EEUU no es el culpable del colapso venezolano

La situación política, económica y social de Venezuela es de colapso absoluto. Frente a una renta per cápita de 18.000 dólares internacionales en 2013, los venezolanos concluirán el presente ejercicio con unos ingresos promedios de 7.400 dólares internacionales. Es decir, en apenas seis años, el nivel de vida de los venezolanos se ha desmoronado alrededor de un 60%: muy por encima de la caída que vivió España durante la Guerra Civil o de la que experimentó EEUU durante su Gran Depresión. Tal es el caos que casi cinco millones de venezolanos han abandonado su patria durante el último lustro: el mayor éxodo de la historia de Latinoamérica.

El fracaso del socialismo bolivariano ha sido de tal magnitud que sus apologetas han tenido que recurrir a dos estrategias para tratar de exculpar a tan pauperizadora ideología.

La primera es afirmar que Venezuela no constituye un ejemplo de “verdadero socialismo”, de modo que difícilmente cabría imputar a esta ideología la responsabilidad de la crisis. Y, desde luego, este primer argumento tiene un cierto poso de razonabilidad: Venezuela no era una economía plenamente socialista por cuanto todavía no había completado la estatalización de todos sus medios de producción ni, en consecuencia, sometía al conjunto de la actividad productiva a una omnicomprensiva planificación centralizada. Venezuela es, más bien, un ejemplo de economía en transición hacia el socialismo —con sus estatalizaciones parciales y sus omnipresentes controles de precios—, y ese proceso de transición hacia el socialismo ha bastado para arruinarlos.

La segunda vía para exculpar al socialismo bolivariano consiste en inculpar a los Estados Unidos: en concreto, se argumenta que el colapso venezolano se debe a las sanciones que ha impuesto el Ejecutivo estadounidense para sabotear la economía del país y forzar la salida de Maduro. Este argumento es un calco del utilizado para justificar el fracaso del socialismo castrista en Cuba: sin ‘bloqueo’ yanqui, la prosperidad sería generalizada. Solo hay un problema con este último argumento: las fechas no encajan ni remotamente.

Estados Unidos establece sus primeras sanciones el 8 de marzo de 2015 (merced a una ley que habilitaba al presidente a adoptarlas y que fue aprobada el 18 de diciembre de 2014). En 2014, pues, Venezuela estuvo libre de cualquier tipo de sanción y ya entonces su economía cayó un 3,8% y su tasa de inflación superó el 57%. Todo ello, por cierto, con el barril de petróleo por encima de los 100 dólares durante la mayor parte del año.

Ahora bien, tengamos presente que las sanciones aprobadas por EEUU en 2015 apenas consistieron en congelar los activos en suelo estadounidense de siete altos cargos del régimen venezolano: Antonio José Benavides Torres, Gustavo Enrique González López, Justo José Noguera Pietri, Katherine Nayarith Haringhton Padron, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, Manuel Gregorio Bernal Martínez y Miguel Alcides Vivas Landino. La sanción, por tanto, afectaba a una pequeña parte de la nomenclatura del régimen: no al conjunto de la economía. De hecho, la ley de 18 de diciembre de 2014 —por la que se habilitaba al presidente de EEUU a imponer sanciones contra Venezuela— afirmaba explícitamente que las sanciones no podían afectar “a la importación de bienes”: esto es, no implicaban embargo comercial alguno.

Sumario

Esta fue la única represalia con la que EEUU castigó a Venezuela hasta mediados de 2017. ¿Y cómo se comportó la economía venezolana en 2015 y 2016? De un modo absolutamente desastroso: en 2015, el PIB cayó un 6,2% y la inflación aumentó hasta el 111,8%; en 2016, el PIB se hundió un 17% y la inflación se disparó hasta el 254%. O dicho de otra forma, la mitad de toda la devastación económica vivida por el país entre 2013 y 2019 se produjo durante un periodo en el que las sanciones estadounidenses se concentraban en las propiedades personales de apenas siete altos cargos del régimen: todo ese hundimiento, pues, es del todo atribuible al socialismo bolivariano.

¿Qué sucedió a partir de mediados de 2017? En primer lugar, durante la primera mitad de 2017 se congelaron los activos financieros de otros miembros de la jerarquía venezolana (incluyendo a Nicolás Maduro y ocho miembros del Tribunal Supremo); es decir, todavía no se había aprobado sanción alguna contra el conjunto de la economía. En segundo lugar, el 24 de agosto de 2017, EEUU prohibió que los ciudadanos estadounidenses proporcionaran financiación a más de 90 días al Estado venezolano (incluyendo a PDVSA). Nuevamente, no se trataba de sanciones sobre el conjunto de la economía ni tenían efectos sobre la capacidad de Venezuela para exportar (justamente por eso, se seguía autorizando la concesión de crédito por debajo de 90 días), aunque en este último caso sí se limitaba la capacidad del sector público venezolano para financiar inversiones a largo plazo (pero de manera muy limitada, dado que en agosto de 2017 prácticamente nadie quería proporcionar financiación a largo plazo al Estado venezolano salvo a tipos de interés elevadísimos). Con este paquete de sanciones muy parciales sobre la economía, el PIB venezolano cayó en 2017 un 15,6% (menos que en 2016) y la inflación aumentó hasta el 493%.

A lo largo de 2018, el Gobierno de Trump ha seguido estrangulando financieramente al régimen de Maduro, pero no ha sido hasta el 28 de enero de este año (y con efecto a partir del 29 de abril) cuando EEUU ha prohibido la importación de petróleo desde Venezuela. Por consiguiente, no ha sido hasta el segundo trimestre de 2019 cuando realmente se ha producido un embargo comercial de EEUU contra Venezuela (o un “bloqueo”, como suele afirmarse manipuladoramente). Todo lo vivido con anterioridad a abril de 2019, solo suponía congelar los activos financieros de personalidades específicas del régimen (desde comienzos de 2015) o restringir la capacidad de endeudamiento del sector público venezolano que por sí solo ya había perdido su capacidad de financiarse en los mercados (desde mediados de 2017). En la medida en que la caída libre de la economía venezolana arranca en 2014 y el embargo no comienza hasta abril de 2019, es absurdo culpar a EEUU del grueso del desastre vivido hasta la actualidad.

¿A qué se ha debido entonces la destrucción económica de Venezuela? A la política desarrollada por el socialismo bolivariano: con su sistemático ataque a la propiedad privada, el chavismo obstaculizó la inversión privada y convirtió el país en una economía de monocultivo petrolero; dado que internamente no se producía casi nada que no fuera petróleo, Venezuela pasó a depender, aún en mayor medida que en el pasado, de la exportación de esta ‘commodity’ para conseguir importar todos los demás bienes que no fabricaba domésticamente; la caída de los precios internacionales del petróleo (a partir de 2015) hundió el PIB venezolano así como su capacidad para importar, lo que provocó un déficit público gigantesco que, en lugar de ser contrarrestado con recortes dirigidos a alcanzar el equilibrio presupuestario, fue objeto de monetización por parte del banco central, generando así la actual hiperinflación; a su vez, esa hiperinflación ha aniquilado el sistema financiero del país y, en tanto en cuanto ha pretendido ser contrarrestada con controles de precios, ha terminado por destruir el PIB.

No, quien ha empobrecido masivamente a los venezolanos no ha sido EEUU, sino la tiranía socialista de Chávez y Maduro. No busquemos chivos expiatorios fuera de Venezuela cuando los culpables siguen estando hoy al frente del Gobierno.

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