Las amenazantes prisas por segar los brotes verdes

De manera un tanto simplificada podría decirse que hay dos grandes teorías a propósito de los ciclos económicos: las teorías de la producción y las teorías del gasto. Las primeras sostienen que las crisis son el resultado de la acumulación de errores y desajustes en los patrones productivos y financieros de una economía;  las segundas, que las crisis son consecuencia de una súbita insuficiencia del gasto agregado. Partiendo de tal diagnóstico, es obvio que las primeras apuntarán como receta contra las depresiones el favorecer un pronto reajuste de las diferentes estructuras empresariales, mientras que las segundas defenderán incrementos indiscriminados del gasto.
No es momento para tratar en profundidad los múltiples errores de esta última visión, la keynesiana: baste apuntar que los aumentos sanos del gasto son una consecuencia del previo incremento sostenible de la producción y no su causa. Tratar de maximizar el gasto en medio de una estructura económica que no ha efectuado la transición hacia patrones saludables es tanto como querer crear una nueva burbuja que sustituya a la anterior. No se deprima: acaso se sienta deprimido al escuchar que no existen remedios mágicos contra las crisis, que es algo más complicado que multiplicar los ceros del presupuesto nacional. Pero mire el lado positivo: tampoco hay mal que cien años dure; una vez completemos nuestro saneamiento interno, volveremos a generar riqueza.
Visto desde esta perspectiva, 2013 será el sexto año de crisis, y de reajuste interno, en España. Para muchos, nuestra situación no ha hecho más que empeorar desde entonces, alejando cada vez más cualquier perspectiva de recuperación. Y, sin duda, son numerosos los capítulos en los que hemos ido a peor –muy en particular, todos aquellos relacionados directa o indirectamente con la actividad del sector público–, pero también hay algunos que muestran cómo varios de los desequilibrios sedimentados entre 2001 y 2007 se han empezado a corregir: el precio de la vivienda nueva ha caído un 25% desde máximos, familias y empresas han reducido su endeudamiento en más de 180.000 millones de euros (un 7% del total), los costes laborales se han congelado de facto desde 2010, el sector financiero –excluyendo el rescate estatal, lo que merece una negativa mención aparte– se ha recapitalizado en más de 100.000 millones de euros desde 2008 y, sobre todo, parte de nuestra industria parece que está encontrando nuevos mercados en el exterior, lo que ha permitido que las exportaciones de 2012 sean un 20% mayores que las de 2007 (si bien en algunos mercados tan importantes como Australia, Brasil, el Magreb, Canadá, Japón, China, Suiza o Turquía han crecido más de un 80%) y que, a su vez, desde mediados de este año hayamos pasado a convertirnos en ahorradores netos frente al resto del mundo (lo que implica que estamos amortizando nuestra deuda exterior). Son procesos todos ellos que avanzan en la dirección correcta, que previsiblemente se consolidarán durante este ejercicio y que, una vez culminen, nos traerán la tan ansiada recuperación.
La cuestión se encuentra precisamente en el lapso de tiempo que tomará culminar este proceso: tras seis años, todavía estamos lejos de haberlos concluido, especialmente porque el omnipresente intervencionismo del sector público se ha dedicado a torpedearlo. Al cabo, la tarea del Estado en esta crisis debería haber sido la de facilitar que se completaran los reajustes productivos y financieros imprescindibles dentro del  sector privado y, para ello, nada tan sencillo como liberalizar la economía y reducir los impuestos al sector privado sin endeudarlo por la puerta de atrás (esto es, sin acumular nueva deuda pública). Así lo ha hecho, de un modo insuficiente pero no mal orientado, con la parcial liberalización del mercado de trabajo a través de la reforma laboral, la cual ha permitido que empresarios y empleados mantengan a raya los costes salariales y alcancen una mayor eficiencia organizativa.
A eso, a remover obstáculos y a no crearlos, es a lo que debería haberse circunscrito la actividad estatal en estos últimos años y, también, en 2012. Sin embargo, tanto el Gobierno del PP, como antes el de ZP, han optado por trasladar parte de las dificultades del Estado y del sistema financiero sobre los ya fatigados hombros del sector privado, todo lo cual sólo ha contribuido a ralentizar y dificultar enormemente su saneamiento. Recordemos: 27 subidas de impuestos en 2012 (muchas de ellas sobre el ahorro y los beneficios empresariales);  incertidumbre sobre la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y de nuestra permanencia en el euro a cuenta de una deuda pública superior al 80% del PIB y un déficit por encima del 7%; rescate de la banca a costa del contribuyente y creación de un banco malo que prolongará la liquidación de los activos tóxicos (y el correspondiente ajuste de precios) durante quince años; contrarreforma del sector eléctrico, consolidando una estructura de costes regulatorios infladísima debido al apoyo político a energías ineficientes y caras.
En lugar de proceder a pinchar la burbuja financiera y estatal concentrando los costes de esos pinchazos en las propias administraciones y en los propios bancos, se ha procedido a socializar pérdidas mediante los recurrentes rescates y subidas de impuestos. Dos innecesarios errores que han lastrado lo que podría haber sido –tal como sucedió en los países bálticos a partir de 2009– una recuperación más sólida y rápida. Sólo cabe plantearse, con una pizca de verdaderamente justificada indignación, qué evolución habría seguido nuestro sector empresarial, y muy en particular nuestro aquel orientado hacia el exterior, si en lugar de subir impuestos los hubiésemos reducido, si en lugar de generar incertidumbres sobre la solvencia del país las hubiésemos despejado por entero recortando todos los gastos, si en lugar de consolidar un encarecimiento de la factura eléctrica de más del 100% desde el año 2002 hubiésemos atajado los costes regulatorios, o si en lugar de frenar la caída del precio de la vivienda reteniendo miles de millones de euros en activos fuera del mercado los hubiésemos liquidado con decisión. Es decir, si en lugar de apalear por todos los costados a un sector productivo en proceso de reestructuración, hubiésemos optado por desbrozarle el camino de impuestos y regulaciones.
Los habrá que sugieran que bajando el gasto, la caída de nuestro PIB hubiese sido más acusada. Probablemente sean los mismos que hace siete años negaban la existencia de la burbuja inmobiliaria y la consideraban parte integral de nuestro (in)sano crecimiento del PIB. Pero, sea como fuere, démonos cuenta de que la parte más robusta y esperanzadora de nuestro crecimiento económico –las exportaciones– no depende de que en el interior gastemos más o menos (de hecho, en todo caso, un mayor gasto interior empeora nuestra capacidad exportadora). Si España quiere recuperar este 2013 parte de la solvencia dilapidada entre 2009 y 2012, no le quedará más remedio que seguir fomentando su sector exportador a costa de adelgazar su voraz sector público: generar mucho más ahorro interno para, por un lado, sanear las finanzas de las empresas más sobreendeudadas y, por otro, invertir en ampliar la capacidad productiva de aquellas industrias que sí tienen mercado allende nuestras fronteras.
El camino a seguir para salir de la crisis admite pocas dudas y, en parte, es aquel que el sector privado está tratando de encarrilar desde hace seis años. El problema sigue siendo que el Gobierno no ceja en su intento de apoderarse de la nueva riqueza que todavía con debilidad comienza a generar una parte de la economía para así afianzar un sector público que se hipertrofió absolutamente durante los felices años de la burbuja inmobiliaria. Sin una radical rectificación en esta sede resultará muy complicado que la todavía muy endeudada  y descompuesta España salga adelante. No basta con que haya brotes verdes; lo esencial es que éstos arraiguen y crezcan con fuerza, de ahí que las prisas del sector público por segarlos y devorarlos sean, tanto ayer como hoy, nuestra mayor amenaza.

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