Venezuela es desde hace años un régimen basado en el autoritarismo competitivo: una democracia formal donde la oposición se esfuerza electoralmente por conquistar el poder pero donde el partido de gobierno instrumenta el Estado para sesgar el resultado de los comicios en su propio beneficio. Esta utilización del Estado para inclinar las elecciones puede desarrollarse por múltiples vías: desde censurar a los medios de comunicación díscolos hasta controlar los tribunales, pasando evidentemente por el acaparamiento de los fondos públicos. Pero a pesar de los múltiples privilegios detentados por el Partido Socialista Unido de Venezuela, la deplorable situación social y económica del país condujo a que los partidos de la oposición lograran mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias de 2015. Desde entonces, los esfuerzos de Maduro se han centrado en vaciar de competencias a la Asamblea Nacional: no sólo a la hora de acaparar suficiente poder como para gobernar por decreto, sino también a la hora de anular cualquier resolución molesta que proviniera de la Asamblea. Ataques a la separación de poderes para los que ha contado con la inestimable complicidad de un Tribunal Supremo de Justicia tomado mayoritariamente por magistrados al servicio del chavismo. Pero, hasta este viernes, el oficialismo se preocupaba al menos por guardar las apariencias de cara al exterior: la separación de poderes era de facto violada pero formalmente respetada.
Desde el viernes, en cambio, ya no: el Supremo ha dado el radical paso de apropiarse de las competencias de la Asamblea Nacional tras acusarla de reiterado desacato. Incluso en las formas, pues, el país ha abandonado la separación de poderes: ahora el Supremo controla a la Asamblea Nacional y el Ejecutivo controla al Supremo. Todo atado y bien atado en manos del chavismo: como siempre fue y como nunca debió haber dejado de ser. Tras el autogolpe, las críticas internacionales no han dejado de sucederse: desde el presidente de la Organización de Estados Americanos hasta la presidenta de Chile, pasando por la Unión Europea o EEUU, todos han censurado la definitiva voladura de la falsa democracia venezolana. Es hora, por consiguiente, de hablar con claridad y de comenzar a calificar al régimen bolivariano como aquello que ya era pero que tan pocos se atrevían a pronunciar: dictadura. Cerrando los ojos ante la realidad no lograremos que los problemas desaparezcan: sólo contribuiremos a consolidarlos y legitimarlos. Fuera máscaras: el chavismo acaba de completar su larga transición hacia el castrismo cubano.
