Los minirrecortes educativos de Valencia

Los estudiantes de secundaria valencianos están armando bastante alboroto durante estos días a cuenta de los “recortes” que está sufriendo la educación pública regional. En efecto, si miramos los presupuestos de 2012, el gasto en enseñanza no universitaria se reduce… apenas un 3%. Aun así, claro, podrá clamarse que el gasto cae y que ello atenta contra nuestro irrenunciable Estado de Bienestar –aunque no haya indicio alguno que demuestre que, superado un cierto umbral mínimo, la calidad de la enseñanza guarde correlación con el nivel de gasto–.
Sin embargo, si miramos las cosas con un poco más de perspectiva quizá lleguemos a una conclusión diferente. En los 10 años que van desde 2003 a 2012, el gasto público valenciano en enseñanzas no universitarias ha aumentado más de un 70%. En concreto, ha pasado de alrededor de 2.000 millones de euros a casi 3.400 millones, aun cuando que se haya reducido parcamente desde 2010 (el gasto total en educación no universitaria es mayor que la suma del gasto en primaria y secundaria porque incluye ciertas partidas comunes a ambas):

(Fuente: Presupuestos de la Generalitat Valenciana)
Podrá alegarse que las cuantías totales deben corregirse tanto por el número de alumnos cuanto por la inflación. En cuanto a la primera corrección estoy de acuerdo; en cuanto a la segunda, un tanto menos según de donde proceda. Al cabo, recordemos que los keynesianos nos están diciendo día sí día también que la mejor manera de solventar nuestro problema de deuda no es a través de la austeridad y el ahorro, sino a través de la inflación: si ellos son los primeros que ven con buenos ojos el diluir el valor de las deudas merced a la vorágine inflacionista, ¿por qué no aplican el mismo rasero en lo que gasto público se refiere (reducirlo dejando de indexarlo a la inflación)? En cualquier caso, la evolución del gasto real por alumno –corregida la inflación– sería la siguiente:

(Fuente: Presupuestos de la Generalitat Valenciana y Ministerio de Educación)
Es decir, el gasto real por alumno se ha reducido un 9% desde 2010 pero ha aumentado un 18% desde 2003 (de 3.564 euros a 4.183, en euros equivalentes a 2011). Si tomáramos el incremento nominal del gasto por alumno (en euros contantes y sonantes que desembolsa la administración), éste sería del 45%.
Con este aumento del gasto se ha financiado un incremento del número de profesores para mantener la ratio alumno/profesor en alrededor de 11,5 y una reducción del ratio de alumnos por centro desde 345 alumnos en 2003 a 328 en 2011. No parece que la calidad de la educación se hubiese degradado demasiado por dejar que estas cifras subieran, esto es, en caso de que se hubiera congelado o moderado la evolución del gasto público en los últimos 10 años.
Así las cosas, ¿a qué vienen las protestas? Una parte, la de los cabecillas del movimiento, es instrumentación política pura y dura: una excusa estatista para cargar contra el falso neoliberalismo ultracapitalista imperante en España y materializado en el Gobierno Partido Popular (cuántos errores en una sola frase). Otra parte, la de los –en terminología leninista– “tontos útiles”, procede de una confusión: la confusión entre recortes en el gasto y falta de liquidez.
La Comunidad Valenciana padece una iliquidez extrema que está llevándola a retrasar al máximo los pagos a sus proveedores (incluidos los educativos). Pero esa extrema iliquidez no significa que haya recortado el gasto: al contrario, lo que significa es que el Gobierno regional se ha comprometido a efectuar unos gastos cuyo pago no puede acometer por falta de tesorería.
Como es sabido, la tesorería de un Gobierno procede, en lo esencial, del cobro de impuestos y del endeudamiento: si la recaudación fiscal no cubre todos los pagos a realizar, el déficit de caja debe financiarse emitiendo deuda, pero si esa deuda no puede colocarse en el mercado, entonces el Ejecutivo no será capaz de atender con puntualidad sus compromisos de gasto (el pago).
¿Tiene un Gobierno la responsabilidad de que el mercado no lo financie? Pues sí, pero por motivos radicalmente opuestos a aquellos por los que protestan los manifestantes: los mercados, es decir, los ahorradores privados no le prestan a una administración porque está gastando mucho más de lo que ingresa. Por consiguiente, la única manera que tiene la Generalitat para solucionar sus problemas de iliquidez, esos que le impiden atender sus pagos a proveedores, es recortando sus compromisos de gasto para recuperar parte de su solvencia. Justo lo contrario de lo que le están pidiendo los manifestantes; y también, claro, justo lo contrario de lo que ha hecho en los últimos años la Generalitat, uno de los gobiernos más manirrotos (en todos los campos) de España.