El elevado déficit público español ha empujado al Gobierno no sólo a recortar el gasto dirigido a ciertos servicios públicos o a multiplicar la carga impositiva que soportan el conjunto de los ciudadanos, sino también a hostigar con mayor saña y radicalidad a los contribuyentes. La ley tributaria de todo país se halla redactada de un modo deliberadamente ambiguo: las operaciones fiscales que es lícito efectuar al amparo de la ley son diversas según la interpretación que se efectúe de esa ley (de ahí la necesidad de contar con buenos asesores fiscales). Una interpretación laxa de la ley permite que el contribuyente encuentre más recovecos normativos en los que protegerse de la rapiña tributaria; una interpretación más estricta, en cambio, permite que Hacienda posea una mayor capacidad para extraer renta de los ciudadanos. Cuando la recaudación tributaria resulta insuficiente, el ministro del ramo toca la corneta y las Administraciones Públicas se lanzan a la persecución de los contribuyentes por la vía de revisar su historial de declaraciones tributarias para así aplicarles una interpretación más estricta de la norma fiscal.
Sin embargo, para que tal estrategia dé verdaderos frutos, la Agencia Tributaria suele requerir de información adicional a la contenida en las propias declaraciones presentadas por los contribuyentes: y esa costosísima tarea de recabar nueva información tributaria puede convertirse en un infranqueable obstáculo contra su voracidad recaudatoria. Es precisamente aquí donde encaja la petición realizada por la Agencia Tributaria al Consejo General del Poder Judicial —y autorizada ayer mismo— para que los tribunales y juzgados le faciliten todos los datos relativos a las actuaciones de abogados y procuradores en los 23 millones de procedimientos judiciales iniciados en 2014, 2015 y 2016. El objetivo de Hacienda, claro está, es iniciar una nueva caza de brujas contra estos dos colectivos profesionales (como la que lanzó previamente contra periodistas, deportistas o notarios) que le permita mejorar a corto plazo las cuentas del Reino. Lo escandaloso del asunto, empero, no es sólo la obsesión recaudatoria de Hacienda, sino que esta persecución tributaria se llevará a cabo con la colaboración de uno de los poderes del Estado, el Judicial, presuntamente independiente del Ejecutivo: el Fisco tendrá acceso a un volumen ingente e indiscriminado de información de abogados y procuradores —atacando no sólo su privacidad, sino también desprotegiéndolos como contribuyentes— sin haber justificado en absoluto su necesidad más allá de su insaciable sed de expolio económico.
