El programa político de Keynes

Extracto de Los errores de la vieja Economía (Unión Editorial, 2011).
Keynes, en el capítulo final de La Teoría general, llega a la conclusión de que los dos grandes problemas que padecen las economías capitalistas modernas son, primero, su intrínseca incapacidad para alcanzar el pleno empleo de los recursos y, segundo, la «arbitraria y desigual distribución de la renta y la riqueza». En opinión del inglés, su libro busca soluciones para el primero de estos problemas; sin embargo, y pese a que no sea aparente para el lector, también lo hace con respecto al segundo.
Y es que, de acuerdo con Keynes, si los gobiernos son reacios a redistribuir más ampliamente la renta y la riqueza entre sus ciudadanos es debido fundamentalmente a que «existe la creencia de que el desarrollo del proceso de capitalización depende, en gran medida, de la fuerza de los incentivos que las gentes tengan para ahorrar, de manera que, en gran medida, el crecimiento depende de lo que resulta superfluo para los ricos».
Dado que el inglés está convencido de haber demostrado que, hasta alcanzado el pleno empleo, el crecimiento del capital no depende de que exista una baja propensión a consumir sino, vía el multiplicador de la inversión, de todo lo contrario, «la aplicación de medidas que redistribuyen la renta sería un medio de aumentar la propensión al consumo que favorecería el crecimiento del capital (…). En las condiciones contemporáneas, el crecimiento de la riqueza, lejos de depender de la abstinencia de los ricos, como se supone de manera habitual, es mucho más probable que lo obstaculice». Con esta reflexión, Keynes considera que se elimina una de las principales justificaciones para perpetuar las desigualdades de la riqueza, lo que sobre todo debería traducirse en un muy sustancial incremento de los impuestos sobre la herencia, pues «existen ciertas razones que justifican la desigualdad de renta que no se aplican a la desigualdad de patrimonios heredados».
Estas razones, que según la opinión de Keynes hacen recomendable no igualar por entero todos los patrimonios a excepción de la herencia, son dos: una, que muchas actividades productivas de alto valor y que entrañan un elevado riesgo requieren como incentivo la posibilidad de acumular riqueza para la ostentación privada; dos, que es preferible que los seres humanos canalicen sus naturales inclinaciones de poder y dominación hacia la acumulación de riqueza que hacia la tiranización de sus compatriotas. Aun así, fijémonos en el escaso convencimiento con el que Keynes defiende la propiedad privada y la consecuente acumulación de riqueza:

Aunque una comunidad ideal de hombres puede haber sido enseñada, inspirada o educada de forma que carezca de interés por las recompensas, puede ser inteligente el que los hombres de estado permitan que el juego se practique, sujeto a reglas y limitaciones, en tanto que el promedio de los hombres o una parte significativa de la comunidad se ve atraído con fuerza por la pasión de hacer dinero.

No obstante, y aquí se encuentra la segunda gran aportación revolucionaria de Keynes a la filosofía social, la acumulación de riqueza no debería ser el resultado de, ni dar lugar a, una rentabilidad sobre el capital invertido, pues Keynes cree haber demostrado que si el capital proporciona un rendimiento es debido a su escasez, y si el capital es escaso es porque el tipo de interés del dinero se mantiene por encima de la eficiencia marginal del capital, lo que impide su progresivo descenso conforme se vaya acumulando nueva inversión.
Por eso, el inglés propone una política de tipos de interés cada vez más bajos hasta que, finalmente, se hubiera acumulado tanto capital que la eficiencia marginal descendiera al 0%, momento en el cual el capital no obtendría ya ningún rendimiento salvo aquel necesario «para cubrir la depreciación debido a su desgaste y obsolescencia, junto a un cierto margen que cubra el riesgo y la utilización de conocimientos que nos da la experiencia en cada tipo de negocios». Es decir, de los tres elementos que componen el beneficio empresarial –compensación por retrasar el consumo, compensación por el riesgo incurrido y recompensa por la elevada pericia del empresario–, Keynes pronostica que sólo perdurarán los dos últimos, desapareciendo aquella renta que le corresponde al capitalista debido a su renuncia a consumir durante un cierto período de tiempo. Esto obviamente significa que aquel ahorrador que no sea al mismo tiempo el empresario que gestione su capital para fabricar bienes y servicios (los rentistas pasivos) no obtendrá ninguna remuneración por retrasar su consumo: prestar unos recursos superabundantes a otras personas para que los inviertan no merecerá ninguna remuneración. En definitiva, se producirá lo que Keynes denomina «la eutanasia del rentista y, como consecuencia, el final de ese poder opresivo que el capitalista va acumulando al explotar la escasez del capital». Al igual que Marx, el inglés cree que «la intervención del rentista en el capitalismo corresponde a una fase transitoria que desaparecerá cuando haya llevado a cabo el papel que le corresponde». Y al igual que otros socialistas como Pierre-Joseph Proudhon o nacional-socialistas como Gottfried Feder[1], el inglés denuncia que el interés del dinero esclaviza a nuestras sociedades y debe ser erradicado para poner fin a la escasez de recursos; una idea que hoy constituye el germen de la demonización de las finanzas en amplios estadios de nuestra sociedad, por considerar que son improductivas y que restan recursos a la economía real.
Mas ¿cómo llegar a ese escenario en el que el capital resulta tan superabundante como para prescindir de remunerar al rentista? A la postre, Keynes ha caracterizado al capitalismo como un sistema en el que la eficiencia marginal del capital oscila de manera muy violenta, situándose de manera habitual por debajo del tipo de interés, lo que como es lógico entorpece la acumulación de capital. Asimismo, el inglés también ha mostrado su desconfianza con que la política monetaria baste por sí misma para lograr un mayor volumen de inversión privada. En tal caso, «acabará siendo evidente que el único medio de asegurar la aproximación a una situación de pleno empleo es algo así como una socialización amplia de la inversión», lo cual no significa «que el Estado asuma la propiedad de los medios de producción; será suficiente si el Estado es capaz de determinar el volumen agregado de recursos dedicados a aumentar el capital y la tasa de retribución básica debida a su posesión»; en todo caso, todas «las medidas socializadoras se pueden ir introduciendo de forma gradual, de manera que no rompan con las tradiciones generales de la sociedad».
Pese a la radicalidad de las propuestas de Keynes –suprimir la herencia y socializar la inversión–, el inglés considera que su teoría económica es «moderadamente conservadora en sus implicaciones, porque al tiempo que nos indica la necesidad de establecer cierta clase de controles en asuntos que hasta ahora venían dejándose en manos de la iniciativa individual, quedan todavía sectores amplios de actividad que no resultan afectados». Keynes no concreta cuáles son esos campos, pero sí los justifica por dos ventajas del individualismo: que la toma de decisiones descentralizadas que lleva aparejada el individualismo suele ser más eficiente que la centralización –aunque reconoce que en su época puede que esa descentralización «haya ido demasiado lejos»– y, además, que el individualismo es «la mejor salvaguarda de la diversidad de la vida que surge precisamente de la ampliación del campo de elección individual». En otras palabras, Keynes defiende el control gubernamental del consumo y de la inversión, pero garantizando la protección de una cierta esfera de decisión individual para dar cabida a las tradiciones y a los más variados modos de vida.
Llegados a este punto, el inglés aboga, en nombre de la libertad, por todo este programa de enorme recorte de libertades: «Lo defiendo [su programa intervencionista] tanto porque es el único modo a nuestro alcance para evitar la destrucción de las formas de vida económica existentes cuanto como condición para el funcionamiento, con éxito, de la iniciativa individual». Es decir, el sistema keynesiano de restricción conservadora de las libertades individuales nos evitaría convertirnos en súbditos de los Estados autoritarios, los cuales «parecen resolver el problema del empleo a costa de la eficiencia y la libertad».
La consecución del pleno empleo no requiere de menos sino de más libertad individual, incluyendo en ésta el derecho a la propiedad privada y, por tanto, el derecho a percibir una remuneración por invertir correctamente el capital o dejar una herencia. No existe incompatibilidad entre libertad y prosperidad para todos los miembros de la sociedad, sino que las dos van inexorablemente de la mano: es la acumulación individual de capital dirigida a satisfacer las necesidades del resto de la comunidad lo que permite el enriquecimiento individual y colectivo. Por el contrario, el programa de Keynes consistente en aniquilar al rentista o en suprimir la herencia eliminaría la mayor parte de los incentivos para acumular capital a largo plazo, condenando a la sociedad a un masivo y generalizado empobrecimiento. Una vez comprendido que la base del crecimiento no es el consumo sino el ahorro, que el tipo de interés depende fundamentalmente de la preferencia temporal y de la aversión al riesgo, o que el capital no obtiene una rentabilidad por ser escaso sino porque se engendra al retrasar la satisfacción de nuestras necesidades, no será complicado entender por qué todo el liberticida programa económico de Keynes carece de cualquier fundamento económico racional.
Ahora bien, sí es conveniente añadir unas líneas sobre el tramposo argumento que emplea Keynes al señalar que podemos renunciar a nuestras libertades económicas manteniendo una amplia esfera de libertad individual. Lo cierto es que la libertad individual resulta indisociable de la libertad económica: ¿de qué manera podríamos conservar nuestros diversos estilos de vida si es el Estado quien determina qué y cómo debe ser producido? ¿Acaso, por ejemplo, puede garantizarse la libertad de prensa en un mundo donde el Estado detenta el monopolio de la producción y distribución de papel? ¿O podemos escoger qué libros leer, qué alimentos tomar o qué clase de ropa llevar cuando el Estado determina los tipos de libros, de alimentos y de vestidos que deben fabricarse? Parece obvio que en tanto en cuanto necesitamos de bienes económicos para satisfacer nuestros fines vitales, si el Estado controla la producción de esos bienes económicos estará, asimismo, controlando qué fines de qué individuos merecen o no ser satisfechos.
Por supuesto, podría objetarse, como hace Keynes, que en su mundo ideal no es necesario nacionalizar los medios de producción, pues el Estado sólo debe determinar el volumen agregado de inversión y la retribución del capital. Pero ¿acaso es posible que el Estado obligue a invertir un volumen mínimo de recursos sin, al mismo tiempo, establecer en qué deben invertirse, especialmente cuando ese Estado determinaría la remuneración del capital entre las distintas ramas productivas? Evidentemente, cuando el Estado establece una rentabilidad para cada una de las distintas industrias está, directa o indirectamente, determinando la distribución de los factores productivos entre las distintas ramas de actividad. La libertad de mercado –esto es, la capacidad de cada individuo para proponer planes de negocio dirigidos a satisfacer al consumidor en competencia con los planes de negocio de otros individuos– desaparece por entero cuando la remuneración de cada línea productiva no la fijan los consumidores sino el Estado.
Lo que Keynes realmente propone es algo parecido a una economía fascista, donde el Estado –a través de federaciones sectoriales de producción, sometidas y coordinadas por el Gobierno– fija precios, costes, cuotas de producción y condiciones de empleo en los distintos sectores industriales. En las economías fascistas, en consonancia con la propuesta de Keynes, la propiedad privada de los medios de producción se mantiene nominalmente, convirtiendo a sus poseedores en auténticos rentistas que viven a costa del resto de la sociedad; pero en ellas no existe auténtica libertad para que los factores se redistribuyan según las preferencias finales de los consumidores, los cuales dejan de ser agentes activos en la determinación de la estructura productiva para convertirse en meros espectadores pasivos.
Es cierto que Keynes, en el último capítulo de su obra, reniega de los Estados autoritarios como el fascismo. Sin embargo, es difícil imaginar un gobierno con poderes tan amplios como los que él pretende otorgar (altos impuestos y gasto público, nacionalización de la inversión, monopolios públicos, monopolios privados con rentabilidades garantizadas por el Estado, control absoluto de la política monetaria y posibilidad de monetizar la deuda pública y privada, penalización del atesoramiento, abolición de la herencia…) que no sea un gobierno autoritario, aun cuando resulte elegido democráticamente. De hecho, el propio inglés, en el prólogo a la edición alemana de laTeoría general, publicada durante el régimen totalitario del nazismo, reconoció lo que nosotros estamos poniendo de manifiesto: que su política económica es mucho más compatible con los Estados totalitarios que con una genuina libertad de mercado:

Tengo que confesar que una buena parte de este libro está inspirado y pensado fundamentalmente de acuerdo con las condiciones existentes en los países anglosajones. Sin embargo, la teoría de una producción agregada, que es lo que este libro trata de proporcionar, se adapta con mucha más facilidad a las condiciones que se dan en un Estado totalitario de lo que lo hace la teoría de la producción y de la distribución de una determinada cantidad de bienes bajo criterios de libre competencia y laissez faire.

En definitiva, el sistema keynesiano, en caso de aplicarse hasta sus últimas consecuencias, no sólo nos condenaría a la extrema pobreza, también a la completa pérdida de nuestras libertades. Dos caras de la misma moneda que Keynes se esforzó en disociar para poder justificar un incremento sin parangón del intervencionismo estatal que enterrara el próspero sistema de libertades que antecedió a la Primera Guerra Mundial… y todo ello apelando engañosamente a la prosperidad y a la libertad.
 
[1] El primero defendió el «crédito gratuito» sin interés, para cuya provisión incluso llegó a crear un Banco Popular que indefectiblemente terminó quebrando. El segundo, alto jerarca nazi, escribió en 1919 el manifiesto favorable a «Romper la esclavitud del interés».

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