Últimamente escuchamos que en España no tenemos demasiados empleados públicos si nos comparamos con otros países europeos. El argumento es un poco tramposo, por dos motivos: el primero, que no existen datos homogéneos para comparar el número de empleados públicos; el segundo, y principal, es que lo esencial no es sólo el número de empleados públicos, sino también su coste. Dicho de otro modo, un país puede tener un ejército de funcionarios muy mal pagados que no pongan en peligro sus finanzas, mientras que otro puede tener un pequeño grupo de mandarines extraordinariamente pagados que sí lo hagan.
Una manera de conocer la presencia real del empleo público en nuestras economías es ponerla en relación con el PIB. En tal caso nos encontramos con que España no está por debajo de la media europea, sino por encima. De hecho, por encima nuestro sólo se encuentran o países con Estados muchísimo más grandes que el nuestro (Francia y los países nórdicos) o países quebrados, intervenidos o cerca de ser intervenidos (Grecia, Islandia, Eslovenia y, un poco por debajo, Irlanda o Portugal).
Los habrá que deseen un Estado grande como los nórdicos y que, por tanto, no juzguen que gastemos demasiado en empleo público en relación con nuestro PIB. Para ello, pues, los recortes no estarían justificados. Sin embargo, habría que poner nuestro gasto en relación con nuestra capacidad de gastar, es decir, con nuestros ingresos. Y ahí es donde mejor observamos que esta partida se ha desequilibrado absolutamente.
Como vemos, España destina un tercio de todos sus ingresos fiscales a pagar las nóminas de los empleados públicos. Prácticamente lo mismo que Dinamarca, el país que destina casi el 20% de su PIB a mantener elevadísimos volúmenes de funcionarios. Y aquí volvemos a lo de siempre. Sólo hay dos opciones para evitar el colapso: o subir impuestos o bajar el gasto. El Gobierno ya ha subido extraordinariamente todos los impuestos que tenía a su mano y no ha logrado un repunte de los ingresos (que están cayendo frente al año anterior). Por mucho que paguen los ricos, no se va a cubrir el déficit de 90.000 millones de euros. Y la lucha contra el fraude fiscal tiene mucho más de populismo antirrecortes que de política realista para cuadrar las cuentas (similar a la apelación a esos 445.000 cargos públicos cuyo origen estadístico nadie conoce).
Primero, porque nada le costaría electoralmente menos al Gobierno que obtener todos los ingresos que necesita de perseguir a quienes defraudan; y segundo, porque una cosa es cuánto se defraude (estimación cuya fiabilidad ya es más que discutible) y otra cuánto se puede recaudar combatiendo activamente ese fraude (no toda la lucha será exitosa y, si llegara a serlo, no toda actividad que se realiza en el mercado negro continuaría realizándose si tuviese que pagar elevados impuestos). La estimación de economía sumergida en Suecia es, por ejemplo, del 15% del PIB, cinco puntos menos que en España. Asumiendo que, siendo muy exitosos, logramos reducir la economía sumergida a los niveles suecos y hacemos tributar esos cinco puntos de diferencia a una media 30%, recaudaríamos 15.000 millones de euros; una cuantía ridícula frente a los más de 90.000 de déficit.
El pinchazo de la burbuja estatal es, pues, ineludible. Y viendo la magnitud del empleo público en relación con el PIB y en relación con nuestros ingresos fiscales, no queda otro remedio que meter un tijeretazo muy serio a este capítulo. Otra cuestión es cómo se efectúa esa redimensión; algo sobre lo que reflexionaremos en el futuro.
