No más laxitud autonómica

Probablemente no sea demasiado justo comenzar a criticar a Mariano Rajoy antes de que haya tomado posesión de su cargo y de que, por tanto, haya podido empezar a actuar. Sin embargo, acaso sea esa permanente indefinición que ya le caracterizó durante sus últimos cuatro años como líder de la Oposición lo que más desconcierto –y razonable preocupación– engendre. Pues el gallego no va a heredar la administración de un país saneado y en buena forma, sino una economía al borde de la suspensión de pagos y sin brío alguno para volver a generar riqueza: si en estos momentos, incluso antes de llegar al Gobierno, no adopta una postura clara, si no anuncia importantes cambios en los más diversos órdenes –laboral, fiscal, financiero, energético, burocrático…–, es de temer que no esconda ninguna agenda oculta y que cuanto exhibió en campaña –nada– sea lo mismo que vaya a ofrecernos desde el Ejecutivo.

De hecho, algunos de los tics que hemos observado dentro del partido a lo largo de estas dos últimas semanas resultan tremendamente preocupantes. Me estoy refiriendo, sobre todo, a esas declaraciones del secretario de política autonómica y local, Juan Manuel Moreno, en las que dio por hecho que Rajoy permitiría a las autonomías retrasar de cinco a diez años el plazo de devolución a la Administración Central de los 23.000 millones de euros que recibieron a modo de excesivos anticipos durante 2008 y 2009. Es verdad que inmediatamente después de que Moreno realizara estas irresponsables declaraciones, el PP desmintió que se hubiera discutido y tomado una decisión sobre este asunto. Mas desmentir que se haya hablado sobre el tema no significa ni que no vaya a hablarse en el futuro ni que Rajoy no vaya a optar finalmente por diferir el plazo de repago de los saldos deudores autonómicos.

De hecho, diversos barones populares continúan dando por hecho sobre el papel –es decir, sobre sus presupuestos para 2012– que Rajoy finalmente cederá y que les alargará a toda la década el plazo durante el cual pueden amortizar los 23.000 millones de deuda. Los fortísimos recortes del 20% del gasto autonómico que se anunciaron hace unos meses no se ven por ningún lado: en la Comunidad Valencia los desembolsos apenas se reducen un 6% y en Extremadura un 5%. Unos ajustes del todo insuficientes no ya para alcanzar, como sería deseable, el equilibrio presupuestario, sino incluso para cumplir con el objetivo de déficit autonómico del 1,3% para el próximo ejercicio.

Si a Rajoy finalmente se le ocurriera recompensar a unos manirrotos gobiernos autonómicos alargándoles el plazo para que devuelvan aquello que gastaron de más en 2008 y 2009, los efectos sobre su disciplina fiscal serían desoladores. No tanto porque dispondrían del doble de tiempo para cancelar una misma deuda, sino por algo mucho más importante: si su obligación es amortizar esos pasivos en cinco años, serán los actuales presidentes autonómicos quienes deberán efectuar la práctica totalidad de los ajustes necesarios para ello; si, en cambio, disfrutan del plazo de una década para hacerlo, la mayor parte de las reducciones de gasto podrán retrasarlas a la siguiente legislatura. De aquí cinco años, pensarán, o bien las cosas estarán mejor que ahora o bien los presidentes autonómicos serán otros; célebre principio español ése de “el que venga detrás que arree”, que se traduciría en su completa inacción en el momento en que más necesitamos el saneamiento de las cuentas públicas.

No, el momento de reducir el déficit y de desapalancarnos –todos, no sólo el sector privado, sino también el público– es ahora. La minoración de nuestro endeudamiento, y la correspondiente mejora en la solvencia de todos los agentes económicos, es requisito ineludible para que podamos volver a generar riqueza a largo plazo. Cuanto antes lo logremos, tanto mejor. Si nos lo jugamos todo a la carta del crecimiento sin sentar las bases para que ese crecimiento tenga lugar, entonces ni creceremos ni reduciremos nuestro insostenible endeudamiento. Es decir, nos despeñaremos.

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