Uno de los libros que mayor popularidad está cosechando en los últimos meses es “La Economía del Bien Común”, de Christian Felber. Su marketing se ha visto impulsado por dos elementos: uno, su título buenista (¿quién puede oponerse a algo que se denomina “la Economía del Bien Común”?); dos, que propone una “regeneración económica” de un sistema que, en efecto, tiene enormes defectos. Muchos de quienes se suman a esta nueva ola de la Economía del Bien Común (EBC) buscan ciertamente impulsar una reforma radical del sistema que esté orientada a favorecer al mayor número de personas: constatan los problemas del entorno actual y promueven cambios que nos beneficien a todos. Lógico.

Sucede, sin embargo, que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Buscando hacer el bien podemos, en ocasiones, causar un mal mucho mayor al que pretendíamos enmendar. Es más, los hay que incluso puede emplear el envoltorio de las buenas intenciones para confundir al lector y hacer que se sume a un programa político auténticamente pauperizador para el conjunto de los individuos. Así sucede con la EBC: bien o mal intencionada (irrelevante para el debate de fondo), su programa supone una frontal amenaza para la libertad y la prosperidad de aquellos países que deseen imponérsela a sus ciudadanos. Esto es, justamente, lo que vamos a intentar probar a lo largo de este ensayo.

El esquivo concepto de “bien común”

Ya de entrada el propósito de la EBC es problemático: aspira a conseguir el bien común de todos los ciudadanos. Pero, ¿cómo definimos bien común? Desde luego no es una tarea sencilla. Primero, porque no todos tenemos el mismo concepto de bien: ni todos alcanzamos la felicidad del mismo modo, ni, sobre todo, tenemos una opinión idéntica sobre cómo nos gustaría que se comportaran los demás. Hay personas que valoran más la libertad, otros la igualdad; algunos más el individualismo, otros el comunitarismo; algunos conceden una importancia cardinal al medio ambiente, otros escasa; algunos son muy religiosos, otros ateos; los hay austeros, otros muy manirrotos; los hay largoplacistas, otros muy cortoplacistas; a algunos les gusta el deporte, otros lo detestan; algunos querrían prohibir la telebasura por denigrante y corruptora, a otros les encanta, etc.

Segundo, porque, aun cuando todos tuviéramos una misma opinión sobre cuáles son los valores primordiales, a buen seguro no todos coincidiríamos en su importancia relativa. Por ejemplo, todas las personas de una comunidad podrían llegar a coincidir en que la preservación del medio ambiente y la libertad de expresión son dos valores esenciales. Pero, ¿coincidirán todos ellos en su importancia relativa? Un ecologista radical, por ejemplo, podría oponerse a la poda de un árbol aun cuando tuviera el propósito de extraer el papel con el que confeccionar una tirada de periódicos, mientras que otra persona puede anteponer la edición del rotativo a la poda del árbol. Dado que la Economía se ocupa de estudiar el uso de recursos escasos entre fines competitivos, esta no homogeneidad de la definición de bien como consecuencia de la distinta importancia relativa de los valores adquiere una relevancia básica: ¿puede haber una Economía basada en un indeterminado bien común?

No, en realidad, cuando se habla de EBC se está hablando del bien “según la mayoría”. Es decir, que un conjunto mayoritario de personas imponga al resto su visión particular del “bien común”. Pero, en tal caso, subordinamos la idea de bien de la minoría a los deseos de la mayoría: lejos de alcanzar un bien universal común, nos quedamos con que la mayoría instrumentaliza a la minoría para alcanzar aquellos fines que considera “buenos” o “superiores”.

Los habrá que consideren que este resultado es inevitable, que en todo orden social algunos fines se han de imponer sobre todos y que, por tanto, lo lógico es que sea la mayoría la que medre sobre la minoría. Empero hay otra posibilidad: ¿qué sucedería si definiéramos el bien común como un marco normativo muy general donde todo el mundo tuviera la posibilidad de tratar de satisfacer sus fines en cooperación de los demás? El bien común, lejos de imponer a todo el mundo unos objetivos precisos y particulares, sería el conjunto de condiciones que permitirían que los fines particulares emergieran, interactuaran, se complementaran y colaboraran entre sí: no se trata de que nos den a todos el menú de objetivos vitales inflexiblemente tasado, sino que nos permitan ir creándolo y descubriéndolo por nuestra cuenta y con la ayuda voluntaria de los demás (nada de esto supone asumir que el ser humano siempre sabe lo que le conviene en tanto es completamente racional; basta con admitir que necesita ir probando y equivocándose para aprender a tratar de ser feliz). En este sentido, el Nobel Friedrich Hayek distinguía entre dos tipos de órdenes sociales: los nomocráticos (donde la sociedad como sociedad carecen de otro fin salvo el de permitir a los distintos individuos y agrupaciones de individuos que persigan pacíficamente los suyos propios) y los teleocráticos (donde la sociedad les imponía ciertos fines vitales al resto de individuos). Los primeros eran las “sociedades abiertas” y los segundos las sociedades despóticas.

El mercado libre es un ejemplo paradigmático de orden nomocrático: todos pueden intentar alcanzar sus fines cooperando con el resto de individuos de manera voluntaria. La Economía del Bien Común, por el contrario, sería una organización teleocrática: la mayoría le impondría a la minoría por la fuerza los fines hacia los que debería dirigirse. Querría pensar que resulta evidente por qué los órdenes nomocráticos son mucho más respetuosos con el “bien común” que unas organizaciones teleocráticas que lo subvierten en aras de un mal entendido y peor definido “bien de la mayoría”. Sin embargo, atendiendo a la descripción que realiza Felber de la naturaleza y del funcionamiento de los mercados libres, uno puede llegar a entender por qué la gente que haya leído el libro los deteste como si de una plaga bíblica se trataran, por mucho que en realidad sean órdenes nomocráticos.

La Economía del Bien Común no entiende el libre mercado

Felber describe la economía de libre mercado como “un sistema con normas que potencian la búsqueda de beneficios y la competencia. Estas pautas incentivan el egoísmo, la codicia, la avaricia, la envidia, la falta de consideración y de responsabilidad”. A su juicio, el punto de partida de toda economía de mercado es la mano invisible de Adam Smith: la idea equivocada de que partiendo el egoísmo individual alcanzaremos el bien común. Así, según Felber, “si las personas persiguen su propio beneficio como única meta y actúan las unas contra las otras, aprenden a ser más astutas que los demás y creer que ésta es la forma correcta y normal de actuar”; el propósito, pues, pasa a ser el de abusar de los demás para alcanzar nuestros fines personales: “en el libre mercado es legal y usual que instrumentalicemos a los demás y con ello vulneremos su dignidad. No es nuestra meta preservar su dignidad. Nuestra meta es lograr el provecho propio”.

Este abuso de unos sobre otros es perfectamente factible porque las personas partimos de situaciones de desigualdad que los más poderosos aprovechan en su propio beneficio. Por ejemplo: “la media de los empleadores puede más fácilmente que la media de los trabajadores retroceder ante un contrato de trabajo para fijar sus términos” o “la media de las gestoras inmobiliarias puede más fácilmente que la media de los inquilinos tomar distancia antes de firmar el contrato de arrendamiento y con ello establecer los requisitos de éste”. Pero la competencia feroz no sólo termina perjudicado a los más débiles, sino también a los más fuertes: el mayor activo de una sociedad no es la competencia, sino la confianza y la competencia salvaje que busca machacar al prójimo en provecho propio socava esa confianza. La competencia no es en absoluto necesaria, porque está demostrado que no es el principal elemento motivador de las acciones de las personas: “Los mejores rendimientos no se llevan a cabo por la existencia de un competidor, sino porque la gente se fascina por algo concreto, se llena de energía, colma sus esperanzas en realizarlo y se entrega por la causa. No necesita competencia”.

La competencia desalmada del mercado termina, en consecuencia, degenerando en resultados sociales indeseables como la concentración de poder (en forma de “corporaciones gigantescas”), la asociación empresarial en forma de cárteles, asignaciones de precios ineficaces (la gestión de un hedge fund se remunera mucho más que el cuidado de los hijos o la jardinería), desigualdad de ingresos, hambrunas que conviven con la opulencia, destrucción ecológica, obsesión por la acumulación de bienes materiales frente a otros objetivos como el tiempo libre, corrupción moral donde quienes medran son los más egoístas y asociales y perversión de la democracia para maximizar los beneficios. Motivos que supuestamente demuestran el carácter antisocial del capitalismo y la necesidad de reemplazarlo por la EBC.

La exposición de Felber demuestra, no obstante, un hondo desconocimiento de cómo funciona una economía de libre mercado. De hecho, una de las trampas que subrepticiamente desliza a lo largo de su texto es asumir que el paradigma de economía de libre mercado es la muy intervenida y distorsionada economía actual, donde en efecto hay algunos elementos propios de un capitalismo liberal, pero muchos otros que no: altísima presión fiscal, peso desproporcionado del Estado, regulaciones omnipresentes, rescates de empresas quebradas, privilegios a grupos de presión, etc. El propio Felber, por ejemplo, señala que su EBC se inserta dentro del libre mercado, pero obviamente ello no lo convierte en un sistema económico liberal: tampoco al estatismo corporativista que hemos vivido en las últimas décadas.

Aclarado esto, podemos empezar a desmentir los diversos errores de Felber. Los dos pilares sobre los que asienta Felber el libre mercado son el egoísmo individualista y la competencia feroz entre las personas: dado que tengo que satisfacer sólo mis fines, he de competir y prevalecer sobre los demás aun a costa de que ellos se vean frustrados y perjudicados. Nada de esto es cierto.

En cuanto al egoísmo, ya hemos explicado más arriba que los valores (morales y económicos) de cada persona no sólo son distintos, sino que su importancia relativa también lo es. No todos logramos la felicidad del mismo modo ni nos autorrealizamos de igual manera, motivo por el cual hemos de ser capaces de perseguir en cada momento los fines que consideramos más importantes. Pero estos fines no tienen ni mucho menos por qué ser “egoístas”, esto es, el beneficiario de nuestras acciones no tiene que ser uno mismo: pueden ser nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestro vecindario, nuestra comunidad, nuestro país, el arte, el medio ambiente, los pobres, etc. Los motivos que autorrealizan a una persona pueden ser todos ellos y el libre mercado no es incompatible con ninguno de los anteriores. Ahora bien, precisamente porque los recursos son escasos, es preciso economizarlos: no todas las acciones, por altruistas que sean, se pueden llegar a acometer. Si yo destino mi tiempo a ayudar a los pobres, no puedo destinar ese mismo tiempo a replantar bosques o a ver el televisor. Hay que priorizar (elegir unos fines y rechazar otros) incluso a la hora de no centrar mi vida en satisfacer mis muy individuales necesidades.

Y si en el terreno de los “fines”, el libre mercado no va necesariamente enfocado a satisfacer las egoístas necesidades personales (aunque ciertamente podría hacerlo), en el de los “medios” desde luego no gira todo en torno a la competencia salvaje. Es verdad que muchas veces solemos explicar el libre mercado como un sistema económico basado en la libre competencia, pero esto sólo es cierto de manera muy parcial y matizada. Un mercado libre es un sistema asentado sobre la división del trabajo, y es evidente que toda división del trabajo tiene un componente esencialmente cooperativo: yo me especializo en producir zapatos, tú en producir ordenadores, de modo que terminaremos intercambiando zapatos por ordenadores en beneficio mutuo. El ser humano es un ser hipersocial: salvo excepciones muy contadas, sería incapaz de vivir aislado del resto de la sociedad. También en economía: un sistema económico es una red de contratos e intercambios, esto es, una red de cooperación voluntaria y pacífica. El empresario tiene una serie de proveedores, distribuidores, trabajadores, accionistas y clientes, todos los cuales cooperan entre sí para que la empresa salga adelante. Sin cooperación no habría división del trabajo y no habría capitalismo. Por consiguiente, reducir el capitalismo a la competencia salvaje es profundamente equivocado: en cualquier economía de mercado, las relaciones de cooperación y complementariedad son muchísimo más abundantes que las de competencia. De hecho, cualquier persona en una economía de mercado sólo es capaz de satisfacer la inmensa mayoría de sus fines si previamente genera riqueza para los demás (contribuye a satisfacer los fines de los demás): antes de obtener cualquier renta, tenemos que contribuir a fabricar bienes y servicios no para nosotros, sino para los consumidores (para el resto de la gente). Pura cooperación social.

Por eso, además, la reflexión que hace Felber sobre la imposibilidad de que el egoísmo individual conduzca al bien común está equivocada. Como decíamos, el egoísmo no tiene por qué ser la motivación principal de los individuos, pero podría serlo. De hecho, está claro que una parte de nuestra naturaleza es egoísta (aunque sólo sea para sobrevivir: yo tengo que comer, yo tengo que protegerme del frío…). Por tanto, lo ideal es disponer de un sistema donde, incluso cuando la gente se comporte de manera egoísta, contribuya a ayudar a los demás fabricando los bienes que ellos necesitan. La configuración cooperativa del capitalismo hace que sea inherentemente altruista (incluso cuando la gente sólo persigue su provecho personal, sólo puede alcanzarlo satisfaciendo las necesidades ajenas): por supuesto, el sistema puede ser todavía más altruista si así lo desean las personas, pero por defecto lo es en un grado muy considerable como consecuencia de la cooperación social a gran escala en la que se basa.

Pero, en efecto, dentro de un mercado libre también existe competencia y lo cierto es que juega un papel fundamental. Precisamente porque en un mercado libre todo el mundo se coordina entre sí para producir para los demás, existe una incertidumbre gigantesca acerca de dos cuestiones: qué hemos de producir y cómo lo hemos de producir. Recordemos que los fines de todas las personas ni son idénticos ni se priorizan del mismo modo, de ahí que sea tremendamente incierto qué bienes hemos de producir en cada momento del tiempo y qué medios empleamos para ello: utilizar los recursos de un modo implica no utilizarlos de otro, por lo que unas personas tendrán que renunciar a algunos de sus fines para que otras satisfagan los suyos. Como el mercado libre es un sistema cooperativo, el mecanismo de asignación de quién puede satisfacer qué fines es el siguiente: quien contribuye a satisfacer muchos fines de muchas otras personas (quien aporta mucho al grupo) puede satisfacer muchos fines suyos (puede retirar mucho del grupo). De nuevo, esto no presupone que quien retire mucho del grupo vaya a gastarlo para sí mismo, pues bien puede regalarles a los demás (donaciones), la riqueza que le corresponde, simplemente es una regla equitativa de que “quien da más, recibe más”.

Ahora bien, ¿cómo discriminamos quién aporta más o menos al grupo cuando, ahora mismo, somos 7.000 millones de personas? Es complicado, sí, pero existe un mecanismo muy eficaz: el sistema de precios. Si yo me lanzo a crear una empresa y a producir un bien que los demás escojan comprar voluntariamente, seré capaz de venderlo a un determinado precio, obteniendo unos ciertos ingresos en función de la cantidad vendida. Con esos ingresos, he de cubrir mis costes, esto es, los precios que me exigen todos aquellos (trabajadores, proveedores, etc.) que colaboran voluntariamente conmigo en mi plan empresarial. Si los ingresos cubren los gastos (si tengo beneficios) eso significa una cosa: el bien fabricado es más importante para los consumidores que los otros usos alternativos que se hubiese podido dar a los factores productivos implicados en mi empresa. Por tanto, desde un punto de vista social (del bien común) hemos hecho lo correcto: los fines que los bienes fabricados permiten lograr son tan importantes para los consumidores que cubren (vía remuneraciones) los fines alternativos que habrían podido perseguir los factores productivos de no estar implicados en su producción.

Ahora bien, y aquí es donde entra el rol esencial de la competencia, ¿cómo sabemos que no sería mejor producir otras cosas? ¿O cómo sabemos que no podemos producir las mismas cosas de una manera más acertada (por ejemplo, implicando a un menor número de personas que, gracias a ello, pueden dedicarse a producir otros bienes)? Simplemente no lo sabemos: el mercado es un proceso continuo de prueba y error para descubrir los cursos de acción colectivos más adecuados. Y para ello nos hace falta la competencia: necesitamos que cualquier persona, si logra convencer a suficientes otras personas, pueda montar una empresa que pueda ofrecer al mercado un producto que los consumidores valoren más que los otros que hasta ese momento se les ofrecían. De esa manera, los distintos modelos de negocio (potencialmente infinitos) se comparan los unos con los otros, permaneciendo aquellos que el resto de la gente considere mejores.

Cuando un empresario compite por maximizar sus beneficios, simplemente está persiguiendo satisfacer las necesidades del mayor número de personas haciendo uso de los menores recursos posibles (para que queden disponibles un mayor número de ellos en otras finalidades). Por consiguiente, en sí misma la competencia por maximizar los beneficios no es problemática; otra cosa es que no toda maximización de beneficios sea positiva: robar o defraudar puede maximizar los beneficios de ciertas personas a costa de otras. Pero el robo o el fraude no son algo que el liberalismo vea con buenos ojos, sino su misma negación: un ataque a la propiedad privada y los contratos; de ahí que deban ser combatidos por los tribunales. Con esas salvedades, maximizar los beneficios es algo totalmente necesario para que esa gigantesca división cooperativa del trabajo que implica a miles de millones de personas dé sus frutos.

Dicho de otra manera, la competencia no es imprescindible, como cree Felber, por ser un elemento “motivador”, sino como un mecanismo que nos permita seleccionar dinámica y descentralizadamente a qué proyectos productivos debe orientarse esa enorme división del trabajo que suponen 7.000 millones de personas. No es una herramienta para chutarnos de entusiasmo, sino para vencer nuestra ignorancia sobre qué y cómo debe comportarse esa división del trabajo.

Los problemas que Felber asocia con el capitalismo son, en realidad, fruto de la intervención del Estado en el capitalismo para alterar los resultados que pacíficamente las personas habían escogido: la limitación de la competencia sólo es posible si el Estado prohíbe (o dificulta enormemente) que se creen nuevas empresas en un determinado sector para proteger y privilegiar a las ya existentes, las hambrunas son el resultado de la falta de capitalismo y globalización en los países pobres (ninguno de ellos ha tenido sistemas de protección de la propiedad privada y de los contratos y, de hecho, cuando han comenzado tímidamente a tenerlos, han empezado a crecer, a generar riqueza y a abandonar las hambrunas), la destrucción ecológica es consecuencia de la insuficiente asignación de derechos de propiedad sobre el entorno (contaminamos aquellos que “es de todos” y por tanto donde el coste se diluye entre la colectividad: es lo que se conoce como tragedia de los comunes), la acumulación de bienes materiales no es un resultado necesario del capitalismo pues es perfectamente legítimo que la gente prefiera trabajar menos (más tiempo libre) a costa de consumir menos (de hecho, el capitalismo no se basa en el consumismo, sino en el ahorro y la austeridad) y la democracia sólo se pervierte cuando el Estado posee tanto poder de discreción sobre la economía, que los lobbies pasan a organizarse para obtener regulaciones a su favor y en contra de la competencia.

Las otras dos lacras que Felber asocia con el capitalismo en realidad no son tales. Por un lado, que un gestor de un hedge fund cobre muchísimo más que un jardinero es algo perfectamente razonable, pues el gestor del hedge fund es el encargado de distribuir a lo largo de la economía millones y millones de euros, financiando ciertos proyectos empresariales y dejando de financiar otros. Si acierta, su contribución a la creación de riqueza de muchísima gente es enorme; si fracasa, el daño que genera es también monumental (lo que debería concluir en su despido… a menos que el Estado lo rescate); la contribución del jardinero podrá ser relativamente importante pero sólo para aquella persona cuyo jardín es adecentado (o cuyos hijos son cuidados, en el caso de una niñera) y no para millares o millones de personas. No es en absoluto comparable. Por otro, la desigualdad ni es algo inherente al capitalismo (la gente puede voluntariamente donar su dinero a los más desfavorecidos, no es necesario ningún Estado que lo imponga) ni, sobre todo, tiene por qué tener efectos tan devastadores como se le suponen: Singapur, por ejemplo, es más desigual que España, pero todos los estratos de renta son más altos que aquí.

En suma, Felber realiza una descripción muy equivocada del libre mercado: ni va necesariamente asociado con el egoísmo, ni se basa exclusivamente en la competencia, ni la competencia tiene como propósito motivar al personal, ni los perjuicios que se le imputan son tales. De hecho, el capitalismo podría ser un buen marco nomocrático donde un grupo de personas tratara de promover muchas de las metas de la EBC, como preservar el medio ambiente o luchar contra la desigualdad. Tan sólo deberían asociarse voluntaria y pacíficamente para solicitar tiempo y recursos al resto de personas: ni siquiera necesitarían convencer a la mayoría de individuos para promoverlos, pues con que varios miles les apoyaran, ya obtendrían financiación (voluntariamente donada por parte de personas altruistas) para lograr esos objetivos.

Sin embargo, la EBC no se basa en la persuasión y la voluntaria cooperación de los implicados para alcanzar fines que todos ellos compartan. No, como a continuación veremos, Felber impulsa una agenda de reformas dirigida a recortar violentamente las libertades del resto de seres humanos. El propio Felber admite que la EBC no se puede implementar apelando a la “motivación intrínseca”, hace falta la coacción del Estado:

Sin lugar a dudas [sería preferible que la economía del bien común se basara en la motivación intrínseca]. Pero eso sólo puede ser un objetivo a largo plazo. En primer lugar, son todavía muy pocas las personas motivadas principalmente de manera intrínseca; han aprendido a seguir incentivos y objetivos externos. Y relacionado con esto, el segundo y más importante motivo: si dejáramos a día de hoy a las empresas decidir libremente cómo se comportan, es cierto que algunas elegirían la orientación del bien común, pero otras no, porque muchos de nosotros hemos interiorizado valores asociales como el egoísmo y el comportamiento competitivo, y los viviríamos. Y estos otros se impondrían, porque en la dinámica del sistema actual la empresa con el mayor beneficio económico gana a la competencia. Es decir, se tendría que suprimir el actualmente válido marco legal para la economía. ¿Ha llegado el momento para esto? Como ya dijo Aristóteles: <<Si en la Tierra dominase el amor, todas las leyes serían innecesarias>>. Esa perspectiva sigue siendo válida. Dado que nosotros como humanidad estamos tan lejos, se necesitan normas obligatorias.

Por tanto, hasta que desde el Estado se “construya un hombre nuevo”, será necesario reprimir a los “hombres viejos” para que se comporten rectamente. Y así entramos en la alternativa al mal descrito capitalismo: la Economía del Bien Común.

La Economía del Bien Común en funcionamiento

La idea fundamental de la Economía del Bien Común es que, bajo el capitalismo, el beneficio monetario no sólo se ha convertido en un objetivo en sí mismo (en lugar de en un medio para alcanzar el bien común) sino que, aun cuando tuviera un carácter meramente instrumental, sería necesario redefinir el beneficio para que verdaderamente permitiera alcanzar el bien común: “el beneficio de una empresa sólo ofrece información de cómo se sirve a sí misma, pero no de cómo sirve a la sociedad”. Es aquí cuando Felber introduce la idea de un “balance del bien común”, que no sólo mida los beneficios monetarios sino también si una empresa crea o destruye empleo, la calidad de sus puestos de trabajo, las formas justas o injustas de reparto de sus beneficios, el trato igualitario entre hombres y mujeres o el cuidado del medio ambiente: “deberíamos medir directamente en las empresas aquello que anhelamos en vez de desviarnos a través del beneficio financiero que dice realmente muy poco de la auténtica finalidad”.

Muchos de estos objetivos tienen una naturaleza marcadamente abstracta y son difíciles de medir, pero Felber propone echar mano, por ejemplo, de los indicadores sobre Responsabilidad Social Corporativa que ya existen. Además, una sociedad democrática orientada al bien común tendería a ir mejorándolos y volviéndolos más precisos “de la misma manera que los instrumentos de medición física son cada vez más precisos porque desde hace tiempo hay suficientes personas que trabajan meticulosamente en mejorarlos”. Los criterios y valores que debería incluir este balance del bien común son potencialmente muy diversos. Felber propone la gestión ética de los suministro, la gestión ética de las finanzas, la calidad del pues de trabajo y el reparto justo del volumen de trabajo, la venta ética, la solidaridad con los copropietarios, los efectos sociales de la comercialización de un determinado producto y su aportación al bien común, el no quebrantamiento de las normas de la OIT o no recurrir a OPAs hostiles sobre otras empresas. Sin embargo, los elementos concretos que en cada circunstancia social conformen el “bien común” deberán ser debatidos y aprobados en asambleas democráticas: “El balance del bien común se puede actualizar y ajustar en cualquier momento. La soberanía siempre lo empezará y acabará”.

Ahora bien, no hay que pensar que el balance del bien común es una especie de balance financiero pero interiorizando el “valor social” de los elementos anteriores. El propósito del balance es obtener una puntuación entre 0 (máximo incumplimiento y máxima falta de respeto a los valores del bien común) y 1.000 (máximo cumplimiento). A cada escala de puntuaciones se le asignará un color (de 0 a 200 el rojo; de 201 a 400, el naranja; de 401 a 600, el amarillo; de 601 a 800, el verde claro; y de 801 a 1.000, el verde) que permita a los consumidores y a las administraciones discriminar entre las empresas cumplidoras y las  incumplidoras. Además, si una empresa se relaciona con otra que posea una alta nota en ese ránking, su puntuación también mejorará. Nótese especialmente la inclusión de las administraciones públicas entre las entidades que deben tener en cuenta ese balance, porque “cuantos más puntos del bien común consiga una empresa, de más ventajas legales debe disfrutar” (entre ellas: reducción del IVA de sus productos, menores aranceles, créditos bancarios más laxos o ayudas directas).

Felber obviamente es consciente de que tales balances podrían ser manipulados por las empresas para obtener un lucro ilegítimo, de ahí que proponga un sistema de auditorías muy parecido al que existe actualmente para controlar las cuentas financieras de las empresas: los auditores del bien común se dedicarían a verificar que las cuentas de las compañías no han sido falseadas y que, por tanto, tienen un derecho legítimo a beneficiarse de los favores de los consumidores y del Estado.

Una vez establecido cuál es el balance del bien común de cada empresa queda, sin embargo, una cuestión por resolver: ¿qué hacemos con los beneficios financieros? Recordemos que el balance del bien común no suprime los sistemas de contabilidad tradicionales, sino que “los complementa”. El beneficio monetario deja de ser el único criterio de actuación de una empresa y pasa a estar subordinado al balance del bien común (de hecho, una empresa puede experimentar pérdidas monetarias pero obtener una muy elevada puntuación en el balance del bien común, lo que debería llevar al Estado a cubrir esas pérdidas mediante ayudas). Se extingue así lo que Felber llama ‘la obligación del crecimiento’: “Esta obligación era el resultado de la combinación de medir el éxito mediante indicadores monetarios (orientación al beneficio financiero) y la competencia. Si estoy en competencia con otras empresas, tengo obligatoriamente que conseguir un mayor beneficio financiero que ellas porque si no mi calificación de crédito empeora, se encarece mi financiación o directamente mi empresa es absorbida (…) El crecimiento es inmanente al sistema, ya que éste está programado para perseguir el beneficio y la competencia”.

La EBC supone “desprogramar” al sistema de la búsqueda de beneficios financieros, pero aun así los beneficios podrían seguir apareciendo (no se buscan, pero tampoco se busca no obtenerlos). ¿Qué hacer en ese caso con ellos? Felber propone permitir algunos usos de los beneficios y prohibir otros. En concreto:

• Usos permitidos
  • Inversiones: Los beneficios pueden reinvertirse dentro de la empresa, pero de nuevo no todas las inversiones son lícitas. Invertir en energías renovables es una buena idea; “talar selvas, establecer granjas masivas de animales, fabricar todoterrenos de veinte litros de consumo”, no. Sólo deben fabricarse aquellos bienes con “valor social y ecológico añadido”; un valor que debería ser determinado por la comunidad democrática de ciudadanos.
  • Aumentar las reservas del capital propio: Amortizar deuda con los bancos.
  • Reparto de los beneficios entre los colaboradores: Parte de los beneficios se pueden repartir entre los que han estado trabajando en la empresa (no a los capitalistas), pero en la EBC ha de haber salarios máximos para evitar las desigualdades, de modo que no podrá repartirse más que ese monto.
  • Préstamos a otras empresas: Se pueden extender préstamos a otras compañías para “ayudarlas”, pero sin cobrarles intereses.
• Usos no permitidos
  • Reparto de los beneficios entre los propietarios que no trabajan en la empresa: Felber propone erradicar la figura de los rentistas. Sólo están legitimados a percibir rentas de la empresa aquellas personas que trabajen en ella (ya sean trabajadores o directivos), pero no quienes se han limitado a aportar capital para que pueda iniciar y desarrollar sus actividades. El pago de dividendos, por tanto, queda prohibido en la EBC.
  • Adquisición y fusión de empresas: Los beneficios no se pueden emplear para adquirir empresas en contra de su voluntad (OPAs hostiles). Según Felber, “si las empresas ya no están orientadas al beneficio, se pierde casi por sí sola la orientación al crecimiento como finalidad”. Como las empresas ya no se obsesionan con crecer para lograr el crecimiento, cada una de ellas podrá aspirar a lograr su “tamaño óptimo”, que Felber por supuesto no define.
  • Inversiones financieras: Los beneficios no pueden destinarse ni a adquirir empresas ajenas ni a prestarles dinero a interés. “Las empresas deben obtener sus ingresos solamente a través de los productos que fabrican o de los servicios que prestan, no a través de operación financiera. Un peluquero está ahí para cortar el pelo o aplicar un tratamiento facial, no para hacer más y más dinero”.
  • Donaciones a partidos políticos: Sólo las personas físicas deben poder financiar a los partidos políticos, no las empresas.

Desprogramado el sistema de la obsesiva búsqueda de beneficios a costa de la competencia y de los trabajadores, queda compañía podrá ofrecer un trato más armónico y cooperativo al resto de empresas y de trabajadores.

Por un lado, entre las empresas se tenderá a establecer una “cooperación estructural”: “Cuanto más se abran paso las empresas a codazos, cuanto más agresivas se comporten frente a las demás, más empeorarán sus balances del bien común y se incrementará el riesgo de que quiebren. Por el contrario, cuanto más cooperen y se ayuden unas a otras, mejores serán sus estados en el balance del bien común y más real será la posibilidad de que sobrevivan. En cualquier caso, no a costa de los demás, sino con su colaboración. Del actual sistema ganar-perder, pasamos a uno en el que ganan todos”. Esa cooperación estructural se plasmaría en compartir conocimientos, traspasar pedidos, ceder mano de obra u ofreciendo préstamos sin intereses, y en evitar el dumping o las absorciones involuntarias.

Además, tanto por la asistencia mutua cuanto por las ventajas que de ella se derivan para el balance del bien común, “en comparación con la economía capitalista competitiva, la quiebra es improbable en la economía del bien común”. Si, por ejemplo, se produce una crisis en un determinado sector (sector de las máquinas de escribir con la invención de los ordenadores) “todas las empresas de un sector afectado preparadas para cooperar podrían convocar un comité de crisis o de cooperación para discutir conjuntamente” sobre diversas cuestiones (reducir entre todas los horarios comerciales, recortar los puestos de trabajo y organizar cursos de formación ocupacional, cerrar áreas del negocio y buscar ocupación para los afectados, fusionar voluntariamente varios negocios afectados siempre que el resultante no sea muy grande o reorientar hacia nuevos sectores los negocios afectados). Además, el “parlamento económico local” también podría implicarse en esta cuestión. En todo caso, las empresas que se disolvieran no serían las que contaran con un peor balance financiero, sino con un peor balance del bien común.

Por otro, los trabajadores también saldrían, según Felber, enormemente beneficiados de la EBC. Primero porque se convertirían en los únicos socios de la empresa, repartiéndose los beneficios financieros que se obtengan. Pero este reparto, como sabemos, no sería ilimitado, pues en la EBC existirían salarios mínimos y máximos que limitaran la desigualdad: el salario mínimo podría fijarse, orientativamente, en 1.250 euros mensuales y el máximo sería un múltiplo de este (por ejemplo, diez veces más). Además, el pleno empleo estaría asegurado porque, aunque siempre habrá algunas quiebras dentro de la economía, se obligará a cada trabajador a tomarse un año sabático por década: “[De este modo] se liberaría alrededor del 10% de puestos del mercado laboral. Sólo con esta medida se resolvería la cuestión del paro en la Unión Europea; los que estén haciendo una pausa, estarían de año sabático. Durante este año sabático percibirían el salario mínimo legal o bien un sueldo fijado de manera democrática”. Ahora bien, si circunstancialmente hubiese personas desempleadas y sin renta, debería entregárseles unos “ingresos solidarios de emergencia” que podrían equivaler a dos tercios del salario mínimo.

Con todo ello (salarios dignos y pleno empleo), Felber considera que las pensiones públicas serían completamente seguras. En su opinión, si los sistemas públicos de pensiones tienen problemas es por los intereses espurios de bancos y aseguradoras por apropiarse de ellos: “Desde hace un siglo, la población envejece rápidamente. Y eso no ha sido un problema financiero para las pensiones hasta que el mercado asegurador privado ha instaurado la mayor patraña posible a nivel internacional para sacar provecho. En la EBC ya no van a existir bancos ni aseguradoras enfocadas al  beneficio, el sistema financiero se va a convertir en un bien público. Las pensiones, y por ende su reparto, no van a ser por ello menos seguros”.

Hasta aquí el funcionamiento ordinario de la EBC según Felber: de lo que se trata, en el fondo, es de que los beneficios financieros logrados en un entorno de voraz competencia no sean un fin en sí mismo sino un medio para alcanzar el bien común. En el epígrafe anterior ya tuvimos ocasión de explicar que los beneficios financieros logrados de manera voluntaria en un entorno de libre y no privilegiada competencia sólo eran un indicio de que el valor de los bienes que una empresa estaba creando era superior al de los bienes alternativos que hubiese podido crear: como cualquier mente humana es incapaz de, primero, conocer y, luego, comparar las muy diversas y cambiantes valoraciones que efectúan los miles de millones de personas con las que, en última instancia, está cooperando en el mercado, se utilizan parámetros más sencillos que sí puedan monitorizarse y que indiquen que la pacífica cooperación social está siendo mutuamente beneficiosa para todos los que participan en ella: los beneficios financieros.

Por consiguiente, es falso que los beneficios financieros se hayan convertido en un fin en sí mismo: el fin sigue siendo cooperar pacífica y provechosamente en un contexto amplísimo de división del trabajo. Lo que sucede es que, como esa cooperación con miles de millones de personas de todo el planeta se vuelve necesariamente impersonal (no cooperamos con nuestro vecino, sino con personas de todo el globo a las que no conocemos), la única forma de averiguar si todos estamos saliendo ganando en cada momento (si cada unidad empresarial acierta o yerra) son los beneficios. La demonización que Felber efectúa de los beneficios financieros se aprovecha, sin embargo, de dos puntos que sí tienen una cierta razón de ser: primero, los beneficios no son buenos indicadores del bien común si no internalizan los costes implicados en su obtención; segundo, los beneficios obtenidos por medios violentos, tampoco son un buen indicador del bien común.

En cuanto a la internalización de costes, dado que los beneficios proceden de comparar la utilidad de los bienes fabricados (ingresos) con la utilidad de los bienes no fabricados (costes de oportunidad plasmados en costes monetarios), si algunos costes no se integran en el cálculo de los beneficios, la cifra estará sesgada al alza. Por ejemplo, si produzco aceite robando las aceitunas, obviamente mis beneficios serán mayores de lo que realmente son. Por tanto, en la medida de lo posible todos los costes de oportunidad deberían internalizarse para que los beneficios sean un buen indicador de creación de “bien común”. Todo eso es cierto, pero Felber se aprovecha de ello para caricaturizarlo impropiamente; así, el austriaco alega que existen costes sociales ocultos que no se incorporan al proceso productivo y que es preciso tener en cuenta: desigualdad de trato hombres-mujeres, calidad del puesto de trabajo o remuneraciones justas.

Y aquí ya nos topamos con una primera trampa: a los costes hay que darles una valoración y la valoración sólo puede ofrecerla el damnificado por el coste. Como decíamos al comienzo, no todos los bienes o valores tienen para todos la misma importancia, de manera que si queremos alcanzar un auténtico bien común que no sea sólo un “bien mayoritario” impuesto coactivamente sobre una minoría será menester que cada cual pueda expresar descentralizadamente sus preferencias. O dicho de otra manera, la manera de internalizar los costes es a través de contratos y de derechos de propiedad sobre bienes individuales o comunales: por ejemplo, si un hombre se siente discriminado en su puesto de trabajo y eso le genera malestar, tenderá a exigir en ese puesto un salario superior al que percibiría en otro puesto de trabajo donde no le discriminaran. Si, en cambio, la ley prohíbe que un hombre exija un salario distinto por ocupaciones aparentemente análogas, la ley impedirá internalizar los costes. Ergo, donde existe propiedad y contratos bien definidos, el mercado ya tiende a internalizar los costes reflejados en los beneficios financieros; el problema surge en los ámbitos en los que esa propiedad no está bien definida (tragedia de los comunes sobre, por ejemplo, el medio ambiente). El camino a que los beneficios financieros sean un mejor parámetro del bien común pasa, pues, por extender la propiedad privada y la posibilidad de perfilar los contratos libres: por más mercados libres y más capitalismo.

Vinculado con esto, nos topamos con la otra trampa de Felber: dar a entender que, como los beneficios son tan relevantes bajo el capitalismo, cualquier medio utilizado para acceder a ellos es válido. No lo es precisamente por lo anterior: sólo cuando los beneficios se obtienen voluntaria y pacíficamente, los beneficios serán un buen indicador de una cooperación social mutuamente beneficiosa. Si mis beneficios se derivan de externalizar coactivamente mis costes sobre un tercero, es evidente que esos beneficios no reflejan las bondades de la cooperación social: unos ganan, otros pierden. Casualmente, por cierto, esta externalización coactiva de costes es a lo que se dedica el Estado.

Y, de nuevo, no olvidemos que la obtención de beneficios financieros no es necesariamente un fin en sí mismo: los beneficios sólo reflejan que la cooperación social en el ámbito de la producción y distribución inicial de los bienes ha sido de provecho para todas las partes. Pero ello no quita que pueda haber una distribución secundaria que, para que siga siendo mutuamente beneficiosa para todos, tendrá que seguir siendo voluntaria (quien ha generado mucha riqueza, es libre de redistribuirla como mejor conveniente crea).

El austriaco, sin embargo, pretende que la internalización de costes se haga mediante la creación del “balance del bien común”, esto es, pretende que la mayoría acuerde ciertos “valores sociales” objetivos que se impongan a todos a través de una escala de colores que refleje el grado de cumplimiento o incumplimiento. De entrada, su propuesta se topa con el problema expuesto al principio: no existen jerarquías de valores uniformes para todos los individuos.

Felber no es en absoluto consciente de este problema, pues se limita a explicarnos que ya existen indicadores privados que miden razonablemente bien el grado de cumplimiento de esos objetivos abstractos. Pero medir con precisión si, por ejemplo, el medio ambiente sale perjudicado de una actividad no es lo mismo que valorar ese perjuicio: ¿qué importancia relativa tiene frente al resto de valores? Lo más sencillo es aseverar que tiene una importancia “absoluta”, pero es evidente que no es así: por ejemplo, ¿habría que prohibir cualquier producción de alimentos que genere algún daño al medio ambiente? Parece claro que no, pues no morir de hambre parece más importante que ahorrarle algún daño a Gaia. Pues lo mismo sucede con todos los demás, sobre todo cuando se pretende que una asamblea dictamine la escala social de valores.

El asamblearismo tiene muchísimas dificultades: el incentivo para informarse es muy bajo (la influencia marginal del voto es nula pero el coste de captar la información es muy alto), los votantes son susceptibles de ser manipulados por ideologías que atenten incluso contra el bien común (precisamente por el bajo incentivo a informarse con criterio propio) o los votantes suelen tomar decisiones sobre la vida de los demás con sesgos de partida. Pero un gran problema específico para el asunto tratado es que el votante no vincula la decisión tomada y los costes a corto, medio y largo plazo que esa decisión implica: una persona puede votar, por ejemplo, por elevar el salario mínimo a 4.000 euros mensuales, sin ser consciente de que, tal vez, ello suponga que él se quedara desempleado (o que otros lo harán, siéndole irrelevante); o puede votar por que todas las fuentes de electricidad sean renovables, sin estar realmente dispuesto a asumir un precio más alto de la electricidad y un peor servicio (intermitencia); o puede forzar que todos los coches sean eléctricos, sin ser consciente del enorme encarecimiento que experimentaría la cesta básica de la compra. En un orden complejo donde todo está interrelacionado, forzar el movimiento de un elemento puede significar la descoordinación de todo el sistema en una dirección no prevista y no deseada. Por tanto, la famosa escala de colores de Felber no sólo no resume adecuadamente ni cuáles son los valores sociales comunes, ni la relación de valor que existe entre ellos, sino que además es una muy mala guía para coordinar a miles de millones de personas.

Ahora bien, esa escala de colores no sería especialmente dañina si se limitara a ser una señal para los consumidores. Si lo único que exigiera Felber fuera que el Estado (o unos auditores privados) emitiera su juicio particular sobre la “responsabilidad social” de cada empresa y éstas lo comunicaran a los consumidores a través de códigos de colores adjuntos a cada producto, estaríamos ante un caro capricho que, no obstante, no socavaría las bases de una sociedad libre y próspera. De hecho, algo parecido se ha implantado con ese trinque público-privado que supone el “certificado de eficiencia energética”.

¿Cuál es el problema? Que si nos limitáramos a esto, los consumidores seguirían teniendo libertad para elegir cuánto valoran relativamente que una empresa sea socialmente responsable o no. Y ya vimos cómo Felber dudaba de que en un comienzo los consumidores eligieran bien (léase, eligieran como él quiere que elijan), ya que han sido contaminados con años de voraz competencia egoísta. No en vano, si hoy esa “responsabilidad social” fuera de verdadero interés para los consumidores, las empresas ya competirían, sin necesidad de regulación alguna, por demostrar que son las que poseen un mejor balance del bien común: obtener un color verde equivaldría a poseer una ventaja competitiva de peso frente al resto. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque los mismos que integrarían esas asambleas que deberían imponer la normativa del “bien común”  pasan del asunto cuando votan diariamente en esa asamblea que es el mercado. Por consiguiente, sólo cuando desde la educación estatal se haya adoctrinado a cada individuo en los principios de la EBC (algo que Felber defiende: “uno de los requisitos más importantes y condición previa para el florecimiento de la EBC es la intervención de nuevos valores, la sensibilización de la conciencia del ser humano incluyendo el propio cuerpo, la práctica de competencias sociales y comunicativas y el aprecio por la naturaleza. Por eso propongo seis contenidos básicos aptos para cualquier curso social y que a mí me parecen todos ellos sin excepción más importantes que las asignaturas que se imparten hoy en día de forma obligatoria”) podrá dejarse que los consumidores sean los únicos que decidan. Mientras tanto, como ya vimos, deberá ser el Estado quien intervenga, premiando a las economías con un buen balance del bien común y castigando a aquellas con un mal balance, por ejemplo mediante transferencias de renta a las que se porten bien y multas a las que no.

Y aquí ya entramos en terreno pantanoso, pues es esa escala de colores la que determina que empresas quiebran y que empresas sobreviven. Una empresa puede tener beneficios financieros y ser condenada a quebrar por la sanción derivada de una puntuación roja; una empresa puede acumular enormes pérdidas financieras pero ser salvada gracias a la subvención derivada de una puntuación verde. Si nos fijamos, es la puntuación “del bien común” la que determina en qué se especializa la economía: podríamos tener una empresa de máquinas de escribir que tratara muy igualitariamente a sus trabajadores y fuera muy respetuosa con el medio ambiente y que, merced a las subvenciones estatales, se mantuviese en funcionamiento de manera indefinida mientras que, en cambio, una empresa minera dedicada a la extracción de cobre que se estuviese hinchando a ganar dinero (por ejemplo, por la alta demanda de cobre derivada de que los chinos cometen el pecado de, oh, querer electrificar sus casas) pero se arruinase por las sanciones de su actividad antiecológica. Este problema es válido aunque no se llegue a estos casos extremos: las altas pérdidas de una compañía de máquinas de escribir indican que hay mejores formas de usar esos recursos en el resto de la economía, y las altas ganancias de la minera muestran que esa es una de las formas más urgentes y valiosas de emplearlo. Si con multas y subvenciones arbitrarias se minoran las pérdidas y los beneficios, lo que sucede es que la transferencia de recursos de un lado a otro, que debería ser plena, se realiza sólo en parte. Se siguen produciendo más máquinas de escribir de las que se debería y menos cobre del que se necesita: es decir, estamos ante una descoordinación que atenta contra el bien común.

Desprogramar a la economía de la búsqueda de los beneficios financieros no significa que las compañías se dedicarán a producir para el bien común, sino que pasarán a producir cualquier cosa; y si los políticos o los lobbies de alguna manera se hacen con el control de los sistemas de supervisión del balance del bien común, se producirá lo que a los políticos y lobbies les interese. Nótese, además, que el paralelismo que traza Felber entre las auditorías del bien común y las actuales auditorías de la contabilidad financiera no es válida: hoy una auditoría podría colaborar en manipular los resultados contables de una empresa, pero sostenidamente será incapaz de hacerlo, porque aunque la empresa se haga trampas al solitario (y mienta a todo el mundo) terminará descapitalizándose y quebrando (los esquemas Ponzi no se mantienen indefinidamente). En cambio, una manipulación del balance del bien común por una auditoría sí permitiría consolidar indefinidamente la situación fraudulenta de una compañía, pues podría vivir de las subvenciones estatales que obtendría por su buena nota. En un mercado libre, el fraude auditor es un equilibrio inestable; en la EBC es un equilibrio totalmente estable.

Pese a todo lo anterior, Felber cree que esta desprogramación de la búsqueda de beneficios permitirá que se establezca una cooperación estructural entre las empresas en lugar de una feroz competencia entre ellas que redunde en mayor beneficio del bien común. Sin embargo, el que subsistan modelos empresariales caducos y que destruyen mayor valor del que crean para los consumidores no contribuye a la mejora del bien común, sino del bienestar de la empresa caduca a costa de los consumidores. No deja de ser curioso que Felber olvide que esa cooperación sectorial estructural para repartirse cuotas de producción, trabajadores y mercados locales es una actitud típica de los cárteles, a los que en otra parte de su libro él mismo ataca. La competencia es, precisamente, lo que evita que los cárteles vivan a costa de los consumidores (desplazando a las empresas que peor satisfacen sus necesidad); y se vive a costa de los consumidores no sólo cuando se busca un ánimo de lucro individualista y egoísta, sino, por ejemplo, cuando la empresa se organiza de un modo tal que sólo les proporciona bienes muy caros en relación con su calidad (sin que otra empresa, que entre de nuevo, pueda disputarle esa posición vendiendo a los consumidores productos más baratos y mejores).

Por ejemplo, supongamos que los beneficios financieros dejan de ser una referencia, pero, en cambio, los trabajadores de una panadería invierten los beneficios internos en construirse un jacuzzi y en pagarse a unos masajeadores diarios que mejoren su calidad de vida, a consecuencia de lo cual el precio de la barra de pan se duplica: desde luego, la calidad del trabajo mejora (y el balance del bien común, también), pero lo hace a costa de perjudicar seriamente la calidad de vida del resto de consumidores. Sin competencia, es difícil que esas prácticas cambien, pues las panaderías proporcionan un bien con una demanda muy inelástica (y, aunque fuera elástica, daría igual, pues los beneficios son irrelevantes y todo lo que cuenta es el balance del bien común).

Tres cuartos de lo mismo sucede con otras ocurrencias de Felber como el “año sabático coactivo” o el salario mínimo de 1.250 euros mensuales: por muy bien que puedan sonar en abstracto, al final son formas de cargarse patrones productivos sostenibles y de destruir la cooperación social pacífica, voluntaria y mutuamente beneficiosa. En cuanto al año sabático coactivo, Felber asume que todos los trabajadores son plenamente intercambiables y desde luego no lo son. Pongamos un caso extremo: imaginemos una empresa con 1.000 ingenieros superespecializados en un campo muy concreto. Cada año, esa empresa no podría contar con el 10% de su plantilla. ¿Qué tendría que hacer? Si todos los ingenieros con esa formación ya están empleados en otra compañía, padecerá un cuello de botella que pueda forzarla a paralizar su producción o reducirla enormemente: por tanto, empobrecimiento.

Lo mismo con el salario de 1.250 euros mensuales: supongamos una empresa con 10 trabajadores que tiene unas ventas mensuales de 8.000 euros. ¿Cómo va a pagar ese salario mínimo? O tendrá que despedir a parte de su plantilla o tendrá que depender de las subvenciones del Estado (de arrebatarles salarios a otras personas vía impuestos). En el primer caso, la producción de la economía se reducirá (los parados no producen); en el segundo, también lo hará (las empresas que producen bienes más valiosos subvencionarán a las que producen bienes menos valiosos, viendo las primeras caer su producción y las segundas aumentar). Al final, el asunto es tan sencillo como que si un trabajador no produce para otras personas un valor que esas personas (los consumidores) valoran al menos 1.250 euros mensuales, no podrá cobrar 1.250 euros mensuales: si lo hiciera (y la EBC desde luego permite que lo haga, vía subvenciones o cartelización de precios), estaría aportando menos valor al resto de la sociedad del que estaría retirando de ella. De nuevo, no hay nada que objetar a esto si todos están de acuerdo; pero obviamente sí cuando no lo están y ese intercambio mutuamente no beneficioso se articula por medios coactivos.

Como vemos, a través de controles de precios, restricción de la competencia, imposiciones sin sentido y redistribuciones arbitrarias de renta lo que sucede es que el valor de la producción de la economía sufriría una merma enorme. Los agentes, en lugar de especializarse en lo que otras personas desean, lo harían en aquello que ellos mismos (o los políticos) querrían. La economía, lejos de mirar al consumidor (a los demás), miraría al productor: la producción se vuelve un fin en sí mismo, aunque sea una producción sin valor alguno para nadie. Pero si entre todos no producimos nada que nadie quiera, es evidente que la división del trabajo fracasa. Es, por ejemplo, como si en España todos nos hubiésemos dedicado a seguir produciendo viviendas en 2007: ¿qué haríamos con ellas? Comérnoslas con patatas. Sustituyan vivienda por cualquier otro bien que no demanden los consumidores pero que case bien dentro del “balance del bien común” y tendrán un caso más acorde a las propuestas de la EBC.

Este empobrecimiento generalizado, por tanto, también haría inviable otras propuestas de Felber como los ingresos solidarios o las pensiones públicas de calidad. Si la economía no produce bienes que repartir, por mucho que apliquemos coacción no lograremos redistribuir nada (amén de los otros problemas de sostenibilidad que, incluso en una economía de mercado, tienen las pensiones públicas y que Felber ni mucho menos resuelve: se limita a negar que sean problemas).

Con todo, creo que el mayor factor que llevaría al empobrecimiento generalizado en la EBC es otro que todavía no he mencionado: la absoluta infracapitalización que padecerán las empresas. Como sabemos, Felber quiere prohibir la bolsa, el pago de dividendos o el préstamo con intereses. Pero, además, también busca limitar la acumulación de riqueza y acabar con la herencia. Como a continuación voy a explicar, todo esto sólo conduciría a una masiva descapitalización de las empresas y, por ende, a un desplome de su capacidad productiva.

¿Cómo se financia la Economía del Bien Común?

La prohibición de que los capitalistas que no trabajan en la empresa perciban remuneración alguna ya sea por prestar o invertir su capital en la empresa plantea serias dudas sobre cómo obtendrían las compañías los recursos que necesitan para operar. Mucha gente tiende a pensar que los únicos recursos que necesita una compañía son los factores productivos visibles, pero eso no es así. Existe un elemento fundamental que es el tiempo: desde que un proceso productivo comienza a operar hasta que concluye la producción de bienes de consumo pueden pasar muchos años; las materias primas se han de extraer de las minas, se han de transformar en máquinas, éstas se han de unir entre sí en forma de estructuras, etc. Si toda la gente sintiera urgencia por consumir, no podría haber factores productivos dedicados a, por ejemplo, fabricar esas máquinas o infraestructuras, pues deberían estar dedicados a fabricar lo antes posible bienes de consumo. Es el hecho de que haya gente que acepte no consumir durante mucho tiempo, el que permite que esa gente (u otra a la que se paga con la producción que sigue generando el que ahorra) se dedique a acumular bienes de capital. Por consiguiente, el ahorro es esencial para que la economía pueda funcionar y enriquecerse (sin ahorro, seguiríamos viviendo en la tribu). En una economía capitalista el factor productivo tiempo materializado en forma de ahorro lo proporcionan los capitalistas. Pero si Felber los hace desaparecer de escena, ¿quién financiará la capitalización de la economía?

Ciertamente, Felber no termina de comprender el problema anterior pero tampoco es tan ingenuo como para pensar que no hace falta ninguna financiación, esto es, que basta con que todos los trabajadores se unan en cooperativas para que la financiación empresarial resulte irrelevante. De hecho, en el libro sí estudia distintas vías para proporcionar capital a las empresas:

• Capital ajeno: Sería el proporcionado por “bancos orientados al bien común”. No cobrarían intereses por sus préstamos pero tampoco abonarían intereses por sus depósitos. Sus únicos ingresos vendrían de las comisiones necesarias para remunerar su actividad operativa. Los bancos tendrían el monopolio de la financiación especializada: no habría fondos de ningún tipo, ni mercados financieros donde efectuar, por ejemplo, ofertas públicas de venta de acciones (básicamente, porque no habrá acciones como tal): “No habrá mercados en los que se comercie con empresas. Tampoco dividendos”. Por no haber, ni siquiera habrá mercados de futuros (“los precios de las materias primas se fijarán democráticamente en una asamblea, en la que productores y consumidores acodarán conjuntamente precios razonables para ambas partes”). Todos los créditos que concederá la banca se financiarán con los depósitos de particulares, empresas y Estado. Los bancos deberán ser conservadores en sus préstamos, si bien cada banco democrático podrá “destinar un pequeño porcentaje de sus depósitos como capital de riesgo ecosocial”; y si, como consecuencia de la morosidad de sus préstamos, un banco quiebra, se socializan las pérdidas: “el banco central evita la quiebra mediante la recapitalización. La banca democrática es demasiado importante para fallar”.
• Capital ajeno sin costes: Aunque la banca será el monopolio de la especialización financiera, las empresas no financieras podrán “hacerse préstamos –sin intereses– las unas a las otras. Se las recompensará por ello mediante el balance del bien común. Además, su beneficio es la experiencia de la solidaridad y la mejora del balance de la economía común”.
• Capital social: Al igual que las empresas, los particulares también pueden prestar o financiar proyectos empresariales sin obtener réditos financieros y sin tener derecho “a vender parte de la empresa a los mercados (participar en bolsa)”. Sus únicas ventajas serán “ser propietarios de una empresa coherente, con sentido”; “tienen derecho a hablar y pueden influenciar a aquellas empresas que les sean afines”; “recuperan su dinero en caso de que sea necesario”.
• Capital propio: Por último, los jóvenes pueden crear empresas con financiación propia gracias a “la dote democrática”. ¿Qué es la dote democrática? Felber cree que la EBC debería tender a minimizar coactivamente las desigualdades, motivo por el cual habría no sólo que establecer rentas mínimas y máximas, sino también limitaciones al patrimonio privado: “se debe debatir en la EBC sobre un tope máximo que limite la propiedad privada, por ejemplo, diez millones de euros (aquí se consultaría de nuevo a la convención). Esto se articularía de dos maneras: por un lado, conforme una empresa va creciendo de tamaño, un porcentaje expansivo de su propiedad irá a parar a sus trabajadores, de manera que “después de 20 años, el fundador de una empresa con cien empleados no tendría, matemáticamente, ningún acceso al beneficio”; por otro, la herencia (que Felber tilda de “el mayor obstáculo en el camino hacia una sociedad democrática, igualitaria y con las mismas oportunidades para todos”) sería nacionalizada y redistribuida en gran medida: “los activos heredados que excedan ese límite se traspasan a un fondo intergeneracional público, cuyo contenido se repartirá de manera equitativa, como una dote democrática, entre los descendientes de la siguiente generación. El límite mínimo se podría poner en las herencias monetarias y de inmuebles, por ejemplo, en 500.000 o 700.000 euros por persona (cuantías que se acordarían por convención)”. Ese fondo intergeneracional se redistribuiría entre los jóvenes y a cada uno se le asignaría una “dote democrática” que, según Felber, podría destinar a fundar otras empresas.

Como decía al comienzo, en mi opinión la EBC adolecerá de una infracapitalización muy considerable que llevará a la constitución de empresas medianas o pequeñas ineficientes y desvinculadas de las necesidades del resto de personas. Hay motivos para pensarlo que afectan tanto a la gestación del ahorro como a la capacidad de inversión de ese ahorro en forma de empresas.

En cuanto al ahorro, el capital, entendido como provisión de tiempo, no sólo es esencial para poder fundar una empresa, sino también para coordinar adecuadamente las necesidades intertemporales de los individuos. No todos preferimos consumirlo todo ya, y precisamente por ello podemos proporcionar tiempo a diversos proyectos empresariales para que produzcan los bienes que deseamos consumir en el futuro. Así es cómo debe coordinarse la división mundial del trabajo: no sólo se trata de escoger qué producir y cómo producirlo, sino cuándo producirlo. Y si, como decíamos, la manera de coordinarnos en torno a qué producir y cómo producirlo son los precios de mercado, la forma de estimar cuándo producirlo también nos la proporciona un precio o, más bien, un conjunto de precios: los tipos de interés.

Antes de lanzarse a cualquier aventura empresarial, los capitalistas comparan la rentabilidad esperada de su proyecto de negocios con el tipo de interés de referencia: si la rentabilidad supera al tipo de interés, el proyecto es iniciado; si no, es cancelado. Sin tipos de interés, sería imposible que los agentes nos coordináramos intertemporalmente. Por ejemplo, suponga que la rentabilidad anual media de un proyecto que tardará en completarse 50 años es del 15%, mientras que la rentabilidad anual media de un proyecto que tarda en completarse cinco años es del 7%, ¿cómo saber cuál debe elegirse para que nadie salga perjudicando? Pues sólo atendiendo a los tipos de interés: si los tipos de interés a 50 años son del 20%, eso significa que la gente sólo está dispuesta a posponer la satisfacción de sus necesidades hasta dentro de 50 años si obtiene con ello un retorno monetario de al menos el 20%; si ese retorno es del 15%, el proyecto no debería emprenderse, por mucho que sea más rentable que el proyecto a cinco años (si el tipo de interés a cinco años está en el 6%, éste sí deberá emprenderse). ¿Qué sucedería si se financiaran proyectos a 50 o 100 años cuando la gente quiere consumir en plazos más breves de tiempo? Que tendríamos una descoordinación temporal: los empresarios no estarían fabricando los bienes que los consumidores necesitan en el momento en el que los necesitan.

En suma, sin tipos de interés no hay coordinación intertemporal posible, cuando Felber propone erradicarlos del sistema. En su opinión, todos los préstamos han de ser libres de intereses, tanto los de la banca solidaria, como los de empresas y particulares. Esto obviamente plantea un problema de motivación serio: ¿por qué motivo querría la gente invertir y arriesgar su capital gratuitamente? Es decir, ¿para qué asumir riesgo sin retorno en lugar de guardar el dinero en líquido debajo del colchón? ¿Por qué, de hecho, no va consumiendo todo el capital máximo que la legislación le permite acumular si para más inri no podrá legarlo en forma de herencia? Ciertamente, sin el incentivo de rentabilizar el capital, acumularlo y dejárselo a tus herederos, las razones para ahorrar y ser austero se reducen de manera muy considerable. Pero bueno, uno podría pensar que este escollo de motivación podría vencerse, dentro del marco conceptual de la EBC, mediante la “reeducación ciudadana” y los incentivos en forma de un mejor balance del bien común (si bien el mejor balance del bien común de nada sirve una vez hayas alcanzado el máximo de capital). Ahora bien, el otro gran problema de fondo ni siquiera se trata en el libro: ¿cómo saben los ahorradores, y muy en particular los bancos, cuál es el proyecto más importante para el resto de personas que deberían estar financiando con su ahorro?

Simplemente no lo saben: cada ahorrador elegirá el proyecto que subjetivamente más le guste, con independencia de si es el más necesario para el bien común. Tengamos presente que, a tipos de interés del 0%, los proyectos empresariales potenciales que demandarán el capital de bancos y ahorradores serán casi infinitos. En un mercado libre, las actividades más urgentes para los ciudadanos proporcionarían una mayor rentabilidad que las menos urgentes (rentabilidades que además serían crecientes con el plazo y el riesgo del proyecto), pudiendo cada ahorrador escoger su perfil de riesgo y liquidez para coordinarse con los empresarios. Aquí no: bancos y ahorradores tendrán que escoger dónde invierten según arbitrarios criterios personales. ¿Cuáles? Pues básicamente dos: por un lado, los ahorradores tenderán a preferir los proyectos más seguros y con plazos de vencimiento más breves, desatendiendo la muy necesaria financiación de proyectos arriesgados y a largo plazo. Por otro lado, tenderá a invertirse atendiendo a preferencias personales (o a interpretaciones personales y falibles sobre cuál es el bien común) y no según las auténticas necesidades de los demás: por ejemplo, si una persona es aficionada al flamenco, preferirá invertir su capital en empresas dirigidas a promocionarlo, sea eso una prioridad para el resto de personas o no; o si una persona cree que la sociedad mejora estudiando la reproducción del lince ibérico, optará por este proyecto empresarial con el que se siente “identificado” (algo parecido a lo que sucede con nuestros políticos cuando se dedican a repartir subvenciones).

El caso de los bancos es simplemente sangrante: según Felber, todos ellos se financiarán con depósitos (es decir, deuda con plazos de duración muy cortos) y con esos depósitos sufragarán los préstamos. Ahora bien, para que la actividad de los bancos no fuera distorsionante, esos préstamos deberían ser igualmente a corto plazo y de bajo riesgo, pero si la financiación se limita a esto, apenas habrá empresas que se puedan constituir. Y si, en cambio, los bancos comienzan a financiar proyectos a largo plazo y de alto riesgo, tendremos una descoordinación generalizada entre ahorradores e inversores que, como ya sucede en la actualidad, está en el origen del ciclo económico (además, ¿qué pasaría con un banco que debe todo su dinero a corto plazo y no lo recuperará salvo en plazos muy prolongados? Que tendrá que ser rescatado por el banco central, socializando las pérdidas). La diferencia, sin embargo, es que hoy existen vehículos de inversión que sí ajustan los plazos y los riesgos de sus inversiones y de sus fuentes de financiación, pero en la EBC son los bancos, y sus desajustes estructurales de plazos y de riesgos, los que ostentan el monopolio de la financiación especializada.

No habrá, por ejemplo, fondos de capital riesgo, esto es, empresas especializadas en captar ahorros de personas que quieren asumir altísimos riesgos a cambio de, tal vez, obtener muy altas rentabilidades en alguno de sus proyectos. ¿Cómo financiar, entonces, la investigación tecnológica, sanitaria o energética más puntera y arriesgada? Felber propone que los bancos destinen una pequeña parte de sus depósitos a inversiones arriesgadas, cobrándoles a las exitosas una comisión alta. Pero con esto sólo demuestra que no entiende la naturaleza del problema: imaginemos un fondo de capital riesgo con 100 millones de euros que destina 1 millón a 100 proyectos muy arriesgados. Si 99 de esos proyectos fracasan pero el restante de ellos se revaloriza desde un millón a 200 millones, el fondo habrá cubierto pérdidas y obtenido amplios beneficios: mas esos beneficios se derivan de las plusvalías vinculadas a ser el propietario de una empresa. Felber, al proscribir los elevados patrimonios y las plusvalías, propone cubrir las pérdidas de las 99 que salen perdiendo con “altas comisiones” que los bancos cobrarían a la empresa exitosa por la financiación proporcionada (en realidad, deberían llamarse tipos de interés si ello no fuera un tabú dentro de la EBC). ¿Pero qué comisiones habría que cobrarle para cubrir pérdidas de 99 millones de euros? Felber confunde revalorización del principal (plusvalías) con la rentabilidad anual de ese principal (aun cuando el banco se quedara el 100% de los beneficios, tardaría muchos años en cubrir pérdidas). Por tanto, pasarían dos cosas: o los bancos no invertirían en esos proyectos tan arriesgados, o si lo hiciesen, perderían enormes cantidades de dinero que se traducirían en pérdidas para los depositantes (o si el banco central los rescata, en inflación para todos).

La asignación de capital, por consiguiente, será escasa (la falta de cobro de intereses y la limitación de los patrimonios y de la herencia desincentivarán enormemente el ahorro), arbitraria (sin tipos de interés deja de haber guías razonables para asignarlo según las preferencias del resto de personas) y o bien inexistente para plazos temporales y perfiles de riesgo altos (no hay incentivos a asumir grandes riesgos y a inmovilizar durante largos plazos el capital) o bien muy distorsionante (pues vendrá financiada con deuda a corto y de bajo riesgo). Un completo desastre que reducirá enormemente la capitalización y, por tanto, la capacidad de generación de riqueza de una economía, alumbrando empresas conservadoras, mediocres y de tamaño reducido.

Pero, como decíamos, los problemas no se dan sólo por el lado del ahorro, sino también por el lado de la inversión. La EBC programa a las empresas para que, conforme más crezcan y más complejas se vuelvan, más ingobernables resulten. Al fin y al cabo, ya explicamos que cuanto mayor sea una empresa, más porcentaje del capital (y del control) va perdiendo su fundador y mayor poder van adquiriendo los trabajadores. Esto no es siempre algo malo, desde luego: hay cooperativas exitosas dirigidas por trabajadores y nada les incapacita a ello. El problema no es tanto ése cuanto que el señor (o señores) que gestaron y conocen al dedillo la elaboración y desarrollo del plan de negocios que dio origen y que permitió desarrollarse a la empresa vayan siendo progresivamente marginados. La propiedad y el control de las grandes empresas se atomizan entre personas que realizan alguna ocupación dentro de la compañía pero que no conocen su funcionamiento como sistema organizativo y que no tiene por qué tener buena visión empresarial sobre cómo seguir generando valor: “Un objetivo a largo plazo de la economía del bien común es que el mayor número posible de personas se conviertan en socios de la empresa y que la dirijan compartiendo responsabilidades, incluido el riesgo de pérdidas”. Es como decir que, por el hecho de que un equipo de Fórmula 1 lo compongan decenas de personas, todas ellas deberían en algún momento pilotar el bólido durante una carrera. Esta problemática dilución de la propiedad y del control, además, sólo hace que acelerarse a través de la famosa “dote democrática” (que, dicho sea de paso, si constituye un porcentaje de participación en una empresa no puede ser, como Felber ingenuamente asume, la fuente de financiación de otra empresa).

Pero, además, fijémonos que el austriaco pretende obligar a los trabajadores a que tengan buena parte de su patrimonio inmovilizado en la empresa en la que trabajan y que asuman, como propietarios, las pérdidas que de ella se deriven. Al cabo, si la propiedad de las empresas ha de corresponder a los trabajadores y éstos no pueden transmitirla a un tercero, parece claro que, más allá de la vivienda propia, todo el mundo tendrá la mayor parte de su activo en forma de participaciones de su empresa. Por tanto, renta salarial y patrimonio serán todo uno: todos los huevos en la misma cesta. Si, por ejemplo, un señor es periodista, ha de tener su patrimonio en participaciones de la empresa en la que trabaja. ¿Y qué pasa si el sector empieza a entrar en declive? Pues que lo pierde todo: a depender de la caridad estatal hasta que encuentre otro empleo. ¿O qué sucede si la empresa, sin quebrar, experimenta varios años de pérdidas? Pues que los trabajadores tendrán que autorrebajarse su salario en mucha mayor medida que si el capitalista es un tercero y ha de cubrir las pérdidas de su bolsillo ¿No sería más lógico que todo trabajador tenga derecho a ahorrar parte de su salario y a volverse propietario (si así lo quiere) de las empresas que considere mejores (esto es lo que sucede en el mercado de valores)? ¿O, asimismo, no sería más sensato que, si a uno le repele los riesgos propios de la propiedad empresarial, pueda cobrar rentas fijas prestándole sus ahorros a interés a una compañía? Pues no: Felber detesta los mercados financieros y decreta su cierre, cargándose de golpe todas las posibilidades de ajustar el perfil específico del ahorrador con el de la inversión (asset allocation).

Además, siendo los trabajadores los propietarios de la empresa nada impide que, conforme se vayan acercando su jubilación (y sabiendo que ni podrán obtener rentas de la misma una vez se jubilen ni podrán legarla en herencia), decidan exprimir el capital acumulado en la empresa en lucro propio. ¿Cómo? Pues con sobresueldos, reduciendo la jornada laboral, dedicando gran parte del gasto interno a remuneraciones en especie, etc. Una empresa exitosa podría ir muriendo en tanto en cuanto sus trabajadores se la comerían como forma de cobrar su patrimonio. No es ciencia ficción: un ejemplo claro de este marchitamiento fue General Motors antes de la reestructuración de 2009 debido a los privilegios laborales que lograron los sindicatos. En una economía de mercado, obviamente, el incentivo no es a consumir la empresa, sino a venderla a quien tenga un capital no invertido y quiera seguir generando valor con esa empresa (los propietarios obtienen liquidez que pueden ir consumiendo, y el inversor compra una fuente de renta).

En suma, desprogramada la economía de la búsqueda del beneficio, dificultado enormemente el acceso a la financiación y diluido el control de las compañías, lo normal, pues, sería que las empresas adquirieran un tamaño mediano o pequeño –imposibilitando el aprovechamiento de economías de escala– y se centraran en satisfacer las necesidades de los trabajadores en lugar de las de los consumidores (pues además serían premiadas por ello en términos del balance del ben común). De hecho, el propio Felber coquetea con el proteccionismo arancelario como mecanismo de protección de la industria local del bien común –imposibilitando el aprovechamiento de las sinergias empresariales a escala internacional–. El saldo, huelga decirlo, sería un hundimiento de la producción y de los estándares de vida de la población por implosión de la división internacional del trabajo.

Conclusión

La Economía del Bien Común es un experimento de ingeniería social que lleva en su diseño su condena al fracaso. Sus tres mayores errores, tal como hemos desarrollado extensamente, son pretender objetivar la idea de bien común, pensar que es posible coordinar la actividad de miles de millones de personas desatendiendo el sistema de precios y obviar la ruina que supondría una brutal descapitalización de la economía derivada de la persecución de la propiedad (en sus dos facetas: acumulación patrimonial y control de la gestión empresarial). La muy compleja coordinación de órdenes sociales amplísimos se confía, en primera instancia, al asamblearismo popular expresado en arbitrarios balances del bien mayoritario (que no común) y, en segundo término, al asamblearismo empresarial por parte de sus trabajadores.

Goya decía que el sueño de la razón produce monstruos, y la Economía del Bien Común, por bienintencionadas que puedan ser sus intenciones, es uno de esos monstruos: sin ser conscientes de las titánicas limitaciones de su análisis y de los enormes problemas que entraña, pretenden terminar de demoler los fundamentos de las economías capitalistas y sustituirlas por un dirigismo ciego y represor.

Es verdad que las economías actuales necesitan de profundas reformas: políticos, lobistas y banqueros ejercen un control desproporcionado sobre nuestras vidas gracias a que disponen del monopolio de la coacción legal, esto es, del Estado. Pero la forma de combatir los privilegios regulatorios, las socializaciones de pérdidas, la explotación tributaria o el latrocinio a costa del ciudadano no es ni dándole más poder al Estado ni cargándose la propiedad privada, sino más bien al contrario: evitando que el Estado (y quienes se aprovechan de él) puedan atentar en beneficio propio contra la propiedad privada y los contratos voluntarios de un tercero. Es decir, limitando el poder de un Estado que ya copa el 50% del PIB y que hiperregula la otra mitad y no convirtiendo ese poder en absolutamente discrecional por el hecho de que pase por una asamblea popular.

En resumen: lo único de común que tiene la EBC es el empobrecimiento y la pérdida de libertades. Y no por querer imponer principios cooperativos en una economía, sino por cargárselos completamente destruyendo los mecanismos por los que esa cooperación puede canalizarse y sostenerse a gran escala: el sistema de precios. La auténtica Economía del Bien Común es el capitalismo liberal.

Bueno, ahora miren este gráfico que recoge la variación intertrimestral del PIB japonés durante las últimas casi dos décadas y díganme si observan algún cambio de tendencia.

Crecimiento intertrimestral del PIB real japonés

El único patrón meridianamente claro de la economía japonesa durante esa recesión ha sido que las caídas del PIB han ido seguidas de recuperaciones más o menos intensas que han llevado a que el PIB real regrese a los niveles de 2008. De aquí obviamente ni se desprende que el estímulo monetario vaya a fracasar pero tampoco que vaya a funcionar. Quienes están tomando estos datos como el primer respaldo del éxito del Abenomics están haciendo trampas y le están intentando engañar: fíjese en que Japón incluso creció menos que el mismo trimestre de 2012.

Personalmente, soy muy escéptico con respecto a este tipo de planes por varios motivos: a) una vez ha colapsado la propensión social a endeudarse por exceso de mala deuda, es muy complicado relanzarla con una política monetaria expansiva, b) y si la relanza, suele ser a costa de dos riesgos muy serios: b1) a corto plazo puede tener el efecto muy dañino de entrar en una devastadora guerra de divisas (Corea del Sur algo está diciendo al respecto), b2) a medio podría estar gestándose una nueva burbuja de sobreendeudamiento y de malas inversiones.

Como vemos, el significado de que la política monetaria “funcione” admite muchas definiciones, entre las que incluiríamos acepciones que normalmente denotarían fracaso. Para mí, las políticas económicas que realmente funcionan son las que promueven el crecimiento sano y sostenible a largo plazo, no los pelotazos burbujísticos cortoplacistas y autorreversibles. En cualquier caso, es pronto para, meramente atendiendo a los datos, sacar conclusiones. No se deje timar por los trileros ideológicos.

A mi modo de ver, la reducción artificial de los tipos de interés no tiene que ver con una desviación con respecto a un inexistente tipo de interés natural, sino con el descalce de plazos y de riesgos de los agentes económicos: el capital a corto plazo se canaliza para efectuar inversiones a largo plazo (o el capital que se pretende invertir de manera segura se inmoviliza en inversiones muy especulativas); o dicho de otra manera, se produce un arbitraje entre los tipos a largo plazo y los tipos a corto plazo especialmente a través del sistema bancario (que puede lograrlo gracias a la existencia de un prestamista de última instancia de papel moneda inconvertible, es decir, los actuales bancos centrales). Por consiguiente, en todo caso deberemos buscar sucesiones de arbitrajes en la curva de tipos de interés y los períodos de crisis.

En el siguiente gráfico podéis observar el diferencial entre los tipos hipotecarios a 30 años y los certificados de depósitos a seis meses. Las franjas rojas indican los períodos oficiales de recesión en EEUU según el NBER.

Diferencial entre los tipos hipotecarios a 30 años y los certificados de depósitos a 6 meses

Este otro gráfico es algo distinto aunque viene a medir fundamentalmente lo mismo: representa el diferencial entre los bonos empresariales a 30 años calificados por Moodys como Baa y los certificados de depósitos a 3 meses. Como las series de tipos anteriores no comienzan en 1954, he recurrido a estas dos para incluir algunos años más. El resultado es, sin embargo, el mismo (de hecho, a partir de 1971, los gráficos son casi calcados): los períodos recesivos van precedidos de reducciones en los diferenciales a corto y a largo plazo de los tipos de interés.

  Diferencial entre los tipos de bonos empresariales Baa y los certificados de depósitos a 3 meses

En general, todos los períodos con un fuerte arbitraje entre los tipos a largo y a corto (reducción del diferencial) han ido seguidos por una recesión. Y eso que las recesiones no son un indicador óptimo del colapso de un período de malas inversiones: tengamos presente que el sistema bancario, sobre todo con el apoyo de la Fed, puede relanzar un ciclo de malas inversiones antes de que haya terminado el anterior (por ejemplo, si en 2001 Greenspan hubiese logrado reinflar el crédito barato antes de que la economía hubiese entrado en recesión, ese período de malas inversiones no se hubiese plasmado estadísticamente en una recesión “oficial”). Desde luego, los tipos de interés escogidos no son los únicos susceptibles de ser arbitrados (todo el espectro de tipos de interés a distintos vencimientos y niveles de riesgo lo son), pero sí son paradigmas de tipos a largo (financiación a largo plazo de bienes de consumo duradero y de bienes de capital) y de tipos a corto (coste de refinanciación a corto de la banca).

Los resultados, por consiguiente, son del todo consistentes con la teoría austriaca del ciclo económico. No la demuestran, pero al menos no sólo no la contradicen sino que la ilustran de un modo más que aceptable.

La teoría tiene sus problemas, pero la práctica también. En sencillo ejemplo: miremos la evolución de la República Checa y Eslovaquia, dos países separados al nacer: el primero está fuera del euro, el segundo está dentro desde 2009, en plena crisis.

Primero, el crecimiento económico de Eslovaquia ha sido más vigoroso que el de la República Checa, antes y después de la entrada en el euro. Por tanto, el euro no ha supuesto un obstáculo.

Segundo, el desequilibrio exterior de Eslovaquia se ha corregido más rápidamente que el de la República Checa, a pesar de que partía desde niveles muy superiores, gracias a que sus exportaciones de bienes y servicios entre 2003 y 2012 se han duplicado (y han crecido un 20% desde 2008, el máximo pre-crisis y pre-euro).

Todo lo anterior no significa, claro está, que Eslovaquia no tenga ningún problema: su déficit sigue alto (aunque con niveles de deuda pública reducidos) y, sobre todo, su tasa de desempleo duplica la de la República Checa, pero este último problema ya lo venía arrastrando (con diferencias incluso superiores) desde antes de la entrada del euro.

En suma, los tipos fijos ni impiden crecer durante las depresiones ni recuperar la competitividad con mayor rapidez que los tipos variables. Sólo hace falta tener un aparato lo bastante adaptable a los cambios: de ahí la importancia de las liberalizaciones económicas y de una maquinaria estatal que no incordie demasiado (la presión fiscal y el gasto público de Eslovaquia son un 20% inferior al de la República Checa y lo que es más importante: lejos de aumentar, se han reducido durante la crisis).

• “Sólo las personas que trabajan en la empresa deben participar en los beneficios que ésta genera”.
• En la economía del bien común hay un salario mínimo y máximo para cada hora de trabajo. Por ejemplo, se puede establecer que lo percibido como máximo por hora trabajada sea diez veces lo fijado para el mínimo”.
• “En el futuro no deben existir dividendos”.
• “Las personas pueden involucrarse en las empresas. La diferencia radica en que por ello no se obtendrán réditos financieros ni tampoco podrán vender parte de la empresa los mercados (participar en la bolsa)”.
• “Las empresas deben obtener sus ingresos solamente a través delos productos que fabrican o los servicios que prestan, no a través de sus operaciones financieras”.
• “La quiebra es improbable en la economía del bien común”.
• “En la economía del bien común, todas las empresas preparadas para cooperar de un sector afectado [por la crisis] podrían convocar un <<comité de crisis o de cooperación>> para discutir [diversas formas de repartir los costes de la crisis]”.
• “En el sistema de la economía del bien común todas las personas se tomarán un año por década en su vida laboral para dedicarse a otras cosas”.
• “En la economía del bien común ya no van a existir ni bancos ni aseguradoras enfocadas al beneficio, el sistema financiero se va a convertir en un bien público. Las pensiones, y por ende su reparto, no van a ser por ellos menos seguras”.
• “El dinero en forma de crédito debe ser un bien público y los mercados financieros deben ser cerrados”.
• “Las personas depositarán sus activos financieros en la banca democrática, bancos cooperativos o cajas de ahorros, que sólo negociarán con depósitos y créditos. Las personas viven de los salarios, no de los rendimientos del capital”.
• “La sociedad anónima del futuro será una sociedad con participaciones de ciudadanos a nivel regional o global”.
• “Básicamente, el Banco Central se ocuparía de la financiación del Estado, sin intereses”.
• “No debe haber en el futuro ni derivados, ni títulos de crédito, pero tampoco ofertas públicas de venta (OPV) ni fusiones ni adquisiciones de empresas”.
• “Los precios de las materias primas se fijarán democráticamente en una asamblea, en la que productores y consumidores acordarán conjuntamente precios razonables para ambas partes”.
• “El banco no buscará maximizar sus beneficios y por tanto su tendencia al riesgo es débil”.
• “El Banco Central evita la quiebra [de bancos] mediante la recapitalización”.
• “No habrá intereses ni en créditos ni en depósitos de ahorro”.
• “El salario mínimo debe garantizar una vida digna. Podría estar referenciado a una cesta de buena vida y establecerse en 1.250 euros mensuales como valor orientativo”.
• “Se debe debatir en la economía del bien común sobre un tope máximo que limite la propiedad privada, por ejemplo, diez millones de euros”.
• “Mejor sería que un organismo social independiente del gobierno guiara a las empresas. Se podría concebir un parlamento económico regional que, actuando como representante del pueblo soberano, participara en el consejo de administración de todas las empresas de una región”.
• “Después de veinte años, el fundador de una empresa con cien empleados no tendría, matemáticamente, ningún acceso al beneficio”.
• “Se trata sólo de evitar que los propietarios de las grandes empresas efectúen una desproporcionada retirada de beneficios para su enriquecimiento personal”.
• “La herencia se mantiene hasta ciertos límites. Los activos heredados que excedan ese límite se traspasan a un <<fondo intergeneracional>> público, cuyo contenido se repartirá de manera equitativa, como una <<dote democrática>> entre los descendientes de la siguiente generación. El límite se podría poner en las herencias monetarias y de inmuebles, por ejemplo, en 500.000 o 700.000 euros por persona”.
• “El libre comercio sería una amenaza para una <<individual>> economía del bien común”.

El libro saldrá a la venta el 24 de mayo, en la feria de libros liberales que organiza el Instituto Juan de Mariana (Liberacción). Evidentemente, estaré por allí (junto con otros muchos autores), dispuesto a estampar una firma a quien así lo quiera. Por lo demás, os adjunto la portada y la contracubierta del libro.

Los vientres de alquiler no son más que una extensión de la división del trabajo –tanto en su acepción más económica como en su más amplia concepción de cooperación humana de carácter voluntario y simpático (a la Smith)– pero aplicada al campo reproductivo: la identidad de la gestante no coincide con la de la madre biológica; una cede su carga genética (junto con la del padre), la otra da cabida al desarrollo del embrión. Aunque para muchos esta separación entre traspaso de la carga genética y gestación sea una aberración antinatural, no tiene nada de extraordinario salvo que el desarrollo económico y tecnológico del capitalismo han logrado abaratar lo suficiente el proceso como para que cada vez esté al alcance (monetario, que no legal) de más gente. Los aparentes problemas morales que suscita no deberían ser tales, pues podríamos llegar al absurdo extremo de afirmar que la propia naturaleza es inmoral.

De entrada, lo que permite la maternidad subrogada es que la madre biológica pueda externalizar el proceso de gestación del embrión. En la naturaleza, sólo el padre es capaz de separar las funciones de transmitir y de gestar su herencia genética: la gestación se externaliza sobre la madre biológica y gestante. La maternidad subrogada sólo supone dar un paso más allá y permitir que la madre biológica también pueda externalizar la gestación a una tercera persona (la madre gestante).

Por otro lado, si colocamos todo el proceso reproductivo en un continuum –emparejamiento, fecundación y gestación– nos daremos cuenta de que “la naturaleza” ya ha sido alterada desde hace décadas con absoluta normalidad sin que (casi) nadie clame al cielo. Las donaciones de óvulos o esperma hacen que el proceso de emparejamiento pueda diseñarse unilateralmente sin que medie violencia (algo imposible en el “estado natural”). En la naturaleza, además, la fecundación se desarrolla en las trompas de Falopio, pero hoy no es nada inhabitual realizarla por separado en un laboratorio (Fecundación in Vitro). Quizá en el futuro también se pueda acometer la fase de gestación en el laboratorio (la investigación en úteros artificiales sigue su curso), pero de momento sólo cabe practicarla en el útero de una mujer, que no necesariamente ha de ser el de la madre biológica. ¿Existe algún motivo por el que se pueda desnaturalizar el emparejamiento y la fecundación pero no la gestación? Sólo se me ocurren dos: seguridad jurídica y derechos adquiridos de la madre gestante sobre el embrión.

Lo primero hace tiempo que dejó de ser un problema: asumir que madre es la que pare no tiene sentido cuando disponemos de técnicas asequibles que nos permiten delimitar sin atisbo de duda quién es la madre genética. Lo segundo, esa especie de usucapión sobre el embrión, tampoco tiene demasiado sentido: por un lado, porque aunque hubiese derechos adquiridos, la gestante podría renunciar contractualmente a ellos; por otro, porque la madre gestante, por serlo, asume tantos derechos sobre el embrión como la tata que sustituye a la madre biológica en la crianza de un niño, es decir, ninguno.

Mi opinión es que el vientre de alquiler se terminará legalizando en Europa, pues no encuentro buenos argumentos para oponerse a ello. Como dice Bryan Caplan, “para algunos la maternidad subrogada es repugnante. Para mí no sólo es lógica, sino que reivindica la vida”. Los prejuicios tienden a desaparecer con la información, sobre todo cuando dispones de un vivo ejemplo de su normal y correcto funcionamiento al otro lado del charco. Cuándo sucederá es una incógnita, pero pasar terminará pasando.

En este sentido, resulta altamente loable el esfuerzo que están realizando un grupo de lucenses para promover una iniciativa legislativa popular que legalice los vientres de alquiler en España. Su génesis resume una de tantas historias que ilustran el absurdo de que nuestros políticos se inmiscuyan no sólo en nuestra cartera, sino también en nuestra bragueta: su promotora, Marta, perdió a su hijo a las 38 semanas de embarazo y le tuvo que ser extirpado el útero. Con ello perdió la posibilidad de ser madre gestante… pero no la de ser madre biológica. El ordenamiento español, sin embargo, hace de un primer drama una doble tragedia: dado que exige irracionalmente que concurran ambas circunstancias, Marta no podía ser madre… en España. Porque, en efecto, en la mayoría de estados de EEUU la antinaturalidad se ha vuelto algo natural y no tiene vetado este más que legítimo curso de acción. ¿Por qué en EEUU sí y en España no? Disparates intervencionistas dirigidos a complicar la vida a los individuos y a la sociedad. Desde aquí, pues, todo mi apoyo a este embrión de iniciativa legislativa popular que, a diferencia de alguna otra, no pretende conculcar los fundamentos de una sociedad libre sino apuntalarlos.

Sucede, sin embargo, que el desarrollo de la iniciativa legislativa popular se topa con otros prejuicios más antiguos como el desfasado principio de “madre es quien pare”: nos referimos a la virgiliana sacra auris fames, a saber, la execrable sed del dinero. Así, resulta que el letrado encargado de la redacción de la ILP no quiere que

en ningún caso esta iniciativa se convierta «en una industria», lo que, a su juicio, ocurre ahora, con agencias que buscan países en los que llevar a cabo esta técnica, como Ucrania o la India, con mejores precios que California –«el sitio que parece más fiable científica y legalmente»– y quizás «con un mayor margen de beneficio» para ellas, dice. «Es una situación con la que hay que acabar por el bien de todos, de los padres que pretenden acogerse, de los menores y las gestantes», asevera.

A este respecto, subraya la importancia de fijar unos límites e insistir en que nunca se habla de retribución o negocio, sino que se da una compensación a la gestante, igual que se compensa la donación de óvulos o de esperma, por los gastos que le suponga, todo ello desde «un sentido ético pero también práctico, de que nadie se va a dedicar a ello por dinero».

Dicho de otro modo, el actual proyecto de ILP rechaza la maternidad subrogada comercial y se limita a aceptar la altruista. Desconozco si se trata de una estrategia para conciliar apoyos buscando un acuerdo de mínimos o si los impulsores de la ley piensan de verdad que resulta deseable acabar con la subrogación comercial. Lo primero sería en parte entendible en un país como España, antiliberal también en lo económico y donde el desprecio al comercio está demasiado arraigado; lo segundo constituiría un error de base que contaminaría desde su misma redacción la regulación jurídica del vientre de alquiler en España que están impulsando.

Primero, que de una actividad pueda hacerse un negocio no significa que necesariamente vaya a hacerse siempre y en todos los casos: legalizar la subrogación comercial no es prohibir la subrogación altruista. Segundo, el hecho de que entren consideraciones monetarias en un contrato –en cualquier contrato– no significa ni que sea el único motivo por el que ambas partes suscriben el contrato ni tampoco que sea el motivo principal: basta con que sea el motivo decisivo. Cuando echamos un cubito de hielo en un vaso lleno de agua y éste se desborda, la razón principal del desbordamiento es que el vaso estaba lleno de agua, no que hemos lanzado un cubito: pero el cubito es lo que termina por inclinar la balanza hacia el desbordamiento. Prohibir el libre pacto de la remuneración de la gestante no sólo expulsaría a las gestantes potenciales cuya única motivación es la de ser incubadoras andantes, sino también a aquellas que les gustaría ayudar a otras familias pero que no encontraría suficientes incentivos económicos para hacerlo.

En el fondo, la restricción legal de la compensación/remuneración que puede recibir una gestante no es más que una forma de control de precios: en concreto, un precio máximo. Y la literatura económica tiene bastante bien documentada cuál es la consecuencia de los precios máximos: carestía de bienes, en este caso, carestía de madres gestantes, que inevitablemente iría acompañada de un racionamiento (habría gente que se quedaría fuera aun cuando podría alcanzar un acuerdo mutuamente beneficioso con alguna gestante potencial). En suma, se busca legalizar la maternidad subrogada en España para que esté disponible al máximo número de personas y, con posterioridad, se raciona normativamente la cantidad de gente que puede acceder a ella. A menos que se fijen límites muy flexibles a la “compensación altruista” que la ley permita abonar a la gestante (lo ideal sería que no existieran), todo apunta a que muchas familias tendrían que seguir marchándose fuera de España aun cuando la ILP saliera aprobada: simplemente, porque no encontrarían gestantes. Y a este respecto, no es correcto comparar la situación actual de la donación de esperma u óvulos con la oferta de gestantes: es evidente que el coste de oportunidad de un caso y del otro no son asimilables y, por tanto, que los límites máximos a la compensación no afectan a ambos de un mismo modo.

Pero, además, del discurso del letrado se desprende un marcado sesgo antiempresarial que tampoco tiene mucha razón de ser. La maternidad subrogada es un complejo y dilatado proceso sanitario y jurídico que requiere de una intensa profesionalización. Y para que la gente se profesionalice –para que se especialice y se dedique laboralmente a ello– tendrá que cobrar. Y si cobran los abogados, si cobran los facultativos, si cobra la madre gestante, si cobran los organizadores, si cobran los directivos, etc. ¿por qué no van a cobrar los que posibilitan toda la alta inversión inicial que hace falta para montar este sector económico, esto es, los capitalistas de las distintas compañías? Si las compañías estadounidenses quisieran instalarse en España debido a “los mayores márgenes” de la actividad, bienvenidas: más rápidamente se desarrollaría toda la infraestructura necesaria. Es más, cuantas más vinieran y más compitieran entre sí, más caerían los márgenes del sector, ya sea porque los servicios ofrecidos se abaratarían o porque los costes (por ejemplo, la compensación libre de la gestante) subirían. Al final, la rentabilidad tendería a igualarse con la del resto de industrias españolas, aun cuando por tratarse de un sector con un componente claramente más altruista (menos focalizado en los beneficios monetarios) podría ser algo menor.

Frenar este sano proceso empresarial sería condenar a esta actividad al amateurismo y a la infraprovisión. De hecho, me sorprende que el letrado ponga como ejemplo de “sitio más fiable científica y legalmente” a California… cuando allí la maternidad subrogada comercial es perfectamente legal. Y esta correlación no es casualidad: ¿o acaso se habría convertido California en ese paradigma de buen funcionamiento del sector restringiendo su foco a los vientres de alquiler altruistas? En absoluto. No olvidemos que los motivos que hacen a EEUU un destino tan atractivo y seguro (aunque caro por su alto nivel de vida) para los vientres de alquiler es que su comercialización no está prohibida en gran parte de los estados. ¿Buscan los promotores de la ILP alcanzar ese mismo nivel de accesibilidad y profesionalidad en nuestro país (con costes de España y no de EEUU)? Imagino que sí: pero entonces tendrán que abrir la puerta a que la gente haga negocio con ello. La posibilidad de codiciosa mala fe  no se resuelve prohibiendo a priori toda actividad (de hecho, esa es una de las falaces justificaciones que se emplean hoy para prohibir todo tipo de maternidad subrogada), sino con organizaciones profesionales que establezcan óptimos mecanismos de control internos (por ejemplo, evaluaciones psicológicas de las gestantes) y que se hallen sometidas a la voluntad de sus clientes mediante contratos libres con niveles de desarrollo y sofisticación cada vez mayores (y con tutela judicial de esos contratos, claro).

En resumen: bienvenida la iniciativa legislativa popular. Esperemos que el inconcluso proceso de redacción la pula de perjudiciales prejuicios anticomerciales.

La explicación dominante de por qué nuestros bancos beben pero no dan de beber es la keynesiana: nos hallamos sumergidos en una trampa de la liquidez. Según Keynes, cuando los tipos están extremadamente bajos, los inversores (incluidos los bancos) prefieren atesorar todo el dinero en lugar de prestarlo, debido a la perspectiva de que aquéllos terminarán subiendo en el futuro. Y es que, cuando los tipos suben, los que han invertido a tipos bajos sufren pérdidas, por lo que, según Keynes, la gente preferirá guardarse todo el dinero debajo del colchón hasta que, en efecto, aquéllos acaben subiendo y no se prevean subidas adicionales.

Señala Navascués lo siguiente: “Nunca he oído tal explicación. ¿De dónde las sacará? La trampa de la liquidez de Keynes es como sigue: En determinadas condiciones de incertidumbre, los inversores no van a invertir aunque el tipos de interés real de los préstamos esté muy bajo, porque las expectativas de ganancia de los inversores pueden estar por debajo del tipo de interés que les cobrarían a ellos”. Pues siento informarle de que no, esto no es la trampa de la liquidez. Y no me lo saco de la manga, sino de una lectura de Keynes que por lo visto no todos han hecho.

Para Keynes, la trampa de la liquidez se da como consecuencia de que la demanda especulativa de dinero (el atesoramiento de dinero que prefiere quedarse fuera del mercado de bonos porque espera que los tipos vayan a subir en el futuro) se acelera exponencialmente conforme el tipo de interés se reduce: a tipos más bajos, no sólo mayor probabilidad de que los tipos de interés suban, sino mayores pérdidas derivadas de que suban. Por tanto, cuando los tipos de interés están muy bajos, es muy difícil que el banco central logre reducirlos más, porque la gente preferirá atesorar ese dinero (demanda especulativa) antes que invertirlo en el mercado de bonos (que es justo lo que haría bajar los tipos de interés): por mucho que aumente la oferta monetaria, el tipo de interés no caerá porque la demanda monetaria lo hará al mismo ritmo. Cito a Keynes en su capítulo XV de La Teoría General:

Toda caída del tipo de interés reduce las ganancias corrientes de permanecer en una posición ilíquida, que son como una especie de prima por el riesgo de pérdida de capital, en una cantidad igual a la diferencia entre los cuadrados del tipo anterior y el nuevo (…) En realidad, este es quizás el obstáculo principal que presenta una caída del tipo de interés aun nivel tan bajo como el del 2%. A menos que haya razones para pensar que la experiencia futura vaya a ser muy distinta de la que registra el pasado, un tipo de interés a largo plazo tan bajo como, por ejemplo, el 2%, suscita más temor que esperanza y ofrece al mismo tiempo una rentabilidad corriente que sólo puede compensar en medida muy pequeña esos temores

(…)

Existe la posibilidad, ya apuntada antes, de que una vez que la tasa de interés ha caído a un determinado nivel, la preferencia por la liquidez llegue a ser tan alta que sea absoluta, en el sentido de que casi todos prefieran tener dinero efectivo a unos valores que ofrecen un tipo de interés tan bajo. En este caso, la autoridad monetaria perdería el control del tipo de interés.

Si no me creen ni a mí ni al propio Keynes, lean la interpretación del gran divulgador de Keynes Dudley Dillard (The Economics of John Maynard Keynes, 1948):

La principal barrera a una caída de los tipos de interés es la expectativa de que pueden subir en el futuro hasta unos niveles en que compense atesorar dinero anticipando la compra de bonos en el futuro a términos más favorables (…) El tipo de interés a largo plazo es más difícil de reducir que el tipo a corto porque es crecientemente resistente a reducciones adicionales; a cierto nivel, digamos el 2%, no se pueden lograr nuevas reducciones (…) El creciente riesgo a perder dinero a bajos tipos de interés se refleja la tabla de preferencia por la liquidez mediante un aplanamiento de la curva de liquidez. Este aplanamiento de la curva indica una creciente elasticidad de la función de preferencia por la liquidez. Traducido en términos de política monetaria: esto significa que se llega a punto por debajo del cual es extremadamente complicado reducir aun más los tipos de interés”. A unos tipos del 2%, Keynes sugirió que la curva de liquidez devendría horizontal, indicando su elasticidad absoluta y que no puede lograrse ninguna reducción adicional de los tipos de interés simplemente incrementando la cantidad de dinero. Cuando se alcanza este punto, la demanda de dinero se vuelve absoluta en el sentido en que se prefiere tener dinero antes que inversiones a largo plazo con un retorno del 2% o menos.

O, si no les gusta ni Keynes ni Dillard, vayamos a quien acuñó la expresión “trampa de la liquidez” (que no, no fue Keynes; el inglés jamás usó esta expresión): fue John Hicks quien, en su reseña de los ensayos de Dennis H. Robertson, habló de “la trampa de la liquidez del ahorro”. Veamos cómo la exponía Hicks en su famoso artículo “Mr. Keynes and the ‘Classics’: A Suggested Interpretation”:

Si nos olvidamos de los costes de atesorar dinero, siempre resultará provechoso atesorarlo antes que prestarlo cuando los tipos se aproximan a cero. En consecuencia, el tipo de interés siempre será positivo. En un caso extremo, el tipo de interés a más corto plazo podría ser prácticamente cero, pero en todo caso el tipo de interés a largo plazo estará muy por encima, ya que tiene que integrar el riesgo de que los tipos a corto se incrementen durante la vida del préstamo, y debemos tener en cuenta que el tipo a corto sólo puede subir y no bajar (…) Existe un riesgo más importante a considerar y es el de que el prestamista a largo plazo desee tener tesorería antes del vencimiento del préstamo y que, en el transcurso, los tipos a corto se hayan incrementado, sufriendo una sustancial pérdida de capital. Este es el riesgo que Keynes agrupa bajo el ‘motivo especulativo’ y que asegura que el tipo de interés de los préstamos de larga duración nunca caerá muy cerca de cero.

Por tanto, el asunto es meridianamente claro: la trampa de la liquidez es un fenómeno propio del mercado monetario derivado del riesgo y de las expectativas que el tipo de interés suba en el futuro. Por mucho que con posterioridad algunos hayan presentado interpretaciones o reelaboraciones de la misma, lo que no puede afirmarse seriamente es que “nunca he oído tal explicación. ¿De dónde las sacará?”. Pues de las fuentes: Keynes y Hicks.

Navascués, de hecho, confunde la trampa de la liquidez con la única causa que, según Keynes, lastra la inversión privada. No lo es: la trampa de la liquidez explica por qué los tipos de interés no pueden reducirse hasta cotas muy reducidas, pero eso no significa que, aun si lograra, la inversión volvería a aumentar. Si la eficiencia marginal del capital es negativa, entonces aun cuando los tipos de interés cayeran al 0%, la inversión no aumentaría. De ahí que sí sea cierto que Keynes desconfiara de la política monetaria como única vía para lograr la recuperación, pero no es cierto, como afirma Navascués, que Keynes no afirmara que la misión del banco central no fuera la de combatir esta trampa de la liquidez creando la expectativa de que los tipos no volverán a subir. Basta con leerse al inglés (ejercicio, insisto, aconsejable antes de pontificar sobre sus escritos) para descubrir cuál es la política monetaria que sugiere para, al menos, reducir el coste del capital (el tipo de interés) al mínimo posible: “Una política monetaria que el público considere que tiene un carácter experimental o que puede cambiar con facilidad puede fracasar en su objetivo de reducir el tipo de interés a largo plazo, porque la demanda especulativa de dinero tenderá a crecer casi sin límite en respuesta a una reducción del tipo de interés por debajo de una cierta cifra”.

El punto de mi artículo es precisamente ése: en España no se está atesorando el dinero y manteniéndolo fuera de los circuitos de la inversión por el hecho de que estemos en una trampa de la liquidez (porque se esperen subidas futuras de los tipos de interés), sino porque la eficiencia marginal del capital en la mayoría de inversiones es negativa (no hay oportunidades de inversión debido a múltiples factores: rigideces de precios y de costes, inestabilidad institucional, elevados impuestos, incertidumbre sobre el futuro de la divisa única, etc.). Ante esto, la interpretación dominante con respecto a la eficacia de la política monetaria es que sólo podríamos incrementar la inversión si estableciéramos tipos de interés más negativos que la eficiencia marginal del capital (que es justo lo que se está planteando hacer ahora Draghi). Pero esto es un absoluto disparate: es decir que como todas las inversiones en España arrojan pérdidas, debemos hacer que se pierda todavía más dinero atesorando dinero. Es, pues, incentivar que se hagan inversiones ruinosas (inversiones en las que se pierde dinero, pero menos que manteniendo el dinero atesorado). Y solicitar esto es pura antieconomía: no entender que el coste de oportunidad no puede ser en cualquier contexto superior a la utilidad de los bienes (pues el coste de oportunidad es la utilidad a la que se renuncia por seguir ciertos cursos de acción).

Lo que digo, en consecuencia, es que nuestra trampa es de iliquidez y no de liquidez: padecer una estructura productiva incapaz de generar valor en su estado actual y una estructura financiera hiperapalancada. Ante esto, y ante la impotencia de una política monetaria que renuncie al despropósito de los tipos de interés negativos, sólo hay dos opciones: o la socialización de las pérdidas empresariales camuflada de política fiscal expansiva (invirtamos en combatir invasiones alienígenas ficticias y en nuevos aeropuertos de Castellón, como propondría Keynes) o reestructurar nuestro aparato productivo y financiero (y, de nuevo, esto último puede lograrse por dos vías: el reajuste deflacionista del ahorro y los tipos de cambio fijos o el reajuste inflacionista de la ruptura del euro y la devaluación). Mi postura ya sabéis cuál es: no romper la división internacional del trabajo, no meternos en una guerra de divisas, no darle la imprenta a Rajoy, no convertirnos en Argentina o Venezuela. Entiendo que otros prefieran este último curso, pero no nos hagamos trampas al solitario: la política fiscal expansiva ya ha se ha intentado y ha fracasado estrepitosamente en este país.

En cualquier caso, esto último va más allá del propósito de este artículo que no es otro que el mostrar que mi interpretación de la trampa de la liquidez keynesiana es tan estrambótica que es textualmente la de Keynes y la de Hicks. Si el problema es que Navascués siente pereza en leer las fuentes originales (la verdad es que el inglés es bastante farragoso de leer) le recomiendo mi libro donde resumo y critico La Teoría General de Keynes (un resumen muy resumido, aquí). Ah, y de propina y para que vea que no soy rencoroso, dado que menciona no-sé-qué interpretaciones mías sobre Hume o de Hayek, tal vez puede aprender algo de ellos aquí y aquí.

¿Qué postura es la más correcta? A mi juicio, la pregunta parte de un error y es el de presuponer que todos los seres humanos tienen el mismo concepto de felicidad. Y no me estoy refiriendo a la más simplona idea de que todos alcancemos la felicidad con los mismos medios, sino a que, usando cada cual nuestros propios medios, todos llegamos a un mismo punto de plena satisfacción (el nirvana) que vendría a ser lo que llamamos felicidad.

La perspectiva me parece simplificadora, por cuanto los fines vitales y existenciales de los distintos seres humanos no son idénticos entre sí. De hecho, ni siquiera los fines vitales de un mismo individuo son idénticos en las diferentes etapas de su vida. Comparar la “felicidad” de un crío con la de un anciano o con la de un padre de familia, o comparar la “felicidad” de un asceta con la de un bon vivant o con la de un drogadicto al borde de la sobredosis, no tiene ningún sentido. Son perspectivas radicalmente diferentes que no deberían agregarse entre sí. Un crío será feliz si se le van dando recurrentemente “chutes” de caprichos, el padre de familia si va viendo cómo él y su familia prosperan gracias a su dura dedicación y el anciano sí retrospectivamente comprende que su vida ha sido útil y ha tenido sentido. Lo mismo con el asceta y su recreación espiritual, el bon vivant con sus placeres corporales de medio plazo y el drogadicto con sus “chutes” diarios de narcóticos.

La muy tradicional Pirámide de Maslow intenta capturar esta idea: “la felicidad” que deriva quien se estaba muriendo de hambre y pasa a tener un plato de comida asegurado cada día tiene bien poco que ver con “la felicidad” de quien busca mejorar su comunidad o alcanzar un cierto reconocimiento social. El primero puede sentirse tremendamente feliz gracias a tener alimentos y el segundo puede sentirse un desgraciado si falla en sus objetivos (y cuando digo sentirse me refiero no a una pose exterior, sino a una sensación sincera e incluso fisiológica). ¿Significa ello que el famélico es más “feliz” que el intelectual fracasado cuando probablemente el famélico deseara estar en la posición no sólo económica sino también personal del intelectual fracasado (ser capaz de sentir románticamente el fracaso recurrente en aspectos accesorios que no pongan en riesgo su vida)?

Por consiguiente, antes de preguntarnos si el dinero da la felicidad deberíamos preguntarnos qué es la felicidad para cada persona. La idea de que, cubierto un cierto mínimo, más dinero no incrementa la felicidad puede ser cierta para definiciones muy estrechas y fisiológicas de felicidad (estómago lleno, techo contra la lluvia y relaciones sexuales satisfechas), pero no para otras más elevadas. Volviendo al ejemplo del niño: un niño con 10.000 euros será la persona más feliz del mundo porque podrá malcriarse todo lo que desee (cuestión distinta es si seguirá siendo feliz cuando haya madurado insuficientemente y sea incapaz de desenvolverse en un mundo de adultos); un padre de familia en paro y con 10.000 euros ahorrados puede sentirse extremadamente infeliz.

Mi tesis (bueno, en realidad no originalmente mía, sino de muchos otros pensadores) es que conforme los individuos y las sociedades se van volviendo más largoplacistas, más dinero van necesitando para seguir siendo felices, pues en su definición de felicidad se van incorporando nuevos fines existenciales que trascienden del placer inmediato y de la satisfacción personal: la preocupación por el bienestar de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, de su “dinastía”, de su comunidad local, de su comunidad regional, de su comunidad nacional, de su comunidad mundial, del medioambiente, del patrimonio histórico y cultural, etc. Una infinidad de fines potenciales para los que se necesitan muchos más medios (mucho más dinero), aunque sea con el propósito de compartirlos con otros.

Nótese que esto no es exactamente igual a la Pirámide de Maslow: no estoy diciendo que, una vez cubiertas ciertas necesidades, pasamos necesariamente al siguiente nivel. Hay sociedades opulentas que caen en la descivilización y en el cortoplacismo y que terminan desapareciendo, aun cuando podrán reputarse a sí mismas sociedades “muy felices” (si por ejemplo consumen a corto plazo todo el capital acumulado por sus ancestros); por otro, habrá sociedades muy pobres y en crecimiento que, no obstante, podrán considerarse muy infelices por tener unos objetivos muy largoplacistas que, por mucho que crezcan a altos ritmos, no logran alcanzar (si bien esa insatisfacción con el statu quo es lo que las impulsa a mejorar continuamente). Cobertura de necesidades no es igual a felicidad: podemos no tener cubiertas ciertas necesidades genéricas y ser felices (el niño con respecto a la autorrealización personal) o podemos tener cubiertas ciertas necesidades genéricas y no serlo (el intelectual frustrado pero bien alimentado).

En suma, cuidado con las mediciones estadísticas que relacionan dinero y felicidad. Ni la felicidad es una variable homogénea que pueda compararse entre individuos y entre países, ni tiene por qué ser una definición consiste en el tiempo para los mismos individuos y los mismos países. No creo que podamos llegar a una respuesta universal sobre la relación entre dinero y felicidad que vaya más allá de que esta relación dependerá de la definición contingente de felicidad y que, por tanto, casi cualquier cantidad de dinero puede bastar para que algunas personas logren la felicidad y, al tiempo, cualquier cantidad de dinero puede ser insuficiente para que otros la alcancen. Establecer relaciones unívocas e inmutables entre ambas variables (salvo, y de manera muy limitada, como reflejo de un determinado clima social) me parece un ejercicio condenado a fracasar.

Por cierto, y como nota final, siendo la felicidad un concepto con tantas aristas y tan susceptible de mutar y de ser redefinido según nuestra etapa vital, nuestras relaciones sociales, nuestro nivel de formación, etc., debería resultar evidente que salvo en sociedades muy homogéneas, estáticas y, en parte, adoctrinadas, los medios para alcanzar la felicidad de la sociedad deberán ser descubiertos, coordinados y recompuestos bottom-up (desde el individuo y su entorno hasta el conjunto de redes sociales) y no planificados top-down (desde el Estado al conjunto-masa de individuos). Eso incluye el que los individuos, conforme se vayan volviendo más largoplacistas y “solidarios”, se preocupen más por el prójimo, cooperen sin esperar retornos monetarios, donen parte de su patrimonio a los más desfavorecidos de su comunidad, etc. Pasos que pueden darse de manera voluntaria en sociedades maduras y largoplacistas, pero que no tiene demasiado sentido imponer forzosamente antes de ese momento. Por eso los Estados de Bienestar pueden terminar siendo torpes esquemas para cubrir (de mala manera) necesidades humanas muy básicas sin en absoluto garantizar la felicidad; al contrario, dada su muy ineficiente provisión, pueden convertirse en todo un obstáculo para lograrla; sólo allí donde emergería espontáneamente una redistribución voluntaria y amplia de la renta, minimizarán la frustración y la infelicidad social (pero en tal caso, qué paradoja, establecer esa redistribución forzosa a través del Estado será innecesario).

En términos nominales, y excluyendo el coste de la recapitalización bancaria, estamos en niveles de gasto superiores a los de 2008; en términos reales, seguimos superando el gasto público total de 2006. Acaso se diga que es por culpa de los intereses de la deuda, pero no: aun excluyéndolos, el gasto total de 2012 sería bastante superior al de 2006 en términos reales.

Acaso lo más destacable del primer año de gobierno de Rajoy en materia de gasto, sin embargo, es que, excluyendo de nuevo el coste dela recapitalización de los bancos, es el año en el que más se reduce el gasto público: casi 20.000 millones de euros frente al recorte de 9.000 millones de 2011. A muchos semejante reducción les parecerá un insufrible ejercicio de austeridad, pero lo cierto es que se trata de un primer y muy insuficiente paso para reconducir las cuentas públicas: recordemos que en 2011 cerramos con un déficit de casi 100.000 millones de euros. Por tanto, todavía quedan unos tres cuartos del camino total por recorrer.

¿Y dónde ha recortado Rajoy en este primer año? Fundamentalmente en inversión pública, la parte más facilona del asunto. Aunque también ha metido algo de mano en empleo público (la paga extra y la reducción del personal contratado) y marginalmente en consumos intermedios (gastos corrientes de los distintos servicios estatales) y en subvenciones al sector privado.

Si a estos casi 20.000 millones de recorte del gasto le sumamos los 2.300 millones en que ha aumentado la recaudación después de freírnos a nuevos impuestos (sí: sólo 2.300 millones), tenemos el recorte de 22.000 millones que explica que el déficit, sin contar el rescate a la banca, pase del 9,1% del PIB al 7,1%.

Como muchos sabréis, en mi libro Una alternativa liberal para salir de la crisis esbozo un plan de recorte alternativo con respecto a los niveles de gasto de 2011. No me voy a expandir aquí en los detalles concretos, pero básicamente se resume en reducir en 40.000 millones el gasto en empleo público, reducir en 45.000 millones el gasto en prestaciones sociales, reducir en 10.000 millones el gasto en subvenciones y reducir en 25.000 millones el gasto en inversión pública (hoy otros recortes propuestos, pero los importantes son los anteriores). Tales medidas nos permitirían ahorrar en términos brutos unos 120.000 millones de euros y, en términos netos (caída de la recaudación y aumento de otros gastos) al menos 80.000 millones. Comparemos pues:

Es ciertamente probable que la cifra de prestaciones sociales, como consecuencia el inevitable incremento del desempleo a corto plazo, hubiese subido en 10.000 o 15.000 millones, pero aun así el efecto neto de reducción del gasto superaría los 100.000 millones de euros (que unido a la también inevitable caída de la recaudación fiscal terminaría arrojando un ahorro de 80.000 millones). Con un ajuste alternativo de 80.000 millones en el déficit, España habría cerrado 2012 con un déficit del 1% del PIB, suficiente como para que no se ponga ni mucho menos en duda nuestra solvencia.

De nuevo, disminuir estas magnitudes el gasto total y, muy en particular, el gasto en empleo público y prestaciones sociales podrá parecer un desmantelamiento en toda regla del hipertrofiado Estado español. Ojalá, pero no: en términos nominales, la reducción propuesta nos dejaría en un tamaño del Estado propio de los años 2004 (en materia de empleo público) y 2007 (en prestaciones sociales). En términos reales, en un tamaño del Estado entre 2000 (en materia de empleo público) y 2004 (en prestaciones sociales). De hecho, el gasto total sobre el PIB habría cerrado 2012 en el 35% (en lugar del 44% actual), muy lejos, ciertamente del Estado cadavérico.

Mi impresión es que el PP podría haber acometido recortes de esta magnitud nada más ganar las elecciones con mayoría absoluta allá por finales de 2011 y principios de 2012. Tenía el capital electoral para hacerlo pero, en su lugar, optó por emplearlo para machacar a impuestos a la ciudadanía para minimizar los recortes de su sector público. El problema es que la estrategia de sangrar a tributos a familias y empresas apenas ha servido para mantener a flote la recaudación de 2011 al coste de provocar un hundimiento mucho mayor de la actividad económica del que se habría producido recortando los gastos. Y a estas alturas de la película, el Gobierno ya no está legitimado para acometer los dos grandes recortes que tiene pendientes: prestaciones sociales (¡cuyo gasto ha subido en 2012!) y empleo público (a quienes se ha prometido restablecer la paga extra en 2013). Y si no puede hacerlo, el déficit no bajará del 7% actual a menos que haya una milagrosa recuperación que es difícil que se produzca mientras las crecientes dudas sobre la solvencia de nuestro país sigan ahí.

En resumen: sí, en 2012 ha habido recortes del gasto, pero muy inferiores a los imprescindibles. Y en esto no valen medias tintas: los recortes del gasto y del déficit eran necesarios para restablecer nuestra solvencia. Si no la hemos restablecido (y con un déficit de más de 70.000 millones es difícil pensar que así es), apenas no sirven de nada. Es como querer mantener a flote una empresa que en lugar de perder 100 millones al año ha pasado a perder sólo 70: se han reducido las pérdidas, sí, pero continúa siendo una ruina y, mientras lo sea, estará abocada a desparecer. En esas estamos: en manos de un gobierno irresponsable obsesionado con minimizar los recortes necesarios del gasto para mantener su chiringuito a flote, con una ciudadanía cansada de ajustes que no surten efecto y esperando todos ellos una recuperación milagrosa que les permita regresar a los felices años de la burbuja. Desde luego, están presentes todos los ingredientes para que esto acabe del peor modo posible.

Quien quiera saber algo más sobre la teoría monetaria de Adam Smith puede leer mi resumen aquí. De entrada me basta con adelantar la conclusión: o Krugman no ha leído a Adam Smith más allá de ese párrafo, o lo ha leído y no lo ha entendido, o lo ha leído, lo ha entendido y miente.

Primero, cuando Adam Smith habla de “papel moneda” reúne bajo tal nombre dos tipos de “papeles”: los billetes de banco y el papel moneda gubernamental.  El escocés toma indudablemente partido por los billetes de banco convertibles a la vista en oro y plata: “A paper money consisting in bank notes, issued by people of undoubted credit, payable upon demand without any condition, and in fact always readily paid as soon as presented, is, in every respect, equal in value to gold and silver money”. Y rechaza sin ambages el papel moneda gubernamental de curso forzoso. Smith cree que el papel moneda inconvertible tenderá a cotizar con descuento frente al oro (“Such a paper money would, no doubt, fall more or less below the value of gold and silver, according as the difficulty or uncertainty of obtaining immediate payment was supposed to be greater or less; or according to the greater or less distance of time at which payment was exigible”) y que, por consiguiente, sería un acto “tiránico” obligar a los ciudadanos a admitirlo como pago por su valor nominal. De ahí, por ejemplo, que Smith celebre que el Parlamento inglés prohibiera a las colonias estadounidenses emitir papel moneda inconvertible de curso legal: “No law, therefore, could be more equitable than the Act of Parliament, so unjustly complained of in the colonies, which declared that no paper currency to be emitted there in time coming should be a legal tender of payment”. El único papel moneda inconvertible que admite Smith es aquel que terminará refluyendo a corto plazo al gobierno en concepto de pago de impuestos.

Para todo lo demás, incluyendo el párrafo que Krugman cita, Smith defiende el papel moneda entendido como billetes de banco convertibles a la vista en oro y plata. Parece, pues, que el oro y la plata sí tienen un rol para Adam Smith que va más allá de la “función simbólica” que menciona Krugman: todo el “papel moneda” del país (salvo la pequeña porción que vaya a pagarse a corto plazo en impuestos) ha de ser convertible en oro o plata por parte de los bancos; ergo, los bancos deberán contar con algunas reservas de oro y de plata (…o Bitcoin) para regular adecuadamente la emisión de sus pasivos: “A banking company, which issues more paper than can be employed in the circulation of the country, and of which the excess is continually returning upon them for payment, ought to increase the quantity of gold and silver, which they keep at all times in their coffers, not only in proportion to this excessive increase of their circulation, but in a much greater proportion”.

Lo que Adam Smith estaba diciendo no es, por tanto, lo que Krugman sugiere tramposamente que decía. El escocés sostenía que el oro era un instrumento demasiado caro y costoso para participar en todos los intercambios, de ahí que conviniese sustituirlo en la circulación por billetes de banco girados contra letras de cambio de primera calidad (“The substitution of paper in the room of gold and silver money, replaces a very expensive instrument of commerce with one much less costly, and sometimes equally convenient”). Su rol dentro del sistema monetario quedaba reservado para aquella función realmente importante: actuar como un liquidador último de las deudas en su función de reserva líquida de valor y como medio internacional de intercambio.  Por ambas vías –una fuga interna o externa del oro que los bancos tienen en sus cofres para garantizar la convertibilidad de sus pasivos–, el oro contribuía a una adecuada regulación de las emisiones de billetes de banco: “When this superfluous paper was converted into gold and silver, they could easily find a use for it by sending it abroad; but they could find none while it remained in the shape of paper. There would immediately, therefore, be a run upon the banks to the whole extent of this superfluous paper, and, if they showed any difficulty or backwardness in payment, to a much greater extent; the alarm which this would occasion necessarily increasing the run […] Had every particular banking company always understood and attended to its own particular interest, the circulation never could have been overstocked with paper money. But every particular banking company has not always understood or attended to its own particular interest, and the circulation has frequently been overstocked with paper money”.

De hecho, aunque Smith consideraba que el oro era un medio de cambio muy costoso, aun así defendía que no desapareciera completamente de la circulación. Abnegando parcialmente de su liberalismo, el escocés  quería prohibir la emisión de billetes de banco por debajo de cinco libras (pues los tenedores de las mismas solían ser clases populares que no conocían adecuadamente el funcionamiento de los bancos y, por tanto, tendían a permitirles cometer muchísimos más dislates durante mucho más tiempo), forzando a que, en tales casos, fuera la moneda de oro o de plata lo que circulara en exclusiva: “It were better, perhaps, that no bank notes were issued in any part of the kingdom for a smaller sum than five pounds. Paper money would then, probably, confine itself, in every part of the kingdom, to the circulation between the different dealers (…) Where paper money, it is to be observed, is pretty much confined to the circulation between dealers and dealers, as at London, there is always plenty of gold and silver. Where it extends itself to a considerable part of the circulation between dealers and consumers, as in Scotland, and still more in North America, it banishes gold and silver almost entirely from the country; almost all the ordinary transactions of its interior commerce being thus carried on by paper”.

En suma, Smith no consideraba que el oro fuera una bárbara reliquia sin cometido alguno. El escocés distinguía, acaso con alguna confusión terminológica, entre crédito circulante (billetes de banco y letras de cambio convertibles en oro) y dinero (el activo contra el que se amortizan los billetes y las letras), y le asignaba al dinero una función esencial dentro del sistema –regular las emisiones del crédito circulante, sujetándolo a su permanente convertibilidad en dinero– en lugar de una auxiliar –actuar como medio de cambio, donde el crédito circulante podía actuar como un perfecto sustituto en la mayoría de las ocasiones–. El problema de muchos economistas es que definen estrechamente el dinero como medio de cambio… y a los medios de cambio como dinero, olvidando que la inmensa mayoría de las transacciones se efectúan a crédito, siendo el dinero el mecanismo último e insustituible para liquidar ese crédito. Krugman no entiende o no quiere entender la diferencia, de ahí que en su opinión el oro, la plata o (potencialmente) el Bitcoin no sirvan para nada salvo para dilapidar recursos. Es una opinión legítima (aunque errónea), pero al menos que no la confunda torpemente con las mucho más solventes ideas de Adam Smith.

Por resumir un poco los motivos de mi post que siguen siendo plenamente válidos: quienes aseguran que Bitcoin era una burbuja lo suelen hacer bajo la hipótesis de que el valor razonable de Bitcoin es cero. Pero resulta evidente que el valor de Bitcoin no es cero, porque ya tiene una cierta utilidad (es aceptado por algunos agentes como medio de pago). Bitcoin se volverá tanto más útil cuanto más agentes acepten la divisa con independencia del precio que tenga Bitcoin. Tan buen medio de cambio es Bitcoin cuando tiene un valor de 50 dólares como cuando tiene uno de 5.000 dólares; lo que realmente afecta a su utilidad como medio de cambio no es tanto el nivel de su valor, cuanto el tamaño de la red y la estabilidad de ese valor. Por tanto, que Bitcoin alcanzara el valor de 260 dólares no significaba que necesariamente fuera a desplomarse: bien podía seguir subiendo y estabilizarse en cotas superiores. Precisamente por eso no era una burbuja: no porque no pudiese caer, sino porque no tenía por qué hacerlo.

Ahora bien, cuando un activo está en proceso de monetización, los vaivenes en su precio pueden llegar a ser muy violentos, especialmente cuando estamos tratando de un activo como Bitcoin que carece de utilidad no monetaria. Los motivos exactos por los que su precio se ha desplomado son difíciles de conocer (no podemos estar en la cabeza de todo aquel que vendía), pero ha habido razones que han afectado tanto a la demanda patrimonial de Bitcoins como a su demanda especulativa y que justificaban un eventual hundimiento.

Por lo que respecta a la demanda patrimonial, parece claro que, después de que Bitcoin multiplicara por seis su precio en apenas un mes, incluso aquellos que desearan mantenerlo como parte de su cartera, debieron proceder a un reajuste en la cantidad del mismo. Por ejemplo, si un agente considera que Bitcoin es dinero y desea mantener una tesorería equivalente al 10% de su patrimonio en forma de Bitcoin, si su precio se multiplica por seis en un mes, Bitcoin habrá pasado a representar el 40% de su patrimonio, de modo que muy probablemente liquide algunas de sus posiciones en Bitcoin para adquirir otros activos (acciones, por ejemplo).

Por lo que respecta a la demanda especulativa, si en las últimas semanas muchos de quienes adquirieron Bitcoins eran personas que confiaban con revenderlas a corto plazo a un precio superior en lugar de convertirlas en un activo patrimonial para un período de tiempo indefinido, en cuanto se ha producido el más mínimo pánico de que no conseguirán venderlas a precios crecientes, se ha desatado el torrente liquidador. Muchas personas confunden esta euforia especulativa con una burbuja de precios, pero de nuevo no son lo mismo: en la especulación que da lugar a una burbuja, necesariamente algunos especuladores deberán salir perdiendo (aquellos que no consigan endosar el activo inflado de precios a nadie más); con Bitcoin era concebible (improbable, pero concecible) que ningún especulador saliera perdiendo si terminaban apareciendo demandantes finales de Bitcoin que estuvieran dispuestos a integrarlas en su patrimonio a los precios corrientes de Bitcoin. Al final, visto está, no lo hicieron. Pero, de nuevo, que los precios caigan no es indicativo de que hubiese burbuja: los precios pueden caer en numerosos bienes sin que por ello hablemos de burbuja.

Sea como fuere, quienes han creído ver en el hundimiento de precios de Bitcoin el pinchazo definitivo de la burbuja deberían estar moderadamente desconcertados de que Bitcoin ya vuelva a cotizar en las últimas horas por encima de los 100 dólares (ha multiplicado por tres desde los mínimos marcados estos mismos días). No es del todo inhabitual que una burbuja se reinfle, pero tampoco es lo normal, sobre todo en un plazo tan corto de tiempo. ¿Cómo es que su valor no cae a cero? ¿Cómo es que la burbuja no desaparece del todo como tendería a suceder en cualquier otro activo burbujístico tras una caída tan severa de los precios? Pues básicamente porque Bitcoin no es una burbuja: repito, es un activo en proceso de monetización y, por tanto, con movimientos de precio extremadamente volátiles. Dado que no llega a ser dinero, su demanda final es demasiado estrecha para estabilizar su valor, de manera que surgen dudas permanentes entre algunos de sus tenedores sobre cuál será su verdadera utilidad futura; pero, al mismo tiempo, dado que aspira a ser dinero y todavía se halla en una fase muy inicial de su extensión, su precio tiene impulsos de subir con intensidad. Es como una competición entre dos fuerzas en sentidos opuestos de la que no se sabe todavía cuál saldrá resultante: pero decir que Bitcoin es una burbuja implica sostener que, necesariamente, la fuerza que saldrá vencedora será la que lo desmonetice.

Por supuesto, la volatilidad de su precio no acelera que Bitcoin pueda pasar a emplearse como dinero, en particular como depósito de valor y unidad de cuenta. Pero que el proceso no sea fulgurante no significa que no se vaya a terminar dando. De hecho, el crash de estos días bien puede haber servido como una purga de las manos menos débiles, es decir, de aquellas menos deseosas de mantener Bitcoins en su balance, todo lo cual puede a su vez constituir la base de mayores subidas futuras. Con todo, insisto, Bitcoin sigue estando en pañales como dinero.

Mis tradicionales dudas con respecto a Bitcoin siempre se han debido a la falta de mecanismos semiautomáticos de estabilización de su valor. Al carecer de una demanda no monetaria, la desmonetización de Bitcoin por parte de algunos agentes bien podía inducir a otros, sin freno y sin límite alguno, a liquidar sus  posiciones en Bitcoins, arrastrando su precio hasta cero. Fijémonos en que esto es mucho más complicado que ocurra con otros activos que sí poseen una demanda no monetaria, por ejemplo el oro. En la medida en que la gente demanda oro como joyería a casi cualquier precio (pues parte de la utilidad ornamental del oro depende del estatus que éste concede y el estatus es creciente con el precio), cuando su precio desciende, rápidamente aparecen potenciales compradores de oro que tienden a reabsorber las ventas de las manos más débiles.

Bitcoin no cuenta con este mecanismo automático de estabilización de su valor… pero puede llegar a tener otro: el compromiso de una parte creciente de sus demandantes de no vender (o incluso de entrar a comprar) sus tenencias de divisas por mucho que caiga el precio e incluso de que entren a comprar nuevas cantidades cuando éste desciende a un cierto nivel. Si buena parte de los tenedores de Bitcoins actúan como “cuidadores” de su precio –y lo hacen no de manera desinteresada, sino porque están convencidos de que Bitcoin terminará extendiéndose como dinero en algún momento y, por tanto, subiendo mucho de precio–, éste podría encontrar una firme resistencia que proporcionara tranquilidad al resto de potenciales compradores menos comprometidos o seguros sobre su futuro. Justamente, las fuertes fluctuaciones del precio de Bitcoin a los que estamos asistencia son una manera de conformar algo de lo que Bitcoin carecía y que es esencial para terminar convirtiéndose en dinero: una historia de precios. El oro es evidente que la tiene (más de dos milenios de historia) pero Bitcoin no. Hasta ahora no sabíamos cuál es el mínimo precio que podía llegar a alcanzar: es pronto todavía para conocerlo, pero en este último crash no se ha hundido por debajo de 30 dólares (ya tenemos una cierta referencia). Si su demanda patrimonial sigue creciendo, ese precio mínimo irá aumentando y acercándose cada vez más al precio máximo, momento en el que su monetización quedaría completada. No digo que sea un proceso que vaya a darse en el corto plazo, pero la supervivencia de Bitcoin como dinero depende de que termine dándose.

Para terminar, dado que Bitcoin es una moneda fiduciaria, una forma de dotarla de ese valor mínimo de soporte es ligándolo a otro bien que sí tenga valor no monetario, esto es, que Bitcoin comience a utilizarse como unidad de cuenta. Hasta la fecha, Bitcoin se puede emplear como medio de pago, pero sólo al tipo de cambio que esté marcando con el dólar. No existe, por tanto, una demanda fija de Bitcoins por bien o servicio, sino una demanda variable en función de su cotización con el dólar. Si los agentes comienzan a tener gastos relevantes en Bitcoins, pueden optar por comenzar a vender sus bienes por cantidades fijas de Bitcoins con independencia de cómo cotice con el dólar. Y eso, obviamente, es el más potente mecanismo estabilizador del que puede gozar una moneda fiduciaria: si yo sé que puedo comprar un televisor por 10 Bitcoins (sea cual sea el valor de Bitcoin con respecto al dólar), los agentes tenderán a demandar Bitcoins por el simple hecho de que les serán útiles para comprar televisores a ratios más o menos fijas. Ahora mismo, el precio de un televisor en Bitcoins depende de su tipo de cambio con el dólar, de modo que mantener 10 Bitcoins en cartera conceden un poder adquisitivo absolutamente variable e incierto (en el extremo, podrían permitirte no comprar nada si el tipo de cambio con el dólar se hundiera a cero). Ese es el paso definitivo que tiene que darse en una escala apreciable de usuarios para que el valor de Bitcoin se estabilice verdaderamente. Pero para que ese momento llegue, para que ciertos agentes decidan utilizar Bitcoin como unidad contable y por tanto pasen a demandarlo en cantidades fijas, obviamente tendrá que acreditar con anterioridad una cierta estabilidad de valor, que es justo lo que sus comprometidos tenedores están tratando de lograr negándose a vender cuando el precio cae por las ventas de las manos más débiles.

En suma, como ya dije: el futuro de Bitcoin es incierto, pero no por ello cabe considerarlo una burbuja. Es un activo en proceso de monetización que puede terminar desmonetizado o ampliamente monetizado. Las fluctuaciones violentas en su precio serán la norma y no la excepción en estas fases preliminares de monetización. De ahí que la discusión teórica sobre el futuro de Bitcoin requiera de una visión más a largo plazo que la que nos proporciona su serie de precios de anteayer.

Empiezo, con todo, con una matización. Mi post original no iba específicamente dirigido contra el original de Xavier, sino contra todos aquellos que en los últimos días han venido afirmando que el valor de Bitcoin necesariamente tiene que reventar por tratarse de una burbuja. Es verdad que Xavier ha sido el economista español que más se ha destacado en este sentido, pero el fenómeno ha traspasado nuestras fronteras (aquí tenemos un rotundo titular del Financial Times en este sentido). Si el post hubiese ido específicamente contra Xavier, habría tenido la suficiente deferencia para enlazarlo y para citarlo (amén de que hubiese entrado en otros de sus argumentos de los que discrepo, muy en particular su visión del dinero como no depósito de valor), pero no era así.

Tampoco querría que entendiese mi apelación a “supuestos defensores del libre mercado” que les han cogido tirria a las Bitcoin como un ataque personal. En realidad, liberales que están pronosticando el completo fracaso de las Bitcoin los hay en todas partes: entre ellos, economistas austriacos (que no terminan de encajar las Bitcoin dentro del teorema regresivo de Mises) o partidarios del patrón oro (que lo ven como una potencial competencia) de los que me siento muy cercano. No estoy para repartir carnets de liberales, y menos a Xavier; aparte de que su razonamiento para este caso concreto admite poca réplica: ser liberal no es apoyar cualquier ocurrencia del sector privado ni pronosticar su éxito (otra cosa sería rechazar por sistema cualquier iniciativa monetaria privada por el hecho de ser privada).

Hechas estas matizaciones, procedo a entrar en sustancia. La tesis fundamental de mi artículo era que no tiene demasiado sentido trasladar el marco analítico de las burbujas a los activos monetarios. Xavier me responde hábilmente que una divisa estará en fase de burbuja cuando su tipo de cambio de mercado se encuentra por encima de lo que en la literatura académica se conoce como “tipo de cambio de largo plazo” (que coincidiría con su valor fundamental, por mucho que las divisas no tengan flujos de caja).  Lo primero a decir es que, si Xavier equipara valor fundamental con tipo de cambio a largo plazo, entonces entiendo que, si tuviéramos una divisa de alcance mundial (y ausencia de tipos de cambio), entonces él coincidiría conmigo en que no existe algo así como una burbuja sobre los activos monetarios.

Pero, dejando de lado ese escenario hipotético y poco relevante en el curso del debate actual, ¿sirve el cálculo de los tipos de cambio de largo plazo para permitirnos hablar de burbuja sobre una moneda? A mi juicio, sólo de manera muy imprecisa y no aplicable para el caso de Bitcoin.

Me explico: los distintos modelos de determinación de los tipos de cambio de largo plazo asumen como dadas ciertas condiciones que son esenciales para determinar el tipo de cambio de largo plazo y que, a su vez, constituyen la esencia del proceso de monetización o desmonetización de un activo. Voy a poner dos ejemplos que, creo, permitirán entender mejor mi argumento.

Xavier utiliza a modo de ilustración la teoría de la Paridad de Poder Adquisitivo, según la cual eP*=P, donde ‘e’ es el tipo de cambio BTC/USD  (cuántos dólares hacen falta para comprar una unidad de Bitcoin); P* es el precio de cualquier bien en Bitcoins y P es el precio de ese mismo bien en dólares. Así, si un coche cuesta 10.000 dólares y 100 Bitcoins, es evidente que el tipo de cambio tendrá que ser de 1 Bitcoin por cada 100 dólares. Si el tipo de cambio es de 1 Bitcoin por cada 250 dólares, habrá una “burbuja” en Bitcoins equivalente a 150 dólares por Bitcoin. El problema es que, en este caso, asumimos como dados los precios de ambos bienes; nada impide que el tipo de cambio BTC/USD se consolide en 250 (por ejemplo, porque la demanda para el atesoramiento de Bitcoins sea muy intensa) y el precio del automóvil en Bitcoins experimente una deflación interna desde 100 dólares a 40 Bitcoins. Por supuesto, lo que nos interesa no es el tipo de cambio nominal, sino el real, y en tal caso podríamos argumentar que la burbuja del tipo de cambio estaba en el mantenimiento simultáneo de un tipo de cambio BTC/USD de 250 y un precio del automóvil a 100 (pudiéndose corregir la burbuja por la vía de una caída del tipo nominal o por una reducción del precio de los automóviles), pero trasladando eso al debate actual sería equivalente a reconocer que el precio en dólares de las Bitcoins no tiene por qué caer y que puede seguir subiendo sosteniblemente si la monetización (el incremento de su demanda monetaria) prosigue.

Segundo ejemplo: otro modelo para determinar el tipo de cambio de largo plazo es el FEER (Fundamental Equilibrium Exchange Rate). Este tipo de cambio es aquel que prevalecería entre los distintos países compatible con sus equilibrios internos (niveles de renta a los que lograr el pleno empleo interno sin inflación) y equilibrios externos (saldos de la balanza por cuenta corriente que sean compatibles a medio plazo con los saldos sostenibles de la balanza financiera). Por ejemplo, si EEUU acumula déficits corrientes del 10% del PIB y esos déficits no son estructuralmente financiables por un saldo positivo del 10% del PIB en la balanza financiera, el tipo de cambio fundamental del dólar con el resto del mundo tendrá que depreciarse (y la diferencia entre el tipo de cambio actual y al que tenderá a depreciarse sería la burbuja cambiaria). Ahora bien, y aquí entra el asunto importante, ¿qué son saldos financieros sostenibles? Parte de las entradas de capital a EEUU dependen de la demanda internacional de dólares como activo de reserva: ¿qué sucede si esa demanda internacional se incrementa? Pues que EEUU podrá, sosteniblemente, mantener déficits corrientes mayores a los inicialmente previstos (la “burbuja” del tipo de cambio será menor o inexistente). Lo mismo cabe decir con respecto a Bitcoin: si más agentes demandan Bitcoin como activo de reserva, el tipo de cambio BTC/USD tenderá a apreciarse. ¿Hasta dónde? Pues dependerá de la extensión de la demanda monetaria de las Bitcoins.

Como intenté explicar en el anterior post –probablemente sin demasiado éxito o claridad– es el mismo proceso de monetización de Bitcoins (el hecho de que cada vez más agentes deseen incorporar Bitcoins como activo patrimonial líquido) el que determina endógenamente que el tipo de cambio de equilibrio sea uno u otro (en el modelo de PPA, los precios caerían para mantener el tipo de cambio; en el de FEER, los países sin monedas de reserva tendrían que acumular superávits corrientes mayores para adquirir esas monedas internacionales de reserva, lo que llevarían a que sus tipos de cambio no se apreciaran todo lo que deberían frente a las moneda de reserva).

Es, además, en este sentido en el que debe interpretarse la otra frase que Xavier critica de mi post: que un aumento de la demanda de los activos monetarios incrementa su precio de equilibrio. Cuanta más gente desee atesorar un activo monetario (esto es, cuanto mayor sea su demanda), más se apreciará frente al resto de activos monetarios (tipo de cambio: apreciación) y no monetarios (precio de los activos: deflación). Si los agentes desean sosteniblemente mantener atesorados esos activos monetarios (lo que equivale a decir que la velocidad de circulación de esa moneda se reduce), el precio de equilibrio de ese activo monetario se elevará con las nuevas preferencias de liquidez de los agentes. Esto no sucede con ningún otro activo (salvo que ese activo se monetice parcialmente: por ejemplo, las acciones de las empresas Blue Chips pueden cotizar sistemáticamente con ratios PER más elevadas debido a su mayor seguridad y negociabilidad): si la gente acepta pagar precios cada vez mayores en un activo es porque se espera que sus flujos de caja futuros también vayan creciendo (de nuevo, excluyo que se acepten sacrificios en la rentabilidad/riesgo por convertirlos en activos “reserva”, como sucede hoy con la deuda pública de EEUU o de Alemania, que no deja de ser un caso análogo al de activos puramente monetarios). En ningún caso, verbigracia, un aumento de la demanda de inversión de viviendas en 2007 hubiese reducido la magnitud de la burbuja inmobiliaria española: al contrario, la hubiese incrementado.

Lo anterior no debería interpretarse como que cualquier aumento de la demanda de un activo monetario lo aleja del territorio burbuja. Si el aumento de la demanda tiene un componente especulativo (comprarlo a precios actuales para venderlo a precios crecientes a corto plazo, sobre todo si, para más inri, esas compras son apalancadas), la probabilidad de que el precio futuro del activo monetario (en este caso, Bitcoin) se derrumbe puede ser creciente. El propio Xavier lo explica: “Si los que compran son especuladores, el aumento de precio no refleja en absoluto la probabilidad de que el Bitcoin acabe siendo adoptado como moneda”. Mi punto en el anterior post no fue ni mucho menos negar esa posibilidad, sino introducir un caveat incluso para esa situación: podría ser que los especuladores actuales estuvieran anticipando correctamente que mañana surgirá una intensa demanda final/patrimonial entre los agentes económicos (por ejemplo, si creen que la información sobre Bitcoins se seguirá extendiendo y que, al conocerla, cada vez más gente querrá introducirlas en su patrimonio y, por tanto, su precio de equilibrio futuro será superior al actual); es decir, podría ser que la demanda especulativa sea estabilizadora en lugar de desestabilizadora (insisto: no digo que lo sea, sólo que ni siquiera podemos asegurar que no lo sea y, por tanto, ni siquiera por esta vía podemos asegurar que Bitcoin sea una burbuja o que vaya a derrumbarse de precio en, digamos, los próximos 100 años).

Donde sí debo darle la razón a Xavier es que Bitcoin no será adoptado como dinero autónomo (es decir, no sólo como una moneda intermedia indexada al dólar para efectuar transacciones cibernéticas, sino como una divisa con una demanda autónoma a la del dólar) mientras su precio no se estabilice. Fluctuaciones muy grandes en el precio de Bitcoin desincentivan su adopción como unidad de cuenta y depósito de valor líquido, sobre todo mientras la inmensa mayoría de nuestras transacciones se realicen en monedas distintas a Bitcoin. Ahora bien, esto es inevitable en el proceso de monetización de cualquier activo y nada impide que pueda terminar estabilizándose en el futuro a un tipo de cambio muy superior al actual. Por ejemplo, si muchos agentes emplean Bitcoin como un simple vestido cibernético del dólar, cada vez será más sencillo mantener la contabilidad de una parte de nuestro patrimonio en Bitcoins: cuando muchos agentes compren y vendan en Bitcoins, podré obtener una parte de mis ingresos y efectuar una parte de mis gastos en Bitcoins (cubriendo mi posición monetaria y procediendo a guardar una reservas estables en Bitcoins sin riesgo cambiario).

En definitiva, la mayor o menor demanda monetaria de un activo modifica su valor de equilibrio de largo plazo, pero yo no llamaría “burbuja” a la posibilidad de que esa demanda monetaria descienda en el futuro (como no lo haría en el caso de que la demanda final de zumos de naranja descienda en el futuro). En este sentido, Xavier me acusa de sugerir en mi anterior post que todos aquellos economistas versados en el análisis de los tipos de cambio, en sus valores de equilibrio de largo plazo o en la detección de burbujas cambiarias, “son una cuadrilla de tontos que intentan diseñar métodos para identificar unas burbujas que es imposible que existan porque las monedas no pagan dividendos”. No sugiero eso, desde luego: más bien digo que el término burbuja cambiaria no me parece acertado y que lo que, en realidad, se estará queriendo decir es que es muy probable que un determinado tipo de cambio termine depreciándose en el futuro dada una cierta previsión de la demanda monetaria.

Pero, como decía, una caída previsible de precios no es exactamente lo mismo que una burbuja (los precios de los bienes de consumo, incluidas las primas de un seguro, pueden caer sin que quepa considerar necesariamente que partían desde niveles de burbuja) y, como he dicho anteriormente, tales juicios se emiten asumiendo la constancia o previsibilidad de ciertos elementos, como la demanda monetaria. En épocas donde la demanda monetaria de una divisa no sea susceptible de experimentar cambios muy bruscos, se podrá predecir de manera más o menos aceptable empleando tales modelos; cuando esa demanda monetaria evolucione de manera caótica, la volatilidad de los tipos de cambio se dispara (por ejemplo, en el año 2008, tal como recuerdo Xavier). ¿Cabe decir que tales tipos de cambio son indicativos de una burbuja? A mi juicio no, porque es imposible saber dónde se estabilizará la demanda monetaria (y en todo caso, esa demanda monetaria depende en gran parte de circunstancias exógenas a las características propias del activo y de su precio): lo cual no significa, cuidado, que un tipo de cambio que se aprecie hoy no pueda derrumbarse mañana, pero no porque ayer hubiera una burbuja, sino porque la demanda monetaria ha cambiado.

Todo esto, por cierto, también permitiría explicar por qué la volatilidad de las Bitcoins a día de hoy es tan elevada: está en fase de darse a conocer y cada vez más gente puede estar incorporándola en sus patrimonios. Dentro de este proceso, además, los típicos análisis de valores fundamentales de la divisa, definidos estos como “el precio de equilibrio sin fricciones y con agentes económicos racionales”, no sirve, pues una economía sin fricciones implica la facilidad y ausencia de costes para acceder a toda la información relevante; cuando lo que ahora está sucediendo, justamente, es que mucha gente que no conocía Bitcoins las está empezando a conocer (la información que tenían ayer los agentes no era ni mucho menos la misma que la actual). La cuestión es si esa gente que las compra son “manos fuertes” o “manos débiles” y, también, si esas manos débiles no van a encontrar manos fuertes en el futuro. No me aventuro a dar una conclusión, pero lo que digo es: no sólo es precipitado concluir que todo son manos débiles que liquidarán masivamente las Bitcoins en el futuro, sino que incluso dentro de este proceso no me parece apropiado hablar de burbuja (porque lo conclusivo es que aparezca o no demanda monetaria sobre ese mismo activo).

Para terminar: ni mi anterior post ni éste son una predicción de que el precio de Bitcoin no va a caer a plomo en el futuro y, por tanto, una exhortación a invertir en Bitcoins. Tan sólo pretendo dejar claro que no son una burbuja, esto es, que su precio no está condenado inexorablemente a descender por un retorno a los fundamentales: sus fundamentales dependen de su propia demanda monetaria, esto es, de cómo avance su monetización. Lo que he dicho es que Bitcoin está en fase de monetización y que a) no hay nada que imposibilite que ese proceso se complete y b) si se completa, el precio futuro de Bitcoin será muy superior al actual. En cierto modo, el post original de Xavier va más allá del mío: aporta razones por las cuales considera que el proceso de monetización de Bitcoin va a fracasar (1. Riesgo de que no cuaje como moneda, 2. Riesgo de ilegalización, 3. Riesgo de robos. 4. Riesgo de multiplicación de su oferta) y, por tanto, por qué considera que eventualmente su valor volverá a ser cero (siendo cualquier precio actual una burbuja).

Yo no entré a valorar sus cuatro motivos, pero he de decir que el riesgo de robo de Bitcoins es igual o inferior al de otras formas de dinero tradicional y que el riesgo de multiplicación de su oferta no existe (explicar esto nos llevaría a extendernos demasiado). El riesgo de ilegalización existe, pero su influencia no está clara (sobre todo porque Bitcoin está pensada, precisamente, para intercambiar al margen del gobierno). Por tanto, de los cuatro motivos de desmonetización que aporta Xavier sólo me parece verdaderamente relevante el primero: que Bitcoin no cuaje como divisa. Pero fijémonos que esto es lo mismo que decir que existe riesgo de desmonetización porque existe riesgo de desmonetización. ¡Y ciertamente existe y porque existe no recomiendo a nadie invertir grandes cantidades de su patrimonio en Bitcoin! Pero lo que intenté trasmitir desde un principio es que el riesgo de desmonetización (o de no monetización) no implica que exista una burbuja, porque eso equivaldría a suponer desde un comienzo que el activo se va a desmonetizar por fuerza (por ejemplo, si fuera un esquema Ponzi, tal como muchos dicen erróneamente que es), cuando a mi entender nada impide que el proceso de monetización de Bitcoin vaya a fracasar (y tampoco nada garantiza que vaya a triunfar).

Como señalé al comienzo, creo que tanto Xavier como un servidor coincidimos en que Bitcoin puede depreciarse mucho con respecto a sus niveles actuales. Xavier es mucho más pesimista que yo a este respecto –y mi intención no es entrar a discutir si su pesimismo está más fundamentado que el mío, probablemente sí–, y es ésa perspectiva muy probable (para él) de desmonetización total la que le lleva a afirmar que estamos ante un burbujón. Yo no lo calificaría así por los motivos apuntados, pero si la única discrepancia es ésa, entramos en debates puramente nominalistas que pueden ser interesantes pero no esenciales. Lo relevante: mi intención era aclarar que Bitcoin puede seguir subiendo sosteniblemente de precio si su proceso de monetización continúa (vamos, que no está condenada a pinchar) y, según entiendo, Xavier deja en su segundo post un mínimo resquicio de posibilidad a que eso suceda (aunque no lo considera demasiado probable). Si es así, coincidimos en lo esencial aunque discrepemos en lo accesorio para los propósitos de mi post (el grado de probabilidad de que Bitcoin se desmonetice y si conviene denominar “burbuja” a esa condenada a la desmonetización).

Sea como fuere, reitero mi agradecimiento por haber escrito su muy estimulante réplica.

En cuanto a lo primero, basta observar la evolución, por ejemplo, de las acciones de Wal Mart. A comienzos de 1997 iniciaron una tendencia alcista que las llevó a pasar de 11 dólares la acción a más de 50 dólares apenas dos años después: hoy, tras una décadas, cotiza a 76 y jamás bajo de los 40. Wal Mart no estaba en fase de burbuja. Punto.

Más jugo, sin embargo, tiene el segundo problema: no todo activo es susceptible de ser analizado bajo los criterios de una burbuja. ¿Qué es una burbuja? Básicamente, cuando el precio actual de un activo supera ampliamente el valor presente de sus flujos de caja futuros. Por ejemplo, si un piso que tiene un precio de mercado de un millón de euros se puede alquilar por 850 euros mensuales (10.200 euros anuales), es evidente que el precio del piso está en fase de burbuja: si un depósito bancario, por ejemplo, me ofreciera el 2%, sería más lógico que colocara el millón de euros en el depósito (cobrando 20.000 euros anuales) y pagara el alquiler mensual de los intereses  bancarios. Algo parecido podría decirse con respecto a una acción o con respecto a un stock de materias primas (si el precio actual de compra supera con mucho el eventual precio de venta futuro –basado éste en su previsible utilidad final para los consumidores–, entonces está en fase burbuja).

Hay un tipo de activos a los que, por el contrario, no se les puede aplicar este marco analítico: los activos monetarios. El caso típico ha sido el del oro. ¿Está el oro en burbuja? La gente tiende a dar una respuesta muy categórica (tanto a favor como en contra) cuando, simple y llanamente, la pregunta no es pertinente. Al fin y al cabo, ¿cuál es el valor del oro según sus fundamentales? Si nos tuviésemos que guiar por su oferta y demanda industrial, tal vez el oro cotizaría a un precio de mercado de 50 dólares la onza (o menos). Problema: desde la ruptura de Bretton Woods, jamás ha cotizado ni es previsible que jamás vuelva a cotizar a ese precio. ¿Por qué? Porque el oro tiene otros usos más allá de los no monetarios: en concreto, su uso monetario (ser el medio de cambio por excelencia cuando la desconfianza entre los agentes y entre los gobiernos es máxima).

La cuestión, pues, es cómo estimamos el valor fundamental de esa utilidad monetaria del oro. Y aquí comienzan las dificultades. En cierto modo podríamos aproximar ese valor fundamental según la probabilidad de la causa que les lleva a los agentes a asignar utilidad monetaria a un determinado activo. Por ejemplo, si la gente demanda oro porque espera que haya una guerra, si la guerra no llega a producirse, entonces la utilidad monetaria actual del oro es infundada y tenderá a pincharse. De hecho, muchos inversores en oro utilizan diversos índices de miedo o índices que reflejan la psicología (tranquila o en pánico) del mercado para tomar sus posiciones en oro.

Es una estrategia legítima y en muchos casos exitosa pero con dos puntos flacos. El primero, ¿tiene sentido calificar a un seguro contra incendios de burbuja? La lógica es la misma: ¿para qué contrato yo un seguro contra incendios? Por si se quema mi casa; si finalmente no se quema, he estado capitalizando un activo (el seguro) que en realidad no tenía ningún valor. ¿Una burbuja? Yo más bien diría que estuve comprando tranquilidad o protección contra el riesgo de incendio, esto es, lo mismo que sucede con la inversión en oro ante el temor de una guerra. Y, por motivos similares, la gente podría comenzar a demandar oro –a lo largo de toda su vida– no ya porque tema una guerra, sino simplemente “por si acaso”, esto es, para obtener una protección genérica contra la incertidumbre pura. Esto sería lo que mucho analista arrogante calificaría como “irracionalidad de las masas hacia una bárbara reliquia”, pero que, como decimos, sólo supone comprar una protección genérica contra catástrofes que ni siquiera puedo concebir.

Ahora bien, el mayor obstáculo para hablar de burbuja es otro. ¿Cuál es el precio de equilibrio de esa protección genérica? Simplemente no lo hay: tan bueno es el oro como activo monetario cuando su precio es de 1.000 dólares la onza como cuando es de 5.000. Que esté más cerca de 1.000 dólares que de 5.000 dependerá, llanamente, de dos factores: a) la cantidad de gente que quiera incorporarlo como reserva de tesorería en su patrimonio, b) el porcentaje de sus patrimonios que esa gente quiera tener en forma de oro.

Fijémonos que esto es en buena parte incompatible con el marco analítico de las burbujas. Cuando alguien denuncia una burbuja está queriendo indicar que ese activo está siendo sobreadquirido en el presente (demanda demasiado alta) en relación con el valor de sus rentas futuras (está pagando hoy mucho más por esas rentas futuras de lo que pagaría al contado por ellas en cada uno de los momentos futuros). O dicho de otro modo, el precio actual del bien se desvía de su “precio de equilibrio” a largo plazo. Pero con los activos monetarios se da una circunstancia curiosa: cuanta más gente los demande como activo monetario en el presente, más aumenta su precio presente y en muchos casos también su precio de equilibrio. Por tanto, ¿cómo puede hablarse de burbuja si, precisamente, el valor fundamental del activo monetario depende de la gente que lo está demandando?

Una solución, en parte acertada, sería fijarse en la demanda especulativa de ese activo: si hay gente que lo está demandando no porque quiera incorporarlo a su patrimonio como tesorería, sino porque espera que otra gente lo vaya a demandar como activo monetario en el futuro, entonces podemos pensar que su precio está en territorio de burbuja. Bien, pero para concluir esto no sólo hay que fijarse en que existe una potente demanda especulativa, sino analizar si es verosímil o no que los especuladores tengan razón: esto es, que en el futuro vaya a emerger una intensa demanda monetaria por ese activo. Y con los activos monetarios, a diferencia de con el resto, que su precio cada vez aumente más no lo va alejando necesariamente de sus valores fundamentales (no aumenta la probabilidad de burbuja), pues recordemos que estos valores fundamentales puede ir desplazándose con el aumento del precio (si, por ejemplo, los tenedores actuales de activos monetarios aceptan retener una mayor porción de su patrimonio en ese activo monetario o si el auge especulativo provoca que nuevos agentes conozcan y demanden ese activo monetario).

Mi propuesta es abandonar el marco analítico de las burbujas de activos para el caso de los activos monetarios y pensar en términos de “procesos de monetización y desmonetización” de esos activos. Razonar en términos de monetización ayuda a clarificar las cosas: si un activo monetario tiene ciertas ventajas para actuar como medio de cambio frente a los demás, los agentes lo irán incorporando como parte de su patrimonio y su precio de mercado (y su precio de equilibrio) irán aumentando (monetización). Por el contrario, cuando los agentes empiecen a desconfiar del mismo y a extraerlo de sus patrimonios, su precio comenzará a hundirse (desmonetización). O, por decirlo de un modo más sencillo, si la demanda final de zumo de naranja aumentara y su producción anual no pudiese aumentar, su precio de equilibrio se incrementaría. No tendría ningún sentido calificar ese aumento del precio como “burbuja del zumo de naranja”, por mucho que creyéramos que en el futuro la demanda de zumo de naranja podría volver a caer: simplemente, el precio actual era el que vaciaba el mercado en función de la demanda y de la oferta presente, aun cuando sea más alto que el precio que lo vaciará en el futuro. Pues lo mismo sucede con los activos monetarios: no es correcto tildarlos de burbuja por mucho que su precio futuro pueda descender con fuerza (si entran en fase de desmonetización).

Algunos juzgarán que con este post pretendo reinventar la rueda, pero más bien busco clarificar los términos del debate. Cuando algunos afirman que ciertos activos monetarios, como el oro o el Bitcoin, son una burbuja, están asumiendo de partida e implícitamente que su proceso de monetización fracasará y que, al final, serán desmonetizados. Desde luego, eso es algo que le puede suceder a todo activo monetario (¡incluido el dólar!), pero para sostener que un activo monetario como Bitcoin será desmonetizado hace falta un análisis mucho más refinado que simplemente incurrir en una petición de principios (“será desmonetizado”); un análisis que por lo general o no aparece o que, cuando aparece, lo hace bajo presupuestos claramente erróneos (como que Bitcoin es susceptible de ser falsificada, que su número puede crecer más allá de los 21 millones, etc.). Acaso porque no existan buenas razones fundamentales por las que, con toda seguridad o con una elevada probabilidad, Bitcoin tenga necesariamente que fracasar, se lo suela despreciar como un activo en fase de burbuja olvidando que es un activo en fase de monetización (que, por supuesto, como todo activo monetario, es susceptible de ser desmonetizado).

Personalmente soy algo escéptico con ese loable experimento privado y descentralizado que es Bitcoin y no entiendo la tirria que algunos supuestos defensores del libre mercado le profesan, salvo porque quieran justificar lo que cada vez resulta más injustificable: el monopolio monetario de la banca central. Pero, eso sí, reitero que, siendo muy amigable con Bitcoin, resulta prudente advertir que es un experimento monetario que bien puede fracasar. Su continuada monetización no está ni mucho menos garantizada y, por tanto, su desmonetización (sobre todo a partir de los niveles actuales) es un evento ahora mismo muchísimo más probable que la del oro o el dólar. Precisamente porque se trata de un dinero fiduciario (su circulación depende de un compromiso fuerte de las partes por seguir aceptándolo), no existe ningún estabilizador automático de su demanda monetaria y de su valor salvo ese mismo compromiso fuerte de sus usuarios (al contrario de lo que sí sucede, por ejemplo, con el oro). Cuando, por consiguiente, sus tenedores son personas muy convencidas y comprometidas con su potencial futuro, el Bitcoin posee, por así decirlo, estabilizadores automáticos muy potentes; conforme van entrando “manos débiles” que entienden mucho peor su funcionamiento y lo adquieren a modo de experimento, su valor se va volviendo, al menos a corto y medio plazo, mucho más inestable.

Ahora bien, ¿significa eso que el valor de Bitcoin va a derrumbarse, como creen que inexorablemente sucederá quienes lo califican de burbuja? No. Y precisamente porque no existe ninguna necesidad de que su valor se hunda, es inapropiado tildarlo de burbuja. Hay dos potenciales vías de estabilización (en el valor o en el ritmo de crecimiento) de Bitcoin: una, que el público que ha adquirido Bitcoin a modo de experimento, lo vaya empleando en sus transacciones P2P y lo termine considerando útil para esos propósitos (siendo esas compras, una parte significativa de sus transacciones anuales), de modo que consoliden permanentemente una parte de su patrimonio en forma de Bitcoins; dos, y derivada en parte de la anterior, que algún “big player” como Amazon anuncie que está dispuesto a vender sus productos a cambio de Bitcoins (elevando, pues, permanentemente su utilidad monetaria). Cualquiera de estos dos eventos puede acaecer (es más, conforme más gente compra y usa Bitcoins, más probable va siendo que sucedan), y cualquiera de los dos frenaría la desmonetización y el pinchazo de los precios actuales de Bitcoin.

En suma: Bitcoin es un activo con unas características monetarias bastante interesantes en el contexto político actual. Evidentemente, no es mejor dinero que el dólar o el oro en cualquier situación o contexto (y viceversa), pero tampoco es necesario que lo sea, pues la cuestión no es si todos los intercambios del mundo van a terminar efectuándose siempre a través de Bitcoin (escenario muy pero que muy poco probable), sino si una porción de los mismos lo terminará haciendo. Basta con que este último caso se dé (y en gran parte ya se está dando) para que el precio actual de Bitcoin no sólo no descienda a largo plazo sino que continúe aumentando de manera sostenible. Ahora bien, y como ya he dicho, estando en una fase muy preliminar de monetización, el riesgo de desmonetización (y de hundimiento de precios) sigue ahí. La cuestión es no presentar lo que es posible –o incluso probable para algunos– como algo absolutamente inexorable, esto es, presentar a Bitcoin como una burbuja. No lo es, y quien lo tilde de burbuja debería responder a renglón seguido cuál es su estimación de “precio de equilibrio” o de “valor fundamental” del Bitcoin. Porque si partimos de la prejuiciosa base de que no jugará ningún rol monetario en el futuro, entonces a 100 dólares el Bitcoin será una burbuja, pero a 0,1 dólares también lo será. Y, desde luego, en ausencia de un análisis más profundo sobre por qué Bitcoin terminará desmonetizándose, tan docta afirmación sí tendría un valor cercano a cero dólares (o Bitcoins).

Disclaimer: No se entienda este texto como una recomendación de invertir en Bitcoins. Eso lo dejo a la elección individual de cada cual. Asimismo, ni tengo, ni he tenido, ni tengo intención de tener en el futuro previsible ninguna posición en Bitcoins.

It is certainly a risky business to criticize a book without having read it first (an excusable fault, since unfortunately the book has not yet been translated into English). For instance, Dr. Kates criticizes me for treating aggregate supply and aggregate demand as separate entities, when both magnitudes are in fact the same. But one can find exactly that statement in the first chapter of my book (here available for free in Spanish): “Any economist previous to Keynes who had properly understood Say’s Law would have been surprised by that separation between supply and demand at an aggregate level. As we have said, demand is nothing more than supply and supply is nothing more than demand, but both looked at from a different angle. What can be supplied either in the present or in the future is precisely what can be demanded either in the present or in the future, and vice versa, what can be demanded either in the present or in the future is nothing more than what can be offered in the present and in the future”.

The point, of course, is that the specific composition of goods both in the present or in the future does not need to coincide with those goods demanded by consumers and savers, but not because of a deficiency of aggregate demand, but because the composition of the actual supply does not match the desired supply: either desired goods are not being produced or they are not being produced quickly enough. In both cases, one of the best mechanisms to push a fast readjustment of private malinvestments is hoarding: as entrepreneurs fall short of cash inflows to maintain either their operative business structure or its financial business structure, they may be forced to liquidate part of their capital assets or to find new investors to widen their financial basis. In the former case, other goods will be produced (capital assets will find accommodation inside other business plans); in the latter, new savers will provide more time and resources to accelerate the current production processes. But that readjustment is not an instantaneous thing: the structure of production is a quite rigid and non-convertible network of heterogeneous capital goods which cannot be transformed at pleasure, as Keynes seemed to have believed.

This last reasoning is, however, also misrepresented by Dr. Kates. He initially states that I should not speak about ‘aggregate demand’ since aggregate demand expenditure does have a structure and it is the structure that determines the structure of production: “To use ‘aggregate demand’ in the same sentence as “structure of production” must leave the argument confused”. Certainly, I do not have any problem with the term aggregate demand or aggregate expenditure when it is properly understood: it is just the sum of all individual spending at any given moment. Neither Austrians have traditionally had any problem with the term: Hayek’s stages of production are aggregate (sectorial) spending and Rothbard even developed a way to measure Gross Private Production. To speak about aggregate expenditure does not necessarily imply forgetting that the aggregate expenditure does have a structure: it merely means that you can observe reality using different levels of aggregation (of course, some are much more useful than others: economic individualism, for instance, is based on the correct hypothesis that the optimum level of aggregation is the human body, and not a single cell or tissue).

I think I have been pretty clear in the previous lines about the essential importance of the structure and the interrelations inside those aggregates, something that of course is omnipresent in my book. Just to quote again some passages of my first chapter: “Economic agents increase their hoarding (i.e. their demand for money) because they do not want to exchange that money for any other good which is currently being supplied in the market, but that does not imply the existence of general deficiency of demand, but that the composition of specific goods currently available in the market is not the one which satisfies the desires of money holders (…) The funny thing is that Keynes intended to caricature Say’s law by claiming the absurd doctrine that “supply creates its own demand”, but after all what we have seen we could certainly summarize Keynes’ views by the not least absurd motto that “demand generates its own supply”; i.e., that by stabilizing or increasing the level of total expenditure –independently of its composition– it will always be possible to stabilize or increase total production up to the point of full employment, even when current structure of supply cannot fulfill that particular demand”.

In this point, I am afraid that Dr. Kates concedes too much to Keynes when criticizing my criticisms. In describing my opinions about the essential role played by hoarding inside a capitalistic system, he says:

Rallo thus attempts to controvert Keynes by confirming everything he wrote. People really do hoard, Rallo argues, and store money rather than spend. There really is a deficiency of demand in the short-to-medium term that may finally work itself out in the long run, in three-to-five years perhaps. Overproduction is impossible, but only “ultimately,” and in the meantime it can occur. Involuntary unemployment does apparently occur because of some problem on the demand side of the economy due to hoarding. However, rather than this deficiency of demand being a bad thing, it’s a good thing, since the hoarding allows business to think about what to do next. But if you are Keynesian such as Krugman, it also licenses the government to come to the rescue with a stimulus package that will short-circuit this delay.

Dr. Kates falls into the Keynesian trap when thinking hoarding is akin to demanding nothing. This is probably the most important point in my whole book: hoarding is not a sterile demand without immediate implications on the structure of supply. To hoard is obviously to demand a certain long run change in the patterns of supply: it shows that some goods are oversupplied while others are undersupplied (i.e. some goods are underdemanded while other are overdemanded, so there cannot be a general deficient demand through hoarding!). However, it is true that, as Dr. Kates states, this long run identity between aggregate demand and supply may not satisfy many Keynesians who could defend that, in the short run and while people continue hoarding, other production process should be started by government.

But hoarding is also to demand some instant restructuring (some instant supply) in the current structure of production. As professor Hülsmann has properly shown, demand for money (hoarding) has real implications over the structure of production. Specifically, raising the value of money through hoarding stimulates the production of money and thus flattens and shortens the structure of production. I would add to professor Hülsmann deep insights that demand for money also stimulates the production of other goods which can be used as collateral for temporary substitutes of money (such as highly liquid consumption goods) without compromising the ability of the structure of production to readjust itself to its long-term desired pattern (just as gold production does not either). The key difference between this market-driven temporary production and Government ‘stimulus’ plans is that the corrections in relative prices are not interrupted and idle resources are not frozen in undesired projects. In short, the key difference is that new malinvestments are not added to previous malinvestments and thus scarce capital is not absurdly consumed.

Keynes assumed in The General Theory that neither money nor its substitutes could be produced, thus concluding that a general glut was possible when agents increased their demand for money. Unfortunately, Dr. Kates failing to consider the real short-run healthy effects of hoarding makes him embrace Keynes’ unfounded fears unintentionally.

Despite the obvious problems involved in criticizing the analysis of a book through a short review of it, I have to sincerely thank Dr. Kates for giving me the opportunity to clarify some of the presumable errors he chooses to highlight and which many other readers might have misinterpreted too.

Que Zapatero fue un nefasto gobernante creo  que a estas alturas nadie lo pone en duda. Su último gran servicio a la patria fue dejar el déficit de 2011 en el 9% cuando debió haberlo cerrado en el 6%. Tal calamidad fue recibida con mucha indignación por el nuevo Gobierno del PP al afirmar que hacía del todo imposible cumplir con el objetivo comprometido para 2012, entonces en el 4,4%; en verdad, sin embargo, la impostada indignación era mal disimulada alegría: que Zapatero dejara el déficit en el 9% les permitió a los del PP mantener una política fiscal mucho más expansiva (que es lo que en realidad les gusta) que si hubiese cumplido y ya hubiese consolidado un déficit del 6%. Más que criticar al PSOE, los manirrotos keynesianos del PP deberían haberle puesto una medalla (ah… que es lo que hicieron).

En todo caso, bajar de un déficit del 9% a uno del 4,4% no era misión imposible, pero habría requerido mucho más diligencia, mucha más inteligencia y muchas más convicciones de las que han demostrado los prohombres populares y, más en concreto, ese rapiñador tributario llamado Cristóbal Montoro. De ahí que Bruselas les vendiera a los mercados que, en parte, era razonable darle más tiempo al Gobierno del PP a la hora de cumplir con el déficit: 2011 fue un año perdido por Zapatero, olvidémonos de él y procedamos a recortar el déficit como si ese año no hubiese existido. Por tanto, en 2012 teníamos que pasar del 9% al 6,3% (lo que tocaba haber hecho en 2011) y en 2013 del 6,3% al 4,5% (lo que debió suceder en 2012). El Efecto Zapatero sobre las cuentas públicas se reducía, pues, a retrasar todo el ajuste un año.

Pero el PP ya ha consumido ese año y con espantosos resultados. Se nos dijo que el déficit estaba bajo control, lo cual debería suponer que este año somos capaces de pasar del 6,3% al 4,5%. Mas pese a la fanfarria con la que Montoro presentó los datos de déficit de 2012 (con manipulación incluida), cerramos en el 7%, una “ligera” desviación del objetivo de 2012 que, por lo visto, ya nos inhabilita para cumplir el de 2013. Pero bueno, si el déficit de 2012 se ha desviado siete décimas, lo lógico, si queremos mantener el nivel de esfuerzos previstos y comprometidos, sería que el déficit de 2013 quisiéramos cerrarlo en el 5,2%, ¿no?

Pues no: el PP presiona ahora a Bruselas para que le permita quedarse con un déficit del 6%. Es decir, el nivel en el que deberíamos haber cerrado 2011. Que no lo hiciéramos en 2011 podrá ser imputable a ZP, sí, pero que no lo hayamos hecho en 2012 ya no es culpa de ZP, sino del PP. Y, sobre todo, que este año el PP se niegue a efectuar ajuste adicional alguno, tampoco es culpa de Zapatero, sino del PP. En pocas palabras, el responsable y ejemplar PP se piensa comportar en 2013 como lo hizo Zapatero en 2011: no vamos a mover ni una ficha para minorar el déficit.

Sucede que, en el fondo y como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, el PP jamás quiso reducir el tamaño del Estado, sino consolidarlo en sus niveles sobredimensionados en medio de una coyuntura de restricción crediticia (por eso subieron 27 veces los impuestos en 2012 y por eso quieren repetir análogo expolio en 2013). Su esperanza era que el déficit se redujera no por recortes del gasto, sino por una milagrosa recuperación económica (que multiplicara los ingresos) una vez ellos llegaran al poder (la confianza y demás que iba a descongelar milmillonarias inversiones extranjeras:  ja, ja). Como eso no ha sucedido y como se niegan a seguir recortando el gasto (que es lo que habría que hacer, quedan unos 100.000 millones de gasto por minorar), se plantan en un déficit del 6% (si es que tenemos la suerte de que la coyuntura nos sea propicia).

A los del PP ya se les ha acabado la excusa de Zapatero: con el socialista, se retrasó todo un año; ahora el PP pide otro año de aplazamiento. Otros estatistas de tomo y lomo que nos abocan al sobreendeudamiento y al desastre. Como su predecesor. Tanto monta monta tanto, Montoro como Salgado.

Primero, el actual sistema financiero es un sistema perverso, fraudulento y estatista (una industria privilegiada por el Estado no es un mercado libre, sino todo lo contrario). Su modo de actuación se basa en aprovecharse de los enormes privilegios que le confiere el Estado para maximizar sus beneficios incurriendo en todo tipo de comportamientos imprudentes, insensatos y especulativos. Actualmente, los bancos financian sus inversiones a largo plazo (por las que cobran suculentos tipos de interés) mediante unos depósitos que son deuda a muy corto plazo. ¿Se imaginan una empresa que emitiera deuda a dos días para financiar inversiones a 30 años? Imposible: en nada caería en suspensión de pagos. Los bancos no: ellos pueden seguir prestando y prestando a largo plazo contra su deuda a corto plazo sin que les pase nada. ¿Por qué? Porque hay un ente público y monopolístico detrás de ellos llamado “banco central” que actúa como “prestamista de última instancia”: es decir, si no consiguen refinaciar los vencimientos de su deuda a ultracorto plazo, el banco central –cuya capacidad para prestar ya no se ve restringida por nada, ni siquiera por la convertibilidad de sus billetes en oro– pasa a hacerlo. De este modo, los bancos privados saben que tienen una red que les protege frente a cualquier caída de su funambulista actividad.

Segundo, los bancos chipriotas hicieron exactamente eso: destinaron sus depósitos a comprar deuda pública de Chipre y deuda pública griega. Ambos son activos muy inapropiados para una banca que gestiona depósitos a la vista. La deuda pública (salvo las letras del Tesoro) tiene plazos de vencimiento muy dilatados que deberían ahuyentar a cualquier banquero que gestione depósitos. Si no lo hace, si de hecho la deuda pública es el activo preferido por nuestras entidades, es porque el Banco Central Europeo (también la Reserva Federal) concede un estatus especial a la deuda de cualquier gobierno europeo, convirtiéndola en el activo preferente para acceder a su refinanciación. A efectos prácticos, tener deuda pública equivale, para un banco privado, a tener tesorería. ¿No es acaso perverso? Sí, lo es: esos son los incentivos.

Tercero, los gobiernos no es que “toleren” estas prácticas en beneficio de la banca, sino que las fomentan. Cuantos más bancos privados compren su deuda pública, más barato son capaces de financiarse. Es más, cuando los bancos no compran la deuda pública de algún gobierno, es justo cuando empezamos a escuchar aquello de “los mercados nos atacan”. A los Estados les interesa que los bancos les presten (por eso les privilegian) y a los bancos les interesa emplear esos privilegios en prestarles el capital de sus depositantes. Un peligroso maridaje que se desmorona cuando algún gobierno deja de pagar (como ha hecho Grecia): en tal caso, el banco privado tiene un agujero descomunal que sólo puede traspasárselo a los depositantes.

Cuarto, en este sentido, mi propuesta de aplicar una quita a los depositantes chipriotas (en línea con la realizada por la Troika, pero de manera bastante más rigurosa: accionistas y bonistas lo pierden todo, y los depositantes por encima de 100.000, pierden todo lo necesario para recapitalizar el banco) no es un movimiento que me agrade, sino una petición de que se clarifique el desfase patrimonial de la banca chipriota, minimizando las pérdidas para los depositantes y no socializando pérdidas con el resto de ciudadanos europeos. No se trata de perjudicar a los chipriotas por perjudicarles, sino de evitar la quiebra desordenada de sus bancos, merced a la cual perderían muchísimo más dinero.

Quinto, la estabilización de la banca chipriota es sólo una sugerencia a corto plazo que en ningún caso debe entenderse como un espaldarazo a nuestro fraudulento sistema financiero. Éste debe ser despojado de todos sus privilegios estatales, lo que en pocas líneas significa: patrón monetario libre (posiblemente oro), banca libre (desaparición del monopolio de la banca central) y no rescates estatales. Todos aquellos que se rasgan sus vestiduras por el robo a los chipriotas y piden una mayor regulación y un mayor control sobre los bancos chipriotas sólo están siendo los tontos útiles de un sistema deslegitimado que busca encontrar nuevos pretextos para sobrevivir. ¿O acaso alguien se cree que los Estados (los controladores y los reguladores) van a prohibirles a los bancos que inviertan en su deuda pública? Nunca: de hecho, Basilea III (la nueva regulación ultraestrica para la banca del futuro) profundiza en la necesidad de que los bancos concentren su actividad en prestarle a los Estados. Mas los problemas de Chipre han venido justamente de ahí: de que le prestó al Estado griego en lugar de mantener sus activos en tesorería o en créditos comerciales a muy corto plazo y de muy elevada calidad. ¿Más control y más regulacines? Ja: el lobo cuidando del gallinero… como hasta ahora.

Sucede, sin embargo, que estamos tan acostumbrados en concebir los depósitos de los bancos como dinero que aprobar un impuesto sobre los depósitos se asemeja mucho a que el Gobierno “confisque” el dinero de los chipriotas. Para el imaginario popular, lo que planea hacer el gobierno chipriota es “meter la mano en la caja”, es decir, que si en los bancos de Chipre tienen 100 euros de los chipriotas, el gobierno rapiña 10 euros.

Es una forma sencilla de verlo, pero equivocada. En el mundo financiero actual, los depósitos bancarios no son dinero, sino deuda, es decir, promesas a entregar dinero (un interesante debate, en el que no hace falta entrar ahora, es si resultaría preferible que sí fueran dinero, esto es, implantar un coeficiente de caja del 100%). Que una deuda se utilice en muchas ocasiones como medio de pago no la convierte automáticamente en dinero, dado que esa deuda sólo seguirá actuando como medio de pago generalmente aceptado en la medida en que los agentes económicos confíen en que puede saldarse en dinero. O dicho de otro modo, aquellas deudas que se sepan que no van a poder pagarse en dinero dejarán de aceptarse como medio de pago (nadie quiere cobrar en una deuda incobrable).

Como ya he explicado en otras ocasiones, los bancos de Chipre estaban quebrados por invertir en deuda pública griega y, por tanto, no podían honrar el 100% de sus depósitos. Si uno no puede pagar el 100% de una deuda, como son hoy en día los depósitos, sólo quedan dos opciones: o que esa deuda la pague otro (una indeseable socialización de pérdidas) o reducir el importe a pagar de esa deuda (quita). Esto ha sido lo último que se ha hecho. Veámoslo con un ejemplo.

En un comienzo, el banco tiene 100 unidades monetarias (um) invertidas en deuda pública griega, y esas 100 um han de dar para pagar las 95 um de depósitos y, eventualmente, las 5 um que los accionistas invirtieron al crear el banco. Si con el paso de los años, esa deuda pública griega sufre una quita del 15% (de modo que en lugar de 100 um sólo devolverá 85), es evidente que no todos los acreedores del banco podrán cobrar. Los primeros en perder, claro está, han de ser los accionistas, cuyos fondos propios tienen que desaparecer por entero. Pero, aun así, como vemos en el balance del banco en el momento 2, las 85 um que pagará la deuda griega son insuficientes para amortizar la deuda de 95 um en depósitos. Y aquí es donde entra lo que se piensa hacer en Chipre: una quita de 15 um a los depósitos (esto sería el tributo extraordinario) rebajándolos a 80 um, y la entrega a esos depositantes de la propiedad del banco mediante acciones de nueva emisión valoradas en la diferencia de 5 um (un banco no puede funcionar sin fondos propios, y los únicos que pueden aportarlos sin socializar pérdidas son los propios depositantes). Otra forma de verlo es que se truecan 15 um de depósitos por 15 um de fondos propios y acto seguido se les imputan a esos fondos propios las pérdidas de 10 um de la deuda griega pendientes de asignación (de ahí que al final sólo queden 5 um).

La cuestión, por tanto, es que a los depositantes chipriotas no se les ha robado nada o, al menos, no se les ha robado nada ahora. Probablemente se pueda considerar un robo, un desfalco o una imprudencia delictuosa que sus depósitos estuvieran invertidos en deuda pública griega, pero una vez ésta se impagó, lo único que restaba era asignar las pérdidas a unas deudas incobrables (los depósitos). El tributo extraordinario sobre los depósitos y su conversión en acciones es sólo una forma de articular esa asignación de pérdidas sin abrir concurso: se puede criticar el método, pero no que los depositantes vean menguar sus depósitos, pues esto era del todo inexorable si no queríamos socializar pérdidas.

En suma, no se trata de que el gobierno haya metido el dinero en la caja y se haya quedado con una parte de los depósitos de los chipriotas, es que una parte de los depósitos de los chipriotas no podían pagarse y el gobierno ha usado el impuesto para efectuar el ajuste contable. Si lo queremos ver así, la recaudación del tributo extraordinario irá a parar íntegramente a comprar acciones de nueva emisión de los bancos de Chipre… pero, ¿quién serán los propietarios de esas acciones? ¡Los propios depositantes chipriotas! ¿Y dónde estará ese dinero? En ninguna parte, pues no es una forma de redistribuir la caja, sino de reconocer que una parte de esta no existía: como podemos ver en los balances anteriores, los activos de la banca chipriota no aumentan tras el impuesto extraordinario (no tienen más dinero en caja, fruto del tributo extraordinario); básicamente, porque, como decíamos al principio, los depósitos no son dinero, sino deuda, y lo que se hace aquí es ajustar a la baja el valor de esa deuda.

Por consiguiente, la realidad es que nadie se va a quedar con la recaudación del tributo extraordinario pues, de hecho, no habrá tal recaudación: será una conversión de depósitos en acciones (únicamente afecta al pasivo de los bancos), siendo los propietarios de esas acciones los depositantes chipriotas. Nadie se queda con su dinero, pues ese dinero con el que esperaban contar no llegará a existir. Simplemente: tenían unos créditos contra los bancos que éstos no pueden pagar y se efectúa la correspondiente quita. Es un circuito cerrado en el que las pérdidas ya existentes se asignan a los únicos que podían y debían soportarlas: los depositantes y no el conjunto de la sociedad europea.

1) La banca de Chipre tiene un agujero mínimo de 10.000 millones de euros derivado de sus inversiones en la quebrada deuda pública griega. 10.000 millones equivalen a más del 60% del PIB de Chipre.

2) Las opciones frente a un agujero de este calibre son varias: a) rescatar a la banca chipriota por parte del Estado, b) imponer pérdidas sobre los acreedores del banco, c) una combinación de ambas. Examinemos las dos primeras.

3) Rescate vía socialización de pérdidas: Chipre no tiene ninguna capacidad para rescatar a sus bancos. Inyectando 10.000 millones en los bancos llegaría a una deuda del 150% del PIB, lo que provocaría la quiebra del Estado y la consecuente quiebra de los bancos acabados de rescatar (pues buena parte de sus inversiones están en deuda pública de Chipre). Las dos únicas formas de arbitrar este rescate/socialización de pérdidas son:

1. Rescate comunitario: Todos los contribuyentes europeos debemos poner dinero para cubrir los agujeros de la banca (y de los depositantes) de Chipre. Quienes nos hemos opuesto a la socialización de las pérdidas dentro de la banca, obviamente también deberíamos oponernos a esta solución. El parado de Soria que paga un 21% de IVA no tiene por qué rescatar al rico oligarca ruso que tiene su dinero en un depósito en Chipre (ni tampoco al trabajador chipriota).
2. Salida del euro e impresión masiva de moneda: Esta sería la única opción “nacional” para evitar pérdidas sobre los depositantes rescatándoles formalmente. Chipre sale del euro, su Estado pasa a tener capacidad limitada de endeudarse (monetizando su deuda en su nuevo banco central) y con su ilimitado endeudamiento rescata a los bancos y a los depositantes. La contrapartida sería una enorme inflación y depreciación de la moneda chipriota que a buen seguro arrojaría pérdidas muy superiores al 10% sobre los depositantes. ¿Es mejor que la gente cobre 100 y no 90 aunque los 100 pasen a valer 50? No lo veo, aunque es una opción preferible al rescate comunitario.

4) Imponer pérdidas a los acreedores del banco, incluidos los depositantes: Más del 90% de todas las deudas de los bancos de Chipre son depósitos, y una parte apreciable de esos depósitos (unos 10.000 millones) son de ciudadanos rusos. Aquí apenas hay bancos extranjeros alemanes o franceses que hayan invertido su dinero en Chipre y quieran exprimir al país para recuperarlo. No: lo que tenemos son bancos de Chipre financiados por depositantes de Chipre (y una parte de Rusia) invirtiendo en deuda pública de Chipre y en menor (aunque apreciable) medida de Grecia. Las pérdidas, que las hay, pues, se las han de repartir fundamentalmente los depositantes (también los accionistas y bonistas, pero como digo son una porción ínfima que no sirve para tapar el agujero). A este respecto, había dos opciones:

1. La que se ha seguido: El Estado ha aplicado una conversión exprés de depósitos en acciones de los bancos de Chipre (se aprueba un tributo del 7-10% sobre los depósitos y se les compensa entregándoles acciones de nueva emisión de esos bancos). La lógica es evitar eternizar el proceso concursal de recapitalización, forzando a que los depositantes absorban con celeridad las pérdidas latentes de los bancos para evitar su liquidación.
2. La que debería haberse seguido: Siendo respetuosos con la libertad de las partes, debería haberse abierto un procedimiento concursal para proceder a pactar la quita exacta que debía aplicarse a los depositantes. Repito: lo que se debería negociar no es si hay o no hay quita, sino cuánta quita. Eso es indefectible a menos que se rescate a los bancos chipriotas con dinero del resto de europeos. Contrapartidas de esta medida: va necesariamente asociada a un corralito de varias semanas o meses y la quita finalmente acordada (sobre todo si no hay acuerdo y se llega a una liquidación desordenada) podría ser muy superior al 10% aplicado. En suma, la medida que debería haberse seguido tiene sus ventajas (voluntariedad), pero también sus importantes desventajas frente a la aprobada.

5) ¿No hay nada que criticarle al no-rescate comuntario? Sí, hay varios puntos que todavía no están claros o que son abiertamente incoherentes, más allá de que no se haya abierto un procedimiento concursal: a) No está claro si los bonistas senior van a experimentar quitas (deberían hacerlo, aunque su participación sea meramente testimonial: menos de 2.000 millones de euros sobre más de 70.000 en depósitos), b) Tampoco está claro por qué se sanciona con una quita del 6,75% a los depositantes de menos de 100.000 euros (esa parte supuestamente estaba más protegida o garantizada que la porción que superara esos 100.000: habría sido mucho más sensato aplicar una quita mayor al 10% a los depósitos por encima de 100.000 para evitar la quita a los depósitos de menos de 100.000), c) Las quitas deberían ser selectivas sobre los bancos quebrados y no sobre todos (aunque probablemente todos estén quebrados, sin embargo es un punto a clarificar y que, lógicamente, se clarificaría en un procedimiento concursal), d) No se entiende –o si, se entiende, no se justifica– la asimetría en el tratamiento de Chipre, esto es, por qué se rescata a España y no a Chipre (pero, en todo caso, que se haya obrado mal con España al socializar las pérdidas de sus bancos no es motivo para que se siga obrando mal con Chipre socializando las suyas).

Como digo, más adelante seguiré comentando, pues hay otros puntos que se han quedado en el tintero (parte del sí-rescate comunitario ha ido a parar al Estado chipriota) y hay ciertas cuestiones que son al menos curiosas de reseñar (por ejemplo, el paralelismo de Chipre con Islandia o que, pese a lo razonable de la medida, pueda causar grandes estragos a nuestro fraudulento sistema financiero asentado sobre los pies de barro de una socialización continua de las pérdidas)

Desde joven se interesó por lecturas de economistas “que defienden la libertad como vía para lograr la prosperidad”. Cursó la licenciatura de Económicas y a día de hoy combina divulgación –ha sido autor de varios libros–, investigación y docencia en diversas instituciones. Su vocación es la enseñanza, aunque la generalización del modelo digital haya impulsado su dedicación a la difusión de sus ideas en los medios.

En más de una ocasión ha puesto en cuestión la necesidad de los bancos centrales.

El papel del Banco Central Europeo (BCE) en la gestación de la crisis ha sido muy relevante. No en vano, entre 2011 y 2007 infló mucho el crédito y eso provocó una burbuja que derivó en la inmobiliaria en España. Es, pues, el culpable original y último de la misma, como en Estados Unidos lo fue la Reserva Federal. Después, ha intentado mantener una postura monetaria más o menos ortodoxa sin abrir la impresión de moneda de forma exagerada, pero al final ha tenido que ceder. La prueba es su promesa de rescate potencialmente ilimitado a los países que lo soliciten y de ahí que mi opinión no sea nada positiva hacia sus políticas. La solución a los momentos que vivimos no pasa por que el BCE nos preste dinero, aunque sí puede conseguirnos tiempo para hacer correcciones a problemas muy serios, pero darnos ese tiempo de forma casi gratuita lo que provoca es que nuestro Gobierno y también las autoridades europeas se relajen a la hora de combatir el déficit y abordar reformas estructurales. Hoy estamos peor que hace medio año, la diferencia es que tenemos una línea de crédito que enmascara una grave dificultad de financiación. Eso sólo es alargar la agonía con una deuda cada vez más grande a intereses mayores.

¿Hay salida para la situación por la que atravesamos después de cinco años?

El sector privado lleva todo ese tiempo de reestructuración y de ajuste. La vivienda va cayendo, los salarios se han ido moderando, las familias han ido reduciendo su endeudamiento de forma considerable, la exportación se ha incrementado de manera aceptable, las importaciones han bajado… Ciertas pautas de lo que debería suceder para irnos recuperando y generar riqueza se están dando, pero no de manera ágil y en un contexto muy agresivo porque hay una plaga de regulaciones que condicionan a las empresas y que no se eliminan. Las subidas exageradas de impuestos hacen que la renta disponible para el gasto esté bajo mínimos y no digamos la dedicada a la reinversión. Sin olvidar que la incertidumbre a medio plazo sobre las finanzas públicas sigue ahí y pone en tela de juicio la inversión a largo, que es la que nos interesa. Es cierto que en los últimos tiempos se ha producido un repunte de las inversiones en cartera en nuestra economía, pero eso no es ningún balón de oxígeno a nuestras dificultades porque lo que necesitamos es inversión extranjera a largo plazo.

Defiende la vuelta al patrón oro.

No soy partidario de que exista un monopolio público de la moneda y que, dado que no es convertible en oro, se dedique a refinanciar casi ilimitadamente a la banca privada sea cual sea su solvencia. Es el germen de las grandes depresiones que hemos sufrido y de la que padecemos ahora. Eso no significa que sea contrario a los bancos centrales per se. Son bancos de bancos que han emergido en el mercado, una banca mayorista frente al resto, minorista, que se ha convertido en monopolio público y ahí está el fallo. Si la eximes de cualquier obligación como la que existía antes de convertir sus pasivos en oro puede suceder lo que ha ocurrido. El límite a la expansión infinita de los créditos en las economías es la inflación, que es molesta, incómoda y distorsionadora, pero es lo único que les restringe, aunque no todo lo que sería conveniente.

¿Considera entonces que los bancos centrales de Derecho Público, con las garantías estatales que ahora se les presuponen, deberían tener fecha de caducidad?

Existe en estos momentos una gran oportunidad para abordar una transición que debería fundamentarse en sociedades mixtas, donde los acreedores de las entidades se convirtieran en accionistas y parte de los depósitos se pudiesen transformar en plazos o en participaciones de la entidad. Así se evitaría el rescate de la banca y que el contribuyente les diera su dinero. Pagar su deuda con ampliaciones de capital es una posible solución y los convertiría en entidades más sólidas. Y se podría volver a una cierta convertibilidad de la divisa con el oro, determinando una nueva paridad. Una vez estabilizada anclada a un valor real y no a garantías últimas, se podrían establecer nuevos medios de pago… Además, aunque el Banco Central siguiera siendo público no tendría por qué llevar a cabo comportamientos imprudentes con la banca comercial. Si fuera privado actuaría casi de oficio para protegerse de la insolvencia, mientras que si es público el riesgo en este sentido es más grande.

¿Tendrían entonces que ofrecer otras garantías las entidades bancarias?

Al no ser convertible el dinero, el Banco Central debería estar obligado a comportarse de manera prudente, sin descartar plazos y sin usar sus pasivos para proporcionar financiación a largo plazo, por ejemplo contra hipotecas a 40 años. O contra pagarés a 30 días de empresas que no son seguras. ¿Cómo se puede discriminar a quién prestar y a quién no? Si tuviéramos oro la respuesta sería sencilla ya que, si saliera de las reservas al prestar iríamos viendo cómo nos íbamos ahogando. Y, al contrario, si empezara a llegar a las arcas tendríamos capacidad para relajar el descuento de activos. Es un mecanismo de regulación automático pero hoy el Banco Central no lo tiene. Frente a eso, existen criterios arbitrarios para subir los tipos de interés y endeudarse. El Banco Central camina ciego, como una empresa sin balances de pérdidas y ganancias.

Entonces, ¿qué ocurrirá en el futuro?

Creo que llegaremos a un escenario en el que habrá que estabilizar de manera creíble el valor de las divisas, hoy en parte anclado al dólar, garantía última del sistema monetario mundial. Cuando hay crisis se intentan conseguir dólares a gran escala y también francos suizos. Pero es un ancla a una moneda que no deja de ser deuda, mientras que el oro no es el pasivo de nadie más. Ahora, la forma de pagar deudas es crear otras nuevas deudas en una refinanciación continua y la propia solvencia de la economía de Estados Unidos, si se gestiona mal su pasivo, se puede poner en duda. El pánico puede llegar si no se pagan las deudas y si eso se hace a través de inflación, es decir, rebajando el valor de las unidades, el dólar dejará de ser una moneda interesante y habrá que buscar otras anclas. El oro es una de ellas, un activo monetario que todo el mundo desea y es una buena forma de despejar incertidumbres.

¿Se colapsará el sistema de pensiones?

Apuesto por una transición lenta que implicará su congelación. Pienso que se va a hacer, aunque no quieran los responsables políticos. Es la economía la que va a obligar a que se produzca. El sistema público de pensiones irá siendo cada vez más subsidiario porque la capacidad de afrontar pagos serios de aquí a 20 años es inviable, a no ser que haya un aumento brutal de la productividad del trabajo. En consecuencia, se pagarán prestaciones muy bajas. Más o menos las actuales pero dentro de 30 años, lo que será pura caridad. La gente se irá preparando para su jubilación acudiendo a fondos de inversión privados, comprando inmuebles, deuda pública o privada de otros países… Una cartera variada de activos, en definitiva, para garantizarse cierta estabilidad de renta que complementará con una pensión pública más marginal a medida que pase el tiempo. Cuando una gran parte de la población tenga garantizada su renta por fórmulas que no sean el sistema público, se podrá abolir o dejar para casos muy particulares de aquellos que no hayan ahorrado, hayan invertido mal o tengan muy poca renta. Será un robo porque habrá personas que habrán estado pagando toda su vida y no cobrarán, pero lo mismo sucede con los impuestos de quien paga la Sanidad y no la utiliza.

¿Al lado de qué países nos colocaría este escenario?

Sobre todo, de Chile, con una cotización obligatoria a la Seguridad Social que destina el dinero a cinco fondos que invierten en deuda y acciones chilenas. La revalorización media desde 1981 ha sido del 9% anual, es decir, explosiva, y eso permite pagar pensiones considerables a los chilenos, aunque no se puedan comparar con las españolas, como tampoco los sueldos.

¿No es un modelo con más riesgo?

Para mí, no. En 2009 la Bolsa chilena cayó un 40% y diversos autores argumentaron que eso demostraba lo erróneo de los sistemas privados de pensiones. Pero es que al año siguiente el parqué chileno subió entre un 50% y un 60% y al producirse el ajuste en un año no pasó nada importante. La Bolsa y no sólo la nacional –se puede invertir en una cartera de bolsas para diversificar riesgos– es un termómetro de la economía subyacente. Es muy difícil que la Bolsa esté deprimida durante mucho tiempo y con un nivel de depresión además muy importante, porque hablamos de unos 30 años. Habrá periodos de caída pero otros serán de subida. En 30 años tendría que bajar mucho para no recuperar el capital invertido y si experimenta caídas continuas durante tanto tiempo es que la economía a la que representa está muerta. Una economía muerta no es capaz de recaudar fondos suficientes para hacer frente al pago de pensiones. Por eso, no es más arriesgado.

¿Defiende el copago sanitario además de farmacéutico? Se habla mucho de privatización cuando en realidad por lo que algunas administraciones han apostado es por la gestión privada de hospitales públicos.

Muy cierto. La gestión privada puede ser buena, pero no necesariamente. La dinámica del sistema que funciona es que exista un entorno competitivo en el cual se han de satisfacer las necesidades de los clientes para conseguir su favor. Si se logra se pueden acometer más inversiones y captar más clientes y si no invierto bien o no me adapto, muero. Los empresarios se pueden equivocar, rectificar y mejorar. Eso es un mercado privado y en competencia donde no hay rentas garantizadas y uno que llega con una idea mejor te puede quitar tu puesto… Otro sistema es que el Estado te garantice una renta y entonces el beneficiario puede hacerlo bien o mal. Así las cosas, ¿un sistema realmente privado funcionaría mejor? Sí, seguro. ¿Uno concertado? Pues puede funcionar mejor que el que tenemos ahora, ahorrando costes, que es algo muy bueno en especial en estos momentos, o puede ‘rapiñar’ dinero estatal. Creo que lo que algunos gestores de la Sanidad como los de Madrid han hecho es un gesto valiente que implica un cambio de mentalidad para la sociedad española, pero no exento de riesgo.

Pero es que la gestión privada de servicios públicos debería darse en un entorno de libre competencia y en España son sólo dos los operadores que existen dedicados a los centros de salud…

Sí. Aún así, pueden mejorar una gestión pública en la que hay muchas ineficiencias. Lo privado raciona más los recursos y prioriza, frente a las rigideces de lo público. Si a los gestores públicos se les permitiera tener la misma flexibilidad, por ejemplo respecto a las contrataciones, que al sector privado, entonces lo podrían hacer mucho mejor. Hay costes como la comida en los hospitales que no entiendo muy bien por qué se han de subvencionar. La valoración del cliente empeorará pero es un modelo mucho más racional.

¿Camina España hacia un verdadero modelo liberal?

Hay gente que se autoproclama liberal en el Gobierno y quizá lo sea o tengan esas inquietudes, pero la reforma liberal que a muchos nos gustaría ver va mucho más allá de lo que ellos estarían dispuestos a proponer y, además, y eso es lo fundamental, aunque se propusiera no se iba a aceptar. Es una carrera a largo plazo. El Gobierno no hace lo suficiente. Esta crisis ha sido una oportunidad para avanzar hacia reformas liberales y en muchos casos se ha hecho lo contrario, como en materia fiscal o en cuanto al mercado eléctrico.

¿Llegaremos al despido libre, a salarios vinculados a productividad, a otra reforma laboral?

Creo que no. Se ha subido el salario mínimo y eso ya es un gesto. El mercado de trabajo sí está experimentando cambios en las relaciones laborales como realizar las tareas desde casa, no tener remuneración fija y sí por objetivos o como parte de proyectos… Están en vigor relaciones laborales propias de la mentalidad de la economía fabril del XIX y de la masiva proletarización de la sociedad, un modelo que cada vez va teniendo menos sentido. Dentro de lo que cabe, la reforma laboral no ha sido mala, se ha dado un paso hacia la dirección adecuada, pero para capear la crisis sirve, por eso no creo que la toquen y quizá si mejoran las cosas den marcha atrás, cuando el mercado laboral debería ser flexible siempre.

Los sindicatos mantienen sus privilegios en la negociación colectiva…

Su poder se ha debilitado algo pero sigue en lo fundamental. La reforma permite el pacto interno en las grandes empresas y en las pymes poder descolgarse de forma transitoria del convenio a través de una decena de pasos. Pero ya en 2008 se necesitaban salarios más bajos y, como no se bajaron, ahora se han reducido un 20% de golpe. Lo ideal sería evitar todo esto. Sin embargo, 2009 fue el año de mayor subida de los sueldos reales en España y eso no tiene ningún sentido con la destrucción de empleo que hubo.

¿Ha pasado ya lo peor? ¿Llegan mejores tiempos para los emprendedores con las próximas leyes?

Pedir prebendas estanca y no sirve para crear riqueza e innovar. El sector privado debería haber pasado lo peor, el problema es el público que, al no haber realizado su ajuste, genera mucha incertidumbre sobre el futuro. No soy optimista respecto a eso porque no veo una buena actitud en el Gobierno para hacer las cosas como hay que hacerlas salvo cuando existe presión externa por parte de los acreedores. Quienes sobrevivan a la crisis van a salir muy reforzados, eso desde luego. Han ajustado tanto costes y se han adaptado tanto al mercado que habrán incrementado mucho su productividad, ganarán mucho dinero y estarán bien posicionados. Un sector como el de la Prensa está muy mal, pero no va a morir. Seguirá habiendo periódicos. Por eso, las empresas del segmento que permanezcan y no caigan ocuparán un puesto más importante, ya que habrá menos operadores y más grandes.

• La renta per cápita del país ha aumentado más de un 50% desde 1998.
• El consumo eléctrico per cápita ha pasado de 4.536 kWh a 6.155
• La producción de electricidad con origen renovable crece del 1,5% al 19,3%.
• El número de médicos por cada 1.000 personas se ha incrementado de 2,8 a 4.
• La tasa de mortalidad infantil se reduce casi a la mitad, del 7 por mil al 4 por mil.
• La esperanza de vida ha aumentado de 79 a 82 años.
• La tasa de mortalidad materna se ha reducido a la mitad.
• En secundaria se ha pasado de tener un maestro cada 12 alumnos a uno cada 11 alumnos, consolidándose como uno de los más bajos de su entorno.
• Los hombres con titulación universitaria han pasado del 21% de toda la fuerza laboral al 29%, y las mujeres del 29% al 38%.
• El número de mujeres en la universidad ha pasado de ser el 118% del de los hombres al 123%.
• El número de mujeres en el parlamento ha pasado del 25% al 36%.
• El uso de teléfonos móviles subido del 16% de la población al 114%.
• El índice de producción de cosecha ha pasado de 92,8 a 106 y el de producción animal de 92,5 a 99,3.
• El número de personas con empleo ha crecido de 14,1 millones a 17,3 millones.
• La inflación se ha mantenido moderada en torno al 2%.

Tales han sido los logros del chavismo en Venezuela por los que la historia terminará absolviéndolo. Sólo un matiz: debido a un desliz, toda la retahíla de datos anteriores no se refieren a Venezuela sino a España.

PD: Dedicado a todos aquellos que se pasan el día despotricando contra el putrefacto, decadente, pauperizador y corrupto régimen partitocrático español y luego aplauden con las orejas a la Venezuela chavista debido a sus innegables logros sociales. Coger cuatro datos sueltos y dar una buena imagen no es tan complicado, ¿verdad?

Pregunta: ¿Qué le parece la gestión de la crisis que el gobierno de Mariano Rajoy está llevando a cabo? ¿Está de acuerdo con las previsiones de Bruselas que pronostican más paro, más déficit y una mayor recesión?

Respuesta: La gestión de la crisis del gobierno de Mariano Rajoy ha sido, en términos generales, bastante cuestionable. Ha tomado todas las medidas contrarias a las que debería haber adoptado. Necesitábamos menos impuestos, menos gasto y menos déficit y lo que al final hemos tenido ha sido más impuestos, más gasto y más deuda. Es cierto que aspectos como la reforma laboral han estado bien orientados, aunque no han sido ni mucho menos todo lo ambiciosos que deberían.

Un cualquier caso, España se encuentra en una situación muy complicada, prácticamente en suspensión de pagos. Y por esto mismo, no vale dar dos pasos para llegar a la meta, sino que tenemos que llegar a ella. Aun cuando todo lo que hubiera hecho el gobierno de Rajoy hubiera estado bien orientado –que no lo ha estado–, si eso no basta, habría que ir más lejos. De lo contrario, todo habrá sido un sacrificio del que no tendremos resultados tangibles. Lamentablemente, las previsiones de Bruselas son bastante verosímiles, bastante más que las del gobierno español, que confía ciegamente en una recuperación milagrosa que no se sabe de dónde va a llegar.

P: ¿El resultado de las recientes elecciones italianas va a repercutir directamente en la economía y credibilidad españolas?

R: Claramente. El origen de la situación actual de España se remonta a principios de julio del pasado año, cuando Mario Draghi anuncia la apertura de las líneas de crédito para los países en problemas. Aunque la prima de riesgo ha ido bajando y, aparentemente, la situación se ha estabilizado, cualquier acontecimiento externo negativo e inesperado (un cisne negro, como se conoce en la jerga financiera) podía tener repercusiones muy negativas en la economía española. Un país debe ser lo suficientemente fuerte como para poder afrontar y absorber este tipo de situaciones, y España, hoy por hoy, no lo es.

El resultado de las elecciones en Italia nos afecta muy directamente porque compromete la estabilidad y la unión del euro. Si el euro se rompe, lo hará por sus partes más débiles: Italia y, por supuesto, España.

P: La marca España se ha puesto de moda. ¿Su promoción servirá para algo?

R: El problema de la marca España es que se mezcla lo excelente con lo pésimo. El gobierno, con su mala política de socialización de pérdidas, de subidas de impuestos, de nulos recortes del gasto para cuadrar el déficit, está emponzoñando lo que podría ser una buena marca, sobre todo teniendo en cuenta la magnífica calidad de parte del empresariado español. Hay sectores de la economía española que están resistiendo muy bien la crisis y empresas españolas punteras en su sector, como Inditex, pero no basta con promocionar la marca España cuando alguien está continuamente machacándola. Es fundamental que todos los agentes se alineen en hechos fundados y no en propaganda para que la marca España resurja a nivel internacional.

P: ¿Tan mal comunicamos?

R: Hay cosas que no estamos comunicando bien, pero en todo caso, hay cosas tan negativas que todo esfuerzo de comunicación que se haga va a quedar reducido a nada. Deberíamos intentar tener una marca que se venda sola, y para ello es necesario ser un país serio y responsable. Suiza, por ejemplo, es una marca en sí misma. Tiene unas instituciones fuertes que defienden la propiedad privada, los contratos, no buscan sobreendeudarse de manera alocada para mantener niveles de vida estratosféricos en relación con su capacidad productiva… Son gente sensata y es un país en el que da gusto invertir.

P: ¿Hay entonces una alternativa liberal para salir de la crisis?

R: Desde luego. Hay una alternativa liberal que es muy distinta a la que se ha seguido hasta ahora. Lo que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy no es liberal. Es una alternativa democristiana o socialdemocráta, muy en la línea de lo que habría hecho e hizo Rodríguez Zapatero: el ajuste que ha llevado acabo Rajoy ha sido de 2 puntos sobre el PIB, fundamentalmente subiendo impuestos, y el ajuste de Zapatero en 2010 fue de 2 puntos sobre el PIB, bajando el gasto más de lo que lo ha reducido Rajoy. Por tanto, es la misma línea de continuidad. Si Zapatero era malo, Rajoy no es mejor. Y en muchas cosas es peor.

P: La calle se está volcando contra los recortes ¿Qué modelos educativo y sanitario propone?

R: Creo seriamente que los modelos que mejor funcionan, tanto en educación como en sanidad, son los sistemas privados, libres, competitivos y sometidos únicamente al consumidor. Esto, desde luego, implica un cambio de mentalidad muy importante, principalmente porque hemos recibido un adoctrinamiento estatal de que si no es público, no funciona, de que la gente moriría en la calle, o no podría acceder a una educación. Esto es falso. En el siglo XIX, en la Inglaterra victoriana, prácticamente toda la población estaba alfabetizada y la educación que existía era privada.

Pero aun así, no hay relación entre que la provisión sea privada y que no pueda haber una cierta redistribución, si así se quisiera desde el Estado, para que los menos favorecidos pudieran acceder a esos servicios. Si el argumento “como no se lo puede pagar cierta gente, lo nacionalizamos” se hubiera aplicado a la vestimenta o la agricultura, no existiría Zara y las granjas serían estatales.

El sistema sanitario estadounidense no es, frente a lo que pueda pensar la gran mayoría de personas, un sistema puramente privado, es un sistema en el que todo el gasto se ha socializado a través de seguros, por lo que se encuentran con un problema muy similar al que tenemos en Europa. Los sistemas sanitarios que se aproximan más a un sistema de mercado, como el de Singapur, funcionan estupendamente, son muy económicos y, en cuanto a calidad y acceso, son de los mejores del mundo.

En Educación tenemos que quitarnos la idea de un currículum fijado desde el Estado. La educación debe ser aprendizaje en competencia entre individuos, sin que nadie fije el currículum oficial.

P: ¿Hubo también burbuja en la educación y en la sanidad?

R: En educación es posible que la haya habido porque el gasto se ha incrementado en un 30% en los últimos diez años y los resultados no han mejorado.

El problema en el gasto sanitario es que la sanidad española no está orientada al mercado, a los consumidores, a los pacientes, sino que estos se subrogan en lo que ofrece el mercadeo político. No existe una buena organización y los costes tienden a elevarse porque no hay ningún tipo de uso racional del sistema, más allá de los sistemas de racionamiento que imponga desde arriba el sector público, que suelen ser extremadamente ineficientes e injustos.

En cualquier caso, donde sí ha habido burbuja es en el conjunto del sector público, donde el gasto ha sido muy superior al que se puede financiar con unos ingresos que no demuelan la economía privada a lo largo del tiempo.

P: ¿Se hizo bien la reforma financiera?

R: No. La reforma financiera se debería haber llevado a cabo sin socializar las pérdidas de los bancos entre toda la sociedad española. Para eso se tendrían que imponer quitas o conversión de deudas en acciones a los acreedores; y, aunque se ha hecho con los tenedores de participaciones preferentes, se debería haber hecho con todos, incluyendo bancos franceses y alemanes. Pero no se ha querido.

Al final, el rescate de la banca va a ser un negocio ruinoso para las arcas españolas (según Bruselas, el 70% de lo invertido se va a perder de entrada), y todo eso lo vamos a pagar  los contribuyentes españoles, que no tenemos ninguna responsabilidad, al menos directa, en todo lo que ha sucedido.

P: Con casi 6 millones de parados, ¿podemos decir que la reforma laboral sirvió para algo? ¿Qué opinión le merecen los minijobs?

Toda relación laboral es plenamente legítima y lícita y, por tanto, la ley debería permitir todas aquellas que no generen daño más allá de los contratantes. Por tanto, los minijobs me parecen una vía contractual perfectamente legítima. Muchas veces se asume erróneamente que los minijobs son para toda la vida, cuando realmente se han pensado para una etapa transitoria (complementar ingresos de estudiantes, momentos de penalidad…). Esto es algo básico, no solo en el caso de los minijobs, sino de cualquier legislación. El SMI y todas las normas que impiden que una relación laboral libre se pueda plasmar porque al político de turno no le gusta, deberían abolirse.

En cuanto a la reforma laboral, podemos decir que en parte ha funcionado. Poco a poco la destrucción se ha ido frenando, y se ha destruido mucho menos empleo dentro del sector privado que el que se destruyó en el mismo período en el año 2009. No hay que olvidar que España, para no destruir empleo, tiene que crecer al menos al 2%. Este año hemos decrecido un 1,5% y, aunque la destrucción de empleo ha sido considerable, en el sector privado apenas se han destruido puestos de trabajo. Donde sí se está produciendo el ajuste es en el sector público, donde la ocupación ha caído en 350000 personas.

Por tanto, aunque no ha tenido efectos revolucionarios, sí creo que la reforma laboral ha servido como paliativo.

P: ¿Cree que las medidas que se anunciaron en el Debate sobre el estado de la Nación servirán de algo?

R: Aunque algunas, como la reducción de 50 euros durante 6 meses de las contribuciones de los autónomos o la reducción de impuestos a empresas de nueva creación, no están mal orientadas, el problema de todas estas medidas se encuentra en un error de base. Nadie va a crear una empresa o iniciar una actividad económica porque se le reduzcan estas cuotas de 300 a 50 euros al mes. Una empresa tiene que tener un margen de maniobra suficiente para, en caso de que los costes se incrementen de forma inesperada, seguir siendo rentable.

Lo que facilitaría y contribuiría a la empleabilidad sería la permanencia de estas medidas. Pero el gobierno no parece estar por la labor de llevar a cabo este tipo de cambios estructurales.

P: ¿Hay futuro para los jóvenes en España?

R: El paro juvenil depende en gran medida de la dualidad del mercado de trabajo, es decir, de unas barreras de entrada y de salida del mercado laboral brutales. Quien sale del mercado de trabajo tiene muy difícil entrar de nuevo. ¿Por qué se va a discriminar positivamente a los mayores de 50 años o a los menores de 30? Los incentivos perversos de una parte de la regulación no se corrigen generando incentivos perversos en otra parte de la regulación, sino aboliendo los primeros.

P: ¿Los políticos, sindicatos y organizaciones empresariales son el problema o parte del problema?

R: En los últimos años se ha montado un entramado estatista inmenso, en el que unos sectores, ahora conocidos como élites extractivas, consiguen obtener rentas de los ciudadanos sin que estos se percaten a través de la burocracia y las diversas legislaciones, haciéndoles incluso creer que actúan como garantes de su bienestar.

La solución de este problema no es, como puede pensar parte de la sociedad española, en cambiar y reemplazar a los ocupantes de las instituciones problemáticas, sino en reducirlos para, de esta forma, reducir el problema que representan. Por tanto, necesitamos menos políticos –con mucho menos poder–, menos patronales y menos sindicatos viviendo del Presupuesto.

P: ¿Puede España llegar a ser la nueva Alemania de la zona euro? ¿Qué deberíamos hacer para serlo?

R: Los españoles no somos genéticamente inferiores a los alemanes o los suizos, así que si hiciésemos las reformas oportunas podríamos convertirnos en Alemania, Suiza o cualquier otro país puntero del mundo. El error radica en pensar que, con las reformas que se han llevado a cabo, nos vamos a convertir en Alemania. Esto es un fraude, se está generando unas expectativas absolutamente absurdas. De hecho, el banco de inversión que hacía este sorprendente pronóstico hace unas semanas, ha recomendado hoy mismo –un día después de las elecciones italianas– liquidar todas las posiciones en activos en euros. Por tanto, la credibilidad de estas instituciones que miran tan corto plazo y generan muchas veces informes por encargo, no debería ser muy alta. Deberíamos leer más entre líneas y analizar los datos más que sus conclusiones. Hoy por hoy, la economía española, aunque hay datos esperanzadores como el sector exportador, se encuentra en un estado muy deteriorado, fundamentalmente por un sector público mastodóntico que extingue cualquier posibilidad de recuperación.

P: Del ladrillo a Eurovegas. ¿Qué le parecen los modelos económicos típicamente españoles?

R: Cualquier modelo económico, siempre que no responda a objetivos perversos como hizo el del ladrillo (a través de crédito artificialmente abaratado por los Bancos Centrales), es un modelo económico perfectamente legítimo. Además, no tiene por qué ser el modelo económico del país, ya que dentro de un mismo país pueden convivir muchísimos modelos económicos.

Por tanto, creo que un país debe especializarse en aquello sobre lo que tiene cierta ventaja. España tiene claramente ventaja en el sector turístico y en calidad de vida y, por eso, parte de su especialización puede dirigirse hacia ahí. De hecho, lo que actualmente está manteniendo España es, básicamente, el turismo.

El error está en querer dirigir la economía española hacia un determinado modelo, como el de I+D, con un valor añadido muy elevado y altas dosis de capital humano. Si esto fuera así, el propio mercado lo descubriría. Si todavía no lo ha hecho, es posible que carezcamos de los medios necesarios para lograr estos modelos. Tenemos que dejar de imponer desde arriba modelos productivos y descubrir a pie de empresa los modelos verdaderamente rentables y sostenibles para este país.

P: Sugiera al actual Gobierno tres medidas con las que se podría dejar atrás la crisis.

R: Hay que pinchar las tres burbujas. La burbuja financiera se explota con el bail-in (dejando quebrar a las instituciones financieras o rescatándolas a costa de los acreedores) y no con la socialización de pérdidas. La burbuja estatal se pincha no subiendo impuestos y reduciendo el déficit en 135000 millones. El sector público tiene que adelgazar hasta dejar de ser un lastre que impida crecer al sector privado. Y, por último, la burbuja productiva se explota liberalizando la economía para que puedan emprenderse los modelos productivos rentables, de manera que la legislación no imponga costes artificiosos y se limite a hacer valer el principio de autonomía de la voluntad de las partes.

En realidad, el funcionario que defiende una poda en el sector público se arriesga a ser parte de esa poda, de manera que deberíamos poner en valor el que una persona, por un bien mayor (el del contribuyente), coloque en riesgo su posición privilegiada. Lejos de criticarle deberíamos aplaudirle (o, si este verbo nos parece excesivo, darle una palmadita en la espalda) esperando que cunda el ejemplo. En el extremo, cuando todos los funcionarios sean conscientes de que  es mejor un sistema privado que uno público, las resistencias al cambio serán mucho menores.

Pero, además, existe un argumento más de fondo para comprender por qué es totalmente compatible ser funcionario y defender recortar el número de funcionarios: si un funcionario no pudiese defender nunca la reducción del número de funcionarios, sea éste cual sea, tampoco podría oponerse jamás a su ampliación. Dicho de otro modo, si un funcionario no puede defender que el número de empleados públicos pase de 150 a 100, parece incoherente que sí pueda oponerse a que pase de 100 a 150. Por tanto, según esta lógica un tanto extraña, el funcionario debería defender un incremento ilimitado del empleo público: nunca podría decir ¡basta que nos estamos pasando! o ¡nos hemos pasado ya y toca reducir! (y si lo puede decir en algún punto, puede haber funcionarios que juzguen que ahora mismo estamos en ese punto). En román paladino, el funcionario “coherente” sería una persona abocada a defender que el 100% del empleo de una economía sea público, es decir, sería una persona abocada a abrazar el comunismo.

Además, aplicando esta misma lógica y por avanzar hacia el colmo del disparate, la persona que trabaje en el sector privado debería oponerse a que otras empresas con problemas despidan trabajadores y, dado que la única forma de evitarlo sería subvencionando o nacionalizando a la compañía en pérdidas, al final terminaríamos con que el trabajador del sector privado también debería defender la progresiva incorporación de sus colegas (directa o indirectamente) al sector público. En suma, por un lado o por otro a largo plazo terminaríamos abocados a una sociedad donde todos los medios de producción fueran estatales.

En definitiva, sí, un funcionario puede, coherentemente, defender que sobran funcionarios en la Administración Pública, incluso cuando esos recortes no tengan por qué afectarle a él (por ejemplo, un médico que defiende la sanidad pública y que cree que Correos debe privatizarse). Y si es ese funcionario es además liberal, defenderá en cada momento que todavía hay que reducir más el número de empleados públicos, incluso cuando con esa reducción adicional vaya a desaparecer su plaza.

Es una explosión en cadena de tres burbujas. La primera fue la financiera, posibilitada por la política monetaria del Banco Central Europeo -monopolio público del euro-, cuyos bajos tipos de interés provocaron posteriormente un endeudamiento en la población que se trasladó a la economía real. El sector inmobiliario pinchó y la actividad y el empleo se contrajeron fuertemente. Como consecuencia, los ingresos del Estado bajaron considerablemente y se abrió una brecha importante en el sector público con una expansión del gasto considerable.

La ciudadanía culpa a bancos y a políticos de la actual situación.

Desde luego los bancos son culpables, pero el sistema financiero está montado de una forma muy perversa, porque el que tiene el monopolio de la moneda, el Banco Europeo, tiene la posibilidad de manipular los tipos de interés, refinanciando además el sistema bancario. Con lo que las entidades se pueden endeudar de manera muy imprudente en grandes cantidades. El culpable es el Banco Central Europeo y, sobre todo, el sistema financiero que lo ha permitido.

¿Será peor este año que el pasado? ¿Hemos tocado fondo?

Es difícil de predecir, porque depende de muchos factores. No obstante, existe un factor positivo en la economía española: los desajustes en el sector privado se están haciendo muy lentamente -aunque seguimos destruyendo empleo y desapareciendo empresas- pero el endeudamiento se está reduciendo. Las empresas se están especializando en sectores como la exportación, que tiene una alta demanda internacional. Pero el Gobierno está cercenando la propia economía con subidas de impuestos, con liberalizaciones que no llegan, nuevas regulaciones… Esto nos puede condenar. La losa del sector público se está comiendo los mínimos brotes verdes que aparecen.

¿Hay que recortar más el gasto público?

Es que apenas se ha recortado. El gasto público está más o menos en los mismo índices que en 2007. Soy favorable a proponer una serie de recortes de 135.000 millones de euros en diversas partidas. La primera sería un ajuste bastante más intenso en el empleo público, ya que las nuevas tecnologías provocan un avance en la productividad. Con respecto a 2011, había que prescindir de 800.000 empleados públicos -en el 2012 ya se han suprimido entre 250.000 y 300.000-. Con lo que todavía sobran otros 500.000 funcionarios. Por otro lado, tendrían que suprimirse todas las subvenciones al sector privado. También hay que reducir de una manera más intensa las infraestructuras, ya que somos un país de excesos y algunas no se están utilizando. La otra gran partida a disminuir sería las prestaciones sociales, incluyendo las pensiones, porque la Seguridad Social ya ha entrado de hecho en un déficit peligrosamente alto. Al ritmo que vamos, en cinco años el fondo de reserva desaparecerá. Hay que ajustarse a lo que podemos pagar.

1. Echo en falta no hablar del dinamismo del mercado para absorber el atesoramiento. Si la liquidez en el corto aumenta sobremanera lo lógico es que los emprendedores comiencen a trabajar en planes de negocio para atraer a los capitalistas al largo.

Ese sería justamente el problema. El banco central ha creado “promesas de pago” en forma de bienes y servicios de la economía estadounidense que no existen todavía (pues existirán cuando maduren los activos a largo plazo contra cuya monetización se han creado los dólares). De momento, no se está produciendo inflación porque la demanda de dólares también ha aumentado, es decir, se están atesorando y no circulan, ni siquiera sirven de base para crear nuevo crédito (de hecho, parte del crédito se está amortizando/destruyendo). Si los bancos utilizaran esas reservas para conceder crédito a largo plazo, los desajustes se desatarían: concederían poder adquisitivo a corto plazo para diferir todavía más el momento en el que afluirían los bienes y servicios capaces de abastecer ese nuevo poder adquisitivo.

La única forma en que el Quantitive Easing no termine siendo inflacionista es que la situación actual se mantenga: es decir, que los pasivos del banco central sean atesorados (ahorrados) y no se empleen ni para consumir (alza de precio de los bienes de consumo) ni para invertir (rebaja de tipos de interés y aumento desbocado del crédito no respaldado por ahorro a plazo análogo).

2. y 3. Hablas de que el incremento del atesoramiento lo absorbe el Welfare State pero, ¿por qué sí se aumenta el gasto público con todo ese nuevo y prostituido dólar no hay inflación? Al cabo, el gasto público es demanda que presiona los precios y el apalancamiento de la banca se traslada al Estado. En este caso, estamos en un sinsentido. Combatir crisis deflacionaria sin generar inflación. Pero, ¿cuánto han subido los precios desde 2007? ¿O aumentado la M3? ¿O las commodities? Qué no haya inflación “alarmante” vale, pero es una crisis deflacionaria con una inflación acumulada en 5 años superior al 10%.

Inflación la hay, desde luego: desde finales de 2008, que es cuando se inician los Quantitive Easing, los precios han subido casi un 10%, esto es, una media anual del 2,2%. Esto es especialmente llamativo, como apunta David, en un contexto en el que los precios deberían estar reduciéndose (al menos, eso es lo que habría sucedido con patrón oro). Por tanto, sí hay inflación y eso, en cierto modo, contradice el título de mi artículo. Otros economistas, por ejemplo mi amigo Juan Manuel López Zafra, también me han reprochado ese punto, señalando que la realidad es que sí hemos tenido subidas de precios con los QEs.

Aprovecho para matizar un tanto la afirmación de mi título en línea con lo que comenta David, pues el título, tomado de un modo descontextualizado, puede desde luego llevar a discrepancias que en realidad son inexistentes: mi punto no es negar que esté habiendo inflación, sino plantearme por qué no estamos asistiendo a unas tasas de inflación tan pronunciadísimas como muchos economistas habían predicho, llegando algunos a pronosticar una hiperinflación al estilo de Zimbabwe (afortunadamente, he de señalar que no es mi caso, pues ya en 2009 apuntaba a que tales interpretaciones pecaban de simplismo cuantitativista). La cuestión, pues, es por qué no experimentamos tasas de inflación alarmantes del 10%, 20% ó 50% pese al estallido de la base monetaria (en lugar de relativamente bajas inflaciones como las que se observan en el contexto actual, las aproximemos o no a través del IPC). Y la razón es la que apunto en el artículo.

Sobre las materias primas, dos comentarios. Uno es que sigue habiendo un cuello de botella en muchas de ellas, sobre todo por el rápido aumento de la demanda china sin un paralelo ahorro occidental. La segunda, que las políticas deficitarias de los gobiernos occidentales, en tanto en cuanto tienden a mantener artificialmente inflada la demanda de nuestras sociedades, son responsables de una parte de esa alza continua en los precios. En ese sentido, los bancos centrales, en tanto en cuanto contribuyan a sustentar el crédito público y faciliten su endeudamiento, son también corresponsables de estos encarecimientos de precios, aunque no tanto por incrementar “la cantidad de dinero” cuanto por soportar la capacidad y la facilidad de endeudamiento. Lo cual, por cierto, nos lleva a una situación bastante extraña que liga con la siguiente y última objeción de David.

4. La burbuja del gasto público y una hipotética y probable productiva frutó de los depósitos de la Fed creo que tardarán en venir, las distorsiones que la Fed exporta a algunas economías emergentes no.

Aquellos economistas que defienden que el gobierno de Estados Unidos se financia en términos muy asequibles gracias a las QEs de Bernanke, están implícitamente culpando a Bernanke de la inflación de las commodities (cuando suelen ser quienes con más ahínco rechazan cualquier influencia inflacionista del QE); aquellos otros economistas que, como un servidor, creemos que la influencia de Bernanke sobre la barata financiación de Obama es relativamente marginal, nos tocará exculpar a Bernanke de la inflación actual en commodities, pese al los QEs. De hecho, más culpables en este sentido parecen el Banco central de China (que sigue reciclando los dólares en deuda pública, esto es, invirtiendo a largo plazo unas reservas que deberían estar en líquido) o el Banco Central Europeo (cuya OMT, dotada de credibilidad por el robusto crédito alemán, sí está sustentando el crédito del gobierno español y facilitando su capacidad de sobreendeudamiento).

He de decir que yo no siempre ha mantenido con claridad esta perspectiva, pues en otras ocasiones pensaba que los QEs de Bernanke resultaban mucho más responsables de la barata financiación del Tesoro estadounidense de lo que ahora mismo creo que son. Esta es una disputable cuestión parcialmente fáctica; como también lo es si el QE ya está estimulando una cierta sobreexpansión del crédito de la banca privada (como probablemente termine haciendo en algún momento a menos que tengamos un estancamiento secular tipo Japón donde la demanda de dinero no se reduzca en ningún momento). Si alguno de estos elementos se hubiese dado ya (el sector público o privado estadounidense son capaces de aumentar su endeudamiento en términos sustancialmente más baratos de lo que lo harían en ausencia de QEs), entonces tendríamos que Bernanke sí está contribuyendo a exportar inflación, muy específicamente en materias primas, que es donde se encuentra ahora mismo el cuello de botella mundial. En caso contrario, todavía no.

Lo primero que haría sería dimitir, no me gustan los superpoderes para ningún político, por buenas intenciones que supuestamente tenga. En cualquier caso, las medidas que de algún modo tendrá que adoptar España es un adelgazamiento intenso del sector público (recorte del gasto de 130.000 millones de euros), bajada de impuestos y liberalización total de la economía (que los contratos voluntarios entre partes sean la norma fundamental de los tratos entre personas).

2. Buenos dias, Sr. Rallo Por favor indiquenos a los lectores y a los desafortunados dirigentes de ésta nuestra hermosa Comunidad, cuales son los sectores o tejido productivo más destacable de Murcia para afianzar una recuperación economica fuerte si es que hay alguno, porque yo no lo veo! Gracias

Los economistas no tienen como misión planificar el “modelo productivo” de ningún país y de ninguna región. Lo que pueden exponer son las condiciones institucionales para permitir que los empresarios (no sólo los ya existentes, sino cualquiera que tenga una buena idea y se lance a aplicarla) descubran cuáles son esos sectores que mañana generarán riqueza. El mercado es un mecanismo precisamente útil para descubrir cuáles son esos sectores, pero para ello necesitamos que un mercado sea libre, no un mercado falseado y ultraintervenido como el actual.

3. Hola señor Rallo: imagino que siendo doctor en Economía Austriaca defenderá la devastación de los recursos naturales como una de las salidas a la crisis.

Defiendo la propiedad privada de los recursos naturales precisamente para evitar su devastación por un sector público torpe, ineficiente y presa de la “tragedia de los comunes” (lo que es del común es del ningún). Si me lo permite, le recomiendaría la lectura atenta de este libro: http://www.unioneditorial.co.uk/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=36&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=27

4. ¿Cree en el coeficiente de caja del 100% para los bancos, como afirma Huerta de Soto? Soy universitario y me gustaría hacer un trabajo de final de carrera sobre los aspectos positivos que tienen las políticas liberales en el estímulo de la economía, ¿qué ámbito le parece interesante para ser objeto de estudio desde esa perspectiva, por ejemplo sistema financiero internacional? Un saludo

Yo creo en la banca libre y competitiva, esto es, banca que no disfrute de ningún privilegio estatal, tal como sucede ampliamente hoy en día. Un tema interesante, desde luego, sería estudiar cómo un sistema financiero de banca y moneda libre promovería una sana acumulación de capital, sin las recurrentes burbujas y pelotazos financieros actuales.

5. Muy buenas tardes. Mi pregunta es directamente qué medidas propondría usted para salir de la crisis en la que llevamos inmersos varios años y de la que parece que no somos capaces de terminar de salir y que no deja de alargarse en el tiempo

1) Pinchar la burbuja financiera: No socializar las pérdidas de la banca como han hecho los nefastos gobiernos de Rajoy y Zapatero, sino abocar a que los acreedores de la banca sufran las pérdidas acumuladas.
2) Pinchar la burbuja estatal: Reducir, al menos, en 135.000 millones el gasto público en todas las partidas (empleo público, subvenciones, transferencias sociales, obra pública, casta política…)
3) Pinchar la burbuja productiva: Liberalización de la economía y reducción de impuestos para progresivamente avanzar hacia un nuevo modelo productivo.

6. ¿Por qué siempre somos los ciudadanos de a pie los que más sufrimos la crisis, pagamos sus consecuencias y encima somos los que tenemos que dar las soluciones con más impuestos y demás? ¿No es algo injusto que la incapacidad para gestionar de los gobiernos tenga que ser pagado por ciudadanos que han cumplido siempre lo que se les ha pedido?

Básicamente porque ésa es la naturaleza del Estado. El Estado no es una herramienta para lograr un abstracto bien común, sino un instrumento en manos de burócratas y grupos de presión para vivir a costa de las personas y de las empresas que generan riqueza. Hace unas semanas murió el Premio Nobel de Economía James Buchanan, que precisamente propuso estudiar la naturaleza de la política “sin romanticismos”: no cómo nos gustaría que fuera en un mundo utópico, sino cómo realmente es y cómo sólo puede ser.

7. ¿Qué había de cierto en el programa electoral de Rajoy para salir de la crisis y que ha cambiado radicalmente estando en el Gobierno? ¿Las medidas que proponía no eran viables? ¿Nos engañan? Saludos

Le voy a copiar una frase del programa electoral de Rajoy, con la que abría sus reflexiones en materia impositiva, para que juzgue qué había de cierto y qué se ha hecho a partir de ahí: “Modernizaremos el impuesto sobre la renta con el objetivo de favorecer el ahorro, la inversión  y el empleo. Fomentaremos fiscalmente el ahorro a largo plazo mediante la creación de una nueva deducción en el IRPF por el incremento anual del ahorro, que incluya la adquisición de vivienda habitual”. ¿Subir impuestos a los niveles más elevados de nuestra historia es modernizar el sistema fiscal y promover el ahorro?

8. ¿Qué cree que debe hacer el ciudadano de a pie para sobrellevar mejor esta situación de crisis?

Pues tratar de vivir al margen del Estado… si es que es capaz en nuestras hiperestatalizadas sociedades. Al margen de ello, ahorrar: ahorrar para pagar sus deudas, ahorrar para adquirir activos atractivos que se vendan con descuento, ahorrar por lo que pueda venir, ahorrar para financiar nuevos proyectos empresariales… El ahorro, y no el consumo, es la base de la riqueza individual y colectiva.

9. Ve usted salida a esta dificil situación? Volverá a ser España un país en el que no se hable de crisis ni se paguen sus consecuencias?

Algún día indudablemente lo haremos, el problema es de qué modo. Argentina también salió de la crisis de 2001, pero fue una salida en falso… y así les va.

10. ¿quién tiene la culpa de la crisis?

Fundamentalmente, políticos, banqueros centrales (mandados de los políticos) y privilegiados banqueros privados. Luego, por supuesto y en menor medida, el conjunto de la sociedad también tiene sus responsabilidades. Si le interesa ampliar esta cuestión, hace tiempo escribí este artículo: http://juanramonrallo.com/2012/08/quien-debe-cargar-con-los-costes-de-la-crisis/

11. ¿Por qué tantos expertos valoran otras medidas para salir de la crisis a las que aplican los gobiernos? ¿Nos engañan y no quieren que salgamos de la crisis? Son posibles otras medidas que nos hagan salir o nos hubieran hecho salir antes de esta recesión? Mil gracias por su respuesta, un saludo

Muchos expertos vienen influidos por ideas fundamentalmente erróneas. Por ejemplo, los keynesianos a lo Krugman proponen aumentos disparatados del gasto público y del endeudamiento para “generar actividad”; sea esta actividad la que sea. Esto es un disparate que ha llevado a que Krugman, por ejemplo, considere beneficioso para una economía las guerras, los holocaustos nucleares, los terremotos o las invasiones alienígenas. La respuesta es, en realidad, es más sencilla: libertad, ahorro e inversión. Todo lo que sea apartarse de estos principios es una forma de ocultar y maquillar los problemas a costa de hipotecar nuestro futuro.

12. ¿Qué cuenta en su libro? Es decir, ¿de verdad ofrece soluciones alternativas para salir de la crisis? ¿Por qué nadie escucha a los expertos como usted y se siguen empeñando en tomar medidas absurdas? Saludos

Explico cuál es el origen de la crisis en España (tres burbujas: financiera, productiva y estatal) y propongo soluciones concretas para pinchar y sanear cada una de estas tres burbujas.

13. ¿Se siente usted engañado al igual que el resto de españoles? ¿Vino usted venir la crisis y tomó ciertas medidas de precaución? ¿Qué aconsejaría a las personas de la calle para saber llevar mejor esta situación?

No me sentí engañado por los políticos básicamente porque nunca confié en su palabra, en sus buenas intenciones o en su capacidad de maniobra. Lo que le sugeriría a la gente para afrontar mejor la crisis son dos cosas: ahorro y formación. Ahorro para cubrirse de las pérdidas imprevistas o aprovechar las oportunidades que vayan surgiendo; formación para comprender los procesos económicos en los que estamos inmersos, y que le permitan, como nos permitieron a tantos economistas de la Escuela Austriaca, anticipar muchos de los problemas que ahora mismo estamos padeciendo.

14. ¿qué opinión tiene usted de los desahucios? ¿está de acuerdo con la dación en pago? ¿hay alguna otra medida menos perjudicial para el ciudadano? sé que son varias preguntas, pero le agradecería enormemente sus respuestas. Gracias de antemano, un saludo

La dación en pago ha sido legal en España… siempre que así se pactara; si no, pues habrá que atender a la letra del contrato. La problemática general del desahucio se soluciona con leyes de segunda oportunidad, es decir, permitiendo las quiebras familiares con procesos jurídicos medianamente ágiles. Todo lo demás es encubrir de populismo una fraude contractual en perjuicio del resto de ciudadanos que sí cumplen, o sí pensaban cumplir, con sus contratos.

15. Si el mercado nos ha sumido en esta crisis, ¿Como espera que más mercado nos ayude a salir de ella?

No, el mercado no nos ha sumido en esta crisis. El origen de la crisis son los monopolios estatales sobre el dinero, es decir, los bancos centrales. Son éstos los que rebajaron artificialmente los tipos de interés, generando la burbuja financiera, de ahí la productiva y de ahí la estatal. Le recomiendo que le eche un ojo al documental de ´Fraude´: http://juanramonrallo.com/2012/07/fraude-por-que-la-gran-recesion-2/

16. ¿volverán a haber oposiciones?

Espero que no; lo ideal sería que el Estado cada vez se fuera reduciendo más y que todos esos ámbitos fueran pasando al mercado y fueran estando sometidos a la soberanía del consumidor.

17. ¿puede ser que quiebre un banco español y pierda el dinero el cliente?

Si no se le rescata, podría ser, sí. Pero ahí entra la selección juiciosa e informada del banco: si uno no quiere informarse o no se cree capaz de seleccionar buenos bancos, que mantenga un saldo de efectivo mínimo en las entidades y el resto de su dinero debajo del colchón. Es desde luego mucho más incómodo pero también mucho menos irresponsable que despreocuparse por el sitio dónde se invierte el dinero.

18. ¿se haría usted un plan de pensiones?

Yo me iría preparando un patrimonio personal para la jubilación, pues las pensiones públicas van a ser muy escasas en el futuro. El plan de pensiones es sólo un posible vehículo, no necesariamente el mejor, para preparar ese patrimonio.

19. Sr. Rallo, ¿Cobran sus padres una pensión de 500 Euros despues de haber estado trabajando y cotizando por 40 años? ¿No le parece indigno solicitar un recorte en las pensiones en vez de proponer más dureza con los ladrones de guante blanco y que devuelvan todo el dinero robado?

La rebaja de las pensiones no es una cuestión de dignidad, sino de contabilidad. Simplemente no hay dinero para pagarlas y cada vez lo habrá menos por la pirámide demográfica. Lo que es indigno es que nuestros políticos le hayan impuesto a la sociedad española un sistema de pensiones tan fraudulento y pauperizador como es el sistema público de reparto; en lugar de haber permitido que cada española capitalice sus aportaciones a la Seguridad Social, amase un patrimonio y se autofinancie su propia pensión futura (modelo chileno).

Todo lo cual, obviamente, no quita para que haya que perseguir a políticos y vividores de la política. Pero con eso, lo siento, no cubrimos el gigantesco agujero del sector público. De nuevo, no es una cuestión de sentimientos, sino de ingresos y gastos.

20. ¿cree usted que la gente debe ahorrar o gastar mas?

Debe ahorrar muchísimo más. El crecimiento capitalista sostenible depende del ahorro, no del consumo: http://juanramonrallo.com/2011/04/el-capitalismo-depende-del-ahorro-no-del-consumo/

21. ¿es buen momento para comprar una casa?

Depende del precio. Un consejo sencillo: tome el alquiler anual de una vivienda similar a la que quiere adquirir, multiplique ese alquiler anual por 15, y si el precio de la vivienda que quiere adquirir está por debajo de esa cantidad, en general se tratará de un buen precio. Si no, mejor espere y alquile.

22. ¿puede ser que se pierda el dinero si hay mas de 100.000 Euros en un mismo banco?

Ahora mismo casi nadie está perdiendo dinero (salvo tenedores de participaciones preferentes) porque el Estado ha decretado una socialización universal de las pérdidas de la banca. Esto no debería ser así: si las garantías eran de 100.000 por persona, no hay motivo para que se cubra nada más. Aquí algunas claves: http://juanramonrallo.com/2013/01/ni-superlimitemos-ni-supergaranticemos-los-superdepositos/

23. 6.000.000 de parados + 500.000 empleados públicos que sobran según usted + E.R.Es de bancos y grandes empresas anunciados + recortes en pensiones, ¿de verdad se puede salir de una crisis sin el consumo interno?

Como no vamos a salir es con consumo interno. El gran problema de la economía española es un modelo productivo caduco que hay que reconvertir. Y para reconvertirlo necesitamos más inversión, y para financiar la inversión necesitamos más ahorro (menos consumo). Si ahora nos pusiéramos a consumir como en 2007, ¿qué podríamos comprar? Pues lo que la economía española está adaptada para producir: cientos de miles de viviendas. Volver a la burbuja. No es eso, no es eso.

24. Es sorprendente que a personas con su forma de pensar en términos económicos, les den tanto fuero en los medios de comunciación como este periódico. Debe ser que este medio esta más supeditado al poder político de esta comunidad de lo que ya sabiamos.

¿Acaso considerar al Gobierno del PP una plaga política y económica para España (al igual que el anterior gobierno del PSOE) me alinea con los intereses políticos de esta comunidad?

25. Usted opta por el despido de funcionarios públicos y los recortes sociales, ¿Cuando habla de funcionarios, habla usted de todos los empleados públicos o solo de funcionarios?¿Para usted es lo mismo un medio que un asesor político?

Yo hablo de empleados públicos en general, no necesariamente funcionarios. Lo esencial es analizar la productividad y la utilidad de una plaza concreta.

26. Antes de recortar funcionarado no sería mejor revisar la relación entre la administración pública y la privada y prescindir de servicios que pueden desempeñar los funcionarios, como asesoramiento, elaboración de informes, proyectos urbanísticos, servicios de catering en la educación, … Si optimizáramos estos servicios ¿no sería menos costoso para la administración?

No necesariamente. Piensa que si rescinde esos contratos, la gente que trabaje en esas empresas privadas se irá a la calle. ¿Por qué es mejor despedir a esas personas que a los empleados públicos? Lo lógico es analizar quién puede prestar un mejor servicio y más barato, descartando al otro.

27. Buenas tardes ¿Por que las ideas liberales son tan poco populares entre los jóvenes? ¿Tal vez se asocian a una forma de pensamiento tradicional o muy conservador?

No sea tan pesimista. Afortunadamente, cada vez hay más jóvenes más liberales. Es verdad que seguimos siendo una auténtica minoría, pero la evolución en los últimos diez años ha sido espectacular. Luego, eso sí, muchos rechazan el liberalismo por asociarlo al conservadurismo o a la judeo-masónica y bilderbergiana oligarquía financiero-económica internacional sumisa al gran capital.

28. Estimado Sr. Rallo. ¿Cree usted que sería positiva la vuelta al patrón oro? ¿Por qué? Atentamente.

Lo sería enormemente: estabilizaría los tipos de interés a largo plazo, los tipos de cambio y los precios. Vamos, no tendríamos tanta economía de burbuja, tanta mala inversión generalizada y tanto sobreendeudamiento especulativo como hemos tenido desde la ruptura del último vínculo con el patrón oro (1971).

29. Para un defensor de las teorías liberales como Ud., ¿hasta dónde debería quedar reducido el Estado? ¿Cuál sería el límite máximo? Muchas gracias y enhorabuena por su trayectoria y trabajo.

Hay que reducir el Estado a la mínima expresión que sea posible en cada momento. No me pongo un suelo a priori.

30. Creo que un factor importante en nuestro derrumbe económico ha sido el de la burbuja inmobiliaria. Nos lo hemos gastado todo en pisos, jugando al Monopoly, y nos hemos cargado el consumo. ¿No cree que podemos estar a las puertas de un gran desplome de precios? Gracias y un saludo.

Sin duda. Como explico en mi libro, la burbuja productivo/inmobiliaria fue causada por la burbuja financiera, y a su vez causó la burbuja estatal. No se puede entender la crisis española sin el boom artificial del ladrillo. Y sí, todavía tienen que caer notablemente los precios: alrededor de un 35%.

31. ¿No se siente motivado a promover la fundación de un Partido Liberal en España? Yo estoy deseando que surja una alternativa liberal en nuestro país

Ya existe: el Partido de la Libertad Individual (P-lib). Si le interesa participar en política (personalmente no me siento cómodo con tan perversas artes) es la plataforma con muchísima diferencia más aconsejable en España.

32. ¿No has pensado entrar en el campo de la política? en caso de que no estés, que lo desconozco.

No, la política me parece el arte de meterle la mano al bolsillo del vecino. No me gusta, aunque hay políticos casi ejemplares como Ron Paul en Estados Unidos o el Partido de la Libertad Individual (P-Lib) en España.

Muchas gracias a todos por participar en este chat. Ha sido una experiencia muy gratificante y espero que haya contribuido a aportar algo de luz a las muchas dudas que naturalmente despierta la actual coyuntura. Quien desee ampliar información sobre todos estos interesantes debates, puede visitar www.juanramonrallo.com Un cordial saludo a todos

Lógicamente, algo falla en estos mensajes apocalípticos tan del gusto del periodismo patrio: no es que no haya personas que no lo estén pasando fatal durante esta crisis originada por el intervencionismo estatal, pero que el 20% de la población española se esté muriendo de hambre significaría que tendríamos a 10 millones de personas mendicantes, y ése evidentemente no es el caso. ¿Dónde está el error?

Pues en que, deliberada o inconscientemente, se confunden dos definiciones de pobreza: la pobreza absoluta y la pobreza relativa. La primera es el número de personas que tienen unos ingresos inferiores a 1 o 2 dólares internacionales (tienen en cuenta el distinto poder adquisitivo por país) al día, y en España se halla prácticamente extinta (no, el 20% de la población no gana menos de 50 euros al mes). La segunda, la relativa, es en realidad una medición de desigualdad: se define como el número o porcentaje de personas que ganan menos del 60% de la renta mediana. Era de acuerdo a esta segunda definición por la que se afirmaba en prensa que el 16% de estadounidenses eran indigentes: indigentes por ganar menos de 24.000 dólares anuales. ¿Alguien con el sueldo medio de España vive como un indigente en EEUU? Parece claro que no. Expliquemos un poco más las trampas del cálculo de pobreza relativa.

La renta mediana (que no renta media) es aquel nivel de renta que permite dividir a los individuos de una sociedad en dos grupos exactamente iguales. Por ejemplo, si tenemos a tres personas que ganan 1 euro, 2 euros y 10 euros, la renta media sería de casi 4,5 euros, pero la renta mediana sería de 2 (la mitad de las observaciones quedan a la izquierda del 2 y la otra mitad a la derecha). Si tomáramos el 60% de la renta mediana en este ejemplo, entrarían en la definición de pobres aquellos que ganaran menos de 1,2 euros (el 60% de 2), es decir, sólo una persona (que representaría el 33% de la sociedad).

Como podemos ver, la definición de pobreza relativa no nos informa de si cada vez hay más o menos pobres en sentido absoluto y, por tanto, si una parte significativa de la gente vive cada vez mejor o peor. Lo único que nos ofrece es una medición muy imperfecta de las diferencias internas de renta de una sociedad, pero esto puede dar lugar a conclusiones muy erróneas. Por ejemplo, supongamos una sociedad de nueve individuos: el primero gana 1.000 euros al año, el segundo 2.000 euros, el tercero 3.000 euros, etc. hasta el noveno, que gana 9.000 euros. En esta sociedad, la renta mediana serán 5.000 euros y el umbral de pobreza se ubicará en 3.000 euros, de manera que los individuos “pobres” serán los los individuos que ganen 1.000 y 2.000 euros; es decir, la tasa de pobreza será del 22% de la sociedad.

Asumamos además que cada año la renta del individuo más pobre se incrementa un 10% (pasa a ser 1.100), la del segundo individuo un 20% (pasa a ser 2.400), la del tercer individuo un 30% (pasa a ser 3.900), hasta la del noveno que se incrementa anualmente un 90% (pasa a ser 17.100). Pues bien, en esta sociedad, al segundo año la renta mediana habrá pasado de 5.000 euros a 7.500, con lo que el umbral de la pobreza se incrementará de 3.000 a 4.500; o dicho de otro modo, el tercer individuo, aunque gana un 30% más que el año anterior, pasará a ser considerado estadísticamente “pobre” (¡cuando ganando un 30% menos no lo era!), de manera que la tasa de pobreza sube del 22% al 33% de la sociedad. Pero es que, siguiendo con esta progresión, en seis años el cuarto individuo también pasará a ser considerado pobre… pese a que haya visto multiplicada por más de cinco su renta anual.

Es decir, esta próspera sociedad (donde el individuo más pobre está ganando un 60% más que seis años antes), las mediciones habitualmente usadas de pobreza indicarían que la tasa de pobreza se ha duplicado del 22% (2 individuos pobres en el año 1) al 44% (4 individuos pobres en el año 6), transmitiendo la imagen de que están retrocediendo y de que se encuentran cada vez en una situación más precaria, cuando es justo al revés. En EEUU ha sucedido algo parecido, por ejemplo.

Por tanto, mucho cuidado con querer extraer conclusiones sobre el nivel de vida de una población sólo a partir de estas engañosas mediciones y, sobre todo, a la hora de establecer comparaciones internacionales. No sería el primer caso donde confundiéramos pobreza con desigualdad: es decir, que concluyéramos que en un país no existen pobres (en su sentido relativo) cuando toda (o casi toda su población) es mucho más pobre (en el sentido absoluto) que los numerosos pobres (en su sentido relativo) de otro país.

Con sus altibajos, esta página se ha ido convirtiendo sin pretenderlo (recuerden siempre la importancia de las consecuencias no intencionadas) en una comunidad de lectores y de activos comentaristas que han llevado a algunos hilos a superar los 400 comentarios y que en gran medida son quienes nutren de contenidos a la web cuando no hay material nuevo que añadir. Con estos mimbres, y aprovechando la efeméride de su aniversario, creo que ha llegado el momento de dar un salto cualitativo a la página tanto en accesibilidad como en contenidos para el lector. Agradezco enormemente a José Luis Ricón el trabajo que ha dedicado durante las últimas semanas para implantar los siguientes cambios que espero sean de vuestro agrado:

1. En la esquina superior derecha de la página web hemos añadido seis iconos que os enlazan con seis vías para acceder o bien a los contenidos de la web (RSS y aplicaciones para móvil), o bien a otros contenidos que no aparecen en la web (mi página de Facebook y de Twitter), o bien a mi correo electrónico. Quiero destacar especialmente los enlaces a las Apps de iPhone y Android, elaboradas a partir de la plataforma de Addiante Apps, que os permiten acceder en un amigable y vistoso formato para móviles a la práctica totalidad de las publicaciones de esta web; hasta el momento se las han descargado alrededor de 1.000 personas y parece que la mayoría están razonablemente satisfechas con su funcionalidad. Si no las habéis probado, os animo a que les deis una oportunidad.
2. Justo debajo de la caja de reproducción de videos en portada encontraréis un nuevo reproductor, pero esta vez de audio. Todos los días realizo un comentario de actualidad económica de unos 10 minutos en esRadio (dentro del programa ‘Es la noche de César’) que a partir de ahora quedará enlazado en portada para que lo podáis encontrar con mayor facilidad. Asimismo, en la barra desplegable superior hemos creado una nueva categoría de “Audio” donde se recopilará todo el historial.
3. Por último, probablemente el cambio más arriesgado y radical: abrimos un foro dentro de la página web (podéis entrar desde el enlace que aparece en la parte superior) para que, parte de las largas discusiones que surgen dentro de los artículos, podáis trasladarlas allí. En la medida de mis posibilidades, intentaré participar como hasta ahora he venido haciéndolo en los comentarios. Conste que mi intención no es que dejéis de comentar en los artículos: sentiros libres de escribir allí donde queráis y os sintáis más a gusto. Pero entiendo que para muchas discusiones el formato de los comentarios se ha quedado “pequeño” y que conviene proporcionar un nuevo espacio. Espero que os guste el foro. Mi idea es comenzar a enlazar allí los artículos para que el foro no suponga una barrera.

Hasta aquí los cambios en la web. Como digo, espero que os gusten y que comencéis a interactuar con ellos.

• Lunes 18 de febrero a las 19.00 en Valencia: Conferencia para el P-Lib valenciano en Workether, calle Serpis nº 3. Es necesario inscribirse aquí.
• Martes 19 de febrero a las 16.30 en Valencia: Conferencia para Economía21 en el Salón de Actos de la Biblioteca Gregori Maians de la Universidad de Valencia, en el Campus els Tarongers. A las 18.30, participaré en una mesa redonda con dos economistas, uno cercano al keynesianismo y el otro al marxismo, para contrastar nuestros puntos de vista sobre la crisis.
• Miércoles 27 de febrero a las 12.00 en Cartagena: Salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena; en la calle Real 3.
• Miércoles 27 de febrero a las 18.30 en Murcia: Salón de actos del Real Casino de Murcia, en calle Trapería 18 (entrada por calle Radio Murcia).
• Jueves 28 de febrero a las 18.00 en Valencia: Salón de actos de la Uned, en calle Casa de la Misericordia 34.
• Viernes 1 de marzo a las 20.00 en Benicarló: Salón de actos de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Salle, en calle Dr. Ferrer 33.

La teoría marxista tiene distintos problemas, como hacer depender todo el valor de cambio del trabajo acumulado (y no de la utilidad marginal de los distintos bienes, como si el que una clase de mercancías tuviese una función social dotara a todas las unidades de esa categoría de función social) o lo que se ha conocido como el problema de la transformación: si sólo los trabajadores son capaces de crear nuevo valor de cambio (y no las máquinas, por ejemplo) y las mercancías se intercambian según sus valores de cambio, ¿por qué la tasa de beneficios de las distintas industrias tiende a converger a una misma cifra si esas industrias utilizan “composiciones orgánicas del capital” muy dispares? En teoría, aquellas industrias muy intensivas en trabajo (y por tanto, con mucha masa de trabajadores explotados insuficientemente pagados) deberían ser más provechosas que las muy intensivas en capital, pero en general la rentabilidad de todas las industrias del mercado converge en una misma tasa. Pero su mayor problema es una naturaleza muy distorsionada del capital: Marx asume que el valor del capital se determina por el trabajo que costó producirlo y que el valor de ese capital se traslada, en función de su depreciación, al valor de la mercancía final; es una especie de contabilidad de coste histórico según el tiempo de trabajo utilizado.

El problema, claro, es de enorme gravedad: que una imprenta tenga un precio de 100 onzas de oro (porque el tiempo de trabajo necesario para fabricarla ha sido el equivalente a 100 onzas de oro) no significa que, asumiendo que pueda imprimir hasta 1.000 libros, el valor que impute a cada libro sea de 0,1 onzas de oro. Las cosas funcionan más bien al contrario: precisamente porque los consumidores están dispuestos a pagar al menos 0,1 onzas de oro por cada libro, la imprenta podrá tener un valor de mercado de 100 onzas de oro. Si, en cambio, los consumidores dejan de valor tanto los libros impresos y pasan a valor más los libros electrónicos, esa misma imprenta, aunque el tiempo de trabajo socialmente necesario para fabricarla sea el mismo y aunque los consumidores sigan demandando libros impresos (aunque en mucha menor cantidad, se depreciará enormemente.

Establecida la correcta relación entre el precio de los bienes de consumo y los de los bienes de capital, la siguiente cuestión es: ¿por qué si una imprenta puede imprimir durante los próximos diez años 1.000 libros con un valor de mercado de 0,1 onzas de oro la imprenta jamás costará 100 onzas de oro sino bastante menos? Obviemos los costes complementarios (que, siguiendo a Marx, sólo se trasladarían al precio final, esto es, si para imprimir un libro tenemos que pagar salarios de 0,02 onzas por libro y si además dejamos de pagarle 0,01 onzas al trabajador por su jornada, el precio final del libro será de 0,13 onzas), pues no subyace ahí la dificultad: el tema es, ¿por qué nadie pagaría hoy 100 onzas por un activo para recibir de vuelta, a lo largo de los próximos diez años, esas mismas 100 onzas? O todavía mejor, ¿por qué nadie pagaría hoy 100 onzas por un activo para recibir vuelta (o tal vez no hacerlo), a lo largo de los próximos diez años, esas mismas 100 onzas? Pues básicamente porque 100 onzas presentes y seguras no tienen el mismo valor que 100 onzas futuras e inseguras. Y quien dice onzas, dice satisfacción inmediata y segura de necesidades presentes frente a satisfacción futura e insegura de necesidades presentes: no es lo mismo gastarse 100 onzas de oro hoy en divertimentos varios que gastárselas en una inversión que nos permitirá recuperarlas con el paso de los años. Lo lógico es que compráramos la imprenta por, por ejemplo, 90 onzas para arriesgarnos a recibir 100 a lo largo de los próximos diez años.

Pero si el capitalista compra por 90 para recibir 100, está obteniendo plusvalías, y son unas plusvalías que no están vinculadas a la explotación del trabajador, sino al valor que tiene esperar y asumir riesgos en un proceso productivo: dicho de otro modo, el tiempo y el riesgo son tan factores productivos como el trabajo (si no estamos dispuestos a esperar y a asumir riesgos, no se produce, por mucho trabajo en abstracto que tengamos). Dado que el capital que se adelanta en forma de salarios y en forma de bienes complementarios supone también una espera y asunción de riesgos para el capitalista, ¿no será que la plusvalía no procederá del atraco a mano armada al trabajador sino de la remuneración de esos dos factores productivos (tiempo y riesgo)?

El propio Marx se retrata cuando describe cómo funcionaría la producción y los intercambios en una economía donde los medios de trabajo estuvieran socializados: “A igual tiempo de trabajo, las plusvalías serían las mismas para el trabajador I [que utiliza más medios de producción] y el trabajador II [que utiliza menos medios de producción] o, más exactamente aun, puesto que tanto I como II obtienen el valor del producto de una jornada laboral, cosechan, luego de deducir el valor de los elementos “constantes” adelantados, iguales valores, de los cuales una parte puede ser considerada como la reposición de los medios de subsistencia consumidos en la producción, y la otra como el plusvalía excedente por encima de dicha reposición. Si I tiene más desembolsos, éstos se reponen merced a la mayor parte de valor de su producto destinada a reponer esa parte “constante”, y por ello también debe reconvertir una parte mayor del valor global de su mercancía en los elementos materiales de esa parte constante, mientras que II, si embolsa menor cantidad a cambio de ello, también debe reconvertir tanto menos. Por consiguiente, bajo este supuesto la diversidad de las tasas de ganancia sería una circunstancia indiferente, tal como hoy en día le resulta indiferente al asalariado la tasa de ganancia en la cual se expresa la cantidad de plusvalía que le ha sido expoliada”.

La hipótesis esencial en el párrafo anterior es la de que dos bienes que requieran el mismo tiempo de trabajo deberán poseer el mismo valor de cambio (ya sea tiempo de trabajo prestado directamente por el trabajador o tiempo de trabajo “cristalizado” en los medios de producción que utiliza) y, por tanto, el mismo precio (nótese que en la teoría de Marx precio y valor de cambio sólo coinciden cuando los trabajadores son dueños de los medios de producción, como en el caso anterior). Pero esto simplemente no tiene ningún sentido. Supongamos que para producir 100.000.000 de kilos de trigo se necesitan 50 años de trabajo y que para edificar una vivienda también se requieren 50 años de trabajo; según Marx, salvo oscilaciones a corto plazo, deberían intercambiarse por el mismo precio. Pongamos que 1.000 onzas de oro. Bueno, admitamos que así es: si un trabajador tiene 100.000.000 kilos de trigo y otro tiene una vivienda, asumamos que pueden intercambiarlos. Pero el asunto clave es otro: ¿acaso podemos esperar que si un trabajador tiene 100.000.000 kilos de trigo contigo estará dispuesto a intercambiarlos por el derecho a recibir una vivienda dentro de 50 años?

Fijémonos que, según Marx, la transacción es idéntica: lo que se intercambian son tiempos de trabajo. Pero en un caso el fruto del trabajo de 50 años ya está disponible (100.000.000 de kilos de trigo) y en el otro todavía habrá que esperar 50 años a que lo esté (si es que el trabajador no se muere mientras tanto, no se fuga o cualquier otra riesgosa desgracia que le inhabiliten a cumplir su promesa). No, sencillamente no podemos esperar que una vivienda ya producida se intercambia por 100.000.000 de trigo ya producidos, esos 100.000.00 kilos de trigo también se vayan a intercambiar por una casa disponible dentro de 50 años. Y no podemos esperarlo por el simple motivo de que una casa hoy no tiene el mismo valor que una casa dentro de 50 años. Si necesitamos ya la casa, sólo estaremos dispuestos a comprar la promesa de entrega de la vivienda a cambio de un descuento muy grande en su precio, por ejemplo, desde las 1.000 onzas de oro que vale una casa ya construida a las 200 onzas que puede valer una casa construida en 50 años: justamente esa plusvalía (pagar 200 hoy para recibir 1.000 en 50 años) es el tipo de interés (en concreto, equivale a un tipo anual medio del 2,8%).

Lo mismo cabe concluir, pues, de los capitalistas que adelantan bienes presentes a sus factores productivos (entre ellos los trabajadores) a cambio de recibir, cuando el proceso productivo concluya, bienes futuros. Existe necesariamente una diferencia de valor entre los bienes presentes a los que renuncian hoy y los bienes futuros que adquirirán, si es que todo sale bien, el día de mañana. Y esa diferencia de valor, y no la apropiación de un tiempo de trabajo no remunerado, es la plusvalía, esto es, el interés derivado de esperar y asumir riesgos hasta que el proyecto productivo concluya.

Son muchos quienes no entienden bien este concepto de que los capitalistas adelanten bienes presentes para recibir, dentro de mucho tiempo, bienes futuros. Pero sólo tienen que irse al balance de cualquier empresa: por ejemplo, General Electric ha invertido (adelantado) capitales por importe de 685.000 millones de dólares para recuperar en forma de flujos operativos de caja (antes de intereses) de alrededor de 35.000 millones. Es decir, el conjunto de los capitalistas de General Electric ha renunciado a 685.000 millones de dólares (y su equivalente en bienes presentes) para percibir año a año una renta de 35.000 millones. A este ritmo, se necesitarían 20 años para recuperar todo el capital adelantado. ¿Acaso estamos diciendo que los capitalistas que adelantan 685.000 millones –que se abstienen de consumirlos en el momento en el que deseen y que asumen riesgos de no recuperarlos– no deberían percibir ninguna remuneración por ello? Que durante los próximos 20 ó 30 años se deberían contentar con recuperar, si es que todo va perfectamente, tan sólo los 685.000 millones de dólares que han adelantado y no percibir ninguna remuneración por su tiempo de espera y por su riesgo? Es decir, ¿estamos sosteniendo cabalmente que es lo mismo disponer de 1.000 euros hoy que de 1.000 euros en 500 años (asumiendo cero inflación) aunque ambos valores contengan el mismo tiempo de trabajo?

Pues eso es lo que subyace en todo el análisis marxista de la explotación. Al cabo, si los capitalistas no adelantaran su capital y ahorro al resto de factores productivos, éstos lo tendrían tan sencillo como fabricar los medios de producción de manera cooperativa. Ah, ¿que les tocaría esperar muchos años hasta completar la construcción de edificios, infraestructuras, maquinarias, inventarios, etc. similares a los de General Electric o cualquier otra compañía? Pues eso, todo ese tiempo que les tomaría fabricarlos desde cero, son precisamente los bienes presentes que adelantan los capitalistas. Nacionalizar los medios de producción y redistribuirlos entre los trabajadores no cambiaría nada las cosas (obviando todos los enormes problemas de cálculo económico que llevarían a esa economía al desastre), pues en un par de generaciones volvería a haber personas que han dilapidado sus capitales y otras que los han acumulado y volveríamos a la situación de partida, que no es una situación de explotación sino de intercambio de bienes presentes (el ahorro de los capitalistas) por bienes futuros (la producción futura de los trabajadores y del resto de factores productivos complementarios a los que se les adelantan los bienes presentes). Böhm-Bawerk lo expresó de manera bastante más sintética: “Me parece justo que los trabajadores cobren el valor íntegro de los frutos futuros de su trabajo, pero no que cobren la totalidad de ese valor futuro ahora”.

Es un disparate absoluto. España y Grecia son dos de las economías más intervenidas de Occidente, donde los gobiernos más castigan fiscalmente a sus ciudadanos y mas cercenan la libre iniciativa empresarial: la mitad de nuestras economías son manejadas por el Estado a través del gasto público y la otra mitad es hiper regulada. El colapso de sus Estados no se debe a que son demasiado pequeños, sino precisamente a todo lo contrario, a que son demasiado grandes, es decir, a que son mayores de lo que sus sufridad economías privadas son capaces de resistir.

También se resalta que la crisis financiera es el resultado del capitalismo sin regulación.

El sistema financiero actual se sitúa en las antípodas del liberalismo. Toda la organización financiera gira en torno al principio de que el Estado regula y privilegia a la banca privada para blindarla, a costa de los ciudadanos, de las inexorables consecuencias de su imprudente actuación. Desde sus mismos comienzos, el sistema está controlado por un monopolio estatal, los bancos centrales, que emiten moneda en régimen de monopolio y que, además, no se hayan sometidos a la obligación de convertir esa moneda en aquel dinero que espontáneamente hayan escogido los agentes económicos (por ejemplo, el oro). Todos los engranajes están montados para que el Estado y banca medren a costa de consumidores, ahorradores e inversores.

El euro que mantiene el monopolio fiduciario, pero que requiere autorizaciones de diferentes países para ser emitido ¿Se trata entonces de un avance o un retroceso respecto a las diferentes monedas nacionales?

Para sociedades como la española, donde nuestros gobiernos están habituados a darle a la máquina de imprimir billetes para financiar sus desproporcionados presupuestos, el Euro fue un avance, pues al menos le quitamos la llave de la bodega al alcohólico. Sin embargo dista mucho de ser un sistema monetario ideal: no lo es, pues sigue siendo un sistema de moneda fiduciaria monopolizada por una burocracia estatal dirigida a inflar artificialmente el crédito. Coloca unas pocas cortapisas a los gobiernos nacionales, pero poco más.

En Argentina durante la década de los 90, luego del colapso estatal, las empresas públicas fueron reemplazadas por monopolios privados. Muchos liberales pensaron que se trató de un avance, pero ante la primera bonanza en las arcas gubernamentales producto de los commodities agropecuarios volvieron las estatizaciones en lugar de avanzar hacia la desregulación y el libre el mercado. Con estos antecedentes… ¿Una moneda continental puede ir hacia un esquema monetario liberal de competencia de monedas o patrón oro o todo puede volver sencillamente hacia atrás?

El riesgo es justamente que vayamos hacia una mayor centralización política para redistribuir la renta a escala europea y financiar a los manirrotos políticos que ahora mismo se encuentran en el Sur pero que en el futuro podrían encontrarse en el Norte. Un tesoro común europeo sería una tragedia, en tanto avanzaríamos hacia un Estado más gigantesco y con una mayor capacidad para exprimir a los europeos.

¿Cuáles son las perspectivas de la Escuela Austríaca en la era de las redes sociales? ¿Percibís un crecimiento con una nueva camada de jóvenes economistas austríacos y manifestaciones políticas recientes como el P-Lib de España?

Se percibe un crecimiento, aunque sea solo porque las redes permiten una amplia coordinación entre todas las personas, se encuentren donde sea. En cualquier caso, sentir un crecimiento desde los niveles tan bajos desde donde partíamos no es difícil. No hay razones para ser exageradamente pesimistas pero tampoco para ser ingenuamente optimista. Hay que conseguir ahora que nuestros Estados no crezcan más aprovechándose del discurso populista que puede tejerse durante la crisis actual. En Argentina tenéis un claro ejemplo sobre ello.

En cuanto al número de visitantes únicos, al tratarse de estimaciones y contar con diversos medidores no os puedo dar datos concluyentes, pero nos movemos en una franja entre 650.000 y algo más de 850.000, duplicando las cifras de 2011 (pese a que la página estuvo disponible un mes menos). Así que también se trata de datos bastante buenos. El día típico de 2012, por ponerle cifras redondas, se saldó con unos 2.500 visitantes y unas 5.000 páginas vistas (lo que significa que, si no hubiésemos estado de baja dos meses y medio, muy probablemente habríamos llegado casi al millón de visitantes y a los dos millones de páginas vistas en 2012). Muchas gracias a todos los que contribuís con vuestras discusiones y argumentos a mantener viva y animada la página.

Recordad, además, que a partir de este año podéis acceder a ella vía las aplicaciones para móvil creadas con la base de Adiante Apps: para Android y para iPhone/iPad. En breve, espero que podamos añadir alguna funcionalidad nueva a la web. Feliz año a todos.

La característica peculiar de una economía monetaria es que a algunas mercancías (en el actual contexto, todas salvo una) se les niega su papel como medio de pago presente o potencial. Para expresar la misma idea con un aforismo: “el dinero compra mercancías, las mercancías compran dinero, pero las mercancías no compran mercancías”.

El error fundamental detrás de esta proposición es que las mercancías sí compran mercancías y lo hacen a través del sistema crediticio. De hecho, no es infrecuente que mercancías futuras compren mercancías presentes. Cuando utilizamos el crédito como medio de pago (letras de cambio, pagarés, billetes de banco, depósitos bancarios…), lo que estamos haciendo es dando circulación a ciertas mercancías presentes o futuras para adquirir otras mercancías presentes (bienes de consumo) o futuras (bienes de capital). Es más, los problemas fundamentales del capitalismo vendrán, fundamentalmente, de la excesiva laxitud con la que las mercancías futuras e inciertas se emplean como medio de pago presente sin que alguien haya optado por asumir el riesgo de poder renunciar a su consumo: esto es, por la excesiva laxitud del crédito. Por eso, siempre insisto en que la única creación sostenible y no distorsionadora de medios de pago financieros ha de proceder de créditos autoliquidables (es lo que se conoce como Doctrina de las Letras Reales). Por cierto, no vale decir que las deudas se pueden utilizar como medio de pago pero que, al final, las deudas tienen que saldarse en dinero y, por tanto, la escasez de dinero seguirá siendo dramática: las deudas empleadas como medio de pago pueden (y de hecho suelen en un 99% de los casos) saldarse por compensación (por ejemplo, en las cámaras de compensación interbancarias).

Afortundamente, Minsky, postkeynesiano más instruido en materia financiera, detecta rápidamente el error de Clower (extensible a muchos economistas actuales):

El aforismo de Clower obvia la característica distintiva del papel del dinero en una economía capitalista. En un mundo donde los pasivos privados se utilizan para adquirir el control o la propiedad de los activos, son estos pasivos financieros lo que “compra” los bienes de capital. El tenedor de un depósito bancario está indirectamente financiando alguna posición en bienes de capital.

Uno de los errores que cometió Keynes fue el de atribuir un hundimiento de la demanda agregada a un súbito aumento del atesoramiento, cuando por lo general se deberá a una destrucción de medios de pago basados en créditos impagables (impagables como consecuencia de los errores acumulados en las decisiones de producción y de financiación tomadas por los agentes hasta el momento). Si lo hubiese hecho, el debate entre alternativas habría sido más sencillo: o minimizar los impagos (con mayor ahorro) o sustituir los pasivos impagados por nuevas deudas de mala calidad (política monetaria expansiva combinada con política fiscal para generar nuevas malas deudas que actúen a modo de medio de pago). Es decir, entre reajustar los patrones de producción y financiación para avanzar hacia una división del trabajo o del capital más armónica y entre seguir cebando las burbujas hasta el devastador pinchazo final.

Si encontráis algún aspecto mejorable, como siempre quedo a vuestra disposición para tratar de incorporarlo. Próximamente, espero poder anunciarnos que la App ya está disponible para iPhone.

“¿Cómo puedo saber si existe sobreproducción de bienes? Pues porque hay más mercancías a la venta de las que el público comprará. ¿Y por qué no las comprará el público? Pues porque no tiene dinero suficiente. ¿Y por qué no tienen dinero suficiente? Porque no lo están ganando. ¿Y por qué no lo están ganando? Porque no están produciendo: ¡los trabajadores y las máquinas se encuentran ociosas!”. Pero, si la no producción es el problema, ¿por qué llamarla entonces sobreproducción?

En efecto, los defensores de la teoría de la sobreproducción caen en el error de sugerir que el problema es la falta de empleo, pero ¿empleo para qué? ¿Para producir todavía más? Al final, hemos de regresar a la Ley de Say: la manera de comprar mercancías es ofrecer mercancías. Por consiguiente, el problema no puede ser nunca que producimos demasiado de todos los bienes, sino demasiado de algunos (viviendas) y demasiado poco de otros (mercancías exportables, materias primas…). Es decir, no sobreproducciones generalizadas, sino sobreproducciones parciales y sectoriales: las malas inversiones que tan bien describe la Escuela Austriaca.

En cuanto al primero, cito a Leguina:

Y uno se pregunta: ¿de dónde saca los datos este genio? Porque, según Eurostat, el número de trabajadores públicos por habitante es mucho más bajo en España que en la media de la UE y está a años luz de la Alemania de Merkel, tan querida ella por la gente “liberal”.

En verdad, quien no sabe de dónde ha extraído Leguina sus datos soy yo, más que nada porque, hasta donde me alcanza, Eurostat no publica datos de empleados públicos. De hecho, las más conocidas (e inexactas) estimaciones a este respecto, no sitúan el número de empleados públicos de España a “años luz” de Alemania, sino ligeramente por encima (y eso que la tabla anterior deja fuera a 500.000 empleados públicos). Pero bueno, imagino que apelando a Eurostat se reviste de mayor formalidad a unos datos inventados.

Sea como fuere, al final, lo que cuenta no es el número de empleados públicos, sino su coste total. España podría tener 1 empleado público cada 5 habitantes si cobraran, por ejemplo, una décima parte de lo que perciben ahora mismo; asimismo, vería cómo su nivel de empleo público se convertiría en todavía más insostenible si multiplicara sus nóminas actuales por diez. Centrarse en el número de empleados públicos sin analizar cuál es su coste no tiene ningún sentido desde una perspectiva de sostenibilidad financiera del sector público. ¿Y qué sucede cuando en lugar de echar un ojo al número de empleados públicos analizamos su coste? Pues dos cosas: la primera es que, para eso, vaya por dónde, sí existen datos de Eurostat que, por un extraño traspiés, Leguina no ha consultado; la segunda, acaso relacionada con el extraño traspiés, es que en esta rúbrica sí estamos a “años luz” de Alemania: en concreto, nuestro gasto en términos de PIB es un 50% superior al de los teutones; en términos de ingresos públicos, tan sólo un 100%. Datos con poca chicha como para que Leguina afirme justo lo contrario, supongo.

El segundo, y último, argumento de Leguina es que combatiendo el fraude fiscal se acababan todos nuestros problemas: ”

Los neoliberales, aparte de éstas y otras recetas parecidas, no abren la boca para tratar temas como la evasión fiscal. Por ejemplo, nunca se les ha ocurrido señalar la evidente anomalía de que la recaudación del IRPF en España provenga casi exclusivamente (el 90 por ciento) de los bolsillos de los asalariados. Si el resto de los perceptores de rentas pagaran el IRPF como lo hacen los asalariados, las cuentas públicas se cerrarían este año con un notable superávit. ¿Por qué no se ocupan de ello?.

En primer lugar, eso de que los liberales nunca tratamos el asunto de la evasión fiscal se desmiente tan pronto como uno busca un mínimo de información sobre lo que ha escrito aquel al que se está criticando: así se vería, por ejemplo, que algunos sí hemos reflexionado al respecto para mostrar lo fraudulento del fraude fiscal y su incapacidad para acabar con el déficit. Leguina, sin embargo, parece confundir fraude fiscal con un tratamiento fiscal que le desagrada; al cabo, cuando apela a que las rentas del capital paguen lo mismo dentro del IRPF que los asalariados, simplemente se está refiriendo a que la ley confiere un tratamiento diferenciado (y por motivos razonables: las rentas del capital ya han pagado previamente el Impuesto de Sociedades) a unas y otras, pero eso no tiene nada que ver con el fraude. Aun así, no dejan de sorprenderme ciertas afirmaciones solemnes sin ningún dato que las sustente: verbigracia, Leguina dice que si los receptores de las rentas del capital tributaran de la misma guisa que los asalariados… ¡España tendría superávit!

Veamos: en 2011, España cerró con un déficit de 100.000 millones de euros; por su parte, en 2008 (último dato disponible, pero seguramente muy parecido al de 2011, si no superior) el conjunto de bases imponibles del ahorro fue de 42.000 millones de euros. Si hacemos tributar esas bases imponibles al 30% (el tipo medio efectivo de las rentas del trabajo), recaudaríamos unos 12.000 millones de euros (asumiendo que no haya fuga de capitales ni problemas similares que a buen seguro se darían). Hasta donde conozco, creo que 12.000 millones no es mayor que 100.000 millones.

Hasta aquí el argumentario de Leguina en contra de mi libro. Déjenme, sin embargo, tocar una de sus falacias ad hominem:

Juan Ramón Rallo, que tiene ahora 28 años, es doctor en Economía y licenciado en Derecho y tiene publicados varios libros, como Un modelo realmente liberal y Una alternativa liberal para salir de la crisis. Y ahora ejerce de profesor –¡oh casualidad!– en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid… Y uno se vuelve a preguntar qué pensarían de estos jovencitos liberales unos liberales de verdad como Agustín de Argüelles o su adorado Adam Smith.

Lo primero es que ya no formo parte del profesorado de la Universidad Rey Juan Carlos (imagino que mis datos biográficos los habrá sacado de la misma fuente que los datos de Eurostat), pero sí he formado parte: no tengo nada en contra de los liberales que ocupan un puesto de empleado público (sólo faltaría que el socialismo nos impusiera un Estado gigantesco del 50% del PIB y que luego ése fuera un terreno vedado para el solo disfrute de los propios socialistas); sí, en cambio, de aquellos que lo ocupan y que, extrañamente, tuercen sus principios para defender que debe prescindirse de todo gasto público salvo de aquel que va dirigido a financiar su puesto. Segundo, me sorprende la apelación a Adam Smith, liberal de verdad según Leguina, para supuestamente recriminarme que (ya no) forme parte de la plantilla de una universidad pública. Más que nada porque el propio Adam Smith concluyó sus días siendo director de aduanas. Pero bueno, la verdad es que tan mal construida falacia ad hominem no desentona del resto del artículo.

¡Alto!, suele objetarse: es verdad que la renta per cápita de los singapurenses es superior a la española, pero la renta per cápita es un valor medio que esconde numerosas desigualdades internas: los ricos de Singapur son mucho más ricos que los ricos españoles, pero los pobres de Singapur también son mucho más pobres que los pobres españoles, por tanto, mejor crecer menos pero de manera más cohesionada. Y lo cierto es que si estudiamos diversas medidas de desigualdad, la sociedad singapurense lo es bastante más que la española: el índice Gini de Singapur se ubica en torno a 45 y el de España alrededor de 30, mientras que la renta media del estrato 20% más rico de Singapur es 12 veces mayor que la del 20% más pobre (en realidad, por los motivos que en breve expondré, es muy posible que sea todavía mayor), mientras que en España es sólo 10 veces mayor.

Sin embargo, que una sociedad sea más desigualitaria que otra no prueba por sí mismo que el nivel de vida de sus ciudadanos sea peor. Bastará un ejemplo que todos comprenderemos: Afganistán exhibe una mayor igualdad en la distribución de la renta que España (las diferencias entre ricos y pobres son menos acusadas), pese a lo cual los más desiguales pobres españoles probablemente prefieran seguir viviendo en nuestro país.  Es decir, si a pesar de los mayores diferenciales de renta, los ciudadanos más pobres del país más desigual son más ricos que los ciudadanos más pobres del país igualitario, habrá que concluir que el modelo económico del país desigualitario es superior a la hora de generar y distribuir riqueza por toda la sociedad.

¿Es éste el caso de Singapur con respecto a España? Rotundamente, sí.  En el siguiente gráfico podemos observar el nivel de renta (en dólares internacionales) de los distintos percentiles de renta de ambas sociedades: 20% más pobre, entre el 20% y el 40%, entre el 40% y 60%, entre el 60% y 80%, entre el 80% y el 90% y el 10% más rico. Como puede verse, en el año 2008, la renta media de los singapurenses en cada uno de los tramos era entre un 30% y un 60% superior a la de los españoles.

Por ejemplo, la renta media mensual del 20% de españoles más pobres fue de 420 dólares internacionales, mientras que en Singapur fue de 560 dólares internacionales (un 33% superior), mientras que el 10% más rico de los singapurenses disfrutaban de una renta mensual de unos 9.100 dólares internacionales frente a los 5.500 de los españoles (un 66% más).

Evolución y distribución de la renta por miembro de un hogar en Singapur y España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España, el FMI y el Departamento de Estadística de Singapur

La metodología de elaboración del gráfico merece tres comentarios. El primero y más relevante es que los datos de Singapur sólo incluyen las rentas de origen salarial, mientras que los datos de España computan rentas salariales y no salariales. Esta omisión, ya digo, supone un problema fundamental para comparar ambas rentas que frustraría el propósito de ese artículo si no fuera porque es una omisión que perjudica a Singapur (y no poco: en 2008, la renta salarial media fue de 2.350 dólares internacionales, mientras que la renta per cápita era de 4.200 dólares): dicho de otro modo, las rentas de los singapurenses reflejadas en el gráfico anterior están considerablemente sesgadas a la baja y, aun así, superan ampliamente las de los españoles. Es por este motivo que antes comenté que resulta muy probable que la diferencia de renta entre los ricos y pobres de Singapur sea más de 12 veces superior: parece lógico que la mayor parte de las rentas no salariales (dividendos, plusvalías, alquileres, intereses…) se concentren en los estratos más ricos.

El segundo comentario es que los datos de renta de Singapur incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del empresario y del trabajador, mientras que las de España sólo incluyen las cotizaciones a cargo del trabajador. Para corregir este sesgo en contra de las rentas españolas he optado por incrementarlas en un 30%, que es el porcentaje medio de cotización empresarial a la Seguridad Social. Por tanto, las rentas españolas medias que aparecen en el gráfico son antes de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social.

Por último, los datos de renta por miembro de hogar del Banco de España son significativamente menores a la renta per cápita del país (para 2008, 16.300 euros frente a 23.800), lo que lastra marcadamente los niveles de renta de los españoles, pero aun así la diferencia entre la renta per cápita y la renta media por individuo es muy inferior en España que en Singapur (en este último caso, como hemos comentado, por no incluir las rentas no salariales). Por tanto, y dado que partimos de datos oficiales en ambos países, la comparación resulta pertinente.

Tras estos tres matices, podemos la superioridad del modelo económico mucho más libre de Singapur resulta evidente. De hecho, desde 2008 la renta per cápita de los singapurenses ha crecido otro 15% (también entre el 20% más pobre), mientras que la de los españoles ha decrecido un 3,3%; síntoma de un problema mucho más profundo: la economía de Singapur no es sólo más rica que la española, sino sosteniblemente más rica que la de la burbujística y ladrillera España.

Sólo aquellos que prefieran la igualdad a costa de una mayor pobreza y peor calidad de vida de los ciudadanos más pobres optarán por el modelo económico de España. Es decir, sólo aquellos envidiosos que detesten que los diferenciales de renta entre Singapur y España sean mayores entre los más ricos que entre los más pobres escogerán pauperizarlos a todos para reducir esos diferenciales.

Los sindicatos critican al Gobierno por quedarse corto en las subidas de impuestos, por recortar demasiado el gasto público y por liberalizar demasiado la economía. Es decir, CCOO y UGT exigen al Ejecutivo que saquee todavía más a los contribuyentes españoles (no se crean el cuento chino de que sólo reclaman que paguen los más ricos: ese mensaje es sólo un analgésico para que las clases medias protesten menos cuando pasen los publicanos por la puerta), que la burbuja del sector público se infle todavía más (incluso quitando los intereses de la deuda, en 2011 el gasto público fue un 15% superior al de 2007, en plena burbuja inmobiliaria) y que las relaciones laborales sean lo más rígidas posibles (justo las que teníamos antes de la tímida e incompleta reforma laboral de este año y que llevó a que entre el primer y tercer trimestre de 2009 se destruyeran 292.000 empleos en el sector privado frente a los apenas 7.500 que han desaparecido en ese mismo período de 2012).

Todo aquello que se le puede reprochar a este Gobierno –que trate de conservar un sector público desproporcionado e insolvente a costa de un cada vez más raquítico y encorsetado sector privado– es justo lo que los sindicatos tratan de promover con esta desnortada huelga general: más impuestos, más gasto, más déficit, más rigideces y, en definitiva, más crisis. Lo que reclaman es incidir en la desastrosa política económica del PSOE que el PP ha conservado en sus líneas fundamentales.

Si España se está desmoronando es precisamente por no haber pinchado y saneado sus burbujas financiera, inmobiliaria y estatal; es decir, por tratar de que los contribuyentes corran con las facturas de bancos, promotoras y políticos. Más de este disparate socialisto-popular es lo que reclaman los sindicatos en la huelga del 14N. No más libertad, sino más opresión estatal; no más ahorro, sino más despilfarro; no menos deudas, sino muchas más; no más empleo, sino más barreras y obstáculos al mismo; no menos rescates para la banca, sino una socialización de pérdidas más estable, amplia y estructural mediante la nacionalización permanente de las entidades; en suma, no más generación de riqueza, sino más burbujas y pelotazos a costa de  sobreendeudamiento público que nos aboca a la suspensión de pagos.

La alternativa a un intervencionismo estatal asfixiante y fracasado no es, desde luego, redoblar ese intervencionismo asfixiante y fracasado. Al contrario, la alternativa pasa por reducir de verdad el gasto público, por rebajar intensamente los impuestos, por liberalizar todos los sectores productivos que continúan hiperregulados y por no socializar las pérdidas de la banca. Todo lo contrario a lo que reclaman los sindicatos y a lo que está haciendo este Gobierno y el anterior. Por eso, secundar la huelga equivale a darle un espaldarazo a la desastrosa política económica del PP: los sindicatos no proponen ninguna modificación de fondo salvo acentuar sus rasgos más suicidas; lo único que buscan es cambiar su forma y las siglas partidistas de quienes la ejecutan.

El auténtico pensamiento único en esta gestión de la crisis es el del consenso intervencionista de PP-PSOE-IU-UGT-CCOO: mismos perros con distinto collar. Una huelga intestina promoviendo un cambio de política económica justamente para que no cambie nada sustancial.

¿Qué hacer con los bancos?

¿Es justo que los contribuyentes españoles carguen con la recapitalización de Bankia o el resto de entidades nacionalizadas? ¿Existe un camino alternativo para salvar a los bancos sin mermar las arcas públicas? Para Juan Ramón Rallo, doctor en Ciencias Económicas y director del Instituto Juan de Mariana, sí que hay otra senda. Es el ‘bail in’, el rescate hacia dentro, el que recae sobre las espaldas de accionistas y acreedores, no en las de los ciudadanos. Por la magnitud del rescate, Bankia es el caso paradigmático, pero el plan vale para todos los bancos nacionalizados. Consiste en intercambiar deuda subordinada por acciones del banco. No es una utopía. De hecho, según informó ayer Bloomberg, Bruselas se plantea ya el intercambio de la deuda junior para el caso de Bankia. Según explica Rallo en una entrevista con Finanzas.com, todavía estamos a tiempo de aplicar este ‘bail in’. Y también lo cuenta as en la obra “Una alternativa liberal para salir de la crisis” que acaba de publicar la editorial Deusto. Habla en esta obra de los bancos, del rescate y de las tres burbujas que nos han llevado a esta situación. ¿La más importante? La financiera.

¿Qué es el ‘bail in’?

Es una propuesta para evitar la liquidación de la banca, pero que esa liquidación no se evite a costa del sector público sino de los acreedores de los bancos. ‘Bail in’ es rescate hacia dentro o interno, a diferencia del ‘bail out’, donde paga el contribuyente. La idea es que sean los accionistas y acreedores del banco quienes asuman no parte sino todas las pérdidas. Lo que propongo es pagar una parte de la deuda de los bancos en sus propias acciones. El banco va realizando ampliaciones de capital que son suscritas obligatoriamente por los acreedores. Así, te recapitalizas automáticamente. Al fin y al cabo, esto es una quita y el acreedor no cobra el 100%, lo que puede llevar a desconfianza. Pero es que esa desconfianza ya está. Los bancos se tienen que financiar en el BCE. Y el Gobierno ya casi tampoco se puede financiar. De hecho, el ‘bail in’ se contempla en la reforma del Gobierno, pero solo para tenedores de preferentes y subordinadas. Pero hay que extenderlo para quienes tengan deuda senior. No la deuda garantizada, que en teoría su repago está asociado con un activo (por ejemplo, las cédulas hipotecarias).

¿Se podría haber aplicado en Bankia este procedimiento?

Si habría sido factible. Y de hecho, sigue siéndolo. Cuando se declaró incapaz de provisionar sus pérdidas, se procedió a su nacionalización y hubo que inyectar entre 15.000 y 23.000 millones de euros. Sin embargo, habría sido más factible, justo y conveniente convertir en fondos propios los siguientes títulos de deuda: el 100% de los 13.400 millones de deuda subordinada, que es el ‘bono basura’ de Bankia. El 50% de los 13.500 millones de deuda senior no garantizada que vence más allá del 2017. Y el 25% de los 11.600 millones en deuda senior no garantizada que vence entre 2013 y 2017. Con tales operaciones, Bankia habría aflorado 23.000 millones de euros, reduciendo su deuda sin castigar al contribuyente español ni europeo.

Una vez hecho este ‘bail in’, serían los propios bancos -y no el FROB- quienes tomarían las decisiones estratégicas para garantizar su futuro. Es decir, reducir costes operativos, gestión de la oferta de crédito, política de remuneración al accionista, etc. Una vez capitalizada y traspasada la entidad a sus nuevos propietarios, éstos podrán comenzar a diseñar desde el primer día la estrategia empresarial o, en su caso, que la entidad sea liquidada.

¿Y quien tiene una cuenta corriente? ¿Perdería algo con el ‘bail in’?

No. Como mucho sería suficiente con pagar durante uno o dos años los intereses de las cuentas en acciones, en lugar de dinero en efectivo. Pero no sería necesaria una quita real. Por supuesto, no todo el pasivo de los bancos merece igual consideración. Lo lógico es que se escalone la conversión de deuda en acciones: Los acreedores que asumieron mayores riesgos o prestaron a plazos más dilatados deberían soportar la mayor parte de la conversión, pues son los que más semejanza guardan con los accionistas.

Habla en el libro de tres burbujas que asolaron España, la financiera, la productiva y la estatal. ¿Cuál de ellas es más dañina?

Las tres son igual de dañinas, pero si tuviese que elegir una, por el hecho de ser la primera, sería la burbuja financiera, porque sin ella no habría burbuja inmobiliaria. La financiera tiene su origen en el Banco Central Europeo. Cuando hablo de la burbuja productiva es en referencia a la partes de la economía que se vieron contaminadas por el pinchazo de la burbuja en la construcción

Los bancos no resultan muy bien parados. Usted dice que tienen la retaguardia bien cubierta gracias al BCE ¿Cómo es esto?

Hay un riesgo moral tanto por el acceso a la financiación y al capital. Ya desde hace muchos años, tienen la mala costumbre de endeudarse a corto plazo e invertir a largo. Eso si lo hace cualquier empresa suspende pagos en dos días pero los bancos no porque siempre tienen la posibilidad de acudir al BCE para endeudarse. Pagan un tipo de interés muy bajo por el dinero que piden a corto y cobran un interés sustancial a largo plazo. Al final, induces al endeudamiento de la población. Además, cuando tienen más pérdidas que sus fondos propios, acude el Estado a rescatarlos. Así, los acreedores no tienen que controlar que el banco lo haga bien porque saben que va a venir “papá” estado a rescatarlos.

Cifra las pérdidas previsibles para la banca entre 300.000 y 400.000 millones ¿No difieren mucho estas cifras de las que ha dado Oliver Wyman?

No hay tanta divergencia. Oliver Wyman estima unas pérdidas de 270.000 millones en el escenario estresado. Pero no incluye las pérdidas posibles por un ‘default’ soberano, que serían muy relevantes, por ejemplo, en el caso de Portugal, que no es nada improbable. Además, las pérdidas son solo las previsibles hasta 2014. Pero hay que elevar las miras y preguntarse qué pasará después. Creo que mi estimación es bastante verosímil.

¿Y por qué nos han dicho que necesitan unos 60.000 millones?

Porque Oliver Wyman dice que esos 270.000 millones de pérdidas vienen en una parte importante de los beneficios futuros de la banca en los próximos tres años y otra de dejar caer el colchón de capital. Pero hay dos problemas. Primero, que Memorando de Entendimiento no permite rebajar el colchón de capital. Y además, no puedes quedarte con un mínimo de capital. Por eso, y aquí si discrepo con Wyman, digo que las necesidades de capital rondarán los 150.00 millones de euros.

¿Por qué son insostenibles las finanzas públicas?

Durante los años de la bonanza, el sector público español aumentó el gasto de manera desproporcionada, incluso a ratios del 10% anual. ¿Por qué? En España, el que se endeudó fue el sector privado y con ello generó una actividad económica muy artificial, básicamente la burbuja inmobiliaria. Eso generó fuertes ingresos para la hacienda pública. En 2007 ingresaba 175.000 millones de euros más que en 2001. Y esto indujo a los políticos a gastar mucho más. De hecho, pese a que empezaron a gastar a menos llenas, ni siquiera fueron capaces de gastar todo lo que entraba. Por eso, en 2007 tuvimos superávit. No porque fuéramos austeros. La idea de la burbuja estatal es esta. Que el estado se sobredimensionó con base a unos ingresos que no iba a poder mantener. Esto ha pasado, que han desaparecido los ingresos extraordinarios y ahora se encuentra con un déficit monstruoso.

Cuando en el 2008 los países bálticos acometían un fuerte ajuste de gasto, aquí estábamos gastando más con el Plan E. ¿Deberíamos haber hecho lo contrario?

Si, lo deberíamos haber hecho. Los bálticos redujeron diez puntos el tamaño de su sector público. Pero esto aquí ni se plantea y es la reforma que habría que hacer, reducir el gasto público en más de 100.000 millones de euros. En el caso de Zapatero -y esto ya es hacer política ficción- si hubiese llegado la recuperación habría gastado más y más. En el caso de Rajoy, cuando llegue, imagino que lo que hará es congelar el tamaño del sector público. Pero no lo quiere reducir respecto a su nivel absoluto actual. Pero el problema es que la propia estructura del sector público amenaza con quebrar la economía española.

¿Y sobre el rescate de España? ¿Nos hace falta?

Lo que tenemos ahora (la amenaza de que el BCE compres bonos si sube la prima de riesgo) nos puede servir, pero por razones políticas no va a bastar. La mera perspectiva sirve para que no se apueste contra la deuda española durante un tiempo, lo que es una situación cómoda para España y Alemania. Es lo que se conoce como la teoría del bazoka. Si lo tienes, no tienes porque utilizarlo porque normalmente nadie se te acerca para amenazarte. Esta teoría la inventó Henry Paulson con Fannie Mae y Freddie Mac, pero al final quebraron. Pero aquí hay un problema de inconsistencia a largo plazo. Si España sigue acumulando deuda, por mucho que el BCE se haya comprometido a refinanciar a España, no lo va a hacer en las cantidades que necesite. Y cuando los mercados crean que el BCE va de farol, empezarán a apostar de nuevo contra la deuda. Por eso, no creo que Alemania le baste esta situación de espera. Lo que quiere es que suscriba condiciones adicionales para que España reduzca sus necesidades de financiación. Es muy probable que se suscriba una serie de rescate virtual simplemente para que España acepte las condiciones, una línea de crédito preventiva. Pero con condiciones. Pero lo que haría falta es hacer los deberes, como propongo en el libro, para que no nos rescaten desde fuera.

¿Será útil el banco malo?

Los activos que van a ser adquiridos no tienen ahora mismo precio de mercado. Están registrados al coste histórico. No hay precio de mercado porque no hay transacciones. Las podría haber habido si el Gobierno hubiese decidido liquidar algún banco. Pero no se ha hecho y no tenemos referencia de cuánto valen los bancos. De hecho, el ‘banco malo’ habla de valor razonable a largo plazo. Eso es un precio puramente político porque no se puede saber. Con esta reforma financiera, el Gobierno puede hacer que bancos que no estén quebrados pasen a estarlo. Y lo contrario. Lo que vale mucho comprarlo por poco. Por eso, el ‘bail in’ es positiva porque además mantiene el control de las entidades en manos de sus accionistas.

¿De dónde recortar?

La economía española se haya sumida en una especie deprofecía autocumplida que está asfixiando al país. Los inversores temen que suspendamos pagos por nuestro elevado déficit. Y exigen más intereses para prestarnos dinero, lo que a su vez engorda más la deuda. Pero este no es el problema. La cuestión es que el déficit primario (el que no incluye el pago de intereses de la deuda) fue del 7% en 2011. Es decir, habría mucho miedo aún cuando la deuda nos saliera gratis. Lo que hay que rebajar es el déficit estructural para alejar el fantasma de la suspensión de pagos. Y solo hay dos caminos: subir impuestos o recortar gastos

Para el economista Juan Ramón Rallo, doctor en Economía y director del Instituto Juan de Mariana, la primera alternativa ha demostrado su ineficacia. Lo que queda es reducir la estructura de un estado inflado artificialmente por tres burbujas, la financiera, la productiva y la estatal. En su libro ”Una alternativa liberal para salir de la crisis” (Deusto) propone una serie de recetas para recortar el gasto público en 135.000 millones de euros en tan solo un año. De un plumazo. No es magia, solo tijeretazos a diestro y siniestro. “Hay que recortarlo prácticamente todo”, explica Rallo en una entrevista con Finanzas.com.

Si tenemos un déficit de 100.000 millones, ¿Por qué recortar en exceso? Según sostiene Rallo, “al bajar ciertos gastos también se pierden ingresos. Por ejemplo, al reducir empleados públicos te baja el ingreso por IRPF y te sube el gasto por desempleo. Por eso necesitas un colchón de al menos 35.000 millones”. Con todo, quizás no sea posible dejar el déficit a cero, pero se rebaja a niveles muy manejables, justo lo que España necesita para que sus cuentas públicas den una imagen sostenible. “Es seguro que con este recorte se lograría”, apunta el experto.

La propuesta de Rallo pasa por ’meter la tijera’ en cinco grandes partidas: empleo público, subvenciones, inversión estatal, transferencias sociales y otros.

1.- Recortazo en empleo público: 40.000 millones de ahorro

Se consigue con dos medidas. Reducir el número de empleados públicos y rebajar el sueldo de los que queden un 15%. En el año 2001 teníamos un empleado público cada 16 españoles y en 2011 este ratio era de uno por cada 14. “Lo que propongo es pasar a un empleado público por cada veinte españoles” explica Rallo. En esta década, el gasto en empleo público ha crecido desde los 69.000 millones de 2001 a los 123.000 millones de 2011. Y una parte importante se debe al incremento de plantilla, que ha pasado de 2,54 millones (uno por cada 16 españoles) a 3,13 millones (uno por cada 14). Para este experto, lo ideal es reducir el empleo público hasta 2,35 millones de trabajadores, con un ratio de 1 por 20 ciudadanos. Es decir, los mismos empleados públicos que había en 2001. La razón son las ganancias de productividad importantes durante esta década, por lo que parece lógico que ya no hagan falta tantos trabajadores.

Por tanto, habría que “despedir a 800.000 empleados públicos” para alcanzar la cifra de 2,35 millones que había en 2001. También durante esta década, “los empleados públicos han experimentado aumentos del poder adquisitivo por encima de la inflación”. Por eso, ”toda la ganancia por encima de la inflación habría que eliminarla”. Eso se traduciría en suprimir dos pagas extra, lo que equivale a un recorte de las remuneraciones del 15%. “Pero cualquier otra combinación de salario base más complementos puede servir”, advierte Rallo.

2.- Recortazo en subvenciones: 11.000 millones de ahorro

El año pasado, las administraciones públicas entregaron más de 11.000 millones de euros en subvenciones a prácticamente todos los sectores, pero especialmente al transporte. “Distorsionan la actividad económica porque mantienen a flote a empresarios cuyos costes superan sus ingresos”, apunta Rallo. Siempre es “un buen momento para eliminarlas, pero especialmente en tiempo de crisis y de restricción presupuestaria”.

3.- Recortazo en inversión pública: 25.000 millones de ahorro

España es el país de Europa que más ha invertido en obra pública durante la última década. Pese a que casi hemos duplicado todas las infraestructuras, “su utilización está a niveles del año 2000″. ¿Para qué construir más si no lo vamos a utilizar? se pregunta Rallo mientras propone que lo que habría que hacer es “mantener lo que ya tenemos y poco más”.

La Intervención General del Estado estima que el año pasado, de los 40.000 millones presupuestados solo se destinaron 9.500 millones a reponer el capital público existente. ”La cifra final de inversión pública y de ayudas a la inversión privada no debería apartarse mucho de esta cuantía, salvo por la necesidad de terminar obras ya muy avanzadas o comprometidas”. De esta forma, sostiene Rallo, el “gasto total en inversión pública debería quedarse como mucho en el entorno de los 15.000 millones de euros, lo que equivale a un recorte de 25.000 millones”.

4.- Recortazo en Transferencias Sociales: 40.000 millones de ahorro

Aquí hablamos de pensiones (no solo a jubilados, sino también de viudedad, invalidez o rentas a la maternidad). Los pensionistas han experimentado aumentos de sus rentas por encima de la inflación durante la última década. Esto supone un recorte medio de las pensiones y transferencias sociales del 15%. “No se tiene por qué hacer ni lineal ni ser todo del 15%. Por ejemplo, adelantando el retraso de la edad de jubilación se ahorran entre 6.000 y 7.000 millones. Ahí tienes un cuarto del ajuste que hace falta”. También puedes recortar más a las pensiones más altas, y las no contributivas es absurdo tocarlas, explica el experto. “Sería volver al nivel nominal de las pensiones en 2007″. Es decir, si un pensionista cobra 1.000 euros, pasaría a cobrar 850 euros.

“Otra de las prestaciones que debería racionalizarse es la prestación por desempleo, cuyo gasto se ha disparado con la crisis hasta superar los 30.000 millones de euros en 2011″, asegura Rallo. De esta cifra habría que ahorrar unos 6.000 millones, lo que se consigue rebajando las prestaciones contributivas medias en un 20%, las asistenciales en un 10% y eliminando el PER agrario que reciben los trabajadores eventuales. De nuevo, como sucedía con las pensiones, las cuantías medias, sobre todo en prestaciones contributivas, pueden reducirse de forma progresiva o, en parte, modificando sus condiciones de disfrute. Por ejemplo, reduciendo el tiempo máximo que pueden percibirse. Y faltaría eliminar las partidas destinadas a las políticas activas de empleo, cursos para los parados “cuya utilidad es básicamente nula y cuyo coste anual alcanzó en 2011 los 7.300 millones de euros”, sostiene Rallo.

Recortazo en Miscelánea: 19.000 millones de ahorro

La mayor parte del recorte debería consistir en suprimir todas las actividades culturales, recreativas y de comunicación promovidas y financiadas por el Estado. “No hay motivo para que el Estado reparte y despilfarre el dinero, especialmente en un periodo de dura crisis económica”. Como ejemplo, Rallo apunta que ”sería esperpéntico que mientras se recortan las pensiones o el desempleo, el Estado siguiera subvencionando, mucho o poco, actividades lúdicas como la ópera”. Es más, recalca, “si los ciudadanos valoran lo suficiente la cultura, o ciertas líneas editoriales de medios de comunicación, deberían demostrarlo pagando su precio en un mercado libre”.

Del mismo modo, en transferencias al exterior podrían minorarse 7.000 millones de euros:2.000 millones proceden tan solo de suprimir la ayuda a países en desarrollo (que en general solo sirven para fabricar incentivos perversos) y 5.000 millones podrían venir de reducir nuestra aportación al presupuesto de la Unión Europea (10.000 millones), algo que no obstante habría que negociar con Bruselas. A este respecto, Rallo defiende que el presupuesto de las instituciones europeas se reduzca de “manera muy sustancial”.

Por otro lado, Rallo aboga por recortar 4.000 millones de los 30.000 que el Estado dedicó en 2011 a transferencias a productores de mercado que prestaban servicios al ciudadano, básicamente escuelas y hospitales concertados. Parece lógico que si la estructura del Estado recorta su gasto y se aprieta el cinturón, también lo hagan empresas privadas a las que se subcontratan servicios.

El autor de la anotación me recrimina fundamentalmente tres puntos: uno, que el ahorro lleva subiendo durante los últimos quince años, tal como se refleja en el aumento absoluto y relativo de los depósitos familiares, sin que ello haya obrado nada positivo; dos, que en todo caso, necesitaríamos más ahorro de parte de quienes están más endeudados, pero sucede que quienes ahorran son quienes no están endeudados y quienes sí lo están no pueden ahorrar; tres, lo que necesitamos, en suma, es una mejor distribución de la renta para que la actividad económica no colapse y para que los más endeudados puedan hacer frente a sus obligaciones. Tres argumentos que contienen tres acumulaciones de errores considerables.

Primero, el autor confunde ahorro con los depósitos bancarios agregados de las familias. Semejante equiparación no tiene demasiado sentido, no ya desde un punto de vista agregado, sino individual. Los depósitos bancarios son una parte del activo familiar, pero para saber qué parte de ese activo familiar procede del ahorro, habrá que atender al pasivo familiar: si una familia se endeuda para ver incrementado su activo es evidente que no está ahorrando; sólo si el aumento del activo se financiara con un incremento de los fondos propios podríamos hablar, provisionalmente, de un aumento del ahorro (en realidad, ni siquiera esta más precisa definición contable sería exacta, pues, como explico en mis Los errores de la vieja Economía, lleva a considerar las burbujas de activos como ‘ahorro’, cuando son todo lo contrario: un consumo de capital enmascarado).

En el caso de España, es evidente que los depósitos familiares han aumentado sostenidamente durante los últimos 15 años porque el endeudamiento de familias y empresas (del sector privado) también lo ha hecho. La operación bancaria es tan sencilla como anotar la constitución de una hipoteca a favor del banco (deuda familiar) a cambio de la creación de un depósito bancario a favor de la familia (pasivo bancario). Aquí no hay aumento del ahorro, sino del endeudamiento. Y eso es justo lo que le ha sucedido al conjunto de la economía española especialmente en la última década: créditos de bancos extranjeros a bancos españoles para que éstos concedan préstamos a familias y empresas que inevitablemente, por meras identidades contables, van de la mano de un aumento paralelo de los depósitos a familias y empresas. Nada demasiado sorprendente para quien conoce cómo funciona mínimamente el sistema financiero y que debería blindarnos contra la simpleza de equiparar depósitos familiares con ahorro familiar: de hecho, sucede muy habitualmente que cuando los depósitos familiares crecen lo que está aumentando no es el ahorro sino el endeudamiento y que cuando los depósitos familiares decrecen lo que sí está aumentando es el ahorro (pues los préstamos se amortizan y, al hacerlo, desaparecen los depósitos). Si alguien tiene dudas sobre este proceso, sólo tiene que leer, por ejemplo, al brillante (aunque criticable en muchas partes) capítulo IV del fantástico libro de Henry Thornton Crédito papel, escrito hace 210 años pero todavía poco asimilado por muchos economistas.

Tan es así que la economía española en su conjunto no ha ahorrado sino que se ha endeudado en masa que el déficit exterior de España en 2007 era del 10% del PIB. Dicho de otro modo: el país, en su conjunto, gastaba un 10% más de lo que producía internamente. ¿Cómo es tal cosa posible? Pues porque la diferencia la importábamos y no la pagábamos por el momento, es decir, nos endeudábamos con el exterior. Cuando digo que la economía española tiene que ahorrar mucho más, una de las implicaciones es justamente ésa: los agentes deben reducir su consumo en relación con su producción y vender la diferencia a sus acreedores (esto es, deben pagar sus deudas). De momento, parece que en 2013 tendremos un ligero superávit exterior, lo que significaría que, por primera vez en años, la economía española en su conjunto ahorrar y empieza a pagar sus deudas exteriores. Pero lo saludable sería que ahorráramos todavía más, es decir, que redujéramos nuestras deudas (y ampliáramos nuestros fondos propios) mucho más.

Es aquí donde entra la segunda de las críticas de Tomás Iglesias: sólo están ahorrando las familias que no están endeudadas y las que lo están no pueden ahorrar y reducir sus deudas. Lo primero es que el autor nos remite a la encuesta financiera de las familias que elabora el Banco de España para transmitir la idea de que quienes pueden ahorrar (los ricos) no están endeudados y que quienes no pueden ahorrar (los pobres y parados) sí lo están. En realidad, la encuesta financiera no dice nada de esto, sino más bien todo lo contrario: sólo el 16,5% de los hogares con menor renta (el 20% más bajo) tiene deudas mientras que el 64,7% de los hogares con mayor renta (el 10% más elevado) las tiene. De hecho, el Banco de España es bastante claro al respecto; sólo es menester realizar el esfuerzo de leerlo: “Los grupos con menor probabilidad de tener deudas son los hogares en el tramo inferior de la distribución de la renta (16,5%), los mayores de 64 años y los jubilados (…) Los mayores volúmenes de deuda pendiente se observan, en mediana, entre los más jóvenes (61.800 €), los empleados por cuenta propia y los hogares con dos miembros trabajando. Además, estas cantidades crecen con la renta, pero no de forma clara con la riqueza”.

Por tanto, quienes están más endeudados y concentran una mayor parte de la deuda familiar son las familias de renta más elevada; siguiendo la (errónea) lógica del autor, eso significa que las familias pobres son las que están ahorrando y las ricas las que no lo están haciendo, debiendo proceder a redistribuir la renta desde las pobres a las ricas. Obviamente, esto es un disparate.

Sucede, sin embargo, que afortunadamente el ahorro familiar sí se está traduciendo en una reducción del endeudamiento familiar (lenta, pero continuada) y que no sólo necesitamos ahorro familiar y empresarial para desapalancarnos e incrementar nuestros fondos propios, sino para financiar el aumento de la nueva inversión que necesita este país para remplazar un modelo productivo caduco y de muy bajo valor añadido. El autor ni menciona la más urgente necesidad de que, no ya sólo las familias, sino las empresas ahorren, esto es, que destinen porciones crecientes de sus beneficios a reducir sus deudas y acometer nuevas inversiones. Al cabo, dado que no podemos seguir acumulando crédito extranjero y dado que, en consecuencia, debemos tratar de autofinanciarnos, toca restringir nuestros gastos y echar mano de nuestro ahorro interno (destinar partes crecientes de nuestra producción no al consumo/disfrute, sino a pagar nuestras deudas o a capitalizarnos).

Es curioso que el Sr. Iglesias sostenga que la economía española se está hinchando a ahorrar cuando: a) el Ibex está por los suelos y b) los tipos de interés están por las nubes. Si los españoles ahorraran mucho más, habría una tendencia –sobre todo si despejamos el riesgo regulatorio y el de la suspensión de pagos del país, de ahí la necesidad de la austeridad pública y de las liberalizaciones– a canalizar ese ahorro hacia activos de alto rendimiento como la renta fija o la renta variable, haciendo aumentar sus precios y reduciendo el coste de financiación de las empresas. Iglesias quiere dar a entender que los españoles, en lugar de lanzarse a invertir todo el ahorro extraordinario que están acumulando, lo están depositando en la banca. En realidad, ya hemos visto los motivos esenciales por los que esos depósitos no nacen del ahorro sino del endeudamiento; pero es que si nacieran del ahorro, los bancos españoles estarían ahora mismo nadando en un océano de liquidez, cuando sólo están logrando evitar la suspensión de pagos merced a las líneas de crédito extraordinarias que les proporciona el Banco Central Europeo (y que se ven reflejadas en los enormes balances de Target2). Por tanto no, ni por una vía ni por la otra cabe concluir que los depósitos familiares

Por último, el autor realiza una cabriola económica para justificar su postura favorable a la redistribución de la renta de ricos a pobres (aunque, atendiendo a sus premisas como ya hemos dicho, debería ser de pobres a ricos): la riqueza y el endeudamiento son variables stock que derivan de la acumulación de otras variables flujo, fundamentalmente la diferencia entre los salarios que reciben las familias y los precios que pagan por sus gastos.  Por tanto, hay que aumentar salarios y mantener a raya los precios. El párrafo es una perfecta compilación de deliciosas falacias económicas, que voy a apuntar brevemente.

Primero, ni la riqueza ni la deuda son acumulaciones de rentas pasadas. Este es un error muy común propio de quienes no comprenden adecuadamente el mundo de las financias y caracterizan la riqueza (o la deuda) como la acumulación de cereales en un almacén. Tanto la riqueza como la deuda miran hacia el futuro, no hacia el pasado. En concreto, el valor de mercado de nuestros activos no depende del coste de producción o de adquisición histórico (por mucho que contablemente sea prudente reputarlo así), sino del valor actuales de los bienes futuros que esperamos que produzcan. Dicho en plata: si invierto 1 millón de euros en una empresa que destruye valor, la riqueza que tengo es cero, no 1 millón de euros. Por otro lado, la deuda no se concede en función de la riqueza acumulada hasta la fecha, sino de la riqueza que se proyecta que vayamos a generar en el futuro: lo que se hace es traer al presente los ingresos futuros que tendrá una persona, no sus ingresos o ahorros pasados.

Segundo, la renta no viene de los salarios, sino de la producción. Los salarios, los beneficios o los intereses son tipos de renta que dan derecho a porciones de los bienes producidos. Reducir toda renta a los salarios es un error; creer que los salarios es el origen último de toda renta, otro mucho más considerable. Sugerir que los salarios deben aumentar para que lo haga el ahorro es obviar que una manipulación de los salarios y de los precios puede conducir a una implosión de los patrones de producción y, por tanto, a una destrucción de salarios. Por ejemplo, si una empresa puede vender su mercancía por 100 y paga 90 de salarios, obligarle a que suba los salarios a 150, no conducirá a que la masa salarial aumente, sino a que se hunda: la empresa cerrará y se despedirá a los trabajadores. Fenómeno cuya expresión última es más sencilla: si la utilidad de los bienes que produces es 100, no puedes asumir un coste de oportunidad (la producción que se deja de crear en otras partes de la economía) para fabricarlos de 150; en tal caso, es mejor que la empresa cierre. Como ya dije, no necesitamos salarios ni altos ni bajos, sino libres: salarios que permitan maximizar la producción (y el empleo) en lugar de constreñirla.

En definitiva,  Tomás Iglesias se equivoca por vía múltiple: ni ahorro es idéntico a depósitos, ni la distribución del ahorro y de las deudas es la que él supone, ni el ahorro de los no endeudados es estéril, ni aumentar los salarios permite aumentar la producción. Humildemente, me gustaría recomendarle mi nuevo libro: Una alternativa liberal para salir de la crisis. Quizá ahí descubra que la caricatura que ha efectuado de una de mis posiciones centrales no se sostiene por ningún lado.

Arias Cañete ha apuntado con su demagogo dedo a las cinco grandes compañías de distribución que operan en España: Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour, Eroski y Alcampo. ¿Es verdad que se están forrando a costa de los agricultores multiplicando los precios a los que venden su mercancía gracias a su “poder de mercado”? Rotundamente, no. Si alguien se lo lleva crudo en la cadena de distribución, desde luego no son estas empresas.  Y para comprobarlo no hace falta tener ningún tipo de información privilegiada, basta con encontrar y saber leer sus cuentas anuales. Tomemos como ejemplo las de Mercadona, Carrefour y Eroski (que son las fácilmente disponibles en internet). Si se forraran a costa de los agricultores, deberían encontrarnos con que obtienen una rentabilidad monstruosa sobre el dinero que tienen invertido, en especial debido a los grandes márgenes comerciales a los que venden sus productos.

Al fin y al cabo, la rentabilidad de toda empresa puede descomponerse en dos factores: al margen comercial y la velocidad de rotación del capital. Básicamente, una empresa mejora su rentabilidad si vende con márgenes muy amplios o si vende muchas veces el mismo producto. Matemáticamente: Beneficio/Activo=Beneficio/Ingresos*Ingresos/Activo

Veámoslo para el caso de las empresas anteriores:

Mercadona

Rentabilidad = 8,1%
Margen unitario de ganancia = 2,81%
Rotación del capital = 285%

Eroski

Rentabilidad = 1,2%
Margen unitario de ganancia = 2,1%
Rotación del capital = 57%

Carrefour

Rentabilidad = 0,8%
Margen unitario de ganancia = 0,47%
Rotación del capital = 170%

Salvo el mejor grupo de distribución español desde hace décadas, Mercadona, Carrefour y Eroski apenas ganan sobre su inversión entre un 0,8% y un 1,2%… por debajo de la inflación y de lo que obtendrían por comprar deuda pública alemana, por ejemplo. Sus unitarios márgenes de ganancia por producto vendido oscilan entre el 0,5% y el 2%, esto es, por cada 100 euros de ventas, apenas ganan 0,5 ó 2 euros. Como digo, sólo Mercadona obtiene una rentabilidad aceptable (el 8% sobre el capital invertido), pero no gracias a los amplios márgenes de ganancia por producto vendido (que son similares a los de Eroski, del 2,8%) sino porque vende muchísimos productos (aunque sólo gane 2,8 euros por cada 100 euros que ingresa, vende muchas veces 100 euros).

En suma, estamos ante un nuevo ejercicio de populismo antiempresarial de este gobierno. Aunque viendo los orígenes ideológicos de muchos de ellos, tampoco es de extrañar.

Espero que os gusten estos pequeños cambios y, por supuesto, si tenéis alguna sugerencia adicional, aprovechad para comentarla.

Dejando de lado el llamativo hecho de que ni al PP ni al PSOE se les haya ocurrido la fantástica idea de limitarse a combatir el fraude fiscal en lugar de desangrarse electoralmente combatiendo el déficit con subidas de impuestos y anuncios de recortes, la cifra sólo suena verosímil para aquellos que quieran voluntaristamente creérsela, ahorrándose la molestia que supone reconocer que somos más pobres. Tan poco verosímil suena que, la verdad, no sé de dónde sale: no he encontrado un solo estudio de Gestha que aplique un método medianamente riguroso para realizar semejante estimación.

Vayamos, por ejemplo, a este “monográfico” del sindicato. Lo que se dice es: diversos estudios reconocen que la economía sumergida en España es del 23%, si consiguiéramos aflorar esa economía sumergida, se podrían recaudar 90.000 millones. Es decir, si consiguiéramos que esos 230.000 millones de euros “ocultos” salieran a la luz y lo hiciéramos tributar a un tipo medio del 40%, recaudaríamos 90.000 millones.

Para afianzar este sólido e indisputable cálculo, los técnicos remiten a un modelo que han creado de correlación entre PIB y presión fiscal que casualmente solo funciona adecuadamente entre 2003 y 2007 (no le pidan más fiabilidad que cinco años). Los resultados de este modelo cifran el desvío con respecto a la recaudación esperada en unos 50.000 millones en 2008 y 2009; cantidad “cuyo destino previsible ha podido ser la economía sumergida”. Nótese la seguridad con la que se afirman las cosas.

Lo relevante, empero, es que si, siguiendo a la propia Gestha, asumimos que la recaudación que se pierde es el 40% del valor de la actividad que se esconde en la economía sumergida, tendríamos que, de golpe y porrazo, la economía sumergida habría aumentado en 100.000 millones de euros, llevándola hasta el 33% del PIB, es decir, a los niveles de Bulgaria. Sucede, sin embargo, que este brutal aumento de la economía sumergida (que además, dado que la estimación de economía sumergida forma parte del PIB, implicaría que durante la crisis en realidad nuestra economía se habría expandido un 10%) no se observa por ningún lado. Por ejemplo, el economista más reputado a la hora de calcular la economía sumergida es Friedrich Schneider –economista al que, por cierto, Gestha cita recurrentemente (mal) como fuente de autoridad– y en sus estudios estima que la economía sumergida apenas creció un punto entre 2007 y 2008 hasta ubicarse por debajo del 20%.

De hecho, más allá de las cifras gruesas dirigidas a proporcionar carnaza a quienes no quieren afrontar la necesidad de adelgazar nuestro Estado sobredimensionado, ni siquiera los técnicos de Gestha se creen, a la hora de la verdad, sus números. En este reciente documento, “Sí hay alternativa”, los técnicos elaboran sus propuestas prácticas para lograr recaudar 63.000 millones de euros (no 90.000 millones). Y de esos 63.000 millones, sólo 38.000 proceden de luchar contra el fraude fiscal: el resto, 25.000 millones, vienen de nuevas y sangrantes subidas de impuestos.

Las tres grandes partidas, cuya verosimilitud voy a analizar, son las siguientes: reducir 10 puntos la economía sumergida hasta equipararla a la media europea (38.000 millones); subir el impuesto de Sociedades al 35% (14.000 millones); e impuesto sobre transacciones financieras (5.000 millones).

Primero, la media de la economía de la UE-27 no es 10 puntos inferior a la española, sino entre cero y un punto. De hecho, países similares al nuestro (Portugal, Italia o Grecia) tienen una economía sumergida que ya es superior a la española. A medio-largo plazo, podríamos aspirar, como mucho, a reducirla a los niveles de Suecia, es decir, unos cinco puntos, lo que significa que aplicando los cainitas (e irreales) niveles de tributación propuestos por Gestha, el 40% de tipo medio, apenas recaudaríamos 20.000 millones. Si, en cambio, el tipo medio fuera del 30% (algo más realista, aunque probablemente siga siendo demasiado alto), la recaudación sólo sería de 15.000 millones. Por tanto, en el mejor de los supuestos (nos convertimos en Suecia en lo relativo al nivel de cumplimiento de las normas), sólo recaudaríamos entre 15.000 y 20.000 millones por combatir el fraude fiscal (asumiendo que las actividades de la economía sumergida se sigan realizando cuando pasen a ser saqueadas fiscalmente; algo que es mucho suponer), muy lejos de la cifra de 90.000 euros que a tantos les gusta enarbolar y todavía más lejos del déficit de 2011: 100.000 millones. Por cierto, el Gobierno en 2012 ya pronosticaba recaudar unos 10.000 millones de euros luchando contra el fraude fiscal y de momento parece que lo va a lograr, lo que, sin embargo, no le va a permitir ni mucho menos cumplir con los objetivos de déficit para este año.

Como digo, el resto de propuestas de Gestha ya son subidas de impuestos, que sólo machacan más a la economía privada y hunden nuestras posibilidades de recuperación. Pero es que, incluso así, su estimación de recaudación está inflada. La recaudación por Sociedades en 2011 fue de 17.000 millones de euros, estando el tipo en el 30%. ¿De verdad vamos a recaudar 14.000 millones subiéndolo al 35% (nótese que no se tiene en cuenta toda la destrucción de riqueza, empleo y de recaudación derivada de esta subida)? En cuanto a la expectativa de recaudar 5.000 millones del impuesto sobre las transacciones financieras, la referencia que tenemos es la desastrosa de Suecia que es muy parecida a lo que pide Gestha: como mucho se recaudaron 100 millones de coronas frente al cálculo inicial de 1.500 millones.  Vamos, que de estas dos rúbricas Gestha espera recaudar otros 20.000 millones que a buen seguro serían menos de 5.000 (especialmente si tenemos en cuenta los efectos negativos sobre otras fuentes de recaudación).

En total, de casi 60.000 millones, apenas llegaríamos a 20.000 o, siendo generosos, 25.000 millones, cuando el déficit son 100.000 millones. Los muy sustanciales recortes del gasto público que Gestha y el Gobierno del PP se oponen a realizar son, por tanto, inexorables. Pero, ¿por qué Gestha insiste tanto en la necesidad de luchar contra el fraude fiscal? Aparte de la ideología de este sindicato, claramente poco amigable con el libre mercado, la lógica de las burocracias nos indica que éstas tienden a tratar de crecer y enriquecer a sus miembros. ¿Es esto aplicable a Gestha? Totalmente. Nos basta con ir a su programa político para descubrir cuál es la primera medida que propone el sindicato para lograr reducir el enorme fraude fiscal de España: “La primera prioridad pasa por corregir las deficiencias organizativas que generan una profunda desproporción salarial y de falta de expectativas profesionales para una mayoría de sus trabajadores, principal causa de desmotivación personal y deterioro del clima laboral”. No es casualidad: la misma obsesión aparece en casi todos sus informes (aquí, en las páginas 22 a 26; o aquí, en la página 9).

El distorsionado mensaje final que llega a la sociedad (y de ella, a los políticos) es que si España quiere reducir el déficit de su sector público sin necesidad de bajar el gasto o subir impuestos… sólo tiene que subirles el sueldo a los técnicos del Ministerio de Hacienda (cuyos intereses, vaya por dónde, Gestha defiende). Vamos, un lobby como cualquier otro cabildeando a los gobernantes inflando las cifras que manejan y haciendo creer a la ciudadanía que los intereses del lobby son los mismos que los de la sociedad. Luego, a la hora de la verdad descubrimos que la recaudación adicional por lucha contra el fraude apenas asciende a una diminuta fracción del déficit total y que el resto de recaudación ha de venir de salvajes subidas impositivas. Para este viaje no hacían falta tantas alforjas: es justo lo que está haciendo y manifestando el Gobierno del PP con nulos resultados.

Son casi 300 páginas divididas en dos gran partes: en la primera explico las causas de la crisis a través de la descripción de las tres burbujas que asolaron España (la financiera, la productiva/inmobiliaria y la estatal); podéis encontrar un resumen de esta primera parte del libro en la conferencia que di en la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana. La segunda parte, la más extensa, son propuestas concretas para pinchar y sanear estas tres burbujas: básicamente, una explicación de cómo articular el bail-in y una crítica detallada a la reforma financiera presentada por el Gobierno; un desglose de cómo recortar 135.000 millones de euros anuales para poder acabar con el déficit (o reducirlo a límites manejables) sin subir impuestos con respecto al nivel alcanzado en 2011 (o incluso bajándolos); y una enumeración de todas las reformas/liberalizaciones que necesita nuestra economía para poder recomponer los planes empresariales.

De momento, quienes han leído el libro parece que han quedado bastante satisfechos. Os dejo sus principales opiniones y os espero a todos el día 25.

1. No queda claro por qué la expansión crediticia de los bancos centrales tiene que detenerse en algún momento, sobre todo en ausencia de patrón oro.
2. La idea de que la expansión crediticia induce a iniciar proyectos insostenibles no se sostiene. Si la estructura productiva colapsa por la existencia de cuellos de botella, cuando comienza la crisis, quiebran demandantes marginales de recursos y de hecho aparece recursos ociosos, la rentabilidad de las empresas supervivientes debería incrementarse y, por tanto, el crecimiento debería reanudarse.

¿Tiene fundamento estas dos críticas? No voy a negar, como siempre he dicho, que la teoría austriaca ortodoxa necesita de una profunda actualización y mejora (algo que humildemente he tratado de hacer en mi tesis doctoral) que, entre otras cosas, aclare por qué las críticas anteriores no la desmontan. Aun así, como también digo siempre, si por obstáculos tan salvables como los anteriores uno descarta todo el marco analítico de la teoría austriaca del ciclo denota poco interés, honradez o finura intelectual por hacer avanzar nuestro conocimiento a partir de determinados modelos (y por lo que he leído de Glasner, no carece ni de lo segundo ni de lo tercero, así que imagino que será desinterés). Sea como fuere, ¿qué decir de las críticas anteriores?

Primero, la expansión crediticia artificial puede llegar a su fin tanto por consideraciones que afectan a la oferta como a la demanda de crédito. Entre las que afectan a la oferta de crédito encontramos la obligación de que los bancos paguen sus deudas en dinero (que no otra cosa es el patrón oro), el que los bancos centrales decidan restringir su provisión de crédito a la banca (por ejemplo, para estabilizar el valor de sus pasivos, esto es, controlar la inflación) o, también, que los bancos privados decidan prudencialmente dejar de prestar a deudores cada vez menos solventes (cuando un banco deja de expandir el crédito tanto como sus pares, comienza a acumular saldos acreedores en las cámaras de compensación interbancarias que fuerzan a los otros bancos a contraer su propio crédito… a menos que el banco central supla la diferencia). Las limitaciones a la expansión crediticia por el lado de la oferta son efectivas o cuando la economía cuanta con mecanismos automáticos para evitar que los agentes se desmadren (patrón oro) o cuando los banqueros son lo suficientemente responsables como para no apalancarse extraordinariamente descalzando plazos. En general, los dos elementos se retroalimentan (la existencia de límites automáticos lleva a una prudencia preventiva y la ausencia de esos límites incentiva retrasar para el futuro el momento desagradable de restringir la oferta de crédito) y, desde luego, han ido desapareciendo a lo largo de las últimas décadas (tanto en los banqueros centrales como en los dependientes banqueros privados).

A falta de límites por el lado de la oferta para controlar la expansión crediticia, sólo nos quedan los límites por el lado de la demanda. ¿Cuándo entran en funcionamiento? Los agentes sólo dejan de demandar crédito (ante progresivas reducciones de los tipos de interés por el lado de la oferta) cuando se da alguna de esas dos circunstancias (que, como ahora explicaré, suelen darse simultáneamente): o bien cuando no existen oportunidades de inversión (empresas) o de adelantamiento de consumo (familias) que compensen asumir nuevos pasivos con sus posibles intereses (esto es, renunciar al control futuro de bienes económicos); o bien cuando los agentes ya estén tan endeudados que no tengan capacidad financiera para acumular más deudas (saturación de la demanda de crédito). Justamente, la ventaja de las limitaciones por el lado de la oferta es que no hace falta llegar al colapso de la demanda para proceder a un saneamiento de la deuda acumulada.

Como digo, ambas circunstancias (falta de oportunidades y saturación de la deuda) suelen darse a la vez, aunque no necesariamente sobre los mismos agentes. Y es que cuando una expansión artificial del crédito (aquella fruto del descalce de plazos y riesgos) se filtra lo suficiente por toda la economía, se darán a la vez distorsiones en los planes productivos empresariales y en los planes financieros de los agentes. Esto es, habrá descoordinaciones reales en la estructura productiva (sobreexpansión de ciertos sectores a costa de un crecimiento infraproporcional de otros) pero también distorsiones en los planes financieros de los agentes (sobreendeudamiento en relación con la capacidad real de repago). No olvidemos que familias y empresas tienen a acumular un endeudamiento excesivo en relación con el ahorro a análogo plazo y riesgo (en relación con la preferencia de los ahorradores para esperar hasta que maduren de manera exitosa los planes empresariales existentes) y eso es lo que descoordina tanto la parte real de la economía como la financiera. Por poner un reciente ejemplo: el sobreendeudamiento de familias y empresas en España llevó a sobreexpandir ciertas áreas de nuestra economía (paradigmáticamente el ladrillo), dando como resultado un colapso real (desajuste de la economía española) pero también financiero (incapacidad de hacer frente, con la estructura productiva descompuesta, a las enormes deudas asumidas).

Y aquí es donde enlazo con la segunda crítica de Glasner, que es la que él considera fundamental. Cuando el crédito colapsa (ya sea por motivos de oferta o, en nuestras sociedades modernas, por consideraciones de demanda), la excesiva presión sobre la demanda de ciertos escasos bienes presentes se aligera y sus precios caen. ¿Por qué ello no permite reanudar el crecimiento? Por un lado, es verdad que al colapsar la demanda marginal de los factores donde encontramos cuellos de botella más acusados, la consecuente caída de precios alivia la situación de numerosos empresarios y les permite sobrevivir e incluso volver a crecer. Pensemos simplemente cuántas empresas españolas o estadounidenses hubiesen quebrado en caso de que el precio del petróleo (o del cobre, o del gas o de casi cualquier otra commodity) no hubiese caído de 150 dólares el barril a mediados de 2008 a 35 dólares a mediados de 2009. Pero, por desgracia, esto no basta y no basta por dos motivos básicos.

Uno es que, mientras el cuello de botella gestado durante la fase expansiva del ciclo no desaparezca, la economía seguirá asfixiada por ese frente a poco que crezca. Es lo que le está pasando a la economía mundial desde 2009: a poco que crece, las materias primas vuelven a dispararse y el ritmo de crecimiento no puede sostenerse. Además, desde un punto de vista real tengamos presente que la quiebra de una parte sustancial de la economía tiene repercusiones sobre sectores que en un primer momento parecían sanos: todas las rentas que los sectores colapsados generaban (en forma de salarios, demanda de bienes intermedios, dividendos…) desaparecen y eso tiene consecuencias expansivas sobre el resto de los empresarios, que deberán proceder a reinventarse total o parcialmente. En suma, los agentes económicos necesitan de un general proceso de readaptación de sus patrones de especialización y de sus planes de negocio (lo que Arnold Kling ha llamado recalculation), lo que toma mucho tiempo: no sólo por el hecho de tener que repensar los planes en un contexto de incertidumbre y de cambios no concluidos, sino por las dificultades inherentes a implementarlos (desde un punto de vista real como financiero).

El otro motivo, que es el de Glasner desdeña por entero en este post, es que las rebajas de precios no resuelven ni mucho menos todos los desequilibrios financieros acumulados. Los impagos y los riesgos de impago no sólo trastocan los planes empresariales de otros agentes (que esperaban tener unas entradas de capital que no lograrán y que, por tanto, pueden tener que rehacer sus planes de negocio y de financiación, generando nuevos desequilibrios), sino que además colocan a una parte de la economía en una situación de muy prolongada debilidad e inestabilidad: muchas empresas entran (o corren el riesgo de entrar) en un proceso concursal, donde los intereses de todos los acreedores tienen que conjugarse de manera insatisfactoria para alguna (o muchas) de las partes. Mientras ese riesgo de interrupción de los planes operativos como consecuencia de una mala estructura financiera no se despejen (esto es, mientras no se saneen los planes empresariales pero, también, mientras no se recapitalicen las empresas más dudosas), el crecimiento coordinado de todos los agentes no se relanzará. Por ejemplo, mientras que España no despeje el riesgo de una suspensión de pagos general a su deuda (derivada de que seguimos gastando mucho más de lo que producimos ante la ausencia de una industria exportadora competitiva que permite autosufragar nuestro gasto actual), es dudoso que el crecimiento vuelva a España y al conjunto de Europa (al menos de un modo intenso; crecimientos átonos a la japonesa sí pueden darse si nos siguen dando cuerda crediticia posponiendo la resolución de nuestros problemas). En definitiva, tanto para lo uno como para lo otro necesitamos mucho más ahorro, que es algo que los gobiernos de medio mundo están dilapidando.

Por consiguiente, las dos críticas de Glasner no atacan la esencia del problema que sí detecta adecuadamente la teoría austriaca del ciclo económico: las expansiones crediticias no basadas en ahorro no pueden durar indefinidamente (los agentes no pueden endeudarse indefinidamente, pues ello implica reducir su renta futura prevista, con el agravante de que, debido a las malas inversiones asociadas a la expansión crediticia, esa renta futura inflada no termina de llegar a tiempo); y el ajuste de los precios de algunos recursos escasos no sirve para recomponer instantáneamente los planes productivos y financieros de todos los agentes, sobre todo en presencia de un marcado e intenso intervencionismo gubernamental.

Variación del presupuesto de 2013 en relación con el de 2012 (millones de euros)

Se dirá: sube el gasto, pero por las pensiones. No, si excluimos las pensiones el gasto sube casi 2.000 millones. Se dirá: es por las pensiones y la deuda. Entonces bueno, algo de cierto habrá: si excluimos pensiones y deuda, el gasto cae menos de 8.000 millones, un 4,6%. El problema, claro, es que pensiones y deuda representan el 50% del presupuesto. ¿Qué sentido tiene hacer mediciones de la evolución del gasto sin tener en cuenta la mitad de tu presupuesto? Amén de que una reducción del gasto público de menos de 8.000 millones es simplemente ridícula en el contexto actual. Repito: el déficit son 100.000 millones de euros. ¿Cómo cuadrar unas cuentas tan desequilibradas con recortes tan parcos que, a la postre no son recortes ni son nada, pues el gasto total (incluyendo pensiones y deuda) sube en 8.000 millones de euros?.

Se dirá que la culpa de todo esto la tienen los intereses de la deuda, que es por su culpa que nos toca recortar. Obviamente, si pagáramos menos intereses, podríamos gastar más, pero tampoco nos confundamos: en 2007 teníamos un superávit de 20.000 millones de euros y en 2011 un déficit de 100.000 millones, esto es, el saldo presupuestario se ha degradado en 120.000 millones anuales desde 2007. ¿Y cuánto han aumentado los intereses anuales desde 2007? En 21.000 millones de euros, por tanto, sigue habiendo un desequilibrio estructural no relacionado con intereses de 100.000 millones de euros. Y justamente, si el gasto por intereses se ha disparado en los últimos cinco años es porque mientras algunos advertíamos de que había que recortar y recortar para estrechar el déficit, otros proclamaban que había que gastar y gastar para estimular la economía sin preocuparse por el déficit. El resultado final salta a la vista: no se ha estimulado nada y el gasto por intereses fagocita porciones crecientes del presupuesto. Por eso, la inversión más rentable de España ahora mismo sigue siendo dejar de endeudarse.

Se dirá que el gasto por intereses ha subido por los malvados mercados, que nos han sablado con la prima de riesgos: pero no, el tipo de interés medio de la deuda viva en 2012 es inferior al tipo de interés medio que pagábamos en 2006, 2007 y 2008. El problema no es que la deuda nos salga cara, sino que ya tenemos mucha deuda.

Se dirá que con la evolución que siguen los intereses, es imposible recortar el gasto total del Gobierno. Bien, pero entonces no mareemos más la perdiz: declaremos la suspensión de pagos, salgamos del euro y argentinicémonos. Si cada año nos seguimos endeudando en 100.000 millones y nos vemos incapaces de estrechar ese diferencial, la conclusión es clara o inexorable.  ¿O a qué esperamos? ¿A un milagro? ¿A eso se reduce todas las presiones para que el BCE nos rescate a bajos tipos de interés? ¿A colocarle al instituto monetario una deuda basurienta que sólo será repagable si la Providencia ayuda? ¿Alguien puede extrañarse de que no quieran perder ni un solo euro más?

Todos los datos que voy a emplear se han extraído del informe de Oliver Wyman que podéis leer aquí. Sin embargo, yo mismo hice en el pasado estimaciones de necesidades de capital de la banca casi calcadas a las de Wyman. Vamos, que las cifras, con las salvedades que introduciré al final del post, son bastante consistentes.

Para empezar, aclaremos que la cifra de 40.000 millones de euros que maneja el Gobierno no son las pérdidas que hasta 2014 experimentará la banca, sino el capital que se considera que tendrá que inyectar el Estado en los bancos para acabar de tapar todas las pérdidas de la banca. Pero las pérdidas son muy superiores: en concreto, 269.000 millones de euros. En el gráfico las podéis encontrar clasificadas por entidad. Es fácil ver que la entidad con más pérdidas conjuntas hasta 2014 será Bankia, con más de 42.000 millones. Pero, a renglón seguido, aparece el Santander, con más de 34.000 millones. ¿Significa ello que el Santander está en una situación tan crítica como Bankia y que necesitará de ayudas públicas similares? Al menos, si tomamos por buenos estos datos, no.

Sucede que los bancos tienen tres líneas de defensa propias para absorber estas pérdidas: los beneficios anuales antes de reconocer las pérdidas por impagos crediticios, las provisiones ya dotadas para absorber pérdidas futuras y el capital del banco. Así, mientras Bankia sólo posee, juntando estas tres partidas, un colchón de 25.000 millones para absorber sus 42.000 millones de pérdidas, el Santander disfruta de uno de más de 90.000 para absorber sus 34.000.

Ahora bien, aunque hayamos incluido el capital como la tercera línea de defensa de un banco frente a sus pérdidas, lo cierto es que el capital no puede reducirse a cero. Nadie confiaría en una entidad con una nula capacidad para absorber pérdidas futuras. Entonces, ¿cuánto capital debe tener? Pues, pese a que haya cundido el mito de que la banca está hipermegasuperdesgulada, lo cierto es que esta decisión no les corresponde ni a los gestores del banco ni a sus accionistas, sino que viene fijada por el regulador: en el caso de España, el Memorandum de Entendimiento suscrito por el Gobierno español y Bruselas exige a nuestras entidades un capital equivalente al 9% de sus activos (ponderados por riesgo). Si una entidad es capaz de absorber todas sus pérdidas pero se queda con un capital inferior al 9% de sus activos, el Estado tendrá que inyectar la diferencia.

Y es aquí donde nos encontramos la primera deficiencia de los cálculos de Oliver Wyman. En el cálculo de necesidades de capital del escenario adverso, Oliver Wyman asume que los bancos españoles se quedarán con un capital del 6% de sus activos, cuando tal punto es inviable debido a las exigencias del Memorandum de Entendimiento. Obviamente, sí asumes que tu capital final será menor del que debe ser, el Estado se ve compelido a inyectar mucho menos capital del que deberá inyectar finalmente.

Teniendo esto en cuenta, procedamos a recalcular las necesidades de capital de la banca española por cada grupo bancario. Cada banco necesita cubrir su deficiencia de capital hasta alcanzar un capital del 9% y las pérdidas de los próximos tres años con sus provisiones existentes, con los nuevos beneficios antes de dotar nuevas provisiones y con otras fuentes de financiación (impuestos diferidos y esquemas de protección de activos, de los que luego diré algo). La diferencia entre ambos grupos de magnitudes es el capital que necesita el banco y que previsiblemente se saldará con inyecciones de dinero público (aunque no necesariamente, luego lo comentaré).

Vemos que, a cierre de 2011 (momento en el que se realizó la auditoría), sólo Santander y Kutxabank no necesitaban de capital adicional. Todos los demás, sí. ¿Y cuánto suman las necesidades de capital de todos los demás? (obviamente, no podemos restar de estas necesidades de capital el exceso de capital de Santander y Kutxabank, porque los accionistas de Santander no van a comerse las pérdidas de Bankia): pues unos 80.000 millones de euros. Éste este es el capital extra que según Oliver Wyman necesita la banca española para ser solvente.

El Gobierno se ha empeñado en que ese capital provenga del dinero de todos los contribuyentes, ya sea en forma de compras de activos tóxicos a precios inflados vía banco malo o ya sea vía inyección directa de capital. Pero, como luego explicaré, no tendría por qué ser así. Ahora bien, si el propósito del Gobierno es que esos 80.000 millones procedan íntegros del contribuyente, tengamos en cuenta que la contribución final del Estado será todavía superior: recordemos que una de las fuentes por las que los bancos cubren sus pérdidas futuras son los esquemas de protección de activos (de la CAM, Unnim e Ibercaja-Liberbank-Caja 3), que en el fondo son pérdidas futuras que ya se ha comprometido a comerse el Estado y que ascienden a unos 7.800 millones de euros. Por tanto, la socialización total de pérdidas ascendería a 88.000 millones de euros. Cifra calcada a la que llevaban hoy muchos periódicos, ¿verdad?

Ahora bien, aquí podría no terminar la historia. Fijémonos que una de las principales fuentes de absorción de pérdidas son los beneficios antes de provisiones que generará la banca en 2012, 2013 y 2014. Y yo aquí tengo serias dudas: si hoy todo el mundo desconfía de la banca española es porque considera que no es solvente. ¿Y por qué no lo es? Porque su capital y provisiones actuales no cubren ni de lejos todas sus pérdidas crediticias futuras. Justamente por eso, es dudoso que logremos tranquilizar a los inversores diciéndoles que por el momento no es solvente pero que gracias a los magníficos beneficios de los próximos dos años y medio ya lo será. En tal caso, la solvencia y el saneamiento de nuestra banca quedan aplazados a 2014 y condicionados a que esos beneficios se sigan generando de manera tan abundante como hasta la fecha. Dicho de otro modo: no despejamos dudas sino que las aplazamos. Las pérdidas ya están ahí, ocultas en los balances de los bancos; pero el capital necesario para cubrirlas lo estará, tal vez, a comienzos de 2015.

Si de sanear hoy la banca se trata, habrá que inyectar lo antes posible el capital que se cree que afluirá a los bancos a lo largo de los próximos años para alcanzar el 9% de capital (no porque Bruselas nos lo vaya a exigir de inmediato, sino porque es una ratio razonable de capitalización para disipar dudas). Eso significaría que los bancos necesitarían a corto plazo unos 55.000 millones de euros más, con lo que las cifras totales de inyecciones de capital ya ascienden a casi 135.000 millones de euros: en realidad algo menos, pues los beneficios antes de provisiones de 2012 ya se han incorporado y ascenderán a unos 20.000 millones de euros.

¿Es lógico que se exija esta inmediata capitalización de los bancos en función de las incertidumbres que nos rodean? Absolutamente: dados los deplorables presupuestos que ha presentado el Gobierno y que amenazan con llevar al país a la suspensión de pagos, las pérdidas previsibles de la cartera crediticia de la banca ya no se restringen a las hipotecas o los préstamos a promotores, sino que se extienden a las tenencias de deuda soberana (cercanas a 300.000 millones de euros). Además, tengamos presente que este análisis de Oliver Wyman limita el estudio de la solvencia de los bancos hasta 2014: todas las pérdidas que sigan aflorando a partir de entonces serían nuevos clavos en la solvencia de nuestras entidades. ¿Podemos dejar esta incertidumbre flotando en el aire durante tantos años y corresponde afrontar ya el restablecimiento de unos niveles simplemente aceptables de capital para nuestros bancos? No: es más, para despejar cualquier duda habría que proceder a una recapitalización incluso mayor de la proyectada.

Ahora bien, que la banca española necesite lo antes posible de entre 150 y 200.000 millones de euros para afrontar la crisis durante los próximos cinco años no significa que todo ese dineral deba proceder de los contribuyentes. De hecho, de los contribuyentes no debería venir ni un solo euro. Como explico en mi próximo libro “Una alternativa liberal para salir de la crisis: más mercado y menos Estado”, los liberales –nada que ver con este Gobierno– se oponen por lo general a socializar las pérdidas de los bancos; por el contrario, favorecen su plena asunción por parte de los bancos, esto es, de sus accionistas y acreedores. El sistema bancario español tiene capacidad para hacer aflorar a corto plazo esos 150.000 millones de euros de los que hablamos a través de la conversión de deuda en acciones, esto es, a través del llamado bail-in.

El Gobierno puede engañarse todo lo que quiera diciendo que nuestros bancos sólo necesitarán una inyección pública de 40.000 millones de euros: no es así. Si el PP sigue restringiendo el bail-in a una moderada quita a los tenedores de preferentes y de deuda subordinada (en lugar de extenderla a la deuda senior), no le quedará otro remedio que entrar en el capital de los bancos con toda la artillería, es decir, agotando los 100.000 millones de la línea de crédito de Bruselas y, probablemente, pidiendo una ampliación (o combinando esos 100.000 millones con un bail-in parcial como el que se programa para preferentistas y obligacionistas subordinados).  Es decir, socializando las pérdidas entre todos los españoles.

En suma, si el Gobierno se niega a seguir la razonable vía del bail-in: a) tendrá que inyectar un mínimo de 90.000 millones de euros a la banca (y no 40.000); b) no despejará ni mucho menos todas las incertidumbres que pesan sobre nuestro sistema financiero y si lo hace (inyección de 150.000-200.000 euros), lo hará a costa de abocar las finanzas públicas a la suspensión de pagos y, por tanto, de generar nuevas y peores incertidumbres. La papeleta de nuestra poco solvente banca está lejos de haberse resuelto.

Fuente: Ministerio de Hacienda

Como puede verse con claridad, hoy no sólo seguimos gastando mucho más que en el pico de la burbuja (2007), sino que el Gobierno del PP apenas ha recortado nada el gasto total de 2012. De hecho, los únicos recortes apreciables vinieron de la mano de Zapatero. Para que luego nos digan que en 2012 ya vivimos los presupuestos más austeros de nuestra historia y que lo de 2013 serán un triple salto mortal. Como sucedió en 2012, sólo serán una nueva mascarada gubernamental destinada a tratar de engañarnos a todos: una operación que está resultando muy exitosa con los medios de comunicación españoles pero que, obviamente, fracasa estrepitosamente cuando sale a los mercados.