El déficit público sí nos aboca a nocivos impuestos futuros

El último de los fraudes mortalmente inocentes que denuncia Warren Mosler es la idea de que los déficits actuales son negativos porque implican mayores impuestos futuros: a su juicio, los déficits actuales sí implican mayores impuestos futuros pero eso, lejos de ser nocivo, será un síntoma positivo para la economía.
En este sentido, no es que Mosler exhiba su lado más fiscalmente sádico, sino que él contempla los impuestos como un mecanismo para regular el recalentamiento de una economía sana. A su juicio, el Estado acumula déficits públicos en medio de una depresión y, más adelante, sube los impuestos en medio de la recuperación impulsada por los déficits anteriores con el fin de “enfriar” el sobrecrecimiento y de mantener a raya la inflación: “¿Por qué incurrimos hoy en déficits? Porque los ‘grandes almacenes’ de la economía están llenos de bienes sin vender, el desempleo está disparado y estamos produciendo por debajo de nuestra capacidad. El Gobierno compra lo que quiere y nosotros carecemos de poder adquisitivo suficiente para comprar lo que queda, por lo que el gobierno ha de optar por reducir impuestos y tal vez incrementar el gasto público para incrementar el gasto total y reaborber los bienes invendidos. ¿Y por qué terminaremos elevando impuestos? No para que el gobierno pueda gastar, pues ya sabemos que puede gastar sin recaudar impuestos: aumentaremos los impuestos únicamente cuando nuestro poder de compra sea demasiado alto, el desempleo se haya reducido a niveles muy bajos y los bienes invendidos hayan desaparecido, todo lo cual elevaría el poder adquisitivo disponible y generaría una inflación no deseada”.
Dicho de otro modo, el economista de la MMT considera que todos los problemas en una depresión económica pueden reducirse y solventarse mediante un aumento del gasto total: la economía se estanca porque la gente no adquiere todas las mercancías que se hallan a la venta. Dicho así, empero, las conclusiones resultan bastante endebles. La cuestión verdaderamente relevante es: ¿por qué no se venden todas las mercancías? Mosler no responde con claridad a esta cuestión: aparentemente insinúa que las mercancías se quedan invendidas porque el “poder adquisitivo” en manos de los compradores resulta insuficiente para absorber todas las mercancías producidas. Pero entonces la cuestión relevante se traslada a un nivel superior: ¿qué constituye el poder adquisitivo que permite la adquisición de mercancías?
Y la respuesta a esta última pregunta es tan sencilla como crucial para comprender la nula fundamentación del edificio keynesiano: el poder adquisitivo está constituido por mercancías presentes o futuras. Un agente económico que posea mercancías presentes valiosas podrá utilizarlas para adquirir otras mercancías; a su vez, la producción futura esperada de ese agente económico también poseerá un valor económico presente que, a su vez, podrá ser empleado para adquirir otras mercancías presentes (esta operación se conoce generalmente como compra a crédito o endeudamiento: adquiero mercancías hoy y pago las pago entregando mercancías mañana).
En otras palabras, ningún agente económico puede demandar sostenidamente mercancías por un valor económico superior al de las mercancías que ya ha producido o de las mercancías que se espera vaya a producir. Si lo hiciera, por definición sería incapaz de pagar las mercancías que adquiridas al comprar las mercancías presentes y no pagarlas. Por consiguiente, cuando se afirma que el poder adquisitivo es insuficiente para adquirir las mercancías producidas sólo se puede estar afirmando una cosa: que algunas de las mercancías que se han producido no son las que demandan los propietarios de otras mercancías (de ahí que no estén dispuestos a intercambiarlas por ellas) y que, en consecuencia, esas mercancías no demandadas sólo serían adquiridas en caso de que la producción presente o futura fuera muy superior a la que realmente es o se espera que sea. Esto es, el problema es que la oferta presente de algunas mercancías no se adecua a su demanda.
Por supuesto, los motivos de esta no adecuación no son monolíticos: la no adecuación puede deberse a un error absoluto (se han producido bienes que bajo ningún contexto poseerán demanda) o a un error relativo (si cambia razonablemente el contexto, esos bienes volverán a tener demanda). El error absoluto es un despilfarro absoluto; el error relativo, en cambio, resulta relevante en contextos en los que varía la incertidumbre sobre el futuro: un aumento de la incertidumbre sobre mi producción futura puede reducir mi poder adquisitivo presente y, por esa vía, dejar sin vender parte de la oferta de mercancías ajenas presentes; por el contrario, una moderación de la incertidumbre sobre mi producción futura puede incrementar mi poder adquisitivo presente y, por esa vía, mi demanda de mercancías ajenas presentes.
Cuando el Estado aumenta el gasto público, puede hacerlo a costa de detraer demanda presente del sector privado o de detraerle demanda futura: lo primero supone financiar el gasto público presente con impuestos presentes y lo segundo financiarlo con la emisión de deuda pública (es decir, con impuestos futuros). Evidentemente, resulta absurdo que el Estado quiera subsanar errores absolutos en la oferta de bienes y servicios, obligando al sector privado a que adquiera lo que no desea adquirir pero, ¿tiene sentido que intente subsanar errores relativos aumentando la demanda presente de ciertas mercancías que, acaso, puedan recuperar su demanda privada una vez la incertidumbre se modere? Si nos fijamos, esta última posibilidad equivale a que el sector público obligue al sector privado a asumir riesgos mucho mayores de los que ese mismo sector privado está dispuesto a asumir: en concreto, la emisión de deuda pública para aumentar el gasto público supone comprometer producción futura del sector privado a la adquisición especulativa de mercancías invendidas presentes. El Estado, pues, obliga a los agentes privados a que asuman más riesgos de los deseados y, de ese modo, consolida una estructura productiva que, a ojos de esos agentes privados, resulta demasiado arriesgada en relación con su rentabilidad.
A diferencia de lo que cree Mosler, pues, los déficits públicos no elevan sosteniblemente el gasto y la producción agregada de un modo automático y gratuito. El coste de esos déficits públicos presentes es necesariamente una reducción del poder adquisitivo futuro (ya sea por subidas de impuestos futuros o por inflación): el economista de la MMT asume que el rendimiento del gasto público (riqueza generada mediante el aumento de la demanda presente) por fuerza superará el coste de ese gasto (impuestos futuros para amortizar la deuda presente). Pero no hay ninguna necesidad de que así sea: el mayor gasto público podría simplemente mantener las inadecuadas estructuras productivas actuales a costa de una creciente pauperización futura. Resulta perfectamente concebible que un Estado se comprometa a entregar una mayor producción futura de la que contribuirá a crear con su gasto presente y, en tal caso, asistiríamos a un endeudamiento público decrecientemente pagable que, lejos de llevarnos a una recuperación sostenida (como supone Mosler), provocaría quebrantos extraordinarios en el futuro (sobre los contribuyentes, si la deuda se paga con impuestos; sobre los bonistas, si la deuda se impaga; sobre bonistas y tenedores de la moneda fiat, si la inflación se dispara).
Así pues, si se asume que el gasto público presente dirigido a “estimular” la economía tiene, por lo general, una escasa influencia a la hora de reanimar la creación sostenida de riqueza, resultará del todo lógico negarse a contemplar con buenos ojos los impuestos futuros necesarios para amortizar esa deuda y habrá que contemplarlos, por el contrario, como una plaga económica que dificultará todavía más la recuperación.
Mosler debería aceptar plenamente la posibilidad de que los déficits públicos actuales no aumenten la prosperidad presente en más de lo que la reducirán los impuestos futuros, agravando en tal caso la situación de debilidad de la economía. Semejante posibilidad —altamente verosímil— atentaría, empero, contra el modelo político, económico y social de la MMT: uno donde el Estado maneja discrecionalmente la moneda fiat con el pretexto de lograr la estabilidad macroeconómica; esto es, uno donde el Estado, apelando a nuestro propio bienestar, maneja arbitrariamente nuestras vidas mediante el monopolio fiscal y monetario.

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