La Seguridad Social registrará este año un déficit récord de 19.000 millones de euros y su Fondo de Reserva se agotará a lo largo de 2017. No se trata de pronósticos agoreros dirigidos a empañar el clima de recuperación de la economía española, sino de unas previsiones que suscribe incluso el mismísimo gobierno de España. Así pues, ya no cabe ninguna duda —ni siquiera entre quienes se empeñaban en negar la realidad de nuestro sistema de pensiones— de que la hucha de los jubilados se esfumará a lo largo de los próximos doce meses engullida por nuestro gigantesco desequilibrio presupuestario. Es el momento, pues, de extraer las pertinentes lecciones de este desafortunado caso.
Primero, el Fondo de Reserva se agota tras un lustro de persistentes y crecientes déficits en la Seguridad Social. No es el resultado de un accidente súbito acerca del que no cupiera margen de maniobra alguno, sino de la consolidación de un agujero que no se corregirá por sí solo y que requiere de una reforma en profundidad del sistema.
Segundo, precisamente porque la Seguridad Social necesita de una reforma en profundidad, la hucha de las pensiones debería haberse utilizado para facilitar esa reforma: no para retrasarla, sino para implementarla. Sin embargo, una vez desaparecido el capital del Fondo, los españoles habremos perdido ese instrumento que podría haber facilitado el cambio.
Tercero, el próximo Ejecutivo tendrá que afrontar esa reforma pendiente sin el auxilio del Fondo. Es verdad que, de manera silenciosa y de tapadillo, ya se prevé que las pensiones públicas sufran importantes recortes a lo largo de las próximas décadas: la inflación irá devorando su poder adquisitivo dado que no se revalorización más del 0,25% anual; a partir de 2019 entrará en vigor el factor de sostenibilidad que contribuirá a recortarlas conforme aumenta la esperanza de vida; y, por último, la base de cotización máxima previsiblemente seguirá creciendo a mayor ritmo que la pensión máxima, arrastrando al sistema desde la contributividad a la asistencialidad. Pero, a pesar de todos estos recortes ya programados, será necesaria otra vuelta de tuerca que o bien incremente los ingresos o bien reduzca adicionalmente los gastos.
Todo indica que el gobierno, como de costumbre, tratará de combinar una mayor exacción a los ciudadanos con un nuevo tijeretazo a los futuros pensionistas. La mayor exacción vendrá en forma de nuevos impuestos dirigidos a financiar específicamente las pensiones de viudedad y orfandad (cuyo gasto anual asciende a más de 21.000 millones de euros, importe idéntico al del déficit de 2016). El nuevo tijeretazo llegará en forma de peores condiciones de acceso a la jubilación: conclusión de la vida laboral a los 70, cálculo de la base reguladora mediante la media de los salarios de toda la vida laboral y la exigencia de 40 años de cotización para alcanzar el 100% de la base reguladora. A medio plazo, las pensiones públicas españolas tendrán que bajar desde un importe equivalente al 80% del sueldo medio durante a menos del 50%, esto es, tendrán que equipararse en términos relativos con las europeas.
Sin embargo, los ciudadanos de la mayor parte de Europa cuentan con pensiones privadas complementarias de las públicas, cosa que no sucede en el contexto español. Ésa es, de hecho, la auténtica reforma que debería afrontar el sistema previsional español: la de avanzar poco a poco hacia un modelo de capitalización donde la jubilación no dependa de la errática demografía sino del ahorro a largo plazo de la sociedad.
