No confiemos ni en los bancos ni en los Estados

Constituye un dogma político esa letanía que reza que “no hay que generar desconfianza sobre el sistema financiero”, como si la banca fuera un sector especial que hubiese que tratar con especial mimo. Discrepo de raíz: si, como decía Jefferson, el precio de la libertad es la vigilancia permanente, lo mismo sucederá en materia financiera. De hecho, gran parte de los males que padecemos hoy derivan, justamente, de haber extendido un cheque en blanco a los bancos confiando en que jamás lo malinvertirían. Habiendo renunciado los clientes de las entidades financieras a fiscalizarlas y controlarlas, éstas han gozado de vía libre para hacer y deshacer a su antojo, proporcionando capital a todo tipo de proyectos a cada cual más alocado (desde la burbuja inmobiliaria española a los impagables bonos helenos).
Con Chipre, sin embargo, muchos parecen haber despertado de su prolongado letargo, descubriendo que, por supuesto, uno puede ver mermados sus ahorros si se los presta a entidades financieras quebradas. Dicho de otro modo, con Chipre hemos descubierto aquello que debería haber sido evidente desde hacía décadas: que no podemos descuidar nuestro patrimonio personal, que no podemos aparcarlo en un banco y olvidarnos de lo que éste haga con él y que no es lo mismo ser acreedor de un deudor solvente que de uno insolvente.
Elemental prudencia financiera que los Estados se encargaron de enterrar cuando comenzaron a prometer aquello que, dicho sea de paso, jamás pudieron ni debieron prometer: que rescatarían a todo el mundo traspasándoles los muertos a los contribuyentes. Sólo así, asegurando lo inasegurable, consiguieron los gobiernos anestesiar la sana desconfianza de los ciudadanos hacia los bancos, otorgándoles  a estos últimos una extraordinaria capacidad para captar sus ahorros de la que nunca debieron disfrutar.
Mas no pensemos que los errores que el intervencionismo estatal ha provocado se solventarán con un redoblamiento de ese intervencionismo. El fiasco de la banca no se ha debido a que estuviera insuficientemente supervisada por los Estados, sino a que estaba insuficientemente supervisada por sus acreedores. Así, cuanto más se ha extendido la sensación de falsa seguridad sobre la banca, más se han confiado, relajado y desentendido quienes sí deberían haber estado vigilándola: como decimos, sus acreedores. Convendría, por consiguiente, no sólo desconfiar de los malos banqueros, sino de los peores políticos que buscan encubrir y enmascarar los dislates de los anteriores. Por mucho que les rindamos nuestra libertad en bandeja y por mucho que les invistiéramos con un poder absoluto, nuestros gobernantes no controlarían la calidad de las inversiones de la banca por dos motivos bien sencillos de entender: porque no pueden (carecen de la información suficiente para ello, baste recordar que durante la burbuja inmobiliaria promovían regulatoriamente la inversión hipotecaria como una de las más seguras) y porque no quieren (¿alguien se imagina al Gobierno griego prohibiéndoles a sus bancos que compren su propia deuda por muy ruinosa que ésta sea?).
Mantengámonos alerta y comencemos a desconfiar de aquellos que no merecen confianza alguna. En caso contrario, seremos facilísimas presas de su imprudencia y de su voracidad. Chipre debería servir no para que nos rasguemos las vestiduras por el hecho de que los depositantes nacionales hayan perdido dinero (algo del todo punto necesario, pues ni los contribuyentes europeos ni los españoles tenían por qué cubrir esos agujeros) sino para que tratemos de evitar que en el futuro eso mismo nos pase a nosotros.

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