El embustero PP, contra la gestación subrogada

El rapapolvo experimentado por el Partido Popular en las pasadas elecciones municipales y autonómicas parece que está siendo interpretado por sus dirigentes como una llamada al enroque reaccionario y liberticida de la formación política. Sólo así se entiende que el Gobierno, después de haber anunciado a bombo y platillo hace seis meses que introduciría una enmienda en la reforma del Registro Civil para permitir la inscripción de hijos de españoles nacidos en el extranjero por procedimientos de gestación subrogada, haya decidido de repente y sin explicación alguna dar marcha atrás en su promesa.
Recordemos que la gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida consistente en que una mujer gesta voluntariamente al embrión de otra pareja que carece de un útero propio. Del mismo modo que la donación de esperma o la fecundación in vitro son técnicas de reproducción asistida perfectamente legítimas, aceptadas y razonables para aquellas parejas que sufren de algún tipo de esterilidad que les impide engendrar un cigoto, la gestación subrogada debería ser vista como una técnica de reproducción asistida igualmente legítima, aceptable y razonable para todas aquellas personas que sí sean capaces de engendrar un cigoto pero que carecen de un útero en el que acoger su desarrollo embrionario.
En España, cómo no, la gestación subrogada está prohibida por la liberticida Ley de Reproducción Asistida de 2006. Si alguna pareja española necesita recurrir a ella, no le queda otro remedio que exiliarse a algún país extranjero (Estados Unidos, predominantemente) para poder practicarla y acceder a la paternidad. Y es que, por fortuna, las garras de Zapatero o de Rajoy todavía no alcanzan a cercenar las libertades de los españoles allende nuestras fronteras. Eso sí, el problema que llevan años experimentando los padres por gestación subrogada es que el Registro Civil español goza de la discrecionalidad de no inscribir a los niños nacidos en el extranjero por medio de esta técnica de reproducción asistida, denegándoles con ello la nacionalidad española a los menores y condenándolos a un limbo legal que incluso ha sido denunciado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y por el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien hace unos meses declaraba que: “No reconocer la relación de filiación entre niños nacidos por esas técnicas y sus progenitores es contrario y viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.
Debe ser que, en los últimos días, Rajoy habrá caído en la cuenta de que la expectativa de arañar un puñado de votos del conservadurismo antiliberal bien le vale violar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Como de costumbre, los políticos no dudan en minar las libertades de los ciudadanos para mantenerse en la poltrona, para acrecentar su poder o, simplemente, para imponerles sus sectarios prejuicios morales a personas que legítimamente no los comparten. Si alguien considera que la gestación subrogada es inmoral, tan sencillo como renunciar a usarla: pero que no emplee el poder policial del Estado para impedir que otras familias que no comparten semejante punto de vista puedan recurrir a ella y, mucho menos, para bloquear la inscripción civil de aquellos hijos nacidos por este procedimiento (cuando, para más inri, es el propio Estado el que exige estar inscrito en el Registro Civil para poder desarrollar una vida plena en nuestras ultraestatalizadas sociedades).
De hecho, la saña política contra la gestación subrogada ha llegado hasta tal nivel de despropósito que el PSOE incluso llegó a introducir una enmienda en la reforma del Registro Civil con la que pretendía amordazar la libertad de expresión de los españoles. En concreto, la enmienda 103 introducida por el PSOE contemplaba imponer multas, cerrar los locales y clausurar las páginas webs de todas aquellas personas o instituciones que promocionaran, facilitaran o incentivaran el uso de la gestación subrogada. Bajo la normativa que quería introducir el PSOE, uno no sabe siquiera si este artículo podría haber sido publicado. El imperium totalitario del Estado en su máxima expresión.
Por fortuna, y tras una activa protesta de la sociedad civil, el PSOE ha retirado tan vergonzante enmienda. Pero el PP sigue enrocado en sus trece liberticidas. Su tacticismo electoral y su intervencionismo moral no sólo lo conducen a incumplir sus promesas previas—algo a lo que el Gobierno de Rajoy ya nos tiene sistemáticamente acostumbrados— sino a socavar, una vez más, las libertades de los españoles: en este caso, incluso las libertades dirigidas a conformar una familia que permita el adecuado desarrollo moral de sus hijos. Como suele señalar Xavier Sala-i-Martín: tenemos que expulsar al Estado de nuestra cartera y también de nuestra bragueta. El PP es el ejemplo más claro de ello.