No son errores de redacción

Podemos ha atribuido a un «error de redacción» la exigencia de que ciertas responsabilidades clave dentro del organigrama del Estado sean «nombradas atendiendo a criterios de mérito, capacidad y compromiso con el proyecto de cambio que deberán liderar». El escándalo ha estallado especialmente por el compromiso ideológico que se les exigía a las más altas instancias de la jerarquía judicial (por ejemplo, a los miembros del Tribunal Constitucional, vocales del Consejo General del Poder Judicial o al Fiscal General del Estado), pero en realidad abarcaba muchos más puestos dentro de la burocracia estatal: a saber, y sin ánimo de ser exhaustivo, el presidente del Consejo Económico y Social; el gobernador, subgobernador, seis consejeros y el secretario general del Banco de España; el presidente de la CNMV; el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia; el director general de la Policía; el director general de la Guardia Civil; el comisario jefe de la UDEF; el director del CNI, el jefe del Estado Mayor de la Defensa; el director del CIS; el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; el director del Instituto de Estudios Fiscales; el presidente del Consejo de Radio Televisión Española; el director de Radio Televisión Española; o el presidente del Consejo de Estado.
Pese a las disculpas de la formación morada, resulta harto dudoso que estemos ante un simple error de redacción. Primero porque, en el documento original, la exigencia de «compromiso ideológico» aparecía en dos ocasiones y, de manera muy insistente, en el siguiente párrafo: «En todo caso, la elección deberá producirse por consenso bajo la lógica de que los equipos de gobierno estarán necesariamente compuestos por personas capaces, con diferentes sensibilidades políticas, pero comprometidas con el programa del Gobierno del Cambio«. El extraño «error de redacción» podría haberse dado en una ocasión; mucho más inverosímil es que se dé una segunda vez y dedicando un párrafo entero a explicitar que, por encima de los consensos políticos, prima la lealtad ideológica al «Gobierno del Cambio».
Segundo porque, además, en la versión enmendada de su propuesta, Podemos no rectifica, sino que sólo nos indica que tendrá que esperar hasta reformar la constitución para poder controlar ideológicamente a los cargos clave del Estado:

En todo caso, mientras no sea posible modificar la Constitución española, la elección de los equipos de gobierno deberá producirse por consenso entre las fuerzas políticas que integran el gobierno. Los equipos de gobierno estarán necesariamente compuestos por personas capaces y con diferentes sensibilidades políticas. En tanto no se proceda al cambio constitucional, la elección de los responsables de las altas instituciones que hoy recaen en manos del Gobierno o del Parlamento precisadas de mayor independencia (Fiscal General del Estado, Fiscal Especial Anticorrupción, miembros del Tribunal Constitucional, etcétera) se llevará a cabo con criterios reforzados de consenso.

No hay de qué sorprenderse. Podemos ha manifestado en numerosas ocasiones que su proyecto político pretende alumbrar un cambio de régimen político. Y, para ello, le resulta imprescindible controlar no sólo La Moncloa, sino toda la restante burocracia estatal: tanto la que ejecuta las órdenes del gobierno (Administración) como la que está legitimada para interpretar e incluso suspender tales órdenes (poder judicial). Si la burocracia no es leal al gobierno (o incluso se opone frontalmente al mismo), éste carece de una capacidad efectiva para imponer sus designios a la sociedad. ¿Se imaginan un general al que se le insubordinan los soldados o los mandos intermedios? Motín a bordo. En tal escenario, acaso el gobierno de Podemos pudiera aprobar nuevas normas que se publicaran en el BOE y que fuera formalmente respetadas, pero la maquinaria burocrática encargada de implementarlas y supervisarlas (jueces, policía, profesores, interventores, etc.) podría abortar su espíritu a la hora de la verdad.
Lenin entendió muy bien este asuntó y, por eso, desde un inicio tomó control de la burocracia rusa:

Hemos hecho lo que ningún otro Estado ha hecho para luchar contra la burocracia. Hemos destruido desde sus mismas bases lo que sólo era un aparato burocrático de opresión burguesa, algo que sigue siendo incluso en las repúblicas burguesas más libres. Tomen, por ejemplo, el caso de los tribunales. Aquí la tarea fue sencilla: no tuvimos que crear un nuevo aparato, ya que cualquier persona puede actuar como juez tan sólo basándose en el sentido de justicia revolucionario de las clases trabajadoras. Es verdad que todavía no hemos completado nuestro trabajo en este apartado, pero en gran medida sí hemos transformado los tribunales en aquello que debían ser.

Cualquiera que quiera provocar un cambio social desde el Estado —y Podemos desde luego lo quiere— necesita controlar la burocracia y hacer que los burócratas se alineen con sus objetivos. ¿Y cómo lograr el control sobre la burocracia estatal? Una forma es la que aparece en el documento de Podemos: controlar colocando a miembros del partido en los puestos más altos del organigrama administrativo. Pero este enfoque top-down no es verdaderamente eficaz porque los costes de supervisión y verificación de cumplimiento son enormes en una burocracia de varios millones de personas. Lo que se necesita es fomentar el acatamiento voluntario de las órdenes gubernamentales generando lealtad ideológica y legitimidad política entre quienes los funcionarios.
Así, la otra vía, mucho más eficaz, que es la que verdaderamente terminará utilizando Podemos sin crítica alguna por la mayor parte de la población española, es multiplicar las contrataciones de personal público, aprovechando la ventana de oportunidad para infiltrar a un elevado porcentaje de funcionarios afines a la ideología del partido (cooptación). Una vez Podemos consiga un peso significativo de funcionarios leales dentro de la administración, sólo necesitará promocionarlos a posiciones intermedias clave para controlar desde abajo la burocracia.
Por eso, la voluntad de comprometer ideológicamente a los funcionarios no es un error de redacción: es parte indisociable de un proyecto de cambio de régimen político como el que, según ellos mismos han confesado, pretende alumbrar Podemos.

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