Las reformas que necesita España

Haríamos muy mal si pensáramos que los males económicos de España se solucionan automáticamente desalojando a Zapatero de La Moncloa: sustituir a un gobernante denostado y desprestigiado internacionalmente por otro con perfil neutro podrá aliviar algo nuestro descrédito como nación, pero no solventará ni mucho menos los verdaderos problemas subyacentes.
Si Rajoy quiere enderezar nuestra economía deberá aprobar medidas radicales que molestarán al establishment y a la izquierda caviar, pero que son indispensables; unas medidas que deben dirigirse a solucionar nuestros problemas productivos y financieros tanto para el corto y el largo plazo, esto es, no sólo para retrasar la suspensión de pagos durante 24 meses más, sino para evitarla por entero y, sobre todo, para convertirnos en una economía confiable en la que el inversor nacional y extranjero puedan generar riqueza sin que políticos, sindicatos y grupos de presión se lo impidan o se la arrebaten.
Por un lado, para lograr el reajuste de nuestro aparato productivo, necesitamos, primero, que los contratos laborales regresen al ámbito de negociación individual entre empresario y trabajador, sin que los sindicatos o la patronal puedan intervenir salvo como representantes voluntarios; esta abolición de esa fascistada llamada negociación colectiva también debería afectar a las relaciones laborales vigentes, permitiendo renegociar sin indemnización todos los contratos actuales para adaptarlos a la nueva realidad posburbuja –una medida bastante menos cruel y barata que reducir el coste del despido para, a través del cese laboral, proceder a su ulterior renegociación–. Segundo, debemos rebajar la factura eléctrica y para ello hay que suprimir las primas a las nuevas centrales renovables, revisar a la baja las ya comprometidas y prolongar la vida de todas las centrales nucleares seguras. Tercero, liberalización total del sector empresarial: eliminar los obstáculos burocráticos a la hora de constituir nuevas empresas así como las limitaciones sobre a qué pueden dedicarse –por ejemplo, suprimiendo la ley de horarios comerciales, la ley del suelo, la ley antitabaco…). Y cuarto, permitir que aquellos sectores que deban quebrar, como el de la construcción, quiebren y saquen a la venta todo el stock de viviendas y de bienes de capital que retienen sin uso alguno.
Por otro lado, para conseguir el reajuste financiero hay que promover el ahorro empresarial, familiar y estatal. Las Administraciones Públicas deben regresar a los niveles de gasto anteriores a la burbuja (2002-2003). Ello implicará desprenderse de numeroso personal público –sobre todo autonómico–, eliminar todas las subvenciones, privatizar todas las empresas públicas e instaurar el copago en la sanidad y en la educación no obligatoria. Con este tijeretazo al gasto, lograríamos no sólo acabar con el déficit, sino amasar un cierto superávit con el que poder reducir de manera muy considerable la tributación sobre el ahorro, tanto en el IRPF como en el Impuesto de Sociedades: los gravámenes sobre dividendos, plusvalías y beneficios no deberían superar en ningún caso el 10%. De este modo, no sólo alimentaríamos el ahorro interno, sino que importaríamos capitales desde el extranjero, lo que permitiría recapitalizar a nuestro tejido empresarial –y bancario– y contratar a gran parte de los cinco millones de parados.
Sin todo este paquete de reformas, la economía española lo tendrá muy complicado para levantar cabeza en muchos años: mientras no despejemos los temores de suspensión de pagos, nuestra permanencia en el euro será cuestionada y mientras se cuestione, los incentivos a ahorrar e invertir en España serán minúsculos.
Pero, a largo plazo, las reformas necesarias son mucho más ambiciosas. En particular: necesitamos privatizar tramos enteros de nuestro mal llamado “Estado del Bienestar”, sobre todo la enseñanza universitaria –que no debe acompasarse a las necesidades de políticos y pedagogos, sino de empresas y estudiantes– y un sistema de pensiones cuya subsistencia, por cuestiones de demografía, depende de que cada 15 o 20 años se le meta un recorte muy considerable a las prestaciones. A su vez, hemos de instaurar un auténtico Estado de Derecho para convertir a nuestro país en un reducto seguro en el que invertir: necesitamos una Administración pequeña, pero muy eficiente, y con una auténtica separación de poderes tutelada por tribunales independientes; es decir, menos leyes y más contratos privados.
En definitiva, tenemos que parecernos más a Chile y menos a Argentina. A buen seguro, los socialistas de todos los partidos le dirán que no necesitamos nada de esto, que todo se arreglará subiendo un poquito los impuestos al tabaco. No les crea: en 2008 también negaron la misma existencia de la crisis y nos prometieron el pleno empleo. La duda no es si necesitamos con urgencia todo este paquete de reformas –que lo necesitamos–, sino si Mariano Rajoy se atreverá a aplicarlas y si una parte muy importante de la sociedad española será lo suficientemente responsable como para digerirlas. No soy demasiado optimista al respecto.