Liberalicemos (al menos un poquito) las farmacias

Para que un país genere riqueza y empleo no sólo es necesario contar con un mercado laboral relativamente libre; también resulta fundamental que las condiciones de acceso al mercado sean lo más abiertas posibles para todo aquel que disponga de un buen plan de negocios y sea capaz de aunar el capital y los factores productivos necesarios.
En este sentido, las barreras de entrada al mercado pueden ser de dos tipos: generales o específicas. Las primeras afectan a todos los potenciales empresarios: son aquellas licencias, autorizaciones administrativas, papeleos fiscales y mercantiles o requisitos mínimos de capitalización que se imponen a la totalidad de las compañías (algunas de ellas pueden ser necesarias y tener su sentido económico; cuestión distinta es que deban ser impuestas por el Estado o quedar sujetas a la muy poco acotada arbitrariedad del funcionario de turno); las segundas son prohibiciones o restricciones que afectan a determinadas industrias concretas.
Las rentas oligopolísticas de las farmacias
Un caso paradigmático de barreras específicas de entrada sería el de las farmacias. En España, sólo aquellos profesionales que obtengan una autorización administrativa tienen permitido regentar una oficina de farmacia. La concesión de licencias no sólo ha sido deliberadamente contingentada por nuestros mandatarios, sino que han creado un mercado cautivo merced a dos restricciones: con carácter general, por un lado, sólo puede abrirse una botica por cada módulo de 2.800 habitantes; por otro, la distancia mínima entre establecimiento queda fijada en 250 metros.
El pretexto oficial es el de asegurar el correcto aprovisionamiento de la ciudadanía, lo cual es a todas luces contradictorio. Uno entendería el argumento si los poderes públicos trataran de promover que hubiese al menos una farmacia por cada 2.800 habitantes o que la distancia máximaentre dos farmacias fuera de 250 metros, ¿pero cómo argüir que la limitación del número de boticas busca promover su mayor difusión?
Los motivos reales son otros muy distintos. Como se trata de un mercado tan sumamente regulado (precios, tipos de productos a la venta, condiciones de pago, distribución y prestaciones del local, etc.), no hay manera de que cada farmacéutico se diferencie del resto y pueda cosechar beneficios extraordinarios. La única forma de no comoditizar el sector y de volverlo verdaderamente lucrativo para sus partícipes, pues, consiste en crear monopolios territoriales para cada centro, asegurándoles así una clientela mínima.
En un mercado donde primara la libertad de entrada, la existencia de beneficios extraordinarios en las oficinas de farmacia conduciría a que se abrieran nuevos establecimientos que se repartieran la clientela, lo que, en consecuencia, rebajaría la rentabilidad de cada negocio hasta aproximarla a un rendimiento normal sobre el capital invertido (de entre el 6% o 7% anual).
En la mayor parte de España, sin embargo, no sucede nada de eso. Los farmacéuticos sin botica que detecten la posibilidad de abrir un nuevo establecimiento para quedarse con parte de la tarta de su competidor simplemente no pueden hacerlo. Sus opciones se reducen a, por un lado, tratar de comprar una licencia –que en la medida en que da origen a beneficios extraordinarios, tiene un valor capitalizado exorbitante que puede superar el millón de euros– o trabajar como empleados en algún establecimiento. Pero precisamente ahí está la clave de las ganancias extraordinarias: dado que no existe libertad de entrada en este mercado, los sueldos de los empleados de farmacia pueden mantenerse artificialmente bajos por no concurrir la amenaza creíble de que los trabajadores pueden crear sus propios establecimientos que compitan directamente con los de sus empleadores.
Semejantes restricciones legales y la escasez de concursos han llevado a que, según PLAFARMA (Plataforma para la Apertura de Farmacias), ahora mismo haya en España 35.000 farmacéuticos sin farmacia, frente a las apenas 20.000 licencias concedidas. En lugar de permitir el libre ejercicio de esta actividad, el Gobierno sigue optando por concentrar los beneficios de este muy regulado sector en unas pocas manos, proletarizando a todos los otros farmacéuticos que desean entrar en él.
El modelo navarro
¿Hay alternativas? Por supuesto. Dejando de lado la absoluta liberalización del sector, que sería lo deseable, en España ya existe una comunidad autónoma que está aplicando criterios menos restrictivos que el resto del país: Navarra. En la comunidad foral, la legislación se limita a garantizar que haya al menos una oficina de farmacia por cada 2.800 habitantes. Si existen zonas de la región desatendidas, se obliga a los empresarios entrantes a cubrir ese espacio, pero una vez satisfechos todos ellos, se permite irrestrictamente la apertura (sin necesidad de concursos administrativos) con dos límites más laxos que los del resto del Estado: como mucho puede haber una farmacia por cada 700 habitantes y la distancia mínima entre ellas se reduce a 150 metros. ¿Ha funcionado esta tímida liberalización? Sí: la cuantía de establecimientos en Navarra se ha duplicado desde su aprobación en el año 2000 y, como es obvio, la población está mucho mejor atendida. Además, conviene repetirlo, los beneficios de este sector regulado no se concentran en unas pocas manos, sino que se reparten entre todos aquellos dispuestos a prestar su servicio.
Lo que habría que plantearse, con todo, es por qué si la transición hacia un modelo más libre (Navarra) ha sido positiva para todos (salvo para los antiguos oligopolistas), no podemos efectuar una liberalización mucho más amplia, en la que por supuesto se incluya la posibilidad de dispensar medicamentos sin receta en los centros comerciales (o incluso en los supermercados o en las tiendas del pueblo). No se trata ya de que gracias a ello probablemente se crearía empleo, sino de que, sobre todo, los consumidores estarían mucho mejor asistidos. Ya que en este sector, debido a la nefasta socialización del gasto en medicamentos, sus distribuidores sólo pueden competir en localización… que compitan al menos en eso. Monti ya lo ha hecho con su Salva-Italia. ¿Para cuándo un Salva-España?