A finales de 2016, la deuda pública del conjunto de las Administraciones
Públicas alcanzó el 99% del PIB. Sin embargo, esa distribución no era
uniforme en el territorio español: y es que 22 de esos 99 puntos son
imputables a la deuda autonómica y, por consiguiente, varían según la
región en el que residan los ciudadanos. O dicho de otro modo, existe un
tramo de deuda pública que es común a todos los españoles y otro que
depende de la autonomía específica en la que se habite.
Así las cosas, si repartimos proporcionalmente la deuda pública no
autonómica entre la totalidad de los españoles (esto es, si consideramos
que la deuda pública estatal, municipal y de la Seguridad Social es común),
obtendremos que el tramo de pasivos estatales compartidos es del 75,5% del
PIB. Las restantes obligaciones financieras ya dependen de cada autonomía:
algunas de ellas están muy endeudadas (la Comunidad Valenciana carga con
una deuda pública del 41,5% de su PIB y Castilla-La Mancha con una del
36,5%), mientras que otras están relativamente poco endeudadas (País Vasco
arrastra un 15% de deuda sobre el PIB y Madrid una del 14,2%). Agregando el
tramo estatal y el tramo autonómico, comprobaremos que a finales de 2016 la
deuda pública dentro de España oscilaba entre el 117% del PIB, en la
Comunidad Valenciana, y el 90%, de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, como es bien sabido, desde finales de 2012 una parte creciente
de la deuda autonómica se halla en manos del Fondo de Liquidez Autonómico
(FLA), es decir, de la Administración Central del Estado, lo que significa
que el riesgo de impago sobre esa porción de la deuda autonómica es, en
realidad, compartido por todos los españoles. El porcentaje de pasivos
regionales adquiridos por el FLA depende de la negociación mantenida entre
el Gobierno central y cada uno de los distintos ejecutivos autonómicos:
mientras que el 73% de la deuda de la Comunidad Valenciana y de Murcia ha
sido adquirida por el FLA, sólo el 6% de la de Madrid lo ha sido.
Esta mutualización de los riesgos —y de los costes financieros, pues el FLA
no exige intereses a las autonomías y, en cambio, sí abona intereses a los
tenedores de su propia deuda— ya sería de por sí bastante grave como para
criticar el irresponsable comportamiento del ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, y como para exigir una inmediata suspensión de toda
socialización adicional de riesgos. A la postre, no es admisible que los
ciudadanos residentes en aquellas autonomías más rigurosas desde un punto
de vista presupuestario (como la Comunidad de Madrid) digieran el riesgo
fiscal de los gobiernos regionales más manirrotos e imprudentes como el de
la Comunidad Valenciana.
Pero, por desgracia, la desvergüenza socializadora del ministro de Hacienda
no ha concluido aquí. Según acaba de anunciar Cristóbal Montoro, el
Gobierno está barajando aplicar quitas a la deuda autonómica adquirida por
el FLA: es decir, condonar parte de su deuda a las autonomías más
manirrotas y cargarle el agujero a los ciudadanos de las autonomías más
ortodoxas fiscalmente.
Las consecuencias redistributivas de semejante operación política serían
enormes: la Comunidad Valenciana —la región más endeudada de España y con
mayor volumen de sus pasivos en manos del FLA— obtendría una gigantesca
subvención neta de otras autonomías menos endeudadas, como Madrid, Navarra
o el País Vasco. En el siguiente gráfico, representamos cómo quedaría la
deuda pública por autonomía si el FLA condonara el 100% de la deuda
regional adquirida y, por tanto, su importe tuviera que ser sufragado
solidariamente por el conjunto de los españoles.
Es fácil observar la fortísima transferencia de renta que tiene lugar entre
autonomías: mientras que la Comunidad Valenciana vería rebajar su deuda
pública desde el 117% del PIB al 99%, a Madrid o el País Vasco les sería
incrementada desde el 90% a más del 100%. En el siguiente gráfico resumimos
las variaciones de endeudamiento público por autonomía en caso de que se
mutualice la deuda del FLA:
Las autonomías ganadoras serían la Comunidad Valenciana, Castilla-La
Mancha, Cataluña, Murcia, Baleares, Cantabria y Andalucía, mientras que las
perdedoras serían todas las restantes, pero muy especialmente País Vasco,
Navarra y Madrid. Traducido en euros contantes y sonantes: cada murciano
recibiría una transferencia de 5.500 euros del resto de españoles, cada
valenciano una de 3.700, cada catalán una de 2.700, cada
castellano-manchego una de 2.100 y cada balear una de 1.800; como
contrapartida, cada vasco tendría que aportar 3.900 euros para cubrir el
sobreendeudamiento del resto de autonomías y cada madrileño y navarro,
3.700.
Acaso algunas de estas transferencias entre autonomías podrían resultar
justificables (en esencia, las que van a parar a Cataluña y Baleares,
autonomías radicalmente maltratadas y golpeadas por nuestro confiscador
sistema de financiación autonómico), pero otras a buen seguro no (Murcia,
Andalucía o Castilla-La Mancha ya son beneficiarias netas del
sistema de financiación autonómico y no hay razón para transferirles
todavía más recursos del resto de españoles). A su vez, puede que los
ciudadanos de algunas autonomías merezcan soportar los costes de esa
socialización de deuda (Asturias o Extremadura reciben cada año enormes
transferencias del resto de España), pero otras decididamente no (Madrid ya es expoliada por el sistema de financiación autonómico y no hay
motivo para que sus ciudadanos paguen todavía más).
En todo caso, esta infame redistribución de deudas entre españoles sólo
ilustra hasta qué punto de disfuncionalidad ha llegado nuestro Estado de
las Autonomías: la descentralización administrativa es una magnífica idea
para racionalizar el uso de los recursos públicos y para facilitar su
fiscalización por parte del ciudadano (tanto mejor si la descentralización
fuera provincial o local que autonómica). Pero para que la
descentralización sea eficaz resulta imprescindible que exista
corresponsabilidad tanto en la obtención de los ingresos fiscales como en
la asunción de los costes de su deuda. En España no existe ninguna de ambas
condiciones: la mayor parte de los ingresos autonómicos se socializan y
redistribuyen a través del sistema de financiación autonómico y ahora, para
más inri, el Ministerio de Hacienda pretende mutualizar la mayor parte de
las deudas regionales. Cada gobierno autonómico gasta cuanto desea
trasladándoles la factura a los ciudadanos del resto de autonomías: un
homenaje al riesgo moral que sólo redunda en más gasto, más deuda y más
impuestos para todos. Es hora de descentralizar verdaderamente el Estado
español: que cada autonomía recaude sus propios ingresos y se haga cargo de
sus propias deudas. La última astracanada de Montoro debería terminar de
convencernos de ello.
