¿Puede un funcionario proponer que se despidan funcionarios?

En ocasiones, los medios de comunicación suelen confundirme con un funcionario (no lo soy) y cuando realizo afirmaciones del tipo «sobran 500.000 empleados públicos», se arma un cierto escándalo gremialista. Parece que la gente ve inconcebible que un funcionario pueda defender el despido de otros funcionarios, especialmente cuando en ese ERE estatal no se le incluye a él.
En realidad, el funcionario que defiende una poda en el sector público se arriesga a ser parte de esa poda, de manera que deberíamos poner en valor el que una persona, por un bien mayor (el del contribuyente), coloque en riesgo su posición privilegiada. Lejos de criticarle deberíamos aplaudirle (o, si este verbo nos parece excesivo, darle una palmadita en la espalda) esperando que cunda el ejemplo. En el extremo, cuando todos los funcionarios sean conscientes de que  es mejor un sistema privado que uno público, las resistencias al cambio serán mucho menores.
Pero, además, existe un argumento más de fondo para comprender por qué es totalmente compatible ser funcionario y defender recortar el número de funcionarios: si un funcionario no pudiese defender nunca la reducción del número de funcionarios, sea éste cual sea, tampoco podría oponerse jamás a su ampliación. Dicho de otro modo, si un funcionario no puede defender que el número de empleados públicos pase de 150 a 100, parece incoherente que sí pueda oponerse a que pase de 100 a 150. Por tanto, según esta lógica un tanto extraña, el funcionario debería defender un incremento ilimitado del empleo público: nunca podría decir ¡basta que nos estamos pasando! o ¡nos hemos pasado ya y toca reducir! (y si lo puede decir en algún punto, puede haber funcionarios que juzguen que ahora mismo estamos en ese punto). En román paladino, el funcionario «coherente» sería una persona abocada a defender que el 100% del empleo de una economía sea público, es decir, sería una persona abocada a abrazar el comunismo.
Además, aplicando esta misma lógica y por avanzar hacia el colmo del disparate, la persona que trabaje en el sector privado debería oponerse a que otras empresas con problemas despidan trabajadores y, dado que la única forma de evitarlo sería subvencionando o nacionalizando a la compañía en pérdidas, al final terminaríamos con que el trabajador del sector privado también debería defender la progresiva incorporación de sus colegas (directa o indirectamente) al sector público. En suma, por un lado o por otro a largo plazo terminaríamos abocados a una sociedad donde todos los medios de producción fueran estatales.
En definitiva, sí, un funcionario puede, coherentemente, defender que sobran funcionarios en la Administración Pública, incluso cuando esos recortes no tengan por qué afectarle a él (por ejemplo, un médico que defiende la sanidad pública y que cree que Correos debe privatizarse). Y si es ese funcionario es además liberal, defenderá en cada momento que todavía hay que reducir más el número de empleados públicos, incluso cuando con esa reducción adicional vaya a desaparecer su plaza.