Nuestra fraudulenta Seguridad Social

La Seguridad Social es un fraude. No cabe calificarlo de otra manera. Su lógica financiera se basa en un esquema, el piramidal, que está prohibido en el sector privado. Fíjense si no en ese desdichado Bernard Madoff: la única responsabilidad que cabe atribuirle a semejante estafador condenado a 150 años de cárcel es la de haber copiado la organización de nuestras pensiones públicas de reparto. Con una dignificante diferencia con respecto a ellas: Madoff no obligaba a ninguno de sus inversores a meter dinero en su fondo. Los engañó, sí, y ahí está el fraude, pero no les arrebató coactivamente su dinero como sí hacen nuestros políticos.
Aunque debiera ser público y notorio, mucha gente todavía ignora que el Estado les quita a los trabajadores alrededor de un 30% de su sueldo bruto para abonar las pensiones de los jubilados actuales. Es decir, si su sueldo bruto es de 21.000 euros –salario medio en España–, el Estado le está detrayendo cada año unos 6.000 euros para cubrir los gastos de la Seguridad Social –usted debería cobrar alrededor de 27.000 euros anuales–.
Y, pese a la cuantía del atraco, el Estado es incapaz de ofrecer unas pensiones mínimamente dignas. De hecho, el funcionamiento de la Seguridad Social es tan perverso que estamos condenados a tener que trabajar más para cobrar cada vez menos: si los trabajadores actuales pagan, no su propia pensión futura, sino la muy presente pensión de los jubilados actuales, parece claro que el sistema está abocado al colapso. A menos que tengamos una población o una productividad exponencialmente crecientes, en algún momento –cuando la pirámide demográfica se invierta y el peso de la abundante base de jubilados aplaste el delgadísimo vértice de trabajadores– dejarán de poder pagarse pensiones como las actuales.
El caso no se diferencia mucho del de una cola para el cine en la que quien está al frente le dice a quien tiene detrás: “Págame tú mi entrada y, a cambio, que a ti te la pague quien se encuentra detrás de ti”. No hace falta ser muy avispado para descubrir que este proceso sólo podría seguir hasta que llegáramos al individuo que se encuentra al final de la cola, quien, para su desgracia, pagaría la entrada del de delante, pero no tendría a nadie que le abonara la suya. Pues bien, los privilegiados que con 25 años se estén incorporando hoy al mercado laboral son esos últimos de la cola. En 2050 España tendrá alrededor de 16 millones de pensionistas: un monto que será casi idéntico al de trabajadores en activo. Así las cosas, o habrá que bajar las pensiones o alargar la edad de jubilación o rapiñar todavía más los salarios de los obreros.
Algo en este sentido está haciendo ya el Gobierno socialista; cercado por la inapelable realidad de las tendencias demográficas, no ha tenido otro remedio que aprobar su particular pensionazo, el cual, por muy sangrante e intolerable que nos parezca, no será suficiente para cuadrar las cuentas de aquí a 2050. Prepárense, pues, para nuevos y más intensos recortes: tal es la naturaleza pauperizadora del sistema público de pensiones.
Frente a tal despropósito, otros países tuvieron algo más de vista y no se dejaron hipnotizar por la siempre empobrecedora retórica socialista. Tal es el caso de Chile, que en 1980 emprendió una valiente y exitosa privatización de su sistema de pensiones. De este modo, en el país andino no son los trabajadores actuales quienes pagan la pensión de los jubilados actuales, sino que cada persona va acumulando sus ahorros en un fondo que invierte en diferentes activos según las preferencias, el perfil y las necesidades del trabajador.
El sistema es perfectamente sostenible en el tiempo –cada persona se sustenta a sí mismo y a su familia– y, además, resulta tremendamente beneficioso para la economía nacional. Pero, sobre todo, sus resultados son asombrosos: a largo plazo, la Bolsa dista mucho de ser un casino de especuladores; más bien proporciona unos rendimientos muy altos y regulares. ¿Sabe cuál ha sido la rentabilidad de la Bolsa española desde 1980? El 10% anual. ¿Y la de la Bolsa chilena desde 1980? El 10% anual. ¿Y la de la Bolsa estadounidense en los últimos 200 años? El 10% anual.
Si en España pudiéramos invertir las cotizaciones medias a la Seguridad Social –6.000 euros anuales– al 10% durante 30 años, los españoles podríamos jubilarnos con un patrimonio de un millón de euros que, sin demasiadas complicaciones, permitiría abonar unas pensiones de al menos 3.500 euros mensuales. Todo ello sin hacer ningún esfuerzo adicional al que ya estamos haciendo ahora, pues las cotizaciones a la Seguridad Social no llegan a pasar por nuestras manos. Ese es el auténtico fraude de las pensiones públicas: habernos impedido disfrutar de una jubilación de oro para condenarnos a una de miseria. ¿La responsabilidad de todo esto? Obviamente del PP y del PSOE, dos formaciones políticas impregnadas del pensamiento único socialista que no se atrevieron en el momento adecuado, hace dos décadas, a privatizar –sí, a privatizar– la Seguridad Social. Ahora todos los españoles debemos pagar su negligencia culpable.

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