Más empresas y menos burocracia

Durante los últimos 30 años se ha convertido en un armatoste carísimo que no cumple con sus funciones esenciales debido al intenso proceso de politización al que ha sido sometido desde todas las instancias; sólo hay que observar el colapso de los juzgados, la permanente degradación de los estándares educativos o el parsimonioso funcionamiento de la Administración. Parafraseando a Winston Churchill, el mejor argumento contra nuestro sector público es una conversación de cinco minutos con el ciudadano medio.
Hasta 2008, la falsa burbuja de prosperidad en la que vivía inmersa la economía española todavía permitía sufragar semejantes despilfarros. El Estado cabalgaba sobre unos ingresos inflados por el ladrillo y, por mucho que dilapidara nuestra burbujeante riqueza, continuábamos creciendo sin un límite aparente. Sin embargo, con el estallido de la crisis y el enorme déficit presupuestario que ha pasado a exhibir España, la fiesta se ha terminado para todos; también para el sector público, aun cuando nuestros políticos sólo lo admitan por lo bajini tras cada achuchón de los inversores internacionales. Ahora, de hecho, sería un buen momento para hacer semejante acto de constricción.
Hasta el momento han surgido algunas sugerentes propuestas como la del presidente de Mango y del Instituto de Empresa Familiar, Isak Andic, destinada a ligar los salarios de los funcionarios a su productividad. Es un primer paso para comenzar a desburocratizar la Administración y someterla a algunos de los mecanismos de gestión más propios de las compañías privadas. Nuestro sector público requiere de una perspectiva mucho más empresarial que lo enfoque hacia sus clientes –la totalidad de los contribuyentes– y no hacia las correspondientes élites políticas; y una de las herramientas que permitiría lograrlo sería ligar los salarios de los empleados públicos a la eficiencia –rapidez y calidad del servicio– con la que realicen sus tareas.
El Gobierno español, tan presto siempre a suscribir las recomendaciones inteligentes como a inaplicarlas un segundo después, ha asegurado, por boca del ministro del ramo, Manuel Chaves, que ve con buenos ojos la propuesta. Sin embargo, los sindicatos y su portavoz dentro del Ejecutivo, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, no han tardado nada en mostrar su oposición a una idea que incluso han calificado de “provocación”. Una vez más, parece que la medida se aprobará durante las calendas griegas, justo en la misma fecha en la que se piensa ajustar el gasto público, liberalizar el mercado de trabajo y concluir la privatización de las cajas de ahorros.
Ahora bien, más allá de la inteligente propuesta de desburocratización y de la negativa gubernamental a ejecutar cualquier idea sensata, debemos ser conscientes de que los problemas que conlleva nuestro sector público no se solucionan en lo fundamental buscando que sea más eficiente. Ni siquiera se remediarían poniendo coto a esa lacra del nepotismo que ha terminado por corromper el tuétano de todas nuestras Administraciones hasta convertirlas en un mero apéndice de las familias de nuestros mandamases políticos, de las sus subalternos y de las de los subalternos de sus subalternos.
Por un lado, la eficiencia de una Administración Pública sólo puede calcularse comparando su desempeño con el de otra Administración Pública; o dicho de otra manera, si todas son catastróficas, la menos desastrosa se llevará los honores por muy nociva o innecesaria que sea su actividad. Por otro, que nuestro sector público esté infestado de enchufados no significa que todos ellos deban ser sustituidos por otros individuos seleccionados bajo los tradicionales principios de igualdad, mérito y capacidad; también cabe la posibilidad de que los puestos directamente desaparezcan.
Al cabo, el problema de fondo del sector público español es el de haber secuestrado partes enteras de nuestra economía que deberían de regirse, no ya por mecanismos de gestión similares a los del mercado, sino por el propio mercado. Sólo así podremos determinar qué partes del Estado son necesarias, cuáles excedentarias y cuáles deben reorganizarse por entero; es decir, sólo así podremos dar un uso económico a nuestros escasísimos recursos materiales. Es sencillamente inadmisible e –lo que es peor– insostenible que en los últimos 35 años el número de funcionarios haya aumentado más de tres veces de lo que lo ha hecho el número de trabajadores en el sector privado; faltan empresas y sobra burocracia.
La reforma del sector público es, pues, imprescindible y pasa, primero, por podarlo; segundo por podarlo; tercero por podarlo y, finalmente, hecho lo anterior, por revertir todo el nepotismo y toda la insufrible burocratización en torno a los cuales ha medrado. El Estado debe reducirse tanto como sea posible y sus funciones deben ser desempeñadas sólo por personas con acreditada valía y formación dirigidas por criterios de gestión con una visión mucho más empresarial. Toca adelgazarlo y profesionalizarlo; pero, repito, sobre todo adelgazarlo. Sólo así lograremos modernizar nuestra Administración y racionalizar sus insostenibles costes actuales.

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