La esquizofrenia de la regulación bancaria

Aunque fueron los bancos centrales quienes alimentaron en última instancia la burbuja crediticia que desembocó en la crisis actual, la sabiduría convencional ha interiorizado la idea de que ésta se debió exclusivamente al comportamiento imprudente de los bancos privados para conceder mucho más crédito a mucha más gente de lo que resultaba razonable. Así, la irrefrenable avaricia de los banqueros les habría conducido a tomar decisiones financieras suicidas cuyas nefastas consecuencias terminarían siendo padecidas por el conjunto de la sociedad.
La conclusión cuasi forzosa de las anteriores premisas era que el Estado debía aprobar nuevas regulaciones que limitaran el imprudente comportamiento de los banqueros. No es que hasta 2007 no las hubiese, sino que se consideró que no fueron lo suficientemente represivas. Uno de los casos más conocidos es el del tratado de Basilea II, que establecía el capital con el que debía contar un banco para absorber las eventuales pérdidas derivadas de su actividad: en concreto, se exigía que por cada 100 euros que prestara un banco, dispusiera de 8 euros de fondos propios a modo de colchón contra impagos.
A la hora de la verdad, sin embargo, los requisitos eran bastante menos estrictos de lo que parecía, pues el importe del préstamo –sobre el que se calculaba la exigencia de capital– se ponderaba según su nivel de riesgo (también regulado por el tratado). Por ejemplo, un préstamo a un gobierno calificado como AAA por las agencias de calificación (España hasta 2009) se ponderaba al 0%, lo que significaba que por cada 100 euros que invertía el banco en deuda pública, debía tener en forma de capital el 8% de cero euros, es decir, cero euros. A una empresa calificada como AAA se le fijaba una ponderación por riesgo del 20%, de modo que, por cada 100 euros prestados por el banco, éste debía asegurarse el equivalente al 8% de 20 euros, es decir, 1,6 euros. El caso de particulares y pymes era ligeramente distinto, pues su solvencia no era evaluada por una agencia de calificación, de manera que se los metió a todos en el mismo saco y se les asignó una ponderación por riesgo del 75%. Dicho de otra manera, por cada préstamo de 100 euros a una pyme, el banco debía provisionar 6 euros en forma de capital.
La aparente insuficiencia de fondos propios para digerir las pérdidas masivas de esta crisis llevó a los reguladores a aprobar un nuevo tratado, Basilea III, donde se incrementara el porcentaje exigido en un 2,5% (del 8% al 10,5%), en lo que se ha conocido como “colchón de conservación”; es decir, una de las formas que encontró el regulador para evitar que en el futuro los bancos volvieran a expandir insosteniblemente el crédito sobre la base de una exigua solvencia que los arrastrara a la bancarrota generalizada a las primeras de cambio fue exigirles disponer de más capital antes de prestar. Desde luego, podrá criticarse la intervención política por pretender matar moscas a cañonazos, pero no debería negarse que alguna lógica interna sí posee: si el objetivo es que quiebren menos bancos, es lógico obligarles a incrementar su ratio de solvencia.
Sucede, empero, que aumentar la solvencia de los bancos en un mundo con ahorro limitado equivale a restringir la capacidad de los bancos para prestar (no se pueden apalancar tanto como antes). Normal, ¿no? Es justo lo que se buscaba: después de una crisis ocasionada por prestar demasiado, el regulador quería asegurarse de que en el futuro se prestara menos. Ahora bien, ¿cómo casa esto con el discurso gubernamental de que los bancos vuelvan a abrir universalmente los grifos del crédito para relanzar la economía? Pues de muy mala manera. Elevar los requisitos de capital supone encarecer el coste de los préstamos: en el caso de las pymes, los fondos propios mínimos impuestos a los bancos se incrementaban con Basilea III del 6% sobre el crédito extendido al 7,9% (es decir, los préstamos a pymes se encarecen un 30%).
Así estaban las cosas hasta que el Gobierno del Partido Popular optó por incluir una provisión dentro de su Ley de Emprendedores por la que obligaba al Banco de España a rebajar en un 23% los recursos propios que les exigía a los bancos privados en concepto de préstamos a pymes. Gracias a ello, el capital mínimo con el que deberán disponer las entidades financieras por extender crédito a pymes se incrementará desde el 6% actual al… 6,06%: es decir, prácticamente no sufrirá ninguna variación.
Personalmente me siento incapaz de indicarles a los bancos (o a cualquier otra empresa) cuál ha de ser el porcentaje óptimo de fondos propios con el que deben contar para cubrirse frente a los riesgos de su actividad; de hecho, incluso como principio, me resulta marciano que la exigencia de capital sea uniforme para todas las pymes con independencia de su solvencia relativa. Por tanto, mi propósito no es alabar la mayor exigencia de capital por Basilea III y criticar su ulterior relajación por el Gobierno (o viceversa). No, mi propósito es mucho más simple: evidenciar cómo los políticos desempeñan un papel esencialmente propagandístico y cómo el hiperregulado (e hiperprivilegiado) marco financiero actual es un completo disparate.
Por un lado, los políticos (y gran parte de la población) adoran la prodigalidad crediticia de los bancos: su modus vivendi es el de una continua burbuja crediticia y, por tanto, cualquier mecanismo que limite la disponibilidad de crédito barato debe ser consistentemente desmontado (justamente, ése fue el objetivo político de dinamitar el patrón oro y de conceder el monopolio monetario a los bancos centrales). Por otro, cuando los ciudadanos sufren las consecuencias del exceso de crédito barato (insolvencia bancaria, crisis generalizada, desempleo, etc.), rápidamente emerge un clamor social que exige regular la actividad de los bancos para impedirles que extiendan tanta financiación como en el pasado. En verdad, sin embargo, se trata de una exigencia completamente hipócrita, pues los gobiernos y buena parte de la población desean en el fondo que los bancos sigan siendo imprudentemente generosos en la extensión de crédito.
De ahí justamente la esquizofrenia del regulador que vive preocupado por ganar las elecciones: por una parte desea contentar a quienes reclaman dureza contra los bancos, aparentando que les está apretando las tuercas con nuevos mandatos; pero, por otro, no desea que esa misma población sienta el coste de apretarles las tuercas a los bancos. Por eso hace y deshace dentro de un sistema financiero con el propósito de que todo siga igual. Y si los políticos desean que todo siga igual es por un único motivo: porque el actual perverso maridaje entre política y banca es el equilibrio óptimo para unos y otros. Los políticos pueden instrumentar el sistema financiero actual para maximizar sus votos; los banqueros asentados pueden disfrutar de beneficios oligopolísticos gracias a los privilegios que esos políticos les otorgan.
La solución real, la auténtica revolución en materia financiera, sería la libertad bancaria, esto es, una desregulación profunda y omnicomprensiva que fuera acompañada de la eliminación de las prebendas de que gozan los bancos actuales: éstos deberían ser libres de, por ejemplo, determinar cuánto capital acumular por cada préstamo concedido (según su empresarial percepción del riesgo) pero deberían también ser completamente responsables de sus errores. No lograremos una sana provisión de crédito colocando a los bancos bajo la presunta disciplina de un regulador por necesidad ignorante y por necesidad preocupado por sus intereses particulares (ganar las elecciones), sino sometiéndolos a la cierta disciplina del mercado.
Las regulaciones como Basilea III no solventarán nada: primero porque no pueden; segundo, porque los principales interesados en violarlas son los propios políticos que populistamente las promueven. El drama es que los ciudadanos nos sintamos tan cómodos con un juego tan deplorable.

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