Una vez investido Mariano Rajoy presidente del Gobierno y a punto de constituir nuevo Gabinete, ya puede darse por iniciada la legislatura. Pero, pese a estar inmersos en una etapa de intenso crecimiento y creación de empleo, habrá tres complicados retos económicos a los que necesariamente deberá hacer frente el nuevo Ejecutivo y que en gran medida marcarán el éxito o fracaso de sus próximos cuatro años. A saber: completar el ajuste del déficit público, reestructurar el sistema de pensiones y continuar con la reforma del mercado laboral.
En cuanto al ajuste del déficit público, España sigue arrastrando un desequilibrio presupuestario superior a los 45.000 millones de euros. Nuestro país ha de reducirlo a finales del próximo año hasta los 32.000 millones, lo que hace necesarios o nuevos recortes del gasto o nuevas subidas de impuestos. El Partido Popular, alentado por su pacto con Ciudadanos, parece decidido a incrementar el Impuesto sobre Sociedades y, probablemente, a dar marcha atrás en la rebaja del IRPF aprobada a lo largo de 2015. En ambos casos sería un error: nuestra economía requiere de muchos menos impuestos para incentivar la inversión privada necesaria para acelerar el cambio de modelo productivo. Por tanto, deberíamos corregir el déficit por el lado del gasto, no de los ingresos.
En cuanto a la reestructuración del sistema de pensiones públicas, la Seguridad Social presenta un desajuste a corto y largo plazo entre ingresos y gastos. A corto plazo, el sistema es víctima de la caída del número de cotizantes derivada del enorme desempleo que todavía padecemos. A largo, el sistema es víctima de una demografía desastrosa que reducirá a la mitad la actual tasa de cobertura entre pensionistas y trabajadores. Por consiguiente, no queda otra que tratar de equilibrar ingresos y gastos a largo plazo, ya sea por la vía de incrementar la recaudación (opción preferida por la totalidad de las formaciones políticas) o de recortar prestaciones (opción inevitable a medio plazo pero que los políticos tratarán de camuflar con diversas cortinas de humo para que la sociedad no sea consciente del empobrecimiento al que estarán siendo sometidos).
Por último, el próximo Ejecutivo también habrá de pronunciarse acerca del marco que deberá ordenar las relaciones laborales durante los próximos años. El pacto del PP con Ciudadanos promueve una nueva reforma laboral que aplique algunas de las promesas de la formación naranja como el contrato único o la mochila austriaca. Mal haría el Gobierno, empero, si se limitara a retocar tales detalles manteniendo la actual normativa del mercado de trabajo: requerimos de una profunda liberalización que introduzca flexibilidad contractual y que, por tanto, facilite la creación de mucho más empleo estable y de calidad.
En definitiva, si el nuevo Ejecutivo quiere reivindicar su razón de ser frente a la provisionalidad que lo ha caracterizado durante el último año deberá, al menos, intentar pasar a la acción: esto es, deberá tratar de enmendar todos los errores cometidos durante la anterior legislatura y de impulsar los cambios legislativos que entonces no se atrevió a implementar. Por desgracia, todo apunta a que, aun cuando existiera voluntad política para acometer tales mejoras, el Congreso terminaría bloqueando su tramitación. La mayoría absoluta fue una oportunidad perdida que ya no se repetirá. La resolución de los grandes retos de nuestra economía dependerá, pues, de una aritmética parlamentaria partidaria de cerrar todos los problemas en falso.
