Pensiones públicas: entre estafadores y ladrones anda el juego

La inversión de la pirámide demográfica y el estancamiento de nuestra productividad condenan a nuestro fraudulento sistema público de pensiones a una doble disyuntiva: o recortar las prestaciones de los pensionistas o recortar el sueldo de los cotizantes. No hay muchas más opciones, pues nuestros próceres instituyeron el muy social(ista) esquema estatal de que las pensiones actuales se devengaran según lo cotizado por el trabajador a lo largo de su vida laboral pasada pero, en cambio, se pagaran mediante el sablazo impositivo sobre los sueldos actuales. Viniendo de un período de sueldos y mano de obra creciente y habiendo pasado a otro de sueldos menguantes y mano de obra decreciente: ¿cómo no va a estar la Seguridad Social en bancarrota?
La solución adoptada por el PP consiste en revisar retroactivamente los derechos a la prestación devengada: las pensiones que el muy social(ista) sistema de Seguridad Social había prometido a los pensionistas de acuerdo con sus cotizaciones históricas deberán someterse a un doble recorte. El primero, es que conforme se alargue la esperanza de vida de los pensionistas, la renta mensual que les abonará el Estado será menor; el segundo, que el Ejecutivo se desentiende de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas conforme la inflación –ese impuesto oculto con el que también se financia al gobierno– vaya devorando sus prestaciones. Derechos menguantes y decrecientes como los sueldos para ahorrar, según el Ministerio de Trabajo, 33.000 millones de euros entre 2014 y 2022.
Claro que la reforma del PP resulta del todo insuficiente y chapucera: ahora mismo, la Seguridad Social tiene un déficit de 15.000 millones de euros anuales. ¿En qué sentido un ahorro de 33.000 millones de euros a lo largo de nueve años conseguirá acabar con un déficit anual de 15.000? En ninguno: de hecho, el ahorro anual previsto para 2022 es de apenas 5.000 millones; una tercera parte del déficit actual. El Gobierno se encomienda a la providencia de los brotes verdes: que la recuperación llegue con abundante creación de empleo y permita diferir el estallido del seguro público. Pero postergar la resolución de nuestros desequilibrios –entre ellos es de las pensiones– sólo hará que retrasar la esperada recuperación.
Frente a la propuesta del Partido Popular –hacer como que se recortan las pensiones lo suficiente como para cuadrar las cuentas– nos topamos con la del PSOE. Como no podría ser de otro modo, y dado que el Gobierno de Rajoy ha trasladado a la izquierda el epicentro del espectro político español, los socialistas han apelado a ese remedio tan del gusto de todos los estatistas: impuestos, impuestos y más impuestos. Si los ingresos son insuficientes, será que no se ordeña suficiente a las vacas flacas.
Así, la reforma impulsada por el otrora ministro de Trabajo Valeriano Gómez se asienta sobre dos pilares. El primero, privar a los autónomos de la libertad para escoger su base de cotización: ahora mismo, los autónomos pueden elegir si cotizar mucho o poco, y en función de ello devengan una pensión mayor o menor para el día de mañana. Como los autónomos no son tontos y detectan a la perfección la naturaleza fraudulenta del sistema de Seguridad Social (pagar mucho y cobrar poco), la inmensa mayoría escoge cotizar con la base mínima, lo que detrae capacidad extractiva al aparato estatal. Por ello, el PSOE desea forzarles a pagar mucho más con tal de aplazar algo los problemas y de regalarles unas pensiones de miseria el día de mañana.
El segundo pilar pasa por elevar o eliminar los topes de la cotización de los trabajadores por cuenta ajena: en la actualidad, sea cual sea el salario de un trabajador, la base máxima sobre la que cotiza a la Seguridad Social es de 41.000 euros. Esto significa que la cotización que abona al sistema de un trabajador que cobre 41.000 euros anuales es exactamente la misma que la de otro que cobre 4,1 millones de euros; algo que, evidentemente, también resta capacidad confiscatoria al Estado. En apariencia, esta “tarifa plana” de cotización podrá parecer algo muy injusto y regresivo: ¿por qué motivo un trabajador que cobre 41.000 euros pague lo mismo a la Seguridad Social que otro que perciba un salario cien veces superior? Pues por algo muy sencillo: la pensión que cobrarán los dos también será la misma. Ahora mismo, la pensión máxima del sistema se sitúa en 35.600 euros anuales (el 87% de la base de cotización máxima). No parece demasiado equitativo que un empleado pague a la Seguridad Social 1,4 millones de euros anuales (lo que cotizaría, aproximadamente, un trabajador con un salario de 4,1 millones de euros) para terminar cobrando tras muchos años apenas 35.600 euros.
Pero el PSOE sí le ve lógica a este expolio, ya que su objetivo es transformar el sistema de Seguridad Social estatal: mientras que ahora es un (mal) sistema contributivo (existe una cierta relación entre lo que uno aporta al sistema y lo que se le promete recibir del sistema), su objetivo es transformarlo en un sistema meramente asistencial y redistributivo (todos los empleados cobran aproximadamente lo mismo pero cotizan de manera muy diversa). Por eso desea que quienes disfrutan de un salario superior a 41.000 euros paguen mucho más para recibir mucho menos. Socialismo expropiatorio en estado puro.
Ambas reformas, la del PP y la del PSOE, se contentan con repartir los frutos del sistema público de reparto: la miseria. Unos lo hacen incumpliendo las promesas que contrajeron con los obreros pasados para evitar desfalcar todavía más a los proletarios presentes; y otros, rapiñando a los trabajadores actuales con la vista puesta en defraudar más adelante las promesas que hoy contraigan con ellos. Se trata de un esquema piramidal en continua huida hacia adelante, similar al empleado por Ponzi y Madoff para estafar a sus clientes. Los españoles somos clientes coactivos de este fraude y lo peor de todo es que la mayoría de ellos disfrutan siéndolo.
Y, por eso, ningún político se ha planteado comenzar a desmontar este macro-timo social(ista) que es la Seguridad Social avanzando hacia la auténtica revolución en materia de pensiones: la sociedad de propietarios que representa el sistema de capitalización.

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