La recuperación de la economía española durante los últimos tres años responde a un factor fundamental: la estabilización macroeconómica que ha despejado las dudas sobre nuestra permanencia en el euro y sobre la capacidad del Estado para atender el pago de su deuda. Semejante proceso de estabilización macroeconómica no se ha debido —aunque ha jugado su parte— a la lentísima y parcialmente atascada reducción del déficit, sino al espaldarazo que nos dieron nuestros acreedores europeos desde mediados de 2012 (crédito extraordinario para recapitalizar a la banca española y, sobre todo, promesa de rescate ilimitado por parte de Mario Draghi). Es muy probable que Europa hubiera estado en cualquier caso predispuesta a salvarnos para evitar una implosión descontrolada del euro (incluso auxilió por tercera vez a Grecia con un gobierno kamikaze al frente), pero quien desde luego pilotó la negociación de los términos y condiciones de ese crucial salvamento fue esencialmente De Guindos.
Así, la renovación (y ampliación) de las competencias ministeriales de Luis de Guindos puede interpretarse tanto como una recompensa a los servicios prestados durante la anterior legislatura cuanto como una señal de dependencia de los contactos del titular de Economía dentro de la Eurozona. De Guindos mantiene relaciones suficientemente fluidas con sus colegas comunitarios, incluido el todopoderoso ministro de Finanzas alemán Wolfgang Schäuble: es esa buena sintonía la que en ocasiones puede inclinar las balanzas negociadoras hacia un lado o hacia el otro (la antipatía que generaba Varoufakis probablemente influyó en cohesionar a todos los socios europeos en su contra).
Y, desde luego, España necesitará buena sintonía con Europa durante los próximos años, aunque sólo sea para evitar ser sancionada por su reiterado incumplimiento del déficit público. El ministro de Economía ya se batió el cobre durante el pasado mes de julio para evitar las represalias que sin duda nos merecíamos: logró un nuevo aplazamiento del calendario del déficit sin ninguna sanción asociada. Mas todo apunta a que España continuará incumpliendo sus compromisos de déficit durante los próximos años y que, de nuevo, será necesario sentarse con nuestros socios para aplacar sus más comprensivamente caldeados ánimos.
Ésa será, en definitiva, la principal misión de De Guindos en el nuevo gobierno: mantener sus fluidas relaciones con Europa. Sin embargo, no debería ser la única, especialmente tras acaparar las competencias de Industria: España continúa necesitando de importantísimas reformas estructurales en prácticamente todos sus sectores (mercado laboral, sistema eléctrico, telecomunicaciones, sector financiero, transporte, etc.) y el Ministerio encargado para impulsarlas y coordinarlas es el de Economía e Industria. El cierto crecimiento de la actividad y del empleo que estamos experimentando en los últimos años no debería llevar al Gobierno, ni al Ministerio de Economía, a vivir de las rentas de la recuperación: todas aquellas profundas liberalizaciones que deberían haberse acometido hace cuatro años deberían tratar de ejecutarse en la actualidad. Aun cuando la fragmentación parlamentaria lo dificulte o impida, ése es el impulso que De Guindos debería imprimirle a esta nueva etapa.
