”: lo realmente significativo es la riqueza y la prosperidad que Venezuela habría sido capaz de crear en unas condiciones tan favorables como las que vivió. De ahí que convenga comparar sus presuntos “logros sociales” con los de otros países vecinos que no contaron con unos ingresos anuales derivados de la exportación de petróleo equivalentes al 40% del PIB pero que, al menos, se libraron de imponer muchos dislates socialistoides. Para ello, echaremos mano de la base de datos del Banco Mundial, comparando la evolución de los distintos parámetros analizados desde 1998 hasta el último disponible.

Pobreza, salubridad y esperanza de vida

Por ejemplo, mucho se ha escrito sobre que la tasa de pobreza venezolana ha caído del 50,4% al 31,9%, pero no convendría olvidar que la de Chile cayó del 21,6% al 15,1%, la de Uruguay del 24,3% al 13,7%, la de Colombia del 49,7% al 34,1% y la de Perú del 58,7% al 27,8%. Ciertamente, la tasa de pobreza relativa es un (mal) medidor de la desigualdad económica, pero en este caso los indicadores de pobreza absoluta –porcentaje de la población que gana menos de dos dólares diarios– nos proporcionan unos resultados bastante similares (en este caso, los datos terminan en 2007): en Venezuela pasa del 20,4% al 12,9%, en Chile del 6,2% al 3,2%, en Colombia del 27,2% al 17,7%, en Perú del 26,3% al 18,2% y en Uruguay permanece en el entorno del 3%. La minoración de la pobreza, por tanto, es algo generalizado en la zona, fruto del crecimiento económico.

Al tiempo, las condiciones de salubridad también han experimentado una cierta mejora durante el chavismo. Los habitantes del campo con acceso a agua corriente pasaron del 74% al 94%; pero en Perú lo hicieron del 53% al 89%, en Chile del 62% al 99%, en Colombia del 70% al 98% y en Uruguay del 85% al 99%. Asimismo, el porcentaje de la población con acceso a instalaciones sanitarias apenas mejoró en Venezuela entre 1998 y 2007 (último dato disponible): subió del 88% al 91%, mientras que en Perú creció del 61% al 69%, en Colombia del 71 al 76%, en Chile del 91% al 96% y en Uruguay del 96% al 100%.

El crecimiento económico, la reducción dela pobreza y la mayo salubridad desembocaron en una menor mortalidad infantil, una menor mortandad de las madres al dar a luz y, en suma, en una mayor esperanza de vida. Los datos de Venezuela no son malos a este respecto (la tasa de mortalidad de los menores de 5 años pasa del 24 por mil al 15 por mil, la tasa de mortandad de las madres se mantiene en el 0,9 por mil y la esperanza de vida aumenta de 73 a 74 años), pero de nuevo son relativamente peores que los de los otros países: la mortalidad infantil se reduce del 45 al 18 por mil en Perú, del 12 al 3 por mil en Chile, del 27 al 18 por mil en Colombia y del 18 al 10 por mil en Uruguay; la mortandad materna cae del 1,3 por mil al 0,9 por mil en Colombia, del 1,2 por mil al 0,67 por mil en Perú, del 0,29 al 0,25 por mil en Chile y del 0,35 al 0,29 por mil en Uruguay; y la esperanza de vida sube de 70 a 74 años en Perú y Colombia, de 74 a 76 años en Uruguay y de 76 a 79 años en Chile.

Alfabetización, comunicaciones y medio ambiente

Aparte de los anteriores, existen otros indicadores que ilustran cómo ha evolucionado el bienestar de los venezolanos bajo la bota del chavismo en comparación con el de sus vecinos, por ejemplo la tasa de alfabetización, que mejora no sólo en Venezuela (del 93% al 96%) sino en todos los restantes países fruto de su mayor riqueza (en Colombia pasa del 91% al 93%, en Perú del 87% al 90%, en Uruguay del 97% al 98% y en Chile del 96% al 99%).

La penetración y el uso de las telecomunicaciones es otro ilustrativo parámetro. Los usuarios de internet ascendían al 40,4% de la población venezolana, frente al 40% de Colombia, al 36,5% de Perú, al 53,9% de Chile o al 51,6% de Uruguay; pero las diferencias se vuelven mucho más acusadas cuando analizamos la calidad de la conexión a internet (en Venezuela sólo el 0,87% tienen acceso a la banda ancha, frente al 3,5% de Perú, al 6,9% de Colombia, al 11,6% de Chile o al 13,4% de Uruguay) o la presencia de servidores seguros (sólo ocho en Venezuela, frente a los 19 de Perú, los 21 de Colombia, los 67 de Chile o los 70 de Uruguay). Asimismo, Venezuela también se queda atrás en el número de teléfonos móviles por cada 100 personas: 98 para Venezuela o Colombia, frente a los 110 de Perú, los 130 de Chile o los 141 de Uruguay.

Otro posible indicador es el consumo de electricidad anual per cápita, que en Venezuela apenas ha crecido un 23%, desde los 2.656 kWh por persona a 3.287, frente a la mayor expansión de Perú (de 645 kWh a 1.106), Uruguay (de 1.817 kWh a 2.673) o Perú (de 645 a 1.106); sólo Colombia aumentaba menos este consumo, de 893 kWh a 1106. Y, por cierto, los izquierdo-ecologistas que esperen ver en Chávez un modelo de gestión política respetuosa con el medio ambiente deberían pensárselo dos veces: Venezuela producía el 0% de su electricidad de fuentes renovables, frente al 0,9% de Colombia, al 2% de Perú, al 5,7% de Chile o al 8,8% de Uruguay. También fue el país que más toneladas métricas per cápita de CO2 emitió en 2009 (último año disponible): 6,5 frente a las 3,9 de Chile, a las 2,4 de Uruguay o a las 1,6 de Colombia y Perú. Y, asimismo, también fue el territorio que más vio retroceder su masa forestal: de 2000 a 2010, cayó del 55,7% al 52,5%, mientras que en Perú pasó del 54,1% al 53,1%, en Colombia del 55,4% al 54,5%, en Chie del 21,3% al 21,8% y en Uruguay del 8,1% al 10%.

Seguridad, corrupción, impuestos y regulaciones

Otros indicadores de bienestar son, desde luego, la seguridad, la transparencia y no arbitrariedad de los poderes públicos, la agresividad fiscal o la flexibilidad para gestionar la propia empresa. En todas estas rúbricas, Venezuela aparece muy mal parada frente al resto de países: los homicidios intencionados se dispararon bajo el chavismo, pasando del 0,19 por mil al 0,49, a diferencia de lo que pasó en Chile, Perú o Uruguay (donde se mantuvieron en torno al 0,05 por mil) o de Colombia, donde se hundieron del 0,6 por mil al 0,33. Venezuela es el peor calificado en el Índice de Percepción de la Corrupción (1 indica máxima corrupción), al obtener 19 puntos, frente a los 36 de Colombia, los 38 de Perú o los 72 de Chile y Uruguay. Asimismo, la presión fiscal venezolana no sólo es bastante superior a la de sus vecinos (37%, frente al 31% de Uruguay, al 27% de Colombia, al 23% de Chile, o al 21% de Perú), sino que la variedad de impuestos y las molestias derivadas de su pago también son muy superiores: en Venezuela las empresas han de hacer frente al pago de 71 impuestos, y los individuos han de dedicar 792 horas anuales a gestionar su pago; frente a los 33 impuestos de Uruguay y las 310 horas, los 9 impuestos de Perú y las 293 horas, los 9 impuestos de Colombia y las 203 horas, o los 6 impuestos de Chile y las 291 horas. Todo lo cual, obviamente, también se refleja en la facilidad de gestionar la propia empresa: Venezuela obtiene una puntuación de 180 (siendo 1 la máxima facilidad), Uruguay de 89, Colombia de 45, Perú de 43 y Chile de 37.

Para terminar, han sido muchos quienes han alabado al régimen chavista por su reducción de las desigualdades sociales. Ciertamente, el índice Gini (donde el valor cero expresa la máxima igualdad) cayó de 47,2 a 43,5, pero Chile y Perú lo redujeron a una tasa parecida o superior: Chile pasó de 55,5 a 51,9 y Perú del 56,1 al 47,2. Por su parte, en Colombia se mantuvo estable (en el 56,5) y en Uruguay subió ligeramente hasta 45,3.

Por resumirlo: Chile y Uruguay, que arrancaron 1998 siendo igual de ricos que Venezuela, presentan en estos momentos indicadores social muy superiores en casi todas las rúbricas a Venezuela, mientras que Perú y Colombia, que arrancaron 1998 siendo mucho más pobres, han experimentado una evolución de las mismas mucho más sobresaliente en casi todos los otros indicadores sociales. A diferencia de estos otros países, sin embargo, Venezuela ha construido su ligera mejoría sobre los endebles pies de barro del pelotazo petrolero, de la estatalización de la economía, de la rapiña tributaria de su población y de la destrucción de las clases medias.

En este sentido, un último dato será suficientemente ilustrativo: el del valor bursátil de las compañías cotizadas (uno de los activos por excelencia donde la clase media puede comenzar a construir su patrimonio). Desde la llegada al poder de Chávez, el valor de la bolsa se ha derrumbado desde el 8,3% del PIB al 1,6%: en cambio, en Chile creció del 65,3% al 108,7%, en Colombia del 13,6% al 60,4% y en Perú del 20,5% al 44,8%. Chávez en ningún momento pretendió crear una sociedad de propietarios libres, autosuficientes y autónomos del Estado, sino un territorio repleto de siervos de la gleba dependientes de las dádivas del gobierno. Y eso es ahora mismo Venezuela. Ojalá cambie de rumbo en el futuro.

2012, el año “de la austeridad”, fue también el año de toda nuestra historia en el que más aumentó el endeudamiento de las Administraciones Públicas españolas: casi 150.000 millones de euros. Jamás nos endeudamos tanto, ni siquiera en 2009, aquel keynesiano año de los planes E, cuando sumamos 130.000 millones de nueva deuda. A cierre de los primeros doce meses de legislatura del nefasto Partido Popular, los pasivos totales del Estado español que pagan intereses ascendían a 882.000 millones de euros, más del 85% del PIB; si incluyéramos también los pasivos que no abonan intereses, nos iríamos ya al 98%.

Sobreendeudamiento

Peor, mucho peor es sin embargo lo que probablemente nos depare el futuro. Según la Comisión Europea, en 2013 y 2014 el déficit público seguirá rondando el 7% del PIB, lo que nos conduciría a una deuda con intereses del 100% de nuestro Producto Interior Bruto (el propio Gobierno espera para 2014 una deuda del 97% del PIB). Si, además, Bruselas nos concede dos años más para alcanzar un déficit del 3%, tal como se viene rumoreando, ya nos vamos al 110% del PIB para 2016; y si a esa cifra le añadimos la recapitalización pública de la banca, no es ni mucho menos descabellado pensar que nos iremos al 120% (excluyendo, insisto, los pasivos que de momento no pagan intereses y la ejecución de los cienmilmillonarios avales concedidos por el Tesoro, pues en tal caso probablemente terminemos superando el 150%).

Llegar a una deuda pública sobre el PIB del 120% no es, ni mucho menos, catastrofismo hecho letra; es simplemente sumar dos más dos dentro del cuadro macroeconómico, bastante optimista, que ha pergeñado Bruselas. Es, también, una condena a muerte para la economía española, pues a un tipo de interés medio del 4,5%, tendríamos que pagar unos intereses anuales que se comerían más que toda la recaudación del IVA o el 80% de los ingresos fiscales por IRPF. Es evidente que, llegado ese momento –y, de nuevo, bajo la muy optimista hipótesis de que ya hayamos conseguido cuadrar el déficit–, España sólo tendría dos opciones ante sí: o consolidarse como un país de impuestos sangrantes y asfixiantes durante décadas, o declarar un default a quienes ahora nos están prestando su dinero para evitar recortes verdaderamente intensos del gasto público.

Esperando un milagro

Sólo existen dos formas de evitar un fatídico destino que apenas se halla a tres años vista: o el Gobierno afronta un recorte del gasto público de envergadura (de, al menos, 135.000 millones de euros anuales, tal como el que propongo y detallo en mi libro Una alternativa liberal para salir de la crisis) o, de repente y de manera casi milagrosa, la economía española comienza a crecer con intensidad y la recaudación tributaria regresa a niveles de 2007 (los niveles de burbuja). Uno esperaría que un gobierno responsable, serio y previsor no confiara los avatares del país a la Virgen de Lourdes, sino que, por el contrario, adoptara desde ya mismo las medidas imprescindibles para protegernos, no ya del peor de los escenarios concebibles, sino del que, ahora mismo, es el devenir más probable de los acontecimientos.

Pero España no tiene un gobierno responsable, sino uno de pandereta obsesionado con preservar los privilegios y el poder de la casta. Montoro, Rajoy, Nadal y cuantos otros antiliberales pueblan este delarualdiano Ejecutivo pepero pusieron desde un comienzo unas líneas rojas a los recortes del gasto que prácticamente garantizaban el default de nuestro país: si el monto de gasto público total no se podía tocarse desde un comienzo más allá de un 2-3% (cuando deberíamos reducirlo, al menos, un 25%) y todas las contundentes y radicales medidas de ajuste presupuestario se fiaron a desplumar tributariamente a los españoles, resultaba claro que sin un aumento muy considerable de la recaudación fruto de una providente recuperación, España embarrancaría en un impagable sobreendeudamiento. Rajoy y su equipo hacendístico optaron de antemano por la bancarrota antes que por el adelgazamiento del sector público.

Y a estas alturas de la película es dudoso que, aun cuando tuviesen el más mínimo propósito de enmienda (que, merced a la rebaja de la prima de riesgo provocada por la OMT de Mario Draghi, no lo tienen en absoluto), es dudoso que puedan dar marcha atrás. Al menos ellos no: ellos, que consumieron toda su credibilidad en ese ajuste de fogueo consistente en subir impuestos y apenas tocar los gastos. Las indignadas mareas antirrecortes se van convirtiendo en parte de nuestro paisaje político y la calle cada vez apuesta más por un default a la argentina y por una bolivarización de nuestras instituciones. Tampoco es de extrañar: si este Gobierno les ha vendido que su fracasada y liberticida política de subir impuestos y rescatar bancos encarnaban las esencias de la austeridad, no sorprende que estratos crecientes de la población se opongan a ese genérico recetario de la “austeridad” y apuesten, suicidamente, por un mayor desequilibrio presupuestario. Tras convertir España en un inflamable polvorín, el PP está más maniatado que nunca para impulsar una auténtica austeridad del gasto, hasta ahora ausente en nuestro país, que es la única que, salvo milagro, nos libraría del default o de transformarnos en un infierno fiscal: lo único que le queda es huir hacia adelante esperando no toparse con el abismo.

Este Gobierno, pues, ni puede ni quiere reducir el tamaño del sector público y por tanto encomienda nuestro destino a la providencial evolución del sector privado. No es, desde luego, que no exista ninguna señal medianamente positiva dentro del sector privado español, muy en especial en su tramo exterior; pero es dudoso que esos saludables minibrotes verdes arraiguen lo suficientemente deprisa como para salvarle la papeleta fiscal a este manirroto Ejecutivo, sobre todo cuando ese manirroto Ejecutivo es el origen de gigantescas incertidumbres sobre nuestro futuro que ahuyentan buena parte de la inversión a largo plazo que necesitamos para cambiar nuestro modelo productivo. Pero a clavo tan incandescente es, en última instancia, al que se ha agarrado nuestro intervencionista Gobierno para evitar que nos engulla el sobreendeudamiento al que se han vuelto adictos políticos, burócratas, grupos de presión, bancos quebrados y enfurecidas masas indignadas. Gastar y no pagar hasta que la última de las burbujas de nuestro país, la del sector público, termine implosionando. Y entonces, después de haber acumulado en menos de una década, un volumen de nueva deuda pública equivalente a todo el PIB de España, todavía proclamaremos con más fuerza que el culpable de nuestros problemas ha sido la austeridad. La austeridad de endeudarse, hasta 2016, en un billón de euros.

Depreciar la divisa no sólo es un mecanismo chapucero, torpe, rapiñador y en muchas ocasiones contraproducente de solventar una crisis, sino que además supone trasladarle parte de los problemas internos de un país al resto del mundo. Los ineficientes productores de una región que, por cualquier motivo, han perdido parte de su demanda internacional deberían proceder a readaptarse y reinventarse de acuerdo con su “ventaja comparativa”, es decir, tratando de buscar sus puntos fuertes dentro del sistema de complementariedades y sinergias que ofrece una determinada división internacional del trabajo y del capital; es decir, aquellos empresarios que han dejado de coordinarse con el resto (o que jamás lo estuvieron pero que vivían de la ilusión de estarlo merced al endeudamiento exterior artificialmente barato) deberían esforzarse por pasar a estarlo si es que quieren seguir beneficiándose de las gigantescas ventajas que ofrece esa división internacional del trabajo.

La depreciación de la divisa, sin embargo, es una herramienta que, en ocasiones, permite minimizar la extensión de los reajustes internos a cambio de socavar y descoordinar al resto de agentes económicos del planeta. En cierto modo, es una forma de socializar las pérdidas y de trasladarles nuestros agujeros financieros y económicos a aquellos que estaban actuando rectamente; en lugar de fomentar la especialización regional en función de las ventajas comparativas, los mercantilizados bloques económicos nacionales pasan a especializarse según el manipulado valor relativo de sus divisas. Es un ajuste de brocha gorda efectuado por un pintor con Parkinson, en lugar de la precisa corrección con bisturí de un cirujano.

Por ejemplo, supongamos que un país se especializa, durante una guerra entre sus vecinos, en abastecerles de armamento: no es el país más eficiente del mundo en fabricarlo, pero la cercanía de los contendientes y los correspondientes bajos coste de transporte le confieren una ventaja transitoria sobre otros productores más territorialmente alejados. Una vez terminado el conflicto y una vez minorada la demanda externa sobre su industria militar, es evidente que ese país debería proceder a reajustarse y a fabricar otros bienes que posean demanda internacional y que le permitan, por consiguiente, reinsertarse dentro de las corrientes globales de flujos comerciales. Sucede, empero, que tal economía cuenta con una alternativa a su reajuste interno: hundir el valor de su divisa para, a efectos prácticos, poner a la venta su armamento a precios de saldo. En tal caso, probablemente sea capaz de hacer dumping a los otros más eficientes productores de armamento, arrebatándoles su demanda internacional y, por tanto, forzando a que el reajuste interno deban realizarlo ellos (dejamos fuera los notables perjuicios que también existirán para aquellos productores internos del país que deprecia su divisa y que venían importando parte de sus factores productivos del extranjero: ellos, que estaban adecuadamente especializados, también pagarán el pato de una ineficiente e innecesaria industria militar que se niega a desaparecer).

Agresión y defensa represiva

Fijémonos, pues, en cuanto habíamos afirmado acerca de la depreciación: a) los países no se especializan según sus auténticas ventajas comparativas sino según cuánto sean capaces de manipular el valor de sus divisas, b) los agujeros  internos son trasladados al exterior, y c) la división internacional del trabajo y la cooperación pacífica entre sociedades se quebranta. Por eso, precisamente, resulta tan incorrecto hablar, como suelen hacerlo economistas y periodistas de todo pelaje, de “devaluación interna”: el ajuste productivo interno no tiene nada que ver con una devaluación, sino con una adaptación correcta a unas condiciones globales que han cambiado; de hecho, es más bien al revés: la devaluación o depreciación de la divisa es una mala, pauperizadora y descoordinante imitación del mucho más sano y coordinante proceso de ajuste interno. En lugar de hablar de “devaluación interna” deberíamos llamar a la depreciación “chapucero ajuste externo”.

Ahora bien, siendo tales las consecuencias de la depreciación, no es de extrañar que, con frecuencia, a ésta le sigan medidas comerciales “defensivas” y represivas entre los países perjudicados por la misma: por ejemplo, un rearme arancelario que encarezca la abaratada producción del país que ha optado por la depreciación o una ronde de depreciaciones de la divisa propia que compensen los efectos de la foránea; a este último caso, cuando diversos países inician una carrera de depreciaciones hacia ninguna parte, se lo conocerá como guerra de divisas.

Precisamente, las guerras de divisas ilustran a la perfección por qué la depreciación es una absoluta chapuza: si bien todos los países del mundo pueden salir de su crisis corrigiendo sus patrones de producción y de financiación (los municipios de un país en crisis nunca deprecian sus tipos de cambio y, sin embargo, todos ellos pueden superar tal crisis), no todos pueden salir a la vez depreciando sus divisas (si todos devalúan, nadie obtiene beneficios de ello). Pero, por el contrario, si es posible que todos los países pierdan a la vez por recurrir a tan inadecuado procedimiento. Al cabo, si la manera de lograr una depreciación de la divisa nacional consiste en llenar el balance del banco central de basura (por ejemplo, promoviendo que un gobierno insolvente se siga endeudando recurriendo a la monetización de sus pasivos), lo que estamos generando y esparciendo por toda la economía son promesas de pago que no van a ser cumplidas y que distorsionan los aparatos productivos internos de un modo insostenible (verbigracia, cuando la deuda pública va dirigida a sufragar inútiles y dispendiosos Planes E). Al final, pues, el problema es sencillo: o avanzamos hacia sistemas productivos y financieros globales más coordinados, o tratamos de dinamitar la división internacional del trabajo para ver si nos quedamos con una mayor porción de sus restos y despojos que nos permitan ir tirando.

Nuestro papel moneda; nuestra guerra de divisas

En estos momentos, por desgracia, estamos inmersos en una guerra de divisas en ciernes. El Gobierno japonés ya ha anunciado su deseo de depreciar el yen (como si el problema de Japón fuera que no exporta lo suficiente y no que tiene una gigantesca losa de deuda sobre sus espaldas), Bernanke y King llevan frenando la apreciación del dólar y de la libra desde 2008, y el Banco Nacional de Suiza ya tuvo que establecer hace dos años un tipo de cambio fijo con el euro para detener la rapidísima revalorización de su divisa. De momento, el convidado de piedra oficial en esta contienda internacional está siendo la moneda europea, aunque se hace complicado no ver en la ventanilla abierta por Draghi de las OMT una vía indirecta de lograr resultados análogos. Y, desde luego, un recrudecimiento de estas hostilidades monetarias supone una de las mayores amenazas contra cualquier conato de recuperación mundial en tanto en cuanto harían saltar por los aires gran parte de los patrones de especialización actuales que sí están bien asentados y consolidados.

Es en este tipo de casos donde se observan con mayor claridad los grandes beneficios que poseía el contar con una divisa mundial fuera de las manazas de los políticos como era el patrón oro clásico (el previo a la Primera Guerra Mundial). Las grandes dificultades para devaluar la divisa unidas a las restricciones sobre una expansión persistente del crédito que prolongara innecesariamente los procesos de ajuste y saneamiento, conducían a una coordinación en permanente adaptación entre todos los agentes, incluyendo a aquellos cuya demanda internacional había desaparecido y debían pasar a reinventarse. En nuestra era del papel moneda inconvertible, por el contrario, la carrera no consiste en acelerar el reajuste productivo y financiero de aquellos empresarios que han dejado de servir a los consumidores nacionales y extranjeros, sino en retrasarlo todo lo posible gracias al crédito barato (a ver si escampa sólo) y en trasladárselo en parte a nuestros vecinos inocentes. Regresan lassupercherías protokeynesianas del mercantilismo; esperemos que terminen llegando nuestros Richard Cantillon, Adam Smith o Jean Baptiste Say para que le den la vuelta a tan caducada tortilla.

La semana pasada, gracias a la gentileza del Instituto Juan de Mariana y sobre todo de la Fundación Rafael del Pino, pudimos disfrutar de tres conferencias de David Friedman, hijo del difunto Nobel de Economía Milton Friedman, quien acudió a España para presentar la traducción al español de su libro La maquinaria de la libertad (Editorial Innisfree). Físico de formación académica y experto en análisis económico del Derecho por devoción intelectual, en apenas unas jornadas pudimos atender a reflexiones eruditas en muy diversos campos: alternativas liberales al Estado, los riesgos y las oportunidades para la libertad que conllevan los avances tecnológicos, por qué un dinero de naturaleza privada habría evitado la crisis, recetas de cocina medievales que los Friedman han rescatado y reeditado en formato libro, o incluso vertientes antiestatistas de la poesía de Kipling. El vástago de Milton es lo que en EEUU llamaríamos un libertario radical opuesto a toda forma de coacción estatal, como lo sigue siendo, a su vez, su propio hijo, Patri Friedman, fundador del imaginativo y eventualmente revolucionario Instituto Seasteading.

En un momento de sus charlas, David trajo a colación la máxima de otro importantísimo pensador libertario fallecido hace casi dos décadas: Murray Rothbard. De acuerdo con David y Murray: “Las funciones del Estado se dividen en dos: aquellas que se pueden privatizar y aquellas que se pueden eliminar”. La frase es toda una declaración de los objetivos últimos del movimiento liberal-libertario y a muchos, ajenos a debate tan apasionante, puede parecerles un slogan absolutamente alejado de la cruda realidad que en estos momentos atraviesan España y otros países de la periferia europea.

Un debate de actualidad

Sin embargo, mal haríamos en rechazar de plano el rico contenido que semejante sentencia posee, pues, pese a las apariencias, no podría estar más de actualidad. Al fin y al cabo, buena parte del estancamiento y de la depresión de nuestras economías actuales se debe a la hipertrofia de un Estado muy superior al que los debilitados sectores privados actuales se pueden permitir. De hecho, en mi libro Una alternativa liberal para salir de la crisis, planteo como paso imprescindible para la recuperación el pinchazo de la burbuja estatal –el concienzudo adelgazamiento del gasto público– que nos permita evitar el colapso. Son muchos quienes, empero, rechazan instintivamente cualquier reducción del tamaño del Estado por cuanto han sentido en sus propias carnes cuánto les han perjudicado las que ya hemos experimentado.

Y ciertamente, en tanto el Estado reparte numerosas rentas y prebendas, el quedarse sin alpiste (tras reventar la burbuja inmobiliaria que le nutría de fondos) va a obligar a que mucha gente salga escaldada y perjudicada (del mismo modo que el pinchazo de la mentada burbuja inmobiliaria dejó a promotores y obreros de la construcción sin ingresos). Ahora bien, dentro de las inevitables molestias que causará un Estado con menos pan y circo que ofrecer, es evidente que los recortes pueden efectuarse minimizando el malestar –o, mejor dicho, multiplicando el bienestar– de unos ciudadanos que, en su mayoría, son clientes cautivos de ese Estado. ¿Cómo? Pues aplicándonos la máxima anterior: primero, identifiquemos todas las funciones actuales del Estado que o son directamente dañinas (legislación anticompetencia, subvenciones a empresas, burocracias arancelarias, intromisión regulatoria en la legislación empresarial, barreras de entrada en los mercados, etc.) o del todo prescindibles (superestructura de cargos políticos o empresas públicas que son simples agencias de colocación y capturadoras de rentas) para, inmediatamente a reglón seguido, comenzar por lo privatizable (básicamente, todo lo demás).

Dentro de lo privatizable habría que distinguir, a su vez, entre aquello que el mercado seguiría proporcionando sin un coste para el consumidor directo (privatizaciones de las televisiones públicas, de la moneda, de la promoción del deporte y de la cultura, etc.) y aquellos que inevitablemente se financiaría vía precios y que, por tanto, acarrearía un coste explícito para sus consumidores (privatización de la educación, de la sanidad, de las pensiones o de ciertas empresas públicas que proporcionen servicios de utilidad). Las primeras pueden trasladarse al mercado de inmediato y sin molestia alguna por parte de los ciudadanos (salvo de los grupos de presión que vivan de ellas). Las segundas, sólo si no se mantiene la asfixiante presión fiscal actual y si se liberalizan lo suficiente tales sectores como para que se oferten servicios con muy variopintas condiciones; en caso contrario, la privatización funcionará mucho peor de lo que podría e inevitablemente degenerará en rechazo social.

El problema de las privatizaciones parciales

Al cabo, ¿qué cabe prever que suceda con un servicio al que el Estado le fija buena parte de sus contenidos y de su inflada estructura de costes en un contexto de altísima exacción tributaria de rentas? Pues que gran parte de su potencial clientela será simplemente excluida: los empresarios no podrán ofertar los bienes tan baratos y con tanta calidad como en realidad les sería posible (por culpa de las restricciones estatales de la oferta) y muchos consumidores no podrán pagar sus agigantados precios (por culpa de la rapiña fiscal de la demanda). Ejemplos los tenemos a patadas: el privado pero ultrarregulado sector eléctrico español, la privada pero hipersocializada sanidad estadounidense o una eventual educación privada que se siguiera sometiendo el corsé del sistema de enseñanza nacional en lugar de permitir su auténtica revolución vía múltiples modelos de negocio competitivos (educación online,homeschooling, cooperativas de profesores, enseñanza reglada en el interior de las empresas, combinación flexible de todas ellas en itinerarios formativos flexibles, etc.).

En definitiva, si aspiramos a lograr una sociedad más libre y más próspera, tendremos inevitablemente que reformar nuestro Estado, tanto para reducir su tamaño cuanto para restringir su ámbito de actuación. Sin embargo, un empeño tan saludable encontrará, a buen seguro, un frontal rechazo de, primero, los receptores netos de rentas de ese Estado y, segundo, buena parte de unos contribuyentes netos que, paradójicamente, contemplan esta imprescindible reforma como una amenaza y no como una oportunidad para multiplicar su bienestar. A los aquéllos será difícil convencerles de que el Estado –su Estado­– tiene que retraerse (aunque no es imposible, pues las desventajas que les atañen pueden verse compensadas con ganancias en el resto de áreas privatizadas); a éstos, sólo si no afrontamos el proceso de reforma de manera lógica y coherente: primero, suprimir las funciones del Estado prescindibles (en especial, las contraproducentes); segundo, o simultáneamente, privatizar los cometidos útiles que el sector privado pueda desempeñar en estos momentos sin coste o a muy bajo coste para el consumidor; tercero, privatizar las funciones útiles y costosas de sufragar mientras se procede a su profunda liberalización y a una intensísima reducción de impuestos.

En España, por desgracia, estamos asistiendo a un proceso descoordinado de privatizaciones muy parciales con sangrantes subidas de impuestos que en absoluto garantizan su éxito final. En tal caso, lejos de reducir el asfixiante peso del Estado en nuestras sociedades, terminaremos viéndole recuperar un poder todavía mayor. El caos es el caldo de cultivo preferido por el Leviatán, y nada más efectivo para seguir creciendo que generar o favorecer la extensión de ese caos mediante reformas muy sesgadas, muy limitadas y condenadas de antemano al fracaso. Primero eliminemos lo eliminable; luego privaticemos lo menos gravoso; y finalmente hagámosle retroceder en todo lo demás.

La decisión del Banco de España de imponer limitaciones a los llamados ‘superdepósitos’ ha desatado todo tipo de críticas por parte de los liberales y de los pequeños ahorradores. En efecto, el Banco de España exige a aquellas entidades que estén remunerando por encima del 1,75% los depósitos a un año o del 2,75% los depósitos a dos años (y siempre que su masa de depósitos así remunerada supere el 15% del total) que incrementen su ratio de capitalización desde el 9% actual hasta el 10,25%. Dado que captar capital en el mercado es muy oneroso en estos momentos, el sobrecoste que supondría esa sanción le quita gran parte del atractivo que, para el banco, acarrea captar nuevos depósitos.

La ilógica lógica de la limitación

¿Y cuál es ese atractivo? Desde un punto de vista individual, los bancos españoles siguen adoleciendo de grandes problema de liquidez pese a los recientes manguerazos del BCE: su ratio de préstamos-depósitos supera al 130% indica una gran dependencia de la más inestable financiación exterior a corto plazo. Desde un punto de vista sistémico, la organización bancaria española tiene que afrontar una profunda reestructuración en los próximos años, efectuando la transición desde una banca más presencial (con muchísimas sucursales) a una banca más barata y online; justamente, una de las maneras en la que el sistema puede forzar el reajuste es que los bancos con menos gastos operativos (online o con pocas sucursales) puedan ofrecer tipos más altos a los depositantes y arrebatarles clientes a los dinosaurios menos rentables. En este sentido, la restricción del Banco de España no sólo supone una intolerable agresión a la libertad de contratación entre las partes, sino que frena una tan necesaria como saludable redistribución individual de la liquidez y de la clientela entre entidades.

Ahora bien, hay un punto del que muy pocos están hablando y que se encuentra en el fondo de esta cuestión: los depósitos –también los superdepósitos– son activos financieros (préstamos a la vista al banco) que éste emplea como fuente de financiación para acometer sus inversiones, y es de esas inversiones de donde el banco obtiene los ingresos con los que pagar los intereses de los depósitos. El banco es, pues, un intermediario financiero: paga intereses a los ahorradores y cobra intereses de los inversores; cobra intereses a los inversores por el capital que les proporciona y por el riesgo que asume, al tiempo quey paga intereses a los ahorradores por el capital que recibe de ellos y por el riesgo que asumen a no recuperarlo. Sucede, sin embargo, que los depositantes quieren recibir rendimientos sin asumir los riesgos asociados a la obtención de esos rendimientos, y como es imposible que el banco garantice el repago de los depósitos si la mayor parte de sus inversiones resultan fallidas, se exige que sea el Estado quien asegure que todos los depósitos van a poder ser finalmente abonados. Es así como surge el famoso Fondo de Garantía de Depósitos que no es más que otrasocialización de las pérdidas de la banca: los contribuyentes cubrimos todas las pérdidas que deberían haber padecido aquellos depositantes que imprudentemente confiaron sus ahorros a entidades muy mal gestionadas.

Por tanto, mal está ciertamente  que el Banco de España establezca límites a los superdepósitos; tan mal como que los depósitos estén inmunizados de cualquier riesgo. ¿O es que acaso reclamamos el derecho a percibir rentabilidades del 4%-5% libres de riesgo? ¿Y cómo pretendemos que estén libres de riesgo? ¿Forzando un rescate estatal sufragado mediante la emisión de una deuda pública al 4%-5% que sí acarrea un riesgo muy cierto para su comprador? ¿A través de costosas exacciones fiscales sobre unos ciudadanos que optaron por seleccionar otros bancos mejor gestionados? No parece una política demasiado lógica.

Desregular sin privilegiar

Al final, por consiguiente, volvemos a lo de siempre: mientras el sector financiero esté hiperprivilegiado por el Estado (bancos centrales y fondos de garantía de depósitos) es casi inevitable que tenga que estar hiperregulado para limitar su uso y abuso de esos privilegios. Cuestión distinta es la extrema ingenuidad de quienes piensan que es posible compatibilizar los privilegios extremos con la regulación extrema y dar lugar a un sistema financiero que cumpla adecuadamente sus funciones (gestionar los cobros y pagos de la economía y asignar crédito a sus usos intertemporalmente más valiosos). Si la regulación pretende controlar la gestión de los bancos (decidir en qué pueden invertir y bajo qué condiciones) inevitablemente fracasará: Basilea II, por ejemplo, impulsaba a los bancos a invertir en hipotecas, sobre todo a través de las titulizaciones hipotecarias.

El regulador es incapaz de controlar la gestión de todos y cada uno de los directivos y cuadros intermedios de los miles de bancos del mundo: no necesitamos un sistema financiero donde los incentivos institucionales estén establecidos para que los bancos sean imprudentes y para que los lentos reguladores estén vigilantes para tratar de evitarlo. Necesitamos un sistema financiero donde los incentivos institucionales hagan que los banqueros sean los primeros interesados en comportarse de manera prudente. Y ese sistema es el que proporciona un mercado libre sin privilegios para los bancos, esto es, un sistema donde su imprudencia sea constantemente penalizada en forma de retiradas de efectivo que no sean cubiertas por manguerazos del Banco Central Europeo o por rescates del sector público.

De ahí que el Fondo de Garantía de Depósitos sea una rémora a eliminar (junto a los bancos centrales). El Fondo de Garantía de Depósitos hace que los depositantes se desentiendan de la entidad a la que le prestan su dinero. Consecuencia: ha dejado de haber decenas de millones de guardianes descentralizados que hasta comienzos del s. XX supervisaban, día a día, la liquidez y la solvencia de los bancos. Lo que más podía temer un banquero hasta la creación de los fondos de garantía de depósitos era que en cualquier momento se montara una cola en su banco: y tales colas se montaban no porque esas decenas de millones de clientes llegaran todos a la vez a la conclusión de que un banco estaba en problemas, sino porque apenas un par de ellos lo hacían y el resto les seguía instintivamente por si acaso. Es más, muchos pánicos tenían un origen absolutamente infundado, lo que obligaba a los banqueros a ser capaces de responder a retiradas aleatorias de sus depósitos mediante una gestión prudente de su liquidez. Haber anestesiado a buena parte de los depositantes ha permitido que los banqueros degraden muchísimo más su liquidez, endeudándose a corto e invirtiendo a largo (tal como maliciosamente defiende el modelo Diamond-Dybvig), que es justamente la práctica que origina los ciclos económicos.

Por consiguiente, ni garanticemos los depósitos ni limitemos su remuneración. Quien quiera un depósito absolutamente seguro, que contrate un depósito tradicional de guarda y custodia (100% de reserva) y asuma sus elevados costes (comisiones anuales del 2-3% sobre el total) en lugar de trasladárselos al resto de la sociedad. El resto, seleccionemos juiciosamente los bancos y forcemos una retirada de depósito a la más mínima sospecha, lo que disciplinará a los banqueros y hará que sus depósitos remunerados acarreen riesgos prácticamente nulos (pues estarán invertidos en activos a corto plazo y muy líquidos). A su vez, si aspiramos a rentabilidades altas, nos tendremos que marchar a la bolsa o al mercado de deuda corporativa a largo plazo, donde todos somos conscientes de que existen riesgos y de que conviene analizar bien dónde colocamos nuestros ahorros.

Todo lo demás es subvencionar la incontrolable imprudencia bancaria generando una sensación de falsa seguridad a costa de socializar las inexorables pérdidas de una mala gestión bancaria convalidada por los depositantes. La limitación de las rentabilidades de los superdepósitos es sólo una consecuencia más de este perverso modelo: como ya supo ver Mises, las intervenciones políticas suelen generar nefastas consecuencias no previstas que terminan reclamando la adopción de nuevas intervenciones que, lejos de solventar el problema originario, dan lugar a otros nuevos que, a su vez, requerirán de nuevas contraproducentes intervenciones. Desregular sin privilegios (sin acceso a bancos centrales y sin garantías estatales) es la manera de que los bancos vuelvan a ser lo que jamás debieron dejar de ser.

Se atribuye a Arquímedes la famosa frase de “denme un punto de apoyo y moveré el mundo”, pero tuvo que llegar Jean François Revel para revelarnos que el principal de esos puntos de apoyo que mueven el mundo era la mentira; o todavía mejor que la mentira, las retorcidas, tergiversadas e interesadas medias verdades. No otra cosa ha sucedido con el ya celebérrimo informe del FMI donde, según reza el pensamiento único pro-despilfarro, el organismo internacional ha claudicado de su machacona obsesión con la austeridad. Según se nos cuenta, el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, ha demostrado en este paper que los efectos depresivos de la austeridad son mucho mayores de los inicialmente esperados y, por tanto, que han sido negativos para Europa. Y, ciertamente, la noticia posee los dos ingredientes esenciales para convertirse en todo un bombazo: el reconocimiento de que la austeridad es un fracaso por parte de esa maligna institución que representa lo peor de las esencias neoliberales, el FMI.

Pero hasta aquí la impostada realidad, ahora vayamos a los hechos. Comencemos por el final, por las conclusiones de este redentor informe que supuestamente admite entre súplicas de misericordia el error de haber impulsado las políticas de austeridad: “Para concluir, merece la pena que a la hora de decidir la política fiscal adecuada es necesario muchos otros factores aparte de los multiplicadores fiscales a corto plazo. Por consiguiente, no hay que interpretar nuestros resultados como una oposición a la política fiscal de ningún país en concreto. Prácticamente todas las economías desarrolladas se enfrentan al reto de tener que ajustar sus presupuestos en respuesta a unos elevados niveles de deuda pública y a la presión que el cambio demográfico ejercerá sobre las finanzas públicas. Los efectos a corto plazo de la política fiscal son sólo uno de los muchos factores que hay que considerar a la hora de determinar el ritmo adecuado de consolidación fiscal en cada país”.

Cáspita, parece que la cosa no está tan clara. Mejor analizamos las distintas mentiras que orbitan en torno a esta historia.

El FMI no tiene nada que ver con el liberalismo

El FMI es una burocracia política internacional creada hace tres cuartos de siglo por dos personas profundamente antiliberales: Harry Dexter White (agente soviético infiltrado en la Administración estadounidense) y John Maynard Keynes (el más conocido promotor intelectual de las políticas inflacionistas, neomercantilistas y deficitarias en el s. XX). Su propósito original era proporcionar financiación a los gobiernos de aquellos países con déficits exteriores extraordinarios (es decir, retrasar los ajustes automáticos propios del patrón oro) y, tras el abandono de Bretton Woods, se ha dedicado a conceder créditos a tipos blandos a aquellos gobiernos con déficits públicos gigantescos para que, a cambio de planes de consolidación fiscal consistentes predominantemente en sangrantes subidas de impuestos, permitirles estirar durante más años la acumulación de deuda y el gasto público sobredimensionado.

Los liberales no chicaguenses siempre hemos defendido que lo mejor que puede hacerse con el FMI es cerrarlo ipso facto. Un prestamista privilegiado de gobiernos extranjeros financiado merced a miles de millones de exacciones fiscales que además promueve sucesivos sablazos tributarios es una institución nada liberal. Nunca lo fue y nunca lo será.

Ni el PIB ni el empleo son sacrosantos

El informe del economista jefe del FMI Olivier Blanchard (que no el informe del FMI) llega a la conclusión de que, como media, cada punto de consolidación presupuestaria (de subida de impuestos o de reducción de gastos) se traduce en una caída del PIB de, aproximadamente, 1,5 puntos (es lo que se conoce como “multiplicador del gasto”); un punto más de lo que originalmente el FMI había esperado. Dicho de otro modo y haciendo un ejercicio meramente ilustrativo de trasladar estos resultados al caso español: si nuestro país quiere reducir su déficit de 100.000 millones de euros tendrá que asumir una contracción del PIB de 150.000 millones. Luego matizaremos el alcance de estos resultados incluso dentro de los parámetros del informe; antes, sin embargo, es necesario efectuar una digresión sobre la relevancia del PIB y el empleo.

El problema fundamental al cual se enfrenta todo sistema económico es cómo dirigir unos recursos escasos (entre ellos el factor trabajo) a satisfacer los fines, presentes y futuros, más importantes de las personas que cooperan pacíficamente en ese sistema. Si no tuviéramos que economizar los recursos, podríamos emplearlos de manera aleatoria en cualquier actividad, ya sea en seguir construyendo pisos en España o en cavar agujeros por el mero placer de roturar la Tierra. Pero como emplear los recursos de un modo implica no poder utilizarlos de otro modo (coste de oportunidad, sobre todo en aquellos factores complementarios que exhiben cuellos de botella), es menester organizarlos de tal forma que generen patrones productivos útiles para los consumidores presentes y futuros.

El PIB, para bien o para mal, no mide la calidad del gasto o de los patrones productivos. La burbuja inmobiliaria sumaba PIB de manera muy considerable (directa pero también indirectamente, es decir, tenía efectos multiplicadores) y creaba cantidades ingentes de empleo, pero empobrecía enormemente a los españoles (gasto improductivo financiado con deuda que deberá saldarse con gasto productivo futuro); las guerras o los servicios de represión de una dictadura también suman PIB y no por ello son deseables; incluso un aumento del déficit para multiplicar por 100 las remuneraciones de nuestros políticos incrementaría el PIB y el empleo, pero sólo constituiría un expolio a los españoles.

La cuestión, por tanto, no es si a corto plazo un mayor gasto público permite producir ciertas cosas y contratar a ciertas personas, sino si esas cosas que se producen son más útiles que lo que cuesta producirlas y si, por tanto, el empleo se dirige a crear riqueza. A nadie debería sorprenderle que si el Estado mantiene un déficit de 100.000 millones de euros anuales, el PIB aumente en, al menos, 100.000 millones de euros anuales, y probablemente en algo más (los 150.000 millones recogidos en el informe). Pero nada de esto nos informa de si gastamos bien o fatal; de si dilapidamos los recursos en placeres fugaces que hipotecan nuestro futuro o pavimentamos un camino de prosperidad.

De hecho, el propio informe recoge que la influencia más contractiva de los programas de austeridad se da sobre la inversión privada (que se reduce más de tres veces lo esperado que el consumo). Por un lado, es lógico que subiendo impuestos muchas inversiones que eran rentables dejen de serlo (¡por eso no hay que subirlos!). Pero, por otro, si la inversión se reduce por la falta de gasto público, en realidad sucede que esos desembolsos estatales estaban promoviendo inversiones dependientes del presupuesto: no inversiones rentables por sus propios méritos, sino rentables en función de la renta que coactivamente pudieran rapiñar a los contribuyentes. ¿De verdad queremos un país donde se invierta pensando en el cacique de turno y no en el consumidor? ¿Un país con rentabilidades garantizadas para que se lucren los grupos de presión de turno? Si las inversiones que caen son las inversiones de la plutocracia político-empresarial-lobbyista, bienvenidas sean esas caídas. Lo contrario sería convalidar económicamente los buenos resultados de fenómenos como el pelotazo promotor en la burbuja inmobiliaria.

Las limitaciones del informe

Al margen de las cualificaciones anteriores, el paper tiene otras tres limitaciones de las que conviene dejar constancia. La primera es que, como mucho, sus conclusiones son válidas para economías sumergidas en una depresión deflacionaria: los propios autores han realizado el mismo análisis para países emergentes y no encuentran relación significativa alguna. Segundo, en buena medida los resultados están sesgados por la inclusión de casos excepcionales como el griego, cuya debacle económica no es extrapolable al resto de países (de hecho, excluyendo a Grecia y Alemania, el multiplicador se reduce a 1,2). Y tercero, la principal conclusión del informe se refiere al período 2009-2010: si tomamos el período 2009-2012, el multiplicador giró en torno a 1 (¿a alguien le sorprende que bajando 100 el gasto público el PIB a corto plazo baje en 100?); de hecho, para 2011 y 2012, el multiplicador muy probablemente fuera inferior a 1 y, en todo caso, estuvo en línea con las previsiones originales del Fondo. Aquellos interesados en atribuir la recesión actual a los errores del FMI a la hora de valorar los efectos contractivos de la austeridad tendrán, pues, que buscarse otro informe. Éste no les sirve.

Conclusión

El paper de Blanchard y Leigh no modifica ni un ápice los términos del debate. Quienes entienden la verdadera problemática de los ciclos económicos son conscientes de que gastar más por gastar más no sirve de nada y que hay que concentrarse en reorganizar en una dirección sostenible los patrones de producción; asimismo son conscientes de que la austeridad puede tener efectos contractivos del gasto a corto plazo, o incluso que puede ser devastadora a largo plazo si consiste en subidas de impuestos y no en reducciones del tamaño del Estado. Pero pinchar la burbuja inmobiliaria en 2005 también habría sido contractivo y no por ello indeseable; lo mismo sucede ahora con la burbuja estatal sostenida con un sobreendeudamiento que amenaza con llevarse por delante a toda la economía.

El FMI es una burocracia internacional parida por el keynesianismo que debería cerrarse de inmediato, pero por detestable que resulte no conviene ni ocultar su liberticida discurso para hacerlo pasar por organismo ‘liberal’ (“hay que subir los impuestos”) ni tampoco tergiversar sus declaraciones (“la austeridad es un error y debe ser rectificada”). Ni los liberales merecemos cargar con la tacha de sus antiliberales recomendaciones económicas ni la sociedad merece padecer la política económica de quienes, incluso, se sienten necesitados de manipular el intervencionista mensaje del Fondo, o de sus economistas, para justificar un Estado todavía más mastodóntico.

Conforme va resultando cada vez más improbable que las Administraciones Públicas españolas cumplan con su objetivo de déficit de 2012, Cristóbal Montoro, responsable último de esa fallida política de sangrado fiscal dirigida a mantener una estructura estatal hipertrofiada, trata de quitarle hierro al asunto: nada mágico hay en la prometida cifra del 6,3% del PIB, pues lo importante es el esfuerzo asumido –por los españoles, entiéndase, no por los dispendiosos políticos que padecemos– para tratar de reducir el déficit.

Y, ciertamente, el guarismo del 6,3% no tiene nada de mágico. De hecho, el compromiso inicial de este incompetente a la par que carroñero Ejecutivo antiliberal era alcanzar un déficit del 4,5% del PIB. Luego, Rajoy elevó unilateralmente la cifra hasta el 5,8% (calificándolo con soberana bravuconería de “acto de soberanía”) para a las pocas semanas rectificar con soberana falta de soberanía y “pactar” con Bruselas el 5,3%; cifra que la propia Comisión tuvo que revisar nuevamente al alza, hasta situarla en el actual objetivo del 6,3% ante la flagrante incapacidad política y económica de un Gobierno que sólo tirar de aquella palanca de autodestrucción a la que debería tener prohibido recurrir: las subidas de impuestos.

Por tanto, bien mirado en menos de doce meses hemos cambiado hasta en tres ocasiones de objetivo de déficit. ¿Qué más dará otra más? Si no es el 6,3%, lo mismo vale algo así como el 7% (que, si contamos con el coste del rescate a la banca imputable a este ejercicio, se irá por encima del 8%). A estas alturas de la película, tras un primer deplorable año del zapateante Rajoy, nadie debería sorprenderse de que semejantes razonamientos pueblen la cabeza de un Gabinete obcecado con maximizar las colocaciones de deuda y las subidas de impuestos para minimizar el pinchazo de la burbuja del sector público.

Incumplir la palabra dada

Si nuestros mandatarios se preocuparan de algo más que de mantener o ampliar sus parcelas de poder y de gasto, acaso cayeran en la cuenta de que, tras haber suscrito el compromiso del déficit de 2012 en el 6,3% del PIB y de haber –supuestamente– dirigido todos sus esfuerzos a conseguirlo, el cerrar en cotas del 7% es algo peor que un fracaso: es un radical incumplimiento de la palabra dada.

Peccata minuta, dirán los trileros mayores del Reino de la picaresca, ¿qué enjundia puede tener la palabra dada? Pues, cuando se trata de recibir crédito, absolutamente toda: la oferta de crédito en una economía no viene limitada por la cantidad de dinero en circulación (de hecho, los bancos no nos prestan dinero, sino sus deudas, las cuales los agentes económicos, precisamente porque les otorgan credibilidad a las mismas, las utilizan como medios de pago), sino por la credibilidad que transmiten las familias, las empresas y los gobiernos de que serán capaces de devolver el crédito recibido a través de su producción de nueva riqueza en el futuro. Socavar el valor de la palabra dada, el valor de honrar los compromisos adquiridos, no es un problemilla menor para aquel cuya supervivencia depende de seguir recibiendo crédito: es un torpedo directo contra el madero que lo mantiene a flote. Si la recepción de crédito depende de nuestra credibilidad, huelga explicar por qué la segunda es esencial si no queremos tener serias dificultades en mantener lo primero.

En pocas palabras, la mayúscula irresponsabilidad de este Gobierno consistente en negarse a cumplir sus promesas equivale a trasladarles un mensaje muy claro a los inversores internacionales: “nuestro déficit está fuera de control; aunque nos habíamos comprometido a mantenerlo por debajo del 6,3% y aunque mes tras mes estuvimos repitiendo que sin lugar a dudas lo íbamos a alcanzar, al final nos ha sido imposible lograrlo, esto es, se nos ha ido de madre y, por muy fuerte que fuera nuestra promesa hacia ustedes, no hemos podido o no nos ha dado la gana de hacer lo suficiente para honrarla”.

Un déficit fuera de control

Tampoco hay que exagerar, pensarán algunos. Es sencillo: imaginen que este mismo debate se plantea a la hora de decidir si el Gobierno hace default o adopta hasta la última de las medidas necesarias para evitarlo. Repagar su deuda es la última y la más esencial de las promesas emitidas por este país: ¿qué nos lleva a pensar que el mismo Ejecutivo que o no puede o no quiere llegar al 6,3% de déficit sí tomaría, en cambio, las riendas para evitar la bancarrota del país? Nada: primero, porque si no puede lo menos, es dudoso que pueda lo más; segundo, y fundamental, porque ya estamos en esa situación límite cercana a la bancarrota… ¡y no las está tomando ni siquiera para alcanzar un altísimo déficit del 6,3% del PIB! (buen momento para recordar que este éste será el cuarto año de déficits públicos elevadísimos y que desde 2009 el sector público español ya ha pedido prestado a “los mercados” el modesto monto de 400.000 millones de euros). Queda claro, pues, que si España termina repagando su deuda no será gracias a la diligencia del Gobierno, sino a pesar de su deteriorada gestión, esto es, gracias al dinamismo de un sector empresarial ahora mismo muy debilitado y que los del PP sólo se han dedicado a machacar inclementemente: nuestros acreedores no pueden confiar en nuestros actuales mandatarios y ésa es una perspectiva simplemente devastadora.

La irrelevante expulsión del mercado

Luego algunos atribuirán a conspiraciones intergalácticas el que Alemania se financie casi gratis y a nosotros no nos quiera prestar casi nadie. De momento –porque la credibilidad es lo que tiene, que no es para siempre– Alemania no ha hundido su credibilidad (¿hay mucha gente que pronostique que el Gobierno teutón vaya a quebrar?) como sí lo ha hecho los catastróficos Ejecutivos españoles de Zapatero y Rajoy. Sin embargo, parece que a nuestros gobernantes esta merma de credibilidad –merma que no depende, ni mucho menos, de que venga tardía y timoratamente la agencia de calificación de turno a oficiar el levantamiento del cadáver– se la trae al pairo. ¿Cómo es posible? ¿Acaso al Gobierno no le preocupa ser expulsado de los mercados de capitales y no poder financiar sus gigantescos déficits derivados de sus monstruosas ansias de gastar mucho más de lo que ingresan?

He ahí, precisamente, el problema. Ese tan ortodoxo, germanizado y restrictivo Banco Central Europeo anunció hace apenas tres meses que adquiriría cantidades ilimitadas de la deuda pública de aquellos países que solicitaran el rescate (el famoso programa OMT). No crean que se trata de un anuncio mágico y libre de costes: en realidad, semejante ventanilla bancaria corre a cuenta del crédito y de la riqueza de Alemania. ¿O a qué atribuyen, si no, que los nuevos euros que ha ido inyectado y que seguirá inyectando el BCE en la economía no hayan sido liquidados ipso facto por sus tenedores a importantísimos descuentos (inflación y depreciación del euro)? ¿Acaso por su intensísima demanda de comprar bienes, servicios y activos en España? No lo parece, pues en tal caso esa intensísima demanda también se dejaría sentir en el mercado de deuda pública española: mejor pensado, cabrá atribuirlo al (todavía) intensísimo deseo por adquirir bienes, servicios y activos alemanes (deseo que sí se manifiesta, vaya por dónde, en la demanda de deuda pública alemana). Conceder poder de compra contra bienes alemanes a cambio de que, idealmente, los españoles produzcamos en el futuro las mercancías que serán adquiridas por los alemanes para así poder pagar nuestras deudas con el BCE, no parece la operación más lucrativa del siglo… para Alemania.

Sí lo es, en cambio, para un hatajo de tahúres cortoplacistas que, como nuestros políticos, sólo tratan de seguir gastando lo que no tienen aún a riesgo de abocarnos, a nosotros y a nuestros acreedores, a un más doloroso impago futuro. Por eso la OMT no fue una bendición sino una plaga para la economía española: la plaga de apuntalar a un Gobierno incumplidor y kamikaze al frente de las finanzas del Reino que, además, tiene el descaro de darse palmaditas en la espalda en su primer nefasto año de gobierno.

La construcción del “megaestado” europeo fue desde el comienzo un proyecto de ingeniería social dirigido a recortar libertades y apuntalar el poder de la casta política sobre la sociedad. En pocas palabras: la búsqueda de economías de escala en la tarea de rapiñar al ciudadano. Por si no tuviéramos suficiente con las delirantes discusiones en torno a un presupuesto comunitario hiperinflado y que debería someterse a recortes infinitamente mayores a los propuestos por el más valiente de los líderes nacionales (David Cameron), la semana pasada la Comisión Europea volvió a exhibir su lado más matonil y antiempresarial al imponer una sanción de casi 1.500 millones de euros a siete fabricantes de televisores por formar un cártel.

Según Joaquín Almunia, entre 1996 y 2006 Samsung, LC, Philips, Panasonic, Toshiba, Technicolor (Thompson) y Chunghwa pactaron precios y regularon las cantidades ofertadas de tubos de rayos catódicos –componente básico empleado en la fabricación de los antiguos modelos de televisiones y de pantallas de ordenadores–, lo que, a su entender, encareció notablemente el producto final y retrasó la adopción de nuevas tecnologías como el plasma o el cristal líquido. Tan nociva se ha reputado la estrategia colusoria de estas compañías que, como decíamos, la Comisión ha decidido sancionarlas con 1.500 millones de euros (omitimos todo el gasto litigioso en el que estas compañías habrán incurrido y que,atendiendo a los antecedentes, bien podría suponer otro tanto): una cantidad en absoluto despreciable que equivale, por ejemplo, a dos tercios del gasto anual de Apple en I+D o a la mitad del de Google.

¿Un cártel invencible?

Muchos considerarán que tamaña sanción administrativa está absolutamente justificada por el daño que han infligido a los consumidores, pero no deja de resultar paradójico que el principal beneficiario de ese daño no sean los propios consumidores a modo de resarcimiento sino las arcas de la Comisión. No menos paradójico, con todo, que el hecho de apelar a un insuperable cártel cuando mayoristas tan importantes como Sony, Sharp, Pioneer o Hitachi no formaban parte del mismo. ¿Acaso los consumidores, al verse acechados por los precios artificialmente elevados de Panasonic o Samsung, no tenían la opción de, digamos, escoger las marcas no cartelizadas y, por tanto, presuntamente más baratas del estante de al lado? Habiendo empresas fuera del cártel, nada tan sencillo como ejercer la soberanía del consumidor escogiéndolas y penalizando a aquellas otras que se empeñaban a vender a precios disparatadamente altos.

Imagino, empero, que semejantes circunstancias no entraron en el análisis de nuestros iluminados eurócratas, obsesionados en ajustar la dinámica realidad de los mercados a modelos tan caducos y poco explicativos como el de competencia perfecta. La sanción no es tanto por el daño infligido cuanto por la osadía de desafiar las estrechas entendederas de la legislación antitrust comunitaria formando, oh anatema, un cártel “de manual”, en palabras de Joaquín Almunia; un cártel tan devastador y difícilmente vencible que, como ya hemos dicho, el consumidor sólo tenía que escoger a Sony en lugar de Panasonic.

Con todo, el auténtico despropósito de la multa no reside en que, en última instancia, el consumidor pudiese burlar muy fácilmente el cártel, sino a que un cártel puede ser (insisto en el puede ser, no necesariamente tiene por qué serlo) una estrategia empresarial que, aunque aparentemente perjudique al consumidor a corto plazo, lo esté beneficiando en el largo plazo. Al cabo, un cártel no es más que una fusión reversible entre empresas, y es evidente que las fusiones pueden reportar grandes ganancias al consumidor (vía mayores economías de escala, unión de equipos investigadores, eliminación de duplicidades o racionalización de los excesos de capacidad).

Las razones de fondo del cártel

Pongámonos en el caso extremo de que todos los mayoristas de televisores hubiesen formado un cártel en un mercado que, como el de tubos de rayos catódicos, se encontraba en declive y donde, por tanto, no cabía esperar que se creara ninguna nueva empresa ajena al cártel para vender esa mercancía a un precio más asequible (nótese que si el sector no estuviera en declive, bastaría con que cualquier capitalista creara una nueva empresa en ese sector y vendiera a precios más bajos que los del cártel, quedándose así todo el mercado). En este restringido contexto, ¿podía un cártel ser beneficioso para los consumidores? Sí, podía serlo.

Precisamente porque la industria de tubos de rayos catódicos estaba en declive y presentaba excesos de capacidad, la manera lógica de minimizar las pérdidas y de facilitar la desinversión en el sector pasaba por una coordinación entre todos los proveedores para evitar que uno inundara el mercado en perjuicio de todos los demás. Repartirse un mercado saturado cuyas ventas van a decrecer año tras año es la manera más sensata de evitar una guerra civil donde todas las compañías salgan perdiendo; del mismo modo que un teatro en llamas hay que evacuarlo en orden y no apelotonadamente, de una industria moribunda hay que salir del modo menos caótico posible. Los mismos que desdeñosamente repiten una y otra vez que los mercados se rigen por la ley de la selva y por sus tendencias autodestructivas son quienes luego se escandalizan al descubrir que no, que en los mercados también existen herramientas cooperativas que limitan el ámbito de la “competencia salvaje”.

Claro que, en apariencia, la cooperación entre las empresas se produce en este caso con el objetivo de trasladarles sus pérdidas potenciales a los consumidores. Pero, ¿es ésa toda la historia? Póngase en la piel de un empresario: ¿su inversión resultará más o menos arriesgada si sabe que, cuando la demanda de sus productos languidezca, no dispondrá de una razonable estrategia de salida que le permita minimizar sus pérdidas? Obviamente, más arriesgada. ¿Y qué hará para cubrirse frente a esos mayores riesgos? O invertir menos en la empresa o vender sus productos a un precio más elevado (de modo que compense las mayores pérdidas futuras con más elevados beneficios presentes). En el primer caso (menor inversión) la oferta de su mercancía caerá, con lo que su precio subirá; y en el segundo, el precio por unidad directamente se incrementará (con lo cual, también venderá menos). Si, por el contrario, usted sabe que sí dispondrá de una estrategia de salida, sentirá cómo el riesgo de su inversión se reduce y se mostrará dispuesto o a invertir más (a producir más) o a vender más barato.

La normativa antitrust de la Comisión Europea, y más en concreto está sanción a los fabricantes de tubos de rayos catódicos, es una forma de cerrar la más razonable de las estrategias de salida: la cooperación entre todos los empresarios afectados por el declive de su sector para proceder a desinvertir de manera ordenada. Si la Comisión tiene éxito a la hora de proscribir estas prácticas, el futuro que nos espera es uno con menos innovación y precios más altos para los nuevos productos, por cuanto sus fabricantes tratarán de cubrirse del riesgo de su repentina obsolescencia (riesgo que, en sectores tecnológicos, es muy considerable) del modo ya analizado.

Al final, por tanto, se trata de escoger entre disfrutar de precios más bajos durante las fases de crecimiento-madurez del producto y de precios más altos durante las de declive, o de precios más altos durante las de crecimiento-madurez y de más bajos durante la de declive. ¿Qué es mejor? No existe una respuesta universalmente válida, aunque la preferencia temporal y el aprovechamiento de las economías de escala parecen sugerir la primera opción. Así, de hecho, lo han escogido (inconscientemente) los consumidores en la industria analizada (podrían haber comprado televisores caros durante las fases de crecimiento-madurez y baratos durante la de declive), pese a lo cual la Comisión castiga al sector con pauperizadoras sanciones milmillonarias para obligarle a ir en la otra indeseada dirección. En suma, pues, la legislación de defensa de la incompetencia se muestra fiel a sus orígenes: no es una normativa dirigida a proteger a los consumidores, sino a subvertir el éxito de las mejores compañías en privativo provecho de un mayor control político y del resto de ineficientes empresarios.

Mi visión sobre la organización territorial de los Estados es que resulta preferible un mundo con muchas unidades políticas que con muy pocas. Ceteris paribus, cuanto más numerosos, más pequeños y más débiles sean los Estados, más competencia regulatoria y fiscal, menos incentivos a enfrascarse en militaristas operaciones imperialistas y mayores facilidades para los ciudadanos de implementar la más genuina de las democracias: la de los pies.

Partiendo de tal premisa, sería coherente que tuviera una opinión favorable a los procesos de secesión, por cuanto contribuyen a aumentar el número de unidades políticas en competencia. Y, en general, así es: observo la secesión más como una oportunidad que como una amenaza. Ahora bien, que en general mi opinión sobre la secesión sea ésta no significa que en particular lo sea para todos los casos y contextos. Uno puede tener la (probablemente equivocada) idea de que el ser humano vive mejor sin pareja estable y, por tanto, ser favorable a las rupturas matrimoniales y, al tiempo, concurrir con que la mejor manera de iniciar los trámites de divorcio no es tirándose los trastos a la cabeza cuando además existen niños de por medio y el banco ha iniciado el embargo de todos los bienes conyugales. En suma: que esté de acuerdo en lo beneficioso que sería estar instalado ya en un determinado destino no significa que vea adecuado ni iniciar el desplazamiento desde cualquier situación ni cualquier medio de transporte utilizado.

Con Cataluña y su eventual secesión del resto de España me sucede algo parecido: probablemente sería positivo el ya tener dos Estados diferentes conviviendo y cooperando pacíficamente pero, también probablemente, no lo sea el buscarlos ahora mismo con amenazas y vilipendios abiertos entre todas las partes implicadas. En especial, cuando tenemos ante nosotros opciones menos drásticas, menos desestabilizadoras y más sensatas que podrían beneficiarnos a todos.

Una situación absolutamente inestable

Es nota común entre los análisis de las recientes elecciones catalanas el destacar el batacazo de Artur Mas y del frente independentista: el órdago secesionista, lejos de haber triunfado, ha experimentado un sonoro fracaso al ver reducida su representación desde los 76 escaños que en 2010 consiguieron CiU, ERC y SI a los 74 que hoy acumulan CiU, ERC y CUP. La sociedad catalana, se concluye, ha dicho ‘NO’ a aventuras rupturistas.

Lo cierto es que semejante lectura de los resultados no deja de sorprenderme por diversos motivos. El primero y fundamental es que parece obviarse que ésta ha sido la primera vez desde la Transición que CiU ha concurrido a las elecciones con un discurso inequívocamente independientista, lo que por necesidad habrá ahuyentado a un buen grupo de sus votantes no secesionistas (de ahí parte de su hundimiento) pero al tiempo ha dejado de manifiesto que todos los restantes (que equivalen al 30% de los sufragios emitidos) sí apoyan militantemente la secesión; sólo por esto, habría que coger cum granum salis las comparaciones entre los resultados de unos comicios y otros. El segundo es que, aún así, los partidos inequívocamente independentistas copan el 55% de la representación parlamentaria y el 48% del voto popular; amén de hechos tan llamativos como que las dos primeras fuerzas políticas sean separatistas y que sólo CiU tenga más escaños que PSC, PP y Ciudadanos juntos. Tercero, si bien los partidarios de la independencia han concurrido con unos objetivos bastante nítidos a las elecciones, los presuntos detractores (salvo Ciudadanos y en menor medida el PP) han defendido en diverso grado la necesidad de convocar un referéndum de independencia (especialmente ICV-EUiA, pero también el PSC), lo que permite suponer que una parte muy relevante de sus votantes favorecerá incluso la secesión. Y cuarto, en Gerona y Lérida, los partidos independentistas superan el 60% de los votos y el 70% de los escaños, lo que abre una indudable brecha a la unidad de España en estos territorios.

En otras palabras, que CiU se haya dado un buen batacazo, que Artur Mas pueda haber cavado su personal tumba política o que los resultados de los partidos secesionistas sean peores de lo que muchos –incluso ellos mismos– esperaban no significa que la mayoría de los catalanes hayan expresado su deseo de permanecer en España: el independentismo siguen gozando de mayoría de escaños y probablemente de votos en unas elecciones donde su mensaje ha sido más claro y desacomplejado que nunca.

¿Es sostenible a medio y largo plazo el actual statu quo de Cataluña y España con una parte muy importante de los catalanes reclamando la independencia, otra parte no viéndola con malos ojos y otra, bastante más pequeña, rechazándola de frente? No lo creo.

Los motivos del auge independentista

Aunque el independentismo catalán, como todo movimiento social y político amplio, sea un batiburrillo de agendas políticas y económicas muy dispares –desde la extrema izquierda antisistema a la burguesía catalana–, ha sido tradicionalmente amalgamado por dos factores: por un lado, la muy peligrosa ambición de querer construir y planificar desde el Estado propio una “nación” que encaje dentro de los estrechos y procustianos moldes lingüísticos, culturales y sociales del esencialismo nacionalista; por otro, los potenciales beneficios que suponía presentarse como un bloque más o menos compacto a la hora de negociar con el Gobierno central sobre cuestiones que nada tenían que ver con el núcleo del mensaje nacionalista (por ejemplo, la transferencia de las competencias de Educación y Sanidad a las autonomías o el cambio de modelo de financiación).

El tacticismo llevó al nacionalismo catalán a asociar ambos elementos como indisociables con tal de reforzar las coaliciones internas y buscar sinergias electorales: la transferencia de la Educación dejaba de ser una vía neutra de mejorar la provisión del servicio estatal para convertirse en un instrumento de construcción y adoctrinamiento nacional (como, por otro lado y dicho sea en justicia, sucede en distintos grados con todos los sistemas de educación pública); y el “Pacto fiscal” no nació como una forma de buscar una modelo de financiación más sensato sino como una ocasión para negociar en pie de igualdad con Madrid y de denunciar el sangrado fiscal del pueblo catalán. De este modo, uno se ha podido encontrar con independentistas de ultraizquierda que defienden la necesidad de una activa ayuda externa desde los países ricos a los pobres (por ejemplo, desde Alemania a Grecia) abogando por cortar de inmediato el “expolio” que los gobiernos extremeño o andaluz practican al catalán, y con liberales nada nacionalistas y partidarios de la educación libre que se tenían que definir como “nacionalistas moderados” por cuanto consideraban a CiU el instrumento más adecuado para lograr objetivos políticos o económicos razonables como la descentralización tributaria.

A su vez, los enemigos de la descentralización (nacionalistas españoles o no) han abrazado rápidamente la táctica nacionalista catalana por cuanto les permitía oponerse a medidas sensatas (la descentralización) so pretexto de defender la unidad de España. Como si un país donde la provisión pública de los servicios de educación, sanidad o justicia esté en manos de la Comunidad de Madrid, de la Región de Murcia o de la Generalitat catalana sea necesariamente menos país que otro más jacobino donde está concentrada en manos del Ejecutivo central. No es verdad: pero extender esa confusión les ha sido muy conveniente a unos y a otros en su particular tira y afloja identitario y competencial.

Hasta el momento es evidente que la táctica le ha salido mucho mejor al nacionalismo catalán, por cuanto año tras año ha ido ganando en competencias y apoyo popular. Pero el coste de semejante maniobra ha sido enorme en términos de convivencia entre españoles y, también, entre catalanes.

Socavando la convivencia

En nuestras hiperestatalizadas sociedades occidentales, en las que se confunde sociedad con Estado, los movimientos secesionistas son observados ya en sí mismos con profundo recelo: que una persona se quiera separar de otra parece estar trasladando el mensaje de que no desea convivir con ella. Fijémonos en que, en tanto en cuanto el ser humano ha sido capaz de minimizar los enfrentamientos y las guerras ampliando sus círculos de confianza desde el clan familiar hasta la sociedad abierta con unos valores mínimos compartidos, el mensaje de “me quiero separar de ti” suena a priori muy duro e incluso amenazante. En realidad, no debería serlo, pues podría venderse de otro modo más inteligente y digerible para todos: “creo que es más eficiente para todos si administro ciertos asuntos por mi cuenta aunque sigo teniendo toda la intención y el interés del mundo en continuar conviviendo y cooperando pacíficamente contigo”.

Sucede que si el ya de por sí duro mensaje separatista lo canalizamos a través del discurso nacionalista –consistente en exaltar, fabricar e incluso despreciar las diferencias–, el cóctel se vuelve simplemente explosivo e inmanejable para ambas partes. Los españoles tienden a observar al nacionalismo catalán como el típico chulito marrullero de barrio que se cree superior al resto de la vituperable plebe y que está dispuesto a generar continuamente conflictos para reivindicar su estatus de superioridad. El natural mecanismo de defensa de muchos de estos españoles ha sido unirse en su desprecio contra el marrullero de barrio, marginarlo, tratar de pararle los país y de o bien encarcelarlo con una camisa de fuerza o bien expulsarlo de la ciudad.

Las tensiones se han ido, pues, realimentando: el nacionalismo catalán lo ha tenido muy sencillo para resucitar y avivar la imagen de una sociedad española opresora de una Cataluña expoliada y, a su vez, gran parte de los españoles (que en su mayoría ni siquiera cabe tildar en propiedad de nacionalistas) han ido cultivando el cada vez más explícito deseo no ya de mantener a Cataluña por la fuerza dentro de España (como tradicionalmente había defendido el nacionalismo español), sino de darles una patada en el culo a los catalanes para así librarse del ‘cáncer’ que supone su sempiterno discurso victimista y frentista. Un expansivo odio mutuo que no sólo se reproduce entre Cataluña y el resto de España, sino dentro de la propia Cataluña. Como digo, puede que, con su táctica de asociar la identidad catalana a la secesión política, el nacionalismo catalán haya logrado un mayor autogobierno y estar más cerca de la independencia de lo que jamás habría soñado, por la ruptura de la convivencia y los costes que ello entraña han sido (y amenazan con seguir siendo) simplemente devastadores.

Los costes de la independencia

Si bien, tal como he manifestado al comienzo, creo que política y económicamente un mayor número de Estados independientes es preferible a un menor número, no conviene caer en el error de pensar que el proceso de secesión, especialmente en las muy tensionadas condiciones actuales, está libre de costes. En sí mismo, la creación de un aparato estatal nuevo entraña costes e incertidumbres de transición, adaptación y consolidación muy importantes; pero si ese nuevo Estado catalán surge del deliberado enfrentamiento con los órganos del Estado español, con la sociedad española y con una parte (aunque sea pequeña) de la sociedad catalana, entonces los costes y las incertidumbres ya se vuelven siderales. Es simplemente suicida –para ambas partes– iniciar un largo camino hacia un destino incierto en el que todos van a tratar de apuñalarse por la espalda al más mínimo despiste. Basta apuntar, y con esto creo decirlo todo, que nadie con dos dedos de frente descarta la posibilidad (aunque sea remota y desde luego indeseada por todos) de que el actual proceso separatista degenere en una guerra civil (o, al menos, en una invasión militar de Cataluña): estando ese flanco abierto, se entenderá el grado de absoluta incertidumbre (para mal) en el que nos movemos.

A buen seguro, pues, la independencia de Cataluña, tal como está planteada hasta la fecha, acarrearía costes sociales y económicos muy importantes. Internamente, el comercio y la cooperación entre catalanes y españoles sufriría un fuerte retroceso por la natural animadversión que despertaría, entre unos y otros, tratar con el contrario; todo lo cual sólo destrozaría aún más las bases del actual tejido empresarial de Cataluña y España. El tan creciente como absurdo boicot a los productos catalanes es sólo una exteriorización de unos comportamientos que irían a más en ambos lados sin darse cuenta de que cada uno de ellos se estaría disparando directamente en sus propios pies: básicamente porque a) la cadena de valor de los productos catalanes no está concentrada toda ella en Cataluña, sino esparcida por toda España y b) los catalanes importan productos españoles gracias a las rentas que obtienen de los productos catalanes que nos venden. Todo ello por no hablar de los eventuales controles fronterizos, aranceles y expropiaciones mutuas de empresas que, no por descabellados y antieconómicos, dejarían de imponerse en ambas lados al menos por un tiempo.

Externamente, no sólo es probable que Cataluña fuera excluida del mercado común y del euro (con todo lo que ello perjudicaría a Cataluña… y a España: ¿o creemos que una depreciación de la divisa catalana del 70% no daría lugar a un pauperizador dumping sobre la industria española), sino que la inversión exterior saliera despavorida de un país donde el cambio de fronteras, el contexto empresarial y los repagos de deuda no están sometidas a un proceso diáfano, pactado y pacífico, sino que son fruto de las amenazas y del enfrentamiento mutuo.

No es difícil comprender cómo la ruptura del mercado interior y exterior daría lugar a una fuerte caída del PIB que sólo dificultaría todavía más la negociación sobre las condiciones de la secesión y añadiría (aún) más incertidumbre al proceso.

Regresemos al seny

Todo lo anterior me conduce a una sola conclusión: la independencia, tal como se ha planificado hasta la fecha, ni toca ni conviene a ninguna de las partes. Máxime cuando existe una vía mucho más sensata para todos que sin duda serviría para desactivar durante un tiempo el proceso secesionista (como ha hecho con una parte del nacionalismo vasco): aceptar el famoso ‘Pacto fiscal’ como una oportunidad para que toda España camine hacia un modelo de financiación muchísimo más descentralizado que el actual.

La descentralización fiscal no sólo conviene a los ciudadanos de Cataluña, sino a los de otras regiones como Baleares o, con mucha mayor claridad, Madrid, contribuyentes netos de nuestro muy socialista sistema de financiación autonómico. Sé que muchos opinan que la balanza fiscal de Cataluña no es negativa, sino positiva, y no oculto la existencia de argumentos de peso (aunque insuficientes a mi juicio) para sostener tal visión; pero si así fuera, ¿qué argumentos pueden restar para oponerse a una descentralización tributaria que reduciría los ingresos del gobierno catalán e incrementaría los del resto de autonomías?

Es más, esta descentralización fiscal no sólo beneficiaría a las “regiones ricas” sino a medio y largo plazo a las más pobres como Andalucía y Extremadura, las auténticas receptoras netas del actual modelo: ha sido el terrible error intervencionista de creer que estas regiones necesitaban de un mayor gasto público para desarrollarse el que ha llevado a inundar sus administraciones con un dinero que sólo ha servido para consolidar una casta gobernante y funcionarial mastodónticas y corruptas, así como una economía privada encorsetada con nulos incentivos para abrirse al mercado, bajar impuestos y competir –como lo hacen otras regiones mucho más pobres del planeta– en pie de igualdad con las zonas más ricas de España. ¿Qué incentivos tienen los ciudadanos de ciertas partes del país a volverse menos socialistas con tamañas redistribuciones de renta a su favor?

Uno de los mayores errores que ha cometido el Gobierno de Rajoy en este primer año de legislatura (y ya es difícil que sobresalga alguno) ha sido cerrarse en banda a descentralizar de verdad el modelo de financiación autonómica por el simple hecho de que la iniciativa surgía del nacionalismo catalán (olvidando que peticiones similares han nacido desde las sedes madrileña y balear de su partido). Desde luego, no es un error del todo incomprensible habida cuenta de la ideología (socialista) y de los intereses regionales (Junta de Andalucía, que no sociedad andaluza) que defiende su nefasto ministro de Hacienda, pero es un error que ha tensionado innecesariamente la cuerda y que, pese a las parciales lecturas de los recientes comicios catalanes, ha dado alas al independentismo. ¿A qué brillante estadista del PP se le ocurrió el movimiento de lanzar a los brazos del independentismo nacionalista a todos aquellos catalanes que defienden la sensatísima descentralización fiscal?

El PP, si aspira de algún modo a que España salga unida y no hundida de la crisis, debería rectificar ese tremendo error y, por estrambótico que pueda parecer, evitar un acuerdo de gobierno entre CiU y ERC invistiendo a Mas presidente y renegociando todo el modelo español de financiación (no sólo el de Cataluña) a cambio de que CiU abandone, por el momento, su deriva secesionista. Tiempo habrá en el futuro –después de la crisis, con los ánimos más calmados y de manera más consensuada– de plantear un cada vez más inevitable referéndum sobre la secesión no ya de Cataluña como un bloque unitario y trascedente, sino, si de verdad el nacionalismo se atreve a jugar esa carta, de cada una de las provincias o comarcas que ahora mismo componen Cataluña. En estos momentos, la ruptura violenta no conviene a casi nadie, pero consolidar el endeble e indeseable statu quo, tampoco.

Pese a que en los últimos cinco años hemos asistido a la mayor expansión fiscal de la historia de la humanidad –con la posible excepción de esa II Guerra Mundial que los verdaderos militaristas económicos reputan fuente de toda nuestra prosperidad presente–, los keynesianos, asfixiados por el propio fracaso de su contraproducente recetario y de la insolvencia sobrevenida de muchos de aquellos países que han sufrido su rodillo, se han apegado a la muy falaz idea de que Occidente ha sufrido un exceso de austeridad. ¡De austeridad! El gasto y el déficit público se hallan en máximos históricos en la mayor parte de lugares del planeta (y en todos ellos, muy por encima de los niveles que alcanzaron durante la burbuja crediticia que concluyó en 2007) y se sigue hablando inapropiadamente de austeridad. Es lo que pasa cuando no se quieren reconocer los propios fracasos y se pretende seguir huyendo hacia adelante: ¿que en unos años hemos duplicado los volúmenes de deuda pública (repitan: austeridad) y cada vez estamos más hundidos? No hay problema: tratemos de volver a duplicarlos con mayor rapidez si cabe en los próximos meses.

Otro manifiesto keynesiano

Éste es el mensaje de fondo del manifiesto “Una visión alternativa de la crisis de la Eurozona”, recientemente suscrito por diversos economistas “críticos”. El breve manifiesto tiene tres mensajes fundamentales: el primero, que las políticas de austeridad están agravando la crisis debido al incorrecto diagnóstico de la ortodoxia económica, según el cual todos nuestros problemas provienenúnicamente del exceso de gasto público y de la falta de competitividad del Sur de Europa; el segundo, que el auténtico problema de la Eurozona deriva de la falta de un prestamista de última instancia que permita una resolutiva actuación gubernamental a la hora de corregir el desequilibrado modelo de crecimiento europeo materializado en un Norte mercantilista y un Sur dependiente del endeudamiento barato; y tres, que la solución a todas nuestras dificultades pasa por implementar una política fiscal expansiva a gran escala respaldada por el BCE con el objetivo de incrementar el nivel de empleo en la Eurozona –algo que traería crecimiento y que, por tanto, permitiría estabilizar el nivel de endeudamiento sobre el PIB y no generaría inflación– y por incrementar los salarios en el Norte para estimular un mayor consumo interno.

Un equivocado diagnóstico del diagnóstico

Los tres mensajes son una mezcla entre tramposos y equivocados. En cuanto al primero, no conozco muchos partidarios de la austeridad estatal que crean que los únicos problemas del Sur de Europa son su excesivo gasto público y sus altos salarios. Yo mismo, en mi libroUna alternativa liberal para salir de la crisis, explico que el problema tiene dos caras: por un lado, el sobreendeudamiento privado y crecientemente público de nuestras economías; por otro, la descomposición de nuestra estructura productiva tras haber sido asolada por la burbuja inmobiliaria (y de la que los salarios mayores a la productividad del trabajo son sólo una de sus múltiples exteriorizaciones). La salida de la crisis presupone la corrección de estos dos desequilibrios de fondo, el financiero y el real, y para ello son necesarios numerosos ajustes: entre ellos, dejar de añadir todavía más deuda a nuestro ya casi impagable volumen total de endeudamiento (de ahí la necesidad de reducir el déficit por el lado de un menor gasto público) y facilitar una recomposición de nuestro modelo productivo que lo aleje del ladrillo (para lo cual se necesita, entre muchas otras condiciones, que aquellos costes laborales que deban reducirse, lo hagan). Reducir todos nuestros problemas a que el Estado gasta mucho y a que los trabajadores ganan mucho dinero es de una simplicidad engañosa, pues el objetivo final no es la austeridad por la austeridad, sino la generación por parte del sector público y del sector privado de un volumen suficiente de ahorro que permita desapalancarnos y restructurarnos.

El más equivocado diagnóstico propio

Precisamente por eso, el segundo mensaje lanzado también es erróneo. Por un lado, los economistas “críticos” se ven forzados a reconocer que el Sur tiene un problema de excesiva dependencia del endeudamiento y de una economía incapaz de vender al exterior, pero, por otro, atribuyen parte de esos problemas a la obsesión del Norte por consumir menos de lo que producen, es decir, por ahorrar. Se consigue así una suerte de responsabilidad compartida entre el Sur y el Norte: uno por producir y otro por consumidor demasiado poco. Sucede, empero, que la crisis europea no tiene nada que ver con que el Norte sea muy productivo y austero. Acaso, si queremos atribuirle cierta responsabilidad al Norte, podemos imputársela al hecho de haber canalizado una parte de ese ahorro (sobre todo a corto plazo) a financiar el endeudamiento (sobre todo a largo plazo) que el Sur dirigía a consumir mucho más de lo que producía y al hecho de haber destinado la otra parte de su ahorro (de nuevo, sobre todo a corto plazo) a expandir (a largo plazo) la capacidad productiva de su industria con miras a seguir abasteciendo unos niveles de gasto del Sur que ahora mismo sólo son sostenibles mediante su continuado endeudamiento. Es decir, el problema no pasa en ningún caso en haber ahorrado demasiado, sino en haber invertido ese ahorro demasiado mal.

El problema del Sur, por el contrario, sí viene de ahorrar demasiado poco y de hacer depender su bienestar de vivir de prestado del Norte. Si el Sur fuera más productivo de lo que es ahora (es decir, si no hubiera inmovilizado su economía en el ladrillo o en sector improductivos dependientes del Estado), el Norte podría seguir vendiendo lo mismo y el Sur podría seguir comprando lo mismo que ahora: la única diferencia estaría en que el Norte se cobraría al instante lo que vende (en lugar de acumular derechos de cobro contra el Sur) y el Sur pagaría al instante lo que compra (en lugar de acumular deudas a favor del Norte) mediante mayores exportaciones del Sur hacia el Norte. Es ahí, en esa incapacidad para exportar más y, por tanto, para pagar todo lo que se importa del Norte, donde reside el germen del problema: en ausencia de mayores exportaciones del Sur, sólo queda o incrementar todavía más su endeudamiento exterior (si se quiere apurar unos meses más su nivel de vida, es decir, sus importaciones financiadas con deuda) o, como está sucediendo en España, poner bruscamente fin a su necesidad de endeudamiento exterior con una fortísima contracción en su nivel de vida (restricción de las importaciones merced, por ejemplo, a acumular seis millones de parados).

Aclaremos, con todo, que la insuficiencia exportadora del Sur no proviene de que el Norte ahorre mucho y, por tanto, de que importe muy poco desde el Sur. Ahorro no significa no-gasto, sino no-gasto en consumo: esto es, bien puede traducirse en un mayor gasto del Norte en bienes de inversión. Por ello, nada obstaría para que el ahorro del Norte se canalizara en forma de importaciones de bienes de capital desde el Sur, pero para ello deberíamos ser capaces de fabricar esos bienes de capital demandados y necesitados por el Norte: cosa que obviamente no sucede (el gran activo duradero que es capaz de fabricar España son centenares de miles de viviendas, y la demanda residencial del Norte como que no es tan elevada). La afirmación de los economistas “críticos” de que del mismo modo que ningún país puede vivir sostenidamente por encima de sus posibilidades tampoco ninguno “puede vivir indefinidamente por debajo de sus posibilidades” es una simple boutade. Claro que se puede y, de hecho, si queremos ser más ricos y prósperos en el futuro, conviene que sea así: ahorrar, invertir y capitalizarnos para disfrutar de incrementos sostenidos en nuestra producción per cápita. El problema, repito, no está en ahorrar mucho, sino en invertir mal ese ahorro (por ejemplo, financiando gigantescos déficits públicos o cementerios de viviendas vacías e infladas de precio).

De hecho, como digo, si de algo podemos acusar al Norte es de haber invertido mal su ahorro al prestárselo al Sur: esto es, en haber sido demasiado ingenuos al pensar que prestándoles su capital a los del Sur éstos se desarrollarían y serían capaces de repagar las deudas contraídas gracias a unas economías mucho más productivas. Cándidos: en lugar de endeudarnos para producir más nos acostumbramos a asumir nuevos pasivos para consumir más. Es decir, en lugar de volvernos ricos, nos conformamos en gastar como ricos con cargo a la deuda. Y ahora los del Norte se encuentran con que les debemos centenares de millones de euros (reflejo de que durante muchos años les compramos mercancías sin pagárselas) y que amenazamos con marcharnos haciendo un simpa.

La fatal solución

Por último, la solución de los economistas “críticos” no deja de ser contraproducente y hasta cierto punto contradictoria: por una parte, proponen que los países del Norte ahorren menos y consuman más (por ejemplo, aprobando subidas salariales) para así alimentar la demanda exterior del Sur; por otro, instan al Banco Central Europeo a que facilite un mayor endeudamiento en el ya sobreendeudado Sur para “crear empleo”.

Digo que las soluciones son contraproducentes y contradictorias, primero, porque no está demasiado claro por qué los mayores salarios alemanes se deban traducir en una mayor demanda de las viviendas en España y no en más iPads estadounidenses, en más videojuegos japoneses, en más relojes suizos o, simplemente, en más electrodomésticos y automóviles alemanes (que sólo contribuirían a encarecer las importaciones alemanas a España y, por tanto, a empeorar todavía más el nivel de vida de los españoles). Segundo, porque si el BCE es capaz de monetizar deuda de países periféricos sin desatar una más acelerada inflación interna es porque los nuevos euros que crea en el proceso de monetización son atesorados (no gastados) por ahorradores europeos o extraeuropeos; si se empiezan a poner esos nuevos euros en circulación, merced a un mayor incentivo a que sus tenedores los consuman, sí contribuirán a presionar al alza los precios en toda Europa (justo lo que necesitan las familias españolas: un nuevo impuesto inflacionista que hunda todavía más su renta disponible). Y tercero, porque es absurdo asumir que un mayor endeudamiento público de las economías del Sur vaya a contribuir a resolver sus dos problemas fundamentales: exceso de endeudamiento y exceso de malas inversiones internas.

Justamente, más gasto público con cargo a la deuda sólo contribuirá a acrecentar estas dos distorsiones: el conjunto de la economía española se endeudará más (y ya estamos en un punto donde ni siquiera podemos pagar la deuda que ya hemos asumido) y lo hará en proyectos de muy bajo o nulo rendimiento. Fijémonos en que los economistas “críticos” sólo exigen, no que la nueva deuda se invierta de manera rentable (algo que el Estado, por su propia naturaleza, es incapaz de controlar), sino que se genere empleo. ¿En qué? Eso para ellos es una cuestión secundaria, pues el objetivo es el empleo en sí mismo… por improductivo que sea.

Pero no: lo cierto es que las economías son más ricas no porque haya más gente ocupada en algo, sino porque haya más gente ocupada en la fabricación de bienes con el mayor valor añadido posible. ¿Es ésta la tarea en la que cabe prever se vayan a dedicar nuestros políticos? ¿Acaso todavía creemos a estas alturas de la crisis que Mariano Rajoy o Alfredo Pérez Rubalcaba cuentan con toda la información y habilidad para descubrir y crear los centenares de miles de nuevas empresas competitivas y de alto valor añadido que necesita España para producir suficiente riqueza con la que repagar su deuda sin ver mermada su calidad de vida? ¿Ellos, que no han creado una sola empresa en su vida? ¿En serio confiamos en el partido del Plan E y del Aeropuerto de Castellón para diseñar y planificar nuestra economía? ¿O acaso pensamos que basta con dar dinero a todo el mundo que lo pida para que el país se transforme en un verde valle de buenas y sanas inversiones? ¿En serio confiamos en que ese modelo de crédito barato universal propio de nuestras cajas de ahorro y de las subprime estadounidenses hasta 2007 vaya a lograr una adecuada y rentable asignación de ese escasísimo recurso que es el capital? ¿De burbuja en burbuja hasta el colapso final? Ah, que ya estamos en el colapso final…

No, la respuesta al keynesianismo no puede pasar por más keynesianismo, sino por solucionar lo antes posible los desequilibrios que la burbuja financiera, productiva y estatal generaron sobre nuestra economía echando mano de las únicas herramientas que nos permitirán lograrlo: más libertad de mercado y más ahorro público y privado.

El PP siempre ha querido presentarse como un partido afín al liberalismo; al menos al liberalismo en su vertiente económica: sus (propagandísticos) mensajes se han concentrado tradicionalmente en la necesidad de contener el crecimiento del Estado, de bajar impuestos y de crear un entorno institucional propicio para el libre desarrollo de la función empresarial.

Tras apenas una primera semana en el poder, los españoles ya pudimos comprobar cómo se mofaban de sus dos primeros mensajes: su insaciable voracidad fiscal, traducida en una salvaje subida del IRPF, buscaba mantener a toda costa la burbuja del sector público; desde entonces, su rapiña tributaria no ha hecho más que repetirse con insoportable frecuencia en IVA, Sociedades, Especiales y cotizaciones sociales.

Pese a los continuados rejonazos fiscales, infligidos siempre con las risueñas carcajadas de Montoro y la cómplice bendición gremial de Nadal, los hay que todavía aspiran a ver en el PP algo distinto a un subproducto nacional del peronismo argentino: se nos repite que “las sangrantes subidas de impuestos tienen un carácter temporal”, “que su único propósito es hacer frente a una situación de emergencia en las cuentas públicas heredada por el PSOE”, “que ningún partido político, por liberal que fuese, podría haber hecho otra cosa” o que “para comprobar la auténtica afinidad de este Gobierno con el liberalismo hay que atender a las reformas estructurales que facilitan el libre emprendimiento”.

Dejando de lado las flagrantes mentiras que esconden la mayoría de los asertos anteriores (para comprobar que sí existía una alternativa liberal a la nefasta política tributaria del PP puede consultarse, por ejemplo, mi nuevo libro) me interesa centrarme en la última de las afirmaciones: que si bien la coyuntura obliga al PP a comportarse tal como proponía Izquierda Unida en su programa electoral, al menos sí está creando un ambiente propicio para que los emprendedores puedan desplegar sus ideas de negocio.

Más allá de esas tropecientasmil y una reformas estructurales, de esa “Ley de Fomento del Emprendimiento” o de ese aplazamiento del pago del IVA tantas veces anunciados como postergados sine die, existe una característica elemental que permite distinguir si un Gobierno respeta a los empresarios o, por el contrario, sólo busca pastelear con los afines (véase la reforma eléctrica a la medida de los intereses de Montoro) y machacar a aquellos otros que, por cualquier motivo, les resultan incómodos: la caracterización que hace de ellos ante la ciudadanía, no como conceptos teóricos abstractos (“alabado sea el emprendedor”) sino como realidades prácticas que día a día toman sus decisiones y tratan de sacar adelante sus empresas.

Y, desde esta óptica, el Gobierno del PP no hace sino confirmarse como vástago del populismo peronista. En los últimos meses hemos asistido a una campaña de desprestigio y acoso contra dos sectores empresariales enteros, no con el propósito de eliminar las barreras regulatorias que limitan la competencia, sino con miras a redirigir hacia ellos parte del descontento popular derivado de la crisis y de la pésima gestión del PP. Me estoy refiriendo al sector de las petroleras y de las grandes superficies.

El ataque a las petroleras

Desde los mínimos registrados a comienzos de 2009, el precio antes de impuestos de la gasolina 95 se ha encarecido un 150% (desde 30,3 céntimos el litro a comienzos de enero de 2009 a 77,5 céntimos el litro a medios de octubre) y el del gasóleo un 100% (desde 40,9 céntimos a 81,2 céntimos el litro); paralelamente, el precio del barril de Brent (en función del cual se determinan los precios anteriores) ha aumentado un 152% en dólares (desde una media de 44,8 dólares el barril en enero de 2009 a una de 113,3 en septiembre de 2012) y un 160% en euros (desde 33,7 euros a 87,9 euros, según el tipo de cambio vigente en cada mes).

Diríase que, en apariencia, ambos precios van bastante de la mano (y eso que el coste del barril es sólo uno de los muchos elementos que determinan el precio final de la gasolina y el gasóleo, pues éstos todavía deben ser refinados, transportados, comercializados, almacenados, etc.) pero, uno no sabe muy bien por qué, desde hace años impera la percepción sesgada de que las petroleras se lucran a costa de los consumidores imponiéndoles precios mucho más elevados de lo que justificaría la evolución del barril de crudo. Acaso sea que nos resulte más cómodo identificar un culpable concreto de nuestras desdichas que atribuirlo simplemente a fuerzas impersonales que no podemos controlar.

Pero si, hasta cierto punto, es comprensible (que no justificable) que el ciudadano de a pie concentre su ira contra las petroleras, lo que resulta del todo punto inaceptable es que el Gobierno trate de canalizar contra ellas ese descontento popular, capitaneando la demagogia más ramplona e incluso abusando de instituciones supuestamente independientes como la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

Así, tras una consulta/presión de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo (sic) a la Empresa, la CNC emitió un informe cuyas principales conclusiones reprodujeron todos los medios de comunicación: debido a la falta de competencia, los precios antes de impuestos de la gasolina y el gasóleo en España son, de acuerdo con la UE, los terceros más elevados de Europa y, para más inri, los márgenes brutos de las petroleras han crecido un 20% entre 2007 y 2010. ¿Conclusión? El Gobierno está legitimado para perseguir, sancionar, trocear, redistribuir y desmantelar las estaciones de servicio españolas.

Bastaba, sin embargo, con chequear mínimamente los datos para echar por tierra las conclusiones fantásticas de la CNC. Empecemos con los precios de la gasolina y el gasóleo antes de impuestos: a comienzo de junio, el precio de la gasolina en España era el octavo más caro de Europa y el del gasóleo, el undécimo más caro; en julioera el décimo cuarto y duodécimo más caro; en agosto, el quinto y noveno más caro; en septiembre, los décimos más caros; y en octubre, el décimo tercero y duodécimo más caro. La CNC atribuye los altos precios del carburante en España con respecto a Europa a las restricciones a la competencia, pero, ¿cómo es posible que las mismas restricciones a la competencia provoquen cambios tan importantes en la posición relativa de España (desde el quinto al décimo cuarto puesto)? ¿Son estas restricciones las responsables de que España esté en ocasiones en el puesto 14º o de que en otras esté en el quinto?

Mas la prueba del algodón no es ésta. La CNC pretende probar que las petroleras inflan los precios de la gasolina y del gasóleo apuntando a sus amplios márgenes brutos que, además, se han expandido un 20% durante la crisis. Pero el margen bruto es una pésima medida de la rentabilidad de un negocio: ni tiene en cuenta los costes indirectos de la empresa (lo que nos llevaría al margen neto), ni el número de unidades sobre las que se obtiene ese margen neto (lo que proporcionaría los beneficios netos), ni la inversión necesaria para lograr esos beneficios netos (lo que nos conduciría a la rentabilidad sobre activos o ROA). Una compañía puede tener un margen bruto enorme y perder dinero (si sus costes indirectos son muy altos) o ganar muy poco dinero en relación con la inversión necesaria para obtenerlo (para ganar 1 millón al año he de invertir 1.000 millones).

Pues bien, ¿cuál fue en 2011 el margen neto y la rentabilidad sobre el activo de las dos mayores distribuidoras de España, Repsol y Cepsa, en su segmento downstream (refino y distribución)? El margen neto de Repsol (antes de impuestos) fue del 3% y el ROA (también antes de impuestos) del 6%. En el caso de Cepsa, su margen neto en el segmento downstream fue del 0,56% y su ROA del 2,9%. En suma, Repsol ganó por vender petróleo lo mismo que si hubiese invertido todo su capital en deuda pública española, y Cepsa, la mitad. Todo ello antes de impuestos.

No parece, en suma, que en 2011 las petroleras españolas se forraran a la hora de comercializar la gasolina y el gasóleo después de tener en cuenta todos los costes. No en vano, desde 2004 la mayoría de petroleras extranjeras (Shell, Caprabo, ERG, Esso, Agip, BP o Texaco) han ido enajenando la totalidad o buena parte de sus estaciones de servicio en España, ese negocio supuestamente tan rentable y provechoso.

De hecho, aquí reside una de las principales contradicciones de nuestro hipócrita gobierno: si, como trata de argüir, el negocio de la distribución es tan sumamente rentable, ¿por qué las compañías extranjeras no están entrando en masa para abrir nuevas estaciones de servicio en nuestro país? Sólo caben dos opciones: a) la administración impide la apertura de estaciones de servicio; b) el negocio no es tan rentable como se nos quiere hacer creer. Tanto lo uno como lo otro suponen un tortazo para el sector público: lo primero por limitar la competencia; lo segundo por engañarnos.

La realidad probablemente sea una mezcla de ambos motivos: las autoridades locales, cuando planifican a la soviética los usos del suelo, han ido restringiendo la apertura de nuevas estaciones de servicio (al menos, aquí, la CNC acierta cuando en su punto 134 califica el planeamiento municipal de “altamente restrictivo con las estaciones de servicio”), lo que de seguro provoca que en algunas zonas haya gasolineras muy rentables a las que no se les puede ejercer una competencia directa por barreras regulatorias; pero ello no obsta para reconocer que, en general, el negocio se caracteriza por su escasa rentabilidad.

El ataque a las grandes superficies

Pero las petroleras no han sido las únicas víctimas de las injustas invectivas del Gobierno del PP. En el Consejo de Ministros del pasado viernes, el ministro del departamento más hipersubvencionado de todos, Miguel Arias Cañete, arremetió contra las grandes superficies españolas (Mercadona, Eroski, Carrefour, El Corte Inglés y Alcampo) por aprovecharse de sus proveedores gracias a su posición de dominio en la cadena de distribución. Con tal de regular este sector, Arias Cañete, el enésimo ministro libertario del Ejecutivo, presentó un anteproyecto de ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

En general, y a falta de mayor concreción, el anteproyecto es tan insulso que no satisface a ninguna de las partes, pues sólo se encarga de incrementar los costes de los tratos mercantiles obligando a formalizarlos por escrito. Poca chicha salvo por un elemento esencial: “se incluye un precepto sobre gestión de marcas que prohíbe el aprovechamiento de la iniciativa empresarial ajena mediante la utilización de envases y presentaciones de marcas o nombres comerciales de otro operador”. En román paladino: el Gobierno pretende poner coto a las marcas blancas, esa estrategia comercial consistente en vestir como marca del supermercado productos de otras compañías.

La marca blanca beneficia potencialmente a todas las partes pero, sobre todo, a los consumidores: dado que los distribuidores incrementan de manera muy considerable sus ventas, son capaces de ofrecer precios mucho más bajos sin ver reducidos sus beneficios. El supermercado termina de comoditizar, merced a la garantía que ofrece su buen nombre, una parte de los productos que oferta y cuya marca original los consumidores han dejado de valorar lo suficiente como para abonar una prima en su precio: de ahí que el minorista suprima la marca, baje precios y reduzca los beneficios que afluyen al productor original (y que se justificaban por el prestigio que la marca desvalorizada imprimía a la mercancía). Las marcas blancas son lo más parecido que existe a los medicamentos genéricos y, sin embargo, el Gobierno las persigue mientras que promueve el uso de éstos (acaso porque, en materia de medicamentos, el Ejecutivo desempeñe el rol de comprador).

La extensión de las marcas blancas es justo el modelo que ha aplicado Mercadona y que tantos éxitos le ha granjeado: dado que, gracias a ellas, este distribuidor es capaz de ofrecer precios mucho más baratos que la competencia y dado que los consumidores prefieren ahorrarse ese diferencial antes que pagar un sobreprecio por un marca distintiva y reconocida, sus ventas no han dejado de crecer. Soberanía del consumidor, se llama: esa misma contra la que este liberticida Gobierno quiere atentar después de haberla esquilmado ya con una agresiva subida del IVA.

Limitar el uso de marcas blancas no sólo encarecerá los precios (en provecho privativo del lobby de productores con marca desvalorizada), sino que puede erosionar los márgenes y los beneficios de los principales grupos de distribución de este país. Para algunos, como Arias Cañete o su más moderado par Sánchez Gordillo, puede que sea un loable objetivo debido a las injustificadas ganancias que obtienen; para otros, todos aquellos que hayan acudido a la fuente de los datos, constituye un nuevo disparate intervencionista y antiempresarial.

Basta con leerse los balances y las cuentas de resultados de Mercadona, Eroski y Carrefour. En 2011, Mercadona obtuvo un margen neto del 2,8% y una rentabilidad de 8% (poco margen de ganancias y muchísimas ventas dieron lugar a rentabilidades apreciables); Eroski, un margen del 2,1% y un ROA del 1,2%; y Carrefour, un margen del 0,5% y una rentabilidad del 0,8%. Tales márgenes y rentabilidades deberían servir para despejar no sólo la extendida demagogia de que estos distribuidores explotan a los agricultores por comprar sus productos a precios muy inferiores a aquellos a los que terminan vendiéndolos a los clientes finales (como si los costes de los distribuidores no se multiplicaran también en el proceso) sino para constatar que la supervivencia de muchos de los supermercados y de los empleos de estos grupos empresariales pende de un hilo que este descerebrado Ejecutivo parece decidido a cortar.

Un Gobierno enemigo de los empresarios

La aversión del PP al mercado y a la propiedad privada no sólo se ha traducido en la mayor sucesión de subidas de impuestos de nuestra historia reciente, sino también en un creciente acoso populista contra aquellas empresas que bregan en esta crisis por sobrevivir. La casta sigue manteniendo su bota sobre los empresarios díscolos, ya sean pequeños, medianos o grandes; las reglas de juego constituyen únicamente el decorado que nuestros políticos pueden machacar a conveniencia para imponer sus intereses particulares y de partido. Sin llegar a las expropiaciones del peronismo kirchnerista, el peronismo rajoyano sí se muestra encantado con difamar y perseguir legislativamente a aquellos empresarios contra los que quiere canalizar el descontento social. El mensaje está claro: si piensas triunfar y crear riqueza, no oses instalarte a España. Éste es sólo territorio apto para los círculos del poder.

La izquierda radical se halla contra la espada y la pared en el asunto de la deuda pública. Por un lado, el expansivo apalancamiento del Estado hace que los intereses de la deuda ocupen un porcentaje cada vez mayor de los presupuestos; en Grecia, por ejemplo, copan el 17% de toda la recaudación tributaria (en España estamos en torno al 10%). En tales casos, a la izquierda le sale la vena más antiusuraria y lo que le pide el cuerpo es tirar por la calle de en medio: dejar, sin más, de pagar la deuda y que les den a los acreedores. A su juicio, no hay ningún motivo válido para que un Estado tenga que sucumbir ante la losa de quienes le prestaron en el pasado el dinero que necesitaba para seguir gastando: se impaga la deuda y problema finiquitado.

El dilema financiero de la izquierda

Dejemos de lado el valor de la palabra dada o el incómodo hecho de que los acreedores defraudados suelen ser, en última instancia, personas que han ahorrado toda su vida para contar con un patrimonio durante su jubilación (como sucede con quienes compraron, engañados, participaciones preferentes y como se repetiría en caso de que ese activo ultraseguro que se supone que es la deuda pública fuera impagado). Ni una cosa ni la otra parecen tener demasiada importancia para la izquierda radical cuyo único propósito es engordar –y mantener engordado– a un insaciable sector público y a todas sus redes parasitario-clientelares. Mas si lo anterior carece de importancia ­para los estatistas –recordemos: sólo apuntalar el hiperEstado es relevante–, existe otro factor que inexorablemente sí se han de tener en cuenta: en tanto en cuanto nuestros Estados siguen presentando un desequilibrio colosal entre ingresos y gastos (gastamos en torno a un 30% más de lo que ingresamos) y en tanto ese colosal déficit público sólo puede mantenerse si alguien nos presta su dinero, resulta que no queda muy coherente defender al mismo tiempo que hay que impagar la deuda acumulada hasta la fecha y que es menester emitir nueva deuda para sufragar el déficit.

O dicho de otro modo: defender el repudio de la deuda supone, al mismo tiempo, defender la inexorable necesidad de acometer unos enormes recortes del gasto público dirigidos a equilibrar ingresos y gastos ante la imposibilidad de financiar su diferencia (el déficit). La cuadratura del círculo se antoja imposible: si preventivamente no se practican contundentes recortes del gasto, los intereses derivados de la progresiva acumulación de deuda terminan comiéndose el presupuesto y arrastran al país a la suspensión de pagos; pero tal suspensión de pagos, lejos de ser una solución para mantener la sobredimensión del gasto público, conduce al idéntico destino de recortar sobremanera el gasto por no poder sufragar el déficit. ¿Cómo promover, pues, el repudio de la deuda para evitar recortes si ese repudio impone la necesidad de recortes?

La solución: la “deuda odiosa”

He ahí, pues, la dificultad a la que se enfrenta la populista estrategia de la izquierda extrema consistente en oponerse a una reducción sustancial del tamaño del Estado: la realidad es machacona y lo infinanciable termina sin poderse financiar. Con tal de sortear este problema, los partidarios del Estado mastodóntico han articulado dos tipos de estrategias: la primera, defender que el Banco Central Europeo monetice deuda pública sin fin, como si ello no fuera una manera de saquear a los tenedores de dinero mediante el impuesto inflacionista; la segunda, que es sobre la que me interesa reflexionar, poner cara de estadista responsable y proclamar que es necesario un impago selectivo de la deuda pública: se trata de no ahuyentar a los nuevos prestamistas con el irresponsable comportamiento que supondría repudiar indiscriminadamente la totalidad de nuestra deuda, aclarándoles que sólo pretendemos impagar aquella que no traiga justa causa.

Es lo que se conoce como “deuda odiosa”. En España y en Grecia, por ejemplo, Izquierda Unida y Syriza reclaman una auditoría sobre la deuda pública para acotar (y repudiar) aquella con un carácter ilegítimo. Algo parecido reclama el movimiento cacerolada del “No debemos, no pagamos”, cuyas manifestaciones se reprodujeron el pasado domingo por diversos lugares de España. Pero, ¿qué es exactamente la deuda odiosa? Merecen tal calificativo aquellos créditos utilizados en contra de los intereses del pueblo con conocimiento de los prestamistas. Batiburrillo conceptual dentro del cabe casi todo: deuda para financiar gobiernos represivos, deuda para destruir el medio ambiente o deuda para transferir riqueza a determinados agentes privados en perjuicio del pueblo (como sucede con los rescates bancarios).

Los dos problemas de la deuda odiosa

En general, toda propuesta de repudiar la deuda odiosa de un país tiene dos problemas fundamentales: el primero, la gran arbitrariedad que supone delimitar qué actividades concretas deberían integrar la categoría de ilegítimas por ir en contra de los intereses del pueblo. En abstracto, la distinción puede parecer sencilla; al descender a la realidad, no tanto. Tomemos como ejemplo el Plan E. ¿Fue contrario a los intereses del pueblo? Pues depende de qué pueblo hablemos: fue catastrófico para quienes lo sufragaron (contribuyentes) pero extraordinario para quienes lo disfrutaron (los beneficiarios del gasto). Entonces, ¿debería repudiarse la deuda con que se financió el Plan E? Cualquier argumentación sería tan vaga que revistarla con aires de objetividad constituiría un ejercicio de fatal arrogancia que sólo escondería la concesión de un enorme poder a un grupo de auditores que, lejos de actuar conforme a unos indisputables principios científicos, obrarían según sus caprichos y prejuicios ideológicos. No es difícil buscar razones para justificar o reprobar cualquier partida de gasto gubernamental, incluyendo por supuesto el rescate del sistema financiero; de ahí que la presunta auditoría tendría bien poco de valoración económica y mucho juicio político-ideológico.

Al final, sucede que toda deuda pública es un fraude, una redistribución de la renta que atenta contra la propiedad privada de los contribuyentes y que, por tanto, toda ella sería susceptible de ser declarada odiosa; postura defendida por diversos pensadores libertarios que desean abolir el Estado y que al menos es consistente. Lo que no tiene ningún sentido es que quienes desean expandir el Estado –la institución especializada en expoliar a la sociedad– pretendan trazar una línea arbitraria entre partidas de gasto público que promueven el bien común y partidas que atentan contra el mismo para así justificar su desfalco a los acreedores.

El otro gran problema que acarrea el repudio de la deuda odiosa es otro: salvo excepciones muy concretas, los pasivos que emite un gobierno no tienen un carácter finalista, sino que son una fuente de ingresos más con la que se financian el conjunto de los gastos públicos. Es imposible individualizar el uso que se hace del capital que un gobierno obtiene emitiendo deuda; y ésta es una dificultad fundamental para quienes pretenden justificar el repudio de parte de esos pasivos por la connivencia del acreedor con el régimen que los ha emitido en contra del interés del pueblo. Pongámonos en un caso extremo: un gobierno despótico es capaz de recaudar en impuestos 10.000 millones de euros y los gasta íntegramente en establecer y mantener un feroz aparato represivo. Hasta aquí, el presupuesto lo tendríamos equilibrado: 10.000 millones de ingresos fiscales que van a parar a gastos represivos. Pero imaginemos que el tirano desea mantener controlada a la población no sólo con el palo sino también con la zanahoria; motivo por el cual decide emitir deuda por otros 10.000 millones de euros para crear una sanidad pública de calidad (una actividad que ninguno de los proponentes de la teoría de la deuda odiosa calificaría como ilegítima).

El presupuesto total de este gobierno represivo sería de 20.000 millones, financiados al 50% con impuestos y al 50% con deuda. ¿Cómo delimitamos qué porcentaje de los 10.000 millones de deuda pública es “odiosa”? Una respuesta impulsiva podría ser que la mitad, por cuanto la mitad del presupuesto que contribuye a financiar es “ilegítimo”. Pero, ¿podríamos afirmar lo mismo si, en caso de que el dictador no pudiera emitir deuda pública, optara por mantener el aparato represivo y por cancelar la totalidad del gasto en sanidad? En ese supuesto, parece claro que los acreedores, al prestarle al Gobierno tiránico 10.000 millones de euros, contribuyen a que la población reciba sanidad pública ¿Sería odiosa su deuda? ¿En qué parte? ¿Y a quiénes se les tiene que impagar? ¿A todos los acreedores por igual? ¿A unos más que a otros? Cuestiones todas que no admiten respuesta válida por el simple hecho de que siempre es posible asumir que los gastos ilegítimos de un Estado se han sufragado merced a la recaudación fiscal y que los ingresos obtenidos por la emisión de deuda se han destinado a cubrir los gastos legítimos.

De nuevo nos topamos, pues, con la segunda arbitrariedad: no sólo decidir qué gastos públicos son legítimos o ilegítimos, sino también qué porciones de la deuda pública se han dirigido a financiar esos gastos calificados como ilegítimos. Una pura cabriola intelectual para dar aires de solemnidad y de rigor a lo que es un puro defaultpopulista y bananero.

Una práctica cortina de humo

Pero, si la teoría de la deuda odiosa en manos de los partidarios de un gobierno mastodóntico es un completo disparate para justificar sus abusos discrecionales de poder, en el caso concreto de España se trata de una práctica cortina de humo dirigida a confundir y manipular a la población. Tanto desde Izquierda Unida como desde diversos “colectivos sociales” se nos vende la propuesta de auditar y repudiar parte de la deuda pública española como una manera de evitar los recortes promovidos por el Gobierno del PP. En román paladino: si el Gobierno está reduciendo el gasto, es porque nos ha tocado rescatar a los bancos convirtiendo ilegítimamente en deuda pública lo que eran pérdidas privadas.

No voy a ser yo quien defienda el rescate a la banca: en otros artículos ya he manifestado mi frontal oposición a la socialización de las pérdidas y he propuesto reflotar los bancos a costa de sus acreedores y no de los contribuyentes (es lo que se conoce comobail-in). Sin embargo, las actuales dificultades financieras del Gobierno español no tienen prácticamente nada que ver con el rescate de la banca y sí todo con un insostenible, sobredimensionado y burbujístico sector público. Como explico en mi próximo libro,Una alternativa liberal para salir de la crisis, se vuelve imperioso reducir el tamaño de nuestro sector público en, al menos, 130.000 millones de euros anuales; y no porque haya que sufragar con ese ahorro el rescate de la banca, sino porque la Administración gastaestructuralmente mucho más de lo que ingresa.

La demagogia que se ha tejido en torno a la deuda odiosa derivada del rescate a la banca busca, precisamente, ocultar esta urgente necesidad. Si le vendemos a la población que el Estado no tiene dinero porque ha de devolver la deuda utilizada para salvar a los bancos, podremos volver a respirar financieramente si repudiamos esos pasivos. Sencillo, ¿no? Pues no. A mediados de este año –que es cuando Izquierda Unida insistió de una manera más persistente en auditar la deuda pública para frenar los recortes de Rajoy– el Estado español (excluyendo a las empresas públicas) tenían una deuda total de 800.000 millones de euros. ¿Cuánto dinero se había inyectado en los bancos hasta ese momento? Unos 30.000 millones de euros (6.000 millones en Caja Castilla-La Mancha, 4.500 millones en Bankia, 3.000 millones en Banco de Valencia, 1.000 millones en Banca Cívica, 1.000 millones en Banco Mare Nostrum, 500 millones en Caja España y Caja Duero, 1.200 millones en Cajasur, 6.000 millones en la CAM, 3.000 millones en Catalunya Caixa, 3.700 millones en Novagalicia Banco y 1.000 millones en Unnim); cantidad que equivale a menos del 4% del total de deuda pública emitida.

Es verdad que el Estado espera inyectar en los próximos meses varias decenas de miles de millones de euros más en los bancos y que les ha concedido avales por importe superior a cien mil millones de euros. Pero ni lo uno ni lo otro se habían materializado en emisiones de deuda a mediados de este año, que es cuando Rajoy anunció los recortes y cuando IU los contraprogramó con su propuesta syrizana de auditar la deuda. Dicho de otra manera, la izquierda radical pretende camelar a la ciudadanía con la falsedad de que volveríamos a tener un Estado sostenible y financiable tan sólo repudiando el 4% de nuestra deuda pública total para ahorrarnos, atención, 1.500 millones de euros en intereses sobre un déficit total de 100.000 millones de euros (esto es, el 1,5% de nuestro déficit anual).

Claramente, pues, se trata de una cortina de humo para enmascarar los auténticos problemas de insostenibilidad de nuestras finanzas públicas: canalizar el descontento ciudadano hacia los bancos en lugar de hacia unas hipertrofiadas estructuras políticas que esquilman a impuestos a la población para ofrecer unos servicios misérrimos y menguantes.

No: lo que tenemos que repudiar no es la deuda odiosa, sino un modelo de Estado mastodóntico sustentado en la vampirización fiscal de la sociedad y en la emisión de cantidades crecientes de una deuda pública cada vez más inmanejable. Justo el modelo de Estado ambicionado por la izquierda radical que pide repudiar la deuda pública al tiempo que se opone a las políticas de ajuste que buscan evitar la emisión y acumulación de más deuda pública. Un fraude político nada inocente y sí muy interesado.

Frecuentemente se insiste en que las economías occidentales se están mortificando por seguir una estrategia de excesiva austeridad. No obstante, tengo la impresión de que repetimos demasiadas veces semejante mantra sin pararnos a reflexionar mínimamente sobre su veracidad. Voy a ponerles dos ejemplos hipotéticos para comprobarlo.

Imaginemos a tres amigos: A, B y C. Los tres cobran un sueldo de 2.000 euros mensuales pero tienen hábitos de consumo muy distintos. A apenas gasta 800 euros mensuales en lo básico (ropa, comida, habitación y algo de ocio) para poder ahorrar los otros 1.200. B, en cambio, prefiere pulirse íntegros los 2.000 euros mensuales para vivir al día sin que le falte de nada. Y, por último, C se muestra descontento con los niveles de gasto que le permite alcanzar su “insuficiente” sueldo de 2.000 euros, de manera que mes tras mes pide prestados otros 500 euros para complementar su tren de vida. Supongamos que, pasados unos años, estas tres personas deciden modificar ligeramente su comportamiento: A opta por disfrutar un poco más del presente y pasa a gastar 100 euros más al mes (pero sigue ahorrando más de la mitad de su sueldo); B mira un poquito más hacia el futuro y minora su gasto en 100 euros mensuales (ahorra un 5% de su sueldo); y C, conocedor de que no puede continuar aumentando sus deudas indefinidamente, reduce sus desembolsos desde los 2.500 euros mensuales a los 2.400 (en lugar de endeudarse por 500 euros al mes, lo hace por 400).

¿A cuál de los tres amigos calificaría un observador imparcial de “austero”? Claramente a A y sólo aA. B sería un bon vivant que puede costearse su tren de vida mientras posea una fuente de renta estable y C un kamikaze financiero que tarde o temprano tendrá que empezar a gastar mucho menos de lo que ingresa para hacer frente a las deudas que se le han ido acumulando. La paranoia antiausteridad actual nos ha llevado, sin embargo, a calificar a los países que se comportan como C de “austeros”, cuando lo lógico sería tildarles de manirrotos.

Dos gobiernos gemelos

Analicemos en un siguiente ejemplo el comportamiento de los gobiernos de dos hipotéticos países: A y B. El gobierno del país A ha exhibido en los últimos tres años un déficit decreciente con el siguiente perfil: un 12% del PIB en 2009, 10,2% del PIB en 2010 y un 9,9% del PIB en 2011, siendo en 2011 su gasto público antes de intereses un 1,3% superior al de 2009 y copando el 35% de toda la economía. Por su lado, el gobierno del país B exhibió unos déficits del 11,2% en 2009, del 9,7% en 2010 y del 9,5% en 2011, siendo ese año su gasto público antes de intereses un 2,5% inferior al de 2009 y copando el 42% de toda la economía. ¿Diría usted que existe una diferencia abismal entre los gobiernos de ambos países? No. El sentido común dicta, primero, que ninguno de ellos está siendo austero y, segundo, que las diferencias apenas son apreciables: ambos gobiernos gastan más o menos lo mismo que en 2009 (un poco más el del país A que el del B), los dos tienen un perfil del déficit muy parecido (un poco más deficitario el gobierno del país A) y los dos padecen unos Estados que copan buena parte de su economía (un poco más el país B).

Pues bien, no estamos ante dos países hipotéticos, sino ante Estados Unidos (país A) y España (país B). El primero es para muchos un ejemplo de políticas de estímulo que explican por qué, de momento, su economía está creciendo, mientras que el segundo es, para esos mismos muchos, un ejemplo de políticas de austeridad que están devastando al país. En realidad, y dejando de lado los prejuicios ideológicos, debería resultar evidente que el Gobierno de España ha seguido la misma política de “estímulo” que el de EEUU, punto de déficit arriba o abajo. Tal como explica la buena teoría económica, ni EEUU está mejor que España por haber aplicado unas políticas de estímulo calcadas a las de nuestro país, ni España está peor que EEUU por haber seguido unas inobservables políticas de austeridad. Más bien, los dos están retrasando su salida de la crisis por arrastrar a sus economías a un escenario de saturación de deuda. En el caso de España, la credibilidad de su deuda ya ha colapsado; en el caso de la más dinámica economía estadounidense, todavía no lo ha hecho pero terminará sucediendo si no rectifica su senda de desequilibrio presupuestario.

Desengáñese. Analice fríamente la realidad y pronto caerá en la cuenta de que el último de los adjetivos que merece el gobierno de España es el de “austero” por el hecho de gastar casi un 30% más de lo que ingresa.

La dimisión de Esperanza Aguirre es, sin duda alguna, una mala noticia para la libertad en España. No porque Aguirre fuera el perfecto paradigma de político liberal, algo que pese al discurso dominante tampoco lo fueron Thatcher o Reagan (sólo una absoluta minoría, como Ron Paul o Martin Van Buren, han logrado acercarse seriamente a esa milagrosa cuadratura del círculo que es combinar sin tacha ni inconsistencias política y liberalismo) y algo que, aun cuando lo hubiese deseado, no habría podido conseguir en este nuestro socialistoide y partitocrático país. Tampoco es una mala noticia (o no sólo lo es) por el hecho de que abandone el barco la gestora más austera que ha tenido la Comunidad de Madrid hasta la fecha; ni porque los madrileños nos vayamos a quedar sin alguna inesperada liberalización revolucionaria que mejore apreciablemente nuestra autonomía individual y nuestra prosperidad futura.

No: la dimisión de Esperanza Aguirre es una mala noticia porque ella constituía la única cabeza notable que, con todos los peros que se quieran añadir, mantenía sin complejos un discurso pretendidamente liberal dentro de un partido cada vez más abiertamente liberticida, anticapitalista y populista. Era la única persona que dentro del PP seguía enarbolando las banderas de la libertad económica y del equilibrio presupuestario por la vía de reducir el gasto público y los impuestos.

A buen seguro podrá objetársele que no desplegara tales principios con toda la radicalidad que a tantos nos habría gustado y que, en cualquier caso, nuestra socialdemócrata Constitución tampoco le habría permitido desplegar. Pero al menos sí se le habrá de reconocer, primero, que no atentara abiertamente contra esos principios (nunca subió ningún impuesto, por ejemplo); y, segundo, que jamás se resignara a evitar que su partido se alejara de los mismos, transformándose en una mala copia del stablishment socialista.

Jamás, acaso, hasta este pasado 17 de septiembre. Difícil, desde luego, considerar que la única causa que haya pesado en su dimisión haya sido su decepción con un mediocre Mariano Rajoy cuyas nulas cualidades como gestor, y todavía más como gestor con querencias liberales, ya debía conocer desde hace décadas; tan difícil, por otro lado, como asumir que no habrá pesado en absoluto esa creciente decepción derivada del continuado goteo de infamias y mofas del gallego contra la libertad y la prosperidad de los españoles.

Los habrá que tal vez le recriminen a Esperanza Aguirre que deje de dar la batalla en unos momentos tan críticos, y tan faltos de los principios que siempre ha pregonado, como los actuales. No seré yo quien lo haga: jamás he pensado, y sigo sin hacerlo ahora, que una persona cargue con la obligación, siquiera moral, de sacrificar su vida por alguna causa que presuntamente beneficie a la comunidad; máxime cuando se trate, muy probablemente, de una causa perdida y cuando, además, su propia salud pueda llegar a estar en juego. Lo único que le es exigible a cada individuo es que conviva pacíficamente con sus conciudadanos, no que coloque sus energías vitales al servicio de la comunidad.

Vía libre para el peronismo popular

Pero, aun reconociendo todo lo anterior, el panorama que nos lega la despedida de Aguirre no deja de ser desolador. No ya porque considere que la figura de la ex presidenta madrileña resulte imprescindible para enderezar la actual situación económica y social de España –en realidad, ninguna persona es imprescindible mientras se apliquen las políticas correctas–, sino por lo sintomática que resulta su renuncia: el PP de Rajoy está arrastrando al país hacia su acelerada descomposición y la única personalidad en activo con ideas, peso y ascendencia interna no para transformar a España en Hong Kong, pero sí desde luego para evitar que se convierta en Argentina, opta por abandonar la política después de cuatro décadas en activo. Insisto: no es mi intención reprocharle a Esperanza Aguirre que no siga manteniendo un pulso contra la estructura de un partido deseoso de abrazar el peronismo; sí es mi intención, en cambio, constatar que, tras su más que comprensible abandono, el PP pierde la única voz interna que se seguía oponiendo y que continuaba actuando de contrapeso a la conversión definitiva del partido justo en aquello en lo que el Gobierno de Rajoy y prácticamente todos los ejecutivos autonómicos del PP lo han estado transformando desde el momento en el que alcanzaron el poder: una fría maquinaria para institucionalizar la rapiña contra todos los españoles.

Probablemente, la continuidad de Esperanza Aguirre no hubiese modificado un ápice esta inexorable degeneración del PP de Rajoy, salvo por el hecho de contener los destrozos en la capital de España y sus aledaños. A estas alturas de la catástrofe rajoyana, ni siquiera se trataba de eso, sino tan sólo de mantener viva una cierta esperanza en que, en algún momento, el PP podría dejar de suicidar a España en privativo provecho de sus caciquiles mandatarios. Pero esa esperanza se ha marchado para dejar tras de sí un sinsabor de desesperanza: ahora –y a falta de que se articule una oposición interna con unos principios distintos a los de colonizar el carguito público a cualquier precio– la banda kakistocrática de los muchísimos Rajoys que pueblan el PP disfruta de un sendero absolutamente despejado y libre de obstáculos no ya para dinamitar su partido, sino, lo que es realmente preocupante y desazonador, el futuro de los españoles. Ahora sí: a falta de lo que diga la Troika, la única alternativa a Rajoy es Rubalcaba y la única alternativa a Rubalcaba, los cacerolazos bonaerenses

Aparte de por sus reiteradas mentiras y su muy socialista afán de mantener un Estado sobredimensionado a costa de machacar al sector privado, si por algo se ha caracterizado este Gobierno hasta la fecha ha sido su keynesiana inquina contra el ahorro. Nada más llegar al poder y aprobar una de las más salvajes subidas del IRPF de nuestra historia, el ministro de Hacienda justificó la elección de esta figura impositiva, y no de otras como el IVA, afirmando que el deseo del PP era que el consumo se viera lo menos afectado posible.

Desde entonces, los ataques al ahorro familiar y empresarial no han dejado de repetirse. La eliminación de casi todas las deducciones del Impuesto de Sociedades, la persistente acumulación de deuda pública o la ya mencionada elevación de los gravámenes sobre el ahorro hasta el 27% son sólo algunos de los ingentes agravios que nuestro gobierno ha perpetrado contra el ahorrador. Pero aquí no termina la historia.

Todo indica que el Gobierno está preparando dos nuevos rejonazos fiscales para los ahorradores: uno, la infame Tasa Tobin que castigaría la compraventa de acciones; el otro, mucho más inminente, la integración de las plusvalías a corto plazo (menos de un año) en la base general del IRPF (cuyo tipo máximo es el 56%) y no en la base del ahorro (cuyo tipo máximo es ya un excesivo 27%) como sucede ahora.

Un impuesto contra el ahorro a corto y a largo plazo

El ideólogo de ambos movimientos ha sido el devastador, keynesiano y anticapitalista ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien hace unas semanas fue preparando el terreno para esta nueva rapiña fiscal desatando una cruzada contra los especuladores; esa figura que tan resultona termina siendo para todos los gobiernos populistas del peor pelaje posible, ya sea el peronista, el zapaterista o el rajoyano. De hecho, hace unos días, el propio Mariano Rajoy, cuyos conocimientos de Economía no andan muy a la zaga de los de Zapatero antes de recibir las dos lecciones vespertinas,  se ha sumado al carro de la demagogia pro-sablazo fiscal (qué inesperado) señalando que las ganancias de la inversión a largo plazo no pueden recibir el mismo tratamiento fiscal que las de la especulación cortoplacista.

Como si la inversión a largo plazo en mercados de capitales organizados pudiera funcionar medianamente bien sin una voluminosa especulación a corto plazo que les añada profundidad a esos mercados. Al cabo, supongamos por un momento que se prohíbe vender acciones antes de que transcurra un año desde la compra. De este modo, sólo los inversores con una cierta perspectiva largoplacista entrarían en el mercado. ¿Cuál sería la consecuencia de tal despropósito? Que cuando uno de esos inversores largoplacistas quisiera deshacer su posición vendiendo su paquete accionarial le sería extremadamente complicado encontrar una contraparte que quisiera comprársela: sólo si, como sucede en el mercado inmobiliario, el vendedor hallara en ese mismo momento un comprador, la transacción podría completarse de manera exitosa. En caso contrario, el vendedor con prisas por desprenderse de sus activos tendrá que acogerse a las escasas y mucho más bajas ofertas que en ese momento realicen personas no especialmente interesadas en comprar (bajando lo suficiente el precio, siempre se puede encontrar alguien dispuesto a comprar). En suma: sin especulación cortoplacista que dé continuidad a los a las transacciones largoplacistas que tienen lugar en el mercado de capitales, éste se convertiría en un lugar mucho menos apetecible y arriesgado en el que participar. A saber, la inversión a largo plazo se vería perjudicada y se retraería: ésa misma inversión a largo plazo que Rajoy dice querer mimar y para lo cual sube los gravámenes de la especulación cortoplacista.

Una nueva mentira

En realidad, estamos ante una nueva mentira socialistoide de este Gobierno (una más): si su objetivo realmente fuera primar la inversión a largo sobre los movimientos a más corto plazo, bastaría con mejorar sustancialmente el tratamiento fiscal de las plusvalías a más de un año. De hecho, los dos ejemplos que puso Rajoy para ilustrar la procedencia de su sablazo impositivo –el sistema fiscal español antes de 2006 y el sistema fiscal alemán– apuntan precisamente en esta dirección.

Recordemos: hasta 2006, en España las plusvalías a corto plazo se integraban en la base general del IRPF, mientras que las plusvalías a más de un año tributaban a un tipo fijo del 15% (y no a una horquilla entre el 21% y el 27% como sucede ahora). Asimismo, hasta 2009, en Alemania las plusvalías a corto tributaban según la base general, mientras que las plusvalías a largo estaban exentas (ahora mismo, está vigente un tipo único para ambas que llega hasta el 30%). Es decir, aunque el trato que le daba a la especulación a corto era negativo y restaba negociabilidad a los mercados, al menos la inversión a largo se veía beneficiada con tipos muchísimo más bajos que los actuales: lo inconcebible es pensar que se va a promover el ahorro y la inversión a largo plazo persiguiendo fiscalmente los movimientos a menos de un año y manteniendo una tributación sangrante sobre las transacciones a largo.

Rajoy y los suyos prosiguen, pues, tratando de engañarnos a todos, pero especialmente a aquellas personas que más podrían contribuir a sacar a España de la crisis: los ahorradores que han de optar entre invertir sus capitales en nuestro país o llevárselos al extranjero. España necesita urgentemente de más ahorro e inversión, esto es, de la piedra angular del capitalismo. La misión de este Gobierno debería ser, pues, la de crear un marco institucional estable, libre y no confiscatorio para lograr atraerlos en grandes cantidades. Por el contrario, tratándolos como a estúpidos maleantes que deben ser desplumados por la voracidad recaudatoria del Ejecutivo, lo único que contribuiremos a hacer será a ahuyentarlos (que es justo lo que están haciendo en masa desde que Rajoy llegó al poder). Confianza, decía el PP que iba a traer a España: será la confianza en saber que nos arrastran al desastre.

Se insiste mucho en que España tiene un problema de liquidez que sólo el Banco Central Europeo podía resolver. Afirmación tramposa donde las haya, pues en un mundo plagado de entidades financieras con un alto margen para extender crédito, es evidente que habría millones de candidatos dispuestos a solventar un apuro de falta de liquidez… si es que se tratara, de verdad, de un apuro de falta de liquidez.

Insolvencia, no iliquidez

Mas acaece que la acumulación de deuda de España con respecto a su capacidad productiva resulta tan dramática que es harto dudoso que sus problemas se correspondan con una interrupción súbita e inexplicable de sus flujos de crédito. Al contrario, si el capital huye en desbandada de nuestras fronteras no es porque los especuladores se hayan coaligado para pegarse un tiro en el pie (¿o acaso no sería pegarse un tiro en el pie el que rechazaran comprar unos títulos de deuda altamente seguros que han llegado a abonar rentabilidades cerradas a diez años por encima del 7%?), sino porque no queda claro cómo vamos a poder devolver no sólo las billonarias cantidades que ya adeudamos, sino las cienmilmillonarias cantidades por las que nos seguimos endeudando. Véase: desde 2009, el sector privado ha logrado desapalancarse en 150.000 millones de euros; meritorio esfuerzo que se ha visto del todo empañado por los más 370.000 millones de nueva deuda asumida por el Estado. No es iliquidez: es insolvencia.

Y así llegamos a la conclusión de que sólo el BCE puede financiarnos porque, de hecho, sólo al BCE se le puede empujar a la tamaña imprudencia de proporcionar crédito a un gobierno tóxico como el de España. Desatamos la madre de todas las especulaciones y persistimos en el vicio de las subprime, ése del que todos creen haber salido inmunizados pero al que se siguen aferrando apenas cinco años después de asistir a su colapso:  continuar dando crédito a los deudores de altísimo riesgo con la esperanza de que alargando su agonía e incrementando su capacidad de gasto, jamás impagarán.

Pero los motivos de fondo que pueden llevar al repudio de nuestra deuda son los mismos antes que después del rescate del BCE. El BCE nos dará crédito, esto es, nos concederá tiempo en unos momentos en los que nadie más cree que somos merecedor de él. ¿Y por qué nadie lo cree? Porque no se ha tomado reforma seria alguna que acredite que vamos a ser capaces de volver a la senda de la sostenibilidad financiera a medio y largo plazo. Apenas unos cosméticos recortes de gasto cuya expectativa de ahorro está claramente inflada y unas sangrantes subidas de impuestos que, debido a los rigores de la recesión, apenas proporcionan ingresos adicionales al fisco pese a terminar de hundir a la economía productiva.

Más cuerda al irresponsable manirroto

El resultado es que nuestro déficit estructural sigue anclado en el 8% del PIB, y no se avistan ni voluntad, esfuerzos, ni sacrificios para que esto cambie realmente. ¿Cómo darle más cuerda a un irresponsable que no para de repetir que “no se puede gastar más de lo que ingresa” mientras reincide en perversa costumbre al tiempo que amenaza al resto de países europeos con romper la baraje del euro si no le financian sus gigantescos déficits? De ninguna manera: Rajoy en estos momentos inspira tan poca credibilidad como lo hacía Zapatero; acaso menos, porque a Zapatero los mercados le colgaron el sambenito de malpagador demasiado tarde –cuando su legislatura estaba terminándose–, a Rajoy lo han calado desde el primer momento.

Por eso, además, la monetización de deuda por el BCE no se ha planteado como una provisión incondicional de crédito a los gobiernos manirrotos. Si finalmente Draghi honra sus palabras, el Gobierno de España deberá someterse a una “estricta condicionalidad” para que sus bonos sean comprados en el mercado secundario por el instituto emisor. Quienes consideran que bastaba con un maguerazo decidido de Frankfurt para que todos nuestros problemas concluyesen, se habrán mostrado indignados; quienes, en cambio, son conscientes de que la solución no pasa por endeudarnos más, sino por ahorrar muchísimo más y por remover obstáculos a la iniciativa empresarial, entenderán que, sin condiciones, el movimiento de Draghi sería una manera de agrandar, todavía más, el agujero que les dejaremos al norte de Europa.

Mas, ni siquiera con condicionalidad, puede descartarse que, al final, lo único que haga Draghi sea sostenernos unos meses más hasta que protagonicemos un colapso todavía mayor al que hubiésemos realizado por estas fechas. La cuestión sigue siendo: ¿tomará Rajoy, bajo el palio del memorándum de entendimiento preconizado por el BCE, las decisiones que se ha negado con uñas y dientes a tomar hasta la fecha? A saber: el pinchazo de la triple burbuja financiera, productiva y estatal mediante una rebaja anual del gasto de más de 100.000 millones de euros, la aplicación de quitas –en lugar de rescates– a empresas públicas, bancos y autonomías, y la liberalización total del mercado laboral, eléctrico, inmobiliario y educativo.

¿Lo hará Rajoy? ¿Tratará con audacia de devolver el crédito que, sobrepasando imprudentemente su mandato, el BCE nos acaba de ofrecer? Lo dudo sobremanera: no olvidemos que, si el BCE se ha visto forzado a “rescatarnos” para que no quebráramos, ha sido precisamente porque Rajoy y su Gobierno, como ya hicieran ZP y sus cuates, han bloqueado y descafeinado deliberadamente todas esas imprescindible reformas. ¿Se reformará el incorregible sosias de Rubalcaba? ¿Y para qué iba a hacerlo? Tan sólo hay que tomar buena nota de Grecia: dos años y medio viviendo del rescate continuo y sin reformar a conciencia su insostenible modelo de Estado. Puede que no seamos Grecia, pero Rajoy desde luego sí aspira a convertirnos en ella: esto es, a que su Gobierno viva del crédito ajeno tantos años como se pueda hasta que el chiringuito se desmorone y salgamos del euro. Draghi le ha despejado el camino.

Como si de un concertado ritual se tratara, siempre que aparecen malos datos de Contabilidad Nacional todos los medios de comunicación buscan al unísono un chivo expiatorio: las caídas del consumo y del gasto público. Fatal diagnóstico que traslada a la población una idea profundamente equivocada de cuáles son nuestros problemas actuales: no una atonía de los impulsos gastadores de nuestras familias o Administraciones Públicas sino una absoluta renuencia de los capitalistas nacionales y extranjeros a invertir en nuevos sectores económicos que sustituyan a la construcción como una de las patas de la actividad.

No hay que gastar más, sino menos

Empecemos por los fríos datos: lo que se ha desplomado desde el punto más alto de la burbuja inmobiliaria hasta hoy no ha sido el consumo, sino de manera alarmante el gasto en inversión. En junio de 2012, el gasto en consumo apenas era un 1,2% menor que a comienzos de 2007, mientras que el gasto en inversión se había desplomado un 35,3%. Paralelamente, el único componente que ha tenido un buen comportamiento y que ha permitido contener algo la destrucción de empleo han sido las exportaciones, que ya se sitúan casi un 10% por encima del nivel alcanzado en ese momento.

Los habrá que, obsesionados con el architípico mensaje subconsumista de toda la vida, crean que ha bastado una caída del 1% del consumo para motivar un desplome del 35% en la inversión. Nada más lejos de la realidad: aunque nos hayan contaminado los oídos con que el consumo es el motor de una economía, lo contrario es más bien cierto. Las sociedades más pobres del planeta son aquellas donde el 100% de la renta se consume y donde, por consiguiente, no queda margen alguno para ahorrar e invertir en mejoras del equipo de capital que incrementen la riqueza y la productividad de esa economía. La base del capitalismo es el capital, esto es, el ahorro y la inversión, no el consumo.

¿Por qué la reducción de un 1% en el gasto en consumo es básicamente irrelevante para el conjunto de la economía (no quiero decir que sea irrelevante para aquel empresario cuyas ventas se hayan desplomado, claro)? Porque, aun cuando el consumo caiga, las empresas no tendrían por qué reducir su ritmo de inversión. A corto plazo, pueden seguir dos estrategias muy lógicas: o invertir en bienes de capital que les permitan reducir sus costes unitarios de producción (de modo que, aunque vendan menos bienes que antes, como obtienen un mayor margen de ganancia por producto, sus beneficios no se reducen) o invertir en bienes y servicios que demanden no los españoles, sino los extranjeros.

Potenciar la exportación

Esto último es lo que en parte han tratado de hacer las empresas españolas en los últimos años (de ahí que las exportaciones hayan crecido) y lo que sin duda necesitaba nuestra economía. En los años 2006 y 2007, el conjunto del país se endeudó en más de 100.000 millones de euros (el 10% de nuestro PIB) con el exterior para poder gastar mucho más de lo que producíamos. Ahora toca pagar esas deudas pasadas produciendo más de lo que gastamos, esto es, vendiendo al extranjero más de lo que compramos del extranjero (acumulando superávits exteriores).

Por desgracia, aunque no lo hemos hecho del todo mal en esta rúbrica –nuestro déficit exterior se ha reducido del 10% al 3% del PIB– no lo hemos hecho tan bien como necesitábamos para absorber el shock de la contracción crediticia, del desplome de la construcción y de la masiva destrucción de empleo. Que las exportaciones crezcan un 10% no basta para recolocar a toda la mano de obra y a todos los otros factores productivos que se han quedado desempleados desde el estallido de la burbuja. En otros países, como Estonia, Letonia o Lituania, las exportaciones se han disparado un 50% desde los niveles de 2007, permitiéndoles volver a crecer con fuerza y a reducir intensamente sus índices de paro. En España nos hemos quedado en un crecimiento del 10%, ¿por qué? Pues porque las empresas no han invertido lo suficiente en crear nuevas industrias exportadoras, tal como ilustra que la formación de capital sea en 2012 un 35% inferior a la de 2007. ¿Y por qué? Pues aquí reside el núcleo de la cuestión.

En España no invierte ni el Tato

Si creemos (erróneamente) que nuestra crisis se debe a que las familias y las Administraciones Públicas no consumen lo suficiente, entonces las recomendaciones de política económica que efectuaremos serán las de paralizar la política de recortes y las de evitar cualquier ajuste salarial a la baja que pueda perjudicar aún más el consumo. Si, en cambio, somos conscientes de que el hundimiento de nuestra economía se debe a que en este país no quiere invertir ni el Tato –de hecho, el capital está saliendo por puertas­– para crear una nueva industria exportadora que venda mucho más al extranjero y nos permita amortizar nuestro excesivo endeudamiento pasado, las sugerencias serán muy distintas: habrá que estabilizar macroeconómica la situación (despejando el miedo a la suspensión de pagos del país y a que salgamos del euro) y habrá que crear un ambiente amigable con la creación de empresas.

Para lo primero, será necesario profundizar en el ajuste del gasto público (y no de unos impuestos que sólo machacan al sector privado); para lo segundo, habrá que liberalizar los mercados y permitir que aquellos salarios (y otros costes empresariales, como los inmuebles o la electricidad) que tengan que caer caigan cuanto tengan que hacerlo, y que aquellos otros que deban subir, hagan lo propio. Sólo así los empresarios podrán componer planes de negocio en los que ganen dinero (¡anatema!) y que, en consecuencia, les induzcan a invertir. En Lituania, por ejemplo, los salarios de la construcción llegaron a caer un 40%, al tiempo que los de la industria de nuevas tecnologías subían el 10%: no se trata, pues, de que caigan todos los salarios, sino sólo aquellos cuya productividad es mucho más baja que el coste salarial corriente.

Hay que producir más de lo que gastamos 

Nada de esto, obviamente, se está haciendo en España: políticos y grandes sectores de la sociedad prefieren seguir viviendo del crédito, esto es, gastando mucho más de lo que producen. No se dan cuenta (o no quieren darse cuenta) de que las deudas acumuladas insosteniblemente siempre terminan estallando. A nosotros ya nos han cerrado el grifo. Por eso, si no queremos impagar nuestras deudas, si queremos empezar a amortizarlas y a crecer sana y sólidamente, hemos de comenzar a producir más de lo que gastamos: toca generar y atraer ahorro que desee ser invertido en nuestro país (ya sea en exportaciones o, en menor medida, en productos que sustituyan a importaciones). Es decir, toca acreditar que España es un entorno seguro y rentable en el que invertir a largo plazo sin verse rapiñado por impuestos, costosas regulaciones, devaluaciones y conflictos sociales.

Todo lo contrario a lo que han hecho PP y PSOE en cuatro años: por eso el capital sale del país y más de un tercio de toda la inversión se ha volatilizado. Nos hemos convertido en una economía tóxica por culpa del asfixiante intervencionismo político.

Ante la polémica sobre si, como proponía recientemente el BCE, había que reducir el salario mínimo y ante la otra polémica sobre si había que mantener el subsidio extraordinario de 400 euros para los parados, se me ocurrió plantear por Twitter la siguiente pregunta: “¿Por qué trabajar por 400 euros al mes es indigno e ilegal pero recibir un subsidio estatal de 400 euros es un derecho social?”.

La cuestión no iba particularmente dirigida a defender la eliminación del subsidio de 400 euros (algo que podría defenderse, pero por otras razones) sino, simple y llanamente, a abrir un debate más sencillo: si consideramos digno y aceptable que una persona sobreviva con una renta estatal de 400 euros, ¿por qué elevamos a la categoría de indigno e ilegal el que una persona se gane esos 400 euros trabajando a tiempo completo (posibilidad prohibida merced a nuestras leyes de salario mínimo)?

La diferencia económica entre percibir un subsidio y un salario es fundamental: un trabajador recibe un salario porque contribuye a generar una riqueza que luego es vendida a los consumidores, mejorando el bienestar de estos últimos; un parado, en cambio, recibe un subsidio a partir de los impuestos que pagan los agentes que siguen generando riqueza, esto es, se apropia de una parte de la riqueza de esas personas sin entregarles nada a cambio.

Malos argumentos económicos

Entendería, y hasta cierto punto vería coherente, que una persona abogara por reducir el salario mínimo a, al menos, 400 euros al mes y, para aquellas personas que ni siquiera así hallen ocupación, promueva que se les asigne una ayuda temporal de 400 euros. Lo que me resulta incomprensible es que se opte por prohibir relaciones laborales de 400 euros (leyes de salario mínimo) y, en cambio, se considere imprescindible el mantenimiento del subsidio. ¿Acaso trabajar por 400 euros es indigno pero recibirlos sin trabajar no lo es?

La respuesta más inmediata para oponerse a la reducción del salario mínimo es que “con 400 euros no se puede vivir”. Pero si eso fuera así, ¿entonces qué ganamos conservando un subsidio de 400 euros con el que no se puede vivir? Ante esto, rápidamente se argumenta que la ayuda estatal de 400 euros constituye un auxilio transitorio a la espera de encontrar un trabajo. Pero, ¿un trabajo por el que se perciben 400 euros al mes no es una situación provisional a la espera de encontrar una ocupación mejor y con mayor remuneración?

Constatada la flagrante contradicción, entonces comienza el despliegue de malas intuiciones económicas. La más primaria y la que, en el fondo, más indignación genera es que si se pagaran salarios de 400 euros mensuales, “alguien se estaría aprovechando”. Ese alguien es, claramente, el empresario capitalista que, según este punto de vista, se lucraría a costa de abonar bajos salarios a los seis millones de parados.

Sin embargo, semejante explicación se topa con obstáculos muy serios. Si los empresarios españoles pudiesen pagar salarios de 400 euros mensuales a los seis millones de parados, ¿obtendrían una rentabilidad normalita (equivalente al 4-5% de su inversión) o una extraordinariamente alta? Si el caso es el primero, simplemente estaríamos diciendo que para crear negocios viables en España (que cubran el coste del capital) necesitamos salarios más bajos y, por tanto, no habría motivo para oponerse a la rebaja salarial (salvo que queramos impedir que se creen negocios viables en España). Si fuera el segundo caso, esto es, si pagar salarios de 400 euros fuera un auténtico chollo en relación con los ingresos que un empresario puede obtener mediante la venta de la producción de los trabajadores, nuestra predicción debería ser que, rebajando el salario mínimo a 400 euros, no sólo los seis millones de parados desaparecerían (pues sería una ganga contratarles y “explotarles”), sino que además la inversión extranjera entraría a tropel en nuestro país para dar empleo a las masas depauperadas. O dicho de otro modo, la inversión seguiría entrando en España hasta que el paro desapareciera, los salarios subieran y la rentabilidad de las empresas dejara de ser extraordinaria: si eso no sucediera, entonces es que la rentabilidad empresarial por pagar salarios de 400 euros al mes no sería tan extraordinariamente alta.

Pero, si lo fuera, ¿cuál sería entonces el problema de que los salarios se ajustaran a la baja transitoriamente hasta que se crearan en España nuevos modelos de negocio que permitieran ir abonando sueldos mayores con el paso del tiempo y la mejora de la productividad? ¿Acaso es preferible la alternativa de que el Estado se endeude hasta la bancarrota para proporcionarles a los parados subsidios de 400 euros que no contribuyen a crear esos modelos de negocio? No lo parece: a corto plazo, un parado que pasa a trabajar a cambio de 400 euros crea riqueza para los consumidores y a largo plazo contribuiría a relanzar la economía. Todo lo contrario que con los subsidios estatales.

Llegan entonces quienes sostienen que pagar salarios de 400 euros deprimiría aún más el consumo y hundiría la economía. De nuevo, el problema de esta tesis es triple: el primero, que lo mismo puede decirse de los subsidios de 400 euros. El segundo, que el crecimiento de las economías capitalistas no depende del consumo, sino del ahorro y la inversión. Y el tercero, que la situación española acredita que sus dificultades no vienen de la falta de consumo, sino la falta de inversión derivada de insuficiencia de oportunidades de negocio rentables. Y la falta de oportunidades de negocio no procede de la caída del consumo interno, sino de que no somos lo suficientemente competitivos como para vender mucho más al extranjero, y no lo somos por una cuestión de costes empresariales (entre ellos, el coste interno del trabajo). España se sigue endeudando con el exterior para financiar su gasto interno; un endeudamiento que ya no podemos permitirnos y que por tanto hay que reducir a cero (consumiendo menos y exportando más).

Esclavitud versus pobreza

Y en este punto es cuando todo intento por razonar colapsa y el interlocutor se limita a exclamar que con tales condiciones laborales volveríamos al esclavismo, lo cual constituye un disparate mayúsculo. Primero, porque entonces el subsidio de 400 euros al mes se convertiría, por idénticos motivos, en una forma con la que el Estado esclaviza o compra en propiedad a sus ciudadanos. Segundo, porque las relaciones esclavistas son coactivas, hasta el punto de que el esclavo no puede cambiar de trabajo si encuentra una oferta laboral mejor. Y tercero, por una falta de perspectiva geográfica e histórica: en muchos países europeos, salarios de 400 euros son la pauta general y hace 30 años en España se percibían sueldos medios reales de 900 euros (lo que significa que una parte de la población los percibía de 400 o 500) sin que nada de todo ello constituyera esclavitud.

No se trata, claro, de que uno desee volver a esas épocas pretéritas, sino simple y llanamente de diferenciar pobreza de esclavitud: ser más pobres (o mucho más pobres) de lo que lo somos ahora no nos convierte en esclavos, sino en más pobres. Y, de hecho, deberíamos ser conscientes de que la burbuja inmobiliaria, provocada y agravada por el intervencionismo estatal, sí nos ha pauperizado enormemente: negarnos a reconocerlo y a adaptarnos en consecuencia sólo hace que agravar nuestra ya de por sí precaria situación actual.

Al final, pues, toda esta instintiva crítica a los salarios bajos y su paralela defensa del subsidio estatal probablemente sólo sean un mecanismo de autodefensa: dado que si nos halláramos en una situación de desempleo preferiríamos cobrar un subsidio sin trabajar que trabajar por un salario tan bajo, tratamos de convencernos y de convencer a los demás de que tal escenario es el deseable, aunque objetivamente no lo sea. Desde un punto de vista social, sería mucho más generoso fabricar algo de riqueza para la comunidad (a partir de la cual cobrar un salario mensual de 400 euros) que arrebatar parte de la riqueza que generan los demás. Pero, desde el punto de vista individual, obviamente todos preferiríamos consumir sin producir (sin trabajar), de ahí que, incluso inconscientemente, se retuerzan los razonamientos para justificarlo.

La cuestión, sin embargo, sigue siendo: ¿por qué antes de entregar una renta estatal de 400 euros a los parados no descubrimos si puede crearse empleo y riqueza con salarios mínimos de 400 euros mensuales?

Hace tiempo traté de poner de manifiesto cuán esencial resulta disfrutar de una adecuada formación financiera desde la más temprana edad. En lugar de tanta “educación para la ciudadanía” –es decir, adoctrinamiento para el sometimiento al Estado–, preferible sería que los adolescentes supieran comprender un balance, entender el valor intertemporal del dinero, conocer la regla del 72 o aprender las características de la inversión a largo plazo.

Se trataría, qué duda cabe, de una mejora sustancial en nuestras sociedades que en parte –sólo en parte– nos blindaría frente a burbujas financieras tan devastadoras como la que sufrimos durante la pasada década: si la gente, los empresarios y los banqueros no tuvieran tanta propensión a sobreendeudarse –incluso a corto plazo– para adquirir activos inflados de dudosa calidad, los descalabros gestados durante el falso boom económico serían menos intensos.

Mas lo cierto es que a día de hoy la estructura de los mercados y la formación financiera de la población son las que son y no parece que vayan a cambiar en el corto y medio plazo. Por muchosBasileas III y por muchas regulaciones supuestamente orientadas a proteger a los pequeños inversores que aprueben nuestros magnánimos gobernantes, los ciclos seguirán sucediéndose por no atajar los problemas fundamentales: el papel moneda monopolizado por un banco central estatal y la escasa comprensión de los fenómenos financieros entre gran parte de la población. De hecho, las regulaciones mentadas sólo generarán una ilusión de seguridad que empujará, en el futuro, a caer nuevamente en la trampa del endeudamiento barato insostenible.

De la teoría a la práctica

Pero mientras los ciclos se repitan, también continuarán apareciendo grandes oportunidades de ganancia para aquellos individuos que, comprendiendo la dinámica de las crisis y sabiendo valorar adecuadamente a las empresas, puedan comprar en aquellos momentos en los que los activos financieros estén exageradamente deprimidos para pasar a venderlos cuando comiencen a estar sobrevalorados por encontrarse en fase de burbuja. Aquellos individuos que actúen de tal modo no sólo se lucrarán a sí mismos, sino que estarán provisionando un servicio esencial para el mercado –por mucho que habitualmente sean tildados de desalmados especuladores–, en la medida en que contribuirán a asignar valoraciones realistas y más exactas a los bienes de capital. Recordemos que, sin precios realistas, el resto de inversores lo tienen mucho más complicado para distribuir su ahorro a lo largo de toda la economía, dando lugar a malas inversiones locales o incluso generalizadas (este último caso sería, de hecho, el del ciclo económico).

El proceso adecuado para alcanzar valoraciones realistas de los activos que estén basadas en sus fundamentales y en su capacidad de generación de riqueza a largo plazo debe ir desde lo macroeconómico –situación general del mercado a lo largo del ciclo y su traslación en forma de sobrevaloraciones o infravaloraciones generalizadas de los activos– a, sobre todo, lo microeconómico –la capacidad particular de generación de valor en relación con el precio de ese activo–. Aunque lo esencial, en última instancia, sea el análisis de cada empresa individual –pues incluso en medio de la mayor de las burbujas puede haber activos infravalorados y en medio de la mayor de las depresiones pueden hallarse activos que continuarán desinflándose hasta perder todo su valor–, la perspectiva global del mercado también nos sirve para prever riesgos u oportunidades sistémicas que pueden multiplicar los efectos individuales, positivos o negativos, de los activos.

Espejos en los que mirarse

Pocos son, sin embargo, los gestores que combinan una acertada teoría microeconómica de valoración de activos –el value investing o la inversión basada en el valor: la disciplina utilizada por grandes inversores como Benjamin Graham, Warren Buffett, Seth Klarman, Bruce Berkowitz, Mohnish Pabrai o Joel Greenblatt– con una teoría macroeconómica sólida –la teoría austriaca del ciclo económico: la ciencia pergeñada por gigantes como Carl Menger, Eugen Böhm Bawerk, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek o Antal Fekete–. En España tenemos el célebre caso de Bestinver –o también más recientemente Ángulo Verde– cuyos resultados no pueden ser más elocuentes: durante sus casi 20 años de vida, han obtenido una rentabilidad media anual superior al 15%.

Acaso recogiendo estas fructíferas tradiciones, hace apenas unos meses nació el centro de estudios OMMA, cuyo nombre –Online Madrid Manuel Ayau– ya constituye de entrada toda una declaración de intenciones en forma de merecidísimo homenaje a D. Manuel Ayau, gran discípulo de Mises y afamado inversor por la creación de ese faro de libertad en Centroamérica que es la Universidad Francisco Marroquín. El primero de los másters que este novedoso centro online ofrece es, justamente, el devalue investing y teoría austriaca del ciclo económico, donde el equipo de profesores, entre los que tengo el orgullo de encontrarme, van desgranando y entrelazando los distintos conceptos económicos y financieros que permiten practicar una inversión exitosa con base en estas dos disciplinas.

Suele decirse que las crisis son épocas de oportunidades. Nuestra intuición económica más primaria, aquella que deriva de contextos en los que las sociedades eran juegos de suma cero, parece indicarnos que si una persona se lucra durante una crisis es porque otra se ha empobrecido. Y desde luego así acaece cuando tales ganancias derivan del intervencionismo gubernamental, pero no cuando son fruto del proceso de mercado libre y competitivo. En tales casos, las oportunidades que consisten tanto en ajustar los precios de los activos para poner de relieve las oportunidades de inversión como aquellas que pasan por crear nuevos negocios o en proporcionarles capital para crecer (vía renta fija o variable) benefician a todos los agentes económicos, en tanto en cuanto se potencia la creación de riqueza a largo plazo.

Aunque mientras subsista el monopolio público de la banca central y la imposición del papel moneda inconvertible las crisis económicas seguirán sucediéndose, una adecuada formación económica entre los profesionales del sector, tanto por lo que se refiere a la teoría austriaca como al value investing, sí puede contribuir a minimizar los despropósitos durante el boom artificial y a acelerar la creación de nuevos sectores productivos durante la ulterior e inexorable recesión. Esperemos que esta crisis sirva de acicate para que cada vez más gente vaya profundizando en estos esenciales asuntos. Nuestra libertad y prosperidad, individual y colectiva, lo agradecerán.

Siempre había creído que España podía salvarse y que su situación económica era reconducible. En parte aún lo sigo creyendo, pero cada día que pasa, cada día que el PP sigue al frente del poder tomando una tras otra las medidas de demolición descontrolada del sector privado de que tanto hace gala, la probabilidad decrece a ritmos acelerados. Al fin y al cabo, padecemos un Gobierno que en apenas seis meses ha hecho bueno al horroroso Ejecutivo de Zapatero: Rajoy y los suyos no sólo han subido todos los impuestos –IRPF, Sociedades, IVA, cotizaciones sociales y especiales– salvajemente más de lo que lo hizo Zapatero, sino que lo han hecho mostrando su lado más descarnadamente izquierdista y estatista, riéndose en todo momento de los ciudadanos, de sus electores y de los inversores de España.

El descrédito antiliberal del PP

El Ejecutivo ha consumido ya todo su crédito político. Al encadenar una mentira tras otra, otro despropósito tras otro y otro ataque a las libertades individuales y a la propiedad privada tras otro sin más criterio que el de salvar de la quema cuantos privilegios para su casta puedan, el Gobierno ha quedado desacreditado ante los ciudadanos, ante los electores y ante los inversores a los que tanto ha maltratado. Todos han descubierto ya que el PP no tiene ningún interés en reventar la burbuja del sector público y que todas las medidas en tal sentido que anuncie sólo consistirán en pura propaganda dirigida a engañar, nuevamente, a esos ciudadanos, electores e inversores.

Es posible que dentro del Gobierno exista gente que entienda la gravedad de la situación y que rechace por entero la estrategia socialista-zapaterina que Rajoy está ejecutando para sangrar a impuestos al sector privado, pero su influencia en las grandes decisiones del Ejecutivo se está dejando notar poco o nada. Bien está que dentro del Gabinete haya decorativos jarrones liberales, pero mejor estaría que esos decorativos jarrones descubrieran que Rajoy, Montoro y cuanta otra fauna socialista mora en el poder los estamparon tiempo ha contra el suelo haciéndolos añicos. Más allá de los muertos vivientes que se creen vivos murientes, este Gobierno no pasa de un caparazón relleno de bilis estatista que sólo se mantiene a flote gracias a una mayoría absoluta parlamentaria que será la última que el PP consiga en décadas.

Mas lo peor de comprobar que Rajoy y su grupo socialdemócrata son unos mandarines al servicio de sus propios privilegios no es descubrir lo que el propio Rajoy se encargó de hacer explícito en Elche hace cuatro años cuando invitó a los liberales a abandonar el partido, sino  constatar que este país no tiene ninguna alternativa política dispuesta a adoptar las medidas necesarias para levantar cabeza. O dicho crudamente, la única alternativa a Rajoy es ZP-Rubalcaba y la única alternativa a ZP-Rubalcaba es Rajoy.  Desazonadora evidencia que está llevando a muchos a lanzarse a los brazos del populismo comunista en un inquietante pero cada vez más fidedigno parangón del derrumbamiento heleno.

En plena escapada hacia adelante, un PP noqueado por su propia incompetencia sólo se muestra capaz de rogarle un rescate en forma de monetización masiva de deuda a Mario Draghi. Como si el Banco Central Europeo no estuviera, en estos precisos momentos, proporcionando una expansiva línea de crédito de más de 450.000 millones de euros (el 45% de nuestro PIB) a la economía española. ¿Con qué cara acusa Margallo al BCE de ser “un banco clandestino”? ¿Con qué arrestos pide el cabeza de lista de la rescatada Valencia, Esteban González Pons, que el BCE siga incrementando suicidamente su exposición a los pasivos españoles? Por esta vía, por la de echar más gasolina al incendio de un monto de deuda impagable, no conseguiremos otra cosa que comprar tiempo a un precio carísimo. Pero comprar tiempo, ¿para qué? ¿Para diferir todavía más los recortes? ¿Para retrasar un año o dos más el cumplimiento de los objetivos de déficit? ¿Para facilitar que nuestros políticos sigan dilapidando nuestro dinero a manos llenas? ¿Qué estamos esperando al patear el balón para adelante? ¿Que acaezca algún milagro que nos saque de esta situación de quiebra técnica? Nadie que no quiera ser salvado puede salvarse y este Gobierno y esta oposición claramente prefieren la suspensión de pagos antes que un severo recorte del gasto público.

Camino de una mayor servidumbre

Con la prima de riesgo a unos niveles en los que ya empieza a reflejar nuestra devastadora realidad subyacente, ¿qué nos queda? Todo apunta a que en los próximos meses comenzará a librarse una batalla campal en las calles de España para derrocar al Gobierno y repartirse las miserias del poder. No es un fenómeno novedoso, sino algo bastante recurrente en los países bananeros donde una mayoría de ciudadanos y de grupos de presión aspira a meter el cazo en el presupuesto y a vivir de él, esto es, del dinero de su vecino. Ha sucedido recientemente en Grecia, pero también sucedió en la Argentina del corralito cuando las hordas de Duhalde asaltaron los comercios bonaerenses hasta forzar la huida en helicóptero del rajoyano De la Rúa.

Semejante polvorín puede prender fuego en cualquier momento con un mínimo de gestión y manipulación callejera por parte de alguno de los partidos de la oposición en connivencia con los sindicatos o con cualquier otro grupo de presión que ya se haya visto afectado por los recortes o que trate de evitarlos preventivamente tomando las calzadas. El hartazgo derivado de la mezcla de una crisis económica que no se entiende con la falsa retórica de unos recortes cosméticos salvo por lo que atañe a las subidas de impuestos, con las secuelas de décadas de adoctrinamiento socialista en “derechos” irrenunciables que deben ser financiados siempre por el dinero del vecino pero jamás por el dinero propio y con el desencanto hacia los igualmente estatistas partidos mayoritarios, bien puede llevar a un descontento popular cuyo único efecto a medio y largo plazo sería acrecentar todavía más el tamaño del Estado y darle todavía más poder a políticos todavía más nefastos que los actuales.

En cierto modo, la España del PP está siendo la de un vehículo que se está estrellando contra un muro a cámara lenta. Sabemos que avanzamos hacia el siniestro pero el conductor no deja de pisar el acelerador. Certeza a la que, por cierto, también han llegado los inversores nacionales y extranjeros que están liquidando su exposición a España a marchas forzadas; motivo de fondo de que la prima de riesgo se siga disparando y de que nuestros bancos tengan cerrado su acceso al mercado interbancario.

Decía al principio que siempre creí en la capacidad de la economía española para, a trancas y barrancas, terminar recuperándose. Hay tanto gasto que recortar, tantas reformas que aprobar, tanto potencial que dejar de pisotear, que nuestro margen para recuperarnos era enorme: no se trataba de país que ya lo estuviera hacia todo bien y que, por caprichos del azar, hubiese embarrancado en una crisis monstruosa; no, éramos y somos un país que lo estaba haciendo casi todo mal y que, por tanto, podía mejorar y cambiar en múltiples campos. Ahora, empero, veo cada vez más difícil una salida que no pase o bien por una monetización masiva de deuda que no resuelva los problemas de fondo y que sólo aplace la jornada de autos; por una intervención externa que no garantiza, como en Grecia, que finalmente se adopten las medidas correctas; o por una salida del euro que les deje un agujero enorme a nuestros acreedores europeos, que empobrezca a la población española, que conceda omnímodos poderes inflacionistas a nuestros gobernantes y que termine de empujar a España por la senda de la mediocridad económica y del peronismo político. En cualquier caso, menos libertades, menos prosperidad y mucho más Estado: la tradicional realimentación positiva entre las crisis y el engorde de Leviatán. Los políticos, primero los del PSOE y luego los del PP, se han cargado el país, pero los políticos, sean de la partitocracia actual o de otra todavía peor, serán los principales beneficiarios del colapso económico. Un deprimente disparate se mire desde el ángulo en que se mire.

A buen seguro todos hemos oído esa canónica explicación de la crisis económica actual que traza su origen en la desregulación financiera de los mercados. Asombroso aserto, ése, que casa muy mal con la realidad de un sistema financiero que no sólo no está desregulado, sino que está intervenido hasta la médula para mayor gloria de los propios bancos (los regulados/privilegiados) y de los propios Estados (los reguladores/privilegiadores).

Ignora uno quién es el dominante y quién el dominado en este perverso maridaje, pero sí deberíamos ser conscientes de la identidad de la víctima: el libre mercado. Yerra quien busca equiparar los intereses de los bancos con el sistema capitalista y los del sector público con la socialdemocracia. Que el capitalismo necesite de capitalistas no significa que muchos de esos capitalistas no sean los principales interesados y beneficiarios en constreñirlo o en cargárselo a través del intervencionismo estatal. Pues capitalismo implica acatamiento de los cambiantes deseos de los consumidores y posibilidad de ser barrido del mercado por unos más eficientes competidores: dos presupuestos que aquellos rentistas que quieren vivir no de servir al consumidor, sino de sangrarlo, tratan rápidamente de socavar mediante regulaciones y prebendas emanadas del monopolio de la violencia (el Estado).

Cómo opera la banca

Tal es el caso de la banca, sector con una secular tendencia a explotar los diferenciales de la curva de rendimientos mediante la imprudente, peligrosa e insostenible estrategia financiera de endeudarse a corto plazo e invertir a largo. Gusta al sector financiero de operar con un fondo de maniobra estructuralmente negativo que, como es natural, debería conducirles a una rápida suspensión de pagos en un mercado libre: si las deudas de toda la banca vencen a muy corto plazo y sus activos maduran a muy largo plazo, habrá muy poco margen para refinanciarles persistentemente y en algún momento deberán echar el cierre.

Así funcionaban precisamente las cosas cuando los bancos emitían sus pasivos de manera competitiva bajo la promesa de convertirlos, a petición de sus tenedores, en oro. Y, precisamente, este riesgo de bancarrota y de ser desplazados por otras entidades más prudentemente gestionadas era lo que les refrenaba de continuar degradando su liquidez monetizando de manera desproporcionada activos a largo plazo (Adam Smith, por ejemplo, aconsejaba a los bancos que se limitaran a descontar activos autoliquidables como letras de cambio comerciales).

Semejante situación, empero, no complacía ni a ciertos banqueros ni a ciertos políticos: los primeros querían ganar mucho más prestando alocadamente a más demandantes de crédito; los segundos, deudores por excelencia, querían beneficiarse de tipos de interés más bajos para continuar sufragando sus enormes gastos. Optóse entonces por investir a ciertos grandes bancos del monopolio sobre la emisión de medios de pago a cambio de, primero, prestar a tipos blandos al Gobierno y, segundo, proporcionar auxilio financiero al resto de bancos del país (de modo que éstos también pudieran prestar pródigamente al Gobierno).

Nacían así los bancos centrales monopolísticos, prestamistas de última instancia de banqueros y políticos; privilegio compartido que permitía que ambos dieran rienda suelta a su desmelenada imprudencia. Pero ahí no terminaba la historia: mientras los pasivos de los bancos centrales siguieran siendo convertibles en oro, su prodigalidad crediticia en beneficio directo de Estado y banca no podría ser infinita. Motivo por el cual, con el pasar de las décadas, se adoptó la solución más sencilla: suspender la convertibilidad al oro de estos emisores de papel moneda. Así, nuestros bancos centrales obtuvieron el poder de expandir ilimitadamente el crédito siempre que éste fuera demandado: el único subproducto incómodo de este desparpajo crediticio era la inflación (el envilecimiento del dinero), plaga económica donde las haya que, sin embargo, siempre ha contado con muy destacados sicofantes capaces de justificarla en beneficio directo del pueblo.

Los ciclos económicos

De este modo, la banca central podía, obviando la inflación, prestar ilimitadamente a la banca comercial y ésta podía, a su vez, prestar ilimitadamente a cuantos le solicitaran crédito… incluyendo a nuestros manirrotos políticos. Se instituyó así una desgracia de economía con tipos de interés a largo plazo artificialmente deprimidos y desvinculados del volumen de ahorro real a largo plazo, que es la materia prima en la que sólo debería haber estado basado el crédito de inversión otorgado por la banca.

Con estas facilidades de endeudarse, el sector privado comenzó a pedir prestado más y más, tanto para anticipar consumo futuro (familias) cuanto para ampliar su capacidad productiva (empresas). Un chute de deuda barata que durante un tiempo servía para impulsar el aumento de actividades improductivas que, pese a ello, repercutían positivamente sobre el PIB, el empleo y la recaudación tributaria. Un espejismo burbujístico que a todos entusiasmaba y que a todos, con el tiempo, terminaba penalizando como castillo de naipes que se derrumba. Es lo que se conoce como ciclo económico de auge y depresión y es justo lo que ha acontecido en los últimos diez años, es decir, es lo que ha sucedido desde el momento en que Alan Greenspan comenzó a reducir los tipos de interés de la Reserva Federal a mínimos históricos y contribuyó a relanzar una expansión del crédito desproporcionada cuya borrachera inicial vivimos en forma de burbuja inmobiliaria y cuyo colapso actual padecemos a modo de credit cruch descapitalizador.

Puede que sea cómodo culpar a la libertad de todos estos problemas, pero desde luego no es justo. Si todos los mecanismos con que contaba el libre mercado para contener estos desaguisados –patrón oro, emisión competitiva de divisas y ausencia de rescates estatales en caso de suspensión de pagos– han sido esterilizados precisamente para que no constriñan la exuberancia crediticia, no culpemos al libre mercado capitalista, sino al extremo intervencionismo monetario que desde hace más de un siglo se ha cargado una institución privada tan esencial como es el dinero.

Todo esto, y mucho más, podrá encontrarlo en el excelente documental que la productora Amagi Films ha realizado en colaboración con el Instituto Juan de Mariana y que puede visionar gratuitamente en su ordenador personal: “Fraude: por qué la gran recesión”. Ya les adelanto que el porqué no guarda relación alguna con nuestras libertades.

Mi primera reacción al escuchar que el capital que necesitaba la banca española apenas ascendía a 62.000 millones de euros fue de escepticismo. Habiendo estimado un servidor que tal cuantía debía ascender, al menos, a 150.000 millones, el fraude se antojaba evidente. Sin embargo, tras leer el informe de Oliver Wyman, los hechos se antojan muy otros.

La auditora prevé en el peor escenario adverso unas pérdidas para el conjunto de nuestra banca de hasta 274.000 millones de euros, agujero muy similar a los 300.000 millones de euros que meses atrás había calculado. Acaso la diferencia entre ambas cifras resida en que, en mi opinión, los 300.000 millones de pérdidas suponen una estimación conservadora, mientras que para Oliver Wyman se trataría de un escenario muy pesimista. Pero, ¿cómo es posible que estimando pérdidas parecidas, las necesidades de capital sean tan divergentes?

La letra pequeña

La clave del asunto está en cómo estima la auditora que nuestros bancos van a cubrir tal montaña de números rojos: 98.000 millones procederán de provisiones; 7.000 millones de esquemas de protección de activos (socialización de pérdidas por parte del Estado); 68.000 millones de los beneficios operativos antes de provisiones que los bancos amasarán en los tres próximos años (que es lo que básicamente recogen los decretos De Guindos: que los beneficios de este año y el siguiente vayan a provisiones); y 39.000 millones derivados de una reducción del ratio de capital desde el 7% al 6%. Con estos cálculos, la deficiencia de capital sería, como se ha cantado a los cuatro vientos, de 62.000 millones de euros.

Ahora bien, esta cifra resulta engañosa por dos motivos. El primero es que los 68.000 millones de euros en beneficios futuros no integran hoy el capital del banco, sino que lo harán, si todo acaece según lo deseado, a lo largo de los próximos tres años (lo cual puede ser mucho suponer, si la economía sigue deteriorándose). El segundo, es que los bancos españoles no pueden permitirse ahora mismo una reducción de su capital en 39.000 millones: al contrario, si su objetivo es el de demostrar que van a ser capaces de resistir cualquier escenario de estrés futuro, tendrán más bien que sobrecapitalizarse.

Dicho de otro modo, si nos planteamos cuánto capital necesitan los bancos españoles a 31 de diciembre de 2011 para absorber todas las pérdidas futuras de su cartera de activos sin decapitalizarse, habrá necesariamente que añadir a los 62.000 millones de euros que estima inicialmente Oliver Wyman, los 68.000 millones que se espera que afluyan merced a beneficios futuros y los 39.000 que se esperan cubrir con una reducción de capital. En total, pues, las necesidades reales de capital a finales de 2011 de la banca española eran de 169.000 millones de euros.  Oliver Wyman y la prensa en general han confundido deliberadamente las necesidades de capital con las fuentes para recapitalizar a los bancos: por las mismas, si Oliver Wyman, en lugar de incluir los beneficios de los próximos tres años, hubiese metido los de los próximos seis años, cabría concluir que la banca española no tiene necesidad de capital alguna.

La cuestión a resolver, pues, es si la propuesta de estructura de fuentes de recapitalización que traza Oliver Wyman –a saber, 62.000 millones de rescate estatal; 68.000 millones de beneficios futuros; 39.000 millones de merma del core capital– sirven o no para despejar todas las incertidumbres que pesan sobre la banca española, de manera que el dinero, en lugar de salir de España, vuelva a entrar. Y la respuesta es que, muy probablemente, no vaya a servir. Primero, porque se sigue insistiendo en la suicida estrategia de socializar una gran parte de las pérdidas de la banca a través de un rescate estatal que puede hundir al Estado y, con él, a la banca; segundo, porque los beneficios de los próximos tres años no sólo son inseguros, sino que puede que afluyan demasiado tarde para atajar los temores presentes; y tercero, porque, como decíamos, la banca española no debe descapitalizarse si pretende que alguien vuelva a confiar en ella.

La única salida: el bail-in

Nos encontramos, pues, ante una especie de profecía autocumplida: si no se recapitaliza lo antes posible a la banca, las dudas sobre la permanencia de España en el euro proseguirán –en especial, si el sector público tampoco equilibra sus cuentas–, de modo que la inversión seguirá escapándose del país, asfixiando todavía más a la economía y condenándola a un desempleo gigantesco y estructural. Si esto sucede, el capital que, en la situación actual, sería necesario inyectar a la banca a lo largo de los tres próximos años resultará manifiestamente insuficiente, lo que sólo espoleará todavía más los ánimos de sacar el dinero de España.

Si, por el contrario, se procede a sanear desde ya el sistema financiero –y se hace lo propio con el sector público–, el capital dejará de salir del país y, por tanto, las estimaciones actuales de pérdidas futuras resultarán bastante acertadas. Es la propia renuencia a preparar de inmediato a la banca para resistir un escenario de estrés lo que puede provocar que ese escenario de estrés tenga lugar o, incluso, que sea más grave de lo anticipado.

Ahora bien, por mucho que la banca deba sanearse de inmediato –inyectar un capital adicional de, al menos, 150.000 millones, sin esperar a los beneficios futuros y sin dejar caer el ratio de core capital–, este saneamiento no puede realizarse de cualquier manera: no, desde luego, mediante un rescate estatal a costa de los maltrechos contribuyentes. La alternativa ya la hemos especificado en numerosas ocasiones: el bail-in, esto es, la conversión de una parte de la deuda de los bancos en acciones.

Sólo a través de un bail-in que haga afluir alrededor de 150.000 millones de euros a la banca española se lograrán simultáneamente el doble objetivo de capitalizar de manera adecuada e inmediata a nuestras entidades y de reducir el endeudamiento agregado de la economía. El rescate estatal simplemente no puede funcionar: supone un callejón sin salida para nuestra economía. Si éste se queda corto, la banca seguirá siendo insolvente; si se realiza en las dimensiones adecuadas, el Estado se hundirá en el riesgo de bancarrota.

No nos dejemos engañar por las conclusiones sesgadas de las auditoras. Leyendo correctamente sus informes descubriremos que las necesidades de capital de la banca española son tan cuantiosas que no hay manera de que nuestro Gobierno –ni siquiera con asistencia comunitaria– pueda asumirlas. Tal como venimos reclamando desde hace semanas, y tal como defendió recientemente Hans-Werner Sinn, presidente del instituto alemán IFO, nuestra única salida es el bail-in.

A lo largo de los últimos años, tanto Zapatero como Rajoy, que en esto como en casi todo son calcados, han justificado la socialización de las pérdidas de la banca con el muy engañoso argumento de que el rescate de las entidades financieras resulta del todo punto imprescindible para que en este país nuestro vuelva a fluir el crédito. Obviamente, con semejantes promesas embelesadoras, muchas familias y empresas, asfixiadas por la escasez del crédito, han optado por hacer de tripas corazón y aceptar estoicamente su saqueo tributario por políticos y banqueros.

El problema de semejante argumento, empero, es que resulta absolutamente falaz. Por mucho que se rescate y se recapitalice a la banca con fondos públicos, el crédito no volverá a fluir con agilidad mientras no se acometan muchas otras reformas de calado. De hecho, si a algo puede contribuir la recapitalización estatal de la banca es a que el crédito se restrinja todavía más de lo que ya lo ha hecho hasta ahora. En definitiva: se rapiña a la población prometiéndole justo lo contrario de lo que en realidad terminará sucediendo; una infamia por la que a nuestros políticos no les tiembla en absoluto el pulso.

Oferta y demanda

Y es que, por mucho que algunos pretendan obviarlo, la expansión del crédito depende de dosfactores: la oferta de crédito y la demanda de crédito. La oferta se refiere a la capacidad y disponibilidad de los ahorradores o intermediarios financieros (bancos) para prestar; y la demanda, al deseo y a la capacidad de las familias, empresas y gobiernos para endeudarse y devolver las sumas prestadas. A menos que existan ofertas y demandas coincidentes de crédito, éste no crecerá.

Así las cosas, la actual sequía del crédito en España, ¿es un problema de la oferta o de la demanda de crédito? Desde luego, aquellas personas honestas que esperan que el rescate estatal de la banca fomente el crédito lo hacen partiendo de la premisa de que tenemos problemas por el lado de la oferta, a saber, “los bancos están tan debilitados que no tienen margen para prestar más, saneémoslos y entonces volverán a ofrecer financiación”.

Mas semejante argumento resulta extraordinariamente cojo. Si es verdad que los bancos españoles no pueden ofertar crédito, ¿cómo es que han prestado casi 200.000 millones de euros a las administraciones públicas españolas desde finales de 2007 (100.000 millones sólo en el último año)? O, ¿cómo puede ser que la banca extranjera, observando las extraordinarias oportunidades de negocio que existen en un mercado desatendido como el nacional, no acuda rauda a nuestro país a suplir las deficiencias de crédito para nuestras familias y empresas?

No, definitivamente si no fluye el crédito en España no es por limitaciones de la oferta, sino de la demanda. En concreto, nuestros agentes privados y cada vez más los públicos se encuentran absolutamente sobreendeudados, lo que erosiona tanto su capacidad individual como colectiva para amortizar sus deudas.

En cuanto a la capacidad individual, aquellas personas que acumulan ingentes cantidades de pasivos en relación con su capacidad de repago no se encuentran en la mejor posición para endeudarse todavía más: es imprescindible que con anterioridad liquiden sus malas inversiones y amorticen sus excesos de deuda. Sólo cuando estas condiciones se hayan completado y atestigüen que pueden devolver el capital que piden prestado, podrán volver a acceder a los circuitos de crédito.

En cuanto a la capacidad colectiva de repago, sabido es que una quiebra desordenada y generalizada del Estado, de la banca o del resto de deudores privados ocasionaría una salida de España del euro y, acto seguido, una redenominación forzosa a pesetas de todas las deudas contraídas en euros por deudores nacionales. Dicho de otro modo, quien en estos momentos le conceda un préstamo a un ciudadano, empresario o gobierno español se expone a un riesgo de quita futura de entre el 30% o el 40%. De nuevo, hasta que estas incertidumbres no se despejen, el crédito no volverá a fluir: no porque los bancos no estén dispuestos a prestar, sino porque carecerán de deudores solventes a quien hacerlo.

Los efectos del rescate

Ubicándose, pues, el problema en el lado de la demanda crediticia, ¿en qué ayuda el rescate de la banca a subsanar los agujeros en la solvencia individual y colectiva de los deudores españoles? La solvencia individual ciertamente la mejora poco: la deuda pública que emite el Estado para salvar a los bancos se traducirá en mayores impuestos futuros, socavando todavía más la renta disponible de los españoles y, por consiguiente, su capacidad para hacer frente a sus deudas. Por lo que se refiere a la solvencia colectiva, tampoco cambia a mejor: sí, se evita la quiebra de la banca española, pero sólo a cambio de cargar con mucha más deuda al Estado español, empujándolo hacia la suspensión de pagos y la consiguiente salida del euro.

En suma, la recapitalización estatal de las entidades financieras sólo contribuirá a empeorar aquel factor ahora mismo decisivo para que el crédito fluya: la demanda solvente de crédito. Si de verdad quiere lograrse que haya más financiación, el camino debe ser muy otro: capitalización de la deuda de los bancos insolventes, planes de austeridad creíbles, enérgicos y centrados en minorar los gastos del Estado, y liberalización de los mercados para facilitar la reocupación de los factores productivos. El rescate de la banca no es un instrumento para que fluya el crédito, sino un tramposo reclamo para expoliar todavía más a los españoles con el pretexto de salvar a los malos inversores de la banca.

Cuando en este país algunos todavía eran lo suficientemente cándidos como para pensar que teníamos un Gobierno serio y responsable dispuesto a no fagocitar al contribuyente para mantener un Estado sobredimensionado y burbujístico, Rajoy y los suyos lo tenían relativamente fácil para hacernos creer (y acaso se creían ellos mismos) que el Partido Popular era un socio y aliado preferente de las tesis pro-austeridad de Merkel.

Transcurridos los primeros meses de gobierno, y dejado tras de sí un rastro inconfundible de tufillo socialistoide, pocos serán hoy quienes todavía se crean la versión oficial de la mentira oficial, a saber, que Rajoy sigue siendo el mejor aliado de Merkel dentro de la Eurozona. A día de hoy, puede que, de hecho, sea su peor y más molesto enemigo; básicamente porque, cual pandilla de mafiosillos rebotados, algunos miembros de este Gobierno han hecho del chantaje permanente contra Alemania su estrategia de salvamento electoral.

El PP no tiene, nunca lo ha tenido, entre sus propósitos el transformar y adelgazar audazmente el Estado (privatizando muchos de los servicios que hoy, impropiamente, le ha arrebatado el Estado a la sociedad) ni el de aligerar la carga fiscal a los españoles, ni el de liberalizar de verdad los mercados. No, el gran proyecto patrio del Partido Popular consiste en alzar una gigantesca estatua de Zapatero –a imagen y semejanza de la de su cuate Fabra– para agradecerle los innúmeros servicios prestados a la nación; a saber, el haber trazado ejemplarmente la senda de política económica que luego iba a seguir a pies juntillas el propio Partido Popular: a saber, conservar el carísimo hiperEstado que padecemos los españoles y amenazar a Merkel con supender pagos… a menos que nos rescate y les pague todos los infinanciables caprichos a nuestra casta política.

El chantaje: eurobonos y monetización

Así, en muy pocos días, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha manifestado en dos ocasiones su brillante presuposición de que “los acreedores querrán cobrar”, en clara referencia que si Alemania no nos echa un cable, acaso les dejemos un agujero financiero como regalito de despedida. Lo mismo cabe decir del malogrado ministrable Esteban González Pons, para quien el problema “no lo tiene España, sino Europa”. Mensaje que por su llaneza gamberril admite pocas interpretaciones. Tan sólo faltaba por pronunciarse Mariano, quien, después de pedir en varias ocasiones “más Europa”, aclaró a qué se refería en verdad: eurobonos, es decir, más dinero de los contribuyentes europeos para los bolsillos del sanedrín estatista español.

Con semejante petición, Rajoy acaba de despejar cualquier duda sobre la identidad de su auténtico aliado preferente dentro de la Unión Europea: el socialista francés François Hollande. Ambos aspiran a implantar los eurobonos y a forzar al Banco Central Europeo a que monetice deuda pública. Es decir, los dos se oponen a reconducir el excesivo sector público que atenaza nuestras economías y optan por financiarlo por una doble vía: una, rapiñando al contribuyente alemán (y austriaco, y holandés, y finés); otra, promoviendo mucha más inflación, es decir, mediante ese sangrante y distorsionador impuesto que sufragan los tenedores de saldos líquidos y de renta fija en euros.

Ni qué decir tiene que ni los eurobonos ni la monetización de deuda son exigencias que busquen en lo más mínimo mejorar la situación de nuestras economías. Los eurobonos y la monetización de deuda son simplemente una llamada a la irresponsabilidad colectiva: una manera de camuflar, bajo el mantón de la credibilidad y la productividad germana, la irresponsabilidad individual de aquellos gobiernos que, partiendo de torcidas premisas keynesianas, se niegan a ajustar el tamaño del sector público a la realidad recaudatoria de una crisis.  La idea de que con tales instrumentos el Reino de España sería capaz de financiarse de manera más asequible constituye un simple pretexto para ocultar lo evidente: si Mariano, el Hollande español, disfrutara de barra libre para financiarse a tipos de interés por debajo del 2%, su prodigalidad a la hora de cargar con millonadas de deuda pública adicional a todos los españoles no conocería límite alguno (si ya no lo hace ahora con los tipos casi al 7%, imaginen a una tercera parte). El ahorro en costes financieros sería ínfimo con respecto a la losa de principal adicional que nos impondría.

En suma, los eurobonos y la monetización de deuda, lejos de ser instrumentos propios de una política económica racional y respetuosa con el libre mercado, son medidas dirigidas a afianzar los sobredimensionados Estados y sistemas bancarios periféricos: una insana redistribución de riqueza desde la economía productiva a la economía parasitaria. Una vez Rajoy ha terminado de exprimir al contribuyente español para costear sus despilfarros, procede a buscar nuevos huéspedes que le sigan pagando el sarao, en este caso, el contribuyente alemán. Y si, como sería lógico, razonable y necesario, los alemanes se niegan en banda a ser atracados, los responsables, confiables, diligentes y previsibles dirigentes del PP amagan con dejar de devolverles el dinero que se les adeuda. ¿Alguien puede confiar en que una economía así, basada en la codicia política, el chantaje continuo y la supeditación del mercado a los intereses de la casta, puede funcionar y resultarle atractiva a algún inversor que no participe de esa infecta pomada?

El Gobierno me acaba de sorprender positivamente: habiendo tardado apenas una semana en emular las peores prácticas confiscatorias de Zapatero con su salvaje subida de impuestos a las clases medias, uno esperaba que no fuera a esperar demasiado para copiar su discurso populista. Pero, oh sorpresa, ha sabido reprimirse seis meses: heroica y prolongada mordedura de lengua que esperemos no haya envenenado a todos aquellos ministros ansiosos por echarse al monte socialista y a los que sólo el sentido del decoro les refrenó de dejar patente su total conexión con la mentalidad estatista y liberticida de sus preclaros antecesores en el cargo.

Así las cosas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes, el titular de Hacienda, el impulsor entusiasta de cuanto sangrado fiscal imaginar quepa, Cristóbal Montoro, se vistió sin complejos de Zapatero y volvió a arremeter contra “las gentes que atacan al euro”, léase, contra los especuladores antipatriotas que tratan de desestabilizar la divisa europea y de empobrecer a los ciudadanos tan sólo con el vil propósito de lucrarse.

Ay, pobre e incomprendido Gobierno del PP, bregando contra la herencia socialista, contra los extremistas internos y ahora contra la injustificada desconfianza exterior. Habiéndolo hecho todo a las mil maravillas, ¿cómo les puede estar pasando esto a ellos? ¿Qué otra explicación cabe buscar al estallido de la prima de riesgo que alguna confabulación exterior para hundir a España y a Europa?

El incierto futuro del euro

Pues acaso quepa hallarle una explicación menos bilderbergiana y más monclovita a todo este asunto: los inversores ni siquiera saben si el euro va a sobrevivir como divisa en el corto o medio plazo. Desde el momento en el que el papel moneda que utilizamos en Occidente no está atado a ningún activo líquido y tangible (como el oro), su valor queda al albur del uso presente y futuro que se espera que vaya a poder hacerse con él. Remarco lo de uso futuro. ¿Puede alguien, ahora mismo, asegurar que el euro va a tener un futuro brillante y esplendoroso cuando su supervivencia es, siendo suaves, incierta? ¿Quién puede, por consiguiente, estar interesado en mantener no ya activos nominados en esa divisa de futuro ignoto, sino incluso saldos líquidos en la misma?

Por ejemplo, ¿en qué moneda se pagará dentro de cinco años la deuda pública española? ¿En cuál la italiana? ¿Y la griega o lusa? ¿En qué divisa serán convertibles los depósitos de la banca española o incluso los de la francesa? ¿En qué mercados podremos adquirir mercancías o activos a cambio de euros dentro de unos años? ¿Alguien puede, por otro lado, asegurar que el Banco Central Europeo no optará por tirar por la calle del medio y procederá a monetizar una billonada de deuda europea, diluyendo todavía más el valor de la moneda única? Con tales interrogantes encima de la mesa, ¿alguien puede extrañarse que los inversores estén, simple y llanamente, guardando sus lentejas fuera del marasmo europeo?

No. Y coincidiremos en que los culpables no son quienes intentan proteger sus garbanzos desvinculándose del euro y de la periferia europea. No: quienes desde hace años están atacando con saña al euro no son los especuladores que se juegan su hacienda en la complicada tarea de anticipar cuál será el valor futuro de esa divisa –si es que sobrevive–, sino los políticos que, como Zapatero o como Montoro, se dedican a dilapidar sin freno las haciendas ajenas hasta el punto de amagar con la bancarrota nacional y la ruptura del euro.

La responsabilidad del Gobierno

Si España y el euro se encuentran en el ojo del huracán es simple y llanamente por el estatismo que ha contaminado toda la Unión Europea, incluyendo a unos países periféricos que han creado unas superestructuras estatales muchísimo mayores de lo que incluso el desorbitado expolio a sus contribuyentes permite sostener. Es responsabilidad de los políticos el machacar día tras día al euro conforme van enterrando cualquier expectativa de que la ciudadanía levante cabeza sin pasar por un generalizado default de las muchas deudas que sus déficits públicos y sus compañeros de viaje, los banqueros, nos han legado.

¿Que los populares están ojipláticos porque, después de creer que han hecho los deberes con nota, los mercados los siguen suspendiendo? Aquí tienen una lista no exhaustiva de todos los despropósitos que en apenas seis meses han sido capaces de acumular: subida salvaje de impuestos a familias y empresas, aumento continuado de la tarifa eléctrica para cubrir la mayor parte del agujero renovable, reducción apenas cosmética del gasto del conjunto de las Administraciones Públicas para 2012, mantenimiento de la mayor parte del tejido público empresarial, emisión masiva de deuda para sufragar el pago a proveedores, la refinanciación autonómica o el fondo de rescate europeo (sin a su vez reducir sus necesidades de emisión por otros rublos), nacionalización creciente del sistema bancario español a costa del contribuyente, reforma laboral bastante menos ambiciosa de lo necesario, subida del IVA y de otros indirectos en ciernes, y escasas perspectivas de que vayan a cumplirse los objetivos de déficit para 2012 y 2013.

¿Podría haberlo hecho peor un Gobierno? Sí, probablemente sí. Todo es empeorable, pero los puntos negros básicos –nula austeridad, atroz subida de impuestos, socialización de las pérdidas de la banca y parquedad de reformas estructurales– figuran todos en su haber. Sólo le faltaba buscarse el enemigo externo al que echarle todas las culpas de su incompetencia interna. Para mi sorpresa, han esperado seis meses. Felicidades. Supongo que les habrá sido harto complicado reprimir durante tanto tiempo sus instintos demagogos.

Apenas cuatro días después del seísmo y tsunami que terminaron cobrándose la vida de 20.000 japoneses, el Nobel de Economía Paul Krugman sentaba cátedra con esta sesuda aseveración: “Sí, todo lo anterior significa que una catástrofe nuclear podría terminar teniendo efectos expansivos sobre la economía mundial, aunque tal vez no sobre la japonesa”. Algunos se sorprendieron, pero en realidad no era más que una actualización del pensamiento de Keynes, para quien “la construcción de pirámides, los terremotos o incluso las guerras podrían incrementar nuestra riqueza, si es que los principios de la economía clásica con los que se ha inculcado a nuestros mandatarios les impiden pensar en cosas mejores”.

Esta semana, tras la publicación de los datos provisionales de Contabilidad Nacional nipona correspondientes al primer trimestre de 2012, el de Princeton batía palmas al comprobar que la realidad le daba la razón: Japón creció durante los tres primeros meses de este año a una tasa anualizada del 4%, el doble que EEUU o Alemania. Conclusión: el despilfarro funciona, la austeridad mata.

Por supuesto, ya de entrada llama la atención que el éxito de las políticas keynesianas sea el país que, después de España (en esto todavía existen categorías), mejor ilustra su fracaso: en los últimos 20 años, el PIB nominal de Japón ha decrecido un 1,6%, mientras que su deuda pública ha aumentado un 200%. Ahí es nada: el país ha acumulado 650 billones de yenes en nueva deuda para cosechar el magnífico resultado de ver reducido su PIB en 9 billones. Difícil darle un uso más productivo a la deuda pública: los déficits presupuestarios continuados son, qué duda cabe, el camino hacia la prosperidad.

Los problemas del PIB

Podría alegarse, empero, que el fracaso a largo plazo del keynesianismo no debería empañar su éxito a corto plazo: en el caso del desastre de Fukushima parece que sí, que todo el gasto público y privado dirigido a reconstruir Japón ha impulsado su crecimiento (aun cuando el PIB de Japón todavía sea hoy inferior al previo al del desastre de Fukushima). ¿Tiene esto algún sentido? ¿Cómo puede ser que a mayor devastación, mayor prosperidad?

En efecto, bajo ciertas condiciones, las catástrofes pueden impulsar el crecimiento. Pero, ¿el crecimiento de qué? Del Producto Interior Bruto, un indicador del gasto agregado de un área económica que haríamos muy mal en convertir en una medición exacta de la riqueza y en el objetivo máximo de toda política económica. Como ha sugerido en diversas ocasiones Bryan Caplan, dentro del PIB aparecen, como poco, a) gastos destructivos que minoran el bienestar de la sociedad (el gasto en defensa o en policía dentro de los regímenes totalitarios donde son utilizados para aplastar a la población), b) gastos que son puro despilfarro (las mariscadas de nuestros gobernantes o el Plan E), c) gastos placebo (astrología o falsas dietas milagro) o d) gastos redundantes y absurdos impuestos por el Estado (asesorías legales y fiscales). En otras palabras, no todo incremento del PIB debe ser considerado deseable ni positivo para la población.

La muy buena observación de Caplan peca, sin embargo, de estática y ello le conduce a olvidarse de otro gran gasto fantasma que constituye el germen de la trampa keynesiana sobre los provechosos efectos de los desastres naturales: los gastos dirigidos a reponer la riqueza previamente destruida. Parece evidente que nadie se enriquece por recomprar aquella parte de su patrimonio que ha sido arrasada con anterioridad. A posteriori, todo individuo, si estuviese en su mano, optaría por evitar la catástrofe y ahorrarse semejante desembolso monetario (de hecho, a priori los individuos suelen tratar de esquivar las catástrofes destructivas). Por ejemplo, si un terremoto destruye las casas de los habitantes de una ciudad, resultará prioritario para ellos el reconstruirlas y, en este sentido, podría decirse que volver a disponer de un hogar sí mejora su bienestar; pero desde luego no lo hace en absoluto con respecto a la situación previa al desastre.

Objetivos invertidos

El efecto final de una catástrofe como la de Fukushima es que los japoneses damnificados tendrán que renunciar a disponer de una parte de los bienes que producen anualmente para entregárselos a otros japoneses que estaban desempleados y que han pasado a reconstruirles aquellos bienes que ya integraban su patrimonio antes del tsunami. Lo mismo podría haberse logrado omitiendo la catástrofe, estableciendo un enorme impuesto sobre los japoneses productivos y transfiriéndoles esos impuestos a los nipones desempleados (de hecho, de este modo los parados ni siquiera tendrían que haber perdido su tiempo trabajando en la reconstrucción). ¿Habría generado esta operación redistributiva riqueza? Obviamente no, y tampoco lo hace, claro está, el mayor gasto ulterior a una catástrofe.

Sólo considerando que el crecimiento del PIB –cualquiera que sea su composición– es el objetivo prioritario de la política macroeconómica resultará perfectamente racional celebrar con alborozo la destrucción masiva de la riqueza; pues ello estimulará el gasto agregado dirigido a reponer aquello que ya teníamos.

Es exactamente el mismo razonamiento erróneo que se emplea para justificar que la II Guerra Mundial sacó a EEUU de la Gran Depresión, el mismo que sostiene que una invasión alienígena nos permitirá superar la actual o el mismo que subyace a esa falacia de la venta rota que con tanto acierto refutó Bastiat. En suma, la idea mercantilista, keynesiana y krugmaniana de que el fin última de la actividad económica es producir lo que sea y no consumir los concretos bienes que sí desea la población. Que calamidades de tal magnitud como una guerra mundial o un devastador terremoto puedan tildarse de provechosas debería mover a una profunda reflexión de los deficientes mimbres de ciertas pseudoteorías económicas.

Hace apenas tres meses escribí que la peor parte de la reformilla financiera de Luis de Guindos era que “precisamente por tratarse de una reformita con escaso contenido y menos ambición, no servirá para cerrar definitivamente los milmillonarios agujeros de la banca y, por consiguiente, la amenaza de que en cualquier momento se eche mano a la menguante cartera de los españolitos seguirá muy viva”. Es triste comprobar que el tiempo ha confirmado tan negros augurios, pues al final, sí, habrá inyecciones de dinero de los contribuyentes (que no de dinero público) en el sistema financiero, comenzando, cómo no, por Bankia.

Los problemas de una quiebra bancaria

¿Es esencial rescatar a este enjuague de cajas de ahorros? Desgraciadamente, el actual sistema financiero basado en el dinero fiduciario se halla podrido de raíz: dado que la práctica totalidad de los medios de pago de la economía son pasivos bancarios, una quiebra generalizada de los bancos ocasionaría una espiral deflacionista devastadora. Las cosas no cambiarían demasiado si, como proponen algunas voces con bastante sensatez, procedemos a liquidar los bancos insolventes, pagar con las resultas y con el fondo de garantía de depósitos los 100.000 primeros euros de los depositantes, e impagar la deuda de los restantes acreedores. Por desgracia, como comprobaron con crudeza Bearn Stearns o Lehman Brothers en 2008, el pánico bancario moderno no se circunscribe a los depósitos a la vista, sino a la totalidad de las deudas a corto plazo (operaciones repo y pagarés). Si algunos acreedores a corto sufren cuantiosas pérdidas, la refinanciación del resto de la banca se resentirá de manera muy significativa, acrecentando los riesgos de colapso sistemático.

Descartada, pues, una quiebra y liquidación de Bankia que correría el riesgo de extenderse al conjunto del sistema financiero, el Gobierno se ha plegado a la más expeditiva de las alternativas: nacionalizar Bankia para posteriormente inyectar, CoCos mediante, entre 7.000 y 10.000 millones de euros para reforzar el capital de la entidad. Los inconvenientes de esta medida son palmarios: primero, todo banco público tiene inexorables problemas de gestión e intereses (sólo hace falta observar el comportamiento de las que, hasta la fecha, eran los bancos públicos de facto de este país:las cajas de ahorros); segundo, el país en su conjunto necesita mejorar su solvencia desapalancándose, todo lo contrario de lo que logramos si el Estado emite deuda (degrada su solvencia) para tapar los agujeros de Bankia; y tercero, los riesgos de la operación son tan altos que, de entrada, ningún inversor privado, ni el más codicioso de los especuladores, está dispuesto a emprenderla: sólo el Gobierno español posee el aplomo y la osadía suficientes para inyectar semejante capital de los contribuyentes. ¿Tiene sentido que todos ellos se conviertan en accionistas forzosos de un hedge fund estatal de alto riesgo expuesto a una entidad con un balance tan poco claro como el de Bankia?

Mas si la nacionalización no es la vía de actuación adecuada, ¿qué queda? Pues acercarnos tanto como podamos al mecanismo de una quiebra sin implosionar todo el tenderete financiero edificado sobre los pantanosos terrenos del dinero fiduciario. En concreto, podemos aplicar la hoja de ruta que ya tracépara recapitalizar el conjunto del sistema bancario español al caso de Bankia-BFA.

La capitalización privada de deuda

Recordemos: la solución menos lesiva para el sistema económico sería capitalizar parte de los pasivos de la banca, es decir, que los actuales accionistas pierdan toda su inversión y que una porción de sus acreedores se convirtieran en los nuevos propietarios. De este modo, mataríamos tres pájaros de un tiro: los bancos se recapitalizarían reduciendo su deuda (y no incrementando la de nadie más); los perjudicados por la medida no serían los inocentes contribuyentes sino los inversores que erraron al confiar sus ahorros a la entidad; y, por último, la gestión del banco quedaría en manos privadas (en la de los nuevos accionistas), de modo que éstas podrían decidir su esquema de remuneración, el equipo directivo y la política crediticia de la entidad. Sin interferencias gubernamentales y habiendo soportado en sus carnes las pérdidas de sus desmanes previos, los nuevos propietarios tendrían una plena legitimidad para decidir cuál debe ser el futuro del banco, tal como acaece en cualquier otra empresa privada que no ha pasado por las fauces del rescate.

Pero, ¿acaso es viable que Bankia sobreviva capitalizando parte de sus pasivos? Bueno, es justo lo que ha hecho el Gobierno hasta el momento: transformar en acciones de la matriz de Bankia sus 4.500 millones de euros de participaciones preferentes en la entidad, convirtiéndose así en su único propietario. Con la mucho más conveniente conversión de los siguientes pasivos privados en acciones, sin embargo, Bankia-BFA habría logrado aflorar cinco veces más capital que lo cosechado con su nacionalización, en concreto, más de 23.000 millones: el 100% de los 15.000 millones de pasivos subordinados, el 40% de los 14.600 millones en cédulas hipotecarias (casi 6.000 millones de euros) y los alrededor de 2.500 millones de euros en intereses anuales para los tenedores de pagarés y para los impositores a plazo fijo. Es decir, trocando estos pasivos en fondos propios se lograría recapitalizar el banco sin comprometer un solo euro del contribuyente en tan arriesgada operación y facilitando un saludable desapalancamiento de la entidad y de la economía española.

Es simplemente inaudito que el Gobierno haya preferido convertir sus 4.500 millones de deuda subordinada en acciones –nacionalizando la entidad y socializando sus pérdidas­– antes que los 15.000 millones de deuda subordinada privada –preservando el dominio privado del banco y concentrando las pérdidas en quienes invirtieron erróneamente en sus pasivos–. Aunque, ciertamente, de este Ejecutivo ya cabe decir cualquier cosa salvo que sus nocivas intervenciones sobre la economía nos muevan lo más mínimo a la sorpresa. Lo importante: ser conscientes de que, como ya sucediera con el atraco de la subida de impuestos, sí existe una alternativa al intervenconismo estatal; una alternativa mucho más conducente hacia la recuperación y una alternativa infinitamente más respetuosa con nuestras libertades.

Bien es verdad, empero, que el auténtico problema de nuestro país no es ni el uno ni el otro, sino su endeudamiento total con respecto a su capacidad para generar ingresos: si cae la banca y no se la rescata, caen las empresas y las familias y, por tanto, cae el Estado (ayuno de ingresos); y si, por el contrario, cae la banca y se la rescata, muy probablemente también caiga el Estado (ahogado por un monto adicional e indigerible de malas deudas). Sea como fuere, dolor por exceso de deuda, cuyo único bálsamo cabe acaso encontrar en su reducción y saneamiento.

Acertada determinación, pues, la de reconducir la situación desequilibrada de nuestras finanzas públicas­­­ –como lo está siendo, también, que familias, empresas y bancos incrementen sus fondos propios tanto como les resulta posible–, mas repárese que la senda correcta para tal consolidación fiscal es aquella que tanto le gusta recordar a la izquierda: no castigando los ingresos de un superendeudado y potencialmente más insolvente sector privado, sino atajando los gastos del sector público.

Por desgracia, parece que el Gobierno socialdemócrata del Partido Popular está más empeñado en apuntalar nuestro hiperestado paternalista que en tomar las decisiones correctas para sacar al país del radar de la suspensión de pagos. Así, el nada liberal Partido Popular aumentó en apenas un trimestre dos de los cuatro grandes impuestos que atenazan a nuestras familias y empresas: el IRPF, cuyos tipos impositivos elevó salvajemente hasta los niveles más elevados de Europa, y Sociedades, machacando con saña a un tejido empresarial ya muy debilitado.

Devaluación fiscal

Le quedaban dos grandes tributos por tocar: el IVA y las cotizaciones sociales. Y con ambos ha anunciado que piensa empezar a hacer algo así como “política fiscal”. A saber, subir el IVA con el propósito de bajar cotizaciones sociales y emular los efectos de una devaluación (a los exportadores se les rembolsa el IVA nacional mientras que a los importadores se les cobra, de modo que se desincentiva el consumo nacional y se rebaja el coste del trabajo, todo lo cual estimula la demanda exterior). Teniendo como tiene España el problema de una brutal tasa de desempleo así como el de una insuficiente demanda externa, parecería que estamos ante la primera idea sensata del Gobierno en materia tributaria (tal como, por otro lado, han defendido destacados economistas).

Sucede, sin embargo, que este no es el momento para hacer malabarismos con nuestro sistema tributario. Uno puede aceptar que el IVA, en tanto en cuanto impuesto sobre el consumo, es un gravamen menos dañino para nuestra prosperidad que todos aquellos que recaen sobre el ahorro; y uno podría incluso desear, en consecuencia, que nuestra presión fiscal recayera más sobre el consumo que sobre el ahorro o sobre la generación de renta. Ahora bien, lo que uno realmente querría y lo que desde luego resulta del todo punto exigible en estos momentos es que se bajen los impuestos no subiendo otros, sino a través de un recorte muy sustancial en el nivel de gasto público.

Tras dos inclementes rejonazos fiscales por parte del Gobierno central (más otros tantos por parte de sus gobiernos autonómicos) no es el momento de subir ningún impuesto más… ni siquiera para rebajar otros. El Partido Popular lleva demasiados meses tomándonos el pelo a todos los españoles: del “no vamos a subir los impuestos” en campaña han pasado desvergonzadamente al “vamos a subir todos los impuestos tanto como podamos” en el Gobierno. Si quieren reducir cotizaciones sociales, perfecto, pues es una manera de reducir el coste de nuestra mano de obra facilitando la contratación; que lo hagan, pues, pero que no liguen ni hagan depender esta saludable medida de la subida del IVA.

Un nuevo atraco

Hay un margen amplísimo para minorar cotizaciones sociales (y Sociedades e IRPF) sin necesidad de subir otros impuestos como el IVA. Para ello sólo hay que tener la valentía y el empuje suficientes como para agarrar el toro por los cuernos y reformar en profundidad nuestro modelo de Estado, eliminando funciones disparatadas (como toda la maraña de milmillonarias subvenciones que contaminan nuestra economía) y devolviéndole competencias a la sociedad (en todo lo relativo al mal llamado Estado de Bienestar).

Pero, como ya se ha dicho en innumerables ocasiones, el PP ha optado por mantener incólume el chiringuito estatal a costa de un más concienzudo sangrado fiscal de la ciudadanía. Un error que incluso la izquierda debería ser capaz de apreciar: si la mayor carga de nuestra deuda recae sobre el sector privado, no parece que la política más inteligente sea la de maltratar a ese debilitado y enjuto sector privado. Tampoco, dicho sea de paso, que el sector público continúe endeudándose para añadir más leña al fuego de la hoguera de nuestra insolvencia nacional, acicateando el pánico y la fuga de capitales de nuestro país: lo que toca, sí, es que nos desapalanquemos todos, pero, en lo que al Estado respecta, con muchos menos gastos y no con más impuestos.

En suma: mejor no andarse con medias tintas. Esto es un nuevo atraco en toda regla a los ciudadanos. Que se bajen las cotizaciones sociales no camufla que se esté subiendo sin necesidad el IVA después de haber hecho lo propio con IRPF y Sociedades. Cuando hay espacio para financiar las rebajas de algunos impuestos recortando el gasto, subir otros no deja de ser un capricho ideológico propio de socialdemócratas redomados: es decir, propio del Partido Popular de Rajoy.

Dejando de lado que el informe al que hace referencia el  predecesor de Cayo Lara no pronostique un gasto público del 8,5% del PIB para 2050, sino uno que oscila entre el 9,6% y el 12,1%, el auténtico problema de fondo es que, dando por buenas estas previsiones, la sostenibilidad del gasto sanitario dependerá  por entero de que el PIB crezca al ritmo al que suelen asumir este tipo de informes, esto es, a una tasa real de alrededor del 2% anual. Dicho de otro modo, para que el gasto sanitario sólo represente el 12% del PIB en 40 años será necesario que la riqueza que año a año produce España se duplique con respecto a la actualidad. Si, en cambio, el PIB permaneciera a los depresivos niveles presentes, el gasto sanitario ascendería a más del 25% del PIB, un nivel desde luego nada manejable.

Sin embargo, mi propósito con estos párrafos de partida no es tanto defender la tesis de mi anterior artículo (que por otro lado se defiende sola: si podemos emular un sistema sanitario que gasta la mitad que el nuestro y obtiene mejores resultados, sería absurdo no hacerlo aun cuando el nuestro fuera perfectamente sostenible), sino reflexionar sobre el callejón sin salida ideológico en el que se ha metido buena parte de la izquierda.

O libre mercado o recortes

Si, como repite esa parte de la izquierda, el capitalismo es un sistema anárquico que acaba de caer en una crisis estructural como consecuencia de sus inherentes tendencias especulativas y de su desprecio al medio ambiente, si la alternativa a la organización económica actual es el crecimiento cero y la redistribución del presente nivel de renta, entonces colegiremos que será difícil que el PIB mundial se duplique de aquí a 40 años.

Pero si el PIB de España y del resto de Occidente no se duplican, entonces será difícil seguir financiando un Estado de Bienestar como el actual, cuya estructura de gastos depende extremadamente de la edad de la población y de las expansivas prestaciones que la casta política promete. La izquierda, por consiguiente, se enfrenta a una interesante disyuntiva ideológica en aras de la coherencia interna: o reconocer que el capitalismo sin disruptivas intervenciones estatales es el mejor sistema para generar riqueza o renunciar a un socialdemócrata Estado de Bienestar asentado sobre la parasitación de esa riqueza.

Personalmente, no tengo demasiadas dudas de que, tan pronto como los políticos despilfarradores y metomentodos dejen de obstaculizar el proceso de reajuste de la burbuja crediticia originada por esos monopolios públicos llamados bancos centrales, el capitalismo seguirá generando riqueza y prosperidad para las masas a los acelerados ritmos de las dos centurias precedentes. Más, ¿cómo reconcilia la izquierda sus negros augurios sobre el futuro del capitalismo con sus buenistas promesas de un inmaculado Estado de Bienestar cada vez más oneroso en términos absolutos?

Simplemente no es posible, o no lo es manteniendo una pizca de honestidad. A la postre, la forma en que la izquierda extrema ha combinado históricamente ambos discursos –el del palo al libre mercado y el de la zanahoria de las redes clientelares estatistas financiadas por ese libre mercado– ha sido mintiendo con descaro: empiezan socializando la producción con la excusa de superar el capitalismo, lo que al poco tiempo conduce a la inevitable pauperización de las masas y a la absoluta degradación de los “servicios sociales” y, finalmente, recurren a la propaganda más descarnada no sólo para enmascarar sus pésimos resultados, sino para vestirlos de excelencia.

O libertad o racionamiento

No es de extrañar. Su objetivo nunca ha sido impulsar la prosperidad del conjunto de la comunidad ­–en cuyo caso habrían abrazado el capitalismo no adulterado por el ultraintervencionismo estatal– sino controlar “la economía”, es decir, la vida de todos y cada uno de los ciudadanos. De ahí que uno pueda sostener simultáneamente sin sonrojarse que el capitalismo ha colapsado, que no hay cabida para un mayor crecimiento económico y que la evolución del gasto sanitario no supone problema alguno porque el PIB, ése que ha tocado techo, se habrá duplicado en cuatro décadas.

Sea. Bienvenidos a la realidad: o libertad económica o racionamiento de una menguante producción. Una disyuntiva en la que el Estado ha colocado a Occidente en numerosas ocasiones durante el siglo XX y ante la extrema izquierda que siempre ha tomado la peor de las decisiones posibles. Y visto lo visto, no parece que, por desgracia, el s. XXI vaya a ser muy distinto en este aspecto.

La sanidad pública española pasa por ser una de las más eficientes de globo. Su coste en términos de PIB está por debajo de la media europea y la calidad de su servicio no cabe tildarlo precisamente de desastroso. El problema de este feliz modelo patrio, más allá de que en realidad sea bastante mejorable, es que no resulta sostenible: en apenas una década, el gasto total del sistema sanitario estatal se ha multiplicado prácticamente por dos y todo indica que, como resultado del envejecimiento de la población y de la demanda de nuevas y más caras tecnologías sanitarias, esa tendencia continuará imparable su curso: en 2020 bien podríamos encontrarnos con un gasto sanitario de 120.000 o 130.000 millones que resultaría del todo infinanciable (los 70.000 millones de gasto actual ya sufren un déficit sanitario de alrededor de 15.000 millones).

Es evidente, pues, que más allá de que estemos al borde de la suspensión de pagos y de que la reforma sanitaria pueda contribuir a minorar tal riesgo, el modelo sanitario español necesitaba de una profunda cirugía para proceder controlar y mejorar la eficiencia del gasto. Pero, ¿reforma en qué dirección? Lo que ha aprobado y deja entrever el Gobierno del PP hasta la fecha pasa, por un lado, por implantar el sistema de copagos (de momento ampliando el que había en el gasto farmacéutico) para corresponsabilizar a los consumidores y, por otro, por recortar las prestaciones cubiertas por el sistema. Es decir, salvo retoques muy cosméticos por el lado de la oferta, la apuesta del PP visualizada hasta la fecha parece pasar consistir en controlar el gasto sanitario restringiendo su demanda.

El escollo de la restricción generalizada de la demanda, especialmente copago mediante, es de sobras conocido: la disuasión a la atención primaria impide la aplicación de medidas preventivas de ulteriores dolencias que, a largo plazo, no sólo puede empeorar la salud de la ciudadanía sino, en relación a lo que nos ocupa, incrementar el gasto sanitario. El objetivo del copago es claramente el de limitar el gasto innecesario –los “abusos”– alineando la demanda del mismo con parte de su coste. Ahora bien, el copago, por motivos similares, también puede restringir el gasto necesario; razón entre muchas para que algunos seamos escépticos sobre el éxito de su aislada implantación. Pero, ¿podría haber algún modo de retener los efectos positivos de la medida al tiempo que evitamos sus subproductos más contraproducentes?

El modelo de Singapur

La respuesta óptima sería sin duda la de transitar hacia un sistema sanitario completamente libre, en el que demanda y oferta se determinaran en el mercado y no en los despachos políticos. Las características previsibles de un sistema de este tipo serían muy probablemente: por el lado de la demanda, una renta disponible familiar más elevada que la actual (por los menores impuestos) combinado con un nivel de ahorro precautorio muy superior al presente, el pago directo por la atención sanitaria primaria, el aseguramiento contra dolencias menos comunes y con un tratamiento más caro, y una cierta caridad privada que auxilie a los más pobres; y, a su vez, por el lado de la oferta, una mayor diversidad y competencia entre centros sanitarios, quienes exhibirían calidades y tablas de precios muy variables y serían disciplinados en cuanto a productividad y profesionalidad por la propia amenaza de ser desplazados del mercado. Gracias a todo ello, la gente no descuidaría su salud (pues tendrían una renta más que suficiente para asumir unos precios y unas primas de seguros razonables) pero tampoco abusaría de la socialización masiva de los costes.

A día de hoy no existe ningún país que combine adecuadamente todos estos principios (se suele pensar en el sistema sanitario estadounidense, cuando el intervencionismo estatal tiene un peso más que notable). Existe un país que, sin ser ni mucho menos un ejemplo de libre mercado sanitario, sí ha tratado de aplicar las que probablemente serían sus características para el caso de sistema intervenido: Singapur.

Si alguien sigue repitiendo que la sanidad pública española es una maravilla cuasi inimitable, debería prestar mucha atención a la ciudad Estado asiática: la sanidad singapurense está considerada una de las mejores del mundo por la OMS (por delante de la española) y su coste, pese a que la edad mediana de su ciudadanía es la misma que en España (38 años), es un tercio del de nuestro país (poco más del 3% del PIB, del cual sólo un 1% es gasto público). ¿Cómo ha conseguido Singapur esté muy notable éxito? Pues a través de la combinación de los principios anteriores que consiguen reproducir bastantes de los incentivos de un mercado libre: por el lado de la demanda, sólo los extremadamente pobres tienen acceso gratuito financiado por el Estado, mientras que el resto de la población se enfrenta a un sustancial copago sanitario en la atención primaria (de hasta el 20% del coste total, pero que puede aumentar cuando el paciente solicita servicios suplementarios) con unos impuestos bajísimos (la presión fiscal del país es la mitad de la española) y la obligación de destinar parte de sus rentas a una cuenta de ahorro personal que pueden emplear, entre otros fines, para ciertos tratamientos sanitarios; por el lado de la oferta, el sector público compite activamente con el privado tanto en la venta de seguros para las prestaciones no catalogadas como básicas cuanto en la creación y gestión de centros sanitarios, lo que tiende a mantener una elevada calidad del sistema junto con unos bajos precios.

Los resultados son suficientemente esperanzadores como para que el PP se plantee cuando menos avanzar en semejante dirección. Desde luego, cabe esperar que parte de la izquierda trate de menospreciar sus logros apelando a la poca representatividad de los cinco millones de habitantes de la ciudad Estado. Bien, pero entonces que no se pongan tan pesaditos con el paraíso socialdemócrata de los países nórdicos, esto es, con unas sociedades cuya demografía oscila entre los cinco (Finlandia y Noruega) y los diez millones (Suecia) de habitantes.

La pelota está encima del tejado del PP. De momento, su reforma sanitaria consiste en aumentar la tributación para sufragar un sistema mastodóntico cuyo gasto –cada vez menos sostenible– no varía en lo sustancial. Habida cuenta del comportamiento del PP hasta el momento, entenderán que no mostremos eufóricamente optimistas.

Los gastos financieros de las Administraciones Públicas españolas han pasado de unos 19.000 millones de euros  en 2007 a aproximadamente 35.000 millones previstos para 2012. Teniendo en cuenta que la deuda emitida por las Administraciones Públicas se habrá incrementando desde 380.000 millones de euros en 2007 a unos (siendo generosos) 850.000 millones a finales de 2012, el tipo de interés medio que pagaremos por nuestra deuda se habrá reducido desde el 5% en 2007 al 4,2% en 2012

Supongamos que el BCE nos hubiese refinanciado la totalidad de nuestra deuda a un tipo medio de entre el 2% y el 3%: en tal caso, nuestros gastos financieros minorarían de 35.000 millones previstos para 2012 a entre 17.000 ó 26.000 millones de euros, es decir, una rebaja de 18.000 ó 9.000 millones en pago de intereses. Mas esta cifra debe matizarse en un sentido: ¿acaso alguien puede siquiera elucubrar que, si Zapatero, Rajoy y demás virreyes autonómicos tuvieran la barra libre de financiarse a una tarifa plana del 2% o 3%, habrían reducido en lo más mínimo el déficit público? Altamente improbable: bien podemos suponer que, como poco, el desequilibrio en las cuentas de la administración se habría quedado estancado en el 10% PIB (por debajo del déficit de 2009) sine die. ¿En qué se traduce esto? Pues en que el sector público español tendría a finales de 2012 una deuda circulante de alrededor de 950.000 millones de euros, lo que a un tipo de interés medio del 2% o del 3% implicaría un pago de intereses de 19.000 ó 29.000 millones (a saber, un ahorro, con respecto a la situación actual, de entre 16.000 y 6.000 millones). Y teniendo en cuenta que España no ha refinanciado toda la deuda circulante en 2007, el ahorro para el Gobierno español sería todavía menor: probablemente inferior a 10.000 millones de euros en un océano de déficit de más de 90.000 millones.

Dicho de otra manera, los problemas de insostenibilidad financiera que estamos atravesando no tienennada que ver con que el BCE no haya querido financiarnos de manera barata. Más bien, son la consecuencia inevitable de gastar estructuralmente muchísimo más de lo que ingresamos y de querer seguir viviendo del endeudamiento permanente. De hecho, aunque el BCE hubiese optado por la absurda medida de financiarnos la totalidad de nuestra deuda de manera gratuita (al 0%), sólo habríamos solventado un tercio de nuestro déficit total (recordemos: más de 90.000 millones en 2011).

Claro que un tercio de nuestro déficit total a algunos les parecerá mucho a cambio del nimio ejercicio de darle a la manivela de imprimir billetes (o, mejor, al botón del ordenador para crear débitos contables). ¿Por qué, entonces, no nos financia gratis el BCE? Pues porque las monetizaciones de deuda a una escala tan enorme no salen gratis: las consecuencias son una inflación y una depreciación monetaria desbocadas, es decir, un impuesto a todos los tenedores de saldos líquidos o rentas fijas en euros. ¿Por qué han de pagar ellos el pato? ¿Por qué los ahorradores alemanes, franceses o españoles han de verse machacados con un impuesto extraordinario que sufrague la insaciable propensión a despilfarrar de nuestros gobernantes?

Objetarán algunos que la depreciación del euro es justo lo que necesitamos: pero no, la depreciación monetaria es una enorme chapuza con muchos más contras que pros. Sostendrán otros que la Fed de Bernanke ha monetizado deuda pública a mansalva del Gobierno estadounidense y el diferencial de inflación y la depreciación del dólar con respecto al euro están siendo moderadas. Pero tampoco: la Fed ha monetizado desde 2007 menos de un billón de dólares en deuda pública… y estamos hablando de la monetización de un billón de dólares en el marco de la mayor economía del mundo y por parte del banco central que emite la divisa más demandada del planeta.

¿Quién puede creerse que el BCE pueda monetizar varios billones de deuda de España, Portugal, Italia, Grecia o Irlanda sin que todo el tenderete se venga abajo? Espero, por su salud mental, que nadie. Mas si el BCE no monetiza toda esa deuda pública en tales grandes cantidades y en condiciones tan laxas y tan poco disciplinantes, el ahorro en gastos financieros sería insignificante para los países periféricos con primas de riesgo desbocadas. En suma, el camino no es la monetización alocada y disruptiva de deuda, sino las reformas liberalizadoras y la austeridad pública y privada que permitan, primero, reducir nuestra dependencia de la deuda y, segundo, permitan a los ahorradores volver a confiar en nosotros.

Pero el Ejecutivo de Rajoy optó desde un primer momento por hacer gala de ese centrismo político tan vacío de contenido ideológico como izquierdista en su despliegue práctico: en lugar de someter a una rigurosa dieta al adiposo sector público, prefirió matar de hambre a un ya famélico sector privado. Así las cosas, en el ya célebre Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011, el PP recortó gastos por importe de 8.900 millones de euros y subió impuestos con la esperanza de arrebatar a los ciudadanos unos 6.000 millones. Dicho de otro modo, de un ajuste total del déficit cifrado en 14.900 millones de euros, el 60% provenía de una rebaja de los desembolsos públicos y un 40% de un incremento de la tributación.

Las cifras desconcertaron a la mayoría de la población. Los que se las daban de socialistas antipopulares vieron cómo la derecha rebasaba a los comunistas por la izquierda, de modo que emprendieron la única huida hacia adelante que les quedaba: “la izquierda auténtica habría subido todavía más los impuestos”. Por otro lado, los que se las daban de liberales entre las filas populares trataron de justificar la traición a sus presuntos principios y a su programa electoral pretextando que, tras haberse destapado allí mismo que el déficit real de España en 2011 era del 8%, no cabía otra alternativa que tomar medidas contundentes que atajaran de inmediato el déficit como podía ser la inesperada subida del IRPF.

A los socialistas que estiman que la mayor carga del ajuste presupuestario por el lado de los gasto constituye un signo distintivo del sesgo ultraliberal del PP, habría que decirles que, por el contrario, representa una señal inequívoca de la socialdemocracia profesional que pretenden personificar los populares. Partiendo de la base de que una minoración del déficit predominantemente por los ingresos resulta del todo imposible –mataría ipso facto al tejido productivo español–, lo único que le quedaba al izquierdista PP era, en efecto, repartir el ajuste casi a pachas: subimos todo lo que sea factible subir los impuestos y para el resto aceptemos con estoicidad un recorte del gasto.

A los liberales que acudían prestos al rescate de la tocada y hundida credibilidad del PP, basta con señalarles los frutos del último Consejo de Ministros en el que se aprobaron los Presupuestos Generales de 2012. Con la frialdad y el reposo que concedía el trimestre transcurrido desde que se destapó el auténtico déficit de España en 2011, las cifras finales del ajuste para este año no han sido más que un calco de las ya anticipadas en su anterior plan de ajuste: han recortado un poquito el gasto y han metido otro rejonazo a la parte del sector privado que hasta ahora se había librado del anterior, esto es, a las empresas.

Los devastadores efectos de subir Sociedades

Con tal de recaudar, en el mejor de los escenarios posibles, 5.300 millones de euros (el gasto en ineficaces políticas activas de empleo que el PP ha consolidado para 2012), el muy liberal Gobierno popular ha modificado el Impuestos de Sociedades, complicándoles enormemente la vida a la mayoría de empresas de nuestro país que todavía siguieran generando valor. La supresión de la libertad de amortización de activos y el establecimiento de un pago fraccionado mínimo supondrán un muy significativo adelanto del desembolso del impuesto que agravará la situación de iliquidez de la mayoría de las empresas; la mengua de la deducción por fondo de comercio dificultará la restructuración de nuestro tejido empresarial, al penalizar las adquisiciones de los grupos empresariales en dificultades por los grupos más solventes; el límite al 30% del resultado operativo de las deducciones por gastos financieros penalizará precisamente a aquellas empresas más endeudadas y, por consiguiente, con mayores dificultades para sobrevivir; y el recorte de otras deducciones tan importantes como la reinversión de beneficios o el gasto en I+D frenará los incentivos a recapitalizar y restructurar, ahorro interno mediante, el debilitado e ineficiente aparato productivo español (incentivando, por ejemplo, el reparto de dividendos que bien puede concluir en un mayor gasto en consumo o en una mayor inversión en compañías extranjeras).

El despropósito es, sin duda alguna, mayúsculo; como también lo fue, dicho sea de paso, el salvaje incremento al que el PP ya sometió a las rentas del capital en la última revisión del IRPF. Pero se trata de un despropósito coherente con la línea socialdemócrata y keynesiana de la que hace gala el PP: los populares no podían consentir ni que la totalidad del ajuste se centrara en los gastos ni que el aumento de impuestos afectara solamente al consumo.

De nuevo, el 60%/40%

Dicho y hecho. Los presupuestos de 2012 contienen, de acuerdo con el propio Ministerio de Hacienda, un ajuste del déficit de 27.300 millones de euros, pero la realidad es que el efecto de las subidas de impuestos y de las reducciones de gastos de la Administración Central del Estado ascienden a 21.600 millones; los otros 5.700 previsiblemente saldrán de disminuir las transferencias a las administraciones territoriales (comunidades autónomas y ayuntamientos). Pues bien, de esos 21.600 millones que sí corresponden al Gobierno central, 12.900 millones consisten en recortes de gasto y 8.700 en incrementos de impuestos: es decir, como ya hicieran cuando colocaron los tipos del IRPF a los niveles más elevados de Europa, un 60% del saneamiento presupuestario procede del lado del gasto y el 40% del lado de los ingresos.

Obviamente, huelga señalar que, para alcanzar el 5,3% de déficit en 2012, autonomías y ayuntamientos deberán acometer durante este ejercicio una reducción de sus desequilibrios presupuestarios cuantificada en 22.000 millones de euros, de los cuales –y a tenor de que el PP gobierna en casi todas las autonomías– ya pueden suponer que al menos un 40% (unos 9.000 millones) provendrá de mayores tributos: no sólo de aumentos del tramo autonómico del IRPF que ya se han generalizado por media España, sino también de copagos de todo tipo (sanidad, educación, transportes, carreteras, etc.).

La regla del 60%/40% parece asentarse en un Partido Popular 100% estatista. Una auténtica lástima: dejando de lado que encomendar nuestro cumplimiento del déficit a un aumento de la recaudación tributaria en medio de una profunda recesión supone una imprudente pirueta contable propia de zapateriles presupuestos, lo que sí es seguro es que machacando sin misericordia al sector privado sólo nos hundiremos un poco más en la miseria. Cualquier persona medianamente liberal sería muy consciente de ello; de ahí, claro, que el PP lo ignore por entero.

Poética justicia esa de devolver a los miembros de nuestro Gobierno a la triste realidad: habiendo renunciado durante años al discurso y a la pedagogía liberal –probablemente porque la inmensa mayoría del PP ni siquiera sean liberales en su fuero interno– sus victorias sin precedentes en las autonómicas de mayo y en las generales de noviembre de 2011 fueron simple y llanamente un castigo inmisericorde contra el PSOE. Se les dio el poder como mal menor frente a un muy desgastado Partido Socialista, no porque se confiara en ellos y en lo que incomprensiblemente siguen representando.

El poder territorial alcanzado por Rajoy –el mayor en la historia de la España democrática, se dice– pende de dos hilos que en realidad son el mismo: que el PSOE se incapaz de lavar su calamitosa imagen heredada del zapaterismo y que la crisis escampe. Y digo que son uno porque, por muy rematadamente mal que lo hagan Rubalcaba y sus cuates, si la crisis continúa deteriorando nuestra economía, la imagen de los socialistas irá mejorando al tiempo que se ensucia la de los populares.

Con un problema añadido para el PP: aunque en realidad la mayoría de sus políticas sean tan o más socialistas que las del PSOE –véase la salvaje subida de impuestos que acometió nada más empezar la legislatura o su extrema prodigalidad para socializar las deudas de todas las autonomías–, se le ha conseguido adosar la etiqueta de “el partido de los recortes”; y la gente, es lo que tiene, quiere pan: si el PP no es capaz de que el sector privado se lo provea –porque la crisis se enquista al no ejecutar las reformas y los recortes que de verdad necesitamos–, acudirán a quienes defienden que se lo proporcione el sector público, a saber, a la izquierda o a la extrema izquierda.

Andalucía puede que sea la cristalización de estas dos preocupantes tendencias para los populares: la estructura clientelar consolidada durante tres décadas unida a la populista campaña socialista según la cual el PP iba a aprobar unos colosales recortes –que, por supuesto, jamás habría aprobado–, han dejado al PP muy lejos de la mayoría absoluta. Y es aquí donde debe arrancar el análisis de por qué Arenas ha perdido –y digo bien: perdido, porque no poder gobernar es, a efectos prácticos, perder–.

La democracia no es racional

Cuando uno observa la crítica situación de Andalucía en todos los sentidos –descomposición económica e institucional–, uno tiende preguntarse exclamado: ¡Cómo es posible que haya perdido el PP! La mejor respuesta que se me ocurre a semejante cuestión es un lacónico “¿y por qué no?”.

Muchas veces tendemos a asumir que el resultado de unas elecciones democráticas siempre será aquel que mejor responda a las necesidades de una sociedad y, en este sentido, uno podía conjeturar que tras 30 años de corrupta y corrosiva administración, la Junta de Andalucía necesitaba un cambio. Dejando al margen que las necesidades sociales sean en buena medida subjetivas (si los andaluces quieren prosperar a largo plazo necesitarán abandonar el socialismo; si quieren continuar viviendo unos pocos años más de su régimen cleptocrático y clientelar, no), el anterior planteamiento es un absoluto non-sequitur: del hecho de que la sociedad andaluza necesite un cambio no se desprende en absoluto que las urnas vayan a proporcionarlo. No sólo la historia está repleta de ejemplos de sociedades que se equivocan a la hora de elegir a sus mandatarios, sino que nada hay en el diseño de una democracia que incentive el que los electores acierten al votar: al contrario, hay numerosos motivos para pronosticar que en la inmensa mayoría de los casos se van a equivocar.

Al cabo, para que el resultado de unos comicios fuera racional –se ajustara a las necesidades de esa sociedad–, los votantes deberían ser asimismo racionales. Pero, ¿en qué medida puede afirmarse que la inmensa mayoría de los electores de una comunidad son plenamente conscientes de las agendas políticas a las que están dando apoyo? No se trata ya de que prácticamente todos los electores exhiban una absoluta ignorancia sobre la identidad y las distintas propuestas de los candidatos (¿Quiénes conocen a todos los candidatos de todas las listas que concurren en unos comicios o incluso a los dirigentes de los partidos que concurren a los mismos, o, por hacerlo más sencillo, a los dirigentes y cuadros intermedios de PP y PSOE? ¿O quiénes se han leído todos los programas electores al completo de los partidos? ¿O quiénes pueden prever qué parte de los programas electorales serán cumplidas y cuáles no?), sino también y sobre todo acerca de sus consecuencias de la acción política (¿qué personas están curtidas no ya en la ciencia económica, sino en alguna de sus subespecialidades como la teoría monetaria, la teoría del mercado de trabajo, la teoría de precios, etc.). La gente, en suma, tiene mejores cosas que hacer –vivir y disfrutar de sus vidas– que enclaustrarse para aprehender la totalidad del conocimiento necesario para votar de manera correcta.

Si, además, a esta congénita ignorancia de los votantes le añadimos que por múltiples razones –evolutivas, educacionales, propagandísticas, etc. – suelen asimismo arrastrar profundos sesgos antiliberales (“los mercados son malos”, “los extranjeros vienen a robarnos el trabajo”, “si nadie gasta el Gobierno debe hacerlo en cualquier cosa”, “los ricos son ricos porque los pobres son pobres”, etc.), es evidente que las decisiones que adopte “el pueblo soberano” podrán ser cualquier cosa salvo el fruto de un ponderado análisis racional que haya tenido en cuenta tanto la totalidad de los hechos como las relaciones causales entre los mismos.

Lo cual, dicho sea de paso para enterrar torpes suspicacias, lejos de constituir un argumento únicamente en contra de la democracia supone un fortísimo argumento en contra de organizar la sociedad a través de lazos coactivos (en contra del Estado). No se trata de que las democracias sean tontas y de que, por tanto, las dictaduras sean listas: no, los regímenes dictatoriales se enfrentan a problemas de información análogos a los anteriores y, por ende, son tanto o más tontos que las democracias (de ahí que el socialismo sólo pudiera ser un rotundo fracaso). Del hecho de que las democracias no sean racionales sólo se deriva la prescripción de que el libre mercado debería ir reemplazando al Estado en cada vez mayores áreas, pues los mercados libres sí son capaces de manejar dinámica –prueba, error, rectificación– y descentralizadamente un volumen enorme de información.

Pero mientras nuestros políticos se piensan lo de desprenderse de su omnímodo poder, las recurrentes elecciones democráticas seguirán siendo irracionales. Ése fue el error de politólogo principiante que cometió el PP: por mucho que “tocara” ganar en Andalucía, los votantes bien podían optar en contra del cambio. Arenas se refugió, al muy rajoyano modo, en su despacho, no entró en la discusión ideológica, desatendió incluso la oportunidad de debatir en la televisión pública autonómica y, al final, perdió. El cambio que necesita Andalucía se hará esperar cuatro años o cuatro décadas más, quién sabe. Lo único seguro es que los andaluces, entre un socialista original (Griñán) y una copia socialista (Arenas), optaron por el primero. Tampoco habría sido para tanto.

La experiencia japonesa

El rotundo fracaso de semejantes políticas puede observarse claramente en las más de dos décadas perdidas de Japón. A principios de los 90, el gobierno nipón optó por ralentizar el ritmo de minoración de la deuda privada reduciendo prácticamente a cero los tipos de interés y permitiendo a sus bancos que no contabilizasen a valor de mercado sus tremendamente depreciados activos: como consecuencia, en 20 años la deuda privada apenas se contrajo desde el 332% del PIB al 275% (menos de 3 puntos del PIB por año). Asimismo, y con tal de impulsar el crecimiento del PIB, el ejecutivo japonés acumuló año tras año unos enormes déficits públicos (entre el 4% y el 8% del PIB) que dispararon su endeudamiento público desde el 70% del PIB a principios de los 90 al 230% a finales de 2010.

¿Resultado final de dos décadas de crisis? Pues, aunque la deuda privada sobre el PIB se ha reducido en 47 puntos, la deuda pública ha aumentado en 160 puntos, de modo que los pasivos totales de la economía han pasado del 391% del PIB a superar el 500%. O dicho de otra forma, Japón ha dilapidado 20 años en tratar de mejorar la solvencia de todo el sistema económico: lejos de recapitalizarse, se ha endeudado todavía más.

Austeridad pública y privada

La experiencia nipona, por tanto, debería servir como alerta para quienes creen que el déficit público desbocado debe jugar un papel estabilizador durante una crisis. No es así, fundamentalmente por dos motivos: uno, el aumento de la deuda pública contrarresta los efectos positivos derivados de la disminución de la deuda privada; dos, el gasto público masificado inevitablemente conlleva un despilfarro generalizado de los recursos económicos (el gobierno no conoce los suficientes proyectos rentables como para inmovilizar decenas de miles de millones de euros). Al final, pues, el país implementa proyectos ruinosos y nada productivos durante varios ejercicios a cambio de asumir un volumen de deuda descomunal e impagable a partir del rendimiento generado por esos proyectos.

En definitiva, con tal de que la actividad económica no decaiga, el país hipoteca su futuro… y su presente. La clase política prefiere consolidar el estancamiento recesivo antes sufrir una fuerte contracción que dé paso en un par de años a una vigorosa recuperación. Trasladándolo a términos más españoles, el gobierno del Partido Popular se niega a acelerar la reducción del déficit público para lograr que el PIB de este año sólo caiga un 2% en lugar de un 3% o 4% (como sucedió en 2009). Poco importa que la contrapartida de esta falta de determinación a la hora de redimensionar la administración pública sea la de frustrar los beneficiosos efectos que podría empezar a tener el duro pero decidido ajuste que desde hace años ha llevado a cabo el sector privado: recordemos que familias y empresas han reducido su endeudamiento desde mediados de 2010 en 100.000 millones de euros pero, por desgracia, las Administraciones Públicas lo han incrementado en más de 150.000 millones. Un paso adelante, dos pasos atrás.

Acelerar el ajuste del gasto público no nos acercará a Grecia: frenarlo sí lo hará, pues si algo no ha hecho Grecia, pese a las continuas proclamas de papandreus, papademos y venizelos varios, ha sido ajustar de manera significativa su gasto público. En los primeros nueve meses de 2011 apenas había minorado un 3% su gasto público con respecto al mismo período del año anterior (y un 10% con respecto a los máximos de 2009). En realidad, Grecia sólo nos ha estado vendiendo promesas incumplidas de ajuste presupuestario: por eso, y no por unos inexistentes ajustes, están cómo están y terminarán saliendo del euro y sufriendo una descomunal merma en su calidad de vida.

En suma, a diferencia de lo que proclama Münchau, para no imitar ni a los helenos ni a los nipones debemos proceder a apretarnos el cinturón de verdad. A la postre, ahora mismo la mejor inversión en España es dejar de endeudarnos. No nos equivoquemos: más vale una resaca bien superada que una borrachera crónica que termine devorándonos el hígado.

Algunas de ellas –como las Matemáticas o la Historia– ya conforman peor que mejor los actuales planes de estudio, de modo que los pobres conocimientos de muchos estudiantes en estos campos no cabe atribuirlos a la ausencia de horas lectivas sobre las mismas sino al muy mal aprovechamiento que se hace de las mismas. Sin embargo, existe una disciplina cuyo generalizado desconocimiento sí es en gran medida imputable a su incomprensible ausencia dentro de los planes de estudio trazados por el Estado: me refiero a la educación financiera.

Analfabetismo financiero

El inversor y famoso autor Robert Kiyosaki considera que el analfabetismo financiero es una de las grandes lacras de Occidente. Una buena educación financiera habría paliado muchos de los enormes problemas económicos que hoy aquejan a la economía mundial: masivo endeudamiento a todos los niveles, excesiva presencia  de la propiedad inmobiliaria dentro de las carteras patrimoniales de casi todos los ciudadanos, crónica carencia de ahorros para atender cualquier imprevisto y para afrontar con holgura la jubilación (lo que, a su vez, degenera en una esclavizadora dependencia del Estado niñera), impuestos altos y crecientes sobre todas las formas de ahorro, aversión y desconfianza hacia la figura del explotador empresario, gasto público creciente y estéril, etc.

Una buena educación financiera no nos inmunizaría por entero contra todos estos prejuicios, muchos de ellos implantados evolutivamente en nuestras mentes, pero sí les abriría nuevas puertas a los adolescentes, no ya para que den la batalla ideológica en contra del estatismo reinante, sino simple y llanamente para que sean conscientes de que sus finanzas personales deben ser administradas con mucho tacto y mucho mimo si no quieren ver frustrados gran parte de sus objetivos vitales.

De hecho, la educación financiera no es más que una educación dirigida a aprender a planificar, jerarquizar y provisionar nuestras diferentes metas existenciales a partir de la distribución inteligente de los medios de que disponemos y vamos a disponer en el futuro. Sin unos buenos conocimientos en la materia, lo habitual será que incurramos en errores sistemáticos, contradicciones diversas y fracasos ostensibles.

Conocimientos subversivos

Ya que el nuevo gobierno del PP está pensando en reformar la educación no universitaria en asuntos triviales (quitar un año de ESO para añadírselo al bachillerato), y dado que ni siquiera se ha planteado liberalizarla en profundidad, no estaría de más que fuera pensando en incluir una materia de formación financiera que fuera digna de tal nombre en los planes de estudio. Es decir, no una pomposa carcasa vacía de contenidos, sino una asignatura donde se explicaran algunos asuntos tan fundamentales y que, en principio, debieran ser tan poco controvertidos cómo el valor temporal del dinero, los tipos de interés, la capitalización de rentas, la regla del 72, la estructura patrimonial de los agentes económicos, la función y los riesgos del endeudamiento o el funcionamiento del mercado bursátil.

De no conocer cuál es la auténtica lógica depredadora del poder político, a uno le sorprendería que nuestros mandatarios, siempre tan declaradamente dados a promover la ilustración de nuestra sociedad, se hubieran olvidado de incluir en los currículums formativos tan esencial materia. Pero sabiendo que cuanto buscan no son propietarios autónomos del Estado sino siervos dependientes del mismo, tan significativa omisión encaja como un guante en sus perversas ambiciones.

Simplemente: en sociedades comandadas por el pensamiento estatista, hay conocimientos demasiado subversivos como para ponerlos al alcance del pueblo; en concreto, todos aquellos que tiendan a revalorizar el concepto de propiedad privada y a promover su gestión responsable y enriquecedora. Mucho mejor adoctrinarles en la virtud cívica de pagar religiosamente los impuestos que instruirles en el vicio insolidario de amasar y acumular riqueza.

Muchos le creyeron; a otros simplemente nos pareció puro humo detrás del cual esperábamos –queríamos pensar– que se ocultara una reformista agenda oculta dirigida a acometer la imprescindible transformación que necesitaba la economía española para salir de la crisis. Pero no: la furrufalla de Rajoy era lo único que había, es decir, nada salvo un pensamiento débil colonizado por los lugares comunes de la izquierda. A las primeras de cambio, el gallego ha traicionado sus principales promesas electorales en claro perjuicio de todos los españoles (salvo, claro, de aquellos que pastan del presupuesto público): primero, para subirles traicioneramente losimpuestos con la excusa de que resultaba imprescindible cumplir con los compromisos de déficit; y ahora, para amenazarles de que este año añadirá 60.000 millones de euros más a sus espaldas en concepto de deuda, esto es, al anunciar a bombo y platillo que no tiene la más mínima intención de cumplir con el objetivo de déficit del 4,4%.

Queda claro una vez más, pues, que Rajoy no ha alcanzado la presidencia del Gobierno para adelgazar el tamaño del Estado, sino para mantenerlo en la medida de lo posible. Subió impuestos con nocturnidad y alevosía no, como nos dijo, para atajar el déficit, sino para consolidar un mayor sangrado fiscal a los españoles con la excusa del déficit. La perspectiva de recesión era la misma el 30 de diciembre que el 30 de enero, pero ello no obstó para que entonces nos pidieran un sacrificio extraordinario a los españoles que ahora, apelando a esa perspectiva recesiva ya presente, se niegan a imponer a todo el tejido adiposo del Estado.

Porque partidas de gastos para recortar en todo o en parte las hay muy abundantes: 7.000 millones en inútiles cursillos de formación para desempleados, 2.000 millones en adoctrinadoras televisiones públicas, 2.000 millones en ayuda exterior para dictadores,  6.000 millones en distorsionadorassubvenciones a la industria y al carbón, 9.000 millones en lucrativas primas a las energías renovables, 2.000 millones en subvenciones “a la cultura”, 4.000 millones en subvenciones varias al transporte y 1.000 millones en promoción inmobiliaria. Por no hablar de los más de 100.000 millones de euros que, por un lado, gastamos en sanidad y educación y, por otro, en nóminas de los empleados públicos: sólo regresando al gasto real por alumno y al número de empleados públicos de 2002 nos ahorraríamos cerca de 25.000 millones de euros.

Tales ajustes, que ni mucho menos supondrían una merma apreciable en los servicios públicos que perciben los españoles (otra cosa es la calidad de vida de los grupos de presión que viven de esos desembolsos) nos permitirían cumplir holgadamente con el objetivo de déficit de Bruselas. Pero no: Rajoy no tiene el más mínimo interés porque, según reza la versión oficial, recortar tanto el gasto en plena recesión nos abocaría a una crisis mucho más intensa.

La socialdemocracia keynesiana

Y he aquí donde trasluce la verdadera ideología del gallego: el genuino pensamiento único de lasocialdemocracia keynesiana, de la que también abrevan Zapatero y Rubalcaba. Al igual que cuando dispararon el IRPF explicaron que habían escogido ese tributo porque,  en palabras de Montoro, era el menos distorsionador de todos al gravar el ahorro (sic); ahora nos insisten en que no pueden recortar enérgicamente el gasto porque estamos en recesión (sic).

Como si España no tuviese una brutal carestía de ahorro interno para poder recapitalizar nuestrotejido productivoy financiero o como si el déficit del 8,5% del PIB que nos legó Zapatero hubiese hecho algo para contener una intensa recesión que deriva, precisamente, de nuestro exceso de endeudamiento nacional y de la obsolescencia de nuestro aparato productivo para generar los bienes que demandan los consumidores nacionales y extranjeros (dos problemas para los que, repito, necesitamos mucho más ahorro). No: dilapidar 90.000 o 60.000 millones de euros que no tenemos que hemos tenido que pedir prestados a altos tipos de interés no contribuirá a hacernos más ricos, sino muchísimo más pobres. Una muy elemental lógica económica que a los próceres populares, al parecer, se les escapa.

Porque, cuando tratan de justificar sus despropósitos, es cuando se descubre su auténtico pelaje. Como sus sosias Zapatero y Rubalcaba, Rajoy y una parte de su equipo económico son simples impulsores de un Estado elefantiásico que medre y prospere a costa de la sociedad civil (la otra parte del equipo económico, la sensata y la formada, parece que prefiere plegarse a los torpes dictados del líder). Dicen creer en el sector privado, pero a la hora de tomar decisiones sólo atinan a incrementar todavía más los impuestos y a evitar rebajas significativas del gasto público: y lo hacen precisamenteporque no creen en el sector privado, sino en el público.

La agenda oculta de Rajoy es justamente ésa, la misma que la de cualquier socialista en el poder: maximizar el sector público y minimizar el sector privado. Lejos de actuar responsablemente, en materia fiscal se están comportando como un Zapatero con aires de grandeza y de rigor. Ruptura ninguna, continuidad toda. Sólo hace falta fijarse en que Rubalcaba está aplaudiendo con las orejas.

Por eso, el Tea Party, con todos sus defectos dentro de un movimiento tan amplio, ha contribuido decisivamente a revitalizar la sociedad civil estadounidense y sus adormecidas convicciones pro-gobierno limitado, mientras que los indignados, con todas sus excepciones dentro de un movimiento tan pretendidamente heterogéneo, sólo han arengado un mayor servilismo estatista entre buena parte de los españoles.

Veamos, si no, la reacción ante lo que a todas luces cabe calificar de minirrecortes educativos en la Comunidad Valenciana: una autonomía al borde de la suspensión de pagos se propone contener su expansivo gasto, incluyendo al gasto educativo y se organizan numerosas algaradas callejeras –con una indudable repercusión mediática– para animar a las administraciones a que continúen gastando sin freno. Y eso que, hasta el momento, los temibles y antisociales recortes educativos se han saldado con un incremento entre 2003 y 2012 del gasto en enseñanzas no universitarias del 70%.

Por supuesto, uno podría entender el mosqueo estudiantil con que el dinero público se haya dilapidado en construir aeropuertos sin aviones en lugar de haberlo colocado a buen recaudo para prevenir tiempos difíciles; pero, consumado el despilfarro, la única opción realista pasa por ajustar los gastos a objeto de sanear las cuentas. En ese contexto, exigir que se frenen los recortes –aun cuando resultan pírricos– equivale a consolidar la bancarrota financiera y a clamar por el inmisericorde saqueo del contribuyente.

Menor revuelo –al menos, menor revuelo organizado– ha acarreado, sin embargo, otra reciente decisión política, también del Partido Popular, dirigida a colocar los tipos impositivos del IRPF español a los niveles más elevados de Europa. Pese a su mucha mayor gravedad, pese a la evidente indignación que ha despertado en numerosas personas, el impuestazo de Rajoy no ha conciliado un rechazo mediático ni mucho menos equiparable al de las tímidas e insuficientes minoraciones presupuestarias.

Será que los grupos de presión se articulan –y se cohesionan– con mucha mayor facilidad para lograr transferencias del dinero ajeno en su favor que para evitar que los gobernantes metan la mano en el bolsillo de los ciudadanos. Al cabo, abierto el melón de las redistribuciones de rentas, los incentivos para que aparezcan conseguidores profesionales que le peguen un considerable mordisco al erario en beneficio propio y de sus identificables allegados son muy superiores a los incentivos de que honrados pero dispersos trabajadores y empresarios se organicen para defender lo que es suyo; especialmente en países como el nuestro, tan embebidos por el socialismo omnipresente.

Con tal de contrarrestar este nocivo desequilibrio entre intervención y libertad, entre lobbies que se resisten a renunciar a parte de sus privilegios y entre asociaciones de propietarios que tan sólo reclaman conservar lo que es suyo, la semana pasada se presentó el manifiesto Con todo el respeto, Señor Presidente: eso no es cierto, suscrito por más de 50 economistas e intelectuales y dirigido a protestar contra el descarado incumplimiento de las promesas electorales del Partido Popular y, sobre todo, contra el nefasto e inaceptable ataque a la propiedad privada y a la prosperidad económica que supone su reciente rejonazo fiscal.

Indudablemente, el Gobierno popular poseía la clarísima alternativa de atajar nuestro insostenible déficit público mediante una más enérgica, audaz y decidida reducción de los desembolsos públicos. Gastos a recortar los hay a miles de millonadas, pues España –como el resto de países europeos– está muy lejos de disfrutar de un Estado anoréxico y limitado a muy escasas funciones; al contrario, todos ellos, también el nuestro, sucumben ante los niveles de dispendios públicos más elevados de toda la historia.

En consecuencia, desde esta columna me gustaría animar a todos los lectores que compartan este diagnóstico, y que muestren su honda oposición a que el disparatado Estado que padecemos –gestado y financiado durante la época de la burbuja crediticia– se siga nutriendo que porciones crecientes de la riqueza  de los ciudadanos, a que se adhieran al manifiesto. Es cierto que el texto no viene acompañado de divertimentos varios como el destrozo del mobiliario urbano, los cortes de la vía pública o las agresiones físicas a ciudadanos diversos, pero su civilizada forma debiera servir también para canalizar esa verdadera indignación ciudadana que sí merece ser canalizada: la indignación contra unos políticos decididos a descargar las pérdidas derivadas de una crisis que ellos, en parte, han contribuido a crear sobre los hombros de los indefensos contribuyentes.  El camino de consolidación presupuestaria debe ser otro al que reclaman los indignados y al que, pese a las apariencias y pese a la confusión mediática, el Partido Popular está intentando transitar.

Para que un país genere riqueza y empleo no sólo es necesario contar con un mercado laboral relativamente libre; también resulta fundamental que las condiciones de acceso al mercado sean lo más abiertas posibles para todo aquel que disponga de un buen plan de negocios y sea capaz de aunar el capital y los factores productivos necesarios.

En este sentido, las barreras de entrada al mercado pueden ser de dos tipos: generales o específicas. Las primeras afectan a todos los potenciales empresarios: son aquellas licencias, autorizaciones administrativas, papeleos fiscales y mercantiles o requisitos mínimos de capitalización que se imponen a la totalidad de las compañías (algunas de ellas pueden ser necesarias y tener su sentido económico; cuestión distinta es que deban ser impuestas por el Estado o quedar sujetas a la muy poco acotada arbitrariedad del funcionario de turno); las segundas son prohibiciones o restricciones que afectan a determinadas industrias concretas.

Las rentas oligopolísticas de las farmacias

Un caso paradigmático de barreras específicas de entrada sería el de las farmacias. En España, sólo aquellos profesionales que obtengan una autorización administrativa tienen permitido regentar una oficina de farmacia. La concesión de licencias no sólo ha sido deliberadamente contingentada por nuestros mandatarios, sino que han creado un mercado cautivo merced a dos restricciones: con carácter general, por un lado, sólo puede abrirse una botica por cada módulo de 2.800 habitantes; por otro, la distancia mínima entre establecimiento queda fijada en 250 metros.

El pretexto oficial es el de asegurar el correcto aprovisionamiento de la ciudadanía, lo cual es a todas luces contradictorio. Uno entendería el argumento si los poderes públicos trataran de promover que hubiese al menos una farmacia por cada 2.800 habitantes o que la distancia máximaentre dos farmacias fuera de 250 metros, ¿pero cómo argüir que la limitación del número de boticas busca promover su mayor difusión?

Los motivos reales son otros muy distintos. Como se trata de un mercado tan sumamente regulado (precios, tipos de productos a la venta, condiciones de pago, distribución y prestaciones del local, etc.), no hay manera de que cada farmacéutico se diferencie del resto y pueda cosechar beneficios extraordinarios. La única forma de no comoditizar el sector y de volverlo verdaderamente lucrativo para sus partícipes, pues, consiste en crear monopolios territoriales para cada centro, asegurándoles así una clientela mínima.

En un mercado donde primara la libertad de entrada, la existencia de beneficios extraordinarios en las oficinas de farmacia conduciría a que se abrieran nuevos establecimientos que se repartieran la clientela, lo que, en consecuencia, rebajaría la rentabilidad de cada negocio hasta aproximarla a un rendimiento normal sobre el capital invertido (de entre el 6% o 7% anual).

En la mayor parte de España, sin embargo, no sucede nada de eso. Los farmacéuticos sin botica que detecten la posibilidad de abrir un nuevo establecimiento para quedarse con parte de la tarta de su competidor simplemente no pueden hacerlo. Sus opciones se reducen a, por un lado, tratar de comprar una licencia –que en la medida en que da origen a beneficios extraordinarios, tiene un valor capitalizado exorbitante que puede superar el millón de euros– o trabajar como empleados en algún establecimiento. Pero precisamente ahí está la clave de las ganancias extraordinarias: dado que no existe libertad de entrada en este mercado, los sueldos de los empleados de farmacia pueden mantenerse artificialmente bajos por no concurrir la amenaza creíble de que los trabajadores pueden crear sus propios establecimientos que compitan directamente con los de sus empleadores.

Semejantes restricciones legales y la escasez de concursos han llevado a que, según PLAFARMA (Plataforma para la Apertura de Farmacias), ahora mismo haya en España 35.000 farmacéuticos sin farmacia, frente a las apenas 20.000 licencias concedidas. En lugar de permitir el libre ejercicio de esta actividad, el Gobierno sigue optando por concentrar los beneficios de este muy regulado sector en unas pocas manos, proletarizando a todos los otros farmacéuticos que desean entrar en él.

El modelo navarro

¿Hay alternativas? Por supuesto. Dejando de lado la absoluta liberalización del sector, que sería lo deseable, en España ya existe una comunidad autónoma que está aplicando criterios menos restrictivos que el resto del país: Navarra. En la comunidad foral, la legislación se limita a garantizar que haya al menos una oficina de farmacia por cada 2.800 habitantes. Si existen zonas de la región desatendidas, se obliga a los empresarios entrantes a cubrir ese espacio, pero una vez satisfechos todos ellos, se permite irrestrictamente la apertura (sin necesidad de concursos administrativos) con dos límites más laxos que los del resto del Estado: como mucho puede haber una farmacia por cada 700 habitantes y la distancia mínima entre ellas se reduce a 150 metros. ¿Ha funcionado esta tímida liberalización? Sí: la cuantía de establecimientos en Navarra se ha duplicado desde su aprobación en el año 2000 y, como es obvio, la población está mucho mejor atendida. Además, conviene repetirlo, los beneficios de este sector regulado no se concentran en unas pocas manos, sino que se reparten entre todos aquellos dispuestos a prestar su servicio.

Lo que habría que plantearse, con todo, es por qué si la transición hacia un modelo más libre (Navarra) ha sido positiva para todos (salvo para los antiguos oligopolistas), no podemos efectuar una liberalización mucho más amplia, en la que por supuesto se incluya la posibilidad de dispensar medicamentos sin receta en los centros comerciales (o incluso en los supermercados o en las tiendas del pueblo). No se trata ya de que gracias a ello probablemente se crearía empleo, sino de que, sobre todo, los consumidores estarían mucho mejor asistidos. Ya que en este sector, debido a la nefasta socialización del gasto en medicamentos, sus distribuidores sólo pueden competir en localización… que compitan al menos en eso. Monti ya lo ha hecho con su Salva-Italia. ¿Para cuándo un Salva-España?

Acaso la parte menos mala de esa reformilla de nuestro sistema financiero que pretendía limpiar definitivamente de polvo y paja los balances de nuestras entidades crediticias haya sido que apenas se hayan comprometido recursos públicos para rescatar bancos y cajas. La peor, que precisamente por tratarse de una reformita con escaso contenido y menos ambición, no servirá para cerrar definitivamente los milmillonarios agujeros de la banca y, por consiguiente, la amenaza de que en cualquier momento se eche mano a la menguante cartera de los españolitos seguirá muy viva.

Pérdidas previsibles del sistema financiero español

Echemos unas cuentas algo conservadoras. Primero, de los 303.000 millones en créditos a promotores, probablemente jamás llegue a cobrarse al menos el 60% (pérdidas cercanas a 180.000 millones de euros); de los 102.000 millones de créditos a constructores, podemos considerar unas conservadoras pérdidas del 40% (40.000 millones); de los 794.000 millones en créditos a hogares para, por un lado, adquirir vivienda con garantía hipotecaria y, por otro, financiar otro tipo de desembolsos (automóviles, vacaciones, mobiliario…) podemos asumir perfectamente unas pérdidas del 5% tras la ejecución y el resarcimiento de las correspondientes garantías (40.000 millones); y de los otros 550.000 millones de créditos a actividades productivas distintas del ladrillo, también cabe prever unas pérdidas de alrededor del 10%, sobre todo si la coyuntura sigue deteriorándose (55.000 millones de euros).

En total, estamos hablando de unas pérdidas que podrían superar los 300.000 millones de euros; y eso asumiendo que no habrá quebrantos derivados de los 250.000 millones en préstamos a las administraciones públicas españolas y en 230.000 en créditos al extranjero (incluyendo los 80.000 millones a Portugal). Dado que ahora mismo la banca española cuenta con unos 330.000 millones entre fondos propios y provisiones, pongamos que tras padecer todas las pérdidas esperables se queda en 25.000 millones. ¿Significa ello que hemos superado las dificultades? En absoluto, pues para que nuestros bancos posean algo de credibilidad necesitaríamos restablecer unos fondos propios de entre 150.000 y 200.000 millones de euros.

Estamos hablando, por consiguiente, de que el sistema financiero español necesita capitalizarse a día de hoy en un importe de unos 150.000 millones de euros (justo las cifras que se venían manejando cuando se hablaba de la creación de un banco malo) y la reformilla De Guindos apenas se limita a presionar a los bancos para que se las arreglen a provisionar 50.000 millones, lo que equivaldría a alrededor de dos años del beneficios brutos antes de provisiones del sistema financiero español. ¿Puede la banca capitalizarse en esos 150.000 millones sólo a partir de sus beneficios brutos? Es dudoso, pues la economía necesitaría resistir seis años de estrangulamiento crediticio que deteriorarían de tal manera su salud que terminarían afectando a los propios resultados de las entidades (amén de que ellas se verían impedidas para, por ejemplo, pagar un solo dividendo y deberían proceder a una poda brutal en sus gastos operativos).

En resumen: el sistema financiero español, en su conjunto, es dudosamente solvente. ¿A qué viene entonces que la gran apuesta de De Guindos sea promover fusiones internas entre entidades españolas? Podemos cambiar la organización societaria de ese sistema financiero, pero en cualquier caso seguirá siendo dudosamente solvente.

La alternativa razonable: recapitalización privada

Ante esto, sólo existen dos alternativas a la quiebra del sistema o a su niponización: la primera es una recapitalización pública por 100.000 millones que el Gobierno de España no está en posición de ofrecer y para la que requeriría del apoyo financiero del FMI y del fondo de rescate europeo; la segunda es una recapitalización privada que convierta en acciones parte de las deudas del sistema financiera en español. La primera vía, aparte de nada justa por socializar las pérdidas del sector financiero, me parecería una torpeza, pues pondría contra las cuerdas la solvencia del Reino de España. La segunda, que ya propuse hace unos pocos meses, sería en cambio la solución claramente preferible.

El sistema financiero español está en condiciones de hacer afluir capital por un monto de 100.000 ó 150.000 millones de euros simplemente convirtiendo una pequeña parte de sus pasivos en fondos propios. A la hora de la verdad, esto significaría que prácticamente todas nuestras cajas y una parte de nuestros bancos pasarían a manos de nuestros acreedores extranjeros (fundamentalmente bancos alemanes que invirtieron en deuda bancaria española durante los años de la burbuja), pero ¿qué sentido tiene forzar la fusión de una debilitada entidad española con otro banco nacional saneado que simplemente ‘pasaba por ahí’ cuando existe la mucho más lógica alternativa de una adquisición o adjudicación del debilitado banco español al saneado banco alemán que invirtió en su deuda?

En su momento escribí contra la selectiva bancarrota del sistema financiero islandés. Resulta del todo punto inadmisible que el impago se cebe en los acreedores extranjeros para minimizar las pérdidas de los acreedores nacionales. Pero, por la misma regla de tres, también resulta inadmisible que los acreedores de, pongamos por caso, BBVA se vean perjudicados porque se presione la fusión de este banco con Bankia cuando quienes realmente han apostado por esta entidad y han invertido su dinero en ella han sido otros bancos alemanes. No es “España” como país quien debe dinero a “Alemania” como país (dejado de lado la deuda pública), sino entidades concretas españolas a entidades concretas germanas: que entre ellas se las arreglan.

En suma, el sistema financiero español necesita una enorme inyección de capital que de momento sólo puede proceder del extranjero. No mareemos más la perdiz; es hora de sentarse con Merkel y poner las cartas sobre la mesa: “pagaremos toda la deuda pública pero no socializaremos ni una sola de las pérdidas de la deuda privada: que vuestros bancos se cobren quedándose con los nuestros”. No sólo nos quitaríamos un muerto de encima, sino que nuestra banca ganaría acceso al muy pujante mercado alemán. Esa sería una verdadera Reforma del sistema financiero español.

¿En qué consistía el nefasto programa económico de Rubalcaba? Pues, por un lado, en incrementar los impuestos a los más ricos –especialmente a través de una tasa sobre los bancos– con el objetivo de financiar la creación estatal de empleo; y, por otro, en comprometerse a reducir progresivamente el déficit público eliminando aquellos gastos más superfluos y prescindibles (como lo eran las diputaciones), pero exigiendo a Bruselas una moratoria en su ritmo de ajuste para minimizar sus perjudiciales efectos sobre el crecimiento.

Rajoy descalificó con razón todas y cada una de las propuestas de Rubalcaba: no necesitábamos más sino menos impuestos; el empleo no lo crea el Estado con dañinos y gravosos planes de estímulo público, sino los empresarios que disfrutan de un entorno de libertad y de un marco regulatorio estable y poco agresivo; y, por último, España tiene que honrar sus compromisos en lo que a reducción del déficit público se refiere, pues las sobredimensionadas administraciones públicas cuentan con un margen enorme para recortar el gasto y, además, es falso que reducir el déficit sea negativo incluso en época de recesión.

O dicho de otro modo, la política de continuidad con el zapaterismo que había trazado Rubalcaba era justo lo que nos había abocado al colapso económico y justo aquello de lo que debíamos alejarnos. Al cabo, Zapatero, como proponía Rubalcaba, subió los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio a “los más ricos” para minimizar la minoración del gasto público; Zapatero, como proponía Rubalcaba, dilapidó miles de millones de euros en tratar vanamente de “estimular” la economía a través del desastroso Plan E; Zapatero, como proponía Rubalcaba, se tomó por su cuenta y riesgo una moratoria a la hora de reducir el déficit público (de ahí que cerrara 2011 por encima del 8% y no en el 6%); y Zapatero, como proponía Rubalcaba, suprimió en aquel célebre tijeretazo de mayo de 2010 alguno de los gastos más innecesarios que él mismo se había encargado de cebar ejercicios antes, pero sin atacar, como debía, todos los demás gastos del sector público.

¿Resultado de semejante compendio de disparates? Estancamiento recesivo, más de cinco millones de parados y riesgo cierto de suspensión nacional de pagos y salida del euro. La oposición de Rajoy al zapaterismo económico sonaba razonable no sólo por la lógica y consistencia interna del discurso, sino porque los hechos le daban abrumadoramente la razón.

Al final, sin embargo, Rajoy ha optado no ya por aguar alguna de sus propuestas, sino por vaciarlas de todo su contenido y por copiar sin miramientos la integridad del programa económico de Rubalcaba y Zapatero: Rajoy, como proponía Rubalcaba y había ejecutado  Zapatero, ha subido los impuestos a las clases medias y altas con tal de minimizar el adelgazamiento del Estado; Rajoy, como proponían Rubalcaba y Zapatero, se muestra partidario de aprobar una deletérea Tasa Tobin que grave las transacciones financieras; Rajoy, como proponía Rubalcaba y había ejecutado Zapatero, ha tocado algo de grasa superficial del Estado como cortina de humo para no atacar su auténtico excedente mórbido; Rajoy, como proponía Rubalcaba y había ejecutado Zapatero vía hechos consumados, busca renegociar el objetivo de déficit con Bruselas para retrasar el saneamiento presupuestario tanto como sea posible; y ahora Rajoy, como proponía Rubalcaba y había ejecutado Zapatero, desea utilizar los 10.700 millones de euros que tiene asignados España en concepto de fondos europeos para estimular la creación de empleos mediante una redición del muy fallido Plan E.

El auténtico pensamiento único no es el liberalismo, sino el socialismo intervencionista y keynesiano que parasita las mentes de todos nuestros grandes partidos políticos, ya sea PSOE, IU o PP. A la hora de la verdad, todos han actuado o actuarían del mismo modo: rapiñando a los sectores productivos de la sociedad española para seguir alimentando a las redes clientelares que los han aupado al poder.

Quienes votaron a Rajoy esperando una política económica radicalmente distinta a la de Zapatero y Rubalcaba se han terminado encontrando no ya con que las ideologías de estos tres políticos eran mucho más cercanas de lo que pensaban, sino con que, en política económica, Rajoy es Rubalcaba y es Zapatero. Diversidad de etiquetas y eslóganes, identidad absoluta de objetivos y métodos. ¿Cómo creer que haciendo exactamente lo mismo lograremos resultados distintos? De ninguna manera: Rajoy sólo está continuando con la labor de demolición de la economía nacional iniciada por Zapatero y apoyada entusiastamente por Rubalcaba.

Con tal de aplacar la comprensible furia de una parte muy sustancial de la sociedad española ante su salvaje subida de impuestos, el Partido Popular justificó la traición a sus principios y a las perspectivas de recuperación de nuestra economía diciéndonos que no había alternativa, que resultaba imprescindible cumplir con los objetivos de déficit pactados con Bruselas.

Y sí, desde luego reducir el déficit constituye una prioridad, mas hay maneras y maneras de acometerlo: no es lo mismo, por ejemplo, subir impuestos y rematar a un muy debilitado y endeudado sector privado que bajarle el gasto a un sobredimensionado y excesivo sector público. Por eso, la alternativa sí existía, sólo que Rajoy y su equipo se niegan siquiera a considerarla: reformar de arriba abajo el actual modelo de Estado para someterlo a un profunda liposucción.

Pero no. Rajoy no se siente elegido para transformar el colapsado modelo de Estado, sino para conservarlo en la medida de lo posible. Quienes pensaban que el presidente de los populares dinamitaría los roídos pilares que apenas sustentaban al megaEstado zapateril para edificar una administración mucho más austera, eficiente y respetuosa con la propiedad de los españoles, se equivocaron de pleno: al contrario, su propósito es el de restaurar semejantes pilares y, en todo caso, retirarles algo de peso para lograr un equilibrio que maximice el tamaño del Estado y que sea sostenible.

Por eso no le ha temblando en absoluto el pulso a la hora de subir impuestos hasta colocarlos al nivel más alto de Europa y por eso se ha mostrado tan timorato y cauto a la hora de recortar el gasto de la administración central, de la autonómica y del tejido empresarial público. Porque con las cosas de comer no se juega; en todo caso, se parasita la comida de los demás para mantener el mórbido engorde propio.

Sin embargo, pese al descontento generalizado, una parte nada desdeñable de los españoles se creía las excusas de Rajoy: “hay que llegar sea como sea al 4,4% de déficit, aun a costa de duros sacrificios como éste”. Mayúscula habrá sido su sorpresa cuando varios miembros del Ejecutivo popular –muy especialmente el ministro del ramo, Cristóbal Montoro, pero también el presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso, Gabriel Elorriaga– han comenzado a desmarcarse asegurando que será muy complicado llegar al 4,4% en este año de recesión y que hay que renegociar el objetivo con Bruselas. Oh sorpresa, el PP comprando la promesa estrella de Rubalcaba durante la campaña electoral: plantarse ante la Merkel a fin de exigirle una laxitud todavía mayor en el lentísimo saneamiento de nuestro presupuesto. Para que luego hablen de pensamiento único: esto, la izquierda, el socialismo, el keynesianismo, el intervencionismo gubernamental, sí es el auténtico pensamiento único.

Pero a lo que íbamos: estamos a principios de 2012, sabemos que vamos a atravesar una recesión muy dura y conocemos cuáles son los niveles de ingresos y gastos a cierre de 2011. ¿Cuál es entonces el problema para llegar al 4,4% de déficit?

Desde el PP se nos dice que el nuevo escenario de recesión modifica completamente el panorama, que con el hundimiento de nuestra economía en ciernes no hay manera de que lleguemos al 4,4%. ¿Y por qué? Pues sólo hay una explicación posible: como evidentemente la recesión va a provocar una intensa caída de los ingresos fiscales, los del PP se niegan a aplicar desde ya mismo el programa que deberían haber ejecutado desde el primer día y que sí habría garantizado (y podría garantizar todavía hoy) el ajuste presupuestario, a saber, recorte masivo del gasto público. Es verdad que los ingresos fiscales son muy difícilmente controlables y que, por ese lado, la cuadratura de las cuentas públicas se antoja cuando menos incierta. Pero no es menos cierto que el lado de los gastos sí depende, en su práctica totalidad, de las decisiones discrecionales que adopten las distintas administraciones españolas. Esto es especialmente cierto en el caso del Gobierno central, cuyos presupuestos para 2012… ¡todavía no han sido aprobados! Estando en el mes de enero de 2012, ¿cuál es el insalvable obstáculo que nos impide reducir el gasto público tanto como sería necesario para llegar al déficit del 4,4% sobre el PIB?

Por supuesto, parte de la explicación ya ha sido apuntada: los del actual PP son unos socialdemócratas dizque conservadores que apuestan por el Gran Gobierno y que desconfían de la iniciativa privada. Resulta ideológicamente inadmisible –como se lo resultaba a Zapatero– reducir demasiado el tamaño del sector público. Pero, me temo, esto sólo es parte de la historia.

La otra, tanto peor, es que esté Ejecutivo está lleno de keynesianos –como también lo estaba, qué cosas, el de Zapatero–. Su idea es simple: estamos en recesión y, por tanto, no podemos permitirnos reducir el gasto público demasiado, pues en caso contrario la crisis tendrá una envergadura mucho mayor. Vamos, que dejar de endeudarnos a tipos de interés que, pese a haberse moderado en los últimos días, no nos podemos permitir es un peligro para nuestro bienestar económico porque a corto plazo muchos clientes del Estado que pastaban en el presupuesto público verán sus ingresos desaparecer. Eso sí, por lo visto arrebatarles a los ciudadanos con mucha más saña la riqueza que apenas son capaces de seguir generando a pesar del Gobierno es una política indispensable que en absoluto agrava la recesión o que, en todo caso, lo hace en menor medida que el recorte de gastos improductivos…

La impostura es innegable. El pésimo arranque del PP se está confirmando día a día con unos lamentables mensajes que indican una absoluta desorientación en materia económica. En realidad, a lo que juegan Rajoy y los suyos no es a poner en orden las finanzas de nuestro país de modo que los ahorradores nacionales y extranjeros puedan a volver a confiar en nosotros, sino a cumplir los deberes que ha marcado Bruselas y cuya lógica se les escapa pero que saben indispensables para que Europa nos “eche una mano”.

De ahí que conforme van viendo que la tarea requiere cada vez de mayores esfuerzos, pidan renegociar el contenido específico de esos deberes. Se piensan que se trata de una negociación política, cuando es un plan económico estabilizar nuestras finanzas, para ser capaces de permanecer en el euro y para no provocar una desbandada del capital invertido n nuestro país. De ahí, también, que exijan abiertamente que se nos recompense no ya cuando hayamos alcanzado los resultados esperados, sino desde ya mismo por el simple hecho de ser probos y ponerlo todo de nuestra parte.

Con tal de no reducir a fondo el gasto y desmontar este infinanciable modelo de Estado, los del PP se lo están jugando todo a conseguir un rescate encubierto de Bruselas –Eurobonos o monetización de deuda por el BCE– que permita continuar sufragando la fiesta estatista a costa del contribuyente alemán (y español, claro), al menos hasta que nuestra economía se recupere. Un liberticida envite que tiene toda la pinta de fracasar, pues ni Alemania parece estar por la labor de pagar nuestras facturas, ni está claro que nosotros podamos recuperarnos de manera sana sin antes haber saneado en profundidad nuestros estructurales desequilibrios presupuestarios. Pero, desde luego, ese órdago era la única táctica que podía jugar la casta socialdemócrata española para tratar de sobrevivir. Y Rajoy, como no podía ser de otra forma vistas sus afinidades ideológicas, no ha dudado en recoger el guante en claro perjuicio de la prosperidad no sólo de España sino también de toda Europa.

La inclemente mano dura mostrada por el socialdemócrata Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha tornado, oh sorpresa, en munificente generosidad cuando de meter en cintura al despilfarro autonómico se ha tratado. Se nos dijo que la magnitud del agujero de las finanzas públicas resultaba tan sofocante para nuestra credibilidad exterior que devenía impepinable saquear los vacíos monederos de los españoles, que no había otra alternativa, que era o eso o no hacer nada a la espera de que esos corsarios de los especuladores –esos mismos a los que el tranquilo y previsible Mariano Rajoy pretende ahora parasitar Tasa Tobin mediante– llevaran nuestra prima de riesgo hasta la estratosfera.

Uno empezaba a sospechar que nuestros fiscalistas populares habían olvidado de golpe principios haciendísticos tan elementales como que siempre existe una alternativa a subir impuestos con tal de recortar el déficit: bajar los gastos. Alternativa de la que, por cierto, el propio PP había hecho bandera hasta un segundo antes de que comenzara a emponzoñarla en su desabrido neopopulismo peronista.

Pero las sospechas comienzan a tornarse en certezas después de que este fin de semana, el circunspecto ministro de Hacienda nos descubriera, en plena efervescencia mitinera –lugar apropiado donde los haya para hacer este tipo de proclamas sin enfangarnos un poquito más en ese lodazal de República bananera en el que cada día nos hundimos un poquito más–, que las comunidades autónomas tendrán el doble de tiempo (diez años) para devolver los 24.000 millones de euros que se pulieron en 2008 y 2009 a cuenta de unos engordados anticipos de recaudación del Ejecutivo central.

Acabáramos. Ni Zapatero en sus horas más bajas consistió semejante dislate, oiga. O sea, que los responsables de las tres cuartas partes de esa desviación del déficit público que mina nuestra credibilidad internacional y que, al parecer de algunos, justifica la mayor subida de impuestos de nuestra democracia no sólo se van de rositas –cosa que va de oficio en nuestro avanzado Estado de Derecho– sino que reciben facilidades extraordinarias para que no aflojen su altísimo ritmo de despilfarro. ¿Que no había alternativa? Bastaría que las autonomías regresaran a sus niveles de gasto de 2006 para que todo su déficit desapareciera. Alternativa la hay, pero los dirigistas del Partido Popular están encantados con que el desbocado y burbujístico nivel de gasto actual no afloje.

Duro con los débiles, débil con los fuertes: esa debe ser la filosofía que impregna toda la actividad política de Mariano Rajoy. Por un lado, los ciudadanos y las empresas están atravesando la mayor crisis económica de los últimos 80 años y… ¿consecuencia? Pues que resulta imprescindible subirles los impuestos para desangrarlos un poco más. Por otro, las autonomías gastan más que en ningún otro momento de su historia –mucho más que en los momentos más exuberantes de la burbuja inmobiliaria– y… ¿consecuencia? Pues que debe evitarse, hasta donde sea posible, que se aprieten el cinturón.

Los austeros –el empobrecido sector privado– deben volverse todavía más austeros para que los manirrotos –las Administraciones Públicas– sigan dilapidando sin tregua ni control nuestro dinero. Cada vez resulta más claro que Rajoy ha optado por esquilmar lo que queda de economía privada para mantener tanto como dure el tinglado intervencionista que irresponsablemente construyó Zapatero durante los alocados años de la burbuja inmobiliaria. No viene a sacarnos de la crisis, sino a hundirnos más en ella para evitar el imprescindible adelgazamiento del hipertrofiado sector público.

Decía el otro día el presidente francés Nicolas Sarkozy que la ruptura del euro supondría el fin de Europa y de la paz. Las declaraciones sonaban exageradas, pero no es descabellado suponer que un desmembramiento del euro desembocase en ruinosas y caóticas devaluaciones competitivas que, a su vez, fueran el germen de un rearme arancelario que enterrase el mercado común y que, por último, acrecentara las hostilidades entre países. Ya lo dijo aquel gran liberal francés del s. XIX, Frédéric Bastiat: “si las mercancías no cruzan las fronteras, lo harán los soldados”.

Sería muy poco inteligente desdeñar semejante escenario como un catastrofismo sin fundamentos, pues fundamento, por desgracia, sí lo tiene: el fatídico período de Entreguerras europeo donde, uno tras otro, los distintos países del Viejo Continente fueron abandonando la unidad cambiaria que imponía el patrón oro y lanzándose en brazos del nacionalismo monetario y del proteccionismo deletéreo… el resultado de todo ello es de sobras conocido. Así pues, sabidos los riesgos, mejor evitamos volver a tropezar con las mismas piedras, por lejanas e improbables que parezcan.

Hasta aquí, la admonición de Sarkozy no deja de ser un razonable toque de atención a tantos partidarios de la ruptura del euro como irresponsable, expoliadora e ineficaz alternativa al ajuste interno de nuestras economías. Lo que ya no se compadece tan bien con esas palabras es la actitud que a izquierdas y a derechas (mejor dicho, a izquierdas y a izquierdas) está tomando la clase política francesa y, muy en especial, el propio Nicolas Sakorzy.

De entrada, el candidato socialista a la presidencia de la República, François Hollande, apuesta abiertamente por darle la vuelta al proceso de austeridad en el que dicen estar embarcadas la mayoría de naciones europeas. Si este año derrota a Sarkozy en los comicios presidenciales, abogará por un mayor derroche generalizado en toda Europa sufragado por la desinhibida monetización de deuda del Banco Central Europeo. Craso error que sólo depreciará interna y externamente nuestra divisa y que empujará un poco más a Alemania a salirse de esa moneda común que iba a estar basada en el marco y que, al final, se está convirtiendo en un papel moneda de pandereta, similar al dracma, la peseta o la lira.

Mas no es sólo Hollande quien pone en peligro el euro, el mercado común y la paz. El propio Sarkozy, populista hipócrita y demagogo donde los haya, está dado pasos agigantados hacia la disolución de la moneda única promoviendo una devaluación fiscal dentro de su país para torpedear la única vía de escapa a la crisis que tenemos algunas economías como la española: las exportaciones.

En concreto, el Gobierno de Sarkozy gravará con un “IVA social” las importaciones francesas que provengan de países con “bajos costes de producción” –por ejemplo, de China, India, Polonia… y también España–, con el objetivo, a su vez, de minorar las cotizaciones sociales a la industria interna del país. O dicho de otro modo: barreras a la importación y estímulo del gasto interno y de la exportación. El propósito es palmario: frenar el buen comportamiento que están exhibiendo las exportaciones de algunos países periféricos hacia el centro de Europa; sólo las exportaciones españolas a Francia, por ejemplo, están aumentando desde 2009 en torno a un 10% anual

La irresponsabilidad es mayúscula, pues la única manera que tiene la hiperendeudada periferia europea para amortizar las obligaciones que mantiene con el centro del Viejo Continente es vendiéndoles bienes y servicios. No hay otra: si España no puede colocar sus mercancías a sus acreedores (o a los acreedores de sus acreedores) no puede pagar su deuda. Está bien que los consumidores e inversores franceses y alemanes no deban adquirirnos cualquier cosa que les ofrezcamos; pero no lo está en absoluto que, queriendo hacerlo, su Gobierno les obstaculice enormemente la decisión.

Si no podemos (ni debemos) endeudarnos externamente para producir de cara al interior ni tampoco nos dejan que produzcamos para el exterior a objeto de amortizar nuestros pasivos, ¿a qué nos condena el incipiente proteccionismo francés? Pues a quebrar. ¿Y qué pasa si España no paga su deuda? Pues que el euro se rompe, ni más ni menos. Ese escenario que, por lo visto, Sarkozy teme más de palabra que de acción.

Parecería, por consiguiente, que el actual morador del Elíseo se haya vuelto por completo esquizofrénico. Pero la explicación de su comportamiento es bastante más sencilla: en apenas unos meses se enfrenta a unas reñidas elecciones y necesita estimular a corto plazo el empleo en el interior de Francia aun a costa de hundir todavía más a la industria española. La llamada devaluación fiscal encauzará el gasto de los ciudadanos franceses a los más ineficientes productores locales detrayéndolo de unos más competitivos exportadores españoles que comenzaban a remontar el vuelo. En suma, la viabilidad a largo plazo de la moneda y del mercado común puestas en riesgo por el electoralismo más ramplón de uno de sus gobernantes. Nada demasiado sorprendente, dicho sea de paso.

Eso sí, esta lamentable maniobra francesa también debería servir para comprobar por qué se equivocan profundamente quienes abogan por que nuestro país salga del euro y devalúe un 30% o 40% su nueva divisa con tal de ganar terreno en los mercados internacionales sin necesidad de reajustar nuestra estructura productiva interna. Dejando de lado que una devaluación puede provocar una fuga de capitales autoalimentada que termine de hundir a su ejecutor, ¿acaso alguien piensa que el resto de países a quienes perjudicaríamos con nuestra eventual devaluación de caballo se quedarían de brazos cruzados sin, a su vez, devaluar e imponer elevadas barreras arancelarias a nuestros productos?

Que nadie lo sueñe: las devaluaciones competitivas son una carrera hacia el desastre y la pauperización conjunta. Lo que necesitamos es más disciplina monetaria y arancelaria, no menos. Es decir, no necesitamos tropecientas monedas regionales y un mercado europeo atomizado, sino una moneda común que no esté sujeta a las manipulaciones de ningún banco central –tampoco el BCE– y una libertad real de movimientos de personas, capitales y mercancías que tampoco sea susceptible de ser erosionada por populistas demagogos. La cuestión es cómo logramos ambos propósitos con Hollande y Sarkozy en el horizonte. Lo ignoro. Lo que sí puedo decirles es cómo no los logramos: fuera del euro y del mercado común.