El ajuste ultraliberal de Rajoy: 60% gasto, 40% impuestos

Gustaba al PP predicar en campaña austeridad para todos los niveles de la administración pública. Normal, pues, que hubiera españoles que pensaran que “la derecha” sería coherente con su discurso y con sus presuntos ideales y procedería a podar el sector público en beneficio de la sociedad civil. A la postre, posibilidades para recortar las hay y muchas: España es, junto con Grecia y Portugal, el país de la Eurozona rica con un sector público más desproporcionado en relación con su renta per cápita.
Pero el Ejecutivo de Rajoy optó desde un primer momento por hacer gala de ese centrismo político tan vacío de contenido ideológico como izquierdista en su despliegue práctico: en lugar de someter a una rigurosa dieta al adiposo sector público, prefirió matar de hambre a un ya famélico sector privado. Así las cosas, en el ya célebre Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011, el PP recortó gastos por importe de 8.900 millones de euros y subió impuestos con la esperanza de arrebatar a los ciudadanos unos 6.000 millones. Dicho de otro modo, de un ajuste total del déficit cifrado en 14.900 millones de euros, el 60% provenía de una rebaja de los desembolsos públicos y un 40% de un incremento de la tributación.
Las cifras desconcertaron a la mayoría de la población. Los que se las daban de socialistas antipopulares vieron cómo la derecha rebasaba a los comunistas por la izquierda, de modo que emprendieron la única huida hacia adelante que les quedaba: “la izquierda auténtica habría subido todavía más los impuestos”. Por otro lado, los que se las daban de liberales entre las filas populares trataron de justificar la traición a sus presuntos principios y a su programa electoral pretextando que, tras haberse destapado allí mismo que el déficit real de España en 2011 era del 8%, no cabía otra alternativa que tomar medidas contundentes que atajaran de inmediato el déficit como podía ser la inesperada subida del IRPF.
A los socialistas que estiman que la mayor carga del ajuste presupuestario por el lado de los gasto constituye un signo distintivo del sesgo ultraliberal del PP, habría que decirles que, por el contrario, representa una señal inequívoca de la socialdemocracia profesional que pretenden personificar los populares. Partiendo de la base de que una minoración del déficit predominantemente por los ingresos resulta del todo imposible –mataría ipso facto al tejido productivo español–, lo único que le quedaba al izquierdista PP era, en efecto, repartir el ajuste casi a pachas: subimos todo lo que sea factible subir los impuestos y para el resto aceptemos con estoicidad un recorte del gasto.
A los liberales que acudían prestos al rescate de la tocada y hundida credibilidad del PP, basta con señalarles los frutos del último Consejo de Ministros en el que se aprobaron los Presupuestos Generales de 2012. Con la frialdad y el reposo que concedía el trimestre transcurrido desde que se destapó el auténtico déficit de España en 2011, las cifras finales del ajuste para este año no han sido más que un calco de las ya anticipadas en su anterior plan de ajuste: han recortado un poquito el gasto y han metido otro rejonazo a la parte del sector privado que hasta ahora se había librado del anterior, esto es, a las empresas.
Los devastadores efectos de subir Sociedades
Con tal de recaudar, en el mejor de los escenarios posibles, 5.300 millones de euros (el gasto en ineficaces políticas activas de empleo que el PP ha consolidado para 2012), el muy liberal Gobierno popular ha modificado el Impuestos de Sociedades, complicándoles enormemente la vida a la mayoría de empresas de nuestro país que todavía siguieran generando valor. La supresión de la libertad de amortización de activos y el establecimiento de un pago fraccionado mínimo supondrán un muy significativo adelanto del desembolso del impuesto que agravará la situación de iliquidez de la mayoría de las empresas; la mengua de la deducción por fondo de comercio dificultará la restructuración de nuestro tejido empresarial, al penalizar las adquisiciones de los grupos empresariales en dificultades por los grupos más solventes; el límite al 30% del resultado operativo de las deducciones por gastos financieros penalizará precisamente a aquellas empresas más endeudadas y, por consiguiente, con mayores dificultades para sobrevivir; y el recorte de otras deducciones tan importantes como la reinversión de beneficios o el gasto en I+D frenará los incentivos a recapitalizar y restructurar, ahorro interno mediante, el debilitado e ineficiente aparato productivo español (incentivando, por ejemplo, el reparto de dividendos que bien puede concluir en un mayor gasto en consumo o en una mayor inversión en compañías extranjeras).
El despropósito es, sin duda alguna, mayúsculo; como también lo fue, dicho sea de paso, el salvaje incremento al que el PP ya sometió a las rentas del capital en la última revisión del IRPF. Pero se trata de un despropósito coherente con la línea socialdemócrata y keynesiana de la que hace gala el PP: los populares no podían consentir ni que la totalidad del ajuste se centrara en los gastos ni que el aumento de impuestos afectara solamente al consumo.
De nuevo, el 60%/40%
Dicho y hecho. Los presupuestos de 2012 contienen, de acuerdo con el propio Ministerio de Hacienda, un ajuste del déficit de 27.300 millones de euros, pero la realidad es que el efecto de las subidas de impuestos y de las reducciones de gastos de la Administración Central del Estado ascienden a 21.600 millones; los otros 5.700 previsiblemente saldrán de disminuir las transferencias a las administraciones territoriales (comunidades autónomas y ayuntamientos). Pues bien, de esos 21.600 millones que sí corresponden al Gobierno central, 12.900 millones consisten en recortes de gasto y 8.700 en incrementos de impuestos: es decir, como ya hicieran cuando colocaron los tipos del IRPF a los niveles más elevados de Europa, un 60% del saneamiento presupuestario procede del lado del gasto y el 40% del lado de los ingresos.
Obviamente, huelga señalar que, para alcanzar el 5,3% de déficit en 2012, autonomías y ayuntamientos deberán acometer durante este ejercicio una reducción de sus desequilibrios presupuestarios cuantificada en 22.000 millones de euros, de los cuales –y a tenor de que el PP gobierna en casi todas las autonomías– ya pueden suponer que al menos un 40% (unos 9.000 millones) provendrá de mayores tributos: no sólo de aumentos del tramo autonómico del IRPF que ya se han generalizado por media España, sino también de copagos de todo tipo (sanidad, educación, transportes, carreteras, etc.).
La regla del 60%/40% parece asentarse en un Partido Popular 100% estatista. Una auténtica lástima: dejando de lado que encomendar nuestro cumplimiento del déficit a un aumento de la recaudación tributaria en medio de una profunda recesión supone una imprudente pirueta contable propia de zapateriles presupuestos, lo que sí es seguro es que machacando sin misericordia al sector privado sólo nos hundiremos un poco más en la miseria. Cualquier persona medianamente liberal sería muy consciente de ello; de ahí, claro, que el PP lo ignore por entero.