Circula por internet la conveniente leyenda de que Milton Friedmanrefutó empíricamente la teoría austriaca del ciclo económico al demostrar que no existía relación alguna entre las reducciones de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal y las crisis económicas. Como es sabido, Mises y Hayek (entre otros) pretendieron explicar la recurrencia de períodos de auge y depresión aduciendo que el sistema bancario (no necesariamente la banca central) conseguía reducir de manera artificial los tipos de interés, incentivando con ello un período de malas inversiones generalizadas (boom) que inexorablemente conduciría a su colapso y posterior reajuste (depresión). Por tanto, si Friedman verdaderamente hubiese demostrado la ausencia de correlación entre reducciones de los tipos de interés y las crisis, debería uno plantearse si la teoría austriaca adolece, en efecto, de alguna falla interna. Pero ¿es así? ¿De verdad Friedman enterró la teoría miseana y hayekiana de las depresiones?

Pues no. De entrada, Friedman en ningún momento estudió la correlación entre reducciones de los tipos de interés y crisis económicas; pero, además, aunque lo hubiese hecho, probablemente se habría visto forzado a reconocer que sí existe una fuerte vinculación entre ambos fenómenos.

Lo que, en cambio, analizó Friedman en 1964 y en 1993 fue otro asunto distinto: ¿existe correlación entre la intensidad de un período de expansión económica y la intensidad del subsiguiente período de recesión? Y la conclusión que alcanzó fue que no, que la duración e intensidad de las depresiones era básicamente aleatoria: en algún momento, y por algún motivo, la economía encallaba y lo hacía con variables niveles de gravedad. El de Chicago, sin embargo, sí encontró una relación entre la intensidad de esas aleatorias recesiones y el brío de la recuperación subsiguiente: crisis medianas eran seguidas por recuperaciones medianas y crisis vigorosas por recuperaciones igualmente vigorosas. Era, pues, como si la economía se situara normalmente sobre su tendencia de crecimiento a largo plazo y, de vez en cuando, se fuera descolgando en forma de crisis transitorias: es lo que Friedman denominó su Plucking model.

A juicio del de Chicago, el hecho de que no hubiese relación entre la expansión económica previa y la recesión posterior sembraba “serias dudas sobre la veracidad de aquellas teorías que consideran que la causa de las depresiones profundas se debe a los excesos cometidos durante la expansión previa (el ciclo económico de Mises, como claro ejemplo)”. Pero ¿realmente la teoría austriaca es incompatible con las observaciones empíricas que realiza Friedman? Me temo que, para desgracia de quienes se escudan en el de Chicago, no.

Primero porque, como el propio Friedman reconocía en sus artículos, existe un obstáculo muy considerable para llegar a tal desenlace: ¿cómo definimos el período de expansión al que vinculamos el período de depresión subsiguiente? La opción más sencilla es la que adoptó el de Chicago: tomar como expansión el período inmediatamente posterior a la última recesión. Mas esta elección tiene un problema: ¿qué sucede si buena parte de la magnitud de las crisis se debe a las distorsiones acumuladas e insuficientemente depuradas durante las anteriores crisis? Por ejemplo, gran parte de la intensidad de la crisis actual se puede explicar no sólo por las malas inversiones y el sobreendeudamiento que se acumuló entre 2001 (última recesión) y 2008, también por los desequilibrios gestados con anterioridad a 2001: no olvidemos que en esa fecha Alan Greenspan consiguió reinflar la burbuja crediticia antes de que una recesión que apenas duró nueve meses consiguiera purgar todos los errores acumulados. Sólo por esto los resultados de Friedman, como él mismo admitía, deberían ser puestos en cuarentena.

Pero, en segundo lugar, existe una dificultad todavía mayor para considerar que el de Chicago efectivamente refutó a los de Viena: básicamente, que no es incompatible con la teoría austriaca. Ninguna economía puede operar en cada momento por encima del nivel que se deriva del pleno uso de sus recursos: cuando todos los factores estás ocupados, crecer todavía más es muy complicado. La cuestión, por tanto, es si la utilización plena que se realiza de esos recursos es sostenible o no (es decir, si esos factores están fabricando riqueza o, en cambio, se insertan en malos planes de negocio). Y de eso justamente trata la teoría austriaca del ciclo económico: pronosticar que la manipulación de los tipos de interés provocará no un exceso de inversiones en general, sino de malas inversiones (el perfil temporal y de riesgo de los planes de negocio será incompatible con las preferencias y necesidades de los ahorradores). Mises y Hayek no afirmaron que, durante los booms, la economía fuera a crecer por encima de su potencial (algo harto complicado), sino que crecería de manera insana y, en consecuencia, estaría condenada a pinchar. De nuevo, por consiguiente, las observaciones de Friedman no contradijeron en nada la teoría austriaca.

En definitiva, aunque pueda resultar muy cómodo apelar a la autoridad de Friedman para echar por tierra las ricas conclusiones alcanzadas por autores de la talla de Hayek o Mises a cuenta de los ciclos económicos, me temo que no sirve: no sólo plantea la cuestión de manera errónea, sino que llega a conclusiones plenamente compatibles con la teoría austriaca. Será menester, pues, buscar mejores argumentos.

Los enemigos de los mercados libres suelen caracterizar el liberalismo como una ideología sometida a los intereses del empresariado, sobre todo del gran empresariado. Al muy conspiranoico modo, tratan de describir el liberalismo como un conjunto de hipótesis ad hoc dirigidas todas ellas a beneficiar a la plutocracia gobernante: impuestos bajos o inexistentes, ausencia de regulaciones laborales, defensa de la propiedad de quienes ya tienen elevados patrimonios, oposición a la mal llamada legislación de defensa de la competencia, etc. Ciertamente, dando una visión muy parcial y sesgada del asunto, la hipótesis podría resultar verosímil, si bien cuando escudriñamos un poco en la realidad podemos comprobar su escaso fundamento.

Para empezar, hay que decir que el liberalismo busca descubrir aquellos principios normativos universales y simétricos que permiten que cada individuo o grupo de individuos pueda satisfacer sus fines vitales de manera voluntaria, cooperativa y mutuamente beneficiosa con otros individuos o grupos de individuos. La materialización práctica de esta saludable premisa es que las relaciones humanas han de venir coordinadas sobre la base del respeto a la propiedad privada y a los contratos voluntariamente firmados, sin que ninguna persona tenga derecho a iniciar la violencia contra la propiedad privada ajena y las cargas que convencionalmente ha asumido (incumplimiento contractual). Por consiguiente, ya desde un comienzo no puede decirse que el liberalismo esté al servicio de la clase empresarial, pues los derechos y deberes fundamentales son los mismos para todos los individuos, sean quienes sean y se hallen en la posición en la que se hallen.

Claro que, frente a lo anterior, la respuesta más común suele ser: siun liberal defiende simétricos derechos y deberes para todos es porque sabe que esa igualdad jurídica beneficia a los empresarios frente al resto de la sociedad (por el motivo que sea: por ser los más hábiles, los más listos, los más guapos o los más ricos); el marco aparentemente razonable no deja de ser un subterfugio para consolidar un régimen de explotación empresarial: no puede tratarse de igual modo a quienes son diferentes.

Demostrar que el imperio jurídico de la propiedad privada y de loscontratos voluntarios es beneficioso para todos nos llevaría demasiado lejos; baste decir a este respecto que si el mercado no es un juego de suma cero –y no lo es–, todos pueden salir ganando de la cooperación social, por mucho que algunas personas (las más perspicaces) sean capaces de obtener más beneficio de esa cooperación que otras personas, pero el caso es que todas tienen el potencial de salir ganando (unas más, otras no tanto). Lo que sí me interesa en este artículo es refutar la hipótesis de que todas las propuestas liberales son, en el fondo, una mascarada dialéctica dirigida a que el empresario pueda lucrarse con impunidad.

Ya de entrada, semejante paranoia se enfrenta con un problema irresoluble: los intereses de los empresarios y de los capitalistas no son ni mucho menos homogéneos. Dentro de una misma empresa hay distintos intereses en liza (por ejemplo, el capitalista quiere que el empresario no se le desmadre y el empresario puede intentar lucrarse a costa del capitalista: es lo que se conoce como problema del agente-principal); dentro de una misma industria, dos compañías pueden competir y batallar hasta que una de ellas desaparezca (verbigracia, dos fabricantes de teléfonos móviles o de sistemas operativos); dentro de un mismo sistema económico, diferentes industrias pueden reproducir esa feroz competencia para quedarse con los consumidores de la otra (por ejemplo, empresarios que fabrican máquinas de escribir y ordenadores personales); incluso dentro de la economía global, los intereses generales de unos capitalistas pueden estar enfrentados a los de otros capitalistas (por ejemplo, cuando escuchamos que los especuladores se están cebando con las acciones o con la deuda de una empresa, es evidente que los intereses de los especuladores están absolutamente contrapuestos a los de la empresa contra la que especulan). Si los liberales tuviéramos que defender militantementelos intereses de empresarios y capitalistas, colapsaríamos víctimas de un cortocircuito esquizofrénico: exactamente, ¿los intereses de qué empresarios o capitalistas habría que defender en cada momento? Aunque fueran los del mejor postor, ese empresario no siempre tiene por qué salir ganando con el libre mercado, pero los liberales coherentes siempre defienden el libre mercado, ¿cómo conjugar eso con las variables posiciones de cada empresario dentro del mercado?

Y es que, como digo, no es ni mucho menos cierto que todos los empresarios o que todos los capitalistas salgan permanentemente beneficiados de un mercado libre y, por tanto, no todos ellos –ni siquiera una mayoría– defenderán los principios del liberalismo, o no lo harán en todo momento. En realidad, el mercado libre sólo beneficia a aquellos empresarios o capitalistas que sean capaces de invertir adecuadamente su capital para satisfacer, mejor que el resto, las cambiantes necesidades de los consumidores… y sólo mientras sigan siéndolo: se trata, pues, de un entorno bastante incierto, hostil y mutable en el que pocos empresarios se sienten permanentemente confortables. Lo que la gran mayoría de empresarios desearía es que el Estado les garantizara su acotada parcela de actividad, sus beneficios mínimos anuales y otro tipo de canonjías que les permitieran disfrutar de la vida sin quebraderos de cabeza. Si los liberales estuvieran al servicio del empresariado, sus principales reivindicaciones consistirían en exigir al Estado regulaciones y gastos que maximicen el lucro empresarial. Pero es justamente al contrario: reclaman derogar todas esas regulaciones y gastos públicos que tan lucrativos resultan para cierta casta corporativa.

Por hacer un listado no exhaustivo, la inmensa mayoría de liberales se opone a este tipo de prebendas tan del gusto de muchos empresarios acomodados:

1. Precios garantizados, subvenciones o rescates. En un mercado libre, todas las empresas deben estar sujetas a los deseos de los consumidores. Eso implica que ningún capitalista tiene garantizadas sus rentas futuras, sino que éstas aflorarán en tanto en cuanto sigan siendo capaces de satisfacer mejor que el resto a los consumidores. Este principio, claro, no es sólo de aplicación a capitalistas y empresarios, sino a todos los agentes económicos (de ahí la muy extendida percepción de que somos esclavos del mercado); pero lo importante es que también les es aplicable a ellos. En consecuencia, los liberales se oponen a todo tipo de tretas estatistas dirigidas a burlar esta servidumbre al consumidor, como pueden serlo los precios garantizados (el Estado compra la mercancía estropeada de un empresario a precios más altos que los que están dispuestos a abonar los consumidores), las subvenciones (se obliga a los contribuyentes a sufragar un proyecto empresarial que no concuerda con sus gustos como consumidores y, por tanto, se somete a estos últimos a los caprichos del empresario) o los rescates (compañías fallidas que han destruido más riqueza de la que han sido capaces de crear y que deberían desaparecer pero a las que se les reflota en contra de los deseos últimos de los consumidores). Los empresarios gustan de precios garantizados, de subvenciones y de rescates; los liberales, no.
2. Barreras de entrada al mercado. Si el empresario debe servir al consumidor en todo momento mejor que los demás, es evidente que su puesto dentro de la organización económica peligra cada segundo. Puede que ahora mismo no conozca de ninguna amenaza, pero eso no significa que no se esté preparando en algún garaje o en algún despacho un plan de negocios que a corto, medio o largo plazo termine destronándolo. Los empresarios que se hallan dentro del mercado adoran, por consiguiente, todo tipo de trabas y de barreras de entrada que impidan que empresarios con nuevas ideas los desbanquen. Los liberales, en cambio, se oponen a toda regulación que bloquee esa sana competencia,precisamente porque la competencia permite enterrar a los empresarios menos eficientes: ni licencias, ni reglamentaciones que impongan gravosos costes iniciales, ni concesiones exclusivas, ni siquiera patentes. De nuevo, los empresarios ya asentados adoran las restricciones a la competencia; los liberales las detestan.
3. Aranceles y otras barreras proteccionistas. Una forma de protección contra la competencia que, por su importancia, ha adquirido entidad propia son los aranceles, las cuotas y demás barreras proteccionistas. Este armazón mercantilista blinda a las empresas nacionales de la competencia exterior, asegurando a los empresarios que se han especializado en atender al mercado interno que van a mantener su cortijo. Dado el tamaño de la economía mundial en relación con el de la economía nacional, sólo hay que pensar en la enorme desazón que siente un empresario nacional cuando, de repente, caen las barreras comerciales y se encuentra con toda una marabunta de potenciales competidores extranjeros. De ahí que muchísimos empresarios adoren el proteccionismo comercial, mientras que los liberales siempre han sido marcadamente librecambistas. Nuevamente, los empresarios van por un lado, los liberales por otro.
4. Crédito artificialmente barato. Capitalistas y empresarios suelen tener, al menos en un comienzo, una relación pasional con el crédito barato. Muchos empresarios venden la mayor parte de sus mercancías a crédito (viviendas, grandes electrodomésticos, automóviles, etc.), de modo que, a más crédito, más ventas. Asimismo, para montar una empresa, o para multiplicar sus rendimientos, es necesario capital, y una forma de obtener ese capital de manera asequible es con un volumen de crédito artificialmente abaratado. A su vez, los empresarios proveedores de ese crédito artificialmente barato y abundante –los banqueros– también obtienen plusvalías extraordinarias por su mayor volumen de negocio. Por tanto, casi todos los empresarios están encantados con las expansiones crediticias derivadas de la privilegiada situación de los bancos. Por el contrario, los liberales rechazan las manipulaciones inflacionistas del crédito e incluso llegan a proponer para evitarlas el abandono de la moneda fiduciaria y el cierre de esos monopolios estatales llamadosbancos centrales que tanto convienen y benefician a los bancos privados. Otro punto donde empresarios y liberales chocan de frente.
5. Planes de estímulo y obra pública. Una posible derivada de las expansiones crediticias es el endeudamiento estatal dirigido a acometer todo tipo de proyectos disparatados, como puede ser la obra pública megalómana. Muchas empresas están encantadas con tales planes de estímulo por cuanto incrementan sus ingresos (sobre todo, las que son directamente beneficiarias de los contratos estatales, pero también aquellas que salen ganando por el estímulo temporal del gasto agregado). De hecho, tales estímulos no son más que una forma de subvención y, como todas las subvenciones, son rechazados frontalmente por los liberales. Otro ejemplo de no coincidencia de pareceres entre unos y otros.

En suma, que los liberales defiendan un marco jurídico donde los mejores empresarios puedan prosperar y enriquecerse no significa que estén a su servicio, pues también es un marco donde los malos empresarios –sin las redes y los privilegios estatales– están condenados a fracasar y arruinarse; y sucede que los empresarios exitosos de hoy pueden ser los fracasados de mañana. Si los liberales defienden ese marco es porque es el marco óptimo para que todos satisfagan sus necesidades: pues los mejores empresarios se enriquecen sólo después de haber generado mucho valor para los consumidores. La realidad, pues, es más bien la opuesta: son los antiliberales intervencionistas quienes recurren a todo tipo de argucias estatistas para socavar la soberanía del consumidor y, consciente o inconscientemente, llenar los bolsillos de los cuatro empresarios afines al régimen.

Los economistas austriacos suelen explicar que el ciclo económico se desata cuando los bancos expanden artificialmente el crédito o cuando los tipos de interés se rebajan de manera artificial. Son enunciaciones simples pero ciertamente inexactas: ¿qué es una expansión artificial del crédito? ¿Y una natural? ¿Cuál es el nivel a partir del cual podemos estar seguros de que unos tipos sondemasiado bajos: el 10, el 5, el 3, el 1,47%? Todo muy bonito, pero también muy inexacto. O al menos eso podría parecer de entrada: vamos a intentar demostrar que no es así.

Nuestro punto de partida debe ser la existencia de diferentes tipos de crédito a muy distintos plazos. Una persona puede prestar su capital a una semana, a 12 meses, a 10 años o a cualquier otro plazo. ¿Cuál es la diferencia, para el prestamista, entre prestar su capital a un día o a 30 años? Pues, básicamente, que en el primer caso lo recuperará en un día y, en el segundo, al cabo de 30 años. La proposición podría parecer una obviedad, pero conviene que tengamos claras sus implicaciones: la persona que ha prestado a un día volverá a ejercer su influencia sobre el mercado (a la hora de decidir qué consumir, en qué invertir, o qué no consumir o en qué no invertir) y podrá utilizar ese capital para readaptarse a cambios imprevistos de su entorno en apenas 24 horas; en cambio, quien ha extendido crédito a 30 años renuncia a su capital y a su capacidad de influir en el mercado (traspasando esa capacidad al prestatario). Fijémonos, además, en que no es lo mismo prestar el capital durante 30 años que prestarlo a 24 horas durante cada uno de los días de los próximos 30 años: en el primer caso, el prestamista no recupera el capital hasta dentro de tres décadas, mientras que en el segundo lo recupera cada día y cada día decide si desea volverlo a prestar, pudiendo en tal caso adaptarse con rapidez a los cambios imprevistos y súbitos de su entorno (si, verbigracia, el negocio de su prestatario se deteriora y su riesgo de impago aumenta, puede escoger extender crédito a otra persona distinta). Como es lógico, pues, el ahorrador exigirá tipos de interés más altos para prestar a 30 años que para prestar a un día, dado que los inconvenientes son mucho mayores.

A su vez, una persona también puede demandar crédito a una semana, a 12 meses, a 10 años o a cualquier otro plazo. ¿Cuál es la diferencia, para el prestatario, entre pedir prestado su capital a un día o hacerlo a 30 años? Pues, básicamente, que en el primer caso estará obligado a devolverlo en un día y, en el segundo, al cabo de 30 años. De nuevo, por tautológica que parezca la proposición, conviene aclarar sus implicaciones: la persona que se ha endeudado a un día apenas tendrá tiempo para recuperar ese capital tras haberlo utilizado en el mercado; la persona que se ha endeudado a 30 años, en cambio, tendrá un amplio margen para devolver el capital que ha recibido prestado rentabilizándolo y ejerciendo su influencia en el mercado. Fijémonos en que no es lo mismo tener que devolver el dinero al cabo de 30 años que estar obligado a devolverlo cada uno de los días durante los próximos 30 años: en el primer caso, el deudor tiene cintura para absorber cambios imprevistos en su entorno, mientras que en el segundo no (si un día se queda sin amasar el capital, entrará en suspensión de pagos). En consecuencia, el prestatario estará dispuesto a abonar tipos de interés más altos por recibir un crédito a 30 años que por recibirlo a un día, pues las ventajas son mucho mayores.

La clarificación y la coincidencia del plazo de los préstamos facilita la coordinación entre ahorradores-prestamistas e inversores-prestatarios: ahorrar y prestar el capital a 30 años significa renunciar a consumir o invertir durante 30 años, justamente el plazo de que disfrutará el inversor que pide prestado el capital para, al cabo de 30 años, generar los suficientes bienes y servicios futuros con los que amortizar el crédito y los correspondientes intereses. En pocas palabras, el ahorrador le dice al inversor: “Dispones de 30 años para fabricar la riqueza que deberás entregarme a la finalización del préstamo”, y el inversor actúa en consecuencia.

Sucede que, como hemos explicado, los tipos de interés por los créditos a largo plazo serán normalmente más elevados que los tipos de interés a corto plazo. En jerga financiera, a esta circunstancia se le conoce como curva normal de rendimientos: conforme aumenta el plazo de los préstamos, también se incrementa el tipo de interés necesario para que llegue a darse la transacción. Y aquí es donde comienzan las tentaciones problemáticas.

Si los tipos de interés a corto plazo son más bajos que los tipos de interés a largo plazo, ¿acaso no sale a cuenta tomar dinero prestado a corto plazo (pagando, por ejemplo, un tipo de interés anualizado del 2%) y prestarlo o invertirlo a largo plazo (recibiendo, por ejemplo, un tipo de interés anualizado del 8%)? Sin duda: se trata de una operación muy rentable, pero también muy peligrosa individual y socialmente. Desde un punto de vista individual, una persona que tenga que devolver cada día el capital que ha invertido y que no recuperará hasta dentro de 30 años, caerá casi seguro en suspensión de pagos. Desde un punto de vista social, si los prestamistas-ahorradores sólo renuncian a su capital durante un día (confiando en recuperar su capacidad de influencia sobre el mercado en apenas 24 horas), mientras que los prestatarios-inversores lo han inmovilizado por tres décadas (tardando 30 años en fabricar los bienes y servicios futuros necesarios para devolverles a los ahorradores su capital), es evidente que existirá una descoordinación entre unos y otros: los ahorradores habrán diseñado sus planes de actuación bajo la hipótesis de que recuperarán su capital en un día, mientras que los inversores lo habrán cristalizado durante 30 años.

Huelga decir que si los ahorradores fueran indiferentes entre recuperar su capital en un día o recuperarlo al cabo de 30 años, lo habrían prestado desde un comienzo a 30 años, pues los tipos de interés que hubiesen percibido habrían sido superiores. Además, también hay que tener presente que el problema de fondo no es que haya carestía de dinero, sino de bienes económicos: si los ahorradores desean recuperar su capital en un día para comprar comida y los inversores van a tardar 30 años en producir alimentos, los primeros se morirán de hambre por mucho dinero que imprimamos para permitir a los inversores devolver sus deudas a los ahorradores.

Llegados a este punto, ya estamos en posición de describir qué es eso de expandir el crédito o rebajar los tipos de interés de manera artificial. El crédito se expande artificialmente cuando se canaliza capital que debe devolverse a corto plazo hacia préstamos a largo plazo: no hay ahorro a largo plazo (predisposición del ahorrador a renunciar a su capital durante un largo período de tiempo) que financie los préstamos a largo plazo (la transferencia de un capital durante un largo período de tiempo). O, dicho de otra manera, los tipos de interés a largo plazo se reducirán de manera artificial no porque haya más ahorro a largo plazo, sino porque la oferta de fondos prestables a largo plazo se habrá incrementado a partir de la oferta de fondos prestables a corto plazo. Será esa distorsionada disminución de los tipos de interés y esa manipulada oferta de crédito a largo plazo lo que inducirá a los agentes económicos a sobreendeudarse y malinvertir a mucho mayor plazo del que los ahorradores están dispuestos a esperar, dando como resultado un primer período de prosperidad ficticia (crece el consumo y la inversión gracias a un crédito falsamente elevado) seguido de otro de depresión (colapso económico y financiero como consecuencia de las distorsiones acumuladas durante la prosperidad ficticia).

Los bancos son los agentes económicos que con más asiduidad recurren a este perjudicial descalce de plazos: las deudas de los bancos son depósitos a la vista (plazo de vencimiento a discreción del depositante) o a corto plazo, mientras que sus inversiones son créditos a muy largo plazo (hipotecas a 40 años, préstamos empresariales, créditos al consumo, etc.). Afortunadamente, en un mercado donde la moneda y la banca se desarrollan en libertad y sin privilegios gubernamentales, los bancos no tienen apenas margen para realizar esas peligrosas operaciones, pues tan pronto como sus acreedores dejaran de refinanciarles, caerían en suspensión de pagos. Desgraciadamente, en nuestro mercado ultraintervenido y ultraprivilegiado, una institución estatal llamada banco central tiene el monopoliode la emisión de papel moneda, lo que le permite proporcionar refinanciación barata a los bancos privados que descalzan plazos durante muy dilatados períodos de tiempo (hasta que el sobreendeudamiento y las malas inversiones sociales se saturen y colapsen) y prolongar de manera perversa la duración y devastación de los ciclos económicos.

En los últimos meses, conforme se ha hecho evidente que la crisis nos ha empobrecido a todos, los agentes económicos han comenzado a adoptar la inteligente estrategia de intentar trasladar sus incipientes pérdidas al vecino: los trabajadores no quieren ver rebajados sus salarios, los malos empresarios se niegan a liquidar sus compañías, los inversores no desean perder el capital que han malinvertido, los perceptores de subvenciones o subsidios estatales se oponen a verlos recortados, etc. Nadie, en suma, quiere ver mermar su calidad de vida, y todo el mundo opta por endilgar los costes de la crisis al resto de sus conciudadanos.

Con tal de justificar este egoísta comportamiento, muchas personas están recurriendo a un, en apariencia, razonable argumento: “Yo no soy el culpable de la crisis y, por tanto, no tengo por qué pagar sus costes”. O dicho de otro modo, aquellos que son culpables de la crisis deberían soportar la totalidad o la gran mayoría de sus costes. ¿Quién podría oponerse a semejante argumento? ¿Acaso puede haber alguien tan desalmado como para defender que los culpables de la crisis no paguen por ella?

Y, como es obvio, a partir de aquí ya emergen las más variopintas explicaciones de quiénes son los culpables (quede claro que no estamos hablando de una culpabilidad penal, sino meramente económica). Cada cual, según su cartilla y su agenda ideológica, trata de arrimar el ascua a su sardina para defender una determina línea de actuación política. Por ejemplo, es recurrente escuchar que la crisis la han provocado los ricos y no los pobres, los capitalistas y no los trabajadores, los banqueros y no los deudores, los malos políticos y no los buenos, la deuda privada y no la pública, el gasto privado y no el público, o las políticasneoliberales y no las socialistas. Así, se alcanza la conclusión impepinable de que ni los pobres, ni los trabajadores, ni los deudores, ni los buenos políticos ni el sector público han de sufrir quebranto alguno, y que la factura han de pagarla los responsables del desastre, a saber, los ricos, los capitalistas, los banqueros, los malos políticos y las empresas.

¿Realmente deben pagar los culpables? Y no me refiero, claro, a los culpables de haber cometido un delito tipificado como tal en el Código Penal, sino aquellos que hayan contribuido a causar la crisis y cuyo comportamiento sea moralmente reprobable. Pero esto no aporta demasiada luz al asunto. ¿Quiénes son los culpables? ¿Es posible discriminar de entre todos los que han contribuido a causar la crisis a aquellos a quienes se les deba hacer objetivamente un reproche moral? Por ejemplo: el empresario de la construcción que se endeudó para edificar más viviendas porque pensaba que los precios seguirían subiendo, o el director de oficina que jamás previó el pinchazo de la burbuja y decidió seguir ofertando hipotecas baratas, ¿son culpables? ¿Lo es entonces también el obrero que se hipotecó creyendo que los tipos de interés permanecerían bajos y que jamás perdería su empleo? ¿Lo es también el jubilado que avaló la hipoteca de su nieto o que mantuvo su dinero dentro de un sistema bancario que, como el español o el estadounidense, estaba realizando malas inversiones  de manera generalizada? ¿Lo es también el autónomo no endeudado cuyos ingresos dependían de las rentas derivadas del proceso de endeudamiento generalizado y que, al colapsar éste, ha descubierto que es incapaz de vender nada?

Acaso se responda que, aunque todos han contribuido a causar la crisis, no a todos se les puede reprochar moralmente que hayan errado: en concreto, al empresario y al director de banco les son exigibles unos conocimientos y una formación que no puede asumirse que tengan ni el obrero, ni el jubilado ni el autónomo. Pero ¿realmente tiene sentido exigir a un empresario o a un director de sucursal que tengan unos conocimientos muy avanzados sobre cuestiones de macroeconomía y coyuntura económica en torno a las cuales ni siquiera existe acuerdo entre los mejores economistas del planeta, y cuyo contenido no deja de evolucionar? Ambos son hombres prácticos seguramente alejados de la academia sin conocimientos teóricos demasiado profundos. O, por enfocarlo desde otro prisma, ¿no podríamos llegar al otro extremo de argumentar que todo ciudadano debe tener unas nociones mínimas de finanzas que le permitan no caer presa del endeudamiento barato o de las inversiones malolientes?

Mi punto no es tanto que no podamos tener una opinión formada y justificada sobre a quién reprochar moralmente el estallido de esta o cualquier otra crisis (yo tengo la mía: cúlpese al papel moneda emitido por una banca central monopolista). Lo que quiero transmitir es que no es posible separar con objetividad a, por un lado, quienes han contribuido de algún modo a causar la crisis y, por el otro, a quienes han tenido ese comportamiento moralmente reprobable.

La virtud del mercado libre y no interferido por la política es que hace recaer la mayoría de las pérdidas provocadas por una crisis sobre quienes más han contribuido a generarla, con independencia de si cada cual cree que cabe o no hacerles un reproche moral por su actuación. Los bancos que inflan burbujas quiebran y no son rescatados, de modo que sus accionistas, acreedores y trabajadores pierden todo o gran parte del capital (mal)invertido; quienes se sobrehipotecan pierden su vivienda; los trabajadores que se especializan en tareas propias de la burbuja ven caer su valor de mercado una vez ésta pincha; los empresarios que sobreinvirten en sectores muy dependientes del crédito quiebran y pierden todo su capital, etc.

Si la gente se limitara a exigir que quienes contribuyeron a causar la crisis paguen por ello deberían exigir un mercado libre y desregulado, pues ahí las pérdidas recaen sobre quienes malinvierten y los precios y costes se ajusten con prontitud a la nueva realidad, sin que el Estado se ocupe de rescatar a los quebrados ni manipule las reglas y condiciones del juego. Pero, precisamente, cuando se reclama que no paguen todos los que han contribuido a causar la crisis, sino sólo aquellos a quienes se pueda hacer un reproche moral (“los culpables”), entonces se abre la puerta a que los políticos intervengan y redistribuyan la renta de los ciudadanos según su arbitrario criterio y el de las coaliciones electorales (grupos de presión) que los han elevado y mantienen en el poder. En tal caso se abona el terreno a que cada ciudadano elabore su personal narrativa sobre la crisis –narrativa, claro, autoexculpatoria– para endilgar los costes a quienes más rabia le den… aun cuando ni siquiera hayan contribuido mínimamente a gestar la crisis (por ejemplo, cuando se propone subir los impuestos a los empresarios o trabajadores que hayan invertido sabiamente sus ahorros y visto crecer ininterrumpidamente sus beneficios antes y después de la crisis).

Sucede, sin embargo, que esta tentación populista no conseguiría alcanzar sus objetivos, pues en la mayoría de ocasiones ni siquiera sería posible que sólo los culpables pagasen los destrozos de la crisis. Pongámonos en un caso extremo de culpabilidad que nadie disputará: un robo. Imaginemos que un ladrón sin propiedades ni herederos arrebata a un ciudadano su cartera, quema los billetes y luego se suicida. ¿Podrá resarcir a su víctima? No. En este caso, a la víctima no le quedaría más remedio que cargar con las pérdidas aun cuando no fuera ni mucho menos culpable.

Algo similar podríamos decir de las personas que han visto cómo los banqueros malinvertían sus ahorros, de los hipotecados sin conocimientos financieros que asumieron deudas excesivas o de los trabajadores que estaban ocupados en industrias dependientes del crédito barato. Puede que no podamos calificarles de culpables (aunque es una proposición discutible), pero sería ilusorio pensar que pueden salir indemnes: los ahorros malinvertidos simplemente se han volatilizado y los bancos no tienen manera de reponerlos (por eso muchos de ellos están quebrados); la deuda hipotecaria no se esfuma por el hecho de que nos parezca injusto que el deudor la pague (si no lo hace, las pérdidas las sufrirán las personas ignorantes que han metido su dinero en el banco); y los desempleados no encontrarán probablemente empleo a menos que rebajen sus expectativas salariales o gasten dinero de su bolsillo en dominar alguna especialización técnica demandada por los empresarios.

Cuando se dice que ninguna de estas personas inocentes debería pagar los costes de la crisis, inmediatamente se sugiere que sean los político de turno quienes decidan quiénes son los culpables. Y si los subjetivamente definidos culpables tampoco alcanzan a reparar el daño causado, entonces lisa y llanamente se propone algún tipo de redistribución de la renta a costa del contribuyente: un rescate para pequeños inversores, una condonación de deuda para hipotecados o un plan de empleo para parados. Idealmente, y para hacer más digerible el asunto, los contribuyentes afectados pertenecerán a la misma clase o categoría social que los culpables: así, si se llega a la conclusión de que si algunos empresarios (o algunos ricos, o algunos banqueros) son culpables (verbigracia, los constructores), entonces todos los empresarios tendrán que cargar con la responsabilidad –hayan tenido algo que ver o no con la gestación de la crisis– y, por ejemplo, pagar más impuestos.

Al final, pues, partiendo de la premisa de que sólo los culpables deberían pagar por la crisis llegamos al resultado de que personas que a buen seguro no han tenido la más escasa conexión con la misma pagarán buena parte de los platos rotos, sin que, además, ello contribuya lo más mínimo a superar la crisis. Pues, por mucho que algunos traten de ocultarlo, una crisis no es la materialización económica del Juicio Final, sino una época en que las erróneas estructuras productivas y financieras que los agentes económicos acumularon durante años han de reajustarse a niveles sostenibles para volver a generar riqueza. En este proceso de reestructuración será inevitable que el mercado asigne pérdidas a aquellos sujetos que tomaron malas decisiones durante los años del boom económico artificial: mal haríamos en querer alterar caprichosamente esa asignación de pérdidas en función de culpabilidades autopercibidas –ya sea rescatando a bancos quebrados o aprobando obra pública improductiva para recolocar a parados–, pues probablemente terminen pagando justos por pecadores y retrasemos la superación de la crisis. Más allá de ilícitos penales, dejemos sencillamente que la interacción social no manipulada por el Estado determine quiénes absorben las pérdidas de la crisis y no intentemos instrumentar al gobierno para imponer a los demás nuestras subjetivas y sesgadas percepciones de culpabilidad. Tal pretensión simplemente sería un subterfugio para planificar de manera centralizada la (no)recuperación de la economía: un propósito que, como todos los socialismos, no sólo está destinado a fracasar siempre, sino a degenerar en una contienda intestina por externalizar las pérdidas personales a los demás.

En muchas ocasiones se critica a los economistas por teorizar desde torres de marfil alejadas de la vida cotidiana y no descender jamás al mundo real. El reproche no tiene demasiado que ver con el, por otro lado, interesante debate sobre la calidad y los límites de los estudios empíricos en Economía: más bien se refiere a la sesgada percepción de mucha gente de que su experiencia práctica en el mercado no guarda relación con la que describen los modelos.

Por ejemplo, cuando los economistas hablan de conciliación de intereses, muchas personas sólo ven conflictos persistentes; cuando alaban la competencia, esas mismas personas únicamente encuentran monopolios; cuando razonan que la remuneración del trabajo depende de su capacidad para generar valor, se espeta que los obreros viven explotados por el capitalista; cuando se menciona que el motor de la economía no es el consumo, sino el ahorro, rápidamente se cosecha la incomprensión de aquellos comerciantes cuyos negocios sí dependen del consumo.

Esta contraposición entre la realidad según es descrita por la teoría y la realidad según es percibida por cada agente económico es lo que lleva a mucha gente a pedir a los economistas que desciendan de sus torres de marfil y que se pongan en la piel, o en los zapatos, de cualquiera de los millones de trabajadores o pequeños empresarios que conforman una sociedad para, acto seguido, proceder a reflexionar si sus teorías siguen en pie.

En general, soy un entusiasta de enriquecer la teoría económica con todo el realismo posible, esto es, de alejarla de modelizaciones y abstracciones que deliberadamente se quieren irreales. Sin embargo, la crítica de que los economistas deben efectuar sus análisis desde el punto de vista de alguno de los agentes me parece del todo desacertada. Pues la cuestión de fondo sigue siendo: ¿desde el punto de vista de qué agente o agentes? ¿Del trabajador del carbón, del trabajador de paneles solares, del alto directivo de una multinacional, del gestor de un hedge fund, del rentista pasivo que tiene sus ahorros inmovilizados en deuda corporativa, del especulador bajista que busca desinflar los activos burbujísticos, del promotor inmobiliario que ha construido muchas más viviendas de las que puede vender o del inversor buitre que se dedica a desmembrar empresas quebradas para extraer algo de valor de los escombros? De hecho, ¿hemos de analizar la economía desde la perspectiva del trabajador del carbón cuando actúa como factor productivo, cuando actúa como consumidor o cuando actúa como ahorrador-capitalista (cuando una pequeña porción de su renta la invierte en un fondo de pensiones)?

Cualquier respuesta que demos a estas preguntas será, a buen seguro, una respuesta arbitraria. Pedir que los economistas dejemos de ser observadores externos e imparciales para colocarnos los zapatos de algún agente concreto equivale a exigir que retorzamos nuestros análisis para justificar que los intereses particulares de unos agentes primen y se impongan sobre los del resto, cuando precisamente los mercados son sistemas dentro de los cuales se intentan conciliar de manera pacífica y cooperativa los muy diversos intereses de los muy heterogéneos factores económicos.

Por ejemplo, si analizamos el conjunto de la economía desde los anteojos de un minero del carbón, será necesariamente una catástrofe que caiga el precio del carbón, o incluso que no suba año a año. Si, en cambio, analizamos la economía desde el punto de vista del consumidor de electricidad, vemos que el encarecimiento del carbón le hará pagar más por la luz y, por lo tanto, le empobrecerá, y que verá reducirse los fines vitales que puede satisfacer. Lo que preferiría el consumidor sería que el precio del carbón cayera a cero, en claro perjuicio del minero. ¿Qué intereses habría que tomar en cuenta? ¿Qué zapatos habría que ponerse? ¿Los del minero o los del consumidor?

Lo mismo sucede si, a la muy subconsumista manera, analizamos la totalidad de la economía desde el punto de vista del comerciante minorista. En tal caso, confundiremos el bienestar de la sociedad con el bienestar de un vendedor en particular y concluiremos que la base de la prosperidad está en el consumo masivo (sobre todo si la mayoría de las ventas se las lleva el comerciante desde cuya perspectiva analizamos la economía), cuando en tal caso los tipos de interés se dispararían, muchos empresarios endeudados o dedicados a la producción de bienes de capital irían derechitos a la bancarrota y, en suma, la sociedad se volvería mucho más pobre. ¿Qué zapatos habría que calzarse? ¿Los del minorista o los de empresarios endeudados y volcados en las industrias más intensivas en capital?

En realidad, ninguno de ellos. La misión del economista no es convertirse en vocero de intereses particulares, sino estudiar las condiciones que favorecen la coordinación entre una pluralidad de agentes económicos con propósitos vitales muy heterogéneos pero que terminan renunciando a una parte de sus intereses absolutos para alcanzar acuerdos con otras personas y lograr una cooperación mutuamente beneficiosa. Es decir, el economista debería describir cómo, a través de la propiedad privada, los contratos voluntarios, la libre determinación de precios, la competencia de planes empresariales, los beneficios y otras instituciones del mercado se logra que todos los agentes, cada uno desde su función especializada, colaboren en la creación y distribución de riqueza. Y también estudia, claro está, qué interferencias o actuaciones distorsionan y destruyen ese saludable proceso.

Por eso, el economista no ha de ponerse los zapatos del trabajador, ni los del capitalista, ni los del político, ni los del especulador, ni los del banquero, ni los del terrateniente ni los del parado. No, el economista ha de vestirse con los zapatos del economista, es decir, los de un científico social que estudia la conciliación espontánea de intereses en ese proceso dinámico de cooperación y coordinación pacífica que es el mercado. Por eso, quienes critican a los economistas por no ponerse en su situación particular deberían hacer un esfuerzo por ponerse en la situación particular del economista y tratar de evitar análisis del conjunto de la sociedad sesgados por sus intereses concretos y por su parcial conocimiento de la realidad.

La enorme y cada vez más indiscutible responsabilidad que han tenido los bancos centrales en la gestación de la Gran Recesión ha cortocircuitado el discurso demagógico de muchos estatistas que gustan de culpar al mercado, a la desregulación y a la libertad de los desastres que actualmente padecemos. Si el mercado es malo y el Estado es bueno, si lo que necesitamos es más Estado y menos mercado, si el mundo de las finanzas –e incluso nuestras vidas– está manejado por las malévolas megacorporaciones privadas, ¿cómo es posible que la crisis, tanto en EEUU como en Europa, sea responsabilidad fundamental de unas entidades que son monopolios públicos?

La vía de escape que algunos han encontrado para conservar intactos sus prejuicios contra los mercados libres es que la Reserva Federal estadounidense, el banco central por excelencia, es, en realidad, una entidad privada. De este modo, todo el desastre queda en la casa liberal: quien ha fracasado en las últimas décadas no es el Estado, sino los codiciosos empresarios que controlan la Fed en beneficio propio.

Pero, ¿qué fundamento tiene este tópico cada vez más extendido? ¿Acaso no es un completo disparate que cabe descartar desde un inicio? Pues no del todo: existen ciertos indicios que, en efecto, parecen sugerir que la naturaleza de la Fed se aproxima a la de una entidad privada. Primero, la Reserva Federal es formalmente independiente del Gobierno; segundo, la Fed es propiedad de los 12 bancos regionales de la Reserva Federal, cuyos accionistas son todos aquellos bancos privados que opten por ser miembros del sistema de financiación de la Fed (alrededor del 40% de todos los bancos estadounidenses son bancos miembros y, por tanto, accionistas de la Fed).

En suma: propiedad privada y gestión independientes del Gobierno. ¿Qué más argumentos necesitamos para concluir que es un banco privado? Pues bastantes más. Si no queremos quedarnos en un análisis superficial de la cuestión, es imprescindible profundizar en tres aspectos básicos de la Fed: la génesis de sus estatutos, la selección de su equipo directivo y la naturaleza de su capital social.

En cuanto a lo primero, sabido es que toda corporación privada se regula según unos estatutos aprobados por la Asamblea General de accionistas dentro, en su caso, de los límites marcados por la ley. ¿Qué sucede con la Fed? Que sus estatutos no es que estén acotados por una normativa estatal sino que son una normativa estatal, en concreto, la Ley de la Reserva Federal. No son los accionistas quienes consensúan la normativa y los procedimientos de actuación de la compañía, sino que es el Estado quien controla todo su funcionamiento. Por tanto, ¿cómo calificar de “propietarios” a quienes no tienen capacidad alguna para determinar ningún detalle de su marco organizativo?

La segunda gran anomalía la encontramos en la selección del equipo directivo. El Consejo de Gobierno de la Fed, que es el órgano que fija el coeficiente de caja y el tipo de descuento, que supervisa al sistema bancario del país (incluyendo a los 12 bancos regionales de la Fed) y que establece las más diversas regulaciones financieras, es nombrado en su integridad (siete miembros, incluido el presidente) por el presidente de los Estados Unidos y confirmado por el Senado. Podría plantearse que, sin embargo, la instancia encargada de dirigir específicamente las operaciones de mercado abierto (hasta la crisis, el principal instrumento de financiación de los bancos) y, por tanto, quien concentra el auténtico poder de la Fed es el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés). Pero el FOMC está formado por los siete miembros del Consejo de Gobierno y por cinco de los 12 presidentes de los bancos regionales de la Reserva Federal (que van rotándose cada dos o tres años, salvo el de Nueva York que tiene un puesto fijo).

En general, tiende a pensarse que los presidentes de los bancos regionales representan los intereses de sus accionistas (los bancos privados) y que, pese a hallarse en minoría en el FOMC, pueden influir en sus decisiones. Sin embargo, si bien el presidente de los bancos regionales de la Reserva Federal es elegido por su respectivo consejo de administración –compuesto por nueve miembros, seis de los cuales son elegidos por sus accionistas y tres por el Consejo de Gobierno de la Fed–, su nombramiento necesita ser confirmado a su vez por el Consejo de Gobierno de la Fed (que en su totalidad está compuesto, como sabemos, por comisarios políticos nombrados por el presidente de EEUU).

Por tanto, ¿quién nombra a quienes dirigen la Fed? El presidente de EEUU, junto con el Senado, nombra al Consejo de Gobierno, que es quien controla todos los engranajes de la política monetaria del banco central (pues tiene mayoría en el FOMC y acepta de manera vinculante la designación del resto de sus miembros). Extraña empresa privada aquella en la que la totalidad de los accionistas no tienen potestad para sustituir a sus directivos y decidir el rumbo de la compañía y que, en el mejor de los casos, sólo pueden ser “escuchados” durante las deliberaciones de esos directivos.

Acaso se diga que, en efecto, el Consejo de Gobierno de la Fed es nombrado por el presidente de EEUU pero que es independiente al mismo. Mas ello no cambia que los directivos sean designados por los políticos y no por sus presuntos accionistas. Como reconoce la propia Fed en su página web: “La Reserva Federal debería ser descrita más como ‘independiente dentro del Estado’ que como ‘independiente del Estado’”. Es decir, la propia Fed reconoce que es un órgano estatal pero independiente del resto de burócratas que integran el Estado. Algo así como el Banco de España, vamos.

Por último, nos queda por dilucidar el asunto de la naturaleza de su capital social. De acuerdo, podría pensarse, los políticos confeccionan la normativa y designan a los directivos de la Fed pero su naturaleza sigue siendo la propia de una corporación con accionistas 100% privados. ¿Es esto así? No del todo. Como ya sabemos, todo banco privado miembro del sistema de la Reserva Federal debe ser accionista del banco regional de su distrito (los bancos con presencia nacional tienen la obligación legal de ser miembros y por tanto accionistas). En concreto, cada banco privado debe invertir en nuevas acciones del banco regional de la Reserva Federal de su distrito el equivalente al 6% del capital social (incluyendo primas de emisión) de ese banco privado.

En apariencia, podría elucubrarse que los grandes bancos, con un mayor capital social, tenderán a ser los accionistas mayoritarios de los bancos regionales de la Fed y que, por tanto, podrán coaligarse para nombrar a sus presidentes e influir en el FOMC. Sin embargo, cada accionista tiene derecho a un solo voto con independencia del número de acciones que posea, de modo que JP Morgan o Citigroup tienen el mismo peso, a la hora de elegir el presidente del distrito, que cualquier otro de los más de 3.000 bancos miembros en todo EEUU.

Pero las peculiaridades del capital social de la Fed no terminan aquí. Los accionistas no pueden ni vender ni hipotecar sus acciones: su capital sigue forzosamente inmovilizado allí mientras sigan siendo miembros del sistema. Pero entonces, ¿qué beneficios, más allá de los raquíticos derechos políticos y de los escandalosos privilegios de acceder al crédito barato del banco central, tiene ser accionista de la Fed? Percibir un dividendo equivalente al 6% de la inversión.

Desde luego no es un mal dividendo. Es más podría tratar de argüirse que el hecho de pagar una remuneración tan alta a empresas privadas es una señal inequívoca de que la Fed es un títere de esas entidades. Mas el dividendo de la Fed tiene una característica decisiva que lo distingue del que pueda pagar cualquier otra empresa privada: viene fijado por ley. En concreto, si hay beneficios suficientes, no puede ser superior ni inferior al 6% del capital desembolsado.

En la práctica esto significa que sólo una diminuta parte de sus beneficios anuales redunda en sus supuestos propietarios. ¿Y qué pasa con el resto? Según la ley, todos los beneficios remanentes van a parar al Tesoro público. Así, por ejemplo, de los 855.000 millones de dólares en beneficios que ha obtenido la Reserva Federal desde su constitución, 841.000 millones se los ha quedado el Tesoro o agencias estatales y sólo 14.000 millones los bancos: esto es, el Tesoro ha absorbido el 98,6% de todos los beneficios de la Fed desde su creación. De ahí que, en realidad, la figura que verdaderamente se asimila a la de los bancos accionistas de la Fed no sea la de accionistas ordinarios de la entidad sino la de propietarios de participaciones preferentes (ausencia de derechos políticos, remuneración constante en presencia de beneficios y enormes dificultades para su transmisión).

En definitiva, ¿en qué sentido cabe considerar ‘privada’ a una entidad cuyos estatutos son una ley estatal, cuyo equipo directivo es nombrado en su mayoría por el Gobierno y cuyos beneficios van a parar en un 99% al Estado? En ninguno. Lo que sucede es que la Fed tiene un accionista predominante en la sombra que es el Estado: es él quien redacta los estatutos, quien nombra y fiscaliza al equipo directivo y quien se embolsa la práctica totalidad de los beneficios. Los accionistas privados –los bancos miembros– no son más que convidados de piedra a los que, en la práctica, se les obliga a sufragar con su capital la Reserva Federal a cambio de disfrutar de sus privilegios de refinanciación, pero que no controlan prácticamente nada de su configuración. Es más una inmovilización forzosa pero remunerada del capital que un derecho de propiedad real sobre el sistema.

Quienes, por consiguiente, quieran demostrar que la Reserva Federal es un contubernio privado para beneficio de la banca y que todo ello demuestra la perversa naturaleza del capitalismo liberal deberán buscar mejores argumentos. Primero porque, como hemos demostrado en las líneas precedentes, la Fed es un banco público, aun cuando formalmente sus propietarios (más bien, accionistas preferentes) sean los bancos privados. Y segundo y principal: porque aun cuando el banco central estadounidense fuese una institución privada que hubiese obtenido el privilegio gubernamental de actuar en régimen de monopolio (como sucedió durante décadas con el Banco de Inglaterra), no estaríamos ante una realización de los ideales del libre mercado, sino ante su brutal conculcación. El libre mercado en materia financiera pasa por la libertad de emisión de pasivos bancarios (sean billetes o depósitos a la vista) y no por su monopolización en manos de una empresa privada o, como sucede con la Fed o el BCE, de una agencia estatal.

El IVA es un impuesto que busca gravar el consumo, es decir, se trata de un impuesto que deberían soportar íntegramente los consumidores. Sin embargo, cuando de analizar el impacto económico de los impuestos se trata, de nada sirve acudir al texto legal, pues una característica esencial de los tributos es que pueden ser repercutidos: no los paga el que figura como sujeto pasivo, sino aquel otro al que el sujeto pasivo es capaz de trasladarle total o parcialmente la carga del impuesto. Es necesario, pues, ir más allá de lo evidente y estudiar cuáles son las consecuencias últimas del IVA.

Empecemos explicando grosso modo su funcionamiento: aunque el IVA lo paga el consumidor, es cada empresario el que tiene que repercutir el gravamen sobre los bienes o servicios que vende a sus clientes, esto es, es al empresario a quien le corresponde la obligación tributaria de recaudar e ingresar al erario el monto del impuesto. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el cliente de un empresario es otro empresario? Pues que ese otro empresario soporta el pago del IVA pero también se lo repercute más adelante a sus propios clientes, por lo que únicamente deberá abonar a Hacienda la diferencia entre el IVA que ha soportado y el IVA que ha repercutido (es decir, cada empresario ingresará el gravamen sólo en función del valor añadido que ha aportado a la producción).

Por ejemplo, supongamos un tipo fijo del IVA del 20%. El empresario A vende madera por 10.000 euros al empresario B, a cuyo importe ha de repercutirle el gravamen del 20% (siendo el precio final 12.000 euros). El empresario B utiliza la madera para fabricar sillas y se las vende al empresario C (un minorista) por 15.000 euros más el IVA (es decir, 18.000 euros). Finalmente, el empresario les venderá las sillas a los consumidores por 30.000 euros más el IVA (es decir, 36.000 euros). Si repasamos las transacciones anteriores, comprobaremos que el empresario A ha repercutido a B 2.000 euros por IVA (cantidad que tendrá que ingresar a Hacienda), que el empresario B ha soportado de A un IVA de 2.000 euros y ha repercutido a C 3.000 euros (de modo que tendrá que ingresar a Hacienda sólo 1.000 euros) y el empresario C ha soportado de B 3.000 euros por IVA y ha repercutido a los consumidores 6.000 euros (por lo que tendrá que ingresar a Hacienda 3.000 euros). En total, Hacienda recibirá 6.000 euros (2.000 de A, 1.000 de B y 3.000 de C), que coincidirá con el monto abonado por los consumidores.

Hasta aquí los efectos que busca el legislador. Pero, ¿cuáles son sus consecuencias reales de establecer o incrementar el IVA?

La primera, claro está, es una fuerte presión a que se incrementen los precios de todos los bienes de consumo. Ahora bien, esa presión no será uniforme, pues ni todas las empresas lo tendrán igual de fácil para repercutir el nuevo impuesto al consumidor final ni a todas les interesará hacerlo en la misma medida. En concreto, aquellas empresas con márgenes de beneficio muy estrechos y que sobreviven gracias a vender un gran número de unidades (por ejemplo, los supermercados) preferirán repercutir el IVA a menos que su demanda experimente un desplome colosal; por otro lado, aquellas empresas que venden pocas unidades a unos márgenes de beneficios muy amplios (por ejemplo los astilleros) optarán por no repercutir el IVA a poco que se les pudiera reducir la demanda.

La razón es sencilla de comprender: a las primeras les interesa conservar su margen de beneficio (aun a costa de menores ventas) mientras que a las segundas les compensa conservar sus ventas (aun a costa de un más estrecho margen). Por consiguiente, no siempre un mayor IVA se traducirá en precios más altos.

Lo que sí sucederá en cualquier caso, sin embargo, es que los beneficios de las empresas serán menores que en ausencia del impuesto, ya se deba a la caída de las ventas o a los más estrechos márgenes. Y esta reducción de beneficios nos lleva a la segunda consecuencia de la subida del IVA: las empresas irán cancelando aquellos proyectos que dejen de ser rentables, despidiendo a los factores productivos allí empleados. Vemos, por tanto, que el IVA, lejos de pagarlo en exclusiva el consumidor, extenderá sus efectos perversos tanto sobre los accionistas de las empresas cercanas al consumo cuanto sobre los trabajadores y proveedores de esas compañías.

Por eso, dicho sea de paso, es importante que las empresas tengan libertad para decidir si quieren tratar de repercutir el IVA sobre sus precios finales o no. Lo esencial no es que se minimice la influencia del IVA sobre el consumidor, sino que se minimicen las pérdidas derivadas de su implantación, pues, en caso contrario, se estará maximizando la destrucción de producción y de empleo en perjuicio del conjunto de la economía. De ahí también, por cierto, que muchos economistas aboguen por combinar la subida del IVA con una reducción de las cotizaciones sociales, pues algunas de las líneas de producción que dejan de ser rentables con el aumento del IVA pueden volver a serlo con la rebaja de los costes laborales (si bien el resto de factores no se salvarían de la quema).

En tercer lugar, la caída de beneficios empresariales podría contenerse mediante las alteraciones que el aumento del IVA genere sobre las relaciones comerciales. Por un lado, el IVA encarece no sólo la producción nacional, sino también la producción extranjera, por lo que hasta cierto punto podría existir una cierta sustitución de importaciones: los consumidores nacionales podrían dejar de comprar bienes foráneos para mantener sus compras interiores, cargando las tintas del ajuste del gasto en los productores extranjeros. Por otro, dado que las exportaciones se encuentran exentas de IVA, los productores nacionales se verán incentivados a dar salida en los mercados exteriores a su producción –donde no se habrá encarecido–, lo que podría compensar en todo o en gran parte la caída interna de las ventas.

En este sentido, suele decirse que los efectos del IVA sobre el comercio exterior son parecidos a los deuna devaluación de la moneda, pero en realidad sus efectos no son exactamente iguales. Primero, porque la tendencia a la sustitución de importaciones es muy inferior en el caso de la subida del IVA (la devaluación encarece sólo los productos extranjeros, mientras que el IVA encarece los internos y los extranjeros); segundo, porque la promoción de las exportaciones es menos intensa con la subida del IVA (la devaluación abarata las exportaciones en moneda extranjera; el aumento del IVA no abarata las exportaciones, simplemente no las encarece); tercero, porque las distorsiones sobre los precios relativos son menores con el IVA (la devaluación encarece las importaciones de factores extranjeros, lo que necesariamente modifica los patrones de producción internos); y cuarto, la expectativa de un aumento del IVA no incentiva por sí mismo una salida de capitales del país, como sí lo hace la expectativa de devaluación. En resumen: los efectos del aumento del IVA sobre el comercio exterior serán más bien parcos y muy probablemente no compensen la reducción interna de la demanda.

En cuarto término, en la medida en que el aumento del IVA encarece el gasto en consumo, podría pensarse que promueve el ahorro y todos los muy beneficiosos efectos sobre la economía que éste acarrea. Pero esto no es necesariamente así: de hecho, el incremento de los gravámenes sobre el consumo bien podría terminar generando un desahorro en el conjunto de la economía, pues las familias podrían optar por consumir un mayor porcentaje de sus rentas para mantener sus encarecidos niveles de consumo. Si, en cambio, el IVA impulsa en mayor o menor medida el ahorro y la inversión, a corto plazo se podría reabsorber a parte de los factores desempleados en las industrias de consumo y a largo plazo sería posible regresar a los niveles anteriores el consumo privado gracias a la mayor productividad. Con todo, en países con fuertes incertidumbres internas, el acrecentado volumen de ahorro podría terminar refugiándose en el extranjero, con lo que no habrá una mayor inversión interna y, por tanto, el mayor consumo futuro sólo sería posible para los capitalistas y no para los trabajadores.

Y, por último, el aumento del IVA agravará los problemas de liquidez de algunas de las empresas de la economía. Por un lado, no será inhabitual que los empresarios deban ingresar su cuota diferencial entre el IVA que han repercutido y el que han soportado antes de que hayan cobrado las facturas que contienen el IVA repercutido. Por otro, algunos empresarios acumularán saldos acreedores por IVA con la administración tributaria en el curso normal de sus actividades (por una gran inversión inicial en activos fijos o circulantes que no hayan repercutido por completo en sus ventas). En ambos casos, los profesionales deberán disponer de reservas de tesorería o de líneas de crédito extraordinarias, lo que les acarrearán un sobrecoste financiero que en buena medida contrarrestará los efectos positivos del mayor ahorro potencial atribuible al IVA.

En definitiva, el aumento del IVA deprime de manera desigual las ventas de las empresas más cercanas al consumo y promueve el cierre de aquellas explotaciones menos rentables; dos pauperizadores efectos que aparentemente podrían compensarse en parte con la mejora del saldo exterior, el aumento de la inversión interna y el (ineficiente) incremento del gasto público que el IVA puede conllevar. Sin embargo, lo primero y lo segundo no es seguro que se den de manera apreciable y lo tercero no tiene por qué ser más deseable para los consumidores que los bienes que hubiesen podido adquirir en ausencia del mayor IVA: es decir, en cualquier caso, la sociedad se empobrecerá.

Uno de los argumentos preferidos por una parte de la izquierda para criticar a los mercados libres y defender la intervención del admirado gobernante de turno es que los mercados son excluyentes, a saber, que dejan inexorablemente fuera a una parte muy importante de la población a la que, por supuesto, habría que rescatar de las penitentes llamas de la libertad merced al ejercicio de la muy sabia y ordenada coacción estatal sobre el resto de la sociedad.

Aunque la idea es un trasunto, consciente o inconsciente, del (muy equivocado) concepto de ejército de reserva industrial de Karl Marx, en la actualidad este prejuicio “anti-mercados libres” ni siquiera suele tratar de demostrarse con demasiada dedicación: a partir de una observación sesgada y poco informada de la realidad circundante, es habitual presentarlo como una lacra evidentísima de las sociedades modernas, cuando, por ejemplo, bien podría serlo del excesivo intervencionismo estatal. Así pues, antes de proceder a refutar el atolondrado razonamiento de que los mercados no aglutinan a toda la población, será menester dotarlo de un cierto contenido (armar argumentalmente las críticas) para, luego, proceder a mostrar sus principales fallas.

En general, se me ocurren tres grandes razones por las cuales cabría pensar que los mercados libres dejan fuera de la división social del trabajo a una parte de la población. La primera es que el mercado tiende a la sobrecapacidad productiva, volviendo redundante a una parte de los trabajadores. La segunda, que los menos hábiles (o más débiles o más pobres) son incapaces de competir con los más hábiles (o más fuertes o más acaudalados). Y el tercero, que durante las crisis económicas inherentes al capitalismo, gran cantidad de recursos quedan forzosamente ociosos e inempleables.

Para refutar los dos primeros argumentos bastará con tener presentes las contribuciones seminales de dos economistas no ya recentísimos y de última hornada, sino incluso anteriores al propio Karl Marx: David Ricardo y Jean Baptiste Say. Para la tercera, habrá que echar mano de un colega de profesión algo más reciente como el Nobel Friedrich Hayek.

En cuanto al primer temor, que las sociedades modernas operan con sobrecapacidad y que no hay espacio para todos los trabajadores, es necesario tener en mente lo que se ha conocido como “la ley de los mercados de Say”. En tanto en cuanto existan necesidades insatisfechas en una sociedad, esto es, en tanto en cuanto haya fines individuales que no encuentren satisfacción con la actual oferta de bienes y servicios, es absurdo siquiera sugerir que concurre un exceso relativo de oferta con respecto a la demanda: si existen demandas insatisfechas es que subsiste margen para incrementar todavía más la producción. O viéndolo desde el otro lado, si la gente se empeña en ofrecer sus bienes y servicios en el mercado (oferta) es porque desea adquirir (demanda) otros bienes y servicios del mercado: nadie ofrece su trabajo y su propiedad gratuitamente sino a cambio de algo.

Desde luego, podrá suceder que algunas ramas de la producción se hallen en algún momento sobredimensionadas y que, por tanto, existan excesos de producción parciales (que no generales); pero esos excesos de producción parciales irán de la mano de carestías de producción también parciales: producimos demasiado de algo (vivienda, por ejemplo) porque producimos demasiado poco de otras cosas (bienes exportables, verbigracia). En cualquier caso, pues, lo que no se dará mientras existan demandas individuales sin saciar es una sobreproducción generalizada de bienes que excluya a una parte de la masa laboral del mercado y que le impida satisfacer sus fines vitales a través de éste.

La segunda posible línea de argumentación de la izquierda para justificar esta poco sólida crítica al mercado es el de la invencible competencia que ejercen los más hábiles, ricos o poderosos sobre los más torpes, menesterosos o desvalidos. El error en esta sede es el de concebir, de acuerdo con la caricatura anticapitalista al uso, que el mercado es una institución caracterizada por la salvaje y feroz competencia donde todo el mundo trata de imponerse y machacar al contrario y donde, cual película de Los inmortales, “sólo puede quedar uno”. Por el contrario, lo que caracteriza al mercado es la división cooperativa del trabajo: los diferentes agentes económicos tratan de especializarse en un área muy concreta de la economía para, posteriormente, proceder a intercambiar sus respectivas producciones especializadas. Es decir, “yo me especializo en esto, tú te especializas en aquello, los dos nos volvemos más productivos y, luego, trocamos nuestras respectivas mercancías”. Como puede observarse, la idea central de todo mercado es la cooperación pacífica y voluntaria para que, deliberadamente o más bien no, todo el mundo coadyuve a lograr los fines de los demás.

Por supuesto, en el mercado también existe un importante componente de competencia, pero no se trata de una competencia por coparlo y dominarlo todo (en tal caso, la división del trabajo dejaría de existir), sino por seleccionar en cada momento cuáles son los planes de negocios más adecuados y prioritarios de entre todas las combinaciones cuasi infinitas de recursos posibles. Es decir, la competencia empresarial es el mecanismo del que disponen los mercados libres para que, en un orden social tan extenso como es una economía con 7.000 millones de personas, la división descentralizada del trabajo no degenere en una “anarquía productiva” que vuelva estériles los frutos de la cooperación humana a tan gran escala.

Esto es básicamente lo que descubrió David Ricardo con su famosa ley de la ventaja comparativa que, simplificándola mucho, vendría a decir que cualquier factor productivo tiene su lugar en un esquema de división del trabajo aun cuando haya otros factores mucho más eficientes que él en todos los aspectos: en concreto, en aquel caso extremo de que alguna persona sea menos hábil en todo que sus prójimos, podrá especializarse en aquellas tareas en las que estos últimos sean relativamente menos eficientes. Por ejemplo, un premio Nobel de Medicina debe centrarse en su disciplina, por mucho que sea también un excelente apicultor o contable. Como el tiempo no es infinito y como no todo el mundo puede dedicarse a todo, conviene que los más hábiles se concentren en aquellas tareas para las que son relativamente mejores y que el resto de personas se centre en aquellas otras actividades algo menos importantes y valiosas que éstos dejan vacantes. Tampoco por esta vía, pues, se excluye a nadie en el mercado; al revés, todos –menores de 30, mayores de 30, hombres, mujeres, altos, bajos, delgados, obesos, solteros, casados, cojos, triatlonistas…– tienen su lugar en ese marco de cooperación pacífica, voluntaria y mutuamente beneficiosa que es un mercado libre.

Y, por último, ­­queda la posibilidad de que aparezcan recursos ociosos –recursos excluidos de la actividad productiva– durante las crisis económicas que sufre recurrentemente el capitalismo. Éste es, sin duda alguna, el menos disparatado de los tres posibles argumentos dirigidos a justificar que el mercado tiende a excluir a una parte de la población. A la postre, como bien explicó Hayek, las crisis son períodos durante los cuales la mayoría de planes de negocio insertos en un esquema de división del trabajo están siendo sometidos a una profunda revisión, de modo que no todos los recursos son fácil e inmediatamente recolocables de un lado a otro. Sin embargo, el razonamiento se presta a profundas matizaciones.

Primero, las crisis no las provoca el mercado, sino el excesivo intervencionismo estatal en las finanzas, de modo que atribuirle al mercado un subproducto de la intervención estatal (la lenta recolocación de los factores productivos en un período de catarsis empresarial) no parece la idea más acertada y justa que uno pueda emitir; sería tanto como acusar de dispendioso y despilfarrador a un individuo que con denodado esfuerzo ahorrara mes a mes enormes cantidades de dinero pero sufriera permanentes atracos y robos contra su propiedad: si careciera de un cierto capital no sería por sus malas costumbres financieras, sino por la violencia de la que es reiteradamente víctima. De hecho, el mercado libre es la manera más rápida y conciliadora de recolocar los recursos malinvertidos durante los auges insostenibles derivados del estatismo: más que a excluir, el mercado tiende a aunar a tantas personas y factores como sea posible en cada momento (de hecho, una de las críticas habituales contra la globalización es precisamente la de que tiende a engullirlo todo).

Segundo, otra parte muy importante de los recursos permanece ociosa debido a las rigideces regulatorias sobre los mercados que establece el Estado y que obstaculizan los ajustes de precios y la elaboración de nuevos planes empresariales: el caso típico, pero ni mucho menos único, es el de la legislación laboral, la cual, entre muchos otros fenómenos, permite explicar el problema de la “dualidad” (por qué a los jóvenes les cuesta mucho más acceder y conservar un empleo). Por consiguiente, tampoco en este punto habría que culpar al mercado de “excluir” a nadie sino más bien al Estado.

Y, en tercer lugar, el mercado va más allá de la tan extendida como reduccionista visión taylorista de “actividad fabril en forma de cadena de montaje”. Una definición adecuada del mismo ha de incidir en sus rasgos básicos de cooperación social voluntaria, lo que permite considerar como actividades de mercado aquellas tendentes a auxiliar a las personas que, en ciertos momentos, se encuentren desprotegidas. Me refiero no sólo a los negocios empresariales que obtienen un lucro monetario por ello (el caso de la industria de los seguros) sino también a las redes de caridad y ayuda mutua que tan extraordinarios servicios prestan durante las crisis en pos de la auténtica solidaridad (la voluntaria). No debería sorprender a nadie que los propios individuos sean capaces de organizarse y de desarrollar voluntaria y pacíficamente dentro del mercado suficientes mecanismos de inclusión y asistencia social –cuando no lo impide o desincentiva el Estado, como sucede con el monopolio de facto sobre los seguros por desempleo– sin necesidad de recurrir a la rapiña de la riqueza ajena: como si, en ausencia del ordeno y mando, del dirigismo paternalista gubernamental, las personas sufrieran un ataque de súbita avaricia o se vieran sumergidas en el caos organizativo (el síndrome del “no se os puede dejar solos”).

En realidad, de hecho, quien tiende a dividir a la sociedad y a excluir a una parte de ella de ese gran proceso de cooperación social llamado capitalismo es el intervencionismo estatal a través de sus omnipresentes tributos, prohibiciones, restricciones y regulaciones. Como ya expliqué en otra ocasión, no querer someterse al mercado (a negociar y alcanzar un acuerdo con los demás) equivale a querer imponerles al resto de personas la verdadera dictadura de los caprichos personales. Un arrogante vicio, por cierto, en el que son muy dados a caer los “intelectuales”, tal como denunciara Nozick, por cuanto los miembros de semejante tribu urbana tienden a pensar, por un lado, que ellos son capaces de organizar y dirigir la sociedad mucho mejor que un mecanismo impersonal como el mercado y, segundo, por cuanto tienden a pensar que sus contribuciones son más importantes de lo que el resto de iletrados individuos son capaces de valorar… y de pagar.

En definitiva, cuando la izquierda reclama un mayor estatismo para favorecer la integración social en realidad está promoviendo una mayor disolución de los lazos privados que de verdad cohesionan la sociedad; gravísimo problema que, obviamente, requerirá de una nueva ronda de intervencionismo gubernamental realimentado. Una dinámica perversa donde, claro, lo de menos suele ser la inclusión efectiva y cooperativa de todas las personas y lo de más, engordar al bienamado Leviatán.

Tres cuartos de lo mismo podría decirse con respecto a los mercados financieros: si algún agente económico quiere endeudarse mucho, el precio del crédito (los tipos de interés) aumentará y parte de los otros demandantes de crédito se quedarán sin él. Habitualmente, el mayor deudor de nuestras sociedades es el Estado, de modo que bien puede decirse que cuando éste emite amplias cantidades de deuda está expulsando a otros demandantes de crédito del sector privado. Esto es lo que en jerga económica se conoce como “efecto expulsión” (o, en inglés, efecto crowding-out) y constituye una de las críticas más potentes contra la persistente acumulación de déficits públicos: si el Estado se endeuda mucho, acapara parte del crédito que habría acudido al sector privado, pero haciendo un uso mucho más ineficiente del mismo.

En principio, la lógica del efecto crowding-out parece implacable: lo que el Estado gaste de más, el sector privado lo gastará de menos. Sin embargo, la verosimilitud del efecto expulsión ha sido sometida a dos críticas que aparentemente minoran gran parte de su relevancia práctica: por un lado, ¿qué sucedería si el crédito fuera infinito?; por otro, ¿qué sucedería si el Estado demanda crédito cuando el sector privado no lo hace en absoluto?

Empecemos por la primera de las dos hipótesis: ¿qué sucedería si el crédito se volviera infinito porque, por ejemplo, el banco central de un país prestara ilimitadamente a gobiernos, familias y empresas? Dado que nadie pide un crédito para mantener el dinero aparcado en la cuenta corriente, sino para adelantar su consumo o para acometer inversiones (es decir, la gente se endeuda para gastar el dinero en adquirir bienes de consumo, bienes de equipo, materias primas o trabajadores) y dado que los recursos no son infinitos, un crédito infinito sólo presionaría al alza los precios de todos los recursos, de modo que el efecto expulsión sobre una parte de los compradores a crédito seguiría operando: no vía tipos de interés pero sí vía precios. Por ello, por cierto, todo el crédito debería estar respaldado por ahorro: el poder adquisitivo que se transfiere vía crédito debe ir de la mano del poder adquisitivo al que se renuncia vía ahorro: en caso contrario, inflación.

Estando claro, pues, que un crédito infinito no nos conduce a unas disponibilidades infinitas de recursos y que, por tanto, el efecto crowding-out sigue vigente, ¿qué sucede cuando la oferta de crédito no aumenta y, sin embargo, la demanda del mismo por parte del sector privado sí se hunde? ¿Acaso el Estado no podría endeudarse sin desplazar con ello a la inversión privada?

En apariencia así es: en algunos casos, los tipos de interés pueden llegar a descender aun cuando la demanda estatal de crédito se dispara –como sucedió en casi todo el mundo durante 2009, por ejemplo–; pero cuando analizamos los hechos con algo más de detenimiento descubrimos que no, que el efecto expulsión sigue vigente también en esas circunstancias.

Primero, el sector privado puede no acceder al crédito porque él mismo sea renuente a endeudarse: durante las crisis, es habitual que los agentes económicos no encuentren oportunidades de inversión y, por tanto, rechacen endeudarse más. Sin embargo, el que los tipos de interés no aumenten cuando el Estado comience a endeudarse no significa que no existan potenciales demandantes de crédito dentro del sector privado que no estén siendo desplazados. Al cabo, si la administración no emitiera grandes cantidades de deuda, los tipos, lejos de mantenerse estables o de caer ligeramente, se reducirían de manera mucho más intensa, de modo que un mayor número de proyectos empresariales pasarían a ser rentables merced al menor coste de financiación. Dicho de otra manera, si los empresarios no conocen inversiones que proporcionen una rentabilidad superior al 4% anual, no demandarán crédito si los tipos de interés se ubican en el 5%, pero sí pasarán a hacerlo en caso de que caigan al 3% o al 2%.

Segundo, en caso de que el sector privado no acceda al crédito porque los bancos se encuentren demasiado descapitalizados como para arriesgarse a prestar a deudores moderadamente solventes (como las familias y empresas renqueantes), un aumento de la deuda pública deteriorará todavía más la solvencia del Estado y, a su vez, del sector bancario. En la medida en que la deuda pública suele ser una de las mayores inversiones de la banca, una degradación de su calidad erosionará la solvencia de las entidades financieras y, por tanto, su predisposición y capacidad para asumir mayores riesgos prestando al sector privado.

Y por último, supone un error pensar que toda la inversión que se acomete dentro de un país se financia a través del crédito. Una parte muy importante de la misma es, por el contrario, sufragada vía ahorro interno de cada empresa: o dicho de otro modo, aunque asumiéramos que, bajo ciertas circunstancias, el mayor endeudamiento público no afecta a las posibilidades de endeudamiento del sector privado (ya sea porque no demanda o no se le oferta crédito), podría suceder que los déficits públicos sí tuvieran una marcada influencia negativa sobre la inversión basada en el ahorro interno. ¿La tiene? Pues sí y por dos razones.

Por un lado, un aumento significativo de la deuda pública incrementa la probabilidad de que los impuestos aumenten en el futuro (o, al menos, de que no disminuyan). Dado que la predisposición a invertir en un proyecto empresarial depende de la rentabilidad después de impuestos que éste proporciona a lo largo de toda su vida útil, más pasivos estatales dan lugar a mayores reticencias a ahorrar y a inmovilizar el ahorro. En otras palabras, no es lo mismo plantearse invertir en una comunidad con una deuda pública equivalente al 120% de su PIB que en una con un 10%: en la primera los impuestos tenderán a subir o a mantenerse elevados mientras que en la segunda tenderán a bajar o a mantenerse reducidos.

Por otro, la deuda pública efectúa una competencia desleal y fraudulenta sobre el resto de usos alternativos del ahorro privado. Algunos ahorradores preferirán invertir en deuda pública antes que ejecutar planes de negocio menos rentables o más arriesgados. Por ejemplo, un empresario puede preferir invertir sus ahorros en deuda pública libre de riesgo al 5% antes que ampliar su negocio asumiendo importantes riesgos a cambio de una rentabilidad del 8%. Otros agentes, por su lado, optarán por invertir su capital en deuda pública antes que sanear su situación patrimonial: verbigracia, puede resultarles más rentable adquirir deuda pública al 5% que amortizar parte de sus enormes deudas por las que abonan unos intereses del 4%.

¿Es esto positivo desde un punto de vista económico? En absoluto. Recordemos que la deuda pública es sólo un instrumento para realizar transferencias cruzadas de renta: no genera riqueza, sino que se la rapiña a quienes sí la generan. En la medida en que los tipos de interés que abona la deuda pública contribuyen a posponer ora inversiones que sí generan riqueza ora el saneamiento de deudas que lastran la solvencia y la credibilidad de una economía, el saldo neto de la operación es claramente negativo: no sólo arrebata la riqueza a quienes la generan, sino que se incentiva el que otros no lleguen a generarla.

En definitiva, la emisión de deuda pública termina expulsando la inversión privada a lo largo de todas las fases del ciclo económico. No deberíamos caer en la trampa de pensar que los bajos tipos de interés constituyen una barra libre para el endeudamiento gubernamental: en especial porque, casi siempre, una de las mejores inversiones que podrá acometer un país será, precisamente, dejar de endeudarse.

Por ejemplo, si un señor tiene una fortuna de 40.000 millones de euros, es fácil echar cuentas y concluir que 40 millones de personas podrían recibir una asignación de 1.000 euros (o un millón de personas, las más desfavorecidas de un país, una compensación de 40.000 euros). ¡Y estamos hablando de redistribuir la riqueza de una sola persona! ¿Qué sucedería si tomáramos la riqueza de 100 ó 1.000 de estos superricos? Es normal que algunos incluso elucubren con la posibilidad de que, atacando solo algunos de estos patrimonios, pueda ponerse fin a la pobreza en el mundo.

El asunto, por supuesto, dista de ser tan simple. Estamos habituados a imaginarnos a los multimillonarios como personas con una inmensa cantidad de dinero en efectivo: algo así como un Tío Gilito al que le gusta zambullirse entre sus monedas de oro y billetes de banco. Sin embargo, el dinero en efectivo es sólo uno de los muy diversos activos que componen el patrimonio de un multimillonario; y en ocasiones, uno de los activos con una presencia más reducida.

El rico, salvo marginales excepciones, no es la persona que tiene mucho dinero, sino la persona que tiene muchos activos muy valiosos: acciones, bonos, inmuebles, locales comerciales, suelo, empresas no cotizadas, etc. Cuando se dice que un multimillonario posee una riqueza de 40.000 millones de euros, lo que en realidad se está afirmando es que el valor de mercado estimado de todos los activos que comprenden su patrimonio asciende a 40.000 millones de euros.

Pero, y esto es lo fundamental, el valor de mercado de un activo no subsume el valor de todos los bienes presentes que ya ha contribuido a producir, sino el de todos los bienes futuros que se espera que produzca. O dicho de otra manera, quien posee 40.000 millones de euros en activos no dispone de 40.000 millones de euros en bienes de consumo inmediatamente disponibles, sino la más o menos razonable expectativa de que sus propiedades generarán (o contribuirán a generar) en los próximos lustros unos bienes de consumo valorados hoy en 40.000 millones de euros. Verbigracia, si una tierra de labrar se vende por 100.000 euros no es porque vaya acompañada de un almacén adosado que contenga abundantes toneladas de trigo valoradas en 100.000 euros, sino porque se espera que esa tierra sirva a cultivar a lo largo de las próximas décadas una cierta cantidad de trigo cuyo valor presente es 100.000 euros.

Por consiguiente, si un archirrico quiere disponer de parte de su riqueza tendrá dos opciones. La primera y más razonable, si es que el tiempo no le apremia, es la de gastar año a año los rendimientos que percibe por esos activos (los beneficios distribuidos de sus compañías, los dividendos, los intereses, los alquileres, etc.). Conforme el tiempo pasa, los activos van fabricando una pequeña porción de aquellos bienes de consumo futuros que les daban valor en el pasado: y son justamente esos bienes de consumo los que sí pueden disfrutarse sin demasiadas complicaciones (aunque con ciertas limitaciones, pues parte de la renta periódica que proporcione un activo deberá destinarse a reponer, mantener y amortizar ese activo).

La segunda y más radical opción, si es que el tiempo le apremia, pasa por liquidar todo su patrimonio, pero aquí ya comienzan los problemas: el importe que previsiblemente obtendrá de una venta apresurada de una enorme cantidad de activos no será ni mucho menos tan alto que si sólo tuviera que vender una pequeña porción. Al cabo, para colocar a buen precio todos sus activos, será necesario encontrar a suficientes ahorradores que, primero, dispongan de cuantiosos ahorros en efectivo que, segundo, deseen utilizar en la adquisición de esos activos. ¿Sencillo? Ni mucho menos. Para empezar, el canje de efectivo por activos no constituye ni mucho menos una decisión automática: quien tiene efectivo no se encuentra sometido a ningún riesgo y puede gastarlo en cualquier momento ya sea en consumir o en invertir; quien posee un activo, en cambio, tendrá que soportar los riesgos inherentes a la inversión, esperar a que le vaya proporcionando una renta con el paso del tiempo y verse en el brete de tener que liquidarlo si es que necesita hacer frente a un imprevisto.

Pero además, el volumen de ahorros en forma de bienes de consumo intercambiables no es tan abundante como para absorber cualquier oferta de activos. Por ejemplo, el valor de mercado de todas las bolsas en 2011 alcanzó los 45 billones de dólares, mientras que el PIB mundial –el valor de todos los bienes y servicios producidos– se situó en 65 billones. Teniendo en cuenta que alrededor del 70% del PIB consistirán en bienes de consumo (45 billones), el máximo importe que podrían aspirar a consumir los accionistas de empresas cotizadas equivaldría a 45 billones de dólares, y ello bajo el muy restrictivo supuesto que toda la población mundial decidiese no consumir nada durante ese ejercicio y que los propietarios de otros activos (inmuebles, empresas no cotizadas, bonos, etc.) no decidieran liquidarlos al mismo tiempo para adquirir bienes de consumo.

Y precisamente aquí se encuentra la razón de por qué la redistribución de la riqueza de los archimillonarios no serviría en absoluto para erradicar la pobreza en el mundo. Por un lado, porque si lo que queremos es elevar la calidad de vida actual de los más desfavorecidos (esto es, elevar su consumo), ya sabemos que los valiosos activos de los ricos no se pueden comer ni trocar por grandes cantidades en bienes de consumo en el presente. Si, por otro, nuestro objetivo es convertir a los más desfavorecidos en rentistas (propietarios de activos que proporcionen una renta periódica), lo que debemos tener presente es que esos activos monitorizan y son parte integral de todos los procesos productivos de una economía.

Sería una completa ficción el pensar que la productividad de una economía puede mantenerse con independencia de quien controle (y tenga una capacidad de decisión última) las empresas, los inmuebles o las materias primas de esa economía. Alterar políticamente la estructura patrimonial de una sociedad va aparejado a mutar las estructuras financieras y productivas de prácticamente todas las compañías, lo que repercutirá en su capacidad para producir bienes y servicios valiosos.

Por ejemplo, si les arrebatamos el control de Google a Sergei Brin y Larry Page para entregárselo a millones de personas repartidas por todo el mundo, es bastante probable que alguno de los siguientes escenarios (o todos ellos) se materializaran: Google perdería la visión estratégica de sus fundadores que es la que lo ha hecho grande; los accionistas minoritarios se unirían para reclamar una mayor remuneración en perjuicio no ya de la capacidad de la empresa para crecer y seguir generando riqueza, sino incluso de la capacidad de la empresa para reponer su equipo de capital actual; la dirección de Google lo tendría más fácil para no ser fiscalizada por millones de dispersos accionistas y podría asignarse sueldos mucho mayores; y la visión desorientada de la compañía la llevaría a perder cuota de mercado y a sucumbir ante sus mejor gestionados competidores.

Imaginen este devastador proceso pero a escala generalizada. No: ni podemos comernos los activos en el presente ni tampoco redistribuirlos de manera arbitraria sin afectar a la comida disponible en el futuro. Sí: hay algunos individuos que son tremendamente ricos, pero si no han recibido ningún favor gubernamental, lo son en la medida en que han generado muchísimo valor para millones de consumidores. Si lo que queremos es que haya más ricos en una comunidad, lo que necesitamos no es perseguir la acumulación de capital, sino facilitarla tanto como sea posible (reducir impuestos y regulaciones). Recuerde: el que haya muchos ricos no le dificulta a usted la labor de hacerse rico; al contrario, se la facilita enormemente.

Sin embargo, la mayoría de la gente sólo quiere oír hablar de “nuevas inversiones”, pues al parecer esto es lo que se traduce inmediatamente en puestos de trabajo. Por ello, cuando uno exhorta al ahorro tanto del sector público como del sector privado, inmediatamente debe responder a la pregunta ¿ahorrar para invertir dónde? Si en un país no existen oportunidades de inversión, promover la austeridad parece suicida: dejamos de gastar en unas partes de la economía sin proceder a hacerlo en otras.

En este punto, sin embargo, conviene regresar a los principios más elementales de la Economía. Un individuo, una empresa o un Estado son capaces de generar riqueza mediante el endeudamiento si la tasa de rentabilidad de su inversión es superior al tipo de interés que han de abonar por la deuda. Por ejemplo, si una compañía emite un bono por el que pagará durante una década un tipo de interés del 5%, deberá buscar proyectos de inversión cuya rentabilidad media sea, al menos, de un 5% al año.

Recordemos que el tipo de interés que exigen los prestamistas no es más que la compensación por retrasar la satisfacción de sus necesidades y por arriesgarse a no recuperar su capital: por tanto, si la inversión es incapaz de generar unos bienes o servicios futuros con el suficiente valor como para hacer frente a los pagos de intereses, más les valdría, tanto al deudor como al acreedor, que ese proyecto no se hubiera iniciado nunca. Al acreedor, porque no ha obtenido los intereses mínimos que le compensaban ahorrar a tan largo plazo y asumir tantos riesgos; al deudor, porque se descapitaliza pagando unos intereses superiores a los rendimientos que genera su inversión.

Así las cosas, la mejor inversión que puede acometer una persona, una empresa o un Estado que dilapide su capital en proyectos con una tasa de rentabilidad inferior al tipo de interés que debe abonar por la deuda es… dejar de endeudarse. Por ejemplo, si un Gobierno pide prestado dinero al 5% y no es capaz de invertirlo a más del 1% (porque no existen proyectos con mayor rentabilidad dentro de esa economía o porque él no los conoce), ese Gobierno estará experimentando unas pérdidas del -4%. ¿Cuál sería su inversión más rentable? Dejar de endeudarse paralizando la inversión improductiva que lastra sus finanzas y que sufraga con tipos de interés excesivos: de ese modo lograría unas ganancias del 4%, muy superiores a cualquier otro proyecto de esa economía.

Por ejemplo, la deuda pública española a 10 años cotizó en 2011 a unos tipos de interés de entre el 5% y el 6%. ¿Conocen usted alguna otra inversión productiva que pueda realizarse a gran escala en España y que proporcione una rentabilidad anual segura de entre el 5% y el 6%? Yo no, salvo el muy rentable ejercicio de la austeridad. Precisamente, una de las mejores inversiones que podría haber realizado nuestro Gobierno es no haber gastado y no haberse endeudado tanto como lo hizo: los frutos de esa decisión se traducirían a partir de 2012 en un ahorro de entre 4.000 y 5.000 millones de euros en concepto de intereses; algo así como el doble de beneficios que obtuvo una multinacional como Repsol. Nada mal.

Lo mismo sucede con los agentes que se hayan endeudado en exceso para ejecutar inversiones improductivas y que, por consiguiente, están condenados a pagar tipos de interés muy altos por esos pasivos. Aunque esas personas o empresas no conozcan de ningún nuevo proyecto empresarial rompedor, sí tienen a su alcance un uso muy rentable de sus ahorros: reducir anticipadamente sus deudas evitándose así el pago de intereses futuros.

Por supuesto, los habrá que consideren que la rentabilidad del gasto público debería medirse no por la rentabilidad directa del proyecto del sector público, sino por sus efectos multiplicadores sobre la rentabilidad de otros negocios en el sector privado. Verbigracia: el Plan E podría haber sido una ruina absoluta, pero, al hacer circular el dinero, quizá contribuyó indirectamente a generar riqueza en otras zonas de la economía que compensaran los pagos de intereses de la deuda. Quienes así razonan no se dan cuenta de que “hacer circular el dinero” mediante el déficit público equivale a obligar forzosamente a toda la sociedad a que se endeude todavía más de lo que ya lo está (tanto a quienes saben qué uso hacer de ese endeudamiento como a quienes no saben qué uso hacer de él), y la obliga a endeudarse a un coste carísimo: con tal de que el crédito llegue a la ciudadanía, el Gobierno lo despilfarra en un primer momento. Sería mucho más razonable y efectivo que aquellas personas que lo deseen y que observen auténticas oportunidades de inversión demanden directamente el crédito, en lugar de distribuirlo aleatoriamente por la puerta de atrás después de haberlo dilapidado en proyectos no rentables. Claro que facilitar que el crédito fluya sólo a donde tiene que fluir obligaría a reconocer que lo que necesitamos, antes que nada, es ahorrar y sanear nuestra situación financiera para que los bancos vuelvan a tener capacidad de prestar y, sobre todo, para que los demandantes de crédito vuelvan a ser solventes y deudores confiables.

En definitiva, no es verdad que en una economía hiperendeudada y con el tejido productivo desestructurado no existan usos rentables que justifiquen la restricción de los gastos y el incremento del ahorro: el no seguir endeudándonos o el amortizar nuestras deudas pasadas es una inversión que puede llegar a ser tremendamente rentable en ciertas coyunturas.

Modifiquemos ahora ligeramente los supuestos de partida: usted sigue siendo ese funcionario sin escrúpulos pero, en lugar de fijar el salario máximo de cada trabajador, sólo puede establecer el salario mínimo de cada empleado. Y aquí volvemos a plantear la cuestión inicial: ¿qué salario mínimo le impondría a su peor enemigo? La respuesta intuitiva de mucha gente sería que, al igual que en el caso anterior, el salario mínimo para castigar a sus adversarios debería ser de 0. Pero fíjese que imponer un salario mínimo igual a 0 euros no impide que su enemigo acuda al mercado y cobre un sueldo superior a esos 0 euros mensuales: en realidad, el salario mínimo de 0 euros sólo impide que su enemigo cobre un sueldo inferior a esos 0 euros mensuales.

¿Tendría usted éxito en su propósito de condenarlo a la inanición? No, su peor enemigo podría dirigirse a cualquier empresario y negociar con él un salario mayor que 0 que le permitiera disfrutar de una agradable existencia. De hecho, si su peor enemigo era, por ejemplo, un pez gordo que venía cobrando un millón de euros anuales, el hecho de que usted le imponga un salario mínimo igual a 0 no modificará en absoluto su situación profesional: dado que un millón de euros es mayor que cero, la empresa no le rebajará sus emolumentos.

Entonces, ¿carecería usted de instrumentos para condenar a la miseria a su peor enemigo? No, pero necesitaríamos superar las engañosas intuiciones iniciales: para lograr su perverso propósito, usted debería imponerle a su enemigo un salario mínimo de infinitos euros mensuales. De este modo, dado que ningún empresario estaría dispuesto a abonar un sueldo tan alto a cambio de sus servicios laborales, su peor enemigo quedaría indefectiblemente estancado en una situación de desempleo (donde percibiría cero euros mensuales). En nuestro ejemplo anterior, si su peor enemigo estaba cobrando un millón de euros anuales y le impide trabajar por menos de 10.000 millones de euros, parece claro que no sólo será despedido de su puesto de trabajo, sino que no podrá encontrar empleo en ninguna otra parte de la economía.

En definitiva, al igual que no tendría ningún sentido que un autocrático funcionario les impusiera a sus enemigos un salario máximo de un billón de euros (pues todos los sueldos actuales son inferiores a esa cuantía máxima) tampoco lo tendría que les fijara un salario mínimo de cero, cinco o diez euros (pues todos los sueldos actuales son superiores a esa cuantía). Para perjudicar a los trabajadores, el salario máximo debe fijarse lo más bajo posible o, alternativamente, el salario mínimo debe establecerse lo más alto posible.

Este simple ejemplo debería bastar para que, más allá de nuestras erróneas impresiones iniciales, comprendiéramos cuál es el efecto real del salario mínimo: no el de incrementar las remuneraciones de los trabajadores, sino, cuando éste resultado demasiado alto en relación con su productividad, el de condenarles al paro. Y recuerde: cuando el Estado opta por incrementar sostenidamente el salario mínimo de un país… en realidad se está comportando como su peor enemigo.

El salario mínimo interprofesional de España en 2012 es oficialmente de 641,4 euros al mes. Muchos son los liberales que insisten en que tan exigua cuantía bloquea la creación de empleo y muchos son los intervencionistas que consideran que su importe es ridículo y que debe aumentar de manera muy sustancial. Al cabo, ¿cómo puede siquiera insinuarse que un salario de 641,4 euros al mes es un sueldo demasiado elevado que bloquea la creación de nuevo empleo? ¿Quién puede vivir con menos de 641,4 euros al mes? ¿Y cómo pueden protestar los ricachones empresarios de que no pueden pagar apenas 641,4 euros mensuales?

Lo primero, como siempre, es no dejarse llevar por las impresiones iniciales. Es verdad que el salario mínimo bruto que mes a mes percibe el trabajador es de 641,4 euros, pero coincidiremos en que lo relevante para que el empresario decida contratar o no a un trabajador no es el salario que éste finalmente percibe, sino el que en debe abonar la compañía, le llegue en última instancia a él o no. Por ejemplo, si mañana el Gobierno instaura un impuesto del 50% sobre el salario mínimo, el obrero pasará a cobrar sólo 320 euros mensuales, pero al empresario no se le habrá abaratado lo más mínimo el coste de contratarlo.

¿Y cuál es el salario (o coste) mínimo que debe sufragar un empresario para poder contratar a un trabajador? No, desde luego, 641,4 euros al mes. Para empezar, el salario mínimo está compuesto por 14 pagas, no por 12, de modo que prorrateando las dos pagas extraordinarias llegamos a 748,3 euros al mes (8.980 euros anuales). A este importe, sin embargo, hay que añadir la cotización a la Seguridad Social que soporta el empresario y que, como mínimo, será del 29,9% (contingencias comunes, desempleo, formación profesional y FOGASA), esto es, de 2685 euros anuales, lo que totaliza 11.665 euros al año (972 euros mensuales).

Ahora bien, recordemos que esta remuneración es a cambio no de 12 meses de trabajo, sino de 11 (hay incluido un mes de vacaciones durante el cual el empleado cobra pero no trabaja). Si anualizamos este coste, llegaremos a la cifra de 12.725 euros por año de trabajo realmente realizado (o 1.060 euros mensuales). Pero aquí no acaba todo.

Por cada año que transcurre, el trabajador devenga un derecho de cobro en caso de despido, coste que, tras la última reforma laboral, asciende a 20 días por año trabajado (o a 33, si el despido es calificado de improcedente). Dada la crisis actual, podemos cuantificar el coste esperado del despido (asumiendo una probabilidad de despido del 40%) para un trabajador que perciba el salario mínimo en una horquilla de entre 200 y 300 euros anuales. Digamos, para manejar números redondos, que el coste salarial mínimo por ejercicio en España sería de 13.000 euros. ¿Termina aquí la cosa?

No. Existe un último coste que no suele tenerse en cuenta pero que, obviamente, debemos computar. Se trata del llamado “coste del capital”, esto es, la rentabilidad mínima que espera obtener el empresario al contratar al trabajador. Algunos podrán considerar que es un coste redundante y que, en cualquier caso, no habría que imputárselo al trabajador. Pero se equivocan: una forma, comprensible, de verlo es imaginar que el empresario en cuestión no dispone de capital propio para contratar al empleado y que, por tanto, debe solicitar un crédito a alguna entidad bancaria; crédito por el cual deberá abonar intereses (esto es, un coste financiero que sí sería imputable al deseo de aumentar su plantilla). Pero es que, aun cuando el empresario sí dispusiera de un capital propio, ¿por qué debería destinarlo a contratar al trabajador si, por ejemplo, puede invertir sus ahorros en adquirir deuda pública española que proporciona una rentabilidad de entre el 4% y el 6% con riesgos (y quebraderos de cabeza) menores a los de contratar un nuevo trabajador? En definitiva, sí hay que tener en cuenta el coste de oportunidad de destinar los ahorros (o de pedirlos prestados) para abonar los salarios mes a mes. Pues bien, dado que el coste del capital, por el mayor riesgo, será superior al interés que ofrece la deuda pública, podemos fijarlo conservadoramente entre el 7% y el 10% (entre 910 y 1.300 euros anuales).

Por seguir con los números redondos, podemos concluir que el coste laboral mínimo en España se sitúa en 14.000 euros anuales o 1.166 euros mensuales, casi el doble de la cifra que se nos suele ofrecer en engañosos titulares periodísticos (y eso que dejamos fuera otros costes más difícilmente cuantificables como el papeleo o el de representación sindical, o que no consideramos el caso de los convenios colectivos de cada sector, que mejoran las condiciones mínimas legales).

Por supuesto, como decíamos, una cosa es el salario mínimo que percibe mes a mes el trabajador en su cuenta corriente (641 euros más dos pagas dobles) y otra el coste salarial que, debido a toda la vorágine regulatoria e intervencionista, debe asumir el empresario. Mi punto no es que el salario mínimo sea muy alto desde la perspectiva del trabajador, que obviamente no lo es en absoluto, sino que, sobre todo en momentos de crisis, puede ser demasiado alto desde la perspectiva del empresario (lo que no significa que la solución deba pasar necesariamente por recortar los salarios que percibe el trabajador, sino que bien puede plantearse la minoración del resto de sus costes asociados).

Pensemos simplemente en que todo empresario, a la hora de decidir si contrata o no a un trabajador adicional, se planteará si ese empleado es capaz de generar unos ingresos adicionales para su compañía de 14.000 euros al año. A aquellos que consideran que el salario mínimo es demasiado bajo y que no obstaculiza la creación de empleo habría que preguntarles si piensan que, en momentos como el actual, todos los empresarios saben como obtener, gracias al trabajo de una persona, ingresos adicionales de 14.000 euros. Yo, al menos, no lo veo tan sencillo.

Una pyme que, por ejemplo, requiera de cuatro personas para iniciar sus operaciones necesitaría contar con un plan de negocios que le proporcionara unos ingresos de, al menos, 56.000 euros anuales para ser rentable (y ello suponiendo que su único coste fuera la mano de obra). De hecho, en el conjunto de la economía, los cinco millones de parados no podrían ser incorporados al sistema productivo a menos que fueran capaces de crear bienes y servicios valorados por el mercado en, como poco, 70.000 millones de euros (lo que equivale a un crecimiento, con respecto a la situación actual, del 6,5%).

Incrementar, como desean algunos, el salario mínimo que percibe el trabajador a 1.000 euros mensuales elevaría el coste laboral mínimo a cerca de 23.000 euros anuales, lo que complicaría todavía más la recolocación de parte o de la totalidad de los cinco millones de parados (que deberían ser capaces de crear bienes y servicios valorados en 115.000 millones de euros). Por no hablar, claro está, de que todos aquellos obreros que contribuyeran a generar unos ingresos inferiores a 23.000 euros anuales tenderían a ser despedidos.

En suma, en muchas ocasiones, aquellos que dicen ser los mayores defensores de los trabajadores suelen ser, consciente o inconscientemente, sus principales enemigos.

Habitualmente escuchamos que una reforma del mercado de trabajo es incapaz por sí sola de crear empleo: a menos que esa reforma vaya de la mano de muchas otras favorables circunstancias, no generará ni un solo puesto de trabajo. ¿Es eso cierto?

Bueno, pongámonos en el caso más extremo posible: la legislación laboral de un país impide que la gente pueda trabajar y, de repente, un Ejecutivo medio sensato opta por derogar ese liberticida mandato. ¿Cree usted que esa reforma laboral crearía empleo? Parece evidente que sí, y que lo haría además en grandes cantidades.

Claro que cualquiera podría objetar, con razón, que el anterior constituye un supuesto muy poco realista y en absoluto aplicable a nuestras sociedades. Bien, modifiquemos un poco ese extremo caso: consideremos una paupérrima economía donde el Gobierno decreta que nadie puede contratar a otra persona por menos de 5.000 euros mensuales (o cualquier cuantía superior a la riqueza esperada que pueden llegar a fabricar los distintos trabajadores); o consideremos otra economía deprimida y con unas perspectivas muy inciertas donde los elevadísimos costes del despido hayan convertido en una actividad de altísimo riesgo el contratar a personas de las que, muy probablemente, haya que prescindir en el futuro cercano; o consideremos una economía muy dinámica donde los empresarios se ven empujados a reconfigurar cada poco tiempo sus planes de negocio –trasladando los factores productivos desde unas áreas a otras de su empresa– pero donde la legislación laboral impide cualquier mínima movilidad interna del trabajador; o consideremos, en suma, cualquier economía donde las leyes laborales entorpecen de un modo apreciable la habilidad empresarial de tejer nuevos planes de negocio, ya sea imponiendo costes artificiales o cercenando gran parte de la productividad de esos planes.

En todos estos casos, una reforma laboral crearía empleo por la sencilla razón de que planes empresariales que antes no eran viables pasarán a serlo y, por tanto, algunos de los individuos con vocación empresarial que antes se quedaban de brazos cruzados o que ni siquiera se planteaban la posibilidad de dirigir una empresa, pasarán a hacerlo. El capitalismo es un sistema de cooperación social que funciona a través de la coordinación interpersonal impulsada por planes empresariales en competencia: restringir legislativamente la cantidad de planes empresariales factibles –por ejemplo, a través de draconianas normativas laborales– equivale a restringir el adecuado funcionamiento del capitalismo y, por tanto, de la creación de riqueza y del empleo. Piénselo un momento: si a un excelente nadador le atamos de pies y manos y lo lanzamos al mar cerca de la orilla, ¿cree que será capaz de salvarse? No. ¿Tendría sentido que alguien afirmara que el problema de ese nadador no son las ataduras, sino que no dispone de manguitos o de una bombona de oxígeno y que, por consiguiente, de nada serviría quitarle las ataduras? Evidentemente, no.

Por supuesto, alguien podría sostener que la reforma laboral es una condición necesaria pero no suficiente para crear empleo, que junto con ella deben darse otras imprescindibles condiciones como un más laxo acceso al crédito o un incremento generalizado del gasto; a saber, que si el nadador se encuentra muy alejado de la orilla o si tiene unas intensas dolencias estomacales, tampoco podrá salvarse por mucho que lo desatemos.

Y sí, obviamente nadie sostiene que la única causa de una crisis económica y su único paliativo sea una profunda liberalización laboral: si los bancos están medio quebrados será menester que se saneen; si el Estado se encuentra al borde de la insolvencia deberá ajustar su presupuesto; si existen otros mercados relevantes tan o más regulados que el laboral (como podría serlo el energético) habrá que proceder a su flexibilización, etc. Ahora bien, una cosa es sostener que una liberalización del mercado de trabajo no será capaz por sí sola de recolocar a todos los parados y otra, muy distinta, que no será capaz por sí sola de recolocar a ninguno de ellos.

¿Puede una reforma laboral ser condición suficiente para que muchos parados puedan encontrar un empleo? Sí, y ello aun cuando coincida con una restricción del crédito o del gasto dentro de la economía.

Primero, es verdad que las contracciones del crédito pueden ser devastadoras para un tejido empresarial que se haya acostumbrado a vivir y a funcionar merced a ese crédito, y es verdad que, mientras la sequedad de esa fuente de financiación continúe, muchos empresarios serán incapaces de invertir y de crear empleo por mucho que la reforma laboral les haya permitido descubrir nuevas y atractivas oportunidades de negocio. Ahora bien, no pensemos que el crédito es la única forma en la que se financian los proyectos empresariales y la creación de nuevo empleo; las empresas existentes que siguen ganando dinero (que siempre las hay, incluso en una crisis económica) disponen de una importante fuente de autofinanciación: sus propios beneficios. Las corporaciones asentadas, grandes o pequeñas, tienen la capacidad de expandir sus operaciones merced a la reinversión de sus ganancias, y un paso decisivo para ello puede ser una liberalización laboral que permita ajustar a la realidad las condiciones del mercado de trabajo. En resumen, sin crédito y sin reforma, nadie se lanzará a crear empleo; sin crédito y con reforma, parte de las compañías existentes y con beneficios pueden llegar a hacerlo. ¿Que aun así será insuficiente para recolocar a todos los parados? Es muy probable, pero al menos lograremos que una parte del tejido empresarial amplíe su producción y genere empleo.

Segundo, la tan extendida milonga keynesiana de que sin aumentos del gasto –o sin crecimiento del PIB– no es posible crear empleo debe ser descartada por entero. Sin duda, se trata de un argumento muy del gusto de la izquierda (“si no crecemos, de nada servirá la liberalización del mercado laboral; y si crecemos, no será necesaria”), pero no por ello deja de ser un argumento falaz. Recordemos que el PIB puede interpretarse tanto como lo que una economía gasta cuanto como lo que una economía produce. Dicho de otro modo, producción y gasto son dos caras de la misma moneda: no puede gastarse aquello que no se produce y no tiene sentido producir aquello que no desea gastarse. Sólo existe un modo de gastar hoy sin tener que producir hoy: mediante el endeudamiento (gastamos más en el presente a cambio de desprendernos de parte de nuestra producción futura). Pero si una economía tiene la vía del endeudamiento cerrada (por ejemplo, por hallarse en medio de una crisis causada por el exceso de endeudamiento previo), sólo podrá aumentar el gasto en la medida en que aumente su producción.

¿Y de qué depende la producción? Pues de dos elementos: de la cantidad de factores productivos dedicados a fabricar bienes y servicios y de la productividad de esos factores productivos. Dado que a corto plazo los aumentos generalizados de la productividad son muy complicados (es necesario ahorrar e invertir en bienes de capital que sean tecnológicamente más punteros o que se complementen sinérgicamente con otros ya existentes), la única forma de incrementar la producción, y por tanto el gasto, es incorporando a más factores dentro del tejido empresarial. O dicho de otro modo, en medio de una crisis económica, la creación de empleo no provendrá a corto plazo de un aumento del gasto, sino que en todo caso el aumento del gasto (de la producción) será consecuencia de la creación de empleo.

Es muy sencillo de entender: los individuos pueden gastar en función de sus ingresos y esos ingresos dependen de su producción. Si la reforma laboral permite que una parte de planes empresariales que antes no eran viables pasen ahora a serlo, todos los individuos implicados en esos planes (accionistas, trabajadores, proveedores, etc.) verán aumentar sus ingresos y podrán, por tanto, incrementar sus gastos (lo que rentabilizará la creación de empleo en otras partes del aparato productivo). La reducción del paro no será consecuencia del crecimiento del PIB sino al revés.

En definitiva, una reforma laboral que liberalice en profundidad el mercado de trabajo sí puede por sí sola generar empleo, sobre todo cuando procedamos de una situación de enorme rigidez previa que limitaba en mucho la coordinación empresarial. Evidentemente, su contribución positiva a la creación de riqueza y de puestos de trabajo puede verse total o parcialmente contrarrestada por otras circunstancias adversas dentro de la economía, como podría serlo una contracción muy severa del crédito, una catástrofe natural o una súbita obsolescencia de parte de su producción. La cuestión es que la reforma laboral no contribuye a desatar ninguna de esas circunstancias adversas y, por tanto, en el peor de los escenarios posibles, minimizará o compensará la destrucción de empleo originada por otras causas (facilitando, por ejemplo, la ejecución de nuevos planes de negocio dentro de aquellas empresas que puedan autofinanciarse). En un escenario no catastrófico, incluso cuando concurra estancamiento, una liberalización profunda del mercado laboral sí puede ser capaz de incrementar por sí sola el nivel de ocupación, aun cuando no vaya a solventar todos los desajustes de esa economía y, por consiguiente, a eliminar todo su desempleo.

La mayoría de relaciones de nuestra sociedad se basan en la confianza; fundamentalmente en la confianza de que los demás cumplirán sus promesas. Cuando depositamos nuestro dinero en el banco, confiamos en que la entidad será capaz de devolvérnoslo cuando se lo reclamemos; cuando aceptamos intercambiar nuestra propiedad a cambio de una transferencia bancaria, de un cheque o de un cargo en la tarjeta de crédito de otra persona, confiamos en que el banco será capaz de proporcionarnos el dinero tan pronto como se lo reclamemos; cuando les concedemos a nuestros clientes un plazo de unos meses o semanas para que nos paguen, confiamos en que lo harán, etc. Sin confianza, las relaciones que implicaran intercambios a medio o largo plazo serían imposibles. Sin confianza, por tanto, la inversión a largo plazo sería más bien escasa y los pagos aplazados, basados en el crédito, prácticamente inexistentes.

No es lugar para explicar las ventajas de un sistema que permite las relaciones a crédito sobre uno que las restringe todas al contado (basta decir que en este último ni siquiera tendrían cabida las cámaras de compensación, lo que ralentizaría enormemente todos los intercambios), pero sí debe quedar claro que una economía que utilice los pagos a crédito es potencialmente más inestable que una basada en los pagos al contado, por cuanto la primera de ellas fluctuará con los bandazos de la confianza entre los individuos, mientras que la segunda no. Si un proveedor suele concederles a sus clientes un plazo de 90 días para que le paguen, esos clientes estarán adaptados a operar sin disponer del efectivo necesario para pagar sus deudas hasta 90 días después de haber recibido el género, de modo que si de repente al proveedor le entra el miedo de vender a crédito sus mercancías y exige que todos le paguen al contado, esas relaciones comerciales se interrumpirán a menos que los clientes sean capaces de captar enseguida el efectivo que requieren.

Por desgracia, como los pagos a crédito sustituyen a los pagos al contado, no todos los agentes pueden conseguir al mismo tiempo efectivo. A largo plazo, la economía podrá adaptarse –por ejemplo, mediante reducciones de precios– pero lo hará en gran medida a costa de que muchas relaciones económicas se suspendan: es decir, no sólo caerán los precios, sino que también se destruirá riqueza.

El caso más conocido es el de los bancos. Si una economía está muy bancarizada –es decir, si los agentes económicos no sólo pagan y cobran en efectivo, sino en pasivos de los bancos–, y los individuos pierden de repente su confianza en la solvencia de los bancos, automáticamente dejarán de utilizar esos pasivos bancarios como medios de pago –sólo aceptarán cobrar en efectivo– por lo que no todas las transacciones que se estaban efectuando en la economía real podrán seguir realizándose. Si hay menos medios de pago, los precios deberán ajustarse a la baja, y si los precios se reducen, también deberán hacerlo los costes de las empresas (si no, padecerán fuertes pérdidas); pero todos estos ajustes suelen ser lentos e irregulares, por lo que compañías que eran perfectamente rentables podrían dejar de serlo.

Los potenciales efectos devastadores de una restricción de los pagos a crédito para una economía son tanto mayores cuanto más crédito de peor calidad se haya estado usando durante más tiempo en esa economía. La razón es fácil de comprender: si los créditos que se utilizan como medios de pago son a corto plazo y de muy elevada calidad, el pánico no podrá durar durante mucho tiempo, pues los bienes con los que tienen que amortizarse esas deudas ya existen y por tanto no podrá dudarse demasiado de su solvencia. Si, en cambio, los créditos que se emplean como medios de pago son a muy largo plazo y de escasa calidad, cualquier disrupción será muy complicada de corregir, precisamente porque el pecado original es que esos créditos jamás deberían haberse empleado como medios de pago, contaminando al conjunto de la economía.

Por ejemplo, no es lo mismo que se desconfíe de bancos que son en lo fundamental solventes y líquidos –porque su activo está invertido en proyectos muy seguros y a corto plazo– que de bancos quebrados. Los primeros podrán restablecer la confianza en sus deudas demostrando que tienen músculo para pagarlas puntualmente; los segundos sólo tenderán a deshacerse como azucarillos en medio del pánico social. Y, por consiguiente, los pasivos de los primeros seguirán empleándose rápidamente como medios de pago y los segundos es muy dudoso que vuelvan a hacerlo.

Ante los enormes riesgos de que se extienda la desconfianza en la banca y, en general, en el conjunto de la sociedad, diversos economistas propusieron históricamente que el banco central adquiriera un papel activo a la hora de contrarrestar los pánicos de confianza. Fundamentalmente, Henry Thornton, a comienzos del s. XIX, y Walter Bagehot, a finales del s. XIX, exigieron al Banco de Inglaterra que estuviera dispuesto a refinanciar ilimitadamente a los bancos privados solventes sobre los que pesaran sospechas por cualquier motivo: como la ciudadanía a veces duda de la credibilidad de los bancos privados pero mantiene su confianza en el crédito del Banco de Inglaterra, éste debía subrogarse en sus deudas para evitar el colapso del sistema de cobros y pagos. Esta recomendación de Thornton y Bagehot en lo fundamental es correcta (cuestión muy distinta es que el banco central que desempeñe estas funciones deba ser un monopolio público) y explica buena parte de la estabilidad financiera inglesa durante el siglo XIX.

Ahora bien, Thornton y Bagehot eran muy conscientes de cuáles eran los límites de la actividad prestamista del Banco de Inglaterra: los préstamos debían ser a tipos de interés altos y sólo para bancos solventes. Los bancos genuinamente insolventes debían quebrar y ser liquidados, pues en otro caso habría sido el Banco de Inglaterra quien se hubiese tragado las enormes pérdidas de esas entidades.

Pero claro, si los bancos insolventes desaparecen –o, incluso si no desaparecen, pero comienzan a restringir el crédito para ir saneándose–, la cantidad de medios de pago igualmente decrecerá, con los consiguientes perjuicios que ya hemos comentado. Para contrarrestar esta posible destrucción de medios de pago, otros economistas, como Ralph G. Hawtrey, propusieron más adelante que el Estado creara nuevos medios de pago. ¿Cómo? Monetizando deuda pública del Estado: si la parte de medios de pago destruida por las quiebras bancarias es sustituida por los nuevos medios de pago generados por la monetización de la deuda, no será necesario padecer todo el doloroso ajuste anterior.

La propuesta tiene aparentemente sentido: ¿para qué sufrir una crisis derivada del desajuste entre precios y medios de pago si podemos simplemente generar más medios de pago monetizando deuda pública? Sin embargo, cuando la analizamos un poco más de cerca comprobamos que la propuesta no es tan sencilla ni beneficiosa como parece.

Primero, la distribución de los nuevos medios de pago no coincidirá ni mucho menos con la antigua. Por ejemplo, si un proveedor le permitía a su cliente pagarle a 90 días y, en medio de una crisis, le exige que le pague al contado, no queda ni mucho menos claro cómo el dinero que cree que el banco central a través de la monetización de deuda pública terminará llegando a ese cliente concreto. Más bien, los nuevos medios de pago fluirán por otros circuitos: justamente hacia aquellos sectores que sean los receptores del nuevo gasto gubernamental financiado con la monetización de deuda. Si acaso, habrá algunos sectores de la economía que experimentarán un boom artificial de gasto, al tiempo que otros se marchitarán por la desconfianza que subsistirá entre ellos. Pero en la medida en que los sectores moribundos no puedan reconvertirse de inmediato en los sectores pujantes, la crisis subsistirá.

Segundo, aun cuando el nuevo dinero sustituyera exactamente las relaciones a crédito suspendidas, si existen desajustes reales de fondo en la economía, la creación de nuevos medios de pago no los solucionará. Por ejemplo, si una economía está adaptada a fabricar millones de viviendas anuales y las viviendas han perdido toda su demanda, es evidente que la crisis y la reconversión de la economía resultarán inevitables por mucho que se monetice deuda. Es más, la monetización de deuda y la estabilización de los medios de pago podría terminar ralentizando los imprescindibles ajustes.

Y, por último, podría aducirse que, si bien la creación de nuevos medios de pago no solventará la crisis de fondo, al menos si impedirá que se agrave mucho más (lo que suele llamarse “contracción secundaria”). No voy a discutir que si la magnitud de la crisis es escasa, una eventual monetización de deuda pública podría evitar un empeoramiento artificial –por cuanto es el Estado quien se come las pérdidas derivadas de unas pocas malas inversiones privadas–, pero recordemos que si la crisis es escasa, los propios bancos lograrán en la inmensa mayoría de los casos recuperar la confianza del público. Cuando, en cambio, la crisis es muy intensa y afecta no sólo a gran parte del sistema financiero, sino a todo el sistema económico (incluyendo a familias y empresas), es simplemente ilusorio pensar que la monetización de deuda pública pueda estabilizar la economía. Al contrario, el endeudamiento público necesario para ello será de tal magnitud que llegará a poner en jaque la propia solvencia del Estado y extenderá una desconfianza masiva por toda la economía (incluso sobre el dinero empleado en ese sistema económico). Más que poner fin a la crisis, la monetización tenderá a retrasar la recuperación y a dificultarla.

En realidad, la verdadera solución a una crisis derivada de una excesiva acumulación de deuda de mala calidad –y a la desconfianza que inevitablemente se geste en torno a ella– no es sustituir esa deuda basura por nueva deuda pública, sino incrementar el ahorro colectivo y conseguir un rápido ajuste de precios y costes. Lo primero es esencial para ir restableciendo la confianza (cuanto menos endeudado y más solvente sea un agente, más confiable será) y para reducir sus necesidades del crédito ajeno (autofinanciación); lo segundo, fundamental para corregir las distorsiones entre los distintos precios individuales en relación con un volumen de crédito malo que debe terminar desapareciendo. La monetización de deuda pública dirigida a estabilizar la cantidad de medios de pago, en la medida en que absorbe y dilapida el ahorro social y en la medida en que modifica arbitrariamente la estructura de precios relativos, no contribuye en nada a avanzar en la buena dirección: más bien lo contrario.

Son muchos quienes, imbuidos por el keynesianismo más elemental, claman que las recesiones económicas son un mal momento para reducir el déficit público. Desde luego, para algunos casi siempre es un mal momento para hacerlo –si decrecemos, porque decrecemos; si crecemos, porque crecemos demasiado poco; si crecemos mucho, porque ese acelerado crecimiento todavía no se ha consolidado, etc.–, pero otros, es verdad, ven razonable que se hagan esfuerzos de austeridad cuando las cosas van bien y que, en cambio, se congele la contención del déficit en cuanto vayan mal.

Mas, ¿por qué las reducciones del déficit público se consideran tan inapropiadas durante las recesiones? Bueno, el razonamiento de fondo es muy sencillo: “como la marcha de la economía depende del gasto, si el sector privado no gasta (recesión), tendrá que hacerlo el público”. Visto desde ese ángulo, si a la restricción de los desembolsos privados se le uniera una contracción de los dispendios públicos, lo que habría podido ser una recesión moderada podría degenerar en una depresión de caballo.

El error de partida en esta argumentación se encuentra en que la prosperidad económica no procede de gastar más, sino de producir más y mejores bienes para, merced a su intercambio, disfrutar de unas mayores posibilidades de gasto. Si nuestro crecimiento dependiera sólo del volumen del gasto y no de nuestra producción previa, las sociedades más pobres del planeta, donde por cuestiones de subsistencia se ven forzadas a gastar el 100% de su renta y donde su demanda potencial es muy superior a las occidentales, serían las que más rápidamente se desarrollarían. Si nuestro crecimiento dependiera sólo del volumen de gasto, el socialismo sería capaz de funcionar sin demasiadas dificultades: sólo necesitaría tirar el dinero allá donde fuese sin preocuparse de los resultados. Si nuestro crecimiento dependiera sólo del volumen de gasto, las burbujas y las expansiones artificiales del crédito nunca llegarían a su fin, pues los egresos extraordinarios constituirían la sólida base para realizar nuevos desembolsos extraordinarios. Si nuestro crecimiento dependiera sólo del volumen de gasto, sería imposible que los empresarios se equivocaran en sus inversiones: si para que las empresas acumulen beneficios sostenidamente sobra con que los ciudadanos no frenemos nuestros gastos, eso equivale a decir que los empresarios no pueden cometer ningún error de inversión o que éstos se solventan de manera automática.

Sin embargo, como es evidente que las sociedades pobres necesitan de algo más que gasto para desarrollarse, como el socialismo no funciona, como las burbujas y las exuberancias de endeudamiento llegan a su cruento final y como los empresarios sí pueden equivocarse y es habitual que lo hagan, habrá que concluir que no, que lo relevante no es el gasto total de la economía, sino la correcta, proporcionada y equilibrada interrelación de los distintos planes empresariales dirigidos a generar riqueza (de la cual nacen las rentas con las que podremos realizar correctos, proporcionados y equilibrados gastos a escala individual). En suma, que el gasto público, por el mero hecho de ser gasto o público, no nos vuelve más ricos, como tampoco lo hace cualquier alocado gasto privado por el hecho de ser gasto o privado.

Lo que sí nos vuelve más ricos es, como digo, esa red de planes de negocios adecuadamente orientada y adecuadamente financiada. Y, precisamente, una recesión es la etapa durante la que la estructura productiva de una economía trata de recomponerse: ya sea reorientando a las compañías existentes y remplazando a las menos eficientes por otras más competitivas o recapitalizando con más ahorro propio al tejido empresarial. El objetivo de la recesión no es sufrir por sufrir, sino purgar los errores que se han ido acumulando en el sistema y proceder a su reconversión. Producimos y adquirimos menos bienes y servicios (el PIB cae) simplemente porque el ajuste no es instantáneo –mucho menos si hay rigideces regulatorias que lo ralentizan o lo imposibilitan de facto– y porque la mejora de la solvencia de los agentes económicos necesita de un ahorro que supone no ya cambiar su composición, sino interrumpir en seco el gasto (si los bancos tienen que dotar provisiones para poder absorber sus pérdidas pasadas, ni podrán incrementar sus inversiones ni repartir dividendos entre sus accionistas).

Cuando uno se plantea la influencia de los déficits públicos durante las recesiones, por consiguiente, debería hacerlo desde esta doble perspectiva: ¿en qué contribuye un déficit público a acelerar, por un lado, la reconversión y, por otro, la recapitalización del tejido empresarial de una economía en crisis? Y la respuesta es que, por sí mismo, en nada. Dejando de lado las escasas inversiones públicas que puedan tener un retorno positivo en relación con los tipos de interés a los que se financian, el resto de gastos estatales sólo sirven o para financiar proyectos que no realizaría el sector privado por su nula rentabilidad o para transferir renta desde unos grupos a otros, socavando mientras tanto el ahorro conjunto de la sociedad.

En cuanto a lo primero, el Gobierno no tiene ni mucho menos la información necesaria para planificar cuáles deben ser las compañías concretas –y su particular organización interna– que deben desarrollarse para generar riqueza a lo largo de los próximos lustros. De hecho, en momentos de crisis es muy probable que ni siquiera los empresarios más exitosos, aquellos que están sometidos a una mayor presión por parte de los consumidores y de la competencia, sepan muy bien por dónde tirar incluso en aquellos sectores económicos que mejor entienden y conocen. ¿Cómo esperar que los políticos, quienes no están invirtiendo sus propios ahorros sino los de los ciudadanos y quienes tienen una visión muy superficial de toda la economía, vayan a poder saberlo? Sobredimensionar el sector público a costa de arrebatarles porciones crecientes de sus rentas (ya sea subiendo impuestos, no bajándolos tanto como sería posible o copando el capital en los mercados financieros) a quienes siguen generando riqueza –y, por tanto, a quienes disponen de una mejor información local sobre dónde y cómo conviene invertir– sólo retrasa el saneamiento del aparato productivo.

En cuanto a lo segundo, el déficit público se financia con el ahorro nacional o extranjero que habría podido ir a parar al sector privado, no ya en forma de créditos (pues en las épocas de crisis, el incentivo es a desapalancarse, no a endeudarse más) sino en forma de fondos propios: ahorro dirigido a amortizar deuda, a adquirir los activos que están liquidando otros empresarios, a participar en las ampliaciones de capital de las corporaciones o, directamente, a mejor la liquidez de la compañía para estar en posición de aprovechar las oportunidades de inversión tan pronto como aparezcan. La deuda pública, en tanto garantiza una rentabilidad ficticia a costa de la descapitalización del resto de la economía, es capaz de captar a corto plazo enormes cantidades de recursos que deberían haberse dedicado a otros menesteres mucho más provechosos en el largo plazo. Además, en la medida en que toda la deuda pública que se acumula en el presente se traducirá previsiblemente en unos mayores impuestos futuros –y a veces también presentes– el atractivo de inmovilizar tus ahorros en una economía cada vez más endeudada se ve notablemente reducido.

En definitiva, el gasto deficitario sólo consigue evitar, retrasar o teledirigir el ajuste empresarial y vaciarlo del capital necesario para financiarlo. Las recesiones no son momentos en los que haya que retrasar el ajuste del déficit público, sino épocas en las que hay que acelerarlo al máximo –tratando de discriminar en la medida de lo posible aquellos gastos absolutamente superfluos de aquellos otros que sí proporcionen un retorno positivo para la economía–. Es posible que ello genere una mayor contracción del PIB en el muy inmediato plazo, pero sólo pontificando el PIB como una medida exacta y precisa de nuestro bienestar presente y de nuestra sostenibilidad futura podemos caer en la trampa de pensar que eso es algo necesariamente negativo. A la postre, el PIB no es más que una medida de gasto agregado de una economía, y nada tiene menos mérito que estabilizar tu nivel de gasto endeudándote crecientemente con el banco para financiar ese gasto. La cuestión es, ¿tiene sentido que gastemos tanto en todo lo que hemos venido gastando y en lo que, en última instancia, nos ha abocado a la crisis actual? Parecería que no.

A menos que pensemos que los desembolsos estatales generan por sí mismos riqueza autofinanciable a largo plazo –cosa que no sucede en absoluto–, lejos de alarmarnos por que el PIB ahonde su retroceso tras una contención del déficit público deberíamos contemplarlo como un paso en la buena dirección: poner fin tan rápido como sea posible al incremento de nuestras deudas y de las distorsiones que éstas introducen en la economía real y en la financiera tendría que ser una prioridad de cualquier Gobierno responsable en tiempos de crisis.

Las crisis económicas suelen relacionarse con insuficiencias de demanda: si la gente no gasta, la economía no tira y todo se viene abajo. En realidad el problema es más complejo que ése, pues si una economía se había adaptado a unos niveles de gasto basados en unos volúmenes de crédito insostenibles, antes de que se pueda volver a gastar será necesario readaptar la estructura productiva a la nueva realidad (en caso contrario, lo que se demande no coincidirá con lo que pueda ofrecerse). Pero la percepción generalizada si es ésa: se gasta poco y su solución sólo puede provenir de gastar mucho más.

Una manera de aumentar los desembolsos totales de la economía es incrementar la demanda que procede del exterior: si dentro nos hemos vuelto suicidamente austeros, sólo nos quedará incentivar las compras de los extranjeros para así recolocar a los parados y poner a pleno rendimiento a las compañías en dificultades. Y la forma que suele reputarse más veloz para acicatear al gasto foráneo es depreciar o devaluar la moneda nacional: si los extranjeros pueden adquirir nuestra divisa mucho más barata, nuestros bienes y servicios les saldrán igualmente mucho más asequibles (más exportaciones); asimismo, a los ciudadanos nacionales pasarán a resultarles bastante más caros los bienes y servicios extranjeros, lo que estimulará su sustitución por productos locales (menos importaciones y más gasto interior).

Así pues, todo encaja: la manera más efectiva y rápida de superar las recesiones es devaluando o depreciando la divisa y darle un empujón a la industria exportadora. Se habla de devaluación cuando los tipos de cambio son fijos y de depreciación cuando son flexibles. En el primer caso, los tipos de cambio los fija el Gobierno, en el segundo el mercado, pero el Estado puede influir sobre ellos por diversas vías: por ejemplo, haciendo que el banco central monetice masivamente deuda pública. Pero, ¿realmente es así? ¿Acaso la depreciación del dinero es tan efectiva contra las crisis como se suele decir?

Antes que nada es imprescindible entender que el volumen de comercio internacional no está dado y que por tanto no tenemos que pelearnos unos con otros para poder incrementar nuestra producción y nuestras ventas. El problema al que se enfrentan las diferentes economías no es el de que todas ellas puedan sobreproducir demasiados bienes y servicios y, por tanto, parte de los mismos puedan quedarse sin vender; éste es un arraigado prejuicio mercantilista que el sueco Eli Heckscher acertadamente bautizó como el “miedo a las mercancías”. En realidad, las mercancías se pagan, en última instancia, con otras mercancías, de modo que cuanto más produzcan los chinos, mayor será su poder adquisitivo y mayor podrá ser su demanda de los productos españoles, estadounidenses o japoneses. De hecho, como ya supo ver David Ricardo, cada individuo y sociedad se especializará en aquello para lo que tenga una “ventaja comparativa” sobre el resto (en aquello en lo que sea relativamente menos ineficiente). Desde el s. XIX a acá digamos que el volumen del comercio internacional ha crecido ligeramente.

Cuestión muy distinta, claro está, es que los chinos sí fabriquen los bienes que deseamos los españoles y los españoles no fabriquemos los bienes que desean los chinos (en realidad, que no fabriquemos los suficientes bienes que los chinos desean como para pagar íntegramente las mercancías que éstos nos venden): en ese caso no nos comprarán parte de nuestra producción interna y tendremos que comérnosla con patatas hasta que nos reajustemos y les ofertemos algo que sí les agrade. Mas fijémonos en que esto no es distinto a lo que le sucede a cualquier agente económico dentro de las fronteras de su país: nadie negará que existen muchísimas más oportunidades de negocio en una sociedad rica (donde todos producen mucho) que en una sociedad pobre (donde nadie produce casi nada), pero ello no significa que cualquier plan de negocios vaya a triunfar en una sociedad rica: los empresarios deben adaptarse a las necesidades de los consumidores para lograr colocar sus mercancías a precios remunerativos.

Pues bien, la depreciación de la divisa es un mecanismo para puentear esta división internacional del trabajo. Su propósito es evitar que los concretos empresarios nacionales que no satisfagan las necesidades de los potenciales clientes foráneos deban reelaborar sus planes de negocio para sufragar los bienes y servicios extranjeros que directa o indirectamente importan. ¿Y cómo lo consigue? Pues abaratando todas las mercancías y todos los activos del país en términos de las diferentes divisas extranjeras.

De este modo, los de fuera tenderán a comprarnos más de todo y los consumidores locales tenderán a adquirir menos cosas en el extranjero y más dentro de nuestras fronteras. A saber, no se trata tanto de que las industrias nacionales que no eran competitivas pasen a serlo gracias al abaratamiento de la divisa, cuanto de que su insuficiencia de exportaciones (derivada de su ineficiencia e incapacidad para satisfacer los deseos de los extranjeros) se vea compensada con un exceso exportador o una merma importadora del resto de agentes.

Hasta aquí la depreciación podría parecer un mecanismo chapucero pero sin demasiadas contraindicaciones. Vamos a demostrar que no es así. Empecemos colocándonos en el mejor de los supuestos: la depreciación funciona y consigue relanzar la economía y el empleo. ¿Ahí termina todo? No, al menos hay dos grupos claramente perjudicados.

Por un lado nos encontramos con los ciudadanos nacionales que adquirían mercancías o activos del extranjero y que, tras la depreciación, han visto encarecer notablemente sus compras; especialmente sangrante será el caso de empresarios que adquirieran factores productivos en el exterior para procesarlos y enajenar la manufactura en el mercado nacional: sus costes en divisa nacional se dispararán con la depreciación e incluso podrían quebrar. En todo caso, el conjunto de los ciudadanos que realizan compras al exterior se verán forzados a reorientar sus gastos hacia activos locales menos rentables o hacia productos internos de peor calidad (o más caros) de lo que lo eran los extranjeros antes de la depreciación; máxime cuando, tras el envilecimiento de la divisa, los productores locales se sientan menos presionados por la competencia extranjera y puedan cargar precios todavía mayores a sus cautivos clientes internos. En suma, el bienestar de muchos que lo estaban haciendo bien es sacrificado en el altar de unos pocos incompetentes que lo estaban haciendo mal: se empobrece al conjunto de la población respecto al extranjero con tal de que unos pocos –las industrias menos competitivas– no se empobrezcan tanto como debieran.

Acaso ésta pueda parecernos una molestia menor frente a la mayor lacra del desempleo, pero si lo llevamos al extremo comprobaremos que todo es una cuestión de grados: una depreciación del 5% puede ser llevadera, pero una del 80% sería devastadora. Al cabo, tengamos presente que una depreciación del 100% implicaría una prohibición de facto de comprar al extranjero, o dicho de otro modo, la población local se convertiría en esclava de la foránea: les venderíamos toda nuestra producción interna gratis y no podríamos adquirir nada del exterior.

Por otro lado, las industrias extranjeras también resultan damnificadas por la depreciación de la divisa local. De la noche a la mañana, pese a su superior competitividad, comenzarán a perder mercados –tanto locales como exteriores– y a medio plazo deberán atravesar un duro proceso de reajuste (ése mismo que no quisieron experimentar algunos empresarios nacionales). En otras palabras, en lugar de incrementar la producción global para que todos los ciudadanos y todas las sociedades puedan dar salida a todas sus mercancías, la depreciación redistribuye hacia el extranjero los problemas productivos nacionales: como el gasto total está limitado por una menor producción total, el objetivo en endosarles esas deficiencias a las industrias foráneas.

Probablemente muchos, imbuidos por un cierto nacionalismo monetario, consideren que los españoles debemos preocuparnos sólo por las empresas de España y que si con la depreciación perjudicamos a las alemanas o chinas al tiempo que beneficiamos a las nuestras, tanto peor para ellas. No voy a entrar a rebatir el fondo de esta tesis cuya conclusión lógica sería la autarquía, tan sólo tengamos presente que el resto de países no se quedarán probablemente de brazos cruzados ante nuestro dumping monetario: siempre tienen la opción de depreciar adicionalmente sus divisas o de incrementar sus aranceles contra nuestros productos. El riesgo, pues, es el de desatar una guerra comercial que a todos perjudica y a nadie beneficia, pues nos conduce a la disolución de la división internacional del trabajo y del comercio global, con todos los enormes perjuicios (incluso para la paz) que ello implica.

Llegados a este punto, es momento de abandonar una de las hipótesis críticas que hemos mantenido hasta ahora: que la depreciación consigue impulsar la recuperación. Entiéndaseme: no niego que sea posible depreciar la divisa hasta un nivel en el que, efectivamente, se logre el pleno empleo; digo, más bien, que no toda depreciación será suficiente para conseguirlo y que, en ocasiones, los niveles necesarios para alcanzarlo pueden resultar demasiado gravosos para la población. ¿Y por qué no toda depreciación nos acerca al objetivo del pleno empleo?

El éxito de toda depreciación depende de la sensibilidad de las exportaciones y de las importaciones de un país a sus tipos de cambio: si reducciones moderadas del tipo de cambio no consiguen incrementar de manera sustancial las exportaciones o que los ciudadanos nacionales sustituyan importaciones por productos locales, la depreciación fracasará en su empeño estimulante. De hecho, las depreciaciones podrían incluso incrementar el desempleo y el desequilibrio exterior. Por ejemplo, si un país carece de petróleo y de sustitutivos al petróleo, una depreciación del 5% no llevará a que compremos menos oro negro, sino, simplemente, a que lo paguemos más caro. Y si, para mayor desgracia, esa depreciación del 5% no consigue impulsar decisivamente las exportaciones (¿usted compraría cualquier producto que le fuera rebajado un 5%?) o hace encarecer el precio de las mercancías exportadas alrededor de un 5% (por el mayor coste del petróleo), ¿cuál será el resultado neto de envilecer nuestra moneda? Mayor déficit exterior y menor producción interna. Así, entre 1992 y 1995 (dos veces en 1992, una en 1993 y otra en 1995) la peseta se devaluó cerca de un 30% con respecto al marco alemán, y el paro no bajó del 20% alcanzado en 1992 hasta seis años después.

En conclusión, nadie nos asegura que con una depreciación moderada consigamos solventar los problemas de una economía en crisis; de hecho, es posible que incluso los agravemos, por cuanto alteramos los costes de todas aquellas empresas que se abastecen del extranjero y que, en todo caso, deberán proceder a algún tipo de reorganización interna. Por el contrario, una devaluación extrema es muy probable que, en cualquier caso, sí consiga aproximarnos al pleno empleo, pero a un coste gravosísimo para la población. Y, en todo caso, nadie puede asegurar que esa recuperación sea duradera en el tiempo: en una economía dinámica y cambiante, más pronto o más tarde se modificarán los patrones de producción o de gasto, volviendo a colocar en la picota a la economía que no ha resuelto sus verdaderos problemas económicos –sus rigideces internas para competir sin devaluar en un mercado global–.

Pero, por si todo lo anterior fuera poco, juguetear con los tipos de cambio y generar expectativas de que van a depreciarse puede tener, asimismo, efectos caóticos y amplificados sobre el mismo (el famoso overshooting). Si se espera que la divisa vaya a seguir depreciándose en el futuro, los inversores nacionales tratarán de sacar sus capitales del país y los ahorradores extranjeros los mantendrán fuera del mismo hasta que desaparezcan las expectativas de ulterior depreciación; al tiempo, los importadores adelantarán sus compras o serán instados por sus vendedores extranjeros a acelerar sus pagos (pues ningún extranjero quiere poseer derechos de cobro en una divisa que se va a depreciar) y los exportadores querrán retrasar sus ventas, sus cobros o la conversión de la divisa extranjera percibida cuanto sea posible. Todo lo cual contribuye a ejercer todavía más presión sobre el tipo de cambio (mucha demanda de divisa extranjera contra divisa nacional y poca oferta) y a ahuyentar los capitales que presuntamente debían tirar de la inversión y del consumo interno para acabar con el desempleo.

Con tipos de cambio flexibles sucede, además, que esas expectativas de depreciación pueden ser autocumplidas: como la especulación contra la divisa puede alcanzar volúmenes prácticamente ilimitados –ya que el banco central se desentiende de defender su paridad–, en parte es la simple expectativa de depreciación lo que la puede llevar a caer mediante la especulación. Muchos economistas, como Milton Friedman, creen que los especuladores en el mercado de divisas se abstendrán de apostar por la depreciación en cuanto se alcance un tipo de cambio de equilibrio que iguale las importaciones y las exportaciones de un país; pero tengamos presente que la balanza comercial es sólo una parte diminuta de todos los movimientos internacionales de divisas y que obtener el equilibrio en esa rúbrica no garantiza ni mucho menos un equilibrio en todos los demás mercados donde se compran y venden divisas (mercados monetarios y de capitales). Por eso, no existe un solo equilibrio estable en los tipos de cambio del papel moneda, y la especulación desestabilizadora no supone la excepción extravagante del mismo sino su característica más fundamental y definitoria.

En definitiva, aunque en ocasiones la depreciación de la divisa pueda funcionar empobreciendo moderadamente al conjunto de la población, en muchas otras generará inestabilidades en los tipos de cambio que distorsionarán los cálculos empresariales a largo plazo, será insuficiente e incluso contraproducente para alcanzar el pleno empleo y cuando, por el contrario, alcance una dimensión tal que permita reducir de manera muy significativa el paro, los efectos serán demasiado gravosos para los consumidores y ahorradores nacionales así como para las industrias extranjeras. Monetizar deuda pública con tal de buscar la depreciación de la divisa es una doble irresponsabilidad: primero porque sustenta el despilfarro público, y segundo porque sirve para anestesiar las verdaderas reformas que sí permitirían mejorar la competitividad de un país dentro de la división internacional del trabajo. Una chapuza en toda regla con muchísimos más contras que pros.

El pensamiento inflacionista ha tenido desde hace siglos una fuerte raigambre en Occidente; a las subidas generalizadas de precios y al incremento en la cantidad de dinero se les han atribuido todo tipo de bondades sobre el desarrollo económico que han servido de justificación a los gobernantes para envilecer la moneda y obtener financiación barata. La monetización de deuda pública constituye uno de los últimos refinamientos de este proceso: el Estado obtiene financiación artificialmente barata a riesgo de generar inflación, pero, según se nos dice, esa inflación es justo lo que necesitamos para sanear e impulsar una economía en recesión. ¿Pero acaso es cierto? ¿Qué ventajas tiene la inflación sobre la actividad productiva?

Lo más intuitivo es que la inflación incrementa los precios de venta de los distintos bienes y servicios, y a mayores precios, mayores beneficios, y a mayores beneficios, mayor producción y empleo. Sin embargo, lo que realmente mueve los beneficios empresariales no son los precios finales de venta, sino los márgenes entre los precios y los costes. Si la inflación incrementa ambas variables, las ganancias no aumentarán, y tampoco lo hará la producción y el empleo.

Podría pensarse que, en tal caso, lo único que hace falta para garantizar el éxito de una política inflacionista es establecer un control generalizado sobre los costes de producción, impidiendo que suban o, al menos, que suban demasiado. Pero semejante control de costes es problemático por dos razones. Primero, porque gran parte de los costes de unos empresarios no son otra cosa que los precios de venta de otros empresarios (por ejemplo, el precio de venta de gasolina es el coste de los transportistas): ¿cómo promover una subida general de los precios sin que a su vez aumentan parte significativa de los costes? Y segundo, porque controlar los costes en general impide que los precios realicen su función fundamental: revelar las escaseces relativas de los distintos bienes y factores productivos (¿qué productos debemos economizar y cuáles debemos usar de manera más intensiva?).

Al fin y al cabo, si de lo que se trata es de que los precios de venta se incrementen en relación con los costes de producción (para aumentar el margen de ganancias), ¿acaso no puede alcanzarse el mismo resultado rebajando los costes de producción con respecto a los precios de venta? Es decir, ¿no puede acaso lograrse con una rebaja de costes lo mismo que con una inflación de precios? Pues obviamente sí, pero con una importante ventaja con respecto a la inflación: las rebajas de costes se concentran allí donde unos determinados factores han dejado de generar valor, señalando que parte de esos factores deben recolocarse en otras partes de la economía; por el contrario, los incrementos de precios derivados de una política inflacionista acaecen en primer lugar allí donde el Gobierno decide arbitrariamente aumentar su contraproducente gasto público (y, más adelante, se van extendiendo poco a poco por toda la economía), apuntalando los factores en líneas productivas que deberían abandonar.

Imaginemos, verbigracia, que los salarios –y otros costes– en el sector de la construcción deben reducirse de manera muy significativa con respecto a sus precios de venta. ¿Tendría sentido que, para evitar ese ajuste, el Gobierno monetizara deuda en el banco central y utilizara el nuevo dinero para comprar viviendas a precios inflados, de manera que, más tarde, los precios del resto de la economía fueran incrementándose conforme los promotores inmobiliarios gastaran el nuevo dinero recién recibido del Gobierno? Lo único que lograríamos así sería una redistribución arbitraria de la renta: los promotores inmobiliarios cosecharían unas ganancias extraordinarias no justificadas por el valor de su producción y los factores productivos vinculados a la construcción no perderían tanto poder adquisitivo por la inflación como el que deberían haber perdido por la rebaja nominal de sus remuneraciones (ni tampoco habría razones para recolocarlos en otros planes de negocio). En otras palabras, el resto de factores productivos no vinculados a la construcción perderán más poder adquisitivo como consecuencia de la inflación del que habrían perdido en su ausencia (pues en su caso no era necesario ajustar a la baja sus remuneraciones) para que aquellos que han dejado de generarlo en la construcción no lo pierdan tanto y no necesiten recolocarse.

En la práctica, empero, los problemas no se circunscriben a arbitrarias redistribuciones de la renta: si la necesidad de reajuste de precios relativos es muy amplia –como sucede, por ejemplo, durante las crisis económicas–, es imposible que alguien (incluido el Gobierno) conozca todos los reajustes entre precios y costes que necesita una economía (entre otras cosas, porque la necesidad de muchos cambios se va descubriendo conforme se van modificando algunos precios). Con lo cual, ¿de qué estamos hablando en verdad? Pues de que el Gobierno monetice masivamente deuda pública para despilfarrar los recursos en boberías, provocando con ello un alza general pero desigual y casi aleatoria entre los diferentes precios y costes que ni mucho menos tiene por qué asegurar un alza sostenida en la producción y el empleo (apuntalando o incluso expandiendo modelos de negocio ineficientes). Es más, en la medida en que existan recursos especialmente escasos –por ejemplo, materias primas–, la política inflacionista sólo contribuirá a provocar alzas sobreproporcionales en sus precios, estrangulando de este modo incluso a los proyectos empresariales que eran rentables antes de desatar la misma.

Pese a ello, las reducciones de precios suelen tener bastante mala prensa. ¿Y por qué? Pues porque, por un lado, suele decirse que la deflación mina la confianza empresarial y, por otro, que también asfixia la situación financiera de los deudores.

En cuanto a lo primero, si los precios (y los costes) caen, se piensa que se extenderá la expectativa de que seguirán haciéndolo en el futuro, de modo que consumidores y empresarios pospondrán sus decisiones de consumir e invertir. Pero lo que en realidad da lugar a esas expectativas no es que los precios y costes caigan, sino que no hayan caído lo suficiente. Si consumidores y empresarios saben que el ajuste no ha concluido, pospondrán sus decisiones de compra e inversión hasta que lo haya hecho. El problema, claro, es que la magnitud de ese ajuste puede ir agravándose con el paso del tiempo: si precios y costes se reducen de manera parsimoniosa y exigua, la actividad seguirá marchitándose (más desempleados, quiebras empresariales, impagos crediticios…) en lugar de relanzarse, de modo que cada vez se hará necesaria una mayor reducción de precios y costes. Pero eso sólo significa que las críticas no deberían dirigirse contra la deflación en general, sino contra la insuficiente deflación (es decir, contra todos los obstáculos gubernamentales a que los precios y las estructuras productivas se ajusten lo más rápidamente posible).

Por lo que se refiere a lo segundo, es verdad que las minoraciones de precios (y rentas) agravan la situación de muchos deudores que pueden verse forzados así a impagar sus obligaciones; y también es verdad que los aumentos de precios (y de rentas) mejoran la situación de los deudores. Pero no olvidemos que, por los mismos motivos, la inflación también deteriora la posición patrimonial de los acreedores de un modo similar a un impago de las deudas: si uno tiene derecho a cobrar 1.000 um igual le da recibir sólo 500 um que 1.000 um cuyo poder adquisitivo se haya depreciado a la mitad. Eso sí, también aquí existe una importante diferencia: el acreedor que sufre una quita la padece por equivocarse y no haber prestado su dinero de manera prudente; el acreedor que ve erosionado su poder adquisitivo por la inflación lo sufre aunque su deudor sea perfectamente solvente y, por tanto, aunque su comportamiento haya sido diligente.

¿Por qué es preferible entonces beneficiar al deudor que al acreedor? Puede pensarse que, como casi todos somos deudores, la inflación es preferible. Mas, en realidad, lo que sí somos casi todos es acreedores del sistema bancario (las cuentas corrientes son créditos de la ciudadanía contra los bancos). De hecho, la única razón para preferir la inflación a la deflación en materia de deudas es para evitar una quiebra generalizada del sistema bancario –junto con el Gobierno, el mayor deudor de una sociedad– que, al contraer los medios de pago, provocaría un círculo de deflación-endeudamiento. Pero semejante objetivo puede alcanzarse igualmente convirtiendo parte de los pasivos de la banca en fondos propios.

En definitiva, la inflación no sólo no es necesaria para lograr la recuperación, sino que incluso puede ser muy contraproducente: envía señales distorsionadas a los agentes económicos, castiga a los empresarios y ahorradores que han acertado, retrasa los reajustes de la estructura productiva y agrava las carestías relativas de recursos. Si algunos siguen asociando erróneamente la inflación con la prosperidad sólo es porque las economías suelen crecer de manera artificial e insostenible (boom económico burbujil) cuando el crédito de la banca al sector privado aumenta con fuerza, y cuando ello sucede los precios también tienden a subir. Pero la monetización de deuda pública, que también provoca inflación, ni siquiera estimula la economía de manera apreciable. Difícilmente, pues, puede encontrar justificación.

Frecuentemente oímos que el gasto público es esencial para impulsar el crecimiento económico, sobre todo en época de recesión. Si el sector privado no tira del carro, es decir, si el sector privado no gasta al mismo ritmo al que lo hacía antes, será menester que el Estado ocupe su lugar. Y si no lo hace, si es tan imprudente como para constreñir sus desembolsos, entonces probablemente nuestra renta se contraiga de manera extraordinaria: consumismo estatal bueno, austeridad pública mala.

De hecho, una de las frecuentes justificaciones para la monetización de deuda es ésta: si nadie extiende crédito a los países al borde de la insolvencia, no cabe pensar que la solución pase, como en cualquier empresa o familia, por recuperar la solvencia reduciendo el déficit y el endeudamiento total, pues semejante política de austeridad extraordinaria hundiría el sistema económico; al contrario, la monetización de deuda se impone como una necesidad para permitir retrasar tanto como sea posible el ajuste del sector público. Pero, ¿es así? ¿Realmente es tan salvífico el gasto público descontrolado? Y si no lo es, ¿qué efectos tiene sobre el sistema económico?

De entrada es menester recordar qué cabe entender por creación de riqueza. Un individuo, una empresa o un gobierno generan riqueza cuando producen los bienes y servicios que en cada momento del tiempo son más urgentemente demandados por los consumidores. Ya explicamos en otras ocasiones que los precios de mercado son el principal indicio que sugiere la existencia de beneficios potenciales a explotar y que la consecución de esos beneficios es la primera línea de flotación a superar. ¿La segunda? Que esos beneficios sean lo suficientemente cuantiosos como para compensar el tiempo que ha costado obtenerlos: es decir, los beneficios han de bastar para remunerar a los rentistas (que no, que no son vampiros) por diferir su consumo y asumir riesgos.

En jerga financiera suele decirse que una inversión genera valor añadido para los consumidores si su rentabilidad (la relación entre los beneficios y el capital invertido) es mayor que el coste del capital utilizado (generalmente medido a través del tipo de interés). Si esa regla básica de las finanzas se cumple, podemos concluir que el sistema económico está creando en cada instante bienes y servicios más valiosos que cualesquiera otros conocidos que hubiesen podido fabricarse con esos mismos recursos; todas las partes en liza salen ganando –consumidores, capitalistas, trabajadores, proveedores, terratenientes…– y viven felices y comen perdices.

Si, en cambio, esa regla básica se incumple en algunas partes de la economía, es que algunas empresas, familias o gobiernos se están equivocando: los costes de oportunidad de los factores que emplean (incluyendo el tipo de interés, es decir, el coste del tiempo) superan la utilidad de los productos que fabrican; o dicho de otro modo, esos factores poseen un valor mayor en otras partes de la economía.

¿Cumple el gasto público con esta regla fundamental de las finanzas? En muchos casos no. Primero porque muchas inversiones públicas no poseen una rentabilidad monetaria explícita (¿cuáles son los beneficios monetarios de un hospital, una escuela o una carretera?) y, segundo, porque la deuda pública es un fraude que falsea el auténtico coste de capital de las inversiones estatales. Si no conocemos ni la rentabilidad ni el coste del capital de las inversiones estatales, debería ser evidente que no podemos conocer si generan o no riqueza: el Estado está ciego a la hora de distribuir el capital. Ahora bien, que esté ciego no significa, cuidado, que nunca contribuya a generar riqueza. Creo que es bastante evidente que si el Estado monopoliza ciertos servicios esenciales para la comunidad, empezar a invertir en ellos engendrará más valor del que habría generado en otras partes de la economía. No se trata de un análisis detallado, sino de brocha gorda, de brocha muy gorda, y que por consiguiente no puede extenderse para el conjunto de las relaciones económicas (por eso el socialismo fracasa siempre). Es el sector privado el único que puede determinar qué proyectos crean valor y cuáles lo destruyen al efectuar cálculos de rentabilidad y disponer de un coste del capital fidedigno.

Mas, ¿qué sucede en una depresión? Pues que el sector privado, el encargado de llevar la batuta de la inversión, deja de invertir en masa. ¿Y por qué? Podríamos resumirlo en dos motivos: o porque no sabe dónde o porque no puede invertir. El “no saber” se refiere a problemas de información: los empresarios no han descubierto hasta el momento nuevos planes de negocio que generen valor y, mientras, se quedan quietos y expectantes; el “no poder” suele estar ligado a una insuficiencia de capital para implementar las buenas ideas: los agentes están tan endeudados y disponen de tan poco ahorro propio, que no son capaces de implementar todos los planes de negocio que les gustaría. ¿Puede el Estado aportar una solución a estos dos problemas?

Al primero es evidente que no. Si en circunstancias normales el Estado tiene enormes deficiencias de información frente al sector privado, en circunstancias excepcionales esas deficiencias sólo se agravan. Si nadie sabe dónde invertir porque la incertidumbre con respecto al futuro es altísima, mucho menos lo sabrán unos políticos que ni siquiera disponen de una rentabilidad estimada de las inversiones ni tampoco conocen cuál es el coste de oportunidad real del capital que están empleando.

En cuanto al segundo problema, en apariencia el gasto público sí puede aportar una solución… pero sólo en apariencia. El razonamiento es simple: como el sector privado no es capaz de endeudarse para invertir en proyectos rentables, que lo haga el sector público en su lugar; al cabo, el Estado tiene un mayor músculo financiero para captar capital incluso en momentos de penuria. Sin embargo, recordemos que si el sector privado no puede endeudarse es porque ya acumula un exceso de deuda con respecto a la riqueza que es capaz de crear para amortizarla (situación de insolvencia o cercana a la insolvencia). ¿Y con qué amortiza el Estado su deuda? Pues con los impuestos futuros del sector privado: más deuda pública equivale a una mayor deuda privada de carácter fiscal. O dicho de otro modo, el endeudamiento público agrava las dificultades para captar capital del sector privado: y lo hace no ya por el famoso efecto crowding-out, sino por aumentar el apalancamiento real (y deteriorar aun más la solvencia) del sector privado: menor margen para endeudarse y, sobre todo, para ahorrar y amortizar deuda.

El efecto neto de esta política es claramente calamitoso: el sector público dilapida el escaso capital que consigue captar y ahoga todavía más la financiación del sector privado, el único eventualmente capaz de tejer planes de negocio generadores de riqueza. Todo lo cual acontece aun cuando el Estado utilice las resultas de sus emisiones de deuda para prestarlas o distribuirlas entre el sector privado: primero porque lo que necesita gran parte del sector privado es reducir su endeudamiento, no incrementarlo todavía más; y segundo, porque si el Estado no sabe escoger qué proyectos empresariales son los óptimos, tampoco sabrá seleccionar a aquellas personas con las mejores propuestas de proyectos empresariales.

Así las cosas, si la depresión se prolonga durante mucho tiempo y el Estado continúa endeudándose sin ser capaz de generar la suficiente riqueza como para amortizar la deuda pública emitida, su propia solvencia terminará deteriorándose, lo cual se traducirá o bien en una brutal contracción del crédito (si repudia su deuda) o en una brutal depreciación de la moneda (si continúa monetizando su deuda).

En cualquier caso, debería quedar claro que gastar por gastar no genera riqueza. Si el asunto fuera tan sencillo, nunca sufriríamos una crisis económica, porque el extraordinario gasto privado de la época del boom se realimentaría sin fin. Lo que sucede, en cambio, es que sí existen buenas y malas formas de gastar y de invertir los recursos, y el Estado, sobre todo cuando pretende gastar a gran escala (cerca del 50% del PIB de un país), no es capaz de distinguir entre ellas.

Los economistas keynesianos reconocen implícitamente este punto, motivo por el cual todos ellos terminan defendiendo gastos disparatados como guerras, invasiones extraterrestres ficticias, construcción de pirámides o terremotos y otros desastres naturales. En palabras de Keynes: “El endeudamiento para efectuar gastos ruinosos puede enriquecer a la comunidad”. Conscientes de que los proyectos generadores de riqueza que puede emprender el sector público son muy escasos –pues o son extremadamente evidentes o es incapaz de localizarlos–, optan por defender lo indefendible: gastar por gastar; proposición idéntica a producir por producir, sea esta producción útil o no lo sea.

El Estado moderno, con su enorme tamaño y competencias, no puede generar riqueza adicional en prácticamente ningún área. Es del todo ilusorio pensar que brutales incrementos del gasto público pueden sacarnos de la crisis, pues lo que se consigue con ello sólo es dilapidar todavía más capital y agravar la situación del sector privado. Al contrario, lo que el Estado hipertrofiado moderno debería hacer durante las crisis es reducir la magnitud de su despilfarro de recursos: adelgazar y cuadrar las cuentas, minimizando los recortes en aquellos sectores que sí contribuyan a crear riqueza; el único problema es que, como decíamos, este último es un cálculo absolutamente de brocha gorda, pues el Estado no cuenta con ninguna referencia de rentabilidad salvo la muy falible intuición personal de sus gestores (la solución óptima, pues, sería abrir al mercado las actividades que monopoliza el Estado, para que empresarios en competencia puedan hacer cálculos acerca de qué negocios o partes de negocios son rentables y cuáles no).

Es cierto que el efecto inmediato de una reducción del gasto público –incluso de aquel que dilapida riqueza– puede ser una contracción de la actividad de algunas partes del sector privado que se relacionaban estrechamente con ese gasto público; por ejemplo, las compañías volcadas en la obra pública o aquellas empresas que subsisten merced a las subvenciones. Pero lo mismo sucedía con las industrias proveedoras de la construcción cuando a partir de 2007 se redujo el gasto privado en la adquisición de viviendas: si una actividad pública o privada debe terminar porque dilapida más riqueza de la que contribuye a generar, obviamente también deben hacerlo todas las industrias adyacentes que giran en torno suyo y que no pueden reorientarse hacia otros sectores productivos. Más que una contracción de lo sano eso significa una deshinchazón de lo insano.

En definitiva, incrementar el gasto público o retrasar su reducción no son en absoluto argumentos para defender la monetización masiva de deuda pública, sino más bien todo lo contrario: razones muy poderosas para rechazarla. Cuanto más sostenemos artificialmente el dañino y pauperizador endeudamiento público, más cebamos nuestra deuda y más capital dilapidamos.

“Monetizar deuda” se ha convertido en una expresión en boca de todos, pero me atrevería a decir que no son demasiados quienes entienden el exacto proceso que tiene lugar en esta operación. Algunos lo asocian a la imprenta, otros a un mero trueque contable sin demasiada trascendencia. Pero ¿qué es exactamente y qué efectos provoca sobre la economía?

La monetización consiste simplemente en que el banco central le presta dinero al Gobierno, ya sea de manera directa o indirecta. Se lo presta directamente cuando los fondos del banco central van a parar directamente al Gobierno (cuando compra la deuda pública en el mercado primario) y lo hace indirectamente cuando el crédito del banco central lo recibe un agente privado que previamente le había prestado dinero al Gobierno (cuando compra deuda pública en el mercado secundario). En este sentido, el soporte en que el instituto emisor le presta los fondos al Estado no es demasiado relevante: el banco central puede imprimir nuevos billetitos y comprar con ellos los títulos de deuda pública o puede simplemente reconocer un depósito en favor del Gobierno o del agente privado a quien le ha comprado la deuda pública (como cuando le pedimos una hipoteca a cualquier banco).

Tradicionalmente la monetización era una vía por la que el banco central le adelantaba al Gobierno la recaudación tributaria del año en curso: si el Estado esperaba recaudar 1.000 um al cabo de un año, el banco central podía imprimir 950 um y comprar una letra del Tesoro a un año. Es verdad que la cantidad de dinero en circulación aumentaba, pero no lo hacía de un modo demasiado distinto a cuando un banco privado le concede un crédito a cualquier particular. Y, además, al cabo de doce meses el Gobierno amortizaba la letra del Tesoro entregándole al banco central las 950 um que había imprimido (más 50 um por intereses) y que por lo general debía proceder a destruir. En la actualidad, empero, la monetización directa está prohibida en todos los países serios y la indirecta se efectúa no mediante la impresión de billetes, sino reconociéndole un depósito a aquel agente privado (normalmente bancos) cuyos títulos de deuda pública han sido adquiridos.

En suma, la monetización es un préstamo del banco central al Gobierno –el acreedor del Gobierno es el banco central– mediante la creación de nuevos billetes o de nuevos depósitos. La cuestión, claro, es que la capacidad para prestar de los bancos centrales viene limitada por los mismos factores que limitan la capacidad para prestar de los bancos privados: en concreto, por el crédito que reciben de sus respectivos acreedores.

¿Acaso cambian las cosas con respecto al banco central? Si los billetes o depósitos del banco central son convertibles en oro, parece claro que no: un banco central puede monetizar deuda pública en exceso y luego ser incapaz de pagar en oro todos los billetes o depósitos cuyo cobro le exijan sus acreedores. Sin embargo, las cosas parecen distintas cuando los pasivos del banco central ya no son convertibles en nada, esto es, cuando vivimos sometidos a un patrón papel moneda.

En tal situación, uno estaría tentado a concluir que los acreedores del banco central ya no pintamos nada a la hora de determinar el volumen de crédito que éste puede extender (en especial, al Gobierno). Pero no, todavía poseemos una enorme influencia: todos y cada uno de nosotros decidimos diariamente si conservar nuestros euros o si, en cambio, los intercambiamos por otras cosas (incluyendo otras divisas). Si el banco central extiende mucho crédito y de manera muy imprudente, puede suceder que gran parte de sus acreedores dejen de confiar en la calidad de los pasivos del banco central y los vendan a un importante descuento: eso es justamente la inflación que si tiene lugar en el mercado de divisas se conoce como depreciación del tipo de cambio. Si el banco central continúa en ese caso prestándole al Gobierno, al final su divisa poseerá un valor despreciable y no servirá para adquirir nada dentro del país (pues los precios se habrán incrementado extraordinariamente) ni fuera de él (pues el tipo de cambio se habrá depreciado en extremo). Es justo lo que sucede durante las hiperinflaciones.

Esta circunstancia, la actitud de los tenedores de divisa ante la monetización de deuda pública, es decisiva para entender sus dispares efectos. ¿Es nociva la monetización cuando se realiza con la deuda de un Estado solvente? Pues lo es en la misma medida en que lo sería si el crédito lo extendiera un banco privado (esto es, por endeudarse a corto plazo para invertir a largo plazo), pero sus efectos no tienen por qué ser traumáticos, en especial a corto plazo (a medio probablemente generen una crisis económica).

Ahora bien, ¿qué sucede con estas operaciones cuando se dirigen a financiar a Estados que los ahorradores privados perciben como insolventes? Aquí la cosa ya cambia, pues es muy probable que buena parte de los tenedores de papel moneda decidan desprenderse de él a descuentos significativos: a la postre, si una persona no se fía lo suficiente de un Estado como para no comprarle su deuda cuando le ofrece, verbigracia, un tipo de interés anual del 10%, ¿por qué motivo sí querría mantener su exposición a los pasivos de un banco central que concentra sus inversiones en esos poco fiables títulos de deuda pública y que proporcionan unos tipos de interés del 0%?

No parece que haya motivos demasiado fundamentados: si no quiero mantener directamente deuda pública a cambio del 10% de intereses, tampoco querré mantenerla indirectamente a cambio del 0% de intereses. ¿Por qué iba alguien a atesorar el papel moneda de una economía estancada y cuyo gobierno sólo puede sufragar la mayor parte de sus gastos incrementando la cantidad de ese papel moneda y diluyendo cada vez más su valor? Lo lógico parece más bienque parte de los acreedores del banco central (de los tenedores de dinero fiduciario) procedan a desprenderse con un importante descuento de su papel moneda, generalmente a cambio de divisa extranjera (fugas de capitales). De hecho, en contra de lo que parecen pensar algunos, los Estados que conservan una política monetaria nacional y que monetizan sin pudor sus emisiones de deuda pública no están inmunizados contra ‘los mercados’: lo que cambia es que en esos países los malos de la película ya no son los especuladores de deuda sino los especuladores de divisa.

O dicho de otra manera, dado que no existen perspectivas de que esa economía genere los suficientes bienes y servicios futuros como para amortizar sus deudas, tampoco las habrá de que los genere para satisfacer las eventuales adquisiciones que deseen efectuar los tenedores de divisa nacional. Los incentivos para demandar papel moneda (para atesorarlo a la espera de gastarlo en el futuro) se ven, pues, notablemente reducidos: los ahorradores nacionales se niegan a seguir poseyéndolo y los ahorradores extranjeros no están dispuestos a adquirirlo salvo a un importante descuento.

En definitiva, el efecto más inmediato de la monetización de la deuda pública es un envilecimiento del papel moneda nacional: elevada inflación interna y depreciación del tipo de cambio. Ahora bien, estas consecuencias pueden enmascararse o compensarse en el caso de la monetización de deuda pública de países solventes. Es decir, pueden enmascararse si simultáneamente a la monetización se incrementa la demanda de papel moneda o si se reduce la oferta de sus sustitutivos; fenómenos éstos que sólo acaecerán en sistemas económicos que los agentes perciban lo suficientemente solventes en su conjunto como para honrar sus deudas. O dicho en términos más simples: si el banco central incrementa sus préstamos al Gobierno, la inflación y la depreciación de la moneda serán tolerables o inapreciables en caso de que los ahorradores privados estén dispuestos a comprar el nuevo papel moneda o en caso de que se estén evaporando parte de las deudas del sector privado (sobre todo si esas deudas se empleaban como medios de pago dentro de la economía).

Así las cosas, la cuestión es qué beneficios puede conllevar la monetización de deuda pública: por un lado, si el banco central monetiza deuda de países solventes, sólo contribuirá marginalmente a que el Estado esté más endeudado, lo que dista de ser una buena noticia. Si, por otro lado, monetiza deudas de países insolventes, no sólo cebará todavía más el endeudamiento ya de por sí insostenible de esos Estados, sino que además perjudicará a parte de la ciudadanía con inflación interna y externa; inflación que puede llegar a convertirse en hiperinflación si la monetización se convierte en la vía habitual y casi exclusiva de financiar al Gobierno.

Tales nulos beneficios y enormes daños potenciales puede que sirvan para comprender por qué la monetización directa de deuda pública está prohibida en todo Occidente: porque se asume que si el sector privado ha estado dispuesto a comprar deuda pública es porque sigue percibiendo al Estado emisor como solvente, de modo que la monetización indirecta garantiza que no se preste a gobiernos insolventes (se suele olvidar, sin embargo, que las expectativas de monetización futura pueden generar una demanda privada artificial de títulos de deuda pública aun cuando los gobiernos emisores sean percibidos como insolventes).

Aun así, se me ocurren cuatro argumentos por los que algunos podrían tratar de justificar la monetización masiva de deuda pública. Por orden de mayor a menor disparate, éstos serían: el primero, que un mayor gasto público estimula la generación privada de riqueza; el segundo, que la inflación y la depreciación de la divisa conllevan efectos beneficiosos sobre el tejido productivo; el tercero, que sea indispensable estabilizar la cantidad de medios de pago dentro de una economía; y el cuarto, que la monetización sea vista como un mecanismo excepcional para contrarrestar una injustificada desconfianza –o un ataque especulativo– de todos los ahorradores privados contra la deuda pública de un país fundamentalmente solvente. En las próximas semanas trataremos de sacar a relucir los errores que subyacen a cada uno de ellos.

Muchas veces hemos hablado de que el bien que mejor cumple las propiedades para actuar como dinero es el oro. Sin embargo, a día de hoy no pagamos el pan con monedas de oro ni tampoco podemos ir a la ventanilla del banco y reclamarle unas cuantas onzas. Simplemente no existe conexión directa entre los medios de pago que utilizamos y el metal amarillo. Pero entonces, ¿qué diantre son los euros, los dólares y las libras que llevamos en el bolsillo o que poseemos en el banco? Pues son formas de lo que tradicionalmente se ha llamado dinero fiduciario, papel moneda o dinero inconvertible.

Para empezar, conviene tener claro su origen. Prácticamente todos los papeles moneda que hemos conocido tienen una procedencia común: no comenzaron siendo papel moneda, sino promesas a entregar una determinada cantidad de metal precioso. Sólo tenemos que fijarnos en sus nombres: la libra procede de la libra de Carlomagno, que contenía (o equivalía) a una libra de plata; el franco era el nombre con el que popularmente se conocía a la libra tornesa, la moneda de plata envilecida a partir de la libra carolingia; el marco era unidad de cuenta en oro o en plata equivalente a ocho onzas de peso; el dólar era el nombre que en España se le daba a la moneda de ocho reales, equivalentes a 25,5 gramos de plata, etc.

Por supuesto, todas estas denominaciones monetarias sufrieron importantísimas redefiniciones hasta el punto de que el contenido metálico de cada moneda pasó a tener muy poco que ver con el original. Tan sólo conservaron su status de monedas nacionales con una cantidad de oro o plata cambiante con las épocas. Fue ese status de divisa nacional el que llevó a que las promesas a pagar oro o plata que creaban los bancos de emisión nacionales recibieran el nombre de su correspondiente moneda nacional. Por ejemplo, bajo el patrón oro clásico, establecido por Isaac Newton en 1717, una libra esterlina equivalía a unos 7,3 gramos de oro puro y un dólar aproximadamente 1,5 gramos.

Pues bien, en varias ocasiones a lo largo de la historia, los bancos emisores se han plantado frente a sus acreedores y les han dicho que no estaban dispuestos a pagarles sus deudas. Lo que eran promesas pagaderas en oro se convirtieron en deudas impagadas. Y eso es, ni más ni menos, el dinero fiduciario: un pasivo impagado por parte del banco central. Parece fácil, pero es importante que seamos conscientes de la trascendencia que supone pasar de utilizar como dinero un activo final como el oro (un activo que no es el pasivo de nadie más) a emplear el dinero fiduciario, un pasivo (impagado) del banco central. Y es que, si el dinero fiduciario es un pasivo, todos aquellos que acepten poseerlo le están concediendo un crédito al banco central y, por tanto, siguen siendo presas del entramado bancario. Cuando, con el patrón oro, le exigíamos a un determinado banco que nos pagara nuestros créditos en oro, nos salíamos del sistema y nos desvinculábamos de él; ahora, cuando un banco privado nos paga nuestros depósitos en papel moneda nacional, pasamos a ser acreedores del banco central, quien es muy posible que utilice el crédito que le estamos concediendo para, por ejemplo, refinanciar al banco privado de quien nos queríamos desligar.

Claro que el hecho de que el dinero fiduciario sea un pasivo impagado parece sugerir que no puede tener valor. ¿Cómo una obligación repudiada puede ser valiosa? Pues puede: que una deuda esté impagada no significa que carezca por completo de valor, sobre todo si la gente sigue pensando que puede conseguir algo endosándosela a otras personas porque, por ejemplo, continúa utilizándose como medio de pago generalmente aceptado en una economía.

Con el papel moneda esta creencia puede extenderse y perpetuarse por distintas razones: el Estado suele reclamar que le paguemos sus impuestos en dinero fiduciario (no en oro); el banco central puede ofrecer intereses muy elevados para aquellos que mantengan depósitos en forma de papel moneda en lugar de buscar refugio en el oro (la Reserva Federal tuvo que colocar los tipos de interés en el 19% cuando el precio del oro superó en 1980 los 800 dólares por onza); el banco central puede utilizar sus reservas (oro, divisas extranjeras y otros activos) para estabilizar el valor y el tipo de cambio del dinero fiduciario, e incluso puede comprometerse en sus estatutos a evitar una depreciación anual muy grande del papel moneda (los objetivos de IPC de cada banco central); si el público está habituado a efectuar sus pagos con billetes y cheques, la fuerza de la costumbre le puede llevar a seguir usándolos aun cuando no sean convertibles en oro; el Gobierno puede prohibir los intercambios, la tenencia o los contratos en oro (como sucedió en EEUU entre 1933 y 1977) e incluso en divisa extranjera; todas las deudas nacionales se suelen redenominar en papel moneda, eximiendo de su pago en oro, lo que genera una demanda adicional y automática sobre el papel moneda, etc.

En cualquier caso, merced a todo este arsenal de intervenciones, el papel moneda puede seguir siendo demandado y utilizado como medio de pago por parte de la población, lo que claramente le concede un valor: hay gente que está dispuesta a entregar su riqueza a cambio de ciertas cantidades de ese dinero fiduciario. Es más, si ese dinero fiduciario no es gestionado de una manera salvaje y aberrante por el banco central –de modo que su pérdida de valor, la inflación, sea moderada–puede incluso convertirse en un activo que integre parte del patrimonio de los agentes –justo lo que sucede con el franco suizo o la corona noruega–, lo que claramente incrementa todavía más su valor.

El encargado de gestionar el dinero fiduciario es su emisor: el banco central. La gestión se efectúa a través de lo que se conoce como política monetaria: dado que el dinero fiduciario no son más que sus pasivos impagados (ya sean billetes o depósitos a la vista en el banco central), en principio el banco central tiene la opción de emitir nueva deuda (nuevos medios de pago) para comprar temporal o definitivamente distintos activos de la economía. En general, los activos que adquirirá el banco central serán deudas de otros agentes, sobre todo del Gobierno (monetizaciones) y de la banca (refinanciaciones). Y aquí es donde existe un riesgo latente: el banco central genera nuevos medios de pago (o evita la destrucción de los medios de pago generados por la banca privada) contra unas deudas que no son más que la promesa de fabricar en el futuro bienes y servicios. Si el banco central adquiere muchas deudas ajenas que además sean a muy largo plazo o muy arriesgadas, tendremos una mayor cantidad de medios de pago que no irá acompañada por el momento (y tal vez no lo irá nunca) de bienes y servicios que adquirir con ellos. Es decir, el dinero fiduciario perderá valor (inflación) tanto con respecto a los bienes y activos internos como respecto a los dineros fiduciarios extranjeros.

Y es que el dinero fiduciario es un dinero nacional, lo que significa que en principio sólo se podrá utilizar dentro de las áreas monetarias arbitrariamente delimitadas por los políticos. Esto es algo verdaderamente absurdo por mucho que hoy lo veamos como razonable: si la división del trabajo y los intercambios tienen un carácter internacional (globalización), lo lógico sería que la contrapartida de esos intercambios (el dinero) también lo fuera. Pero no: un determinado papel moneda sólo sirve para comprar bienes o activos en una determinada zona (en España sólo pueden comprarse bienes y activos a cambio de euros, pero los euros a su vez no pueden utilizarse para comprar bienes y activos en Chile), lo que significará que los precios de los bienes y activos locales fluctuarán para el resto del mundo no sólo de acuerdo a su propio valor, sino al valor que se le dé al papel moneda nacional: si éste cae, el papel moneda nacional se depreciará frente al papel moneda extranjero, y por tanto se abaratarán los bienes y activos nacionales y se encarecerán los extranjeros (y viceversa si la divisa se aprecia).

Fijémonos, pues, en que el dinero fiduciario es un muy mal dinero. Si, según decíamos, las dos funciones básicas de todo dinero son las de ser un medio general de intercambio y un depósito de valor, el papel moneda es, por un lado, un mal medio internacional de cambio (su valor con respecto a las divisas extranjeras fluctúa continuamente por motivos ajenos a la utilidad de las mercancías foráneas) y, por otro, un pésimo depósito de valor (históricamente, los bancos centrales han comprado todo tipo de deuda pública y privada, lo que ha hundido el valor del dinero fiduciario). Pero, pese a ello, el dinero fiduciario sigue utilizándose, ¿por qué?

Bueno, la afirmación sólo es parcialmente cierta. Dado que es un mal medio internacional de cambio sujeto a manipulaciones políticas, no es infrecuente que países con gobernantes irresponsables y que realizan la mayoría de sus intercambios con otro país opten por adoptar como divisa propia la de este último (por ejemplo, Panamá o Ecuador con el dólar estadounidense). Estas naciones renuncian a su propio papel moneda porque derivan ventajas sustanciales de ello: cobran sus mercancías en la misma divisa con la que pagan sus compras internacionales (blindándose del riesgo de cambio) y, además, arrebatan a sus políticos la posibilidad de hacer barbaridades con el banco central nacional (se renuncia a la política monetaria nacional).

Pero, aun así, no son demasiados, sobre todo en el Primer Mundo, los países que han abandonado sus propios dineros fiduciarios. La razón está en que si la inflación generada por el banco central tiene su origen en la refinanciación de un crédito bancario que crece a muy elevados ritmos pero que no padece un riesgo de impago masivo, los agentes económicos tienen la opción de blindarse e incluso de lucrarse adquiriendo activos pagaderos en el propio dinero fiduciario y que, gracias al mayor crédito, se estarán revalorizando (acciones, inmuebles, materias primas, bonos). Sí, los agentes privados degradan de manera extraordinaria su liquidez (invierten su patrimonio, incluso endeudándose, en activos a muy largo plazo), pero es probable que ni siquiera sean conscientes de ello y, sobre todo, que las elevadas ganancias se lo compense.

Los problemas comienzan cuando esos mismos agentes se dan cuenta de que toda la montaña de deuda favorecida por el dinero fiduciario no puede amortizarse y rechazan poseer activos pagaderos en dinero fiduciario que, como las deudas, tengan sus flujos de caja prefijados. En tal caso, el banco central deberá adoptar una decisión: o refinancia masivamente a todos los deudores insolventes e ilíquidos o los deja caer. En el primer supuesto, tenderá a generar inflación (se creará nuevo papel moneda sin que los deudores insolventes hayan fabricado bienes que deseen ser adquiridos por sus tenedores) y en el segundo deflación (se destruirán gran cantidad de los medios de pago que la banca privada había generado sobre la base del dinero fiduciario). La magnitud de esa inflación o deflación dependerá del volumen y de la calidad de la deuda que el banco central opte por refinanciar o por dejar caer, encontrándonos en el caso extremo (insolvencia de todo un sistema sumamente apalancado incapaz de generar cantidades apreciables de nuevos bienes y servicios) con la hiperinflación (destrucción de la moneda fiduciaria salvando nominalmente el importe del crédito) o con la hiperdeflación (destrucción del crédito salvando la moneda).

En cualquier caso, debería quedar claro que el papel moneda es un pésimo dinero que sólo se ha conseguido implantar en nuestras sociedades merced a un continuo intervencionismo estatal y cuyo máximo propósito es impedir que la ciudadanía opte por mejorar su liquidez dejando de extenderle crédito a la banca, de modo que ésta pueda prolongar durante mucho más tiempo sus distorsionadoras expansiones crediticias (cuyo mayor beneficiario es, precisamente, el Estado). Pero, al ser un pésimo dinero que los individuos jamás habrían adoptado de manera espontánea, su supervivencia está diariamente en riesgo, sobre todo cuando se lo gestiona tan mal como para llevarlo al borde del colapso.

En otro momento ya explicamos el proceso por el que los bancos crean dinero o, mejor dicho, medios de pago. Básicamente, los bancos tienen la capacidad de emitir pasivos o promesas de pago en oro o en papel moneda que, por su credibilidad y conveniencia, son utilizados como medios generalizados de pago en toda la economía. Por ejemplo, si yo poseo un cargamento de trigo valorado en 100 monedas de oro, el banco puede adelantarme el cobro de su venta entregándome una promesa de pago consistente en 99 billetes (convertibles en 99 monedas de oro) o en un depósito a la vista por importe de 99 monedas de oro.

Si el negocio bancario está diligentemente realizado, su actividad no sólo no genera distorsión alguna, sino que resulta muy beneficiosa para una sociedad cuyas operaciones mercantiles no están uniformemente distribuidas en el tiempo (lo que implica que en algunos momentos habrá mucha necesidad de dinero para efectuar pagos y en otras será necesario mucho menos). Además, la creación de medios de pago revertirá rápidamente: siguiendo con el caso anterior, si en un mes vendo el cargamento de trigo y le pago 100 monedas de oro al banco, las promesas de pago que creó pasarán a estar garantizadas por oro.

Los problemas comienzan cuando el crédito que proporciona la banca va extendiéndose a horizontes cada vez más amplios sin contar, a su vez, con las fuentes de financiación correspondientes. Una cosa es emitir pasivos respaldados por dinero o por bienes de consumo que ya existen y que poseen una amplísima demanda, y otra muy distinta es emitir esos pasivos contra bienes que existen pero que no se sabe si van a poder venderse o incluso contra bienes que ni existen en este momento ni es seguro que vayan a existir en el futuro. Es lo que sucede cuando un banco concede una hipoteca o créditos personales emitiendo pasivos convertibles a la vista en oro o en papel moneda: los medios de pago que ha creado el banco se pueden utilizar desde ya en el mercado para comprar cualquier cosa, pero los bienes que han respaldado su emisión (los que irá creando el deudor del banco para amortizar el préstamo recibido) tardarán años en aparecer; de ahí que, entre otras cosas, una expansión extraordinaria del crédito por parte de la banca genere subidas de precios de los bienes presentes.

Si la banca comercial se limitara a monetizar bienes presentes y líquidos (y la banca de inversión prestara a largo plazo tras haber recibido préstamos a largo plazo), todos coincidiríamos en que la cantidad de crédito que estas entidades pueden generar está limitada. Pero cuando la banca comercial abre la puerta a monetizar bienes presentes y futuros, parecería que la cantidad de crédito que puede llegar a conceder no conozca límites: al cabo, nada impide que un banco adelante el cobro de los bienes de consumo que, por ejemplo, se fabricarán dentro de 1.000 años.

Mas, ¿realmente es así? ¿Realmente los bancos pueden conceder todo el crédito que se les antoje? En realidad, no. El crédito extendido por la banca encuentra límites tanto por el lado de la oferta de ese crédito como por el lado de su demanda.

El crédito que puede ofertar la banca está necesariamente limitado desde el momento en que, no lo olvidemos, los medios de pago que genera un banco (los depósitos a la vista, por ejemplo) son deudas contra ese banco… y deudas que además son cobrables de inmediato. Cuando los bancos monetizan bienes futuros lo que están haciendo, en el fondo, es endeudarse a muy corto plazo (emiten pasivos pagaderos a la vista) y prestar a largo plazo. La inestabilidad de la operación es clara: si el banco se compromete a entregar a petición del cliente un oro o un papel moneda que sólo obtendrá con el paso de los años, en cualquier momento la entidad puede ser presa de una suspensión de pagos. Por consiguiente, el chiringuito crediticio montado por un banco que se endeuda a corto y presta a largo depende críticamente de que algunos de sus acreedores (los depositantes, verbigracia) no le exijan en tropel el pago de sus deudas. Si lo hicieran, el banco no sólo tendría que dejar inmediatamente de prestar a largo plazo, sino que incluso debería liquidar (malvender) con grandes descuentos sus activos para obtener algo de circulante con el que satisfacer a sus acreedores (lo que podría abocarlo a la quiebra).

Si, como decía Hume, todo Gobierno se mantiene sobre el consentimiento tácito de sus súbditos, lo mismo cabe decir con respecto a la oferta de crédito de los bancos: ésta sólo subsiste merced al consentimiento tácito de sus acreedores. Si los acreedores deciden que ha llegado el momento de que el banco pague sus deudas, entonces se acabó su crédito a largo plazo. Y, ciertamente, las razones por las que los acreedores pueden proceder a “retirar” sus depósitos son muy variadas: algunos economistas sólo apuntan a pánicos irracionales de los depositantes que se han tratado de contrarrestar con ciertas instituciones políticas (un banco central que actúe como prestamista de última instancia, el fondo de garantía de depósitos, los corralitos, etc.). Pero las razones que motivan una retirada masiva de depósitos no tienen por qué poseer una pizca de irracionalidad. Por ejemplo, los acreedores pueden temer que muchos de los préstamos de la entidad terminan siendo impagados y que, por tanto, quienes más tardíamente retiren su dinero sólo cobren una fracción de lo que se les debe; o pueden pensar que la política de concesión de préstamos del banco empieza a volverse cada vez más imprudente, de modo que optan por desvincularse de la entidad.

Sea como fuere, el crédito que otorgan los bancos está sometido al crédito que a su vez les conceden sus acreedores. Por eso el patrón oro jugaba un papel tan importante a la hora de limitar la excesiva e insostenible expansión crediticia de la banca: si ésta se iba de madre, sus acreedores (particulares, empresas o incluso otros bancos) acudían a cobrar sus deudas en oro, lo que forzaba a los bancos a moderar o constreñir su alocada política crediticia. Hoy en día, sin embargo, las deudas de los bancos son pagaderas en papel moneda y ese papel moneda lo emite a discreción el banco central, de manera que si los acreedores le exigen a la banca el cobro de sus deudas, ésta siempre tiene la opción de refinanciarse en ese banco central para proseguir con su imprudente extensión de préstamos, dando como resultado unos devastadores excesos de deuda privada que degeneran en profundas y duraderas depresiones como la actual.

Mas, aun cuando los controles preventivos sobre la oferta de crédito hayan saltado por los aires tras el abandono del oro, los bancos siguen sin poseer una capacidad ilimitada para conceder crédito: existe una última e infranqueable barrera que es la demanda de crédito. Sin demanda de crédito no habrá nuevo endeudamiento por mucho que el banco desee ofertarlo. El adagio es claro: “Se puede llevar al caballo al río [se puede ofrecer crédito] pero no se le puede obligar a beber [no se puede obligar a nadie a que demande crédito]“.

Ciertamente, los bancos tienen una poderosa –pero no absoluta– capacidad para influir sobre la demanda de crédito. Dado que, fuera del patrón oro, los bancos pueden proveer tantos préstamos como deseen a unas condiciones y a unos tipos tan laxos como gusten, la demanda tenderá a reaccionar en consecuencia. Imaginemos que los tipos de interés a los que los bancos ofrecen crédito se ubican en el 5% y que, en tal caso, la demanda del público ya se encuentra saturada (nadie quiere endeudarse más pagando un 5% de intereses); pero ¿qué sucede si los tipos se reducen al 3%? Pues que probablemente aparecerán nuevos demandantes de crédito que continuarán tirando del carro.

Este proceso puede prolongarse durante bastante tiempo, pero en todo caso hallará su fin en algún momento. Cuando familias y empresas se encuentren ya tan endeudados que no deseen incrementar sus pasivos ni un poquito más –ni siquiera si los tipos se ubican en el 0%–, entonces los bancos ya no podrán seguir expandiendo el crédito por muy generosa que sea su oferta (los keynesianos calificarán esta situación de “trampa de la liquidez”, otros preferimos llamarla trampa de la iliquidez). Visto está, pues, que en última instancia la oferta de crédito, por muy flexible que hayan querido volverla, colapsa cuando lo hace la demanda.

Claro que los intervencionistas también se las han ingeniado para evitar que la demanda de crédito colapse. Si familias y empresas no desean endeudarse más porque no es ni prudente ni rentable hacerlo, ¿adivinan quién tomará el relevo a la hora de seguir cebando el endeudamiento total de una economía? Sí, eso es: el Estado. Dado que la amortización de su deuda no depende del rendimiento de sus inversiones, su margen para continuar demandando crédito es muy superior al de los agentes privados. Lo que para una empresa sería impensable y absurdo –endeudarse por endeudarse sin esperar retorno alguno– para el Estado es perfectamente racional y factible.

Claro que la credibilidad y la solvencia del Estado también van deteriorándose con su creciente endeudamiento. Si el Estado asume nuevas obligaciones con las que no contribuye en nada a que el sector privado genere más riqueza, la relación entre su deuda y sus ingresos fiscales netos se irá volviendo cada vez más desfavorable. Los bancos privados, por mucho margen que puedan poseer para ofertar crédito, se negarán a continuar financiándole (más que nada porque su aspiración es cobrar sus préstamos) y, en tales momentos, sólo un banco central politizado y mucho más imprudente que la banca privada podrá saciar el voraz apetito del Gobierno por nuevo crédito: es lo que se conoce como monetización de la deuda pública. Pero este proceso, como explicaremos en otros artículos, tampoco puede implementarse de manera ilimitada.

Cuando los liberales afirmamos que la actual crisis es consecuencia del intervencionismo estatal se nos suele replicar que en algunos países como España el problema no viene tanto por el volumen de deuda pública –relativamente bajo para los estándares internacionales– sino por el de deuda privada, es decir, por la deuda que libremente han contraído familias, empresas y bancos en un mercado desregulado. Por consiguiente, se concluye, no ha sido el sector público quien ha ocasionado los desbarajustes actuales, sino el privado: el neoliberalismo salvaje desbocado que no hizo sino multiplicar las deudas por el afán especulador y la visión extremadamente cortoplacista de los seres humanos.

No es momento de analizar aquí si la austeridad que presuntamente practicaron muchos Estados como el español durante la época del boom fue real o más bien un mero espejismo contable derivado de que sus ingresos crecieron muchísimo al socaire de la burbuja crediticia. Mi objetivo es más limitado: explicar por qué el sector privado no habría sido capaz de endeudarse de una manera tan desorbitada sin el concurso imprescindible del Estado.

El volumen de deuda de toda sociedad depende de dos factores: la oferta y la demanda de crédito. A su vez, la oferta depende fundamentalmente del volumen de ahorros disponible en una parte de esa sociedad (de cuánto tiempo está dispuesta a esperar cada persona para consumir) y la demanda de cuánto desea gastar por encima de su renta la sociedad. Es decir, los ahorradores difieren la satisfacción de sus necesidades para que otros puedan adelantarla: unos gastan de menos para que otros gasten de más.

¿Y cómo se coordina la demanda y la oferta de crédito? Fundamentalmente a través de los tipos de interés: a saber, el precio que deben pagar los demandantes de crédito por adelantar su gasto y el que reciben los oferentes para compensarles por el retraso. Por un lado, si el ahorro aumenta, esto es, si hay más gente dispuesta a diferir sus necesidades durante más tiempo, la oferta de crédito crecerá y los tipos de interés bajarán (y lo contrario si el ahorro se reduce). Por otro, si la demanda de crédito aumenta, como habrá más gente compitiendo por un volumen dado de ahorros, los tipos de interés se incrementarán, y aquellos que valoren en menor medida anticipar su gasto futuro, se quedarán sin crédito.

Los tipos de interés son un elemento fundamental en nuestras economías, en tanto en cuanto permiten la coordinación de las personas a lo largo del tiempo: si uno gasta más de lo que ha producido o va a producir durante un período de tiempo es porque otro gasta menos de lo que ha producido o va a producir. Pero los tipos de interés libremente establecidos no sólo facilitan la coordinación entre los agentes, sino que imponen un límite muy severo al endeudamiento: sólo se puede conceder como crédito aquello que se haya previamente ahorrado. Ya vimos que los aumentos de la demanda de crédito son en gran parte esterilizados por subidas del tipo de interés, por lo que resulta harto complicado que las burbujas financieras basadas en el aumento continuado del crédito puedan mantenerse por mucho tiempo: si la demanda de deuda se incrementa exponencialmente, los tipos de interés también lo harán, lo que secará la demanda.

Pero, ¿qué sucede en nuestros sistemas financieros modernos? Pues que los bancos gozan de una serie de privilegios concedidos por el sector público por los que son capaces de incrementar la oferta de crédito muy por encima del nivel de ahorro disponible. Básicamente: los bancos pueden asumir nuevas deudas y refinanciarlas continuamente en el banco central a los tipos de interés artificialmente bajos que éste establezca; y, a su vez, este banco central no tiene límite alguno a la hora de refinanciar las deudas de la banca porque no ha de convertir sus propias deudas en oro (o en otro dinero líquido que no genere él mismo). Es decir, el sistema financiero se construye sobre una pirámide de apalancamiento: con tal de aumentar la oferta de crédito a los particulares, los bancos privados asumen nuevas deudas que no pueden pagar y el banco central refinancia esas deudas asumiendo, a su vez, nuevas deudas que no tiene la obligación de pagar de ninguna manera (de hecho, las deudas del banco central es lo que se utiliza en nuestras sociedades como “dinero de curso legal”).

Parece claro que, dentro de este marco financiero, si la demanda de crédito se incrementa, los bancos privados lo tienen muy sencillo para atenderla mediante la concesión de una barra libre de financiación que evite los aumentos en los tipos de interés y el consiguiente aborto de la demanda crediticia. Los bancos no necesitan ni mucho menos captar más ahorro para conceder más crédito y tampoco tienen por qué cargar tipos de interés más altos ante una mayor propensión al endeudamiento de la sociedad: pueden prestar hoy un ahorro que se supone que la sociedad generará mañana.

En España, por ejemplo, el crédito hipotecario creció entre 2003 y 2007 a una tasa media del 18% anual y en EEUU al 10% anual, pero los tipos de interés no sólo no subieron sino que bajaron entre tanto. ¿Acaso fue que el ahorro español y estadounidense creció a tasas similares o superiores al de la demanda de crédito? Obviamente no: fue que los bancos concedieron créditos con cargo al ahorro futuro. Algunos economistas afirman que durante esos años nos estuvimos financiando con cargo al ahorro alemán y chino, pero, de nuevo, la financiación extranjera que entraba en nuestro país no era ahorro, sino crédito alemán y chino que superaba en mucho el ahorro interno de esos países. Sólo es necesario acercarse al balance de cualquier banco alemán para comprobar que el plazo de los créditos que concedieron esos bancos era muy superior al de las deudas que creaban para sufragarlos; es decir, los alemanes no estuvieron dispuestos a ahorrar durante todo el tiempo como el que se nos permitió a los españoles gastar en exceso a cuenta de esos alemanes.

Por consiguiente, ¿quién provocó el actual problema de exceso de endeudamiento privado? ¿El sector privado por demandar crédito o el sector público por forzar a que se diera ese crédito? Desde luego, sin una fuerte demanda de crédito, el volumen de deudas no puede aumentar; pero tampoco es capaz de hacerlo sin una elástica oferta de crédito. La cuestión, por tanto, debe replantearse: ¿quién es el responsable de haberse las instituciones que en el pasado permitieron frenar a tiempo estas borracheras de endeudamiento?

Y aquí la respuesta es clara: el intervencionismo estatal en materia monetaria y financiera. Fueron los Estados quienes, primero, abandonaron el patrón oro para que los bancos centrales pudieran refinanciar indefinidamente a la banca privada cuando concediera crédito y quienes, después, instrumentaron a esos bancos centrales para que en 2002 rebajaran los tipos de interés a niveles artificialmente bajos, reanimando así una demanda de crédito que en aquel momento estaba decayendo en medio de la recesión internacional. Se quiso salir de la crisis de 2002 con nuevas dosis de endeudamiento y, desde luego, el objetivo se logró, pero sólo a costa de acrecentar los desajustes económicos y de alcanzar unos niveles de deuda privada totalmente insostenibles.

¿Quién es, en suma, el culpable del perverso sistema en qué vivimos? Desde luego, el intervencionismo monetario y financiero del Estado. En su ausencia –es decir, con patrón oro y una banca sin acceso casi ilimitado al banco central– podría haber habido una intensísima demanda de crédito, pero ésta hubiese sido aplastada por una oferta inelástica y por unos tipos de interés al alza. Pero no, quisimos fiesta… y la tuvimos.

Durante años se pensó que la deuda pública de aquellos países más responsables era un “activo libre de riesgo”. A la hora de valorar cualquier inversión, el punto focal sobre el que se edificaba el resto de cálculos eran la rentabilidad de la deuda soberana: “si la deuda pública a un año te proporciona un 2% de rentabilidad sin asumir riesgo alguno, otras inversiones alternativas que sí son arriesgadas deberán rentarte mucho más para compensarte la posibilidad de quebranto”. Era un razonamiento que sonaba bien, tal vez por la necesidad humana de encontrar creencias firmes a las que agarrarse incluso en momentos de tribulación. Pero lo cierto es que la deuda pública no fue jamás un activo libre de riesgo que nos blindara contra cualesquiera pérdidas de nuestro capital: durante años se estuvo impagando parcialmente a través de la inflación y ahora, en algunas partes del planeta, vemos que también puede impagarse a través del repudio.

Acaso por ello, por vender algo que no es, ya cupiese calificarla de fraude. Pero no, cuando digo que la deuda pública es un fraude no me refiero principalmente a eso, sino al fraude en toda regla que constituye dentro del proceso de creación de riqueza. Me explico: ya hemos visto en numerosas ocasiones que nuestro crecimiento económico no procede del consumo sino del ahorro y, precisamente por ello, los rentistas constituyen un engranaje indispensable dentro de la economía. Sin rentistas que proporcionen su tiempo en forma de capital para que otros empresarios con mejores ideas sean capaces de crear nuevos y mejores planes de negocio, viviríamos en una economía cuasi de subsistencia.

La remuneración al rentista, pues, está más que justificada aun cuando ese rentista no mueva ni un solo dedo para levantar el negocio: simplemente por el hecho de esperar a que maduren las buenas ideas, simplemente por el hecho de enajenar parte de su tiempo vital a empresarios perspicaces, merece apropiarse de una parte de la producción futura que sin él no hubiese sido posible generar. Ahora bien, remarco lo de que el pago al rentista debe proceder de la producción futura que sin él no se hubiese podido crear: si yo utilizo mi tiempo para labores improductivas, estaré perdiendo el tiempo, ergo no obtendré nada a cambio. De ahí que la tarea mínima que debe acometer el rentista es la de valorar las aptitudes del empresario o la viabilidad del proyecto a los que confía su capital: si éstos no marchan bien, él no podrá cobrar.

En este sentido, la tarea del rentista tiene una dimensión social, en la medida en que opta por utilizar su tiempo en la generación de riqueza para los demás. Por eso, que acierte y gane dinero significará que los demás hemos salido ganando –utiliza su tiempo en proyectos que satisfacen las necesidades más urgentes de los consumidores– y que falle y lo pierda –dilapida su tiempo sin generar nada valioso a cambio– que nos ha proporcionado bienes mucho menos útiles de los que podría haber creado.

Hasta aquí todo correcto: los intereses individuales y los colectivos van en sintonía. Pero, ¿qué sucede con la deuda pública? Pues que toda esta red de relaciones mutuamente provechosas salta por los aires. ¿Qué garantiza el repago de la deuda pública? ¿La generación de bienes futuros valiosos por parte de los proyectos en los que se invierte o simplemente la capacidad del Estado para recaudar impuestos a sus súbditos? Es evidente que lo segundo. Ningún rentista invertiría su capital en una empresa cuyo plan de negocios fuera cavar agujeros para volverlos a tapar; pero en cambio si se lo prestarían a un Estado que tuviese idéntico propósito. El Estado, pues, permite a los rentistas realizar un uso del todo improductivo de su tiempo y de su dinero… ¡sin por ello experimentar pérdidas! Y cuidado, no estoy afirmando que el Estado no puede hacer nunca un uso productivo de los recursos que maneja; lo que sí digo es, primero, que el Estado no selecciona sus inversiones en función de la rentabilidad esperada de las mismas (básicamente porque no puede conocerla) y, segundo, que el repago de la deuda pública no depende del devenir de esas inversiones.

De este modo, todo el proceso económico de generación de riqueza se ve trastocado: el rentista puede aparcar o dilapidar su capital apropiándose de parte de la riqueza que sí genera el resto de la sociedad (vía los impuestos que percibe a través del Estado). Los incentivos son claramente perversos, especialmente para unos ahorradores que rentabilizan su capital de manera automática. En momentos de crisis, por ejemplo, todos desean prestarle su dinero a los Estados más solventes; no porque éstos vayan o puedan a hacer un uso sensato y productivo del mismo, sino porque esos Estados controlan economías pudientes a las que pueden ordeñar fiscalmente. La injusticia es manifiesta, pues los rentistas sin ideas ni proyectos salvaguardan sus patrimonios –e incluso obtienen jugosas rentabilidades– a costa de aquellos otros rentistas –y trabajadores y empresarios– que sí siguen contribuyendo a mantener la economía a flote. Una masiva subvención cruzada donde los intereses individuales dejan de converger con los intereses colectivos: los inversores en deuda pública y los políticos manirrotos medran a costa de los contribuyentes presentes y futuros.

Con todo, tampoco se trata de considerar, ni mucho menos, enemigos de la humanidad a quienes se refugian de manera persistente en la deuda pública. Por un lado, porque la inmensa mayoría de los rentistas –entre los que se encuentran, por ejemplo, los pequeños ahorradores que poseen un plan de pensiones– desconocen las interioridades del problema y se limitan a responder a incentivos: “si el Estado me pide prestado dinero y me lo devuelve con intereses, pues le presto”. Por otro, porque no me cabe duda de que el rentista conservador y adverso al riesgo (el tipo de rentista que hoy compra deuda pública) ha sido el gran perjudicado –con mucha diferencia– de todo el intervencionismo monetario desplegado en el siglo XX por los Estados: no sólo perdió, con el abandono del patrón oro, el que había sido el depósito de valor seguro y confiable por excelencia, sino que, para más inri y como decíamos al principio, buena parte de sus adquisiciones de deuda pública “segura y libre de riesgo” se han visto impagadas por la vía inflacionaria durante los últimos 100 años (el rentista ha recuperado un principal mucho más devaluado del que prestó).

Más bien de lo que se trata es de cambiar el chip y de darse cuenta de que la organización económica actual, en la que los billonarios volúmenes de deuda pública son el activo predilecto de bancos, aseguradoras, fondos de pensiones y fondos de inversión, da lugar a unas enormes distorsiones no sólo en el lado financiero de la economía, sino también en el lado productivo: el Estado se convierte en el garante de unos fondos que dilapida y que sólo es capaz de amortizar consumiendo el capital correctamente invertido de otros ciudadanos. Lo que necesitamos es un sistema económico con activos absolutamente seguros pero nada rentables (el oro) y luego todo un conjunto de proyectos empresariales con distintos perfiles de duración y de riesgo en los que, vía bonos, acciones u otros instrumentos, los rentistas puedan inmovilizar su capital… asumiendo la posibilidad de no recuperarlo. Los rentistas sólo deberían obtener ganancias por participar en el proceso social de creación de riqueza, pero jamás por situarse al margen del mismo o, incluso, por obstaculizarlo.

Aparte del especulador, el individuo más odiado de una economía de mercado es el rentista, es decir, aquellos capitalistas que no dirigen sus negocios, sino que simplemente han invertido sus ahorros en una empresa y perciben una renta periódica (en concepto de intereses o dividendos) que les permiten vivir sin trabajar. El público parece tolerar a los capitalistas que trabajan día a día para sacar adelante su compañía, pues su contribución a la creación de riqueza parece bastante directa e inmediata –trabajan, ergo hacen algo y merecen cobrar por ello– pero desprecia a los rentistas: Keynes incluso proponía practicarles la eutanasia.

Al cabo, estos sujetos no pegan ni golpe y viven del sudor de la frente ajena. ¿Realmente sirven para algo? ¿Cuál es exactamente la contribución a la producción de bienes y servicios del sujeto que está todo el día tumbado en la hamaca con un mojito en la mano? ¿Acaso no podrían expropiársele sus propiedades y repartirlas entre los trabajadores sin que nada cambiara (o incluso mejorando las cosas, pues los trabajadores gastarían más dinero y estimularían la industria)?

Nuestra intuición así nos lo sugiere. Los bienes y servicios que consumimos proceden de utilizar tres instrumentos: las materias primas, el trabajo y los bienes de capital. Por este motivo, los economistas clásicos defendían que los bienes y servicios fabricados debían repartirse entre los terratenientes (rentas de la tierra), los trabajadores (salarios) y los capitalistas (beneficios e intereses). Sin embargo, el marxismo planteó una cuestión cuando menos interesante: si los bienes de capital proceden, a su vez, de las materias primas y el trabajo, ¿acaso los capitalistas no se están apropiando de unas rentas que, en realidad, les deberían haber correspondido a terratenientes y trabajadores (y, en verdad, si la propiedad de la tierra fuera comunal, sólo a los trabajadores)?

Pues no, los rentistas proporcionan un factor productivo esencial para que nuestra economía se mantenga en pie y sea capaz de fabricar enormes cantidades de bienes y servicios: el tiempo.

Pongámonos en la piel de un trabajador que mes a mes cobra su salario. Al percibirlo, tiene dos opciones: o destinarlo íntegramente a comprar bienes de consumo (comida, ropa, vivienda, ocio, gadgets varios…) o apartar una parte del mismo para ahorrar y financiar la producción de bienes de capital (comprar acciones, bonos, montar una empresa, etc.). Si todos los trabajadores optaran por adquirir únicamente bienes de consumo, sólo se fabricarían bienes de consumo: como nadie ahorraría, por definición nadie invertiría en fabricar bienes de capital. Dicho de otro modo, los procesos productivos serían muy poco duraderos y muy poco productivos –no habrá ni infraestructuras, ni I+D, ni maquinaria– y los trabajadores tendrían que fabricar mercancías con lo puesto (es decir, con sus manos y poco más).

En cambio, si algunos de ellos optan por ahorrar parte de su renta, se podrán fabricar bienes de capital que volverán más productivo el conjunto de la economía, esto es, que permitirán que en el futuro, después de haber dedicado mucho tiempo a producir bienes de capital, se fabriquen muchos más bienes de consumo que en el presente. Dicho de otra manera, cuando los trabajadores se convierten en capitalistas (cuando ahorran e invierten en bienes de capital), lo que están haciendo es retrasar la satisfacción de sus necesidades y proporcionar tiempo a los empresarios para que incrementen la productividad de la economía. A cambio de ello, a cambio de diferir sus deseos, esos capitalistas sólo reclaman una renta anual equivalente a un pequeño porcentaje del ahorro que en cada momento proporcionan (por ejemplo, un 4% ó 5%). Y es que el acto de ahorrar no es algo que deba hacerse una vez en la vida: los bienes de capital se deprecian (no sólo físicamente, sino que pueden volverse obsoletos cuando la demanda de los consumidores varía), por lo que tan sólo para mantener la capacidad productiva de la economía será necesario un ahorro continuado dirigido a amortizar y reponer el equipo productivo (no digamos ya para incrementarla).

No olvidemos que muchos rentistas tienen la opción de “exprimir” sus fuentes de renta, es decir, de dejar de ahorrar y empezar a satisfacer sus necesidades más básicas, instintivas y cortoplacistas (justo lo que suelen hacer las terceras o cuartas generaciones de ricos, que tienden a dilapidar el imperio productivo edificado por sus abuelos o bisabuelos). Parece claro que si nuestro tiempo es escaso, retrasar la satisfacción de nuestras necesidades supone renunciar a la cantidad de fines que culminaremos en nuestras vidas. A cambio de ello, a cambio de no comportarse como legítimamente se comporta la mayoría de las personas (gastar casi todo lo que ingresan), a cambio de incrementar de manera exponencial el bienestar de consumidores y trabajadores (valga la redundancia), los rentistas sólo piden que les entreguemos una pequeña parte de toda esa riqueza adicional que generan (que tenderá a coincidir con el tipo de interés). No parece un mal trato, ¿no?

Por ejemplo, recientemente Amancio Ortega, fundador de una de las compañías españolas más exitosas de la historia, Inditex, dejó de dirigir la empresa y pasó a convertirse en un mero rentista pasivo. Como accionista mayoritario de Inditex, vive de las rentas de su muy exitosa empresa sin, en apariencia, doblar la espalda. Sin embargo, Amancio Ortega sí presta un servicio esencial: opta, por ejemplo, por no presionar para que Inditex reparta dividendos extraordinarios a costa de la reposición de sus inventarios o del mantenimiento de sus tiendas. Es decir, Amancio Ortega permite que su compañía genere día a día importantísimos volúmenes de ahorro interno con los que mantenerla en funcionamiento; y creo que casi nadie negará que si Inditex, Google, Apple, Ikea o Intel desaparecieran de la noche a la mañana, nuestro nivel de vida sufriría un retroceso importantísimo.

Claro que alguno podría plantearse, ¿y por qué no nacionalizamos su riqueza y dejamos que sea el Estado quien la gestione? Pues, aparte del problema moral que debería representarle incluso a un socialista el robarle a una persona el fruto de su trabajo (que a eso podría llegar a reducirse el ahorro invertido en bienes de capital), por dos razones de fondo. La primera, porque expropiando todo (nacionalización) o parte (impuestos sobre el capital) del capital invertido, se desincentiva el ahorro y se incentiva, a cambio, el consumo. Dicho de otro modo, los impuestos sobre el capital equivalen a un impuesto sobre el tiempo, sobre el tiempo que puede dedicarse a fabricar más y más riqueza (algo bastante disparatado, dicho sea de paso).

La segunda, es que el papel de los rentistas es menos pasivo de lo que a simple vista parece: como mínimo han de decidir en qué negocios invierten (o a quién le prestan sus ahorros para que tome esa decisión). Su misión no es sólo ahorrar, sino la de ser los primeros distribuidores del capital: elegir en qué, dónde y con quién invierten. Recordemos algo evidente: no todas las inversiones llegan a buen puerto y sólo las que generen riqueza de manera sostenida para el consumidor serán capaces de proporcionar rentas permanentes a los capitalistas. Sucede que el Estado es un pésimo distribuidor del capital, entre otras cosas porque, cuando nacionaliza una industria, la blinda de la disciplina del mercado, de la posibilidad de que quiebre, se reestructure, sea adquiridas, sufra escisiones, se recapitalice o se descapitalice; es decir, el Estado genera asignaciones arbitrarias de capital que por lo general supondrán todo un despilfarro del ahorro amasado por los particulares.

En definitiva, los rentistas –los ahorradores que, a cambio de no consumir todas sus rentas, perciben una porción de la enorme riqueza que continuamente generan para los consumidores– son uno de los grandes patronos del capitalismo. Acaso el sujeto por excelencia del mismo, aquel por el que nuestro bienestar no ha dejado de crecer pese al devastador y omnipresente intervencionismo estatal. No sienta ninguna vergüenza por ser o querer convertirse en rentista: al cabo, uno de los programas estrella de la izquierda, la llamada renta básica, no es otra cosa que un intento cutre de tratar de convertir a todo el mundo en rentistas. Con una pequeña diferencia: la renta básica no se paga con cargo a los rendimientos del ahorro que cada receptor ha efectuado sino con cargo al consumo del capital ajeno; es decir, no es el resultado de incrementar el bienestar ajeno, presente y futuro, sino de reducirlo. Por eso los ahorradores capitalistas multiplican la riqueza y los redistribucionistas estatistas la dividen.

Por lo general, la argumentación de una parte de los liberales reza así: “Dado que cada ser humano es racional y sabe perfectamente cuáles son sus necesidades, resulta preferible que sea cada persona quien decida acerca de su vida en lugar de que lo haga la casta política”. Si entendemos racionalidad como optimalidad y consistencia entre fines y entre fines y medios (escoger siempre los mejores medios para satisfacer nuestros fines y que no haya contradicciones entre nuestros fines), resulta bastante evidente que los seres humanos sólo son limitadamente racionales: sus errores son tan habituales como sus aciertos; no siempre manejan información correcta; y como no suelen mirar demasiado a largo plazo, sus fines suelen ser incompatibles a lo largo del tiempo.

La economía conductual nos ofrece evidencias de ciertos sesgos que afectan a la elección humana y que hacen que esté bastante alejada de la perfecta racionalidad: el sesgo de la confirmación (la búsqueda de datos que confirmen nuestras ideas preconcebidas, desechando toda la evidencia que vaya en contra de ellas), el sesgo de aversión a las pérdidas (se prefiere no perder a ganar), el sesgo de la racionalización a posteriori (tendencia a justificar los errores cometidos para evitar rectificar), el sesgo de la autoridad (basar nuestras preferencias en la opinión presuntamente “autorizada” de algún experto), el sesgo optimista (tendencia a ser excesivamente optimista), el sesgo de correlación ilusoria (correlación no es igual a causalidad), el sesgo de la ilusión del control (pensar que tenemos más capacidad para controlar los acontecimientos externos de la que en realidad tenemos), el comportamiento manada (sumarnos a las opiniones y a los comportamientos ajenos por el simple hecho de ser generalizados), el prejuicio de punto ciego (reconocer los sesgos en la elección de los demás, pero no de los propios) y un larguísimo etcétera.

Parecería, pues, que la defensa de un mercado libre, donde la toma de decisiones económicas se produce de manera descentralizada –a nivel individual o de asociaciones privadas de individuos–, resulta insostenible. Si no puede confiarse en las personas, ¿cómo se las va a dejar decidir? Pues, dejando al margen que esta crítica también resulta aplicable a la democracia política y económica (si los individuos son lo suficientemente responsables y racionales para decidir quién gobierna el país, también lo son para planificar sus finanzas personales), a mi parecer habría que replantear la cuestión: precisamente porque el ser humano no es del todo racional y no cuenta con toda la información disponible, la toma de decisiones no puede estar en ningún caso centralizada.

No olvidemos que los políticos o planificadores no son seres angelicales sino seres humanos que padecen los mismos sesgos y problemas de información que el resto de los mortales. Parece poco coherente que asumamos que los individuos son incapaces de mantener en orden su propia casa o su propia empresa y que, en cambio, sí podrán organizar de manera efectiva toda una nación: recordemos que los primeros son sistemas bastante simples mientras que los segundos son sistemas muy complejos (no sólo por tener que planificar millones de empresas aisladas, sino, lo que es peor, por tener que planificar sus interrelaciones) que ni siquiera pueden obtener realimentación informativa ni son disciplinados por el comportamiento del resto de agentes.

El escepticismo acerca de la racionalidad del ser humano debería llevarnos a apoyar la planificación descentralizada (a nivel individual o empresarial) propia del libre mercado frente a la planificación centralizada propia del socialismo y el intervencionismo estatal. Tanto por lo que se refiere a la defensa de nuestras libertades (si el ser humano es irracionalmente malvado, ¿cómo defender que todo el poder debe quedar en manos de un solo o unos solos seres humanos?) como de nuestra prosperidad (si los agentes se equivocan con frecuencia, ¿no resulta acaso preferible que esos errores queden compartimentalizados en la propia esfera de decisión individual en lugar de extenderlo coactivamente a toda la sociedad?), las limitaciones cognitivas a la hora de captar, seleccionar y procesar información hacen recomendable no concentrar el poder de decisión, sobre todo cuando esa concentración provocaría que no llegara a crearse mucha información esencial para escoger y planificar de manera adecuada (si los individuos no pueden elegir, tampoco pueden expresar sus preferencias y sus expectativas de manera desagregada, por lo que éstas no serán tenidas en cuenta).

Al final, una visión más realista del mercado nos lleva a reconocer que sí, muchos o casi todos los seres humanos somos miopes, torpes, cortoplacistas, caprichosos, retorcidos y, en definitiva, muy poco racionales. Ojalá no lo fuéramos, pues a todos nos iría mucho mejor. Pero, aun así, esas limitaciones cognitivas no restan sino que suman razones para defender un mercado libre: si el conocimiento social y económico se va volviendo cada vez más disgregado, especializado y tecnificado, difícilmente la toma de decisiones económicas –que ha de basarse en ese conocimiento disgregado, especializado y tecnificado– habrá de estar cada vez más concentrada. El mercado no es superior al estatismo porque los agentes nunca fallen, sino porque los inexorables errores individuales están acotados (no afectan a la totalidad de la economía, sino a partes más o menos amplias), se reconocen al margen de la tozudez de quien toma decisiones (merced a quiebras empresariales) y pasan a enmendarse por defecto (recolocación de los factores productivos tras la quiebra) y porque sus aciertos se producen al margen de la voluntad y de la brillantez de sus miembros (gracias al sistema de precios).

Si el ser humano fuera perfectamente racional e infalible, el socialismo tendría una oportunidad de funcionar. Como no lo es, no tiene ninguna y necesitamos de un mercado libre.

Uno de los logros de los que se encuentran más orgullosos todos los keynesianos es de haber instaurado un sistema de “estabilizadores automáticos” que actúen como contrapeso contra los movimientos cíclicos de la economía. Dentro de esta categoría se incluyen los impuestos vinculados a la actividad económica, especialmente cuando son progresivos (IRPF y en menor medida Sociedades o IVA) y los subsidios de desempleo. Así las cosas, cuando la economía va bien, los ingresos fiscales aumentan y el gasto en prestaciones de paro se reducen, y cuando la economía va mal, los ingresos fiscales se hunden y el gasto asistencial aumenta. En definitiva, en tiempos de bonanza, el Estado amasa un superávit presupuestario y enfría al sector privado retirándole “poder adquisitivo”, mientras que en tiempos de depresión el Estado incurre en déficit para recalentar al sector privado cobrándole menos tributos y otorgándole más subsidios de desempleo. Desde el punto de vista del gasto el asunto es muy sencillo: sube el gasto privado, el Estado lo rebaja; cae el gasto privado, el Estado lo incrementa. Asunto terminado: como el Estado contribuye a estabilizar la demanda merced a estos instrumentos no discrecionales, también contribuye a estabilizar la economía. Son, pues, estabilizadores automáticos. Sencillo, ¿no? No tanto, pues el marco keynesiano es lo que tiene: que es falso.

Empecemos por los felices tiempos de bonanza. Si nos encontramos en la cresta de un ciclo económico causado por la excesiva expansión crediticia de los bancos, es verdad que la economía privada tiende a recalentarse y a inmovilizar los recursos en una dirección que más adelante se nos revelará como errónea, de modo que a priori podría parecer una buena idea que el Estado les arrebatara parte de esos recursos para prevenir su despilfarro. Sin embargo, es un poco ingenuo pensar que mientras el sector privado se encontrará sumergido en un clima burbujístico, nuestros gobernantes serán capaces de mantener la cabeza fría y, en lugar de utilizar esos ingresos tributarios extraordinarios para iniciar nuevos programas de gasto que dilapiden el capital tanto o más que en el sector privado, los destinarán íntegramente a incrementar su ahorro, minorando su endeudamiento anterior. Los políticos son personas que, como todas, pueden caer bajo el influjo de la orgía crediticia, consolidando una estructura de gastos que, para más inri, puede extenderse en el largo plazo y que luego puede resultar mucho más complicada de adelgazar y reajustar que en el caso del sector privado.

Por el contrario, en el foso de la depresión, la economía privada debe reajustarse creando nuevos modelos de negocio que permitan amortizar la acumulación de deuda privada pasada y satisfacer las necesidades más urgentes de los consumidores. Si en esos momentos el Estado comienza a endeudarse masivamente para impedir que decaigan las demandas de quienes han dejado de producir riqueza y deben proceder a reajustarse, no sólo se ralentiza el proceso de recomposición del sector privado, sino que se ceba el endeudamiento público, añadiendo todavía más pasivos a una sociedad que necesita minorar el monto de sus obligaciones totales. En otras palabras, el inconveniente de los estabilizadores automáticos durante la depresión es el mismo que el de todo programa estatal para incrementar el gasto en esa coyuntura, pero con un agravante: obran de oficio, sin necesidad de que nadie los ponga en marcha como si de un Plan E se tratara, lo cual los vuelve bastante más rígidos e inflexibles ante la nueva situación económica. Ni siquiera aquellos políticos que se dan cuenta de que la explosión del endeudamiento público no contribuye a superar la crisis sino sólo a enquistarla y agravarla, tienen margen para volverse austeros; lo deseen o no, las cuentas se les descuadran por defecto y en unos volúmenes elevadísimos.

El problema de fondo de los estabilizadores automáticos es el de pensar que un agente que copa el 40% o el 50% de toda la economía como el Estado podrá aislarse, primero, y no sufrir los achaques, después, de la gestación y ulterior pinchazo de una burbuja crediticia que impregna a la práctica totalidad de esa economía. La Administración será igualmente víctima de la euforia irracional, primero, y del deterioro de su crédito, después. No puede estabilizar la economía porque forma parte muy sustancial de esa economía (y menos de manera automática… como si el gasto por el gasto sirviera para descubrir cuáles son los nuevos modelos de negocio que necesitamos), de modo que si aquélla entra en crisis, él también lo hará por necesidad, y si aquélla se sobredimensiona, éste se verá impelido a hacer lo propio. Con una diferencia fundamental: el sector privado, gracias al mecanismo de los precios y al instituto de las quiebras empresariales, es mucho más ágil que el sector público tanto a la hora de detectar los errores cometidos como a la hora de corregirlos.

La solución última a dinámicas crediticias distorsionadoras no vendrá de la planificación ingenieril de expansiones o contracciones automáticas del gasto (público o privado), especialmente cuando esa planificación tiene su fundamento en una teoría económica deficiente como la keynesiana. Si queremos evitar de verdad los auges expansivos artificiales y salir lo antes posible de las depresiones, basta con que nos concentremos en que, en su origen, el crédito no se expanda desligándose del ahorro real y que, en su destino, las malas inversiones puedan reajustarse lo antes posible sin el sostenimiento artificial del crédito estatal. Los estabilizadores automáticos son más bien desestabilizadores automáticos.

Cuando nos planteamos qué es crear riqueza, instantáneamente tendemos a pensar en fabricar cosas, como cortar un árbol y convertirlo en una mesa o sacar piedra de la cantera y construir una casa. Y así sucedía en las etapas más primitivas de la producción de bienes y servicios: cuando lo único que teníamos que hacer era tomar de la naturaleza las materias primas necesarias y esforzarnos en transformarlas, crear riqueza equivalía a convertir el entorno en las mercancías que directamente satisfacían nuestras necesidades o en las herramientas que necesitábamos para fabricarlas de una manera más eficiente. Por eso, en su momento los fisiócratas y los socialistas pensaron que el valor procedía respectivamente de la tierra y del trabajo: aquello que parecía esencial para generar riqueza obtenía valor de manera natural.

Con todo, la cosa cambia cuando el proceso de creación de riqueza se vuelve mucho más complejo al implicar a un número infinitamente mayor de agentes y de recursos que deben coordinarse entre sí en momentos muy distintos del tiempo. En tal caso, las decisiones sobre qué y cómo producir ya no resultan tan sencillas, pues de lo que se trata es de organizar todos esos recursos de tal manera que sean capaces de generar la mayor cantidad posible de bienes y servicios valiosos. Es entonces, en el momento en que dejamos de producir para el autoconsumo y pasamos a hacerlo para los demás, cuando los mecanismos de coordinación y de asignación de los factores productivos van adquiriendo una importancia cada vez más decisiva.

Los empresarios son uno de estos elementos coordinadores: pergeñan planes de negocio comprando o alquilando factores productivos, ensamblándolos y vendiendo las mercancías manufacturadas a sus clientes. Sin embargo, tengamos en cuenta que cada empresa es un centro de planificación aislado del resto: lo que decide un empresario no tiene por qué guardar relación con lo que escoge otro empresario, de modo que, al final, podríamos caer en lo que Karl Marx llamaba la “anarquía productiva”.

Los empresarios necesitan un marco dentro del que coordinar sus actividades y ese marco es el mercado: el sistema de precios sirve justamente para que los empresarios puedan elaborar planes que sean consistentes entre sí y con las preferencias de los consumidores. Nadie (o muy pocos) disputa que una parte de ese mercado y de esos precios contribuyen claramente a producir riqueza: todas aquellas industrias dedicadas a la producción de bienes de capital y de bienes de consumo. Sin embargo, hay otra parte cuya relación con la generación de riqueza es bastante más difusa: los mercados financieros y todo el batiburrillo de volátiles precios de los activos financieros.

Son numerosas las personas que separan radicalmente la economía productiva de la economía financiera (Main Street vs. Wall Street), como si esta última no fuera también productiva y como si, de hecho, restara recursos a la primera. Una maniquea segregación que no se corresponde con la realidad. Los mercados financieros juegan el papel de coordinar intertemporalmente a los agentes económicos: su cometido es el de dar pautas a los empresarios acerca de cuándo deben proporcionar a los consumidores aquellos bienes que desean.

En concreto, los mercados financieros sirven para que los ahorradores señalicen cuánto tiempo están dispuestos a esperar y qué riesgos están dispuestos a asumir para disponer de bienes económicos futuros: quien invierte en una imposición a cinco años se está comprometiendo a renunciar durante un lustro a hacer uso de ese dinero (a menos que llegue otro ahorrador que se subrogue en tu posición y compre el bono); quien adquiere deuda subordinada está indicando que no le importa asumir un riesgo importante con tal de ver aumentada su rentabilidad; quien compra acciones transmite el mensaje de que desea formar parte de los propietarios de la compañía, asumiendo las venturas y desventuras del negocio; quien emite un CDS se está comprometiendo a asegurar un activo, aportando los recursos necesarios para cubrir las quitas en caso de que aparezcan, etc.

Todos estos instrumentos (imposiciones a plazo fijo, bonos subordinados, acciones, derivados…) sirven para poner en manos de los empresarios los recursos que han de invertir a largo plazo, es decir, los que les permiten producir elevadas cantidades y calidades de bienes de consumo en el futuro. El precio de estos instrumentos, la remuneración que recibe el ahorrador por abstenerse de consumir y el coste que soporta el inversor por emplear recursos ajenos, son los tipos de interés. Como sucede en todos los mercados, oferentes y demandantes deben ponerse en contacto para poder cerrar la transacción y, asimismo, resulta de enorme importancia que los precios de los distintos activos (los tipos de interés) se correspondan con la realidad, a saber, con su demanda y oferta final. Los bancos son los intermediadores por excelencia de los mercados financieros y los especuladores son los encargados de estabilizar los precios dentro de márgenes realistas.

En definitiva, los mercados financieros y sus diversos participantes (ahorradores, inversores, intermediarios y especuladores) desempeñan un servicio muy importante dentro de una economía: coordinar a quienes ahorran con quienes invierten dentro de unos parámetros compatibles con las necesidades de los consumidores. Al igual que las carreteras tampoco producen nada por sí mismas, los mercados financieros son útiles a la hora de distribuir el capital hacia sus usos más valiosos. Y por eso puede decirse que la economía financiera es productiva: porque tan importante como fabricar bienes y servicios es fabricar los bienes y servicios correctos al menor coste posible. Si todo fuera incrementar la producción material de cualquier cosa, el socialismo podría funcionar. Pero no, no puede porque es incapaz de asignar prioridades de acuerdo con las preferencias intertemporales de los agentes.

Siendo, pues, los mercados financieros una parte básica de nuestra estructura productiva, será lógico que parte de nuestros recursos se destinen a esta industria: trabajadores, edificios, ordenadores, redes, materias primas, etc. Simplemente, una parte de nuestras compañías las hemos de dedicar a prestar semejantes servicios, al igual que otra parte las dedicamos a la extracción de petróleo, otra al diseño de nuevas mercancías, otra al marketing, etc.

Cuestión distinta es la tan extendida afirmación de que los mercados financieros están absorbiendo todos los recursos de la economía, dejando a dos velas a la economía real. Aunque a corto plazo pueda tener lugar una absorción de capital por parte de los mercados financieros, no olvidemos que toda deuda, toda acción o todo seguro representan pasivos financieros que se han transformado en activos productivos; es decir, los activos con los que se especula en última instancia no son más que inversiones reales cuya titularidad cambia de manos. Basta con seguir el circuito del dinero: éste va a parar a los vendedores de pasivos financieros, quienes lo utilizarán o para producir bienes y servicios o para adquirir otros pasivos financieros, cuyos vendedores estarán en idéntica coyuntura hasta que al final todo el capital queda asignado de un modo u otro a proyectos reales: unos proyectos que podrían ser útiles… o no. La economía financiera no es infalible, por la simple cuestión de que el futuro –y las perspectivas de generación de riqueza de los distintos planes empresariales– es incierto. Perfectamente pueden aparecer burbujas financieras que den lugar a distorsiones dentro de la economía real. Mas no nos escandalicemos: los errores son inevitables (y se pagan en forma de pérdidas) en el proceso empresarial y, por tanto, también lo son en el sector financiero.

Lo que deberíamos exigir no es que no se produzcan burbujas, sino que esas burbujas no sean incentivadas, protegidas y amparadas por el poder político. Es lo que sucede en la actualidad, con nuestro sistema financiero absolutamente intervenido, con nuestros bancos centrales que rebajan de manera artificial los tipos de interés, con nuestra divisa desligada del oro, con nuestros políticos predispuestos a rescatar a deudores insolventes y con nuestros reguladores obsesionados con prohibir las ventas al descubierto. Es decir, lo que deberíamos exigir no es que la economía financiera no exista, sino que deje de existir en su privilegiada forma actual.

Desconozco si, como dicen muchos, la economía financiera ha adquirido un tamaño desproporcionado con respecto a la economía real. Eso no me preocupa, pues existen motivos razonables para que haya más y mayores compañías financieras conforme la complejidad de nuestro tejido productivo se eleve. El problema no es ése, sino que su tamaño actual –grande o pequeño– depende del intervencionismo político dirigido a promover el endeudamiento insostenible de familias, empresas, bancos y gobiernos. El problema no es la economía financiera, sino la economía financiera ultraintervenida. En suma, exactamente lo mismo que sucede con la economía real. No carguemos nuestras iras contra el legítimo y útil oficio de especuladores, banqueros e inversores, sino contra el omnipresente intervencionismo económico que contamina todas sus decisiones.

Desde antiguo, la codicia ha estado mal considerada en sociedad: auri sacra fames!, la maldita voracidad por el dinero, la descalificó Virgilio. En algún momento pudo tener su lógica evolutiva: cuando la riqueza estaba dada, lo que ganaba uno lo perdía otro, por tanto el acaparamiento individual era una estrategia peligrosa para la supervivencia del resto del grupo. Hoy, sin embargo, la producción y el comercio, organizados en torno a la división del trabajo, del capital y del conocimiento, permiten que la riqueza ya no sea una tarta dada sino en continua expansión: todas las partes pueden salir beneficiadas de su cooperación y de sus intercambios.

Con todo, nuestros instintos prevalecen sobre la más elemental racionalidad: en la actualidad la riqueza ya no procede de disfrutar de un entorno natural abundante del que obtener directamente los bienes de consumo que necesitamos, sino de organizar los recursos para fabricar los bienes que más urgentemente necesitamos en cada momento. Mucho más valioso que disponer de recursos físicos –de miles de millones de piezas de un puzzle– es contar con la información e infraestructura necesarias para ensamblarlos continuamente de la manera adecuada –según las cambiantes instrucciones para montar el puzzle–. Y para constituir –y reconstituir– los planes empresariales resultan indispensables esos faros del capitalismo que son los precios de mercado, de cuyo acertado arbitraje florecerán los beneficios monetarios.

Ganar y acaparar mucho dinero, por consiguiente, lejos de ser la causa de un empobrecimiento del resto de la sociedad es más bien la consecuencia de una creación previa de riqueza para esa sociedad. El bienestar que se genera mediante la desenfrenada búsqueda de beneficios monetarios en nada se distingue, para sus receptores últimos, del derivado de actividades caritativas y desinteresadas. Acaso, la diferencia más llamativa entre un caso y otro afecta sobre todo a los observadores externos: nos resulta imposible determinar quiénes son los últimos beneficiarios de las decisiones de una persona que gana enormes cantidades de dinero pero, en cambio, enseguida descubrimos quiénes son los directos favorecidos por los filántropos. Mas nuestras limitaciones cognitivas no vuelven la felicidad de los primeros en menos importante que la de los segundos.

Puede que la obsesión de ciertos individuos por ganar dinero nos parezca de una vaciedad espiritual insufrible, pero sea como fuere esta característica resulta bastante irrelevante a la hora de formular y reformular planes empresariales en los que se determine qué producir y cómo hacerlo de cara a satisfacer a los consumidores. Una de las grandes virtudes del capitalismo es que permite canalizar el natural impulso de muchas personas por enriquecerse hacia la satisfacción de las necesidades ajenas. El egoísmo se transforma, por la fuerza de la necesidad, en cooperación mutuamente beneficiosa con el resto de la comunidad. Y no porque seamos esclavos del mercado, sino porque ese mercado es el que mejor sirve nuestros intereses y los del resto.

Difícilmente podría ser de otro modo. Es cierto que muchas personas preferirían que en la cooperación social a gran escala no participara de forma decisiva el vil metal, sino que ésta se articulara a través de un sistema de fraternales intercambios de favores entre personas que se conocen, se aprecian y se respetan: yo te rasco la espalda para que tú me rasques la mía. Pero semejante sistema no funcionaría, o al menos sólo lo haría en ámbitos sociales tremendamente reducidos: cuando limitamos nuestras relaciones económicas a nuestras relaciones personales, es evidente que la división del trabajo no puede alcanzar dimensiones demasiado elevadas. Simplemente, no poseemos ni somos capaces de manejar la suficiente información como para organizar y coordinar a miles de millones de personas.

Los paradoja que los anticapitalistas son incapaces de resolver es que para extender la cooperación humana a ámbitos extensos necesitamos recurrir cada vez más a transacciones monetarias impersonales, mientras que para teñir estas relaciones de camaradería será necesario recluirlas a ámbitos locales e incluso vecinales. El cosmopolitismo y el internacionalismo económico requieren de personas que tomen la mayor parte de sus decisiones productivas (qué bienes fabricar, qué métodos emplear, dónde distribuirlos…) en función del lucro dinerario; sólo el provincianismo económico, el no entrar en contacto ni colaborar con los millardos de personas que jamás llegaremos a conocer, es compatible con sistemas organizativos cuyo principio operativo no sea el ánimo de lucro.

Prosperidad y cooperación mundial versus primitivismo y nacionalismo aldeano. ¿Qué prefieren los anticapitalistas? ¿Comunidades aisladas que apenas se relacionen entre sí salvo para guerrear y explotarse las unas a las otras o comunidades que cooperen y comercien entre sí de manera pacífica? Por mucho que enarbolen la bandera de la modernidad, su aversión al dinero los conduce inexorablemente a recluirse en comunas y falansterios de muy reducido tamaño o en cruentas dictaduras militares donde un comité desatiende las necesidades de la ciudadanía pero las mantiene unidas en contra de su voluntad.

Todo lo anterior, por supuesto, no significa ni que las relaciones no monetarias carezcan de importancia en nuestras vidas ni que toda decisión guiada por el ánimo de lucro beneficie al resto de la sociedad.

Lo primero es evidente: muchas de las decisiones más importantes de nuestras vidas –con quién nos emparejamos, quiénes son nuestros amigos, por qué apreciamos y tratamos de hacer felices a nuestros padres, por qué colaboramos con ciertas causas religiosas, ideológicas o culturales…– no vendrán determinadas generalmente por su rentabilidad esperada. De hecho, es probable que si las adoptáramos en función de este criterio, terminaráramos siendo harto infelices. ¿Contradicción? En absoluto. El ánimo de lucro tiene su ámbito y es útil (monopolísticamente útil, añadiría) dentro de ese ámbito: el de la coordinación de millardos de personas para producir bienes y servicios que necesitamos en grandes cantidades. Fuera del mismo, no tiene por qué ser funcional. Pero que un martillo no sirva para limpiar un cristal no significa que no resulte extremadamente útil a la hora de colgar un cuadro. A cada uno lo suyo.

Lo segundo tampoco debería extrañarnos demasiado: si la codicia por acaparar dinero lleva a algunos individuos a robar, defraudar o estafar a otras personas, es obvio que ese ánimo de lucro tendrá sus damnificados. Más bien, lo que afirmamos es que el ánimo de lucro, por muy desenfrenado y obsesivo que sea, resulta beneficioso socialmente siempre que respete la propiedad privada y los contratos: es decir, siempre que las relaciones sean voluntarias en su origen y en su desarrollo.

Se me dirá que quienes están obsesionados por ganar dinero para sí mismos tenderán a saltarse las normas para cosecharlo a costa de los demás. Es posible que así sea en pocos, algunos o muchos casos (por ejemplo, cuando se le reclaman subvenciones, aranceles, redistribuciones de renta y protecciones varias al Estado), pero entonces no pongamos el énfasis en censurar el ánimo de lucro, sino la violación de la propiedad privada y de los contratos. Lo que necesitaríamos no es abolir el capitalismo y el ánimo de lucro, sino un orden jurídico más eficiente a la hora de perseguir y castigar a quienes violan las normas. A la postre, las mayores matanzas de nuestra historia se han cometido en nombre de una benemérita fraternidad universal; los dictadores más salvajes juraban no actuar por interés propio, sino de manera abnegada para beneficiar a su pueblo. Incluso es verosímil que muchos así lo creyeran y que consideraran justificado sacrificar a unos pocos díscolos saboteadores con tal de mantener la armonía social. ¿Significa ello que debemos reprimir la filantropía y el amor al prójimo? ¿O más bien que, como toda actividad interpersonal, éstas también deben someterse a derecho?

En definitiva, a la hora de organizarnos económicamente en órdenes muy extensos, el capitalismo y el ánimo de lucro son irremplazables. Poco importa que quien esté obsesionado con lucrarse sea un individuo altruista que verdaderamente desee hacer felices a los consumidores o un desalmado cualquiera que sólo busque enriquecerse a sí solo: mientras ambos respeten la propiedad privada de los demás, sólo acapararán dinero si consiguen satisfacer continuamente los fines de los consumidores.

Gracias al capitalismo, no necesitamos confiar ni en las buenas intenciones de ningún dictador benevolente ni en unos individuos desnaturalizados que sólo piensen en millones de personas que jamás llegarán a conocer: ninguna de ambas opciones funcionaría. En realidad, nos basta con que cada cual disfrute al máximo de su vida dentro de sus círculos de amistades y se dedique a producir para un impersonal mercado aquellos bienes que son rentables y que, por tanto, hacen felices a muchísimas personas anónimas. Es decir, para que todos prosperemos nos basta con que, respetando la propiedad y los contratos, cada cual se dedique a ganar tanto dinero como buenamente pueda y a gastarlo para sí y para sus allegados. Cuando vuelva a molestarse por un avaricioso señor que sólo se preocupa por el dinero, piense dos segundos en cómo esa actitud le perjudica a usted. Tal vez descubra que, pese a su insolidaria pose, le puede llegar a beneficiar sobremanera.

Habitualmente oímos que vivimos sometidos a la dictadura de los mercados. Nuestras acciones quedan condicionadas por lo que dictan los precios, los costes o los tipos de interés, y no por nuestra voluntad. Aquello que no es rentable no llega a comercializarse y, a su vez, quien carece de dinero no es capaz de adquirir ni siquiera los productos más fundamentales: es la tiranía del vil metal, de la que sólo somos capaces de librarnos gracias al intervencionismo estatal. Pero, ¿qué significa exactamente eso de que vivimos sometidos al mercado? Y aún más importante, ¿qué implicaciones tiene que alguien, como el Estado y sus clientes, pueda vivir al margen de esa dictadura?

Recordemos: los agentes económicos dividen su trabajo para ser más eficientes a la hora de fabricar bienes y servicios con los que satisfacer sus fines. Si todos tuviéramos que fabricar todo aquello que necesitamos, seríamos tremendamente ineficientes y pobres. Piense por un segundo que usted debiera producir su propia comida, bebida, vestido, vivienda, mobiliario, televisores, módems, teléfonos móviles, satélites, etc. (incluyendo todos los materiales de los que éstos están compuestos). Parece claro que viviríamos en la miseria más absoluta, de ahí que hayamos optado por dividir nuestras ocupaciones y convertirnos en productores especializados y consumidores generalistas.

La cuestión es: ya que dividimos nuestro trabajo y no producimos todos los bienes que directamente deseamos, ¿a qué debemos dedicarnos cada uno de nosotros? Es decir, qué bienes deben producirse socialmente y, sobre todo, cuál es la manera más acertada de hacerlo. Y, como ya vimos, la respuesta a estas esenciales cuestiones nos la ofrecen los precios de mercado y los beneficios empresariales: que la producción de un bien sea rentable significa que los consumidores la valoran más que aquellas mercancías alternativas que podrían haberse fabricado; que un bien no sea rentable implica que los consumidores lo valoran menos que aquellos otros que podrían haberse creado con los factores productivos empleados.

Pero recordemos en todo momento qué hay detrás de esos consumidores: todo consumidor es un productor que se ha dedicado previamente a fabricar una serie de bienes que, a su vez, han sido adquiridos por otros consumidores/productores. El mercado, por tanto, sólo es el ámbito en el que unos y otros intercambian voluntariamente sus mercancías. Cuando todos los productores generan bienes rentables, todos los agentes salen beneficiados, pues todos obtienen como consumidores mercancías más valiosas que las que hubiesen podido crear con el tiempo y el esfuerzo que han invertido como productores. Cuando algunos productores generan bienes que no son rentables, algunos consumidores salen perjudicados pues no son capaces de adquirir mercancías más valiosas que las que hubiesen podido fabricar.

Esa, y no otra, es la famosa dictadura de los mercados: como formo parte de una división del trabajo mucho más amplia, mis posibilidades de producción y de consumo dentro de esa división del trabajo quedan limitadas por las valoraciones del resto de personas. Nadie puede consumir lo que quiere sin fabricar lo que otros quieren. Es decir, si queremos consumir lo que queramos, es necesario que, como productores, tengamos en cuenta lo que otros productores también desean poder consumir.

Por consiguiente, cuando una persona se queja de que está sometida a la dictadura de los mercados, sólo puede referirse a que no se le permite ignorar las preferencias de los demás a la hora de tomar sus decisiones de producción o consumo. En puridad, sin embargo, no es cierto que una persona se vea forzada a coordinarse con otras; todo el mundo es libre de abandonar la división del trabajo o de tratar de cooperar con otros individuos en organizaciones del trabajo más restringidas. Por ejemplo, la izquierda con pretensiones de “alternativa” intenta canalizar los intercambios por otros cauces: tiendas de trueque, comercio justo, comunas, etc. Asimismo, hay multitud de relaciones humanas que no se planifican en función de su rentabilidad monetaria: el amor, la amistad, la caridad o la vocación religiosa. Por tanto, si existen momentos en los que directamente nos salimos de la división del trabajo y optamos por otras formas de organizarnos, no puede hablarse de dictadura.

Sucede, sin embargo, que a la hora de fabricar bienes y servicios, no existe una alternativa real al libre mercado. Cuando uno se queja de que vive sometido a la dictadura de los mercados, lo que en realidad está diciendo es que los costes de abandonar la división del trabajo, de no querer participar en ella o de crear sistemas productivos aislados de los que nutrirse para su consumo diario, son tan descomunales que sería totalmente absurdo hacerlo. Es decir, quien denuncia la dictadura de los mercados en realidad le está rindiendo un inconsciente homenaje: “Aunque te detesto con todas mis fuerzas, facilitas tanto mi vida que no puedo abandonarte”.

Los único que pueden vivir al margen del mercado son el Estado –sus recursos no los obtiene merced a intercambios voluntarios y mutuamente beneficiosos sino mediante la coacción– y quienes se refugian bajo sus faldas. Gracias a ello, ciertos individuos gozan de licencia para generar menos valor para otras personas del que ellas han generado para ellos. Por ejemplo, el consumidor que reclama ser subsidiado por el Estado para acceder a bienes que quedan fuera de su alcance en realidad está diciendo: “Quiero que los demás me entreguen bienes más valiosos de los que yo les doy a ellos”; por su lado, el productor que implora ser subvencionado por el Estado para continuar fabricando bienes que otros no desean está gritando: “Quiero seguir entregándoles a los demás bienes menos valiosos de los que yo les arrebato a ellos”.

La dictadura del mercado es la democracia de los intercambios pacíficos, voluntarios y mutuamente beneficiosos. La democracia del Estado es la dictadura de los intercambios violentos, coactivos y unilateralmente provechosos. Simbiosis versus parasitismo.

Así pues, cuando oiga a alguna persona reclamar que la cultura, la prensa, la televisión pública, el carbón nacional, las automovilísticas, los oficios tradicionales, el cine patrio o cualquier otra ocupación debe ser subvencionada por el Estado para así sustraerse al mercado, al lucro o a la avaricia, tenga claro cuál es su auténtico mensaje: “Soy tan codicioso y tengo tan pocos escrúpulos a la hora de conseguir dinero, que en lugar de quebrarme la cabeza tratando de averiguar qué bienes y servicios necesitan los demás, prefiero arrebatárselo por la fuerza”. O, como decía David Friedman, “los avariciosos capitalistas consiguen su dinero comerciando; los buenos progres, lo roban”. Normal, pues, que intenten adornar un acto tan censurable con todo tipo de bellos ropajes: solidaridad, Estado del Bienestar, igualdad, dignidad, cohesión social o sectores estratégicos. Pero desengáñese: lo único que desean es que usted no se dé cuenta de que, en lugar de preocuparse por sus necesidades, le están esquilmando.

Un video de la película El concursante se ha hecho muy popular en internet. En él se nos explica que todo el sistema financiero es una farsa diseñada por los bancos para apropiarse de toda la riqueza de los ciudadanos.

El razonamiento es el siguiente: en un principio, la humanidad empleaba el trueque para intercambiar bienes y servicios, pero los inconvenientes de éste forzaron a la gente a emplear un bien como medio de cambio universal, el oro; con su aparición, los agentes pasaron a necesitar un oro que no poseían por hallarse almacenado –todo él– en una empresa llamada “banco”. El banco, como monopolista del oro, no estaba dispuesto a venderlo, sólo a prestarlo. Y, así las cosas, la entidad pasa a prestar a diez personas durante un año todo el oro que existe en la economía, digamos 100 monedas, a cambio de un “módico” interés del 10%: es decir, todos reciben diez monedas de oro y al cabo de doce meses deben devolver 11. Obviamente, como en la economía sólo hay 100 monedas, no será posible devolver 110, por lo que deberán aplazar el pago con el banco, a cambio de lo cual éste devengará nuevos intereses. Pero si los deudores no podían pagar 110, tampoco podrán abonar 120. Al final, la deuda pendiente con el banco será tan grande que éste recuperará todo el oro que había prestado (las 100 monedas de oro) y, además, tendrá el derecho a quedarse con todas las propiedades de sus deudores para resarcirse por los intereses no percibidos. Los ciudadanos habrán transferido toda su riqueza al banco por ser esclavos del dinero.

Como digo, el vídeo se ha hecho tremendamente popular en internet, pero mucho me temo que su fama no se debe a su rigor y calidad. Los errores son numerosos y abundantes, hasta el punto de que cuesta encontrar alguna escena que no esté plagada de varias falacias. Empecemos:

• El dinero no se introduce en la economía como un préstamo: En el vídeo se asume que todo el oro de la economía lo posee el banco y que éste, en lugar de venderlo, se dedica a prestarlo al resto de la sociedad. La hipótesis es absurda: al principio ningún bien es dinero, sino que todas las mercancías se valoran por su utilidad directa y se intercambian vía trueque. Llega un momento, sin embargo, en el que algunos agentes descubren que unas mercancías son más fácilmente intercambiables que otras, por lo que pasan a demandarlas masivamente como paso intermedio para sus compras. Dicho de otra manera, el dinero, antes de ser dinero, era un bien que se adquiría y vendía como cualquier otro. En caso de haber estado todo él atesorado en los almacenes de una sola persona –”la que inventó el sistema”, se dice en el vídeo, cuando el dinero no lo inventó nadie en particular, sino que fue descubierto socialmente–, el resto de agentes jamás lo habrían podido utilizar en sus intercambios y, por tanto, jamás se habría desarrollado como dinero.
• Los banqueros no sólo acumulan dinero, también gastan: Ligado con el error anterior, el vídeo asume que el banquero nunca vende el oro, lo que significa que nunca gasta el dinero en nada. Vamos, tanto se enriquece que ni siquiera se digna a comprar el pan. Si él o sus accionistas decidieran comprar algo (sea un bien de consumo o de inversión), estaría intercambiando una mercancía (pan, hortalizas, coches, pisos…) por oro, esto es, estaría vendiendo el oro. Y, a partir de ese momento, esas monedas saldrían de sus almacenes y podrían emplearse para pagar los intereses de su deuda.
• Ningún bien es siempre y en cualquier contexto dinero: El dinero es el bien económico que reúne las mejores propiedades para ser medio de cambio y de no cambio. En cada momento histórico, y según el contexto, diversos bienes han desempeñado ese papel (las vacas, la sal, las conchas, el tabaco, el trigo, el hierro, el cobre, la plata, el oro…). Una de esas propiedades fundamentales es la disponibilidad: si, por ejemplo, una sociedad dispusiera de amplios yacimientos de oro pero fuera incapaz de explotarlos, no utilizaría el metal amarillo como dinero por muy superiores que fueran sus propiedades sobre las del resto de bienes. Pero eso tampoco significa que ningún bien actuara como dinero, sino que se utilizarían otros: el proceso de descubrimiento de los mejores medios de cambio y de no cambio jamás se detiene. En el caso del vídeo, si la gente no tenía acceso al oro porque lo atesoraba un avaricioso banquero, las personas habrían efectuado sus intercambios mediante otros bienes (la plata, el platino o, en caso de extrema necesidad, las propias hortalizas que salen en el video).
• Los proveedores de dinero son los mineros, no los bancos: Si de oro hablamos, quienes introducen el dinero en la economía no son los bancos, sino los mineros. Esto significa no sólo que la cantidad de dinero no está dada, sino que, cuando los mineros extraen el oro y lo utilizan para comprar bienes y servicios, van introduciendo la nueva producción minera en el mercado. En la actualidad, es cierto que es el banco central –el central, no los bancos privados– quien crea el dinero fiduciario en régimen de monopolio, pero, de nuevo, los ciudadanos que tienen billetes del banco central no tienen que devolvérselos con intereses, por lo que tampoco se compadece con el vídeo.
• Los bancos privados se dedican a crear promesas de pago, no dinero: El matiz es fundamental por dos motivos. El primero es que la inmensa mayoría del oro que tengan los bancos no es suyo, sino que les ha sido a su vez prestado por otras personas: los bancos son grandes acreedores pero también grandes deudores (a los que también pagan intereses), de modo que si no cobran sus créditos tienen un serio problema. El segundo es que la práctica totalidad de las promesas de pago de los bancos no se saldan con dinero sino por compensación; esto quiere decir que la deuda puede terminar pagándose con otra deuda. Vamos a desarrollar un poco más estos dos puntos.
• Los impagos son un problema, no una bendición, para la banca: En el vídeo se da a entender que el banquero está entusiasmado con que sus deudores no le paguen, pues así podrá cobrarles más intereses y, finalmente, quedarse con sus propiedades. Sin embargo, no olvidemos que el banco está endeudado con otras personas (los tenedores de sus billetes o depósitos), de modo que si sus créditos le son impagados, podrá verse abocado a la quiebra. Por ejemplo, si un banco ha pedido prestadas 100 onzas de oro que luego invierte en una hipoteca, en caso de que el hipotecado sólo le devuelva 10 y de que sólo pueda realizar 30 por la venta del piso, tendrá una deuda pendiente de 60 que lo llevará a la bancarrota.
• El pago de intereses no imposibilita la devolución de los préstamos: Primero, es falso que todo el dinero de la economía le sea adeudado al sistema bancario. Las familias y las empresas tienen enormes cantidades de dinero en propiedad (incluso en forma de créditos contra la banca); por tanto, si un individuo pide un préstamo de 100 onzas de oro, lo dedica a crear una empresa que fabrica televisores y obtiene unas ganancias anuales de 120 onzas, podrá hacer frente a unos intereses de hasta el 20%. Segundo, aun cuando una economía sólo utilizara como medios de cambio las deudas de los bancos, podría llegar a devolver todos los préstamos a través de los pagos por compensación: más deudas también supondrían más medios de pago. Por ejemplo, imaginemos que los empresarios de una economía disponen de unas mercancías valoradas en 100 onzas de oro y piden unos préstamos de 90 billetes al banco (equivalentes a 90 onzas) para pagar a sus trabajadores, proveedores y accionistas, a cambio de los cuales se comprometen a devolver 100 billetes dentro de un año. El banco, por tanto, se embolsa unos beneficios de 10 billetes, que procederá a imprimir y repartir entre sus accionistas. Finalmente, cuando todos los agentes implicados hayan gastado sus 100 billetes en adquirir todos los bienes que ofrecen los empresarios, éstos le repagarán sus deudas al banco. Éste poseerá 100 billetes que serán deudas contra sí mismo, por lo que pasará a cancelarlos. La labor de intermediación del banco –el haber facilitado los medios de pago de la economía– le habrá sido recompensada con la entrega a sus accionistas de unos bienes valorados en 10 onzas. Pero, ¿qué sucedería si el banco no hubiese imprimido preventivamente 10 billetes para sus accionistas? Pues exactamente lo mismo: los empresarios le habrían devuelto al banco los 90 billetes que habrían ingresado de sus ventas a los consumidores y, para cobrarse los 10 billetes restantes, los accionistas del banco habrían pasado a apropiarse de las mercancías invendidas por los empresarios (las mismas que podrían haber comprado imprimiendo esos billetes). En definitiva, desde un punto de vista económico, el pago de intereses sólo supone la apropiación de una parte de la producción presente como remuneración por el uso anticipado de unos recursos ajenos.

Con todo lo anterior no quiero negar que los bancos puedan generar un volumen de deuda inmanejable e impagable, sobre todo cuando se dedican a crear medios de pago presentes contra bienes que, siendo optimistas, sólo existirán en el futuro. En tal caso, asistiremos a una crisis bancaria (los bancos no podrán remunerar a los accionistas y acreedores merced a unos bienes que no se han creado) y económica (muchas estructuras empresariales no guardarán relación alguna con las ofertas reales del resto de bienes y servicios). Pero, desde luego, ni la creación de dinero hipoteca al resto de la sociedad, ni el cobro de intereses es una actividad usuraria que imposibilita el pago de todas las deudas, ni los bancos salen beneficiados cuando sus créditos resultan impagados: para criticar las malas prácticas bancarias no es necesario recurrir a ninguna teoría económica profundamente deficiente.

En un sistema económico caracterizado por la división del trabajo y el intercambio, es normal que muchas personas vean amenazada su posición cuando otros agentes salen de la pobreza y comienzan a producir bienes y servicios que compiten directamente con los suyos. Cuando la población de una pequeña aldea crece, el tendero de toda la vida probablemente deba enfrentarse a nuevos competidores, de modo que su posición de monopolio (y las rentas extraordinarias que de ahí derivaba) desaparece. Eso no significa, sin embargo, que el incremento de la población empobrezca a la aldea: al contrario, el antiguo tendero monopolista pasará a dedicarse a otras labores y la variedad de bienes y servicios disponibles para el intercambio (la riqueza) se incrementará.

Lo mismo sucede cuando el tamaño de esa aldea global que es la economía mundial se expande. Por supuesto, habrá sectores locales que salgan perjudicados por la mayor cantidad de productores y competidores extranjeros –incluso podría haber algún país pequeño, concentrado en unos pocos sectores productivos, que sufriera una crisis nacional–, pero eso no significa, ni mucho menos, que el crecimiento de esa aldea global sea perjudicial, sólo que a corto plazo requerirá reestructuraciones.

A China se le pueden reprochar muchas cosas, como su continuada violación de los derechos humanos, su enorme corrupción, sus poco honrosas alianzas externas o su estructura política dictatorial en manos de la nomenclatura nacionalista y comunista, pero no que haya muchos chinos. Sin embargo, ése si es el temor de muchos occidentales que ven cómo la avalancha de manufacturas chinas nos está engullendo: al final, se nos dice, en Occidente nos quedaremos sin nada que producir porque los chinos son más competitivos en todo (debido a sus bajos salarios) y no hay en el mundo demanda suficiente como para absorber toda esa avalancha de producción.

La idea parece intuitivamente cierta, pero incurre en dos errores archirrefutados por la ciencia económica: la falacia de la sobreproducción generalizada y la falacia de la ventaja absoluta.

La falacia de la sobreproducción generalizada sostiene que la producción puede crecer más allá del poder adquisitivo existente, de modo que no habrá mercado para colocar todas las mercancías fabricadas y acaecerá una crisis. De hecho, no han sido pocos quienes pretenden explicar la presente crisis meced a la sobreproducción china. Fue Jean Baptiste Say quien en sus Principios de Economía se encargó de enterrar este mito: en última instancia, todo lo que compramos lo pagamos con otros productos que previamente hemos producido y vendido (la llamada “ley de Say”). Por consiguiente, si todos producimos más, nuestro poder adquisitivo crece correlativamente: tenemos más mercancías que podemos comprar, pero también más mercancías que podemos vender. Los chinos no sólo producen, sino que también compran (ya sean bienes de consumo o de inversión). En definitiva, una sobreproducción generalizada nunca será posible (una mayor oferta sienta las bases para una mayor demanda); otra cosa son las sobreproducciones sectoriales, que obviamente sí son posibles, como ha sucedido con la vivienda.

La falacia de la ventaja absoluta fue enunciada por Adam Smith al sostener que los intercambios entre individuos y naciones se guiaban por quien fuera mejor a la hora de producir un bien. Si Inglaterra es mejor que Portugal produciendo tela y Portugal mejor que Inglaterra produciendo vino, entonces ambos países trocarán sus mercancías. Pero, ¿qué pasaría si Inglaterra fuera mejor que Portugal fabricándolo todo? A esta pregunta respondió otro economista, David Ricardo, cuando explicó que los intercambios en realidad no se mueven por ventajas absolutas, sino relativas: cada persona se especializa en aquello en lo que es relativamente mejor que el resto. Por ejemplo, si Inglaterra genera mucho más valor que Portugal produciendo tela pero sólo un poquito más produciendo vino, será conveniente que Inglaterra se especialice en la tela y le deje a Portugal producir vino. Otro ejemplo quizá más comprensible: un empresario puede saber más contabilidad que nadie, pero normalmente subcontratará su gestión a una tercera persona para que él pueda centrarse en aquello en lo que es mucho mejor que todos, crear valor para los consumidores.

Por tanto, si no puede haber una sobreproducción general y todos podemos ocupar nuestro lugar dentro de una división internacional del trabajo, parece claro que no son los chinos quienes nos condenan al desempleo estructural, sino más bien nuestras rígidas regulaciones laborales.

Existe, con todo, una variante un tanto más verosímil del argumento anterior que no incurre en las mentadas falacias: aun cuando no nos quedemos sin empleos, el capital occidental tenderá a trasladarse a China por sus menores costes laborales, de modo que nuestros salarios se igualarán a la baja con los suyos.

Lo primero a tener en cuenta es que el capital no se dirige allí donde los costes laborales sean más bajos, sino allí donde los costes totales de producción sean menores en relación con la productividad de los factores productivos; esto es, allí donde cueste menos fabricar valor. El coste laboral es un coste de producción más, pero existen otros como el de transporte, el energético, el de financiación, los regulatorios, las deseconomías de escala o el riesgo institucional. Y, asimismo, existen otros factores que elevan la productividad (el valor) que se genera por unidad de coste: la dotación de capital (incluyendo el humano) o las complementariedades derivadas del efecto red.

Es cierto que los costes laborales son mucho más bajos en China, pero Occidente sigue teniendo ventajas en términos de infraestructuras, estabilidad institucional, seguridad jurídica, formación del capital humano o complementariedades vía efectos red. Es decir, en Occidente se puede formar una riqueza de mayor calidad con costes no laborales en ocasiones más baratos que en China. Por supuesto, esas ventajas son transitorias –conforme China acumule más capital y, sobre todo, si llega a establecer pacíficamente un Estado de Derecho riguroso, sus otros costes se reducirían– pero también lo serán los bajos salarios chinos, debido a que su mayor capital incrementará la productividad de los trabajadores (volverá el factor trabajo relativamente más escaso –y caro– con respecto a los bienes de capital complementarios).

Lo segundo a considerar es que los consumidores occidentales salimos beneficiados si podemos comprar más baratos algunos bienes que nosotros fabricamos de manera más cara. La economía se basa en economizar el uso de recursos para satisfacer la mayor cantidad de fines posibles: si los chinos son capaces de fabricar alguna mercancía más barata que nuestros productores locales, los consumidores occidentales podremos adquirirla a precios más asequibles y nuestros productores locales podrán reorientar sus recursos para manufacturar otros bienes que nosotros podremos comprar gracias al ahorro derivado de las más asequibles mercancías chinas. Ninguna sociedad sale beneficiada por producir a los costes más elevados posibles, pues en tal caso nos convendría abandonar la división del trabajo y que cada ser humano se volviera autosuficiente.

Pero, sobre todo, el mayor error en relación con la presunta destrucción de empleos en Occidente como consecuencia de los menores costes laborales chinos es que no todas las industrias chinas compiten con todas las industrias occidentales. Gran parte de las industrias chinas se dedican a cooperar con las industrias occidentales para lograr una mayor producción. Por ejemplo, la industria de juguetes de China compite con la industria de juguetes de Occidente, pero las fábricas dedicadas a producir chips informáticos se complementan con las industrias informáticas de Occidente. Del mismo modo que no todas las empresas dentro de España compiten entre sí (hay numerosas relaciones proveedores-mayoristas-minoristas), tampoco todas las empresas en el mundo hacen lo propio.

Por ejemplo, en 2010 España importaba de China productos valorados en 20.000 millones de euros, esto es, el 2% del PIB; porcentaje similar al de EEUU (365.000 millones o el 2,5% del PIB). De todas esas importaciones, alrededor del 50% eran bienes de capital que las industrias occidentales emplean para mejorar su productividad (el resto son bienes de consumo que sí compiten con los bienes de consumo que fabriquemos internamente). En otras palabras, si ya resulta poco probable que nos abocamos a la desindustrialización por el hecho de que importemos el 2% de nuestro PIB de China (sobre todo cuando, a su vez, les exportamos alrededor del 0,5%), aún lo es menos si tenemos en cuenta que la mitad de esos productos son bienes de capital tirados de precio que nos permiten ser mucho más competitivos que si los produjéramos internamente a precios más altos. Cuanto más abarate China los bienes de capital que nosotros incorporamos a nuestros procesos de producción, más productivos seremos y más altos salarios podremos permitirnos.

¿Qué nos deparará, por tanto, el futuro? Como ya sucediera con la transición de la agricultura a la industria o de la industria a los servicios, conforme se acumule internacionalmente el capital, las ocupaciones que puedan automatizarse y sustituirse por bienes de capital tenderán a desaparecer (como lo hicieron decenas de agricultores con la aparición de la cosechadora o como podrían hacer los robots de limpieza con respecto al servicio doméstico), mientras que las otras tenderán a revalorizarse. Y entre esas otras hallaremos toda una variedad de empleos: desde los más básicos (como pueden ser peluqueros, policías, camareros… que de momento no pueden prestarse por una máquina ni, por supuesto, en China) hasta los más sofisticados (formación superior muy especializada: directivos, ingenieros, diseñadores, consultores, investigadores, profesores…). Así, por ejemplo, las ocupaciones más especializadas se han duplicado en EEUU desde 1983 (hasta representar un tercio de toda la fuerza laboral) y las medias han crecido en torno al 30%. Los trabajos que realmente se han perdido están relacionados con la agricultura, la minería o las cadenas de montaje, esto es, las ocupaciones más automatizables y con menor valor añadido.

En definitiva, no serán los chinos quienes nos empobrezcan, sino en todo caso el intervencionismo de unos gobiernos occidentales que nos lleve a dilapidar el capital (vía ciclos económicos, regulaciones absurdas o inadecuada formación en universidades públicas) y, por tanto, nos impida crear modelos de negocio que generen el suficiente valor para los consumidores occidentales… y chinos.

La práctica totalidad de la población coincide en que la enseñanza es uno de los pilares del Estado de Bienestar. Hablar de una privatización de la educación que vaya más allá del cheque escolar parece ser un tema tabú, incluso para los liberales. Sin embargo, la teoría económica permite comprender por qué no sólo es recomendable sino imprescindible para el desarrollo que la enseñanza, especialmente la superior/universitaria, sea completamente privada.

Lo esencial es tener claro qué debe ser y qué no debe ser la enseñanza universitaria. Por resumirlo, la universidad debe convertirse en una empresa cuyo propósito sea el de fabricar o proveer un bien de capital harto concreto y específico: el llamado capital humano muy especializado. La universidad no debe ser un foro público para adquirir una formación general un tanto más profunda que la proporcionada por la enseñanza secundaria y que nos convierta en buenos ciudadanos. O, al menos, no debe ser eso si luego pretendemos que esos años de carrera lectiva nos sirvan para lograr un sobresueldo en el mercado laboral.

Por consiguiente, la universidad produce capital humano, esto es, inocula a sus clientes/estudiantes una serie de conocimientos teórico-prácticos que, con posterioridad, deberían permitirles producir en el mercado una mayor cantidad de bienes y servicios que otros agentes sin esa formación: el capital humano debe servir para incrementar la productividad de los trabajadores y, por tanto, lograr sueldos más elevados.

El capital humano, pues, es un bien de capital más, con todo lo que ello entraña: su valor depende de su capacidad para generar bienes económicos valiosos dentro de un plan empresarial en el que deberá coordinarse y complementarse con otros bienes de capital. Los sobresueldos (o los beneficios extraordinarios, si el estudiante se vuelve autónomo) son precisamente la remuneración de ese bien de capital, como los dividendos lo son de las acciones o los intereses de la renta fija. Y el sobresueldo podrá pagarse si un trabajador que dispone de un cierto capital humano es más productivo dentro de un determinado plan empresarial que otro trabajador que carece de ese capital humano.

La tarea de las universidades no es nada sencilla. En cierto modo, cabe reputarlos como centros productivos de una enorme complejidad: su materia prima es un conocimiento tremendamente especializado –pensemos en la cantidad de licenciaturas y de maestrías que existen dentro de éstas– que año a año queda desfasado por el avance de la ciencia, por el eventual cambio de gustos de los consumidores y por las nuevas metodologías docentes. Sus clientes, los estudiantes, tienen que recibir una formación puntera (pues, en caso contrario, saldrán al mercado laboral y serán desplazados por otros trabajadores mejor adiestrados), que esté adaptada a las necesidades del consumidor (pues, en caso contrario, no habrá empresarios que quieran incorporarlos a sus planes de negocio abonándoles un sobresueldo) y que les sea lo más inteligible posible (pues, si no, todos los esfuerzos docentes serán en vano).

No se trata sólo, por tanto, de formar a los mejores arquitectos –o ingenieros, o economistas o juristas– posibles desde un punto de vista técnico, sino también a aquellos que sepan diseñar las construcciones que vayan más en consonancia con los gustos de los consumidores (o quizá, si hay exceso de construcciones y arquitectos, lo acertado sea no formar a ningún arquitecto). Los conocimientos que adquieren, en definitiva, no han de ser útiles para la formación personal y humana del alumno o para el avance en abstracto de la ciencia –para lo cual puede haber otros centros adscritos a la universidad que realimenten la labor de la docencia–, sino para el consumidor, que al final es quien le pagará el sobresueldo al estudiante.

Así las cosas, un capital humano que no cumpla con estos tres requisitos –excelencia técnica y adaptación a las necesidades del consumidor que permita lograr un sobresueldo en el mercado– puede considerarse una mala inversión, equiparable a la de un promotor inmobiliario que en el auge de una burbuja del ladrillo siguiera construyendo más y más viviendas que luego no ha podido colocar a buen precio.

La cuestión es si la universidad pública puede proveer un capital humano que no sea en general un cúmulo de malas inversiones o si, por el contrario, el buen capital humano sólo podrá gestarse en centros universitarios privados sometidos a la competencia del mercado y a la ausencia de regulación del sector público.

Existen razones que afectan tanto a la oferta –a la manera que tienen las universidades de funcionar y enseñar– como a la demanda –a la cantidad y calidad de estudios que desean contratar los estudiantes– para concluir que, como en cualquier otro centro productivo especializado, es imprescindible que la universidad esté sometida por entero a la competencia propia del libre mercado.

Entre las de oferta, la universidad debe ser suficientemente flexible como para adaptar su conocimiento técnico y sus métodos docentes a las muy cambiantes necesidades del mercado (de las empresas y de los consumidores). El profesorado –y la organización de éste dentro de la universidad– ha de estar sometida a una reelaboración continuo; una flexibilidad que sólo puede lograrse no a golpe de planificación central y de planes quinquenales, sino merced a la presión competitiva de otras universidades más eficientes que pueden terminar desplazando a las menos eficientes. Es necesario que los modelos educativos que queden desfasados puedan desaparecer y no se eternicen gracias a la teta del presupuesto público; para lo cual resulta a su vez necesario que los empresas y la administración puedan discriminar entre los títulos de distintas universidades según su calidad: una licenciatura en una universidad puntera no puede ser equiparable a una licenciatura de una universidad deficiente.

Asimismo, la competencia entre universidades no sólo afectaría a la calidad de sus servicios, sino también a su coste. Internet, los Ebooks y demás nuevas tecnologías ofrecen un sinfín de posibilidades para desarrollar nuevos modelos educativos que vayan más allá de la universidad tradicional. La participación de un centro de enseñanza superior en la formación del capital humano puede ser muy variable: desde la tutela directa y presencial de un equipo docente durante 20 horas semanales a lo largo de cinco años a la provisión del material docente y posterior certificación de que un determinado alumno ha adquirido por su cuenta los conocimientos reconocidos en su título, pasando por la enseñanza online presencial o no presencial. Cada universidad podría configurar su propia oferta de servicios académicos, cuyo precio sería creciente con su coste (con el grado de implicación en la formación) y permitiría a una variedad muy amplia de alumnos, con niveles de renta muy diversos, acceder a un mismo título. A día de hoy ya existen numerosos centros que cobran sólo por examinar y certificar la adquisición de unos determinados conocimientos, sin perjuicio de que, abonando un sobreprecio, los estudiantes puedan comprar directamente los materiales o asistir a clases presenciales.

Igualmente, tampoco tiene demasiado sentido que la carrera universitaria sólo pueda ser un corpus inseparable de conocimientos que proporcionen una visión presuntamente completa al alumno sobre una materia a lo largo de cuatro o cinco años. Lo lógico sería que cada universidad pudiese ofrecer ‘packs’ de duración y precio mucho más reducido y con un contenido mucho más específico; el objetivo es formar especialistas que sepan desarrollar servicios extraordinarios en una materia. El mejor contable del mundo no tiene por qué tener un conocimiento demasiado profundo sobre macroeconomía, por lo que ambas materias no tienen por qué estudiarse a la vez: la posibilidad de estudiar por módulos que puedan adquirir los alumnos, sin perjuicio de la obtención de un título que acredite exactamente los conocimientos adquiridos, proporciona una flexibilidad enorme a la hora de formar el capital humano y a la hora de reorganizar internamente las materias impartidas y los métodos empleados. Más que observar los estudios universitarios como una variable discreta (0 ó 1: o se tiene un título, aunque falte una asignatura, o no se tiene), habría que entenderla como una variable continua (se poseen distintos grados de conocimiento reflejados en un currículum dinámico).

Por lo que respecta a la demanda, nunca olvidemos que la enseñanza universitaria es una inversión en un activo llamado capital humano y cuya rentabilidad es el sobresueldo que cosecha el trabajador. Si reputaríamos absurdo que el Estado nos concediera a todos (o, más bien, a unos cuantos adolescentes) un cheque de, por ejemplo, 20.000 euros para que todos pudiésemos poseer una cartera de acciones bursátiles (¡y no sólo los ricos ahorradores!), deberíamos considerar igualmente absurdo que el Estado subvencionara la demanda de lo que es, repito, una inversión en un activo muy específico y especializado como es el capital humano.

¿Y por qué es absurdo? Para empezar, porque los costes se socializan (todos los contribuyentes sostienen la universidad pública) pero los beneficios se privatizan (los sobresueldos percibidos por cada trabajador). Se puede pensar que un sistema fiscal progresivo contrarresta este hecho (paga más quien más gana), pero no olvidemos que no todos quienes obtienen un sobresueldo tienen que obtenerlo por gozar de estudios universitarios… ni todos los que gocen de estudios universitarios tienen por qué obtener un sobresueldo ni tampoco obtenerlo en virtud de ese título. Por tanto, el sistema fiscal progresivo es una manera muy torpe e injusta de contrarrestar la socialización de los costes y la privatización las ganancias.

Pero el problema de fondo es otro: la lógica y la conveniencia de toda inversión depende de que la rentabilidad de la misma sea positiva y superior a la de otros activos de riesgo similar. Es decir, se trata no sólo de ganar dinero, sino de ganar al menos el mismo que podríamos obtener en otras inversiones. Si subvencionamos total o parcialmente el coste de la universidad, lo lógico es que la demanda de estudios universitarios se dispare muy por encima de lo que es realmente rentable y conveniente. Por ejemplo, si el coste de estudiar cinco años en la universidad es de 40.000 euros pero el Estado la ofrece gratuitamente, un estudiante decidirá invertir en capital humano aun cuando los sobresueldos que consiga a lo largo de su vida laboral no superen los 30.000 euros. Es decir, la inversión será ruinosa (el coste de obtener el capital humano será mayor que la utilidad que proporciona) pero el incentivo será a acometerla.

Obviamente, si el coste privado de ir a la universidad es cero, lo que cabe esperar es, primero, que su demanda se masifique aun cuando los sobresueldos logrados sean nulos; y, segundo, si existen otros beneficios no monetarios de acudir a la universidad (por ejemplo, cinco años sabáticos en los que no se estudia demasiado y se disfruta de una juventud dorada), los alumnos tenderán a desatender por completo qué disciplinas deben dominar para percibir los sobresueldos que presuntamente justifican la enseñanza universitaria (elección casi aleatoria o por interés personal de la materia). En definitiva, si el Estado subvenciona el coste de la universidad, su demanda será siempre excesiva y generalmente despreocupada por la calidad de la oferta.

La titulitis es una enfermedad propia de sociedades donde la universidad carece de precio, donde los alumnos no están en absoluto interesados en comparar los costes y los beneficios de la inversión en capital humano y donde los centros encargados de expedir el título no se juegan su supervivencia en su calidad diferencial. Una sociedad no necesita universitarios en general, sino personas especializadas en muy diversas áreas; cuando lo que proporciona es una imprenta de licenciaturas y de jóvenes incolocables –que además deben recurrir a posgrados privados para especializarse mínimamente–, es que su sistema universitario es completamente fallido.

Por último, que el precio de la enseñanza superior refleje todo su coste no significa ni mucho menos que las diferencias sociales vayan a ahondarse. Primero, porque un rico que sea tonto no obtendrá durante mucho tiempo un sobresueldo gracias a un título de calidad comprado a tocateja (otra cosa son los contactos familiares, pero eso es independiente de la titulación); y si eso es así, la compra de licenciaturas por parte de los ricos tenderá más bien a descapitalizarlos (habría sido mejor que metieran el dinero en una acción que proporciona una renta del 7% anual que en un título que renta un 0% al año).

Y segundo, porque los pobres inteligentes no sólo pueden ser becados por las universidades privadas (cosa que ya sucede en la actualidad), pues el prestigio de éstas procede de tener alumnos excelentes y bien colocados en el establishment, sino porque la versatilidad de una industria universitaria privada y desregulada permitiría una variedad de precios tan grande que daría paso a una formación realmente continua. En ninguna parte está escrito que una persona debe adquirir todo su capital humano de los 18 a los 23 años. Perfectamente puede estudiarse un módulo de finanzas, percibir un sobresueldo durante cuatro años, ahorrar parte del mismo y costearse el estudio de otro módulo, etc. Lo único que de facto cambiaría es que la gente analizaría mucho más cada paso que da: a saber, si conviene (si es rentable) ampliar un poco más su formación en cada una de las etapas de su vida. De hecho, así habrán de hacerse las cosas: el capital humano debería estar en continuo reciclaje (no quedarse estancado en los conocimientos adquiridos durante la adolescencia) y orientarse siempre a la creación de un mayor valor para el consumidor que aquel que ha costado formarlo.

La enseñanza pública no garantiza una democratización del capital humano; más bien asegura su generalizada malinversión.

La economía clásica popularizó la errónea idea de que bajo el capitalismo los trabajadores se encontraban sometidos a una “ley de hierro de los salarios”: cuando los sueldos se incrementaban por encima del nivel de subsistencia, las familias comenzaban a tener hijos y la mayor oferta de mano de obra terminaba impulsando a la baja los salarios (y, viceversa, si éstos caían por debajo del nivel de subsistencia, la gente moría, lo que hacía que volvieran a elevarse).

Hoy, la interpretación popular de esta ley de hierro de los salarios pasa por atribuir a los empresarios un poder absoluto frente al trabajador. Si no hubiese leyes de salario mínimo, sindicatos, convenios colectivos e inspectores laborales, los sueldos caerían pronto al nivel de subsistencia y las condiciones de trabajo serían las propias de los cuentos dickensianos. Al fin y al cabo, el trabajador se encuentra en una posición de inferioridad respecto al empresario: a diferencia de éste, el obrero tiene que trabajar para comer y no puede mantenerse mucho tiempo en el paro, de modo que tendrá que aceptar a la desesperada cualquier cosa que se le ofrezca. Todos hemos experimentado alguna vez cómo apenas tenemos algo que oponer en una entrevista laboral: si somos muy exigentes, el de recursos humanos simplemente nos despachará y contratará a otro.

Bajo este prisma, los liberales que deseamos abolir todo el derecho laboral –por ser un derecho de excepción que sólo sirve para destruir riqueza y empleos– no somos más que los sicofantes de unos capitalistas que quieren reinstaurar su cruenta explotación decimonónica.

Pero, más allá de la caricaturización socialista, ¿somos así de desalmados? No exactamente. De entrada, los supuestos de que el trabajador carece de todo poder de negociación y de que el empresario es omnipotente no son del todo realistas, o al menos no son realistas para todo el mundo.

Por un lado, un trabajador puede buscar un empleo teniendo ya un empleo, por lo que sí sería capaz de rechazar una oferta laboral que no le agrade (no tiene que coger cualquier empleo basuriento). Asimismo, una persona puede disponer de ahorros (personales o familiares) de los que ir tirando hasta que encuentre un empleo que se adecúe a sus necesidades.

Por otro, un trabajador no es siempre perfectamente reemplazable por otro; hay empleados muy especializados que de hecho tienen un enorme poder de negociación frente a los empresarios. El caso paradigmático probablemente sea el de los futbolistas de Primera División y el de otros deportistas famosos, pero existe un amplio abanico de casos reales: directivos, inversores muy cualificados, profesores universitarios, ingenieros informáticos de renombre, periodistas famosos… En todos estos ejemplos, la negociación laboral se desarrolla en pie de igualdad o, incluso, en pie de desigualdad a favor del trabajador. Obviamente, no todos los trabajadores se encuadran en estas categorías, pero tampoco todos se encuadran en el otro extremo donde se carece de cualquier poder de negociación. La mayoría de las personas se hallan en un punto intermedio: cuanto más valor añadido generen dentro de la empresa y menos sustituibles sean, mayor será su poder de negociación.

Y, por último, tampoco es del todo cierto que un empresario pueda mantenerse sin contratar a nadie durante mucho tiempo. Una vez se ha constituido la empresa, el empresario comienza a perder dinero si ésta no está en funcionamiento: como poco, soportará algunos costes operativos (electricidad, alquiler, internet…) y los financieros (el tipo de interés de los préstamos que haya solicitado para crear la empresa, o las remuneraciones que le exigirán sus accionistas). Por no hablar de que si la compañía ya está en marcha, las bajas de ciertos trabajadores pueden interrumpir su funcionamiento y ocasionarle quebrantos extraordinarios (por eso las huelgas son tan dañinas).

Pero, pese a las objeciones anteriores, sí es cierto que, en general, el empresario tiene más poder de negociación en la relación laboral que el trabajador sin demasiada cualificación. Y es así por motivos parecidos a por los que el consumidor tiene una ventaja negociadora frente al productor: porque quien tiene el dinero (empresario contratante o consumidor) puede atesorarlo y esperar a que la otra parte (trabajador o productor) ceda y mejore las condiciones de la transacción. Desde luego que existen contrapesos como los que acabamos de describir, pero la tendencia general es ésa. Ahora bien, ¿significa ello que el trabajador está desamparado frente al empresario y que sus salarios tenderán a reducirse al nivel de subsistencia?

No y por motivos similares a los que impiden que los consumidores fuercen que el precio de un Ipad se reduzca hasta su coste de producción. Me explico. Imaginemos que el coste medio de fabricar un Ipad es de 100 dólares; si ese fuera el precio de salida, la demanda sería astronómica: los consumidores se pegarían por hacerse con uno de estos aparatos. Apple sólo podría mantener el precio a 100 dólares si incrementara lo suficiente la producción de Ipads para que al final todo el mundo tuviera uno y su utilidad marginal cayera hasta ser inferior a los 100 dólares que cuesta. Si por alguna razón Apple se niega a hacerlo (y con “alguna razón” quiero decir “maximizar sus beneficios”), la oferta de Ipads será relativamente rígida (en esencia, porque nadie más los produce), lo que llevará a que la competencia entre los consumidores eleve el precio de los Ipads muy por encima de sus costes. ¿Cuándo dejará de encarecerse el Ipad? Pues cuando su precio sea tan alto que empiecen a aparecer Ipads que no se vendan. ¿Y por qué habrá Ipads sin venderse? Porque a ese elevado precio no habrá suficientes consumidores que lo valoren más que el dinero que cuesta: es decir, su precio superará la utilidad marginal del cacharro.

Con el factor trabajo sucede algo parecido. La oferta de trabajo es inelástica y los empresarios son los “consumidores” que compiten por agenciarse a los escasos trabajadores.

Por un lado, la oferta de trabajo es bastante inelástica a corto y medio plazo –los individuos pueden trabajar más horas pero no puede “fabricarse” de inmediato un mayor número de trabajadores, sobre todo cuando ya se trata de trabajadores con una eleva formación– y a largo plazo la oferta responde a consideraciones distintas a su precio. Los clásicos estaban equivocados al pensar que si el salario crecía por encima del nivel de subsistencia las familias tendrían muchos más hijos. En Occidente ha sido más al revés: cuando esos salarios han superado definitivamente el nivel de subsistencia, la natalidad se ha desplomado. Digamos, por simplificar, que en la planificación familiar influyen muchísimos más factores que los salarios, lo que significa que la oferta de mano de obra a largo plazo también es casi del todo independiente del nivel de salarios.

Por otro, la enorme acumulación de capital que ha tenido lugar en las economías de mercado durante los últimos siglos ha permitido que la productividad de incluso el más inútil de los trabajadores sea muy alta. En la actualidad, la cantidad de productos que cada mes es capaz de fabricar de cualquier obrero (no digamos ya de los muy cualificados), gracias a la calidad de las herramientas que tiene a su disposición, es muy superior a lo que fabricaba, por ejemplo, en el s. XVIII y también muy superior a los niveles de subsistencia. Los empresarios capitalistas disponen de bienes de capital, pero carecen del factor trabajo, que han de alquilar e insertar dentro de sus planes de negocio para generar beneficios.

Los empresarios, por consiguiente, pujarán por una oferta más o menos rígida del factor trabajo y lo harán con la vista puesta en la productividad marginal de los obreros: como sucedía con el precio de los Ipads cuando los compradores querían adquirir un número limitado de unidades, el salario de los trabajadores tenderá a subir por encima del coste de subsistencia (al igual que los Ipads se encarecían por encima de su coste de producción). Y lo hará no porque individualmente cada empleador desee pagar salarios más altos, sino porque el resto estarán dispuestos a abonarlos con tal de hacerse con los trabajadores que necesitan.

¿Hasta cuándo subirán los salarios? Si los Ipads se encarecían hasta equipararse con la utilidad marginal que permitía que todos ellos se vendieran, el salario se encarecerá hasta equipararse con la productividad marginal que permitirá que todos los obreros que deseen ser contratados lo estén. No puede situarse por encima de este nivel, porque entonces habría personas desempleadas dispuestas a ser contratadas por un salario más bajo (otra cosa es que la ley les impida aceptar un salario más bajo, en cuyo caso habrá paro) y tampoco puede ser inferior, porque entonces habría empresarios dispuestos a contratar a los trabajadores pagando salarios más elevados. Por eso mismo, además, aunque los economistas clásicos hubiesen tenido razón en que unos salarios elevados promovían la natalidad, habrían estado equivocados en sus conclusiones: una mayor oferta laboral no tiene por qué rebajar los salarios si esos empleados incrementan directamente la productividad marginal (por ejemplo, si son muy cualificados, esto es, si incorporan mucho capital humano) o si lo hacen de manera indirecta, a saber, produciendo más bienes de capital.

Es importante fijarse en que la existencia de trabajadores parados no invalida la explicación de que los empresarios compiten por contratar a los trabajadores. Sin duda, si existe un abundante desempleo, la rivalidad tiende a desaparecer y el empresario podrá ofertar salarios más bajos. Pero, como decíamos, la existencia de paro significa justamente que los salarios se han situado por encima de la productividad marginal de los trabajadores y que, por tanto, tienen que reducirse. Que en un mercado libre los salarios se sitúen por encima de los de subsistencia no significa que puedan ubicarse por encima de la productividad marginal del trabajador: son cosas muy distintas. El problema, como sucedía en los albores de la Revolución Industrial, se da cuando la productividad es muy baja y, por tanto, los salarios también son muy bajos. Pero no es un problema de explotación, sino de pobreza general de la sociedad.

Este es el marco general dentro del que se determinan los salarios. Por supuesto, hemos de tener en cuenta que no todas las ofertas de trabajo son idénticas (como decíamos, los trabajadores de distinta cualificación no compiten directamente entre sí) y que existen problemas de información (no todos los empresarios están en contacto con todos los obreros y, de hecho, los procesos de selección pueden ser largos y cansinos) y costes ocultos que frenan la movilidad de los trabajadores (por ejemplo, la renuencia a cambiar de residencia). Habrá ocasiones, pues, donde un trabajador percibirá un salario superior al que cobraría si el empresario conociera y pudiese contratar a todos los candidatos idóneos para ese puesto y otras en las que percibirá un sueldo inferior al que obtendría si conociera y estuviera dispuesto a desplazarse a todos los puestos que encajan con su perfil. Pero, en todo caso, es falaz que el poder de negociación de los empresarios les permita rebajar los salarios hasta el nivel de subsistencia.

Luego, podremos encontrarnos con organizaciones de empresarios y de trabajadores –cartels– para tratar de controlar la fijación de los salarios. Sería el caso de las patronales y de los sindicatos. Ambas organizaciones, sin embargo, es improbable que tengan mucho éxito sin apoyo estatal. En el caso de los empresarios, porque si existe libertad de entrada para formar nuevas empresas (también para los trabajadores, que pueden hacerse autónomos), no sólo para el capital nacional, sino también para el extranjero, la patronal debería vincular no sólo a los empresarios existentes, sino a todos aquellos que pueden llegar a crear una empresa. ¿Acaso es posible crear un cartel empresarial por el que todos los empresarios existentes se comprometan a no competir por sus trabajadores y todos los restantes ciudadanos acepten no crear nuevas empresas (pues entonces deberían fichar a los trabajadores de otras empresas)? No, salvo que lo imponga la ley.

Lo mismo cabe decir de los sindicatos: la sindicación universal es harto complicada, sobre todo si existe la posibilidad de celebrar contratos Yellow Dog (contratos que remuneren la no sindicación). De todas formas, si los sindicatos lograran su objetivo de representar a todos los obreros, tampoco podrían fijar salarios sin graves consecuencias: si suben los salarios por encima de la productividad marginal que permite contratar a todos los trabajadores (aquel salario al que tiende el libre mercado), parte de esos trabajadores se volverían incontratables. Esto es, habría paro: unos cobrarían más a costa de que otros cobraran menos. Para incrementar los sueldos no necesitamos más sindicatos, sino unos trabajadores más productivos que sean demandados con más intensidad por los empresarios, esto es, necesitamos mayor acumulación del capital, desarrollo tecnológico y libertad en los mercados.

En definitiva, la falta de poder de negociación de un trabajador poco cualificado frente a un empresario no le condena ni mucho menos a cobrar un salario de subsistencia, ya que el empresario, en realidad, está compitiendo con el resto de capitalistas por contratarlo y es esa competencia la que impulsa al alza los salarios. De ahí que, aun cuando un obrero carezca de voz y de voto en una entrevista laboral, el salario (y el resto de condiciones laborales, que son pagos en especie) que ya de entrada le ofrezca el empleador será bastante cercano al que estarán dispuestos a ofrecerle otros empresarios, que a su vez no se irá mucho de su productividad marginal (en caso contrario, el resto de empresarios estarían dispuestos a ofrecerle un sueldo superior para “explotarlo” en sus fábricas). Quien realmente protege al trabajador es el libre mercado. No confundamos cobrar salarios de subsistencia con no cobrar aquello que nos gustaría percibir o que creemos que deberíamos facturar por nuestros excelentes e insustituibles servicios.

Uno de los motivos por los que la bolsa se ha ganado tan mala fama entre los profanos es su, en ocasiones, extrema volatilidad. La crítica no está del todo injustificada, especialmente para aquella gente que prefiere no perder nada de dinero a tener la oportunidad de ganarlo en abundancia. Sin embargo, antes de censurar por entero al mercado de valores como si de un infame casino se tratara, convendría que comprendiéramos mejor su naturaleza.

Todas las acciones cotizan a un múltiplo sobre sus beneficios, porque cuando compramos una acción no adquirimos sólo sus beneficios presentes, sino también sus beneficios futuros: ese múltiplo es el famoso PER (Price-to-Earnings Ratio o ratio precio/beneficio). Por ejemplo, una empresa que gane 5 euros por acción y cotice en el mercado a 55 euros, tendrá un PER de 11. Por ello, bien podríamos decir que el precio de cualquier título tan sólo es el beneficio por acción (BPA) multiplicado por el PER.

Por supuesto, que nadie espere hacerse rico manejando semejante fórmula (o, al menos, manejándola a lo bruto sin un mayor análisis suplementario): no basta con obtener el BPA del último ejercicio y multiplicarlo por el PER para conocer el precio al que tenderá a venderse la acción, ya que no existe un PER predeterminado para todas las compañías; algunas cotizan con unos PER muy altos (desde 25 al infinito), otras con unos PER muy bajos (de 0 a 10) y otras con unos PER medios (entre 10 y 25). ¿A qué responde esta diversidad en los PER de las compañías? ¿Por qué Panasonic cotiza a un PER de 500 y el BBVA a uno de 6? Pues básicamente por la calidad de los beneficios futuros con respecto a los beneficios presentes: los inversores esperan que los beneficios de Panasonic sean mucho mejores en el futuro de lo que lo son hoy y, en cambio, vaticinan que los beneficios del BBVA irán ligeramente a peor.

Es algo sencillo de comprender. Imagine que una empresa gana 1 euro por acción y que cotiza a 2 euros; su PER será de 2. Aparentemente estamos ante un PER muy bajo, ya que en apenas dos años de beneficios recuperaríamos la inversión inicial. Un caramelo muy apetitoso para cualquier capitalista-explotador-buitre-desalmado que se precie. ¿A qué podría deberse, entonces, que no haya más gente interesada en comprar acciones y pujar al alza sus precios? Pues, simple y llanamente, a la expectativa de que durante los próximos años el beneficio por acción de la compañía se desplomará de 1 euro a, por ejemplo, 10 céntimos (con lo cual el PER recalculado a un BPA de 0,1 euros sería, en realidad, de 20). Lo contrario sucede cuando los PER son muy altos.

Muy bien, sentado esto, detengámonos a estudiar qué significa eso de “calidad de los beneficios” que en buena medida sintetiza el PER.

Una acción no es más que un derecho de propiedad sobre una parte de una empresa, es decir, un derecho sobre una parte de sus beneficios futuros (en realidad, sobre sus flujos libres de caja futuros, pero hablaremos de beneficios para simplificar); esto es, cuando compramos una acción, como decíamos, estamos adquiriendo el derecho de propiedad sobre una corriente de rentas futuras e inciertas (los beneficios anuales durante la vida de la empresa). La calidad de esa corriente de rentas será mayor cuanto más grandes sean los beneficios futuros, más pronto los vayamos a recibir y menos inciertos sean. Es algo bastante lógico, ¿no? Todos preferimos más dinero a menos dinero, recibirlo antes a después y también asumir los menores riesgos posibles.

Trasladando estas simples conclusiones al PER, podemos inferir que éste tenderá a aumentar –para un BPA dado– cuando los agentes esperen que los beneficios futuros de una empresa crezcan, cuando esos beneficios futuros lleguen antes de lo previsto o cuando el riesgo de no percibirlos se reduzca: en definitiva, a mayor calidad de los beneficios futuros, mayor PER y mayor cotización de la acción.

Por ejemplo, si usted posee una empresa que ganó 4 euros por acción en 2010 pero existe mucha incertidumbre en torno a si será capaz de mantener esos mismos beneficios en el futuro, tal vez su cotización apenas llegue a 8 euros por acción; sin embargo, si en algún momento esa incertidumbre se llegara a despejar (verbigracia, si la compañía empezara a sacar una línea de productos muy innovadores que le aseguraran un buen nicho de mercado durante muchos años), el PER remontaría a niveles medios (pongamos que 15), lo que dispararía su cotización a 60 euros.

Ahora solo queda abstraernos de las empresas concretas y pasar a analizar el mercado de valores en su conjunto (el cual no es más que la agregación de todas las compañías individuales que cotizan en bolsa). ¿Por qué la bolsa se comporta en ocasiones como una alocada montaña rusa? Más allá de la sana influencia de los especuladores en la determinación del valor de las acciones a corto plazo, en momentos en los que se reciben señales contradictorias sobre el rumbo futuro que seguirá la economía (datos buenos, datos regulares y datos malos), es normal que la bolsa tienda a descender en medio de una elevada volatilidad: la incertidumbre limitará el precio máximo de las acciones (su PER no podrá adoptar niveles muy elevados hasta que la incertidumbre se reduzca) y, dentro de esta tendencia bajista, el PER y por tanto las cotizaciones fluctuarán violentamente de acuerdo con las variaciones en la calidad estimada de sus beneficios futuros con respecto a los presentes.

Es cierto que, ante tamañas fluctuaciones, un observador externo podría concluir que los agentes que allí operan no saben lo que hacen, que son unos pobres ludópatas que compran y venden acciones de manera alocada. Y, en parte, es verdad que hay gente que invierte su dinero en bolsa como si acudiera al bingo; pero al margen de estos irresponsables –pues irresponsable es no informarse mínimamente del producto en el que se está invirtiendo–, el motivo esencial de las fluctuaciones bursátiles es otro: simplemente no sabemos –ni podemos saber– con elevada certeza qué nos deparará el futuro, de ahí que sea plenamente lógico que en cada momento, conforme el futuro se acerca y disponemos de nueva información, reelaboremos nuestras expectativas sobre el futuro y revisemos nuestras elecciones pasadas. En la bolsa, esa reelaboración y revisión tiene una plasmación inmediata en fluctuaciones continuas en los precios de las acciones.

Resulta del todo absurdo condenar un mercado por el hecho de que nos esté ofreciendo, segundo a segundo, un precio para las principales empresas del país en función de las cambiantes expectativas sobre su futuro. Más bien, si no tenemos interés en comprender el funcionamiento de la bolsa, deberíamos mantenernos alejados de la misma, de idéntico modo a como nos mantendríamos alejados de un laboratorio si no conociéramos las sustancias que allí se están mezclando; y si tenemos interés en comprender los movimientos bursátiles, pronto descubriremos que la manera más inteligente de tomar partido en la bolsa será mantener la cabeza fría y adoptar una visión mucho más a largo plazo que no reaccione de inmediato ante cualquier bit de nueva información que recibamos.

Es más, no deberíamos reputar una amenaza, sino una muy atractiva oportunidad, el hecho de que el resto de inversores sean más impulsivos que nosotros y compren, vendan y asignen nuevos precios a las acciones de manera mucho más continuada: si las malas noticias que nosotros reputamos que van a tener una muy escasa influencia a largo plazo tienden a deprimir excesivamente el precio de las acciones (a generar unos PER absurdamente bajos según nuestro punto de vista), será un buen momento para comprar, pues pagaremos muy poco dinero por recibir muchos beneficios futuros; si las buenas noticias con poca repercusión futura tienden a inflar excesivamente sus precios (a elevar mucho su PER), será el momento para vender, pues cobraremos mucho dinero a cambio de renunciar a escasos beneficios futuros.

Los críticos de la bolsa, en lugar de censurarla y desear que sea controlada por los políticos, deberían ser más humildes y, si discrepan de las cotizaciones que en cada momento aparecen en el mercado, empezar a comprar o vender acciones por sí mismos. Si creen que las fluctuaciones son demasiado exageradas, que no tienen sentido y que, por tanto, ellos pueden realizar una mejor estimación de su precio que el resto, que lo demuestren metiendo allí su dinero. Lo contrario es sólo una señal de fatal arrogancia: la ignorancia lleva a la incomprensión, la incomprensión al desprecio y el desprecio al deseo de prohibición. Denle la vuelta el círculo vicioso: infórmense, comprendan, aprecien y participen. O, si no, mantengan sus pezuñas fuera. Pero no se crean los más listos de la clase sin haber demostrado nada en la práctica. Los inversores son mucho más humildes: la volatilidad de la bolsa es la más clara señal de lo muy limitado que es nuestro conocimiento sobre el futuro.

La especulación tiende a ejercer una influencia moderadora sobre los precios de los activos al proporcionarles volumen de negocio y reducir sus divergencias geográficas y temporales. En relación al futuro, la postura de los especuladores puede dividirse en dos clases: los que tratan de comprar barato y vender caro (especulación alcista o posiciones largas); y los que intentan vender caro para recomprar barato (especulación bajista o posiciones cortas).

Ambas clases de especulación tienen el mismo propósito: ajustar los precios a la realidad. Pero para lograrlo siguen caminos distintos: la especulación alcista presupone que los precios actuales están artificialmente abaratados con respecto a los futuros, por lo que tiende a acaparar los activos en cuestión (encareciendo su precio actual) para revenderlos más adelante (abaratándolo su precio futuro); la especulación bajista considera que los precios actuales están artificialmente inflados con respecto a los futuros, por lo que trata de enajenar los activos (reduciendo su precio actual) para recomprarlos más adelante (encareciéndolo en el futuro). Los especuladores ganan cuando el mercado se orienta en la dirección pronosticada: los alcistas cuando sube y los bajistas cuando baja.

El especulador es un profesional del ajuste de precios y, por consiguiente, rara vez hace uso de su exiguo patrimonio personal. Si se restringieran las operaciones especulativas a los fondos propios de cada agente, apenas tendrían capacidad para corregir los desajustes en los precios: el volumen de transacciones en los mercados es tan descomunal que un agente individual apenas pintaría nada si no se apalancara para multiplicar su relevancia. De ahí que el especulador, tanto el alcista como el bajista, tienda a operar de prestado.

En concreto, el especulador alcista toma prestado un dinero que no tiene para comprar unos activos que espera revender más caros en el futuro; por su parte, el especulador bajista toma prestados unos activos que no tiene para recomprarlos más adelante. Los medios de comunicación suelen hacer mucho hincapié en que los especuladores bajistas “apuestan” por vender unos activos que no poseen, pero se olvidan siempre de que exactamente lo mismo sucede con los especuladores alcistas: el activo que venden sin poseer es el dinero.

Nada de lo anterior cambia sustancialmente si los especuladores bajistas operan al descubierto, esto es, si ni siquiera poseen o han pedido prestados los activos que enajenan. Las ventas al descubierto no son más que ventas a plazo: los especuladores cobran de inmediato y efectúan la entrega del activo después; es durante el intervalo cuando aprovechan para comprarlo o para pedirlo prestado. Lo mismo sucede, sin embargo, con los especuladores alcistas, los cuales pueden comprar activos sin necesidad de pagarlos al contado. Al final, estamos hablando de operaciones a crédito (compro o vendo ahora y pago o cobro luego) con la peculiaridad de que no implican un préstamo formal de dinero o de activos.

Cuando alguna de las operaciones crediticias anteriores se realiza a través de un broker (de un intermediario financiero), será habitual que éste intente limitar la cuantía del crédito que les extiende a sus clientes a través de la exigencia de una “entrada”, que en la jerga financiera se conoce como “margen” (margin en inglés). Por ejemplo, si una acción vale 100 euros y el broker les exige a sus clientes un margen del 50%, un especulador alcista podrá adquirirla abonando únicamente 50 euros. Lo mismo con el especulador bajista: si su margen es del 50%, venderá una acción que no posee por 100 euros y deberá aportar 50 euros adicionales para cubrir al broker del riesgo de que suba de precio.

El margen exigido por el broker va ajustándose en cada momento según la evolución de los precios de los activos. Por seguir con el anterior ejemplo, si el precio de las acciones cae de 100 a 60, el especulador padecerá unas pérdidas latentes de 40 euros que el broker le imputará a los 50 euros que ha aportado. Problema: si le restamos al margen de 50 euros las pérdidas latentes, éste queda reducido a 10 euros, cuando el broker exige en todo momento que el especulador mantenga un margen equivalente al 50% del precio de las acciones (en este caso, un margen de 30 euros). En esos supuestos, el especulador alcista sólo tendría dos opciones: o ingresar 20 euros más en el broker (margin call, en inglés), o liquidar sus acciones para saldar su deuda con el broker. El caso es análogo para el especulador al descubierto: si vende la acción anterior a 100 euros sin poseerla y su precio sube a 140, como debe mantener un margen del 50% del precio de la acción (70 euros), deberá aportar 20 euros adicionales o recomprar de inmediato el título (con las pérdidas pertinentes).

Fijémonos que, en contra de lo que sugiere muchos medios de comunicación, la especulación bajista no es que carezca de riesgos para el especulador, sino que es muchísimo más arriesgada que la especulación alcista. Para que nos entendemos: las pérdidas máximas del especulador alcista están limitadas al precio de lo que adquiere. Si pide prestados 100 euros para comprar acciones de la empresa X, como mucho perderá esos 100 euros y sólo en el caso de que las acciones pasen a valer 0 euros. En cambio, las pérdidas para el especulador bajista son potencialmente infinitas: si vende hoy acciones de la compañía X con el compromiso de entregarlas dentro de una semana, corre el riesgo de que mientras tanto el precio de la acción se multiplique por 2, por 10, por 100 o por 1.000; el único límite es el infinito. Y, al contrario, las ganancias potenciales de los especuladores alcistas son infinitas (compro una acción a 100 y puede subir sin límite) mientras que las de los especuladores bajistas se encuentran limitadas (vendo una acción que no poseo por 100 y tengo que recomprarla por 0).

Los medios de comunicación también suelen atribuir las debacles bursátiles a la intensa actividad de los especuladores bajistas. La crítica, empero, está del todo injustificada. Es verdad que generalmente los pinchazos del mercado de valores irán de la mano de cuantiosas ventas en corto, pero la cuestión de fondo es: ¿cae la bolsa porque se venden acciones en corto o se venden acciones en corto porque la bolsa está inflada de valor y se espera que las acciones vayan a caer en el futuro? Si en el año 2006 se hubiese producido una intensa especulación bajista en el mercado inmobiliario español (una opción que por desgracia no existía), ¿alguien hubiese tenido la cara dura de atribuir el pinchazo de precios a la especulación bajista en lugar de a una burbuja que había sido sobredimensionada por los especuladores alcistas?

Pese a todo, a los liberticidas les encanta hablar de “profecías autocumplidas”: si los especuladores bajistan generan una dinámica depresiva en los precios de los activos, la caída tenderá a realimentarse aun cuando no exista ningún motivo de fondo. Ahora bien, si los especuladores bajistas venden al descubierto, ¿por qué los alcistas no compran a margen? Si ambos especuladores cuentan con las mismas armas financieras (comprar sin pagar o vender sin poseer), lo que tenderá a prevalecer en cada momento será la opinión más extendida entre los especuladores. Nadie dice que la opinión mayoritaria sea necesariamente la correcta (de hecho, en numerosísimas ocasiones no lo será), pero sí que ninguna iluminada opinión, mayoritaria o minoritaria, es tan buena como para imponerla sobre el resto. Las prohibiciones de las ventas en corto no pretenden alcanzar valoraciones más acertadas de los activos, sino valoraciones sesgadas al alza.

De hecho, no es inhabitual que los especuladores alcistas sean, al contrario de lo que suele suponerse, los que fuercen las grandes debacles bursátiles y que los especuladores bajistas quienes las contengan. Si los especuladores alcistas están muy apalancados (han comprado muchos activos a margen) y el precio de sus activos desciende, tendrán que hacer nuevas aportaciones de dinero a sus brokers, pero si carecen de suficientes fondos, su única alternativa será la de liquidar sus activos a cualquier precio.

Por el contrario, los especuladores al descubierto son los únicos que, si se produce un rebote en medio de una debacle, se verán forzados a comprar a cualquier precio, reforzando la dinámica alcista. Así, por ejemplo, el 28 de octubre de 2008, en medio de la debacle bursátil post-Lehman Brothers, las acciones de Volkswagen subieron cerca de un 100% después de que Porche anunciara que había comprado a escondidas el 74% de los títulos de la automovilística alemana y que no pensaba enajenarlos. Los bajistas se toparon con que tenían que entregar a corto plazo más acciones de las que quedaban a la venta en el mercado, por lo que los precios se dispararon.

Pero además, prohibir las ventas en corto resulta absurdo. Aun cuando los especuladores bajistas no puedan expresar sus opiniones negativas, los alcistas siguen teniendo la capacidad para hacerlo. ¿Cómo? Pues vendiendo los títulos que habían comprado previamente cuando tenían mejores expectativas sobre el futuro. Si el pesimismo se ha adueñado de los inversores, prohibir las ventas al descubierto no impedirá el ajuste a la baja de los precios, sólo lo retrasará (hará que vivamos durante más tiempo en una burbuja) y lo canalizará por otros canales que no tienen por qué ser tan apropiados (opciones, futuros, ETFs…). La única manera de evitar que el precio de los activos cayera sería prohibiendo directamente su venta: ¡sólo se admiten compras! Con tanto genio político suelto, no le extrañe que en algún momento lo veamos.

En definitiva, por mucho que a los Gobiernos les encante buscar chivos expiatorios de por qué su deuda o las acciones de su país se derrumban, en general las caídas sostenidas hay que reputarlas a las condiciones económicas de fondo y no contubernios judeomasónicos. Los especuladores no son un cuerpo unitario que actúe a modo de cártel, sino cientos de millones de personas que expresan en el mercado sus opiniones sobre el futuro de los distintos activos: cuando aciertan ganan y cuando se equivocan pierden.

Si prohibimos la especulación bajista bajo la presunción de que los especuladores siempre se equivocan o de que pueden manipular los precios, también deberíamos prohibir la especulación alcista por los mismos motivos: esto es, deberíamos prohibir toda actividad de mercado. Mas no podemos permitirnos el lujo de prescindir de la función esencial de los especuladores: sin ellos, las fluctuaciones de precios serían infinitamente más violentas que ahora.

Si se quieren soluciones a la volatilidad y a las crisis en general, sería mucho más lógico que nos dedicáramos a revisar cómo los especuladores –y todos los agentes económicos– acceden a un crédito casi siempre demasiado flexible y elástico en lugar de monitorizar su actividad una vez disponen del crédito. Pero esto, me temo, más que atentar contra los especuladores bajistas iría frontalmente en contra de unos especuladores alcistas demasiado acostumbrados a comprar activos con un dinero que no tienen.

Una de las críticas más habituales contra el sistema bancario es que crean “dinero de la nada”. La expresión puede ser pegadiza por su simplicidad, pero es incorrecta. Y lo es por dos motivos: el primero, que los bancos no crean dinero, sino medios de pago alternativos al dinero; el segundo, que no lo crean de la nada. Con ello no quiero negar, ni mucho menos, que en ciertos contextos la actividad bancaria sea profundamente distorsionadora, pero para poder criticar con fundamento a la banca, antes es imprescindible saber de verdad cómo funciona.

Que los bancos no crean dinero debería ser algo evidente desde el momento en que pueden quebrar: si el banco generara dinero, en cuanto estuviera en dificultades no tendría más que pintarlo. ¿Para qué ampliar capital y salir a bolsa si pueden manufacturarlo por sí mismos? No, repito: los bancos no crean dinero, crean promesas por las que ellos mismos se obligan a entregar dinero, es decir, crean deudas propias (y eso es algo muy distinto al dinero, pues la manera por excelencia de extinguir las deudas es pagando con dinero). Un depósito a la vista o un billete al portador –los dos pasivos por excelencia de la banca comercial– son justamente eso: una promesa del banco, exigible por su acreedor en cualquier momento, de entregar dinero a su acreedor.

Pero que los bancos no creen dinero no significa que sus promesas de pago no sean utilizadas como medios de pago o incluso como depósitos de valor, dos de las funciones básicas del dinero (aunque, fijémonos, que no serán empleadas como unidades de cuenta, pues precisamente las deudas de los bancos se contabilizarán en dinero). Son, como decíamos, medios de pago alternativos o, como les gusta denominarlas a muchos economistas, sustitutos del dinero.

¿Y por qué la gente las utiliza como sustitutos del dinero? Pues básicamente porque son más cómodas y baratas de emplear que el dinero propiamente dicho. Y lo son no tanto por ese cuasi chascarrillo popular de que es más fácil llevar en el bolsillo un talonario o un fajo de billetes que varios kilos o toneladas de oro, sino sobre todo porque gracias a los bancos el dinero puede cambiar rápidamente de manos sin necesidad de desplazarlo físicamente.

Imagine que tengo 100 onzas de oro depositadas en el banco BUEN DINERO y que utilizo 75 en comprarme un automóvil. Si el dueño del concesionario tiene abierta una cuenta corriente en BUEN DINERO, podré pagarle el coche sin mover mi oro ni un solo milímetro; nuestro banco sólo tendrá que efectuar un sencillo apunte contable: si bien hasta el momento me debía a mí 100 onzas, a partir de ahora me deberá 25 a mí y 75 al dueño del concesionario. El oro, sin moverse, ha cambiado de titularidad.

Suponga ahora, en cambio, que el dueño del concesionario no es cliente del banco BUEN DINERO, sino del banco COBRE PRONTO. En tal caso, una vez le haya pagado (en billetes o con un cheque) al dueño del concesionario, COBRE PRONTO le reclamará a BUEN DINERO 75 onzas de oro… a menos que COBRE PRONTO también le adeude oro a BUEN DINERO (por ejemplo, porque un cliente de aquél le haya comprado alguna mercancía a otro cliente de éste). Si le debiera, verbigracia, 77 onzas de oro, los saldos acreedores de uno y otro se cancelarían con la simple entrega de dos onzas de oro de COBRE PRONTO a BUEN DINERO. Imagine: gracias a la compensación de las deudas entre los bancos (lo que se conoce como cámara de compensación interbancaria), hemos realizado transacciones por importe de 152 onzas simplemente movilizando dos de ellas. ¿Empieza a entender por qué son tan útiles los bancos?

Pero la historia no termina aquí. Para entender la otra función fundamental de la banca debemos comprender por qué es falso que generen medios de pago “de la nada”. Seguramente piense que la forma más habitual por la que la banca crea promesas de pago es a cambio de dinero (en nuestro ejemplo, el oro), pero no es así. Piense en la banca como un negocio que vende sus deudas a cambio de otras cosas. Una posibilidad, sin duda, es que las venda a cambio de oro, mas no tiene por qué ser la única. El banco también puede vender sus promesas de pago a cambio de las promesas de pago de sus clientes (o, mejor dicho, el banco compra las deudas de sus clientes pagando con sus propias deudas). Por ejemplo, yo puedo comprometerme a entregarle dentro de un mes 1.005 onzas de oro al banco BUEN DINERO si él me entrega hoy promesas de pago de 1.000 onzas (lo que equivale a un préstamo de 1.000 onzas a un tipo de interés mensual del 0,5%): aunque hoy no dispongo de las 1.005 onzas de oro, el banco me permite utilizar desde ya 1.000 de ellas.

Pero esto no supone crear medios de pago de la nada: más bien se crea medios de pago a cambio de nuestra promesa de que en un mes le pagaremos al banco 1.000 onzas de oro. ¿Cree usted que una deuda con el banco no es “nada”? Si tiene una hipoteca, dudo que mantenga por mucho tiempo esa opinión: el derecho a recibir dinero es un activo tremendamente valioso (sobre todo si se termina pagando).

En definitiva, la banca se dedica a convertir en medios de pago (a monetizar) todo un amplio elenco de bienes presentes y bienes futuros: las deudas que monetiza no son más que el compromiso a entregarle en el futuro al banco un dinero que obtendremos de la venta de bienes que ya existen o que existirán. El banco monetizará, pues, no sólo el oro que depositamos en sus reservas, sino cualquier cosa que hoy tenga valor y que el banco crea ventajoso comprar a cambio de sus deudas (de sus promesas de pago). En contra de lo que suele pensarse, el banco no necesita captar depósitos para prestar; al contrario, suele crear nuevos depósitos (nuevas promesas de pago) cuando presta. Para el público, esto tiene ventajas muy grandes: la gente que carezca de dinero, pero que disponga o vaya a disponer de bienes con valor monetario, podrá acudir al banco para vestir como medios de pago esas propiedades a cambio de un módico precio (justamente, el pago del intereses).

¿Significa lo anterior que los bancos pueden monetizar sin consecuencias cualquier cantidad de bienes presentes o futuros? No. Tengamos en cuenta que el banco siempre que crea nuevos medios de pago se está endeudando: su manera de monetizar bienes presentes o futuros es comprándolos mediante la emisión de nuevas deudas propias. Al fin y al cabo, los billetes de banco o los depósitos que crea para comprar los bienes presentes o futuro son compromisos suyos a entregar oro… y a entregarlo a la vista: cualquier acreedor del banco puede exigirle en cualquier momento que le proporcione unas cantidades de oro que, obviamente, el banco no tiene en reserva y que tendría que conseguir liquidando los bienes presentes o futuros que ha monetizado previamente.

Por consiguiente, el banco debería ser extremadamente prudente a la hora de monetizar bienes distintos del oro: si esos bienes ya existen (bienes presentes), lo ha de ser porque su precio en términos de oro puede fluctuar enormemente en el momento de la liquidación, de modo que el banco recuperaría con la ejecución del bien presente menos oro del que ha adelantado con sus promesas de pago; y si esos bienes todavía no existen (bienes futuros), porque estaría incrementando la cantidad de medios de pago sin que lo haya hecho la de bienes disponibles para ser adquiridos (generando con ello inflación), de modo que, en caso de necesidad, no podría vender hoy los bienes futuros para convertirlos en oro y pagar sus deudas.

Por ejemplo, si el banco adelanta al dueño de un concesionario 1.995 onzas de oro a cambio de que en tres meses le devuelva 2.000 onzas después de haber enajenado todos los coches que tiene a la venta, lo que está monetizando el banco es el valor monetario de los vehículos. ¿Qué sucederá si en tres meses el dueño del concesionario sólo ha podido liquidarlos por 1.500 onzas? Pues que el banco tendrá un agujero de 500 onzas que tratará de rellenar liquidando otros bienes presentes del dueño del concesionario (si es que prestó una garantía personal), y si éste carece de bienes presentes, deberá atacar sus bienes futuros según vayan creándose (pero, mientras tanto, se quedará corto de oro, con el consiguiente riesgo de suspender pagos).

La enorme flexibilidad de los medios de pago de la banca ha llevado a diversos economistas a proponer que el banco sólo pueda vender sus deudas a la vista para comprar dinero (coeficiente de caja del 100%). La cautela es comprensible pero innecesariamente rígida. A la postre, los acreedores del banco pueden cobrar de dos maneras: o recibiendo oro o recibiendo aquellos bienes que comprarían inmediatamente si dispusieran de oro. El banco puede, por tanto, mantenerse razonablemente líquido y funcionar sin problemas siempre que se limite a monetizar oro y aquellos bienes de consumo sobre los que no quepa ninguna duda que van a ser adquiridos a muy corto plazo por los consumidores y al precio por el que se han monetizado (esto es, que se van a transformar a corto plazo y con seguridad en oro o sean susceptibles de saldar la deuda de los bancos entregándoselos a sus acreedores directos o indirectos). O dicho de otra manera, un banco que siguiera estas directrices podría hacer frente a todas sus deudas aun cuando no tuviese suficiente oro en sus reservas y todos sus acreedores fueran a la vez a reclamárselo.

Más allá de eso, la monetización de bienes presentes con escasa demanda o de bienes futuros traerá consecuencias inflacionistas, tenderá a generar ciclos económicos y pondrá en jaque la liquidez y la solvencia de los bancos: estos se endeudarán a corto plazo (emitirán billetes o depósitos) para invertir a largo (sólo recuperan el oro merced a la venta de una mercancía futura que todavía no existe). La concesión de préstamos contra bienes futuros no debería hacerse mediante la creación de deudas a la vista por parte de la banca, sino mediante ahorro y préstamos a la banca (renuncia por parte de un tercero a los bienes presentes que el deudor de la banca quiere adquirir hasta que fabrique los bienes futuros con cuya venta se amortizará el préstamo). Uno de los casos más extremos y devastadores de comportamiento imprudente de la banca es la concesión de hipotecas mediante la creación de depósitos a la vista: en esos supuestos, lo que se monetiza no es la vivienda, sino los sueldos del hipotecado durante los próximos 20, 30 ó 40 años (las mercancías que irá produciendo y vendiendo durante esas décadas). La casa es sólo un bien presente que actúa como garantía adicional y cuyo precio de ejecución fluctúa enormemente.

Tal vez ahora entienda por qué a lo largo del s. XX se ha ido privilegiando a la banca permitiéndole que no pague sus deudas (que no las pague en oro, sino en un “dinero especial” que crea a discreción el Estado) y proporcionándole un acceso privilegiado a una banca central dispuesta a refinanciarla siempre que se encuentre al borde de la suspensión de pagos. Pero todo esto lo explicaremos en otros artículos.

Habitualmente oímos que existe una burbuja en el precio del oro. No es para menos: desde 2006, su precio se ha triplicado hasta alcanzar unas cotas nominales jamás vistas… y pese a todo sigue subiendo. Propios y extraños están desconcertados y no encuentran explicación más allá de que el mercado, como pasó con el ladrillo o las puntocom, se ha vuelto loco. La hipótesis es verosímil, pero no necesariamente acertada.

Recordemos: una burbuja se da cuando el precio de un activo aumenta muy por encima del valor que hoy tienen todos los servicios que ese activo prestará en el futuro. El oro apenas tiene unos pocos usos ornamentales e industriales (como los de la electrónica o la odontología), de modo que su valor actual debería depender de la demanda futura por tales rúbricas. El problema es que desde el año 2001 a 2010, la demanda por estos conceptos ha caído desde 3.300 toneladas a 2.500 y, sin embargo, el precio del metal amarillo se ha multiplicado por seis. La única que se ha disparado ha sido la llamada “demanda de inversión” del oro, que ha pasado de 349 toneladas a 1.333.

He ahí la aparente paradoja que lleva a muchos a concluir que necesariamente se ha formado una burbuja en el precio del oro: su precio de mercado se ha encarecido pese a que sus usos finales han ido perdiendo terreno. Los agentes no estamos valorando más el metal amarillo por los servicios futuros que nos prestará, sino simplemente porque sí. El oro sube de precio porque la gente está invirtiendo más en él y la gente está invirtiendo más en él porque sube de precio y espera que siga haciéndolo. Comportamiento típico de burbuja.

¿Punto final al asunto? Me temo que no. Si fuera cierto que existe una burbuja en el precio del oro por este motivo, deberíamos temer que la magnitud de la misma fuera tremebunda: en la última década, no es sólo que su precio se haya multiplicado por seis, sino que además su demanda final ha caído un 25%. Echando cuentas, el precio del oro debería reducirse desde los 1.600 dólares actuales a apenas 200 para regresar a los niveles razonables de 2001. Parece claro que algo chirría en esta explicación.

Para empezar, los usos industriales y ornamentales del nuevo oro producido se han reducido a lo largo del último decenio no porque la gente sienta un mayor desapego hacia este metal precioso, sino porque el público ha pasado a valorar mucho más el servicio que proporciona como inversión. Dado que el precio del oro sube, sus ventas como joyería puramente decorativa van reduciéndose y, asimismo, cada vez va resultando menos rentable usarlo en las clínicas o en los chips informáticos. El oro se va empleando en aquello para lo que es más valioso: la inversión.

Pero, ¿inversión en qué? No desde luego en joyería o electrónica, pues no parece que estos empleos vayan a necesitar en el futuro de un abastecimiento mucho mayor al actual (lo que descarta que se esté realizando una acumulación especulativa de oro). La inversión, en realidad, se realiza con el propósito de preservar el valor de nuestros patrimonios en caso de catástrofe. Piénselo un momento, si el dólar, el euro y el yen desaparecieran por una debacle financiera, militar o natural, ¿qué bien seguiría aceptando la mayoría de la gente como medio de pago? Pues el mismo que ha venido aceptando durante milenios: el oro.

El oro, por tanto, presta otro servicio muy importante aparte de los ya mentados: es una protección, un seguro de vida contra calamidades. Por eso, no tiene mucho sentido señalar que existe o que deja de existir una burbuja en su precio: ¿contra qué servicios futuros comparamos el precio actual? Si lo hacemos sólo contra la joyería o la electrónica, estaremos dejando fuera de la fotografía una parte fundamental de su demanda. Si, en cambio, incluimos también la demanda como  de valor frente a catástrofes futuras, ¿con qué certidumbre podemos afirmar que los compradores de oro están sobrevalorando los riesgos futuros al ser demasiado conservadores? ¿Acaso podemos rechazar por entero una repetición de los acontecimientos de 2008? ¿Acaso podemos descartar que ocurra aquello que ni siquiera podemos imaginar que vaya a ocurrir (los famosos “cines negros” de los que habla Nassim Taleb)?

No, el debate es estéril. Lo que la mayor parte de los compradores de oro desean es conservar de la manera más segura posible el valor de una parte de su patrimonio. Y, para tal propósito, poco les importa comprar el oro a 200 dólares que a 20.000. Mientras no se espere un desplome en su demanda como reserva financiera, cualquier precio es bueno para adquirirlo, pues con cualquier precio se puede conservar el valor patrimonial (si compro una onza por 20.000 dólares quiere decir que también puedo venderla por 20.000, es decir, conservo el valor de mi riqueza).

Al final, la cuestión es así de simple: cuanta más gente desconfíe de la seguridad de los depósitos de valor rivales al oro (divisas, inmuebles, acciones, deuda pública o privada…), mayor será la demanda del oro para tal fin. Y, debido a su muy limitada oferta, cuanto mayor sea la demanda de oro para tal fin, mayor será su precio, sin que ese encarecimiento (a diferencia de lo que sucede con todos los otros bienes o activos) se traduzca en una merma de su demanda de inversión, pues su función como depósito de valor se desarrollada de manera óptima sea cual sea su nivel de precios.

Los hay que califican al dinero como aquella burbuja que nunca pincha. La razón es que el precio del dinero, a diferencia del del resto de bienes o activos, es muy superior a la utilidad que directamente presta. Los clásicos dirían que su valor de cambio es muy superior a su valor de uso (el euro, a la postre, materialmente no es más que un trozo inútil de papel). El motivo debería resultar evidente: el bien que se utiliza como dinero presta otras funciones mucho más valiosas que las que desempeña como bien de consumo. La diferencia entre el precio y su utilidad directa de uso, lo que muchos calificarían de burbuja, es justamente la valoración que hace el mercado de sus funciones monetarias. Una valoración que tiende a ser bastante estable cuando universalmente se reconoce que un determinado bien es dinero, pero que es mucho más fluctuante cuando sólo unos pocos y sólo algunas veces deciden emplearlo como tal.

La revalorización actual del oro no expresa que exista una burbuja en este mercado, sino que cada vez más gente durante más tiempo lo está reconociendo como dinero frente a las deficientes alternativas que proporcionan los Gobiernos. El oro, el dinero natural del mercado, le está ganando la partida al dinero fiduciario de los Estados. Pero cuidado, que en los últimos años el metal amarillo esté mostrándose victorioso no significa, ni mucho menos, que ya haya ganado la guerra. Los Gobiernos tienen numerosas armas para castigar al oro y para mejorar la calidad de sus divisas u obligaciones; en tal caso, si se produjera un trasvase de la demanda monetaria del oro a la demanda monetaria de activos estatales, el precio del oro pincharía. Ya pasó una vez en 1980, cuando los tipos de interés superaron el 15% para evitar la destrucción del dólar, y podría volver a pasar ahora. Pero el pinchazo se produciría, no porque haya una burbuja, no porque exista algo así como un “precio objetivo” del oro del que éste no pueda rebasar durante mucho tiempo, sino porque al igual que el ordenador dejó obsoleta la máquina de escribir, un “buen dinero” estatal esterilizaría temporalmente la demanda monetaria del oro.

La cuestión, claro está, es si los Estados pueden proporcionar un dinero que sea mejor que el oro (que no sufra inflaciones o deflaciones bastante más acusadas que las de éste último). Pero téngalo meridianamente diáfano: comprar oro equivale a apostar por que el actual sistema monetario estatal acabará fracasando. Es una hipótesis razonable, sobre todo a muy largo plazo, pero perfectamente falible a corto: que no exista una burbuja (pues el precio del oro podría seguir subiendo y estabilizarse a niveles todavía más altos) no significa que no exista el riesgo de descapitalizarse.

La especulación se asocia tradicionalmente con subidas de precios y con desabastecimientos. Al parecer, los especuladores sólo entran en escena para acaparar las disponibilidades de algún bien, limitar su oferta, encarecer su precio y lucrarse con el padecimiento ajeno. Difícil, pues, congraciarse con un oficio que, según relato popular, tiene por cometido hacer sufrir a las masas para concentrar la riqueza en cada vez menores manos.

La realidad, como suele acontecer, es bastante distinta a la que narran los prejuicios liberticidas. Primero por el hecho nada desdeñable de que, en cierto modo, todos y cada uno de los seres humanos, desde el más ilustre de los indignados al más despreciable de los Rockefeller, seamos especuladores: especular viene del latín speculari, es decir, observar la situación desde lo alto. Todos, en nuestro mundano día a día, cuando decidimos comprar un kilo de manzanas, adquirir un vehículo, invertir en un paquete accionarial o prestarle dinero a algún Gobierno manirroto, y también cuando decidimos no hacerlo, estamos tomando decisiones de manera especulativa y contribuimos a la determinación de los precios de mercado. Al hacerlo, todos vislumbramos con mayor o menor claridad un escenario futuro en función del cual tomamos nuestras decisiones (las manzanas no me ocasionarán dolor de estómago y no podré encontrarlas más baratas en otro sitio cercanos; el vehículo no se estropeará a corto plazo ni aparecerá en el futuro cercano otro modelo mucho mejor y a un precio más asequible; las acciones se revalorizarán o no caerán sensiblemente; y el Gobierno manirroto honrará sus compromisos y no impagará sus deudas) y, por consiguiente, especulamos.

Sin embargo, no pretendo convalidar la actividad especuladora simplemente jugando con las palabras. Analicemos más en detalle a qué se dedican los especuladores profesionales, aquellos que por su visibilidad y especialización reciben toda la inquina social. ¿Cuáles son las funciones fundamentales que desarrolla el especulador profesional? Básicamente las reduciría a dos que tienen el idéntico propósito de coordinar a los agentes económicos. Por un lado, los especuladores redistribuyen los bienes o activos interespacial e intertemporalmente. Por otro, facilitan los intercambios y la acumulación de bienes y activos, dotándoles de un mayor volumen de negociación e incluso de precio.

Empecemos por la primera de estas funciones. Los especuladores intentan comprar los bienes o activos cuando o donde están baratos para venderlos cuando o donde estén caros. Gracias a ello, los bienes se encarecen en aquellos lugares o momentos en los que son relativamente más sobreabundantes para abaratarlos en aquellos lugares o momentos en los que son relativamente más escasos. Sin la especulación, las diferencias de precios entre dos puntos geográficos o temporales distintos serían mucho más abruptas.

Por ejemplo, supongamos que este año en Australia se producen unas brutales malas cosechas de trigo, mientras que en Estados Unidos tienen lugar unas cosechas excelentes de este cereal. Sin especulación –en su modalidad particular de arbitraje–, los precios del trigo en Estados Unidos se derrumbarían, hasta el punto de destinarlo para actividades muy poco valiosas (alimentar a los cerdos, por ejemplo), mientras que en Australia la gente se moriría de hambre. Sin embargo, gracias al especulador, quien comprará barato en Estados Unidos para revender caro en Australia, el precio del trigo tenderá a igualarse internacionalmente y a destinarse a sus usos más urgentes (que no serán alimentar a los porcinos yanquis, sino a los ciudadanos australianos).

Lo mismo sucede con la distribución intertemporal de los bienes, si bien en este caso, dado que el nivel de abstracción es mucho mayor, los efectos de la especulación suelen ser bastante peor comprendidos. El especulador compra hoy, cuando un bien o activo está barato por ser sobreabundante, con el propósito de vender mañana, cuando ese mismo bien será bastante más escaso y por tanto más caro; gracias a ello, encarece el bien o activo en el presente y lo abarata en el futuro. Sigamos con el ejemplo del trigo: imaginemos que este año ha habido una cosecha muy cuantiosa en Estados Unidos y que el especulador, gracias a su profundo conocimiento del campo, del clima o de la demografía (o simplemente por azar), sabe o intuye que en el futuro serán más escaso que hoy. Por ello, comprará trigo hoy –elevando su precio y volviéndolo más escaso–, lo almacenará y lo venderá mañana cuando sea más escaso (abaratando su precio). Y quien habla del abastecimiento de trigo a un año, puede hablar de vivienda a una década vista o de petróleo a medio siglo vista. Merced a ello, las fluctuaciones de precios (y de las disponibilidad de bienes) a lo largo del tiempo se reducen muy sensiblemente, evitando saltos abruptos.

De hecho, el especulador que esté muy seguro de sus previsiones podrá potenciar su actividad de estabilización de precios pidiendo prestado dinero. Yo puedo saber que los precios subirán en el futuro, pero si carezco de dinero no podré comprar bienes hoy para venderlos mañana. En cambio, cuanto más crédito me proporcionen, más bienes presentes podré controlar y, por tanto, más huella dejarán mis pronósticos sobre el futuro en el presente.

Llegados aquí conviene matizar que la distribución de los bienes que efectúan los especuladores no tiene por qué basarse únicamente en la estrategia más común de comprar barato para, después, vender caro. También puede operar en el orden inverso: el especulador puede empezar vendiendo caro para, después, comprar barato. Imaginemos que el propietario de un inmueble espera que, en el futuro, se reduzca su precio. La manera de estabilizar intertemporalmente su oferta y su precio sería enajenarlo hoy (contribuyendo a reducir su precio) recomprarlo más asequible en el futuro (contribuyendo a incrementarlo).

Y al igual que el especulador podía pedir prestado dinero para comprar mercancías o activos hoy y revenderlos mañana, también puede pedir prestados los propios bienes o activos para venderlos hoy y recomprarlos mañana (saldando el préstamo mediante la entrega física de esos bienes o activos). A esta operación se la suele denominar venta corta. Asimismo, puede darse el caso, un tanto más radical, de que el especulador venda a plazo bienes que ni posee ni ha pedido prestados; en tal supuesto, lo que realmente enajena el especulador es el compromiso de entregar en un momento determinado ese bien o activo; a esta operación se la conoce como venta al descubierto.

Junto con la distribución espacial y temporal de los bienes, hay que mencionar otra función de la especulación al menos tan fundamental como la anterior: facilitar el intercambio y la acumulación de bienes y activos dotándolos de un mayor volumen de negociación e incluso de precio.

Sin especuladores, una persona sólo podría vender un bien o un activo si encontrara justo en ese momento a otra persona que deseara comprar ese mismo bien o activo a un precio y en unas condiciones que beneficiaran a ambos. Así pues, si yo quisiera desprenderme ahora mismo de 5.721 acciones del Banco Santander, debería encontrar a una persona o grupo de personas que también ahora mismo quisieran adquirir al menos 5.721 acciones. Análogamente, si produzco cien mil kilos de naranjas, una vez cosechadas, debería encontrar rápidamente a un número suficiente de consumidores finales que quisieran adquirirlas.

Es evidente que en un mundo así, los intercambios serían notablemente menores a los actuales (es costoso encontrar siempre a la contraparte necesaria en el momento deseado) y, por tanto, la tendencia a acumular grandes cantidades de bienes o de activos de los que nos querremos desprender en el futuro también sería menor. En otras palabras, las menores posibilidades de intercambiar bienes y servicios se traducirían en un menor incentivo a invertir en empresas que los produjeran en gran escala (adiós, pues, a las economías de escala) y, asimismo, la mayor dificultad para desprenderte de acciones o de bonos a buen precio (por la falta de contrapartes) también implicaría un menor incentivo a ahorrar e inmovilizar tu capital en esos instrumentos (de modo que los mercados de capitales se atrofiarían, encareciendo la financiación empresarial).

Afortunadamente, empero, los especuladores también actúan como intermediarios para conectar a los dispersos compradores y vendedores finales. Son ellos quienes sirven como contraparte para comprar o vender cuando pocos más quieren hacerlo. Además, en los casos extremos en los que nadie másquiera comprar o vender, los especuladores serán los únicos agentes de mercado que se atrevan a tasar (dar precio) ese bien económico o activo, tanto para que otros puedan comprarlo (asked price o precio pedido) como para que puedan venderlo (bid price o precio ofrecido). En pocas palabras, los especuladores, conscientes de que las órdenes de compra y de venta están distribuidas irregularmente en el tiempo y el espacio, acumulan inventarios de un bien o activo cuando todos quieren vender y liberan su inventario cuando todos quieren comprar. La fuente de su beneficio procede, en este caso, de que –como cuando vamos al banco a obtener divisas– compran el bien o activo más barato de lo que después lo venden.

Gracias a la función de la creación de mercado, por consiguiente, los especuladores orientan la valoración de los bienes o activos (en momentos en que nadie más quiere intercambiarlos) y, sobre todo, les proporcionan un volumen de negociación lo suficientemente amplio como para que otras personas, al saber que casi en cualquier momento podrán desprenderse de ellos a buenos precios, ahorren e inviertan en su producción.

En definitiva, los especuladores facilitan enormemente la coordinación de los agentes económicos llevando, por un lado, los bienes o activos al lugar o momento más valorado y facilitando, por otro, las operaciones de intercambio y acumulación de estos últimos. Por supuesto, ese santo patrón del capitalismo que es el especulador puede equivocarse y, en lugar de estabilizar los precios, puede desestabilizarlos todavía más (comprando cuando él cree que está barato y teniendo que vender luego todavía más barato o vendiendo cuanto cree que está caro para recomprar luego todavía más caro), en especial si realiza sus operaciones vía crédito. Pero no parece muy consistente poner en duda la actividad especuladora por el hecho de que pueda resultar falible; todo en la vida lo es y no por eso sometemos a severísimas críticas las relaciones en pareja, las inversiones productivas o el auxilio caritativo del prójimo. Más que nada porque el especulador se enriquece cuando acierta, pero se hunde en la miseria cuando fracasa (en ausencia de rescates estatales): comprar caro para vender barato o vender barato para recomprar caro no parecen los negocios más lucrativos que uno pueda imaginar, en especial si para llevarlos a cabo te has endeudado. Otra cosa distinta, y más habitual, es que laceremos a los especuladores cuando aciertan y porque aciertan; nadie dijo que la verdad fuera un plato sencillo de digerir. Pero, desde luego, si lo que nos molesta son los errores de la actividad empresarial, inherentes sea cual sea ésta, lo que deberíamos hacer es sacar a hombros a los especuladores exitosos y reprimir a los fracasos. Sin embargo, creo que con el mecanismo de mercado es suficiente: que se forren cuando acierten y se arruinen cuando fallen. Ese sistema de premios y castigos, sin distorsiones estatales, se me antoja ya más que suficiente.

El sentido común nos indica que el dinero debe circular para que la actividad económica no se estanque. Si el dinero no circula y, por tanto, los empresarios no venden lo suficiente como para cubrir costes, se nos dice, la actividad económica se contrae. De ahí que retirar una cantidad de dinero del sistema –atesorarlo o, más comúnmente, guardarlo debajo del colchón–, en tanto en cuanto cortocircuita los procesos de compraventa, se ha considerado por una enorme cantidad de economistas –incluidos keynesianos y monetaristas– como el origen de todas las calamidades. Esto es, reputan inadmisible que el mismo bien que desempeña las funciones de medio de cambio haga a las veces de depósito de valor. Al estilo del socialista Silvio Gesell gritan: “El dinero debe ser un medio de cambio y nada más”.

Tengo para mí que el atesoramiento de dinero es, a día de hoy, el hecho económico peor comprendido de todos. Nuestros instintos evolutivos –acaparar es malo– se mezclan con nuestra sesgada observación de la realidad –hay crisis porque los empresarios no venden y los empresarios no venden porque los consumidores se guardan el dinero debajo del colchón– y dan lugar a un cóctel de tergiversación ciertamente explosivo.

Lo primero que debemos preguntarnos es por qué alguien atesora dinero. Mucha gente considera que el atesoramiento es la respuesta lógica a las ansias de ahorrar: si la gente ahorra, se atesora, cae el gasto en la economía y la actividad se desploma. Pero no, quien ahorra puede perfectamente invertir en adquirir activos diversos (bonos, acciones, inmuebles, almacenes de materias primas…), es decir, el menor gasto en consumo presente puede convertirse en un mayor gasto en inversión (lo que implica una mayor producción y consumo de bienes de consumo en el futuro).

Así las cosas, ¿por qué atesoramos? ¿Por qué adquirimos un activo que no proporciona rendimiento alguno? ¿Por qué renunciamos a comprar bienes de consumo que podrían satisfacer nuestras necesidades o bienes de capital que podrían proporcionarnos una rentabilidad anual del 4%, 5%, 10 ó 15%? Básicamente, atesoramos el dinero porque no nos convence ninguno de los bienes de consumo o de capital que en estos momentos nos ofrecen los empresarios. O dicho de otro modo, el atesoramiento es una manera de protestar contra unos productores que no se adaptan a las preferencias de los tenedores de dinero, ya sea en su faceta de consumidores o en su faceta de ahorradores/inversores.

Imagine que usted tiene 150.000 euros y quiere comprar un inmueble en el centro de Madrid por ese precio, pero nadie se lo vende. Si muchas otras personas efectúan un juicio similar y se guardan el dinero, los promotores inmobiliarios (o los propietarios de pisos de segunda mano que deseen desprenderse de ellos) tendrán que liquidar su stock de ladrillo al descuento e ingeniárselas para seguir erigiendo inmuebles a precios más asequibles.

¿Qué hacer mientras tanto con su dinero? Gastarlo en bienes de consumo obviamente no; en esencia, porque si se funde sus ahorros, tal vez no vuelva a acumularlos nunca. Lo lógico sería, en realidad, que en lugar de atesorar el dinero, usted lo invirtiera mientras espera a que caigan los precios de los inmuebles. Pero imagine que, según su parecer, nos encontramos en medio de un boom económico artificial originado por el crédito barato y que las burbujas de activos se han generalizado por toda la economía. Los inmuebles, como hemos visto, están inflados de precio; en la bolsa, se repite una segunda exuberancia irracional similar a la de las puntocom; los bonos públicos y privados ofrecen tipos de interés ridículos, cercanos al 1%… ¿Qué haría usted en ese contexto? ¿Comprar activos a precios desproporcionadamente caros? ¿Dilapidar el dinero en bienes de consumo y renunciar a su sueño de adquirir un piso en Madrid? ¿O más bien no gastar su dinero en nada a la espera de que los precios y la producción se ajusten a las deseadas por usted y el resto de tenedores de dinero?

Pues ahí lo tiene, esa es la función clave del atesoramiento: asegurar la soberanía del consumidor y del inversor. Como consumidores, contar con un buen depósito de valor nos asegura que no nos veremos forzados a adquirir la mercancía estropeada que los empresarios, tras haber apreciado erróneamente nuestras necesidades, nos están ofreciendo: les obligaremos o bien a que nos vendan sus productos defectuosos más baratos o bien a que produzcan otras mercancías por las que sí estemos dispuestos a abonar precios mayores.

Como ahorradores, un buen depósito de valor nos garantiza que no estaremos forzados a invertir en proyectos empresariales que reputemos excesivamente arriesgados para la rentabilidad que están prometiendo. Es decir, no destinaremos nuestro dinero –ni vía obligaciones ni vía acciones– a empresas que no confiemos en que vayan a satisfacer las necesidades futuras de los consumidores y que, por tanto, estén malinvirtiendo y despilfarrando los recursos. Al atesorar el dinero, les obligaremos o bien a que nos ofrezcan mayores rentabilidades más conformes con el riesgo que creemos estar asumiendo o bien a que reorganicen su modelo de negocio para volverlo más previsible y más seguro de cara a los potenciales inversores.

Por supuesto, en muchas ocasiones –en especial, aquellas que siguen a un boom económico artificial basado en el crédito barato– el atesoramiento dará lugar no a rebaja de los precios de los bienes de consumo o de capital, sino directamente a una reorganización de las estructuras financieras y productivas. Muchos empresarios no podrán permitirse vender más barato sin quebrar o sin deshacerse de sus negocios menos rentables. Y aquí, el temor de muchos –empezando por Keynes– es que aparezcan de manera inexorable “recursos ociosos” –desempleo– que no puedan recolocarse en ninguna otra parte. Temor, en gran medida infundado.

El atesoramiento de dinero tiende a elevar su valor frente al del resto de los bienes (hay una deflación de precios), y siempre que se eleva el valor de un bien económico –sin que paralelamente lo hagan los costes– su producción tiende a elevarse. Bajo el patrón oro, el proceso era bastante automático: cuando aumentaba el valor del oro, los recursos ociosos se trasladaban a las minas de oro para incrementar su producción (o a la industria exportadora, si se carecía de minas y se deseaba importar oro); si tal operación sólo era posible en parte, el atesoramiento se filtraba al mercado monetario y abarataba el descuento de letras de cambio (permitiendo una mayor producción de ciertos bienes de consumo muy demandados). En ambos casos, los recursos ociosos se iban recolocando en picos de producción provisionales a la espera de que el resto de empresarios reorganizaran sus modelos de negocio y los volvieran a contratar (la tasa de paro en EEUU durante el s. XIX, por ejemplo, no superó casi en ningún momento el 5%).

Con el dinero fiduciario, el automatismo del oro desaparece y devienen necesarias otras operaciones más enrevesadas que suelen generar distorsiones adicionales sobre el sistema económico: el banco central se subroga en la posición del minero de oro, de modo que es él quien debe incrementar la provisión de dinero fiduciario cuando su valor aumenta como consecuencia del atesoramiento. Pero, como ya veremos en otra ocasión, el banco central sólo puede incrementar la cantidad de dinero monetizando activos, y en tal caso se abre la compleja –y peligrosa– cuestión de qué activos ha de monetizar. Tradicionalmente se ha optado por deuda pública o privada a largo plazo, lo que bien podría relanzar un auge económico artificial o retrasar la corrección de los errores empresariales acumulados en lugar de favorecer su rápida y limpia liquidación.

En definitiva, son legión quienes se escandalizan de que la función de medio de cambio y de depósito de valor coincidan en el mismo bien económico: el dinero. Quizá, en aras de la claridad, sería mejor decir que el dinero es el medio de cambio y de no-cambio de una economía. Decir que el dinero es un medio de cambio pero, al tiempo, negarle a su tenedor la posibilidad de que rechace aquellos intercambios que no reputa provechosos equivale a imponerle a todo el mundo la obligación de gastar y, por tanto, supone trastocar el orden de prioridades del sistema económico: no producimos para consumir, sino que consumimos para producir. ¿Qué otra cosa sería, si no, un medio de cambio con el que no pudiéramos declinar los intercambios perjudiciales?

El dinero, como medio de cambio generalmente aceptado, permite incrementar la productividad del sistema económico, en la medida en que facilita un número infinitamente mayor de intercambios que con el trueque y, por consiguiente, permite ahondar en la división del trabajo, del capital y del conocimiento. Del mismo modo, el dinero como depósito de valor (o como medio de no-cambio) permite forzar la corrección de los errores que cometan los empresarios y, por tanto, dificulta que esa división del trabajo, del capital y del conocimiento se vaya por circuitos ruinosos que supongan una intensa dilapidación de nuestros siempre escasos recursos. Todo sistema que no cuente con un mecanismo que limite las distorsiones que surgen en su progresiva expansión está condenado a autodisolverse o esclerotizarse bajo el yugo de los errores pasados. Y en ese sentido, al corregir los desajustes internos, el dinero como depósito de valor también incrementa nuestra productividad y revitaliza el sistema económico.

Los detractores del patrón oro creen ir cargados de razones. Son numerosos los motivos por los que se oponen a semejante bárbara reliquia, aunque ninguno tan potente como la sensación de modernidad y cientificidad que les embarga al creer superado el medio de pago y el depósito de valor que Occidente utilizó durante milenios. A renglón seguido, eso sí, una de las críticas más populares es que no hay suficiente oro en el planeta para acompasar el crecimiento mundial: la cantidad de dinero, se nos dice, debe crecer al mismo ritmo que la producción de bienes y servicios; eso pudo lograrse con dificultades en el s. XIX, pero sería inviable en el s. XXI.

El argumento suena verosímil, pero si lo analizamos un poco veremos que tiene poca consistencia. Es decir, la cuestión es la siguiente: ¿qué pasaría en un mundo que siguiera creciendo pero donde la cantidad de medios de pago fuese absolutamente rígida? Por claridad expositiva, podemos dividir los efectos en dos tipos: por un lado, los que atañen a los precios y la producción (aspecto real); por otro, los referidos a los tipos de interés, las deudas y la financiación empresarial (aspecto financiero).

En cuanto a los precios, asistiríamos sin duda a una deflación secular. Conforme más produjéramos, más se abaratarían los productos en relación a la onza de oro (o a la de cualquier otro patrón monetario que fuese fijo). Mas, ¿es esto algo negativo? No necesariamente. Mucha gente teme que si los precios caen, los empresarios quebrarán y entraremos en una depresión económica en la que la producción de bienes y servicios se reducirá. Pero lo cierto es que la rentabilidad de los empresarios no depende exclusivamente de los precios de venta de sus mercancías, sino de sus precios y de sus costes (del margen de beneficios).

Si precios y costes se reducen, la producción podrá seguir su curso con normalidad. Es sencillo de comprender: si ahora mismo se dividieran todos los precios de la economía entre diez (incluyendo los de activos y pasivos), prácticamente nada cambiaría. Seguirían siendo rentables las mismas líneas productivas y la gente no vería modificadas sus costumbres de gasto.

Es verdad que si los precios, en lugar de reducirse de golpe, fueran cayendo progresivamente y a ritmos desiguales, el comportamiento de consumidores y empresarios podría tener efectos reales. Los consumidores retrasarían su consumo y los empresarios podrían encontrar que otras líneas de negocio resultan más rentables que la suya (si los precios han caído menos o los costes se han reducido más que en la suya). Pero lo mismo sucede con la inflación: los consumidores tienen incentivos a adelantar su consumo y los empresarios también pueden ver cómo sus cálculos se distorsionan (si los precios suben más o los costes se incrementan menos que en su línea productiva). Y, puestos a elegir, es preferible que los consumidores retrasen su consumo a que lo adelanten, pues la base del capitalismo y de la prosperidad es el ahorro.

En definitiva, el capitalismo con un patrón monetario rígido requeriría de unos mercados flexibles donde los precios –y los costes– pudieran ir modificándose con el transcurso del tiempo. Nada, por otro lado, que no se diera en el s. XIX y que no sea igualmente recomendable en un capitalismo con un patrón monetario más elástico; al cabo, los precios son los faros del capitalismo y nada bueno puederesultar de su manipulación.

Hay una serie de precios que, sin embargo, no es probable que fueran a modificarse ni siquiera en un mercado muy flexible. Me refiero al saldo de las deudas: si los precios caen y el saldo de los pasivos no minora, cada vez los agentes adeudan más dinero en relación con sus ingresos. El temor, en este caso, es que los individuos no tendrán ningún incentivo a endeudarse y, por tanto, no podrán hipotecarse ni para adquirir viviendas ni captar capital emitiendo bonos con el que implementar sus planes de negocios.

Esta preocupación sí es en parte comprensible, pues ciertamente una economía con una deflación persistente de precios tendería a penalizar el endeudamiento. Sin embargo, no es ni mucho menos un obstáculo insalvable para mantener altos niveles de crecimiento económico. Primero, porque al igual que hoy una parte de los tipos de interés que pagan los deudores depende de la inflación esperada (de modo que si el ahorrador desea un rentabilidad mínima del 4% y prevé que los precios suban al 1,5% anual, carga unos intereses del 5,5%), en una economía con deflación persistente los tipos de interés tenderían a incorporar la deflación esperada (de modo que si se desea una rentabilidad mínima del 4% y los precios caen al 1,5%, el tipo de interés sería del 2,5%), incluso indexando los bonos a la evolución de algún índice de precios tal como ya se hace hoy. Segundo, porque la única manera de financiar una empresa no es a través de fondos ajenos (deuda), sino también a través de fondos propios (que, entre otras remuneraciones, reparten dividendos variables en función de la caja que posee la empresa).

Una economía con deflación sería una economía donde la financiación vía fondos propios tendría un peso mucho mayor al actual y donde la deuda, si bien resultaría probablemente más barata en términos nominales, sería de bastante mayor calidad, pues los ahorradores sólo aceptarían no atesorar el dinero y prestarlo a largo plazo a cambio de riesgos que fueran muy seguros; lo cual no significa, ni mucho menos, que fuera una sociedad menos emprendedora o arriesgada, sino que el riesgo se canalizaría por su vías naturales, que no son precisamente la financiación bancaria sino las participaciones en el patrimonio neto de los fondos de venture capital o de private equity.

En conclusión, hemos visto que ni la producción ni la inversión se verían seriamente perjudicadas en un mundo donde la cantidad de medios de pago fuera absolutamente fija. Tradicionalmente se ha asociado este escenario con el patrón oro, pero sí me gustaría añadir unas líneas a este respecto. Dejando de lado que en el último siglo las existencia del metal amarillo se hayan multiplicado por siete, que el oro se convierta en el patrón monetario de una sociedad no significa ni mucho menos que sea su único medio de pago. En una economía moderna, la mayor parte de mercancías se compra vía compensación de créditos y deudas, esto es, pagando unas mercancías con otras mercancías: esa es la base del crédito circulante que proporcionan empresas y bancos a sus clientes (letras de cambio y depósitos a la vista) y que, por supuesto, jugó un papel central en el s. XIX y lo seguiría jugando en una eventual recuperación del patrón oro.

Ni siquiera hoy, en la era del dinero fiduciario, la mayor parte de las transacciones se realizan al contado: la cámara de compensación CHIPS, por ejemplo, efectúa transacciones anuales por importe de 365 billones de dólares, cuando la base monetaria del dólar (el equivalente a la cantidad de oro con la que cuenta el sistema) apenas asciende a 2,7 billones de dólares. De hecho, tampoco esta base monetaria de dólares se ha incrementado al mismo ritmo que la producción de bienes y servicios: entre 1947 y 2007, la cantidad de dólares se multiplicó por 25 mientras que el PIB nominal de EEUU (no hablemos del resto de transacciones mundiales que se efectúan con dólares) lo ha hecho por 60.

El oro no impide que toda esta superestructura de crédito –que es, en el fondo, la que compra y vende mercancías en una economía que haya desarrollado un poquito su sistema de pagos– se pueda erigir; lo que favorece es que esa superestructura sea de una calidad infinitamente mayor a la del dinero fiduciario. Pero la elasticidad de los medios de pago (que no serían ni única ni mayoritariamente monedas de oro) sigue siendo enorme; en ocasiones incluso demasiado grande para evitar la recurrencia de los ciclos económicos.

Así pues, como vemos, el patrón oro no es un buen ejemplo de patrón monetario rígido (y eso que ni siquiera hemos hablado de la posibilidad de que junto con el patrón oro convivan otros patrones monetarios, como la plata o incluso, en ciertos ámbitos reducidos, variedades de medios de pago fiduciarios, electrónicos o no) pero, aun en el caso de que lo fuera, el sistema económico podría seguir funcionando perfectamente. Las objeciones contra el patrón oro no deben buscarse en sesudos argumentos teóricos, sino en la arrogancia de los intelectuales y en los conocidos intereses del Gobierno, de la banca y de una población pródiga en exceso por abusar del endeudamiento barato.

Una de las principales críticas que se dirigen contra el capitalismo es la desigual distribución de la riqueza. Los hay muy pudientes y los hay muy desharrapados, de modo que aparentemente la equidad exigiría que parte de la riqueza de los primeros fuera a parar a los segundos para nivelar las diferencias: al cabo, los acaudalados ni siquiera lo notarían y los más pobres obtendrían suculentos beneficios.

De hecho, éste es en parte el propósito de nuestros modernos Estados del Bienestar y, asimismo, ésta es la receta mágica que algunos propugnan para lograr atajar los déficits públicos actuales sin recortar el “gasto social”: recuperar o subir el impuesto sobre el patrimonio y sobre sucesiones, crear un impuesto para las grandes fortunas, gravar con mayor intensidad las rentas procedentes del ahorro… Pero, ¿realmente nos conviene que toda la fiesta la paguen los más ricos? Mejor dicho, ¿qué significa exactamente eso de que “paguen los más ricos”?

Muchas veces –demasiadas– tendemos a simplificar la realidad económica en imágenes o conceptos que nos resulten manejables y que podamos entender. Cuando pensamos en una persona rica, nos imaginamos de inmediato a un individuo que, cual Tío Gilito, tiene piscinas llenas de oro (o de dinero fiduciario) que le permiten comprar cualesquiera bienes y servicios. La redistribución de la renta, por consiguiente, sería algo tan fácil como arrebatarles unas poquitas monedas de oro a los tíos gilitos para dárselas a los carpantas de este mundo.

El problema es que la estampa no resulta en absoluto realista. Los ricos no son unas personas que tienen muchísimo dinero en el banco, sino gentes que poseen un enorme patrimonio en forma de tierras, inmuebles o, sobre todo en nuestras sociedades capitalistas, participaciones en empresas. Cuanto oímos que Bill Gates o Warren Buffett poseen zillones de dólares, no es que acumulen entre los dos el 99% de todos los dólares en circulación, sino que su cartera de propiedades y empresas (como Microsoft o Coca-Cola) alcanza un valor de mercado de zillones de dólares.

Y, ahora, deténgase a pensar un momento. ¿Por qué Microsoft o Coca-Cola valen lo que valen? ¿Porque tienen ambas un almacén gigantesco repleto de miles de millones de sistemas operativos y de latas de cola? No precisamente: las mercancías presentes de esas compañías son una minúscula parte de su valor de mercado; a fecha de hoy, por ejemplo, Microsoft tiene un valor bursátil de 204.000 millones de dólares y sus inventarios apenas ascienden a 1.000 millones; Coca-Cola asciende a 150.000 millones con unos inventarios de apenas 3.000. ¿De dónde viene entonces el enorme valor de mercado de estas empresas que convierte a sus principales propietarios en los hombres más ricos del planeta?

Pues de los bienes que se espera que produzcan dentro de 5, 10 ó 20 años. Dicho de otra manera, Microsoft, Coca-Cola (y todas las demás empresas) no son valiosas por lo que han producido hasta la fecha hoy, sino por lo que producirán mañana. Es más, me atrevería a decir que ni siquiera derivan su valor de lo que producirán mañana, pues nadie, ni siquiera Bill Gates, sabe qué productos sacará a la venta Microsoft dentro de 20 años (en el caso de Coca-Cola este juicio predictivo resulta algo más sencillo). El valor de las compañías –y por tanto, el patrimonio de los “ricos”– procede de su capacidad para generar, mantener y ampliar un modelo de negocio que sirva al consumidor mejor que sus competidores, esto es, de su capacidad para generar beneficios de manera sostenida a lo largo del tiempo (lo que en términos contables se conoce como “fondo de comercio” o Goodwill).

Por desgracia para los redistribucionistas, esa capacidad de generación futura de beneficios no puede consumirse en el presente (no nos podemos beber los millones de litros de cola que se fabricarán en el año 2025), de modo que para perseguir fiscalmente a los ricos sólo quedan dos opciones: o quedarse con una parte de la renta que su patrimonio genera en el presente o apropiarse directamente de una porción de ese patrimonio (de sus empresas, inmuebles, tierras…).

Lo primero es lo que consiguen los impuestos sobre la renta (IRPF o Sociedades): parte del valor monetario de la producción anual (beneficios, rentas de alquiler, intereses…) se transfiere al Estado y éste presuntamente lo redistribuye entre la población. El perjuicio más evidente de este tipo de tributos es que, por un lado, minoran los recursos a disposición de capitalistas y empresarios, que podrían haber sido reinvertidos en la generación de más bienes de consumo futuros (nos volvemos más pobres de lo que podríamos haber sido); por otro, disminuyen la remuneración que recibe el capitalista por asumir riesgos al invertir y por retrasar la satisfacción de sus necesidades al ahorrar.

Pero acaso resulten más dañinos los segundos tipos de impuestos: los impuestos sobre el patrimonio y las herencias. En este supuesto, si el monto del impuesto supera al de la renta anual generada por el patrimonio productivo, el capitalista tendrá que desmembrar y liquidar parte de ese aparato productivo, socavando así su producción de riqueza futura para los consumidores.

Imaginemos, para entenderlo, que con una caña de pescar podemos recoger 100 pescados al año y que el valor de mercado de esa caña es de 600 pescados. Si consideramos que el propietario de la caña es un rico capitalista comeniños al que hay que esquilmar fiscalmente, podemos imponerle, por ejemplo, un tributo sobre la producción anual de pescado del 50%, de modo que cada doce meses deberá entregarle al Estado 50 pescados. Como consecuencia, el pescador dispondrá de 50 pescados menos cada año para fabricar nuevas cañas e incluso, dependiendo de la magnitud del impuesto (imaginemos uno del 90%), podría llegar a plantearse dejar de pescar.

Ahora supongamos, en cambio, que se aprueba un impuesto del 20% sobre el patrimonio del pescador (sobre el valor de mercado de su caña de pescar), de modo que cada año deberá entregarle al Estado 120 pescados. ¿Cómo podrá hacerlo si su producción anual es de 100 pescados? De ninguna manera: simplemente esos 20 pescados extra que exige el Estado no existen (pues se producirán a lo largo del próximo ejercicio). Como mucho, el pescador podría tratar de vender una parte de la caña con un valor de mercado equivalente a 120 pescados… si es que hay algún otro malvado e insolidario capitalista que tenga ahorrados físicamente esos 120 pescados.

Sin embargo, recordemos que el mayor valor de las empresas no deriva de sus bienes de capital físicos, sino de la correcta ordenación de éstos para seguir generando beneficios en el futuro. ¿Qué sucederá si el sistema fiscal comienza a trocear y a redistribuir, no ya unos bienes de consumo que no existen, sino partes sueltas de una empresa? Pues que la capacidad de generación de bienes de consumo futuros por parte de esas compañías se desmoronará. Vamos, que no van a seguir produciendo la misma cantidad de bienes pero de manera más fragmentada; no, se destruirá riqueza en términos absolutos. Lo contrario sería como cortar la caña de pescar en 10 trozos y esperar que cada uno de esos trozos siga pescando 10 peces cada año: no, una vez destruida la estructura de la caña de pescar, su capacidad para extraer peces desaparece. Lo mismo sucede con las empresas: una vez desmembrada la armonía entre sus distintas partes, su capacidad para producir en el futuro bienes y servicios que satisfagan a los consumidores, se esfuma. ¿O acaso creen que cada uno de los bienes de capital de Apple (ordenadores, formación de los trabajadores, edificios, mesas, saldos de tesorería…) seguirá siendo igual de productivo si pierde sus sinergias con el resto de la compañía y si deja de estar bajo la sabia dirección de Steve Jobs? Obviamente no: pasarán de generar una enorme riqueza a morirse de asco sin contar con casi ninguna función.

Por eso, el margen para que “paguen los más ricos” es tan estrecho. No ya porque el capital sea bastante móvil y pueda huir con relativa rapidez de aquellos Estados que lo quieren confiscar, sino porque la tributación de las grandes fortunas es literalmente merendarse la gallina de los huevos de oro. Si queremos dividir en 10 trozos una caña de pescar con un valor de mercado de 600 pescados, no obtendremos 10 trozos con valor de 60 pescados, sino 10 trozos con valor 0. Gravar a los ricos no es consumir hoy parte de la renta presente que tienen almacenada en algún banco suizo; tampoco es adelantar a hoy parte del consumo que habríamos realizado mañana; no, es consumir unas migajas hoy a cambio de destruir una enormidad de bienes y servicios que se habrían podido producir y consumir mañana.

La negociación colectiva es un modo de organizar las relaciones laborales en una industria, sector o territorio concreto. Su funcionamiento consiste en que las negociaciones individuales entre trabajador y empresario son sustituidas por una negociación vis-à-vis entre quienes ostentan –o detenta­n– la representación de unos y otros.

A priori parecería que ninguno de ambos sistemas es mejor que el otro, pues lo que importan son los resultados y no tanto los procedimientos a seguir. El problema, claro, es precisamente que en sistemas de información y organización tan complejos como una economía de mercado, el resultado deviene indisociable del procedimiento. Al cabo, la gran ventaja del mercado, de las negociaciones descentralizadas entre propietarios, es que permiten manejar un volumen de información tan enorme que ningún individuo o grupo sería capaz de adquirirla, procesarla o entenderla en su totalidad.

El error de la negociación colectiva consiste en meter a todas las empresas de un sector o territorio en el mismo saco, como si fueran idénticas o pudieran llegar a serlo. Si Zara no es igual a cualquier camisería de barrio, no parece demasiado lógico que la base de la organización laboral de ambas firmas sea la misma, tal como pretende el convenio. Así, cuanto más se aleje el ámbito de negociación de las normas laborales del ámbito de aplicación de esas normas, mayor cantidad de ruido, errores e inadecuaciones tenderán a introducirse en los contratos laborales. Por eso, el resultado habitual de una ronda de negociaciones colectivas serán condiciones contractuales que, lejos de adaptarse al contexto particular de cada compañía, se ceñirán a las preferencias o a la ideología de los negociantes. Que esto constituye un error es de puro sentido común: si lo que buscamos son los planos de las estructuras de un edificio, no recurriremos a un mapamundi. Y si queremos unos contratos laborales que se ajusten como guantes a la situación de cada empresa, no habría que recurrir a convenios colectivos territoriales o sectoriales.

Claro que uno podría elucubrar que lo conveniente es que la negociación colectiva sirva para igualar a todos los trabajadores por arriba. A saber, puede que Zara no sea lo mismo que una pequeña camisería, pero las condiciones laborales de Zara deberían extenderse a toda la competencia. De este modo, los convenios colectivos servirían para evitar discriminaciones entre trabajadores según la compañía en la que operen. Al cabo, ¿por qué si diversos obreros se dedican a lo mismo pero en distintas empresas han de estar sometidos a diferentes condiciones laborales?

Planteémoslo desde otra perspectiva. Imagine que los representantes de los compradores de inmuebles se reúnen con los representantes de los propietarios de inmuebles y ambos firman un convenio colectivo dirigido a regular las condiciones de la compraventa de viviendas. Si los propietarios logran imponer una cláusula que establezca, por ejemplo, que el precio mínimo de los inmuebles, sea cual sea su superficie, localización o calidad, será de 150.000 euros, ¿qué cree que sucederá? Pues que muchos pisos que podrían haberse enajenado por menos de 150.000 euros ahora quedarán fuera del mercado.

La cosa sólo cambiará levemente en caso de que el convenio trate de segmentar territorial o funcionalmente el tipo de operaciones de compraventa. Si, por ejemplo, el convenio anterior deja de ser aplicable a toda España y se limita a la Comunidad de Madrid, donde el metro cuadrado es de media más oneroso, parece claro que resultará menos restrictivo y que generará menos distorsiones, pero, aun así, seguirá habiendo pisos por debajo de 150.000 –presentes en mayor o menor medida en todos los barrios de la capital– que no encontrarán comprador.

Asimismo, que se creen dos categorías de inmuebles residenciales –vivienda familiar y vivienda de lujo, verbigracia– con distintos precios mínimos de compraventa –75.000 y 500.000 euros– tampoco solventará el problema, pues o bien los precios mínimos serán demasiado bajos como para limitar los libres pactos entre compradores y vendedores (y por tanto serán irrelevantes para beneficiar a los propietarios de viviendas) o bien, si resultan demasiado altos, seguirán restringiendo el número de operaciones posibles. Además, el hecho de que existan varias categorías no garantiza necesariamente una mayor flexibilidad contractual, pues perfectamente los “inspectores inmobiliarios” podrían etiquetar a una vivienda normalita como “de lujo”, impidiendo en consecuencia que su propietario la venda por menos de 500.000 euros.

El despropósito anterior puede empeorar todavía más si esos convenios de compraventa de viviendas se prorrogan automáticamente en ausencia de una nueva ronda de negociaciones colectivas (lo que se conoce como ultraactividad de los convenios). Imaginen que los precios mínimos de compraventa de viviendas se pactaron en el momento más elevado de una burbuja inmobiliaria y que, al cabo de tres años, la sequedad del crédito y la competencia de un alquiler mucho más asequible fuerzan caídas de precios del 50% en los pisos. Obviamente, perpetuar durante la crisis unos precios mínimos de compraventa que ya eran demasiado elevados para la época de burbuja sólo provocará un desplome brutal de las operaciones, dejando un colosal stock de viviendas invendido.

Y quede claro que los precios mínimos son sólo una de las muchas cláusulas que integran un convenio. Existe un amplio rango de intervenciones posibles sobre la contratación: cláusulas que prohíban darle un uso comercial a un inmueble, que restrinjan el número de horas al día que puede ser habitado, que establezcan la necesidad de que toda vivienda cuente con una zona libre de humos, etc. Todas éstas, si bien no regularían directamente el precio de venta de los inmuebles, sí erosionarían su utilidad o rentabilidad, forzando a los potenciales inversores a exigir importantes descuentos en sus precios para que les resulte atractivo adquirirlos.

En definitiva, los convenios colectivos sobre cualquier bien económico tenderán a reducir su uso, volviéndolo artificialmente sobreabundante (desempleo). Pero en el caso específico del factor trabajo, los perjuicios no terminan ahí: dado que se trata de un recurso productivo, los convenios, al reducir su ocupación, también minorarán la producción de bienes de consumo y de capital, lo que los encarecerá y empobrecerá al resto de la población.

Los trabajadores sólo pueden escapar a esta dictadura de los convenios colectivos en caso de que éstos sólo regulen algunas industrias concretas. En ese supuesto, la destrucción de empleo y de producción se concentrará en esas áreas de la economía, que pasarán a operar por debajo de su potencial, mientras que los trabajadores desempleados podrán buscar ocupación en otras industrias no sometidas a convenio. Claro que, como resulta bastante probable que la productividad de esos trabajadores sea menor en esos otros sectores, aun así los convenios seguirían destruyendo parte de la riqueza que podría llegar a crearse sin ellos.

Por supuesto, cuando todos o casi todos los sectores de una economía estén sometidos a convenio –situación de España–, no habrá vía de escape posible y es muy probable que el desempleo generalizado haga acto de presencia, sobre todo si media una crisis económica que erosione la productividad de la mayor parte de los trabajadores.

He aquí lo irónico de la negociación colectiva: si bien ésta se justifica políticamente por la peregrina necesidad de nivelar el poder de negociación de trabajadores y empresarios, son los propios convenios los que, al masificar el paro, colocan a los trabajadores en una posición de absoluta inferioridad frente a los empresarios. La mejor baza negociadora del trabajador frente al empresario no es una pauperizadora negociación colectiva, sino la facilidad de rechazar un empleo cuyas condiciones no le agraden porque tenga la seguridad de que puede encontrar ocupación en otras partes de la economía.

El progresivo descontento hacia nuestro actual sistema monetario está llevando a muchos a plantearse nuevos sistemas de intercambio que escapen al inflacionismo y a la manipulación de los gobiernos. No es que la humanidad no hubiese conocido nunca nada así; al cabo, el patrón oro decimonónico desempeñaba de manera casi óptima este papel. Sin embargo, la extendida superchería keynesiana de que el oro es una “bárbara reliquia”, unida a las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, está llevando a muchos de ellos, no a demandar un retorno al patrón oro, sino a la promoción privada del llamado dinero electrónico.

¿Qué es esto del dinero electrónico? Básicamente, una empresa genera una serie de unidades monetarias virtuales, bajo una serie de condiciones que garanticen la estabilidad de su valor, por las que se espera que los individuos comiencen a pujar intercambiándolas por sus propiedades. Por ejemplo, si hay 100.000 unidades de dinero electrónico, una persona podría ofrecer su casa a cambio de 10.000 de ellas siempre y cuando otras estén vendiendo su coche por 1.000 o 500. Se trata, en definitiva, de “traducir” el valor de nuestras propiedades en términos del nuevo dinero electrónico para que podamos proceder a comparar e intercambiar nuestras propiedades de un modo similar a cómo lo hacemos hoy con el dinero fiduciario. En el fondo no es más que un masivo trueque de propiedades reducidas al común denominador del dinero electrónico.

Las ventajas de este último como medio de pago frente el dinero fiduciario, o incluso frente al oro, son bastante evidentes: sus costes de transporte y almacenamiento son mínimos; con el diseño adecuado, permite ligar cada unidad monetaria a su propietario, dificultando enormemente el robo; a medida que aumenta su base de usuarios es una divisa que podría emplearse globalmente; el rastreo de sus operaciones, incluso a escala internacional, puede ocultarse a los gobiernos con las consiguientes ventajas fiscales; su cantidad es gestionada por una empresa y no tiene por qué someterse a la manipulación inflacionista de los bancos centrales…

Con todo, en esas evidentes ventajas como medio de pago también se encuentran sus desventajas: las nacionalizaciones o expropiaciones podrían llegar a ser mucho más sencillas; es susceptible de ataques informáticos (al igual que el dinero fiduciario es, en principio, susceptible a falsificaciones) o de fallos más generales en la red; su monopolización otorgaría un poder desproporcionado a los gobiernos…

En general, creo que el dinero electrónico posee su nicho de mercado dentro de las heterogéneos medios de pago que ya empleamos en nuestras transacciones diarias (euros, dólares, libras, yenes, cheques, letras de cambio…) y que a buen seguro acrecerán en el futuro. Sin embargo, mal haríamos en convertirnos en unos geeks fascinados por el revolucionario papel que el emoney jugará en el sistema monetario del futuro. A la postre, no olvidemos que los agentes económicos buscamos que el dinero desempeñe dos papeles: medio de cambio y depósito de valor, y éste último sólo puede ser ejecutado de un modo muy deficiente por el dinero electrónico.

Parémonos un momento a pensar. ¿Cuál es el valor que hay detrás del dinero electrónico? ¿Por qué la gente lo acepta en sus transacciones? En el caso del oro, o incluso del dinero fiduciario, es relativamente fácil: el oro ya poseía un elevado valor antes de actuar como dinero (metal precioso) y el dinero fiduciario puede emplearse para pagar impuestos, evitando así la expropiación de una parte de nuestras propiedades. Pero, ¿sucede lo mismo con un dinero electrónico que apenas está constituido por unos bits de información autorreferencial?

No, en realidad lo que da valor al dinero electrónico es la expectativa de que otra persona nos lo aceptará para adquirir alguna de sus propiedades. Dicho de otro modo, el valor del dinero fiduciario depende del tamaño actual y futuro de su red de usuarios: cuanta más gente acepte ese dinero electrónico, más robustez tendrá su valor; y, por el contrario, si muy pocos lo aceptan –y por tanto no nos sirve para adquirir casi ninguno de los productos que deseamos– tenderemos a deshacernos de él aun con grandes descuentos. No estamos hablando de otra Visa o American Express, pues estas compañías sólo facilitan los pagos pero no crean los medios de pago y, por tanto, el tamaño de su red de usuarios no influye sobre el valor del dinero que canalizan (euros o dólares).

¿Y de qué depende el tamaño de la red del emoney? De muchas variables: la calidad del servicio (bajos costes, facilidades de pago…), la fiabilidad del emisor (que no sea un pirata que pretenda devaluar la moneda a las primeras de cambio), la difusión publicitaria, la ausencia de competidores que ofrezcan una mejor divisa… No obstante, al final, el éxito o el fracaso puede convertirse en una profecía autocumplida: si muchos usuarios en pelotón comienzan a usarlo o dejan de hacerlo, su valor fluctuará en consecuencia.

Dicho de otro modo, el valor futuro del dinero electrónico es altamente incierto y, por consiguiente, no es el instrumento más recomendable para que atesoremos valor durante dilatados períodos de tiempo. Dado que carece de un ancla con la realidad (tanto el dinero fiduciario como sobre todo el oro tienen sus funciones, y su valor, al margen de que sean más o menos aceptados), las fluctuaciones de precios y usuarios podrían ser bastante bruscas.

Por mucho que nos entusiasme llegar a una nueva era tecnológica donde, al igual que el correo postal ha sido sustituido por el email, el dinero metálico sea reemplazado por el electrónico, hay que ser prudentes. En la medida que los agentes económicos intercambiamos nuestras valiosísimas propiedades por dinero, sería conveniente que ese dinero no fuera una patata caliente (virtual o no) que vayamos pasándonos de mano en mano; más que nada, para no ser los últimos en abrasarnos. El riesgo de quemaduras puede ser mínimo si confiamos en desprendernos de esa patata a muy corto plazo (si pretendemos comprar unos bienes nada más acabamos de vender otros), pero va incrementándose según queramos diferir el momento de enajenarlo.

De hecho, combinar el oro y el dinero electrónico no es ni mucho menos imposible. Nada impide que el valor de este último se ligue a ciertas cantidades de oro (o a una cesta de divisas) con tal de estabilizarlo. Casi todas las ventajas del emoney subsistirían, al tiempo que se eliminarían prácticamente todos sus inconvenientes: pero, en tal caso, el dinero seguiría siendo el oro, y los medios electrónicos sólo se utilizarían para vestir y agilizar sus pagos.

Entiendo que para muchos partidarios del dinero electrónico el oro sea un arcaísmo impropio de los tiempos modernos, pero también lo es el abecedario y no se nos ocurriría prescindir de él en los emails. Mientras no se entienda esto, el emoney estará cojo y no podrá desplegar todo su potencial. Puede que tenga futuro, sí, pero un futuro bastante menos esplendoroso que si sus creadores no se empeñaran en reinventar desde cero la rueda monetaria.

Gran parte de la población tiende a pensar que la función principal de las empresas es generar empleo. Sólo cuando una compañía empieza a perder dinero, se tolera que pueda prescindir de una parte de sus empleados para reducir costes y regresar a la rentabilidad. Y aun en esos casos, se suelen atribuir las pérdidas a los altos sueldos de los directivos, exigiendo a renglón seguido rebajas sustanciales en sus emolumentos para mantener el nivel de empleo.

El escándalo por supuesto estalla cuando una empresa con beneficios comienza a despedir gente. Rápidamente se acusa al capitalismo de ser un sistema inmoral y perverso que sacrifica cuantos valores haya con tal de maximizar sus ganancias. Si la empresa es rentable (incluso muy rentable), si puede permitirse mantenerlos en plantilla, ¿a qué viene despedirlos?

Lo primero a destacar es que la tarea principal de las empresas no es generar empleo, sino crear riqueza. Su cometido es dar lugar a una organización de factores productivos capaz de engendrar bienes y servicios por los que los consumidores estén dispuestos a pagar un precio lo suficientemente elevado como para rentabilizar esa organización (esto es, que le permita a la empresa remunerar a los factores implicados compensándoles el tiempo que dedican a producir esos bienes o servicios).

A los consumidores, la organización productiva les resulta irrelevante: prácticamente nadie conoce ni está interesado en conocer los detalles de la elaboración de una determinada mercancía. Lo único que les concierne es que las prestaciones que les proporciona esa mercancía sean más valiosas que el precio que deben pagar por ella (y que habrían podido gastar en otros bienes de consumo o de capital que les hubiesen proporcionado otro tipo de prestaciones y satisfacciones en el presente o en el futuro). O dicho de otra manera, una mercancía será igual de valiosa si ha sido producida por 10.000 trabajadores que si no ha requerido los servicios de ningún obrero. Dado que las empresas nacen para producir bienes y servicios, resulta absurdo el exigirles un nivel mínimo de empleo (o un nivel mínimo de consumo de gasolina, de cobre, de horas de encendido de los ordenadores…).

Ahora bien, que la organización productiva les resulte irrelevante a los consumidores no significa, ni mucho menos, que realmente lo sea. Dado que los recursos son más escasos que nuestras necesidades, mal haríamos en ignorar el uso o mal uso que estamos haciendo de los mismos: al cabo, cada vez que utilizamos los factores productivos de un modo, estamos impidiendo que se utilicen de otro, esto es, estamos impidiendo que se produzcan otros bienes y servicios que podrían satisfacernos otras necesidades. Los empresarios se dedican justamente a eso: a trazar aquellos planes empresariales que minimicen los fines a los que los consumidores deben renunciar por el hecho de producir unos determinados bienes y servicios. Por eso tratan de vender al precio más alto (lo que indica una alta valoración de los consumidores) y de producir producen al menor coste posible (lo que significa que acaparan pocos recursos que pueden destinarse a otros planes de negocio).

El progreso y el crecimiento económico, más allá del descubrimiento de nuevos recursos, provienen, precisamente, de sacar un mayor partido a los factores que ya controlamos: o de producir una mayor cantidad de bienes con los mismos recursos o de producir lo mismo recursos con una menor cantidad de recursos, de modo que los sobrantes queden disponibles para fabricar otros bienes y servicios. Tal es el significado que en el uso corriente le damos a la palabra “economizar”; evitar las duplicidades, redundancias o despilfarros para lograr el mismo objetivo con menos esfuerzo o gasto.

En consecuencia, no es ni mucho menos necesario que las empresas esperen a incurrir en pérdidas para que se dediquen a economizar sus recursos: su misión es estar haciéndolo continuamente. Por mucho dinero que ganen, sería nocivo para accionistas y consumidores que, si pueden reducir sus costes manteniendo sus niveles de producción, no lo hicieran. Para los accionistas, porque estarían renunciando a ganar más dinero (al menos a corto y medio plazo, hasta que la competencia les forzara a bajar los precios hasta los menores costes); para los consumidores, porque podrían disfrutar de más bienes o servicios si los factores con funciones redundantes se concentraran en otros procesos productivos (obviamente, en caso de que la compañía opte por “prejubilar” a los trabajadores, los consumidores no se verían beneficiados por la economización, sino que las ganancias resultantes de esa economización se repartirían entre accionistas y los trabajadores prejubilados).

En otras palabras, no existe ninguna incompatibilidad entre ganar dinero y despedir trabajadores: las ganancias son una muestra de que la empresa está haciendo un uso eficiente de los factores productivos y la decisión de economizarlos todavía más es una señal de que pretende seguir haciéndolo. Aunque la teoría de la explotación marxista es más falsa que un duro sevillano, sí contiene una intuición que puede sernos útil: si el empresario se estuviera lucrando a costa de un determinado trabajador, ¿por qué lo despide? ¿Acaso pueden los vampiros chupar la sangre a distancia?

La economización de recursos, por cierto, suele generar mucho escándalo cuando afecta a trabajadores, sin embargo suele ser recibida entre ovaciones cuando se trata de racionar el consumo energético. ¿Se imaginan que la opinión pública vituperara a las compañías por decidir minorar su consumo de petróleo con el argumento de que con ello estarían perjudicando a las petroleras? Yo no, porque afortunadamente la gente sí suele entender que la economía no debe estar orientada a maximizar el gasto de petróleo sino la producción.

Por supuesto, despedir a trabajadores puede ser un drama dentro de una economía donde las rigideces institucionales impidan su pronta recolocación; un drama para el consumidor que no se beneficiará de una expansión en el número de bienes y servicios y un drama sobre todo para el trabajador, que si no ha logrado amasar un patrimonio que le proporcione rentas alternativas, se verá privado de su única fuente de ingresos. Pero la responsabilidad de ello no corresponde a las empresas que economizan sus recursos, sino a los políticos y sindicatos que mantienen unas instituciones que obstaculizan o impiden la creación de empleo; y por ello no debería ser la empresa la que pagara los platos rotos. A la postre, impedirle que prescinda de sus trabajadores redundantes sería tanto como permitirle que los despida para, acto seguido, imponerle un tributo cuya recaudación fuera a parar a esos trabajadores.

Cuestión distinta, claro está, es que haya que subvencionar esos despidos. Por los mismos motivos por los que no debe subvencionarse la eficiencia energética, tampoco debería subvencionarse la “eficiencia obrera”. La economización de recursos no debería beneficiar a accionistas y consumidores a costa de los contribuyentes.

En definitiva, es comprensible que la natural aversión que mucha gente siente hacia que una empresa rentable despida a parte de su plantilla se camufle con críticas (razonables) a que las instituciones laborales obstaculizan su pronta recolocación o a que los contribuyentes están sufragando parte del despido. Pero, en tal caso, la exigencia no debería ser la de prohibir esos despidos, sino la de reformar el mercado laboral y la de poner fin a tales subvenciones.

Aunque cada vez son menos, todavía los hay que defienden planificar asambleariamente la economía: democracia económica, lo llaman. Al cabo, ¿no sería más lógico que todos los ciudadanos votaran en común cuáles son los bienes y servicios que debe producir la comunidad? ¿Por qué eso ha de determinarlo un grupo de empresarios sin escrúpulos que sólo buscan su lucro personal? Se trata, sin duda, de un pensamiento instintivo –tal vez correcto en grupos humanos de tamaño muy reducido– pero extremadamente erróneo cuando se trata de hacerlo un orden social tan amplio y complejo como son las economías actuales (en realidad, la economía actual, pues gracias al libre comercio la organización económica es internacional).

Los problemas de la democracia económica son dos: los primeros surgen a la hora de seleccionar qué bienes deben ser producidos y los segundos a la hora de escoger cómo deben ser producidos.

¿Qué bienes deben producirse? La cuestión podría parecer sencilla: basta con que la Asamblea someta esta cuestión a votación popular y asunto resuelto; los bienes más votados serán los que pasarán a ser producidos. De acuerdo, pero deténgase un momento y mire a su alrededor: ¿se da cuenta de la enormidad de bienes distintos que le rodean? No se fije sólo en el ordenador, la mesa o el televisor. Piense en los pomos de las puertas, en las baldas de las estanterías, en los cojines del sofá, en el papel blanco (o reciclado) de los libros, en los tornillos que mantienen unidas las piezas que conforman la silla, en las diversas lámparas, bombillas o velas que lo iluminan, en las muy variadas prendas de ropa que lleva puestas o que tiene en su armario, etc. Y todo eso sin salir de casa… ¿Son muchos, verdad? Muy bien, pues ahora piense en todos los bienes que no le rodean porque ni siquiera se han llegado a producir o a imaginar. El número es inabarcable.

Una Asamblea que pretendiera sustituir al mercado tendría que someter a votación qué cantidad debe producirse de todos los bienes que ahora mismo podemos observar (para aprobarlos) pero, también, de todos aquellos que no observamos (para rechazarlos). Y tendría que hacerlo para todas las variantes de esos bienes. Cojamos las camisetas: las hay (o puede haber) rojas, verdes, azules, blancas, negras, estampadas (¿qué tipo de estampado?), de algodón, de lana, de poliéster (o una combinación de ellas), con el cuello redondo, con el cuello en pico, grande, pequeña, mediana, de buena calidad, de mala calidad…

El número de variantes para todos los productos es casi infinito: aquí tiene una lista, no especialmente exhaustiva ni detallada con respecto a la realidad, de todos los productos que deberían como mínimo someterse a sufragio. En otras palabras, la Asamblea –compuesta por toda la sociedad– debería pasarse debatiendo, deliberando y votando la mayor parte de su tiempo. Pues, si de igualar al mercado se trata, no debería tratarse de una votación mensual, anual o decenal, sino diaria, al minuto, continuada.

Parece claro que la sociedad asamblearia debería estar tan focalizada en votar (y en informarse sobre qué votar) que a duras penas podría dedicarse a producir. Por mera división del trabajo, la Asamblea tendería a encargarle la ardua tarea de escoger qué producir a algún planificador central, como sucedía en los países comunistas. Pero, ¿dónde quedaría ahí la democracia asamblearia? ¿Deberíamos contentarnos con consumir lo que ese señor, o grupo de señores, imagina que deseamos?

Sin embargo, el problema de elegir qué producir es meramente trivial al lado del de seleccionar cómo producir los bienes. De nuevo, en principio ésta parece una dificultad meramente técnica: una vez votado que hay que erigir una casa, el arquitecto y el constructor se encargarán de todos los detalles.

Mas el problema sólo es en parte técnico; en su mayoría es económico. Dado que los recursos son escasos, habrá que redistribuirlos entre los bienes que se ha votado fabricar. ¿Y cómo hacerlo? Por ejemplo, puede que la Asamblea haya decidido a la vez producir 10.000 litros de leche de vaca y 5.000 pares de botas de cuero, pero para manufacturar las botas habrá que sacrificar las vacas, con lo que nos quedaremos sin leche… a menos que criemos más vacas retirando trabajadores de la producción de, verbigracia, colchones. ¿Es preferible la leche, las botas o los colchones (o distintas proporciones de los mismos)? Pero los conflictos entre recursos no terminan ahí: recordemos que más producción de bienes de consumo hoy implica menos producción de bienes de consumo mañana (pues mientras fabricamos bienes de consumo no fabricamos bienes de capital); es decir, también hay que distribuir intertemporalmente los bienes de consumo a fabricar.

¿Debería la Asamblea someter a votación todos los millones de conflictos que surjan entre los usos competitivos de los recursos? Fijémonos en que esto no es un asunto técnico: los técnicos señalan qué recursos necesitan ellos para su línea productiva, pero no pueden valorar si esos recursos son más valiosos en otros procesos fabriles donde también son requeridos. En otras palabras, la Asamblea debería conocer al detalle todos los procesos técnicos y votar dónde cada recurso resulta más valioso. Y, de nuevo, esta tarea no es en absoluto delegable pues, ¿de qué modo podría saber un planificador central cuáles de los millones usos alternativos de los recursos prefiere la sociedad sin siquiera preguntarle?

Queda claro, pues, que la inmensidad de la información necesaria para someter la economía a una democracia asamblearia la haría del todo inviable. El mercado, por suerte para todos nosotros, funciona de un modo radicalmente distinto: no es la colectividad la que tiene que decidirlo todo, sino que cada individuo, de manera descentralizada, es el que tiene la opción de hacer sus propuestas de producción a la sociedad y someterlas en cada momento al sufragio continuado y permanente de los intercambios mutuamente beneficiosos. Cada individuo no tiene que conocerlo todo, sino que basta con que se especialice en una línea productiva muy concreta que atiende a un perfil muy determinado de consumidores.

Estos son los dos obstáculos económicos fundamentales que abocarían al fracaso a cualquier economía asamblearia. Luego hay otro problemilla menor, que no interesa en absoluto a la izquierda pero que sí debería concernirnos a los liberales: la hipótesis implícita a todas las votaciones asamblearias anteriores era que todos los individuos se sometían sin rechistar a los designios de la Asamblea. Si ésta establece que hay que extraer hierro de una mina profundísima para fabricar los motores de los automóviles que se ha votado fabricar, alguien tendrá que extraerlo aunque nadie quiera. Es decir, el tiempo de los distintos miembros de una comunidad pasa a ser un recurso que la Asamblea distribuye como ella escoge: no hay espacio para la libertad, pues la libertad –la autonomía de negarse a realizar la función encomendada por la Asamblea– resulta equivalente a sabotear el plan de producción que ésta ha trazado.

Mucho me temo que la tan democratizadora economía asamblearia es igualita a una tiranía política: miseria generalizada y nula autonomía personal. Todo lo contrario, por fortuna, de lo que ofrece un mercado libre.

Aunque se trate de un asunto muy manido y del que ya se ha hablado en numerosas ocasiones, el reciente terremoto de Lorca, y el no mucho más lejano en el tiempo de Japón, nos ofrece la oportunidad de volver a reflexionar sobre el tema.

Riqueza es toda aquella acumulación de bienes que nos permite, directa o indirectamente, satisfacer nuestras necesidades presentes y futuras. Tan riqueza es, aunque con distinta forma y probablemente dispar valor, un almacén lleno de trigo que un campo para cultivarlo: el primero lo podemos comer directamente para saciar nuestro apetito y el segundo nos puede proporcionar el trigo con el que hacer lo propio. En definitiva, para volvernos más ricos hemos de disponer de más bienes con los que directa o indirectamente satisfacer nuestras necesidades presentes y futuras. De ahí la muy elemental proposición de que la destrucción indeseada de bienes materiales nunca –insisto, nunca– nos vuelve más ricos. Tal vez sea por ello que a las catástrofes naturales se las llame “catástrofes” y no “bendiciones naturales”.

Sentado lo evidentemente cierto, conviene, sin embargo, perder algo de tiempo refutando lo evidentemente falso y, sobre todo, explicando por qué son tantos los que compran las mercancías escacharradas de que destruir es crear y pobreza es riqueza.

Dos de los errores que más ha contribuido a popularizar el keynesianismo son: por un lado, que la medición más aproximada de nuestra riqueza no la constituye el valor de los bienes y servicios que producimos, sino la cantidad de trabajo existente; por otro, que la riqueza no nace de producir y acumular bienes que satisfacen nuestras necesidades, sino de gastar en demandarlos.

Recordemos, además, que el keynesianismo es un engendro teórico concebido en tiempos de estancamiento. En un momento de parálisis económica, como en las fases más depresivas de un ciclo, el desempleo tiende a ser muy elevado y el gasto suele congelarse. Es razonable: los empresarios todavía están recomponiendo sus planes de negocio y el conjunto de los agentes económicos está más preocupado por amortizar sus deudas que por mantener unos niveles de gasto (generalmente basados en un sobreendeudamiento previo) que son insostenibles. En esa coyuntura, pues, cualquier circunstancia, por desgraciada que ésta sea, que contribuya a reanimar el empleo y el gasto será considerada por los keynesianos como “estimulante” para el crecimiento.

Así, si un terremoto destruye varios millares de viviendas, por mucha crisis que haya, dos cosas son evidentes: la primera, que los afectados por el seísmo, aun cuando acumulen ingentes deudas y aun cuando sean muy reacios a gastar a ciegas, harán lo que sea –liquidar otros activos, endeudarse todavía más, recortar otros desembolsos…– para gastar en reparar sus casas; la segunda que, precisamente por lo anterior, existe una oportunidad de negocio bastante grande y bastante evidente en reedificarlas (sobre todo para las empresas que ya cuenten con el equipo para ello), de modo que por dubitativa que estuviera una parte del empresariado acerca de cuál debe ser su oficio futuro, durante un tiempo concentrará sus esfuerzos en construir nuevas viviendas, para lo cual contratará a nuevos trabajadores, reduciendo el nivel de paro.

Ahí lo tienen: si más gasto y más empleo equivalen a más riqueza para los keynesianos –y, por desgracia, para mucha gente que ha sido contaminada por sus ideas–, es consecuente que se tienda a pensar que las catástrofes naturales nos vuelven más prósperos colectivamente por generar, en ciertas circunstancias, más empleo y gasto a muy corto plazo.

¿Dónde está el error de tan primario razonamiento? Antes del terremoto, los agentes económicos estaban paralizados (trabajadores sin empleo, empresarios que no invierten, consumidores que no gastan…) porque no sabían cómo generar riqueza adicional sobre la ya existente. Después del terremoto se han empobrecido, de modo que esos mismos agentes pueden movilizarse durante un tiempo para reponer la riqueza que existía previamente. ¿Acaso se vuelven más ricos volviendo a producir una riqueza que previamente poseían? No, pierden tiempo y recursos; por tanto, se empobrecen. Cierto: hay más empleo que antes, pero no empleo dirigido a incrementar su riqueza sino a restituirla; cierto: hay más gasto en viviendas, pero también menos gasto, presente o futuro, en todos aquellos otros bienes que podrían haber producido y adquirido en ausencia del terremoto.

Ninguna devastación involuntaria mejora nuestro bienestar, ni siquiera cuando sustituyamos las antiguas casas –o la antigua riqueza, más en general– por otras de mejores y más resistentes. Pues, ¿por qué esperar al terremoto para remplazarlas? O, más simplemente, si de crear nuevos bienes desde cero se trata, ¿no sería preferible quedarse con los bienes viejos y con los nuevos? ¿Qué es mejor? ¿Un tractor nuevo o dos tractores, uno nuevo y otro viejo? ¿Una casa recién reformada o dos viviendas, una reformada y otra sin reformar? Puede, es verdad, que cuando vayamos justitos de espacio sí convenga destruir lo viejo para quedarnos sólo con lo nuevo –el espacio también puede ser objeto de economización–, pero en tal caso no necesitamos de terremotos, nos basta con dinamita. Al cabo, el único beneficio de los terremotos sería el de ahorrarnos el coste de los explosivos: claro que la ventaja de estos últimos es que permiten focalizar la destrucción allí donde nos conviene; la pequeña desventaja de las catástrofes naturalezas es que la generalizan de manera indiscriminada.

A diferencia de keynesianos y animistas, no confiaría demasiado en la sapiencia innata de Gaia para seleccionar con precisión cirujana qué obras deben ser derruidas con tal de maximizar nuestro bienestar colectivo. Seguro que al llenar de explosivos todo un territorio, algún error de bulto comete.

Los beneficios astronómicos de las compañías suelen desatar reacciones negativas entre el público. Si comparamos las cifras de negocio y las ganancias de cualquier gran empresa con el salario de cualquier trabajador corriente, la diferencia resulta inconmensurable. Tan es así que numerosos economistas a lo largo de la historia se han apresurado a explicarlos por la explotación más o menos descarada que las compañías ejercen sobre otros: ayer eran los curritos, hoy son los guisantes. La duda en cualquier caso es razonable: ¿por qué las empresas ganan dinero? ¿Acaso no estaríamos todos mejor si esos beneficios se repartieran entre trabajadores, consumidores, proveedores y políticos? ¿Qué función desempeñan los beneficios?

Bueno, empecemos definiendo qué son los beneficios monetarios: beneficios son los ingresos que exceden a los costes de producción (de ahí que también se les denomine ingresos netos). Las empresas obtienen sus ingresos vendiendo sus servicios o sus mercancías manufacturadas a los consumidores (o a otras empresas que, en última instancia, los venderán a los consumidores) e incurren en costes cuando adquieren o alquilan los factores productivos que necesitan para fabricar o proporcionar esos bienes o servicios. Si los consumidores pagan por las mercancías más de lo que les ha costado fabricarlas, entonces se genera un excedente monetario que se queda en la empresa: los beneficios.

Ahora bien, si nos creemos el cuento chino de la virulenta competencia perfecta entre empresas, en principio parecería lógico que los beneficios cayeran a cero. Las empresas rivalizarían entre sí bajando los precios a los que venden sus productos y subiendo los precios que están dispuestas a pagar por los factores productivos. Empero, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, un sistema económico lograría funcionar y sobrevivir si todas sus compañías obtuvieran beneficios cero. Y el motivo de esto sólo en parte se debe a que no existe en el mundo real nada parecido a la competencia perfecta; o dicho de otro modo, aun cuando existiera competencia perfecta, los beneficios monetarios no podrían caer a cero.

La razón es que las empresas, cuando adquieren o contratan a un factor productivo, le están adelantando un dinero que sólo recuperarán en el futuro, cuando se complete el proceso de fabricar y comercializar la mercancía. Es decir, el capitalista es aquel que, por ejemplo, inmoviliza en su empresa un capital de 1.000.000 euros durante cinco años para ganar 50.000 euros anuales en beneficios. Por eso ningún capitalista estará nunca dispuesto a pagarle a los factores tanto como lo que obtendrá por vender sus mercancías: estamos ante la cuestión del tipo de interés que ya expusimos. ¿Acaso usted pagaría 50.000 euros por un bono que le devolviera dentro de un año solamente esos 50.000 euros? No, y el capitalista tampoco.

En este sentido, tampoco deberíamos dejarnos llevar por las abultadas cifras de ganancias y las presuntamente exiguas cuantías de los salarios. En 2009, por ejemplo, Carrefour ganó 437 millones de euros, pero ese guarismo apenas proporcionaba una rentabilidad del 3,9% a sus accionistas. Así, los miles de propietarios de Carrefour (sus accionistas) han tenido que adelantar e inmovilizar 11.000 millones de euros para obtener, año a año, apenas un rendimiento que no alcanza el medio millardo: o dicho de otra manera, aportando unos 14,5 euros por acción, apenas han logrado 0,5 euros en 2009. No es un negocio tan redondo como podría parecer: comprando deuda del Gobierno alemán usted lo hubiese podido hacer prácticamente igual de bien. Por ello, por cierto, una empresa puede llegar a desaparecer aun cuando no sufra pérdidas: si no proporciona una rentabilidad atractiva a sus propietarios, éstos simplemente dejarán de reinvertir en ella para reponer y de modernizar sus bienes de equipo.

En otras palabras, una parte del beneficio que obtienen las empresas no es más que el tipo de interés de mercado: la remuneración que logran los capitalistas por ahorrar (abstenerse de consumir) durante el tiempo que están implementando un determinado proceso productivo. Sin esa mínima rentabilidad, los capitalistas no reinvertirían sus ahorros en seguir fabricando bienes y regresaríamos a una sociedad salvaje y atomizada donde la división del trabajo sería historia: recuerde que la base del capitalismo no es el consumo, sino el ahorro y que sin éste todo se viene abajo. Por tanto, una parte de los beneficios no son más que la remuneración del capitalista por no consumir y financiar todo el chiringuito productivo; de idéntico modo a que los salarios son la remuneración de los empleados por trabajar.

Mas aquí no termina toda la película. Dado que no existe ese engendro de la competencia perfecta (sobre el cual ya hablaremos otro día), muchas empresas suelen obtener unos ingresos netos por encima (en ocasiones muy por encima) de los tipos de interés de mercado. Son los llamados “beneficios extraordinarios” que muchos economistas, en su constante huida de la realidad, suelen atribuir a la existencia de plutocráticos monopolios que dominan el mundo desde Bilderberg o Zúrich.

En ausencia de restricciones gubernamentales a la competencia, la realidad, sin embargo, es muy otra. Los beneficios extraordinarios se deben a que una empresa va dos pasos por delante del resto de compañías. Dado que todas no hacen lo mismo, no todas sirven igual de bien a los consumidores y por tanto no todas ganan el mismo dinero: unas se forran, otras se ganan el pan y otras pierden hasta la camisa. Google no es Alcoa y ésta no es Virgin Media: en 2010, el primero proporcionó una rentabilidad del 20% para sus accionistas, la segunda un 2% y la tercera un -11%. Así pues, la otra parte de los beneficios empresariales no es más que la remuneración a aquellos capitalistas que confeccionan excelentes planes de negocio y que le facilitan mucho más la vida al consumidor que la competencia.

Así que ya sabe: si un capitalista sirve al consumidor mucho mejor que el resto, ganará mucho dinero; si lo sirve de manera decentilla pero nada destacable, se embolsará el tipo de interés, como quien acude a realizar un depósito bancario; y si despilfarra los recursos en proyectos nada valiosos para sus clientes, entonces obtendrá unos rendimientos inferiores al tipo de interés e incluso acumulará pérdidas. No busque en la explotación la causa de los beneficios que se obtienen en un mercado libre: apunte más bien hacia el ahorro, la coordinación empresarial y la satisfacción del consumidor.