Menos gasto o más impuestos: no es lo mismo

La literatura keynesiana ha equiparado a efectos macroeconómicos las reducciones del gasto público y los aumentos de impuestos. Puede que la magnitud de sus repercusiones no sea exactamente igual, pero su dirección sí lo es: tanto reducir el gasto como incrementar los tributos son políticas contractivas de la demanda que tienden a deprimir la economía.
Aplicando esta lógica, quienes defendemos que, frente a una crisis económica, la política acertada es la de que el Estado no dilapide mediante déficits públicos el ahorro nacional y extranjero que va aflorando y que es imprescindible para reorganizar el sector privado, deberíamos ser relativamente indiferentes en lo relacionado con aumentar impuestos o recortar el gasto. Al cabo, ambas vías son de utilidad para reducir el déficit público. ¿Es así? ¿Realmente no hay motivo económico fundado, salvo las preferencias ideológicas, para escoger con exclusividad un camino u otro?
No. El primer error de esta equiparación tiene un carácter bastante general: no es lo mismo el gasto público que el gasto privado. Sostener que subir impuestos equivale a reducir los desembolsos estatales necesariamente implica defender que el gasto público es un sustitutivo más o menos perfecto del gasto privado y que, en última instancia, poco importa quién dirija la economía y en qué condiciones lo haga, si el Estado o los consumidores.
Pero, obviamente, esto no es así: los consumidores gastan en función del valor que han generado previamente para otros consumidores; tanto unos como otros expresan una información descentralizada y desagregada acerca de cuáles son sus preferencias dentro de un contexto de competencia empresarial por satisfacerlas del modo más acertado posible. Y eso es justamente lo que, poco a poco, permite su mejor coordinación. Por su lado, el Estado gasta no a partir de la riqueza que ha conseguido generar para los demás agentes económicos, sino a partir de la riqueza que ha logrado rapiñarles; y lo hace, además, o bien despreciando las preferencias de los consumidores –los políticos persiguen su propia agenda– o bien con enormes problemas de información para satisfacerlas –ni conocen qué desean los ciudadanos ni, sobre todo, cuál es el coste de oportunidad de proporcionárselo–. Con esto no quiero decir, claro está, que ningún gasto público pueda generar riqueza para los consumidores finales, sino que por inherentes e inerradicables problemas de incentivos y de información es muchísimo más complicado que la genere el gasto público que el privado, especialmente cuando hablamos de gasto público o privado a gran escala (¿cómo manejar el 50% del PIB de un país?).
Más allá de estos efectos generales, estas dos políticas tampoco son convalidables en el caso particular de las crisis económicas. Aunque en principio ambas tiendan a contraer el gasto total de la economía –el aumento de impuestos restringe el gasto privado y la reducción del gasto público hace lo propio con los desembolsos estatales–, es importante analizar cuáles son las repercusiones de ambas alternativas.
Por un lado, la reducción del gasto público, especialmente si es de suficiente calado como para permitir una minoración de impuestos que no afecte al equilibrio presupuestario, incrementa (o al menos no reduce) la renta de aquellos que siguen generando riqueza, esto es, de aquellos que continúan destinando los escasos recursos económicos a producir bienes y servicios más valiosos que los alternativos que podrían haberse fabricado con ellos. Además, merced al mantenimiento o reducción de las cargas tributarias, las partes carcomidas de la economía lo tendrán más fácil (o menos difícil) para tratar de sanearse amortizando su excesivo endeudamiento y enajenando parte de sus activos improductivos a las otras partes más robustas del tejido productivo, las cuales, por su lado, merced a esos tributos más moderados, también dispondrán de un mayor capital para seguir creciendo y reemplazar la actividad languideciente de las carcomidas.
En última instancia, el recorte del gasto público es sólo una consecuencia del empobrecimiento previo del sector privado durante la crisis económica: las transferencias y redistribuciones de renta que efectúa el Estado a partir de la riqueza generada por el sector privado han de reducirse porque el sector privado genera menos riqueza. Es cierto que a corto plazo la suspensión de parte del gasto puede dar lugar a la necesidad de un reajuste adicional de determinadas partes de la economía; pero tengamos presente que semejante retroceso es consecuencia no de que una parte de la sociedad deje de generar riqueza, sino de que deje de consumirla con cargo a un nada rentable endeudamiento colectivo. En realidad, la economía se ve liberada de cargas que comprometían su viabilidad y su facultad para prosperar. Quejarse de que recortar el gasto público financiado con la emisión de deuda afecta negativamente al PIB es como quejarse de que un ciudadano pródigo ve reducidos sus desembolsos después de que decida, muy prudentemente para su bienestar presente y futuro, que dejará de recurrir al crédito bancario con tal de financiar sus partidas en el casino.
A este respecto, las inversiones públicas –en contraposición con el llamado gasto corriente– que realmente estén contribuyendo a impulsar el crecimiento a largo plazo –y cuyo recorte, por consiguiente, tenga efectos verdaderamente contractivos en el tiempo– serán, por los problemas de incentivos e información ya apuntados, realmente poco cuantiosas. Pero, aun así, habría que intentar focalizar los recortes en aquellas partidas que supongan inversiones improductivas o meras transferencias de rentas desde unos individuos a otros (sobre todos si éstas van a parar a subsidiar actividades que por sí solas no serían rentables en el mercado).
Eso sí: tengamos claro que no toda inversión pública a largo plazo, por el mero hecho de ser inversión pública y a largo plazo, debe ser conservada. Hay una tendencia excesiva a demonizar el gasto corriente y a ensalzar las virtudes del gasto público dirigido a la inversión; mas los despilfarros también pueden darse en las inversiones estatales, y no sólo en los ejemplos más flagrantes y escandalosos (aeropuertos sin pasajeros, parques de atracciones sin atractivo turístico, bloques de viviendas desocupados, empresas públicas muy intensivas en capital y con servicios muy deficientes…), sino en otros menos evidentes: por ejemplo, carreteras por las que sí circulan automóviles o gasto público en I+D con resultados positivos pero que se sufragan merced a un desplazamiento de la actividad en el sector privado que habría tenido un mayor valor para los consumidores que la carretera o las innovaciones. De hecho, esa pugna por captar el escaso capital ofreciendo rentabilidades crecientes a los ahorradores que permite dilucidar qué usos, de entre los miles de millones posibles, son preferibles para ese escaso capital es justamente el proceso competitivo que aborta el Estado, y por lo que, en general, podemos decir que éste es un muy mal distribuidor de los recursos.
En cualquier caso, la única alternativa a atajar el déficit reduciendo el gasto público durante una crisis pasa por incrementar el grado de rapiña sobre la menor riqueza presente generada por individuos y empresas. Y, como decíamos, parece claro que ésta sólo contribuye a asfixiar un poco más al sector privado, justo en el momento en el que necesita una mayor holgura financiera para reestructurarse y volver a la senda de la creación sostenible de riqueza: más impuestos significa menos rentabilidad de las inversiones, menos capital disponible para amortizar deuda o para acometer nuevos planes de negocio y, en definitiva, una alteración de los patrones de especialización del sector privado productivo que sólo agravan y dificultan la magnitud de los reajustes pendientes.
Si las crisis tienen su origen en las malas inversiones generalizadas del sector privado –fruto de la expansión imprudente del crédito de un sistema bancario privilegiado por el Gobierno–, no parece que lo más inteligente sea apretarle todavía más las tuercas cuando está atravesando un complicado período de catarsis. Más bien al contrario: lo lógico sería aligerarle las cargas para no retrasar aún más su saneamiento.
En suma, a la hora de reducir el déficit público, es vital que esta minoración se efectúe no a costa de un sector privado que genera mucha menos riqueza que antes sino a costa de quien venía gastando con cargo a la presunta  riqueza excedentaria que ese sector privado fabricaba durante el boom económico artificial: es decir, a costa del Estado. Austeridad, sin duda; pero austeridad del sector público, que es quien ha incurrido en el déficit durante la crisis (sea por culpa de los desestabilizadores automáticos o del gasto discrecional para tratar vanamente de estimular la economía). Sufragar los sobregastos estatales con una austeridad del sector privado más rigurosa sólo contribuirá a obstaculizar el proceso de recuperación.

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