La Ley Electoral beneficia a PSOE y PP

El fracaso electoral de la ‘triderecha’ ha llevado a algunos dirigentes o simpatizantes de estas formaciones políticas a buscar culpables por todas partes. Es un vicio humano bastante extendido el que nos inventemos chivos expiatorios a los que responsabilizar de nuestros fracasos en lugar de reconocer nuestras propias faltas en ellos: ya saben, aquello que decía Napoleón de que la victoria tiene cien padres pero la derrota es huérfana.

Así, una de las víctimas propiciatorias favoritas del bloque de la derecha en estos últimos comicios generales ha sido la Lley Electoral. Supuestamente, esta les habría perjudicado gravemente, bonificando en contrapartida a las formaciones de izquierdas y, sobre todo, a los nacionalistas (quienes acapararían en el Congreso un poder que no habrían obtenido realmente en las urnas). No en vano, PSOE y Unidos Podemos han conseguido 11,2 millones de votos y cuentan con 165 escaños; en cambio, PP, Ciudadanos y Vox han logrado prácticamente los mismos apoyos (11,16 millones) pero solo 147 escaños. ¿De verdad la Ley Electoral está confeccionada para penalizar las opciones políticas de derechas?

No, al contrario: la Ley Electoral actual fue elaborada por la UCD justamente para promover los intereses electorales de la UCD; es decir, para otorgar una mayor representación a aquellos partidos con mayor porcentaje de voto en las provincias pequeñas. A la postre, a finales de los setenta y principios de los ochenta, el voto de la izquierda estaba muy concentrado en los grandes núcleos de población, de modo que a la UCD le interesaba “premiar” en términos de escaños a aquellos partidos con mayor peso en las zonas rurales y menos pobladas, penalizando consecuentemente a las formaciones con un apoyo más concentrado en ciudades o con poca densidad de voto y muy dispersa por todo el país. Así, por ejemplo, como reconoció más tarde uno de los padres de la actual Ley Electoral, Óscar Alzaga:

El encargo político real [de la Ley Electoral] consistía en formular una ley a través de la cual el Gobierno pudiese obtener mayoría absoluta. Puesto que los sondeos preelectorales concedían a la futura Unión de Centro Democrático un 36-37% de los votos, se buscó hacer una ley en la que la mayoría absoluta pudiese conseguirse con alrededor del 36-37%. Y con un mecanismo que en parte favorecía a las zonas rurales, donde en las proyecciones preelectorales UCD era predominante frente a las zonas industriales, en las que era mayor la incidencia del voto favorable al Partido Socialista (…). [Además] se procuraba que el logro de la mayoría absoluta para el Partido Socialista estuviera situado no en el 36-37%, sino en el 39-40%.

A día de hoy, la distribución de los votos entre la derecha y la izquierda ha cambiado con respecto a los ochenta, pero la Ley Electoral sigue premiando a aquellas formaciones con mayor penetración en zonas rurales (normalmente, los dos grandes partidos): a saber, PP y PSOE. En la siguiente tabla, podemos observar cuántos escaños ha obtenido cada formación política en estas últimas elecciones, así como cuántos escaños debería obtener si aplicáramos una proporcionalidad estricta entre votos y escaños:

Escaños en función de la Ley Electoral.

A la vista está que hay dos formaciones que resultan netamente ganadoras con la Ley Electoral —PSOE y PP: el primero obtiene un 22% más de diputados de los que le corresponderían, y el segundo un 12%—; tres formaciones que aparecen como claras perdedoras —Podemos, Vox y Pacma—; mientras que todas las demás —incluyendo los partidos nacionalistas— obtienen aproximadamente los diputados que les corresponderían con estricta proporcionalidad. Visto desde otra perspectiva: el bloque de la derecha ha obtenido 149 escaños frente a los 152,5 escaños que lograría en función de su porcentaje de voto; y el bloque de izquierdas habría logrado 153,8 (o 158,2 si incluimos a Pacma) frente a los 166 que ha conseguido finalmente. Pero no es que la Ley Electoral penalice a la derecha ‘per se’: penaliza a las formaciones cuyo voto se halla muy disperso por España (a saber, Podemos y, muy especialmente, Vox). Es decir, en este caso sí ha salido algo beneficiado, pero nótese que con una Ley Electoral más proporcional no solo la derecha no tendría un poder efectivo significativamente mayor al actual sino que la gobernabilidad del bloque de izquierda gravitaría mucho más sobre Podemos y sobre los nacionalistas.

Y cuidado, con todas estas reflexiones no estoy abogando por otra Ley Electoral que se base en la estricta proporcionalidad entre votos y escaños: nada similar sucede en ninguna de las principales democracias del planeta, precisamente porque el único objetivo de un régimen democrático no es traducir votos en escaños y escaños en políticas gubernamentales, sino también establecer un sistema de contrapesos contra la arbitrariedad caprichosa de las mayorías así como facilitar una cierta gobernabilidad hacia proyectos minoritariamente mayoritarios. Lo que en cambio sí quiero remarcar con esta reflexión es que no es cierto que la actual Ley Electoral haya perjudicado gravemente al bloque de la derecha (Vox pierde para que el PP gane) y que, en consecuencia, bien harían esas ‘tres derechas’ en buscar responsabilidades dentro de su propia casa. O, al menos, no en las instituciones que en otros momentos de la historia les han permitido gobernar con mayoría absoluta.

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