El conflicto con los estibadores lleva más de dos años estancado. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se dictó a finales de 2014 y, desde entonces, el Gobierno de España ha sido incapaz de aplicarla; en ocasiones por falta de voluntad y en otras por un deliberado bloqueo político de las fuerzas de la oposición. El argumento para tan inexplicable obstrucción es la presunta necesidad de que las partes afectadas negocien y de que alcancen un acuerdo que luego se plasme en el texto legal. En principio, pues, la promoción política del diálogo y del entendimiento entre todos los afectados parecería un propósito harto loable que justificaría el tiempo perdido en tratar de alcanzarlo. Pero no: en realidad, no hay absolutamente nada que negociar con los estibadores, por mucho que todos los grupos políticos estén transmitiéndonos su deseo profundo de llegar a un pacto con ellos.
Al cabo, de lo que se trata con la liberalización de la estiba —afortunadamente impulsada por la Unión Europea— es de desmontar uno a uno todos los privilegios legales —recalco el sustantivo “privilegios”, que no derechos adquiridos— que todavía detentan los estibadores y que jamás deberían haber conseguido. Fruto de esta liberalización, habrá por necesidad ganadores y perdedores absolutos: los ganadores, la sociedad española que ha estado pagando durante décadas unos sobrecostes injustificados por la gestión de sus puertos; los perdedores, los trabajadores de la estiba y aquellas empresas estibadoras nacionales que aprovechaban la irracional normativa española como barrera de entrada para protegerse frente a los potenciales competidores europeos. Negociar con los privilegiados acerca de cómo se desmontan sus privilegios carece de lógica: en esencia, porque su único propósito será el de burlar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE para preservar de tapadillo esos privilegios o para recibir importantes compensaciones por aceptar su desarme. En este sentido, existen varias vías para, de facto, terminar aguando el espíritu de la sentencia de Luxemburgo: desde crear un registro de estibadores para que toda la actividad portuaria se la sigan repartiendo los trabajadores actuales —bloqueando nuevas incorporaciones laborales ajenas al sindicato— hasta retener el control de la formación de nuevos estibadores para así frustrar la habilitación de nuevas plazas, pasando por la entrega de varias decenas de millones de euros públicos a los estibadores “afectados”. Nada de ello es admisible: liberalicen sin trampas y sin sobornos. Acaben con los privilegios de los estibadores.
