Nos han mentido

Dos habían sido los mensajes principales del Partido Popular durante sus cuatro años de fundada crítica a la política económica zapateril: la primera, la falta de credibilidad del gobierno socialista derivada de la ausencia de un plan global para atajar la crisis, lo que a su vez lo arrastraba a una continua improvisación; la segunda, el tremendo error que suponía querer salir de la crisis mediante subidas de impuestos. Bastó, sin embargo, un Consejo de Ministros para que los populares hundieran su credibilidad, demostraran que carecen de un plan consistente para fomentar la recuperación y rebasaran por la izquierda a los comunistas de Izquierda Unida (IU) en lo que a voracidad tributaria se refiere.
En este sentido, el descontento de una parte de sus votantes no sólo es un reflejo de su honradez, sino también de una independencia ideológica que les lleva a no resignarse ante el imparable avance del pensamiento único socialista: subir impuestos es una injusticia y un profundo error lo haga quien lo haga, ora Zapatero, ora Rajoy, ora el sursuncorda. Si algo no necesitaba nuestra languideciente e hiperendeudada economía privada eran unos impuestos todavía más elevados para sufragar nuestro sobredimensionado sector público; si algo no necesitábamos era que, con tal de minimizar la poda del tinglado estatista legado por Zapatero, Rajoy y su equipo económico optaran por vampirizar a las clases medias.
No. No es admisible que, como acaba de poner de manifiesto el Instituto Juan de Mariana en un reciente informe, España padezca los tipos impositivos más elevados de Europa, con la única excepción de Suecia. No es admisible que la promoción social y económica haya sido proscrita de facto en este país al gravar con tipos que van del 40% al 52% (más los recargos autonómicos) toda renta por encima de 33.000 euros. No es admisible que los ahorradores españoles hayan pasado a ser un colectivo apestado al cual se persigue desde todos los flancos imaginables: cuando generan la renta que desean ahorrar, pagan Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por rentas del trabajo; cuando la invierten en las acciones de una empresa, tributan indirectamente por el impuesto de sociedades y directamente por rentas del capital dentro del IRPF; cuando lo conservan en su haber, se ven forzados a abonar el impuesto sobre el patrimonio; y, por si todo lo anterior fuera poco, ahora se les pretende gravar con la infausta Tasa Tobin.
Por supuesto, el PP ha intentado vestir con los ropajes de la responsabilidad institucional semejante atentado contra su programa electoral y, lo que es mucho más importante, contra la libertad económica y las perspectivas de recuperación de nuestra economía. Se nos ha dicho que no había alternativa, que era o subir impuestos o el caos; léase, nuestro descrédito exterior, suspensión de pagos, expulsión del euro y colapso económico. Ante semejante disyuntiva, ¿quién puede estar tan sumamente loco como para criticar su responsable aumento de tributos?
Pues cualquiera que mire los engordados presupuestos de nuevas administraciones públicas. Porque sí, sí existía alternativa a la subida de impuestos: aplicar un contundente y audaz recorte en el gasto. ¿En qué partidas? Les diré sólo unas pocas para no agotarles: inservibles cursos de formación para los parados (7.300 millones), manipuladoras televisiones públicas (2.600 millones), distorsionadores subvenciones varias para la industria y el carbón (2.100 millones), pauperizador gasto en cooperación y desarrollo (2.000 millones), innecesarias ayudas a la promoción de vivienda (1.100 millones), injusto Plan de Empleo Rural (PER) agrario en Andalucía (750 millones), clientelares ayudas al cine, danza, teatro, etc. (500 millones) o incalificables subvenciones a los partidos políticos (130 millones). Sólo estas partidas suman unos 16.000 millones de euros: el triple de lo que espera —con sumo optimismo— recaudar el PP con su “recargo solidario” en el IRPF.
En realidad, sin embargo, lo que toca es revisar todo el sobredimensionado gasto público que practican nuestras administraciones, incluyendo los 100.0000 millones anuales en nóminas a los empleados públicos (menos de la mitad de los cuales son funcionarios) o el gasto social en sanidad y educación (los desembolsos en educación se ha duplicado desde 2002 aun cuando el alumnado sólo ha crecido un 15% y los resultados no han mejorado). Para que nos hagamos una idea de por dónde empezar: el gasto no financiero de las autonomías creció entre 2006 y 2010 en 35.000 millones de euros, una cifra superior al enorme déficit con el que cerraron 2011.
Margen para recortar lo hay y mucho. Otra cuestión es que la mojigatería socialdemócrata del Partido Popular les impida coger el toro estatista por los cuernos y, en su lugar, opten por lanzar al miura contra la indefensa ciudadanía. Pero en tal caso que sean claros: no quieren rectificar a Zapatero, sino hacerlo bueno.

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