España: menos desigualdad que en Europa

Uno de los pocos asuntos en los que coinciden Albert Rivera y Pablo Iglesias es en la necesidad de combatir los gravísimos niveles de desigualdad que afectan a los españoles. En su último debate en la Universidad Carlos III, el líder de Ciudadanos llegó a afirmar que la desigualdad nunca ha sido tan elevada en nuestro país como en la actualidad. De hecho, si uno observa los rankings internacionales, la distribución de la renta española se halla entre las más desiguales de Europa, sólo superada por países ex socialistas como Letonia o Bulgaria. Pero, ¿realmente la situación es tan mala comparada con las sociedades de nuestro entorno?
Lo primero que debemos tener presente cuando se habla sobre desigualdad es que ésta puede referirse a tres magnitudes: la desigualdad en la distribución de la riqueza, en la distribución de la renta o en la distribución del gasto en consumo. Por consiguiente, cuando nuestros políticos hablan de desigualdad, ¿a cuál de ellas se refieren?
La desigualdad de la riqueza trata sobre las diferencias patrimoniales de los españoles: si los ricos poseen casi todos los activos de la sociedad (inmuebles, acciones, cuentas corrientes, etc.) y los pobres prácticamente ninguno, entonces habrá mucha desigualdad en la distribución de la riqueza. En contra de lo que podría desprenderse de las apocalípticas palabras de nuestros políticos, España es uno de los países del mundo más igualitarios en cuanto a distribución de la riqueza: en este capítulo somos menos desiguales que Dinamarca, Suecia, Finlandia, Alemania, Francia, EEUU o Suiza.
La desigualdad de la renta, en cambio, estudia las diferencias de ingresos de los españoles: esto es, cuán grande resulta la brecha de salarios (y de otros ingresos) entre ciudadanos. Éste es el indicador al que suelen referirse los políticos y en el que, efectivamente, puntuamos peor que el resto de países de Europa. Sin embargo, es un indicador con trampa, ya que no mide la renta en especie que perciben muchos hogares españoles por el hecho de habitar en una casa de su propiedad. Dicho de otra manera: ¿quién tiene más renta? ¿Un jubilado español que cobra una pensión de 500 euros mensuales y que vive en su casa o un jubilado danés que ingresa 1.000 euros mensuales pero tiene que pagar un alquiler de 600 euros? Si tenemos en cuenta la penetración del régimen de propiedad sobre las primeras viviendas, la desigualdad de la renta en España no es de las más altas de Europa, sino más baja que la francesa y similar a la alemana.
Y, por último, la desigualdad de consumo mide las diferencias de gasto entre los españoles: si un grupo de personas comprara casi todos los bienes de consumo que se venden en España y otro colectivo apenas ninguno, esta desigualdad sería muy elevada. Pero, de nuevo, nuestro país es uno de los más igualitarios del mundo en materia de distribución del gasto en consumo: la brecha entre los niveles de consumo de los ricos y los niveles de consumo de los pobres es de las más estrechas de Europa, al nivel de Suecia o Dinamarca, y por debajo de Alemania o Francia.
En definitiva, la desigualad no es un verdadero problema en España. El desempleo, los bajos salarios o el alto endeudamiento de muchas familias ciertamente sí lo son, pero la desigualdad no. De hecho, resulta mucho más problemático que nuestra clase política esté instrumentando el tramposo discurso de la lucha contra la desigualdad como excusa para terminar subiéndonos los impuestos a todos.
A costa del contribuyente
Podemos acaba de presentar su enésimo programa económico para las elecciones generales. En esta última versión, la formación morada propone un incremento del gasto público de 135.000 millones de euros a lo largo de la próxima legislatura. Pongámoslo en perspectiva: 135.000 millones de euros es más de lo que gastamos actualmente en pensiones o en sanidad y educación conjuntamente. Huelga decir que tan desproporcionados aumentos del gasto tendrán que nutrirse de las correspondientes subidas en los ingresos tributarios. Así pues, ¿de dónde espera Podemos recaudar 135.000 millones de euros adicionales? Los de Pablo Iglesias confían obtener más recursos de la lucha contra el fraude fiscal y de aumentar los impuestos “a los que más tienen”. Sin embargo, el grueso de la recaudación que necesitan para financiar su explosivo gasto público —en concreto, unos 100.000 millones de euros— esperan que proceda del simple crecimiento económico: como la actividad mejorará, recaudaremos más. Es decir, confían en la providencia para sufragar sus promesas electorales. Pero descuiden: si las cuentas no les salen, echarán mano de un sablazo fiscal mucho más inmisericorde al ya anunciado.
La mala educación
La OCDE acaba de publicar su informe anual sobre los distintos sistemas educativos internacionales. La utilidad de este texto radica en que permite rechazar muchos de los mitos que partidos políticos y medios de comunicación suelen divulgar sobre la enseñanza pública española. Primero, el gasto público por alumno de España se halla prácticamente en la media de la Unión Europea y de la OCDE, pese a todos los recientes recortes. Segundo, el profesorado español es de los mejor pagados del mundo, tanto en términos absolutos como relativos. Y tercero, la ratio de alumnos por profesor también es de las más bajas de nuestro entorno. Dicho de otra manera: los problemas de la educación pública española no se deben a una infradotación de recursos, sino a su inadecuada organización. Si queremos contar con una mejor educación, no debemos multiplicar el gasto público —como proponen todas las formaciones políticas—, sino evitar que políticos y burócratas la gestionen: a saber, necesitamos avanzar hacia un mercado libre educativo.
Sicavs para todos
Pese a la recurrente demagogia contra las sicavs entre nuestros partidos políticos, el ex ministro de Industria Miguel Sebastián ha tenido recientemente una buena idea que solo cabe lamentar que no pusiera en práctica el Gobierno de Zapatero del que formó parte. A saber, en lugar de eliminar las sicavs deberíamos extender su régimen fiscal a todos los ciudadanos. En la actualidad, son muy pocas las personas que pueden crear y dirigir una sicav debido al elevado capital mínimo que se requiere —2,4 millones de euros—. Sin embargo, ese capital mínimo podría rebajarse lo suficiente como para hacerlas accesibles a todos los españoles: de esta manera, no sólo se potenciaría enormemente el ahorro dentro de nuestro país, sino que, además, los ciudadanos comprobarían por la vía de los hechos que el habitual discurso contra estos vehículos de inversión es pura demagogia electoralista.