Economía sumergida: atacando al más débil

Cuenta la leyenda que el Estado español se ha quedado sin recursos porque los avariciosos capitalistas han trasladado sus actividades a la economía sumergida para maximizar sus ganancias defraudando al fisco. Vituperable actividad que la semana pasada mereció el grueso calificativo de «terrorismo» por parte de una política como Ada Colau. Pero, ¿realmente son los codiciosos turbocapitalistas quienes se refugian bajo el manto protector del mercado informal?
Según Friedrich Schneider, el mayor experto mundial en el análisis de la economía sumergida, el mercado informal depende esencialmente de cuatro factores: la carga tributaria (a más impuestos, más economía sumergida), las regulaciones (a más rigideces regulatorias que obstaculicen la iniciativa individual, más economía sumergida), la calidad institucional (a más corrupción y burocracia, más economía sumergida) y de la moralidad tributaria (a menor interiorización de la presunta obligación ciudadana de pagar impuestos, mayor economía sumergida).
Nótese que ninguna de estas motivaciones de la economía sumergida afecta de un modo exclusivo a los codiciosos superricos. Cualquier persona medianamente humilde que se sienta saqueada por Montoro, hiperregulada por De Guindos o Báñez, o escandalizado por Bárcenas y Pujol tendría, según Schneider, fuertes incentivos para adentrarse en la economía sumergida. No por ser rico, sino por no querer vivir debajo de la opresora bota de una pandilla de corruptos.
El propio Schneider estima que las economías con menor fraude fiscal del mundo son Estados Unidos, Suiza, Nueva Zelanda y Luxemburgo: es decir, cuatro países plagados de malévolos capitalistas que, sin embargo, prefieren quedarse dentro de la economía formal. Así, mientras que el peso de la economía sumergida en estos cuatro países se ubica por debajo del 8% de su PIB, en otros como Dinamarca, Suecia, Finlandia o Noruega rebasa el 13%.
A su vez, en países como España o Portugal se halla sobre el 19% y en Rumanía o Croacia supera el 28%. No es el exceso de riqueza lo que engendra la economía sumergida (en tal caso, en Rumanía habría mucha menos economía sumergida que en EEUU), sino el exceso de instituciones invasivas y extractivas que impiden a una parte de la ciudadanía prosperar dentro de la legalidad.
Un patrón de distribución de la economía sumergida similar al que puede encontrarse dentro de España. Según el informe de Gestha La economía sumergida pasa factura, las provincias españolas que exhiben un mayor porcentaje de economía sumergida -superior al 28 por ciento de su PIB- son Albacete, Almería, Badajoz, Cáceres, Córdoba, Granada y Zamora: como todo el mundo sabe, las regiones más ricas y prósperas de España. En cambio, la región española con menor economía sumergida -el 16 por ciento del PIB- es Madrid: como todo el mundo sabe, la región más paupérrima del país.
De hecho, el susodicho informe de Gestha es claro a este respecto. ¿Por qué la economía sumergida de Madrid es inferior a la del resto de España? Cito textualmente: «Esto se debe a la elevada concentración de grandes empresas nacionales y extranjeras y grandes fortunas, que concentran los ingresos tributarios de sus actividades».
Es decir, a mayor concentración de grandes fortunas, menor economía sumergida. ¿Seguro que la economía sumergida es el refugio de los superricos y no de la gente humilde que simplemente trata de sobrevivir escapando del insufrible rodillo, regulatorio y tributario, del Estado?
Si tal fuera el caso -y así parece serlo, la economía sumergida es mayor en países pobres con instituciones disfuncionales, intervencionistas e impuestos altos-, la lucha estatal contra la economía sumergida no dejaría de ser una persecución canallesca contra aquellas víctimas ya damnificadas y pauperizadas por las onerosas, sangrantes y corruptas decisiones del sector público.
La forma más sencilla de minimizar la economía sumergida es la de dejar de empujar hacia ella a un sector de la población. Para ello basta con copiar a Suiza: impuestos moderados, regulaciones no invasivas, instituciones transparentes e imperio de la ley contra la corrupción. No reprimamos manu militari los síntomas del problema: sanemos sus causas profundas.

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