Duro con el sector privado, gentil con el público

La inclemente mano dura mostrada por el socialdemócrata Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha tornado, oh sorpresa, en munificente generosidad cuando de meter en cintura al despilfarro autonómico se ha tratado. Se nos dijo que la magnitud del agujero de las finanzas públicas resultaba tan sofocante para nuestra credibilidad exterior que devenía impepinable saquear los vacíos monederos de los españoles, que no había otra alternativa, que era o eso o no hacer nada a la espera de que esos corsarios de los especuladores –esos mismos a los que el tranquilo y previsible Mariano Rajoy pretende ahora parasitar Tasa Tobin mediante– llevaran nuestra prima de riesgo hasta la estratosfera.
Uno empezaba a sospechar que nuestros fiscalistas populares habían olvidado de golpe principios haciendísticos tan elementales como que siempre existe una alternativa a subir impuestos con tal de recortar el déficit: bajar los gastos. Alternativa de la que, por cierto, el propio PP había hecho bandera hasta un segundo antes de que comenzara a emponzoñarla en su desabrido neopopulismo peronista.
Pero las sospechas comienzan a tornarse en certezas después de que este fin de semana, el circunspecto ministro de Hacienda nos descubriera, en plena efervescencia mitinera –lugar apropiado donde los haya para hacer este tipo de proclamas sin enfangarnos un poquito más en ese lodazal de República bananera en el que cada día nos hundimos un poquito más–, que las comunidades autónomas tendrán el doble de tiempo (diez años) para devolver los 24.000 millones de euros que se pulieron en 2008 y 2009 a cuenta de unos engordados anticipos de recaudación del Ejecutivo central.
Acabáramos. Ni Zapatero en sus horas más bajas consistió semejante dislate, oiga. O sea, que los responsables de las tres cuartas partes de esa desviación del déficit público que mina nuestra credibilidad internacional y que, al parecer de algunos, justifica la mayor subida de impuestos de nuestra democracia no sólo se van de rositas –cosa que va de oficio en nuestro avanzado Estado de Derecho– sino que reciben facilidades extraordinarias para que no aflojen su altísimo ritmo de despilfarro. ¿Que no había alternativa? Bastaría que las autonomías regresaran a sus niveles de gasto de 2006 para que todo su déficit desapareciera. Alternativa la hay, pero los dirigistas del Partido Popular están encantados con que el desbocado y burbujístico nivel de gasto actual no afloje.
Duro con los débiles, débil con los fuertes: esa debe ser la filosofía que impregna toda la actividad política de Mariano Rajoy. Por un lado, los ciudadanos y las empresas están atravesando la mayor crisis económica de los últimos 80 años y… ¿consecuencia? Pues que resulta imprescindible subirles los impuestos para desangrarlos un poco más. Por otro, las autonomías gastan más que en ningún otro momento de su historia –mucho más que en los momentos más exuberantes de la burbuja inmobiliaria– y… ¿consecuencia? Pues que debe evitarse, hasta donde sea posible, que se aprieten el cinturón.
Los austeros –el empobrecido sector privado– deben volverse todavía más austeros para que los manirrotos –las Administraciones Públicas– sigan dilapidando sin tregua ni control nuestro dinero. Cada vez resulta más claro que Rajoy ha optado por esquilmar lo que queda de economía privada para mantener tanto como dure el tinglado intervencionista que irresponsablemente construyó Zapatero durante los alocados años de la burbuja inmobiliaria. No viene a sacarnos de la crisis, sino a hundirnos más en ella para evitar el imprescindible adelgazamiento del hipertrofiado sector público.