El nada ejemplar rescate islandés

Muchos han sido los liberales que han celebrado que el pueblo islandés se haya negado a rescatar a sus bancos; coincidiendo en esto con la extrema izquierda, parece que en el pequeño islote atlántico se ha impuesto la racionalidad económica y el gobierno no ha extorsionado a los contribuyentes para salvar a la plutocracia oligopolística de sus tres grandes bancos. Islandia, se nos dice, debería ser un ejemplo para el resto de Occidente de cómo actuar ante las quiebras bancarias e incluso soberanas; de hecho, tamaño sentido común ya está empezando a dar sus frutos en forma de una recuperación de la actividad económica.
Pues bien, hasta aquí el mito. Ahora vayamos a la realidad: Islandia sí rescato a sus bancos y su rescate fue uno de los más onerosos y más injustos de todos cuanto se han producido en los últimos años. Comprendería, en consecuencia, que sus despropósitos supusieran toda una inspiración para la izquierda, pero confío en que no descendamos por la peligrosa pendiente del populismo y lo convirtamos en un modelo para los liberales.
Para que nos situemos: en octubre de 2008, los tres grandes bancos islandeses —el Kaupthing, el Landsbanki Íslands y el Glitnir— quiebran. Su volumen de pasivos, alrededor de nueves veces el PIB del país, y el hecho de que esos pasivos estén en su gran mayoría nominados en moneda extranjera, los vuelve irrescatables. En este punto, si bien complicada, la solución desde un punto de vista liberal era clara: liquidar los bancos al mejor postor y las resultas, muchas o pocas, repartirlas entre todos sus acreedores. La eventual supervivencia del banco debía ser algo que todos sus acreedores eligieran, pues si juzgaban el negocio viable a largo plazo, siempre les quedaba la posibilidad de convertir sus créditos en acciones recapitalizando automáticamente a la entidad.
Empero, nada de esto hizo el gobierno islandés. Cuando los tres grandes bancos quebraron, optó por nacionalizarlos para quedarse con todos sus activos; es decir, los activos, como sucede en todo procedimiento concursal, no pasaron a manos de los acreedores, sino de la administración pública islandesa. Una vez bajo control gubernamental, el Ejecutivo separó los activos y los pasivos de estos bancos en dos grupos: los activos y pasivos radicados en Islandia fueron a parar a tres bancos de nueva creación (los del Kaupthing se concentraron en al Arion, los del Landsbanki Íslands al Landsbankinn y los del Glitnir al Islandsbanki) y los activos y pasivos extranjeros los dejó en los balances de los antiguos bancos quebrados.
Fijémonos en que la decisión es del todo arbitraria, pues los acreedores extranjeros tenían los mismos derechos de resarcirse mediante los activos radicados en Islandia que los acreedores islandeses. En ausencia de derechos de prelación que, desde luego, no atienden a cuestiones de nacionalidad, toda la masa del activo, según los principios concursales, está sometida a toda la masa del pasivo. Aquí, sin embargo, el gobierno procedió a segregar ambas no por necesidades jurídicas o económicas, sino políticas.
Y es que se daba la circunstancia de que los bancos islandeses se habían endeudado en el extranjero no sólo para prestar al extranjero, sino también para ampliar su cartera de préstamos a los islandeses. Dicho de otra manera, los activos radicados en Islandia eran muy superiores a los pasivos islandeses. Para que nos hagamos una idea: el Arion se quedó con 1,3 billones de activos del Kaupthing y sólo con 0,5 de sus pasivos (dejando, por tanto, al viejo Kaupthing con 5,3 billones de activos y 5,6 de pasivos), el Landsbankinn se apropió de 1,4 billones de activos del Landsbanki Íslands y con 0,5 de sus pasivos (dejando a éste con 3,6 billones de activos y 3,3 de pasivos) y el Islandsbanki absorbió 1,1 billones de activos del Glitnir y 0,6 de pasivos (dejándole a éste con 2,8 billones de activos y 3,1 de pasivos).
No se crean, sin embargo, que los nuevos bancos islandeses gozaban de una excelente salud pese a la magnitud del expolio. Tamaño robo a los acreedores extranjeros fue necesario porque la morosidad se situaba entre el 40% y el 65% del total de préstamos. En tal caso, si reducimos el valor de los activos aproximadamente a la mitad, el balance de los tres nuevos bancos islandeses prácticamente se queda a cero. Ése era el propósito del gobierno: que los acreedores islandeses tuvieran plenamente garantizadas sus deudas con activos a valor de mercado; y, de hecho, en el caso del Landsbankinn les quedó un remanente de 0,3 billones de coronas tras ajustar el valor de los activos que les fue entregado, a modo de pagos periódicos, a los acreedores del antiguo Landsbanki Íslands, mientras que, por el contrario, con el Arion se quedaron cortos, de modo que el Kaupthing tuvo que entregarles a los acreedores nacionales alrededor de 40.000 millones de coronas procedentes de los activos extranjeros.
Sin embargo, dejando el balance de los bancos a cero, estas entidades no podían operar. Necesitaban un mínimo de fondos propios que sirviera de colchón para las eventuales pérdidas futuras. Y es aquí donde más incomprensible me resulta el argumento de algunos liberales de que el Estado no rescató a la banca. ¿Cómo que no lo hizo? Les inyectó, sólo a sus nuevos bancos nacionales, alrededor de 0,27 billones de coronas: casi el 20% del PIB del país. ¿Qué sentido tiene acusar al gobierno estadounidense de expoliar a sus ciudadanos por inyectarles a los bancos menos del 5% del PIB mientras se alaba al islandés por “dejarlos quebrar”? No confundamos los términos: el gobierno no rescató a los acreedores extranjeros, pero sí hizo lo propio con los nacionales.
Es cierto que en la actualidad el gobierno islandés está reprivatizando los bancos y que, en un mínimo alarde de dignidad, está repartiendo sus acciones entre los acreedores de los antiguos bancos quebrados. En concreto, los acreedores del Kaupthing se han quedado con el 87% del Arion y los del Glitnir con el 95% del Islandsbanki.
En estos casos, la entrega de acciones prácticamente cubre la diferencia —en valor de mercado— de esa porción de los activos que se quedaron los acreedores nacionales y que les correspondían, de acuerdo con su participación en la masa del pasivo, a los acreedores extranjeros (lo que no significa que no vayan a perder dinero, que perderán alrededor del 50%, sino que, por la artificial segregación de los bancos, no perderán más dinero del que les tocaba perder). Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? El gobierno les ha entregado a los acreedores extranjeros 150.000 millones de coronas procedentes de los bolsillos del contribuyente islandés, cuando lo que debería haberles entregado son 150.000 millones de activos que repartió entre los acreedores islandeses. Una masiva y absurda redistribución de la renta que bien poco tiene de ejemplar.
Peor es, sin embargo, la situación de los acreedores ingleses y holandeses del Landsbanki Íslands, agrupados en torno a su filial extranjera Icesave. El agujero dejado por el expolio gubernamental es lo suficientemente grande como para no cubrirse ni siquiera repartiendo acciones: los acreedores extranjeros deberían haber recibido activos a valor de mercado (deducida la morosidad) de 2,23 billones de coronas y sólo les tocaron activos por importe de 1,9 billones, cuando el patrimonio neto del banco es de 0,125 billones. Es decir, en cualquier caso los acreedores islandeses se habrán embolsado activos de alrededor de 0,2 billones de coronas (más de 1.000 millones de dólares) que les correspondían a los acreedores extranjeros.
Mas el despropósito no termina aquí. ¿Saben de dónde procedió el dinero con el que el gobierno islandés recapitalizó a sus bancos nacionales? Del préstamo de 2.100 millones de dólares (alrededor de 0,3 billones de coronas) que el FMI concedió a Islandia a finales de 2008; es decir, de los contribuyentes extranjeros. ¿En qué posición quedan entonces esos heroicos votantes islandeses que en dos referéndums han rechazado pagar con sus impuestos a los acreedores extranjeros cuando los votantes extranjeros no pudieron decidir si pagaban con los suyos a los acreedores islandeses?
Entiéndame: ni mucho menos apoyo que los islandeses sean esclavizados tributariamente de por vida para que unas personas que invirtieron erróneamente su dinero en Islandia no sufran ninguna pérdida. Pero obviamente tampoco apoyo que los ciudadanos extranjeros cubran las pérdidas de unos acreedores islandeses que no sólo se equivocaron sino que desde un comienzo se apropiaron de activos que no les pertenecían. Y aun apoyo mucho menos que se presente a la masa de contribuyentes islandeses (que en un altísimo porcentaje coincidirá con la de acreedores) como ejemplo de resistencia cívica. Muy bien: que sus impuestos no vayan a parar a los acreedores extranjeros, pero ya en tal caso ya pueden empezar por devolverles a éstos los activos que les correspondían y a los contribuyentes extranjeros los impuestos que no les tocaba recibir. ¿Qué tiene de ejemplar votar a favor de un default para no pagar más impuestos cuando te estás merendando los impuestos ajenos?
Pues bien, ¿creen que este grotesco aquelarre termina aquí? No, hay otros perjudicados a quienes no hemos mentado todavía. Desde 2008, la corona islandesa se ha depreciado más de un 60% con respecto al dólar, lo cual ha espoleado durante unos años una galopante inflación interna. El motivo de esta devaluación obviamente está muy ligado a la crisis financiera del país: cuando comienzan los impagos de la banca, los activos del banco central se hunden de valor y por tanto también lo hacen sus pasivos (las coronas). Pero Islandia recibió, como hemos visto, un préstamo de 2.100 millones de dólares del FMI que podría haber utilizado para estabilizar el valor de la corona. No se hizo; se prefirió dejarla flotar —esto es, que se devaluara enormemente— y utilizar esos fondos para rescatar a la banca. El debate sobre si la decisión es adecuada o no sería demasiado amplio, pero en todo caso lo que hemos de tener presente es que la decisión de no proteger el valor de la moneda equivale a aceptar una quita del 66% en el patrimonio de todos aquellos que tuvieran coronas y debieran realizar con ellas pagos al extranjero, así como a una erosión del ahorro nominado en coronas como consecuencia de la inflación que de esa devaluación se derivara: todos ellos, islandeses o no islandeses, también fueron víctimas del brutal expolio que se orquestó para rescatar a la banca islandesa.
En definitiva, los bancos islandeses sí fueron rescatados, pero sólo para beneficio de los depositantes y resto de acreedores islandeses. Fue un rescate sufragado a pachas entre los contribuyentes islandeses y extranjeros, los acreedores extranjeros y los ahorradores islandeses o extranjeros en coronas. Y la economía, después de tanto intervencionismo, ¿marcha tan boyante como se dice? Pues de momento no se atisba demasiada mejoría: en 2010 el PIB decreció un 3,5%, el paro siguió anclado en máximos históricos del 8%, el déficit por cuenta corriente, si bien experimentó una notable reducción, continuó en los insostenibles niveles del 7% del PIB y la deuda pública ascendió al 96% (desde el 30% en 2007).
Pero más allá de las concretas redistribuciones de las pérdidas —lo único positivo de este asunto: ya se ha despejado la incertidumbre sobre quién gana y quién pierde y, sobre esa base, puede comenzar a construirse el futuro—, lo más preocupante es la filosofía política y económica que hay detrás de estas intervenciones. En 1937, Friedrich Hayek publicó El nacionalismo monetario, una obra donde denunciaba cómo las manipulaciones monetarias en beneficio de los grupos de presión nacionales amenazaban con romper —como finalmente rompieron— el orden monetario internacional sobre el que se asentaba la división del trabajo. En la actualidad vivimos una desgracia de nacionalismo crediticio, donde parece que, por un mero accidente sexual, que diría Albert Boadella, los islandeses tengan un derecho de crédito preferente sobre los ingleses, los holandeses o los noruegos.
El riesgo cierto es que los distintos gobiernos traten de contentar a sus votantes rapiñando a los inversores extranjeros y que, en consecuencia, la división internacional del trabajo salte por los aires. Los liberales no deberíamos aplaudir este fraudulento y pauperizador proceso, por mucho que nos alegre que haya algún inversor que no sea rescatado por el Estado y pierda dinero. Al contrario, por los mismos motivos que nos oponemos al proteccionismo o a las devaluaciones deberíamos plantarle cara a la amenaza que supone este emergente nacionalismo crediticio.

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