Las mentiras del informe Oxfam

Señala Intermon Oxfam en un reciente informe que las 85 personas más acaudaladas del planeta acumulan más riqueza que la mitad de la población mundial. Contundente titular pero completamente falso. A la postre, la ONG convertida en un lobby pro-gubernamental nos remite a sendas fuentes de datos: el informe de 2013 de Credit Suisse sobre la riqueza familiar en el mundo y la Lista de milmillonarios de Forbes. Ninguna de ambas fuentes, como sus propios autores reconocen, resulta demasiado fiable, por cuanto sigue habiendo más arte que ciencia en su elaboración; pero ni siquiera aceptándolas como fidedignas representaciones de la realidad, los demagogos titulares de Ofxam resultan certeros.
No en vano, según el informe de Credit Suisse, los 1.151 adultos más ricos del planeta (repito: los 1.151, no los 85) poseen un patrimonio que en ningún caso supera el 1% de la riqueza global, mientras que el 68,7% de la población mundial alcanzan el 3%. Si, por otro, recurrimos a los datos de Forbes —cuya metodología no es idéntica a la de Credit Suisse, pues mide la riqueza individual y no la familiar— las 85 personas más ricas del planeta poseen el 0,7% de la riqueza mundial y los 1.000 más ricos, cerca del 2%. Esos —y no otros— son los datos a disposición de Oxfam. Todo lo demás es pura propaganda de parte interesada.
Ahora bien, probablemente tampoco resulte demasiado reconfortante pensar que unas 1.000 personas posean una riqueza que, pese a no superar a la del 50% de la población adulta mundial, sí se le acerca significativamente. Sucede que el informe de Credit Suisse subestima muy considerablemente la riqueza del 91,5% de la población mundial por dos motivos.
Primero, porque sólo trata de medir la riqueza que los individuos poseen en forma de inmuebles, tierras y activos financieros: como es obvio, las familias del Tercer Mundo apenas poseen activo financiero alguno y sus propiedades inmobiliarias tienen un valor extraordinariamente inferior a las del Primer Mundo (una vivienda o una hectárea de tierra en Nigeria no poseen el mismo valor de mercado que en Alemania o España); a su vez, los activos que sí suelen integrar el patrimonio de las familias del Tercer Mundo (bienes muebles: herramientas o ganado) están excluidos del estudio.
Segundo, y mucho más importante, porque también se excluyen otras formas de riqueza de enorme relevancia en Occidente: por un lado, el capital humano (la formación de los agentes económicos que contribuye a aumentar su productividad); por otro, los servicios que los ciudadanos reciben de un Estado de Bienestar que se ven obligados a financiar con cargo a sus ahorros. Así, por ejemplo, el trabajador español medio no es capaz de acumular un mínimo patrimonio porque está forzado a entregarle al Estado más de 9.000 euros anuales en impuestos y cotizaciones sociales a cambio de que éste le brinde acceso “gratuito” (sic) a toda una cartera de servicios públicos: el valor de esas prestaciones estatales, en el que se inmovilizan coactivamente los ahorros de los españoles, no aparecen reflejadas en el informe de Credit Suisse (verbigracia, el derecho a una renta vitalicia en forma de pensión de jubilación a partir de los 67 años aparentemente no posee ningún valor económico para el banco suizo).
En contra de lo que incorrectamente señala Intermon Oxfam, pues, aun cuando el Estado duplicara su gasto social, la brecha entre ricos y pobres no se reduciría apreciablemente, ya que todo ese gasto extraordinario no aparecería contabilizado como mayor riqueza de los ciudadanos: en suma, es la existencia de un Estado de Bienestar desproporcionado y financiado con los tributos de las clases medias lo que sesga estadísticamente al alza las diferencias entre ricos y pobres.
Lo anterior, empero, no significa que los distorsionados datos que presenta Intermon Oxfam no deban preocuparnos: como la propia ONG resalta —esto sí correctamente—, una parte significativa de la superricos lo son merced al intervencionismo gubernamental. Verbigracia, la lista de Forbes la encabeza Carlos Slim, magnate de las telecomunicaciones que ha amasado la mayor parte de su fortuna bajo la protección de las autoridades mexicanas. Asimismo, en España, son harto conocidos los casos de empresarios, especialmente entre la construcción y la banca, que han acumulado sus fortunas merced al intervencionismo gubernamental. ¿Hasta qué punto cabe considerar a un capitalista que vive de la obra pública o de la banca central como un genuino empresario privado y no como un rentista que se ha lucrado a costa de todos los contribuyentes? Son aquellos ricos que han medrado gracias a la coacción estatal sobre el ciudadano, en lugar de creando valor dentro del mercado para los consumidores, los que sí deberían preocuparnos.
Si alguna conclusión deberíamos sacar del informe Oxfam es justo la opuesta a la que se nos vende: la enconada distribución mundial de la riqueza debe inquietarnos en la medida en que resulte del estatismo desaforado que hemos padecido durante el último medio siglo. La desigualdad verdaderamente rechazable es la que deriva de los privilegios gubernamentales a los lobbies y del saqueo tributario de familias y empresas: y la única solución posible a semejante plaga no es cebar todavía más ese parasitario Estado, sino reducirlo a su mínima expresión.

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